Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2008-00062-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Servicio público de transporte
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2008-00062-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-31-000-2008-00062-02
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
23 de septiembre de 2021
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / TRANSPORTE – Habilitación para prestar el servicio público de transporte automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi a un ciudadano / REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO – Persona natural / de transporte automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi / REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO – Persona jurídica / HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO – No procedía ante el incumplimiento de los requisitos
Esta Sala de Decisión, luego de efectuar un análisis detenido del acervo probatorio, constata que el citado ciudadano no dio cumplimiento a tales exigencias normativas, en especial, a las previstas en los numerales 6° y 7° de la citada norma. Como quedó anotado anteriormente, el numeral 6° del artículo 14 del Decreto 172 exige demostrar la relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual se prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad, y demás especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con las normas vigentes. Nótese que, si bien los contratos de compraventa nos. 29504, 29505, 29506, 29507, 29508, todos del 21 de diciembre de 2007 -los cuales fueron aportados junto con la solicitud presentada por el señor […]- dan cuenta de algunos datos de los vehículos como son su marca, modelo, color y tipo; la realidad es que en dichos documentos contractuales no aparecen datos tales como el número del chasis, la capacidad del vehículo, las placas de identificación y demás elementos que permitan su correcta identificación de acuerdo con las normas vigentes. Significa lo anterior que no resulta posible considerar cumplido el requisito de que trata el numeral 6° del artículo14 del Decreto 172, ni tampoco se pueden determinar -con dichos documentos contractuales- las condiciones técnico-mecánicas exigidas por las normas para transitar en el territorio nacional. En igual sentido, se constata que el señor […] tampoco aportó las copias de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual, documentos que resultan obligatorios de conformidad con el artículo 18 del Decreto 172, […] En consecuencia, a la autoridad de transporte competente le estaba vedado otorgar la habilitación o permiso a favor del señor […], en su condición de comerciante, para que preste el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros en el municipio de Marsella, pues tal y como se indicó con anterioridad, quedó demostrado que no aportó la totalidad de los documentos exigidos en el artículo 14 del Decreto 172. En estas condiciones, y frente a la afirmación que hace el recurrente según la cual indica que se encontraba en una situación de imposibilidad para aportar dichos documentos, resulta importante poner de presente que el señor […], dado su interés en prestar el servicio público de transporte, tenía el deber de cumplir tales exigencias por ser el directo interesado en obtener la habilitación.
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / TRANSPORTE – Habilitación para prestar el servicio público de transporte automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi a un ciudadano / REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO – Persona natural / HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A PERSONA NATURAL – Límite de vehículos
El Tribunal de primera instancia sostuvo que, el ente territorial al haber otorgado la habilitación a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez para operar con veinte (20) vehículos, desconoció el artículo 14 del Decreto 172, el cual establece que, tratándose de personas naturales, la habilitación se puede otorgar hasta un tope máximo de cinco (5) vehículos. El tercero interesado, en contraposición a la tesis del fallador de primera instancia, aseguró que la resolución acusada concedió la habilitación a favor del señor […] para operar con cinco (5) vehículos, advirtiéndole que, para hacerlo con una cifra superior, debía acreditar los requisitos exigidos por la normatividad. Para esta Sala de Decisión, la administración del ente territorial de Marsella tampoco podía otorgar, a favor del señor […], la autorización para operar con un número máximo de veinte (20) vehículos. Sobre el particular, si bien sería dable considerar que tal habilitación se condicionó al hecho consistente en que el señor […] acreditara el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la ley, lo cierto es que, como de manera acertada lo indicó el tribunal en la primera instancia, de la certificación emanada por el Inspector de Policía y Tránsito de Marsella de 23 de febrero de 2008, citada anteriormente, se deja constancia que la autorización se dio para veinte (20) vehículos. Precisamente, de dicha certificación se desprende que el señor […] posee un cupo disponible tipo CHEVROLET, modelo 2008, con capacidad para cuatro (4) pasajeros, color amarillo, con ocasión de la habilitación otorgada mediante la Resolución 351 de 28 de diciembre de 2007, afectando la capacidad autorizada de veinte (20) vehículos, quedando una capacidad disponible de (17) vehículos, contrariando lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 172. En consecuencia, el motivo de impugnación analizado carece de vocación de prosperidad.
CONVALIDACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Eventos / REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO – Incumplimiento / CONVALIDACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – No configuración
[E]sta Sala pasa a referirse al planteamiento del recurrente según el cual la nulidad fue saneada, bajo el argumento consistente en que las pólizas de seguros fueron aportadas y, además, porque la administración percibió la contraprestación económica por concepto de las tarjetas de operación, quedando convalidado, de esta manera, cualquier vicio del acto administrativo censurado. […] [P]ara esta Sala no tiene sustento el argumento del recurrente consistente en afirmar que, en el sub examine, operó la convalidación ya que la administración percibió la contraprestación económica por concepto de las tarjetas de operación y dado que las pólizas de responsabilidad fueron aportadas, pues como lo ha expresado de manera pacífica y reiterada esta Sección, los juicios de validez se efectúan con base en las normas vigentes al momento de su expedición; y, además, porque en el presente caso quedó demostrado que el vicio de nulidad de la resolución censurada es de aquellos catalogados jurisprudencialmente como insaneables, por cuanto la manifestación de voluntad de la administración fue expedida infringiendo el ordenamiento superior que le debió servir de fundamento y en tanto se encuentra falsamente motivada. Frente la afirmación que hace el recurrente quien asegura que ha sido víctima de persecución por parte del actual burgomaestre del municipio de Marsella, la Sala considera que su análisis no resulta procedente, pues no constituye argumento alguno en contra de la sentencia de primera instancia. Finalmente, la Sala comparte lo expuesto por el a quo, en tanto que dentro del proceso obran pruebas que se enfocan a señalar que al señor […] otorgar la habilitación a favor del señor […], pues pretendía obtener un cupo de taxi, tal y como efectivamente ocurrió. En consecuencia, el motivo de impugnación analizado carece vocación de prosperidad.
EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA - se configura por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones / CONTENIDO DE LA DEMANDA – Normas violadas y concepto de su violación / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA – No prospera porque en la demanda se desarrolló el concepto de violación
[L]a Sala recuerda que el numeral 7° del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) señala que la excepción de inepta demanda se configura por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Por su parte, el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo estatuye el contenido de la demanda y en su numeral 4° dispone que «[c]uando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación». A partir de una lectura integral de la demanda, se evidencia que el demandante sí desarrolló el concepto de la violación, en relación con los artículos 209 de la Constitución Política; 19 de la Ley 336 de 1996; 14 (numerales 6° y 7°) y; 15 (inciso segundo), 18 y 37 del Decreto 172, contrario a lo afirmado por el recurrente. En efecto, la Sala encuentra que el actor efectivamente precisó los cargos de nulidad, en cuanto indicó que la resolución censurada fue expedida con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, con falsa motivación y con desviación de poder. En cuanto al concepto de violación, la Sala también evidencia que el actor sustentó la demanda en los siguientes argumentos: (i) la habilitación o permiso para la prestación del servicio de transporte de pasajeros en vehículos taxi se otorgó a favor del señor […] sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para las personas naturales, como son, la descripción detallada de los vehículos con los que se prestaría el servicio y las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual; (ii) no era procedente dar aplicación al parágrafo 2° del artículo 13 del Decreto 172, en tanto que dicha posibilidad se encuentra reservada para las personas jurídicas pero, no, para las personas naturales; (iii) la autorización otorgada no podía concederse para veinte (20) vehículos, pues el tope previsto para las personas naturales era de cinco (5) vehículos; (iv) era necesario agotar el concurso o la convocatoria pública para garantizar la libre concurrencia y la iniciativa privada de las empresas; (v) el acto acusado no especificó el capital pagado o patrimonio técnico; (vi) el estudio que sirvió de sustento para expedir el acto demandado no cumplió con las exigencias previstas en el artículo 37 ibidem y tampoco fue remitido al Ministerio de Transporte para su correspondiente revisión, y (vii) el alcalde del municipio de Marsella que suscribió el acto acusado resultó beneficiado con uno de los cupos otorgados por virtud de la habilitación objeto de reproche. Así pues y, contrario a lo sostenido por el recurrente, el actor sí desarrolló los cargos de nulidad y el concepto de la violación, razón que convierte en impróspera la excepción de inepta demanda formulada por el tercero interesado en las resultas del proceso. En este sentido, la Sala confirmará la decisión del tribunal, en cuanto declaró no probada, parcialmente, la excepción de inepta demanda.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 365 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 97 NUMERAL 7 / LEY 105 DE 1993 / LEY 336 DE 1996 / DECRETO 172 DE 2001 – ARTÍCULO 14 / DECRETO 172 DE 2001 – ARTÍCULO 18
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 66001-23-31-000-2008-00062-02A
Actor: GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA
Demandado: MUNICIPIO DE MARSELLA - RISARALDA
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: DECRETO 172 DE 2001- INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULO TAXI
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor José Arturo Orrego Tabárez, en contra de la sentencia de 24 de septiembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
ANTECEDENTES
I.1. La demanda
El señor Carlos Andrés Gómez Escobar, en su condición de Alcalde del municipio de Marsella, departamento de Risaralda, para la época de presentación de la demanda, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA (acción de lesividad) presentó demanda ante esta jurisdicción con miras a obtener las siguientes declaraciones:
«[…] PRETENSIONES
Solicito al Honorable Tribunal se sirva declarar la Nulidad de la Resolución 351 de diciembre 28 de 2007, “Por la cual se habilita o autoriza a una persona natural la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi”, expedida por el señor Alcalde Municipal Carlos Alberto Nieto Hernández Nieto.
Se declare la Nulidad de las licencias de tránsito que hubiere expedido en (sic) Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, con base en la anterior Resolución favor (sic) del señor JOSE ARTURO ORREGO TABAREZ o algún tercero.
Igualmente solicito se declare la nulidad del estudio técnico soporte de dicha habilitación realizado por la ASOCIACION VOLUNTARIA AZ, en cabeza de su Representante Legal LUIS ALBERTO REDRIGUEZ GINZALEZ (sic), en cumplimiento del contrato de servicio profesionales (sic) No. 028 de junio de 2007[…]».
I.1.1. Los hechos de la demanda
La parte actora expuso los siguientes hechos relevantes:
2.1. El día 11 de diciembre de 2007, el señor José Arturo Orrego Tabárez presentó solicitud ante la alcaldía municipal de Marsella, con el fin de que le fuera expedido el permiso o título habilitante -como persona natural- para la prestación del servicio público de transporte automotor individual de pasajeros tipo taxi en dicho ente territorial.
2.2. El Alcalde de dicho municipio, mediante oficio calendado el día 14 de diciembre de 2007, dio respuesta a la anterior solicitud en el sentido de especificar los requisitos que se debían cumplir para obtener la habilitación, en especial, lo dispuesto en la Ley 105 de 1993, en la Ley 336 de 1996 y en los artículos 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18 y 20 del Decreto 172 de 2001.
2.3. El señor José Arturo Orrego Tabárez, mediante oficio de 26 de diciembre de 2007, remitió la documentación soporte para la obtención de la habilitación o autorización para la prestación del servicio público de transporte automotor individual de pasajeros tipo taxi, en su condición de persona natural. Sin embargo, no aportó los documentos de que tratan los numerales 6° y 7° del artículo 14 del Decreto 172, esto es, la relación detallada de los vehículos con los que prestaría el servicio, en tanto que los contratos de compraventa que fueron aportados no permitían la identificación clara y detallada de los vehículos y tampoco allegó las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual, exigidas en el citado decreto.
2.4. El referido ciudadano presentó un nuevo escrito fechado el día 27 de diciembre de 2007, con el fin de que le fuera expedida la autorización para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y se le concediera un plazo adicional de seis (6) meses para aportar las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, ello en vista de que «[…] los vehículos no habían sido entregados».
2.5. El Alcalde del municipio de Marsella expidió la Resolución No. 351 de 28 de diciembre de 2007 -acto enjuiciado- mediante el cual concedió la habilitación a favor del ciudadano José Arturo Orrego Tabárez, como persona natural, para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi en el municipio de Marsella con un número mínimo de cinco (5) vehículos y un límite máximo de veinte (20) vehículos.
2.6. El señor Carlos Alberto Hernández Nieto, ex Alcalde del municipio de Marsella y quien otorgó la habilitación, resultó beneficiado con un cupo en la empresa del señor José Arturo Orrego Tabárez, en virtud de la habilitación otorgada a través del acto administrativo censurado.
I.1.2.- Fundamento de derecho y concepto de la violación
Las normas citadas como transgredidas son: los artículos 209 de la Constitución Política; 3º (numeral 7º) de la Ley 105 de 1993; 19 de la Ley 336 de 1996; 3 y 4 de la Ley 489 de 1998; 14 (numerales 6° y 7°), 15 (inciso 1° y 2°), 18 y 37 del Decreto 172 de 2001.
La parte actora formuló, en esencia, tres cargos de nulidad de la Resolución No. 351 de 28 de diciembre de 2007, a saber: (i) violación de las normas en que debió fundarse; (ii) falsa motivación, y (iii) desviación de poder.
El actor integró los cargos de nulidad por violación de las normas en que debió fundarse el acto acusado y de la falsa motivación, los cuales sustentó en las siguientes premisas: (i) incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 14 del Decreto 172 para obtener la habilitación como persona natural; (ii) inviabilidad de la aplicación al parágrafo 2° del artículo 13 del Decreto 172; (iii) imposibilidad de otorgar permisos para operar con veinte (20) vehículos; (iv) necesidad de haber adelantado concurso para obtener la habilitación; (v) ausencia de especificación del capital pagado o patrimonio líquido, y (vi) estudio técnico sin el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 37 del Decreto 172.
(i) De la causal de nulidad por infracción a las normas en que debía fundarse el acto y falsa motivación
Del incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 14 del Decreto 172 para obtener la habilitación como persona natural
La parte actora afirmó que el ciudadano José Arturo Orrego Tabárez, a efectos de obtener la habilitación o autorización para la prestación del servicio público de transporte automotor individual de pasajeros tipo taxi y en su condición de persona natural, debió dar cumplimiento a las exigencias previstas en el artículo 14 del Decreto 172 de 2001.
En tal sentido consideró que el referido ciudadano no aportó los documentos de que tratan los numerales 6º y 7º del artículo 14 del referido cuerpo normativo, consistentes en la relación detallada de los vehículos con los cuales prestaría el servicio y tampoco las copias de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Tal actuación, en su sentir, resulta violatoria del artículo 3° de la Ley 105 de 1993; y de los artículos 14 y 18 del Decreto 172 de 2001, en tanto que se concedió un permiso sin el lleno de los requisitos legales, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y pasajeros del servicio público de transporte.
De la inviabilidad de dar aplicación al parágrafo 2° del artículo 13 del Decreto 172
El demandante agregó que el alcalde del municipio de Marsella le dio un alcance equivocado al parágrafo 2º del artículo 13 del Decreto 172, en vista de que el plazo de seis (6) meses para aportar las copias de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual resulta aplicable únicamente cuando se trata de la solicitud de habilitación o permiso presentado por personas jurídicas, más no para las personas naturales.
De la imposibilidad de otorgar permisos para operar con 20 vehículos
Agregó que la autorización otorgada mediante el acto administrativo censurado fue para veinte (20) vehículos, infringiendo lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 172 que establece que, para las personas naturales, el permiso se puede conceder hasta un número máximo de cinco (5) vehículos.
De la necesidad de haber adelantado concurso o convocatoria pública para otorgar la habilitación
Por otro lado, sostuvo que la Resolución No. 351 de 28 de diciembre de 2007, fue expedida transgrediendo el artículo 19 de la Ley 336, pues el permiso para la prestación del servicio público de transporte debió otorgarse mediante concurso o convocatoria pública para así garantizar la libre concurrencia y la iniciativa privada de las empresas y personas interesadas en la prestación del servicio de transporte, incurriendo en violación del principio de transparencia como mandato rector de la función administrativa.
De la ausencia de especificación del capital pagado o patrimonio líquido
Argumentó que el acto acusado no especificó el capital pagado o patrimonio líquido desconociendo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 15 del Decreto 172 de 2001.
Del estudio técnico sin el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 37 del Decreto 172
Aseguró que el estudio técnico que sirvió de sustento para otorgar la habilitación titulado «viabilidad, factibilidad para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía en la zona rural y urbana – sector vial de la ciudad», no cumplió con las exigencias previstas en el artículo 37 del Decreto 172, norma que exige que dicho documento técnico se debe elaborar teniendo en cuenta el porcentaje óptimo de utilización productiva del vehículo mediante parámetros claros. Igualmente, sostuvo que ese documento técnico no fue remitido al Ministerio de Transporte para su correspondiente revisión y fue elaborado por la Asociación Voluntaria AZ, la cual no acreditó la experiencia requerida para su elaboración.
Así las cosas, en su sentir el acto administrativo acusado fue expedido desconociendo las normas que le debieron servir de fundamento y con falsa motivación pues «[…] la actuación administrativa efectuada en cabeza del señor Alcalde Municipal de Marsella, no se enmarcó dentro de los lineamientos establecidos legalmente para habilitar a una persona natural para prestar el servicio de transporte público individual en vehículo taxi […]
(ii) De la causal de nulidad por desviación de poder
Finalmente, la parte actora afirmó que el acto administrativo acusado fue expedido con desviación de poder, en tanto que el alcalde del municipio de Marsella tenía un interés particular en otorgar la habilitación, pues resultó beneficiado con uno de los cupos asignados en virtud del acto administrativo censurado.
II. INTERVENCIÓN DE LOS TERCEROS CON INTERÉS EN EL PROCESO
El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en primera instancia, mediante auto de 31 de marzo de 2008, admitió la demanda, ordenó la notificación de la citada providencia a la parte demandada, al agente del Ministerio Público y, como terceros interesados en las resultas del proceso, a los señores José Arturo Orrego Tabárez y Carlos Alberto Hernández Nieto, este último en su condición de funcionario que expidió el acto censurado, dada su condición de Alcalde del municipio de Marsella.
II.1. Intervención del ciudadano José Arturo Orrego Tabárez
El apoderado judicial del señor José Arturo Orrego Tabárez contestó la demanda, mediante escrito de 21 de agosto de 2008, oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones.
De manera preliminar, planteó la excepción de inepta demanda, sustentada en que: (i) del poder conferido por el alcalde del municipio de Marsella, como representante legal de la entidad no se desprende facultad alguna para incoar demanda para cuestionar las licencias de tránsito y el estudio técnico y; (ii) no cumplió con el requisito previsto en el numeral 4° del artículo 137 del CCA, en tanto que la parte actora se limitó a señalar las normas que se consideran infringidas, sin desarrollar el concepto de la violación.
De la causal de nulidad por Infracción a las normas en que debía fundarse el acto y falsa motivación
Del presunto incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 14 para obtener la habilitación como persona natural
El apoderado del tercero interesado sostuvo que, mediante oficio de 26 de diciembre de 2007, remitió la documentación exigida para obtener la habilitación para la prestación del servicio público de transporte automotor individual de pasajeros tipo taxi, entre ella, la información relativa a la relación detallada de los vehículos con los cuales prestaría el servicio, mediante la aportación de los contratos de compraventa; documentos que, en su criterio, eran idóneos y cumplían con las exigencias legales.
De otro lado, reconoció que no aportó las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, pues afirmó que era materialmente imposible la aportación de dichos documentos pues sin la «[…] habilitación por parte de la Administración Municipal no me podrían hacer entrega material de los vehículos a pesar de haberlos adquirido ya y sin presentar estos vehículos a la compañía aseguradora era imposible la expedición de las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual».
Reseñó que la administración, a través del acto administrativo acusado otorgó un plazo de seis (6) meses para la aportación de las pólizas de seguro, condicionando la <<eficacia>> o <<validez>> del acto expedido a su cumplimiento, so pena de ser revocada; en consecuencia y contrario a lo afirmado por la entidad pública demandante «[…] no se estaba autorizando una operación de transporte en vehículos en taxi sin el lleno de los requisitos legales, pues sin las pólizas de seguro el Señor Orrego no podría operar ni seguir gozando de la habilitación».
De la inviabilidad de dar aplicación al parágrafo 2° del artículo 13 del Decreto 172
En segundo lugar, consideró que el Decreto 172, incurrió en una <<omisión legislativa>> al no incluir la posibilidad de que las personas naturales puedan presentar las pólizas de seguros en el plazo de seis (6) meses, como sí ocurre con las personas jurídicas. Dicho tratamiento diferenciado, en su criterio, además de no contar con una razón objetiva y suficiente resulta contrario al principio de igualdad.
Igualmente, en desarrollo de su argumentación, afirmó que la nulidad fue saneada, en vista de que las pólizas de seguros fueron aportadas con posterioridad. Para tal efecto manifestó que «[…] todos los actos de ejecución del mencionado acto administrativo fueron ejecutados en esta administración, por lo que resulta, por decir lo menos, inusual que después de convalidar todos los actos posteriores a la resolución, salgan a demandarla, sobre todo, sabiendo que todos los documentos de ley para la expedición del título habilitante reposan en la Alcaldía de Marsella, incluso las pólizas materia de este debate».
De la imposibilidad de otorgar el permiso para operar con 20 vehículos
Reseñó que, una vez analizado el contenido de la Resolución 351 de 28 de diciembre de 2007, era claro que la administración concedió autorización o permiso para operar con solo cinco (5) vehículos, tal y como lo señala el artículo 17 del Decreto 172, y agregó que, el mismo acto dejó claro que para operar con más vehículos debía solicitar y obtener el permiso de la habilitación por parte de la administración municipal.
De la presunta necesidad de haber adelantado concurso o convocatoria pública para otorgar la habilitación
Frente a la violación del artículo 19 de la Ley 336, explicó que el título habilitante para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi no estaba sujeto a rutas y horarios predeterminados; por consiguiente, el trámite del permiso no debió someterse a concurso como lo asegura la parte actora.
De la presunta ausencia de especificación del capital pagado o patrimonio líquido
Respecto del requisito previsto en el inciso 2° del artículo 15 del Decreto 172 concerniente a la necesidad de que la habilitación especifique el capital pagado o el patrimonio líquido, aseveró que dicha exigencia resulta aplicable cuando se trata del trámite de las habilitaciones iniciado por personas jurídicas, más no para las personas naturales.
Del estudio técnico sin el presunto cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 37 del Decreto 172
Finalmente, y en lo tocante con el estudio técnico que sirvió de sustento para expedir el acto demandado, precisó que las exigencias previstas en el artículo 37 del Decreto 172 que echa de menos el actor, resultan aplicables para «[…] el ingreso de taxis al servicio público de transporte por incremento, es decir, que la norma en lo referente al estudio se refiere a los vehículos que ingresen adicionales al parque automotor existente». Igualmente, explicó que la remisión de este documento técnico al Ministerio de Transporte no es un requisito necesario para obtener la habilitación.
Por todo lo anterior, afirmó que no estaban llamados a prosperar los cargos de nulidad por desconocimiento de las normas en que debió fundarse ni el de falsa motivación.
(ii) De la causal de nulidad por desviación de poder
Reconoció que, si bien es cierto que el ciudadano Carlos Alberto Hernández Nieto, ex Alcalde del municipio de Marsella y quien suscribió el acto acusado «[…] tiene un vehículo y posee un cupo para trabajarlo bajo la habilitación otorgada por la Resolución 351 del 28 de diciembre de 2007», ello ocurrió con posterioridad a la expedición del acto acusado; y agregó que «[…] no se observa prohibición o impedimento legal alguno, pues la actividad de transporte público en vehículos taxi en el municipio de Marsella, es un negocio de carácter privado y la condición de ex alcalde del Señor Hernández Nieto, no le impide participar de ella».
II.2.- Intervención del señor Carlos Alberto Hernández Nieto
El señor Carlos Alberto Hernández Nieto, en su calidad de ex Alcalde del municipio de Marsella y quien suscribió el acto censurado, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.
III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Risaralda, profirió sentencia el día 24 de septiembre de 2009, mediante la cual se dispuso:
«[…] FALLA
1. Declarar probada parcialmente la excepción de inepta demanda alegada por el apoderado judicial de Jorge Arturo Orrego Tabarez. En consecuencia, la Sala se inhibe de pronunciarse respecto de las pretensiones 2 y 3 formuladas en la demanda, y de la violación de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, 3 numeral 7 de la Ley 105 de 1993 y 15 inciso 2 (sic) del Decreto 172 de 2001.
2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 351 del 28 de diciembre de 2007«Por la cual se habilita o autoriza a una persona natural la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi», de acuerdo a las precisiones hechas en la parte motiva de esta providencia.
3. Compulsar copias a la procuradora Provincial de Pereira para que investigue las posibles faltas disciplinarias en que pudo incurrir el señor Carlos Alberto Hernández Nieto, al proferir la Resolución 351 de 2007 en calidad de alcalde del municipio de Marsella (Risaralda).
4. Sin costas en esta instancia […]».
Previo a decidir el fondo del asunto, el Tribunal de primera instancia declaró probada parcialmente la excepción de inepta demanda propuesta por el señor José Arturo Orrego Tabárez y, en consecuencia, dispuso inhibirse para pronunciarse sobre las pretensiones segunda y tercera del libelo introductorio pues, a juicio del a quo: (i) el apoderado no estaba facultado para demandar las licencias de tránsito ni la parte actora cumplió con la carga que le asistía de explicar las razones para atacar la legalidad de dichos actos administrativos; y (ii) el estudio técnico no goza de la naturaleza de acto administrativo pues no contiene la declaración de voluntad de la administración tendiente a producir un efecto jurídico.
Igualmente, consideró que la parte actora no cumplió con la exigencia mínima de argumentación que le asistía para explicar -parcialmente- las razones por las cuales el acto administrativo censurado infringió lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la Ley 489 de 1998, 3° (numeral 7) de la Ley 105 de 1993 y 15 (inciso 1°) del Decreto 172 de 2001. Precisado lo anterior, se adentró en el estudio de fondo respecto de las demás disposiciones normativas que fueron enunciadas en la demanda pues frente a ellas la parte actora sí desarrolló en debida forma el concepto de violación, de la siguiente manera:
(i) Estudio del primer cargo de nulidad: desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto y falsa motivación
De manera preliminar, el a quo luego de hacer un recorrido normativo de las disposiciones que, en sentir de la parte actora, fueron desconocidas (artículos 19 de la Ley 336 y; 14, 15 (inciso 2°), 18 y 37 del Decreto 172) y efectuar un análisis detenido del acervo probatorio concluyó que la parte actora logró desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 531 de 28 de diciembre de 2007 en el entendido que se configuraron los cargos de nulidad por infracción de las normas superiores que le debieron servir de fundamento, la falsa motivación y la desviación de poder, para lo cual esgrimió los siguientes argumentos:
Del incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 14 para obtener la habilitación como persona natural
Advirtió que, en el presente proceso, quedó demostrado que el ciudadano José Arturo Orrego Tabárez, elevó solicitud el día 11 de diciembre de 2007, en su calidad de comerciante y persona natural, con el fin de obtener habilitación o permiso para la prestación del servicio de transporte público tipo taxi en el municipio de Marsella, razón por la cual debió acreditar la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 14 del Decreto 172. No obstante ello, no aportó las pólizas de seguros exigidas en el numeral 7° de esa norma, en vista de que el solicitante consideró que era acreedor del beneficio previsto en el parágrafo segundo del artículo 13 del mismo cuerpo normativo, el cual regula lo concerniente a los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas, como así se desprendía del oficio de 27 de diciembre de 2007, documento en el cual solicitó se expidiera la habilitación concediéndole el plazo de seis (6) meses previsto en dicha disposición normativa.
Igualmente, el a quo verificó que no se dio cumplimiento con la exigencia del numeral 6° del artículo 14 del Decreto 172, pues los cinco (5) contratos de compraventa que fueron aportados junto con la solicitud contenían datos generales, de tal suerte que no permitían la correcta identificación de los vehículos, y menos aún determinar si estos cumplían las condiciones técnico-mecánicas exigidas para entrar en operación.
De la inviabilidad de dar aplicación al parágrafo 2° del artículo 13 del Decreto 172
Hizo énfasis en que, unos son los presupuestos exigidos para las personas naturales y, otros, para las personas jurídicas, de tal manera que no era viable dar aplicación al parágrafo segundo del artículo 13 del Decreto 172 de 2001, pues el señor José Arturo Orrego Tabárez presentó solicitud de habilitación en calidad de persona natural, precisando que a la luz del artículo 14 del mismo estatuto normativo, no se concibió el otorgamiento de la habilitación sin la expedición de las pólizas de seguros y con el condicionamiento de que estas fueran aportadas en el término de seis (6) meses, pues dicha especificación, insistió, era propia del trámite de las habilitaciones de las personas jurídicas.
Encontró que carecía de justificación el argumento relacionado con la omisión legislativa, pues el tratamiento diferenciado a personas o situaciones que material y jurídicamente son diferentes resulta válido desde el punto de vista legal y constitucional, agregando que este no era el escenario adecuado para cuestionar el Decreto 172 y, además, que la presunción de legalidad de la citada norma no ha sido desvirtuada en sede judicial.
Enseguida, rebatió el argumento relativo a que en el presente caso la nulidad fue saneada con el argumento de que las pólizas de seguros de responsabilidad ya habían sido aportadas, en tanto que no era posible el saneamiento sobreviniente de un acto que fue expedido desconociendo el ordenamiento jurídico, de ahí que el surgimiento del vicio en la expedición del acto es lo que propicia la intervención del juez y, adicionalmente, el acto administrativo produce efectos jurídicos hasta tanto no sea anulado por el juez administrativo a efectos de retrotraer las cosas al estado anterior en que se encontraban al momento de su expedición.
De la imposibilidad de otorgar el permiso para operar 20 vehículos
Igualmente, aseveró que, si bien prima facie, podría considerarse que el acto administrativo concedió la habilitación a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez para operar con cinco (vehículos), previniéndole que hacerlo con una cifra superior (que en todo caso no podía exceder de veinte -20- vehículos) debía acreditar los requisitos previstos en la normatividad, el a quo asintió que del análisis de la certificación expedida por el Inspector de Policía y Tránsito era posible concluir, fehacientemente, que la autorización fue otorgada para veinte (20) vehículos.
De la presunta necesidad de haber adelantado concurso o convocatoria pública para otorgar la habilitación
En torno a la presunta necesidad de surtir el proceso licitatorio para conceder la habilitación objeto de análisis, el a quo puso de presente que, a voces del artículo 19 de la Ley 336 de 1996, cuando el servicio de transporte público no se encuentra sometido a rutas ni horarios, el permiso puede concederse junto con la habilitación, por lo que, agregó que «[…] erigiéndose este tipo de servicio público como la excepción a la regla general según la cual la concesión de ese permiso debe hacerse mediante licitación pública […]».
De la presunta ausencia de especificación del capital pagado o patrimonio líquido
Explicó que, si bien era cierto que el artículo 15 del Decreto 172 establece que la resolución contentiva de la habilitación debe especificar, entre otros elementos, el capital pagado o patrimonio líquido también lo es que, a partir de una interpretación sistemática de esa disposición normativa, dicho elemento era propio de las personas jurídicas, siendo apenas lógico que dicha exigencia no aparezca relacionada en el acto que concede una habilitación a una persona natural.
Del estudio técnico sin el presunto cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 37 del Decreto 172
El a quo sostuvo que el documento técnico soporte regulado en el artículo 37 del Decreto 172 es un requisito exigible para el ingreso de vehículos por incremento al parque automotor, y no propiamente para conceder la habilitación; de ahí que la ausencia de esos elementos no tenía la entidad suficiente para desvirtuar la presunción del acto administrativo enjuiciado.
(ii) Estudio del segundo cargo de nulidad: desviación de poder
El Tribunal de primera instancia, luego de efectuar una lectura de los medios de acopio arrimados al plenario evidenció que al señor Carlos Alberto Hernández Nieto, ex Alcalde del municipio de Marsella y ad portas de terminar su mandato como cabildante, le asistía un interés particular y directo en otorgar la habilitación a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez, pues pretendía obtener un cupo de taxi en la empresa que resultó favorecida con el permiso, contrariando el buen servicio, los principios de transparencia y moralidad. En esa medida estaba llamado a prosperar el cargo de nulidad por desviación de poder. Bajo tal premisa, dispuso compulsar copias a la Procuraduría Provincial ante la posible configuración de posibles faltas disciplinarias.
IV.- RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado judicial del tercero interesado, José Arturo Orrego Tabárez, dentro de la oportunidad legal correspondiente presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, argumentando lo siguiente:
(i) Primer motivo de impugnación: de la excepción de inepta demanda
Apeló la decisión de primera instancia que declaró probada parcialmente la excepción de inepta demanda pues insistió en que el actor no cumplió con la carga procesal que le asistía de desarrollar el concepto de violación de las siguientes disposiciones normativas que se consideran infringidas y que sí fueron analizadas por el Tribunal de primera instancia en la sentencia que es objeto de cuestionamiento: 209 de la Constitución Política; 19 de la Ley 336 de 1996; 14 (numerales 6° y 7°), 15 (inciso segundo) 18 y 37 del Decreto 172. Ello, a su juicio, desconoce el numeral 4° del artículo 137 del CCA.
(ii) Segundo motivo de impugnación: del desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto administrativo y falsa motivación
Del presunto incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 14 para obtener la habilitación como persona natural
El apoderado del señor José Arturo Orrego Tabárez cuestionó la tesis del Tribunal en tanto consideró que, para efectos de obtener la habilitación, había dado cumplimiento a las exigencias del artículo 14 del Decreto 172, especialmente a aquellas enlistadas en los numerales 6° y 7° de dicha disposición normativa que exigen acreditar, de un lado, la descripción detallada de los vehículos y, por otro, las pólizas de seguros.
Sostuvo que el numeral 7º del artículo 14 del Decreto 172, exige una obligación de imposible cumplimiento para aquellas personas naturales que pretendan iniciar la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros tipo vehículos taxi, pues «[…] no se puede perder de vista que los vehículos no son entregados por el concesionario, sin tener la licencia o título de habilitación y sin tener vehículos era un imposible material la expedición de las pólizas requeridas».
Destacó que, si bien la Resolución No. 351 de 28 de diciembre de 2007 habilitó y autorizó la prestación del servicio terrestre de pasajeros a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez, lo cierto era que el citado acto condicionó <<la eficacia o validez>> de la habilitación a que se aportaran, efectivamente, las pólizas de seguros; de tal suerte y contrario a lo afirmado por el a quo, no era cierto que se haya expedido la habilitación sin el cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 172.
De la imposibilidad de otorgar el permiso para operar con 20 vehículos
Contrario a lo afirmado por el fallador de primera instancia aseguró que la resolución acusada concedió la habilitación a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez para operar con cinco (5) vehículos, advirtiéndole que, para hacerlo con una cifra superior debía acreditar los requisitos exigidos por la normatividad.
De la presunta «omisión legislativa»
Adujo que el Decreto 172 incurrió en una omisión legislativa, pues el tratamiento diferenciado que confiere el citado cuerpo normativo frente a la posibilidad de prórroga para la aportación de los documentos como las pólizas de seguros para las personas naturales, carece de una justificación objetiva y razonable y ello se traduce en un tratamiento injustificado contrario al principio de igualdad.
De la convalidación del acto administrativo
Con sustento en la jurisprudencia emanada de esta Corporación y la doctrina especializada, el recurrente insistió en el argumento consistente en el saneamiento sobreviniente de la nulidad del acto administrativo, pues la administración municipal que presentó la presente demanda no solo percibió el pago de la contraprestación económica impuesta en el acto acusado, sino además recibió el desembolso por concepto de las tarjetas de operación y, agregó, que las pólizas de seguros fueron, efectivamente, aportadas; ello, en criterio del recurrente, «[…] deja ver los móviles políticos y de desviación de poder que llevan a pretender la nulidad de la Resolución 351 de 2007».
Para terminar, relató que ha sido víctima de la persecución del alcalde del municipio el Marsella que instauró la presente demanda «[…] esto en razón de los compromisos adquiridos con la Cooperativa de Transporte de Marsella y con la empresa encargada del transporte mixto en el municipio, quienes, de manera inexplicable, consideran la actividad individual de transporte de pasajeros en vehículo taxi, como una amenaza para sus propias actividades […] la persecución referida y la presente demanda, se dan por la presión ejercida por las mencionadas empresas, en razón del patrocinio económico y político brindado al presente Alcalde de Marsella […]».
V-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador de la primera instancia mediante auto de 16 de octubre de 2009 .
Una vez repartido el proceso entre los diferentes despachos que integran la Sección Primera del Consejo de Estado, el magistrado sustanciador admitió el recurso interpuesto por el tercero interesado, a través de auto de 29 de enero de 2010. Mediante proveído del 6 de noviembre de 2015 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Publicó para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto. En esta oportunidad, todos los sujetos procesales guardaron silencio.
A través de auto del 26 de marzo de 2021, el despacho sustanciador negó la solicitud de nulidad procesal formulada por el apoderado del señor José Arturo Orrego Tabárez que fue presentada en el escrito contentivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, con miras a que se ordene la notificación de los propietarios de los vehículos. Notificada la precitada providencia judicial todos los sujetos procesales guardaron silencio.
VI-. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1.- Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo - CCA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, de la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante el cual se realiza la distribución interna de asuntos, esta Sección es competente para decidir los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
VI.2.- Acto administrativo demandado
El municipio de Marsella interpuso demanda, bajo la modalidad de lesividad con el fin de cuestionar la presunción de legalidad de la Resolución 351 de 28 de diciembre de 2007, «Por medio de la cual se habilita o autoriza a una persona natural la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi», expedida por el alcalde del municipio de Marsella, decisión que se transcribirá más adelante.
VI.3. Cuestión previa: análisis de la excepción de inepta demanda
La Sala verifica que el actor dirige su demanda en contra de las licencias de tránsito, del estudio técnico que sirvió de sustento para otorgar la habilitación, así como la Resolución No. 351 de 28 de diciembre de 2007. Sobre el particular, valga aclarar que el a quo se declaró inhibido para realizar un pronunciamiento de fondo en relación con las licencias de tránsito y respecto del estudio técnico, con el argumento consistente en que el poder otorgado por el alcalde del municipio de Marsella no confería facultad alguna para atacar su legalidad, que la parte actora no desarrolló el concepto de violación en relación con la licencia de tránsito, y que el estudio técnico no es un acto administrativo definitivo sometido a control jurisdiccional.
En igual sentido, el fallador de primera instancia afirmó que la parte actora no cumplió con la carga de argumentar las razones por las cuales, desde su punto de vista, los artículos 3° y 4° de la Ley 489 de 1998; 3 (numeral 7°) de la Ley 105 de 1993 y 15 (inciso 1°) del Decreto 172 de 2001 fueron desconocidos en el sub examine, reconociendo que, frente a las demás disposiciones normativas que se estimaron transgredidas y sustentan el reproche de ilegalidad, la parte actora sí cumplió con el deber de formular adecuadamente el concepto de la violación.
El tercero interesado únicamente cuestionó la decisión del tribunal de primera instancia, en cuanto resolvió declarar probada parcialmente la excepción de inepta demanda, al considerar que el actor no desarrolló el concepto de violación en relación con algunas de las disposiciones normativas que fueron enunciadas en la demanda.
Para tales efectos, insistió en que la parte actora no cumplió con el requisito de que trata el numeral 4° del artículo 137 del CCA relativo a desarrollar el concepto de violación frente a las siguientes disposiciones constitucionales y legales: 209 de la Constitución Política; 19 de la Ley 336, 14 (numerales 6° y 7°); 15 (inciso 2°) 18 y 37 del Decreto 172 que, valga aclarar, sí fueron analizadas por el a quo en la sentencia que es objeto de cuestionamiento en este proceso.
Para resolver, la Sala recuerda que el numeral 7° del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) señala que la excepción de inepta demanda se configura por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Por su parte, el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo estatuye el contenido de la demanda y en su numeral 4° dispone que «[c]uando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación».
A partir de una lectura integral de la demanda, se evidencia que el demandante sí desarrolló el concepto de la violación, en relación con los artículos 209 de la Constitución Política; 19 de la Ley 336 de 1996; 14 (numerales 6° y 7°) y; 15 (inciso segundo), 18 y 37 del Decreto 172, contrario a lo afirmado por el recurrente.
En efecto, la Sala encuentra que el actor efectivamente precisó los cargos de nulidad, en cuanto indicó que la resolución censurada fue expedida con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, con falsa motivación y con desviación de poder.
En cuanto al concepto de violación, la Sala también evidencia que el actor sustentó la demanda en los siguientes argumentos: (i) la habilitación o permiso para la prestación del servicio de transporte de pasajeros en vehículos taxi se otorgó a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para las personas naturales, como son, la descripción detallada de los vehículos con los que se prestaría el servicio y las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual; (ii) no era procedente dar aplicación al parágrafo 2° del artículo 13 del Decreto 172, en tanto que dicha posibilidad se encuentra reservada para las personas jurídicas pero, no, para las personas naturales; (iii) la autorización otorgada no podía concederse para veinte (20) vehículos, pues el tope previsto para las personas naturales era de cinco (5) vehículos; (iv) era necesario agotar el concurso o la convocatoria pública para garantizar la libre concurrencia y la iniciativa privada de las empresas; (v) el acto acusado no especificó el capital pagado o patrimonio técnico; (vi) el estudio que sirvió de sustento para expedir el acto demandado no cumplió con las exigencias previstas en el artículo 37 ibidem y tampoco fue remitido al Ministerio de Transporte para su correspondiente revisión, y (vii) el alcalde del municipio de Marsella que suscribió el acto acusado resultó beneficiado con uno de los cupos otorgados por virtud de la habilitación objeto de reproche.
Así pues y, contrario a lo sostenido por el recurrente, el actor sí desarrolló los cargos de nulidad y el concepto de la violación, razón que convierte en impróspera la excepción de inepta demanda formulada por el tercero interesado en las resultas del proceso. En este sentido, la Sala confirmará la decisión del tribunal, en cuanto declaró no probada, parcialmente, la excepción de inepta demanda.
VI.4.- El planteamiento del problema jurídico en el sub examine
De acuerdo con las prescripciones del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el problema jurídico que deberá ser resuelto por la Sala de Decisión se contrae a establecer si la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Risaralda debe ser confirmada, modificada o revocada. Para tales efectos, se debe determinar si la Resolución No. 351 de 28 de diciembre de 2007, mediante la cual la Alcaldía del municipio de Marsella concedió la habilitación para prestar el servicio público de transporte automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi en ese mismo municipio, a favor del ciudadano José Arturo Orrego Tabárez se encuentra acorde con las normas que le debieron servir de fundamento y si se encuentra debidamente motivada.
Con miras a desarrollar el problema jurídico, esta Sala de Decisión abordará el análisis de los siguientes aspectos, a saber: (i) la habilitación o permiso como una modalidad de intervención del Estado en la economía; (ii) los requisitos exigidos para obtener la habilitación para el modo de transporte de taxi regulados en el Decreto 172: personas naturales y jurídicas; (iii) los medios de prueba arrimados al plenario, y (iv) análisis de los reparos de inconformidad del recurrente y, finalmente, las (v) conclusiones.
VI.4.1. La habilitación o permiso como una modalidad de intervención del Estado en la economía
El artículo 365 de la Constitución Política señala que «[…] [l]os servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado», por lo que «[e]s deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional». A renglón seguido, el citado canon constitucional defirió en el legislador la competencia de definir el régimen jurídico de los servicios públicos, permitiendo que puedan ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por los particulares, pero, en todo caso, dejando en manos del Estado lo atinente a la regulación, control y la vigilancia de dichos servicios.
En nuestro ordenamiento jurídico, valga resaltar, el régimen jurídico en materia de transporte se encuentra regulado, en la Ley 105 de 1993, conocida como la ley marco en el sector transporte, por la Ley 336 de 1996 o Estatuto Nacional de Transporte, y de manera especial, por el Decreto 172, que regula el servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos tipo taxi.
Tanto la Ley 105 de 1993 como la Ley 336 de 1996, resultan coincidentes en considerar que la seguridad de los usuarios constituye una prioridad del sistema y del sector transporte, pues con ello se garantiza el mandato constitucional que impone el deber del Estado de proteger la vida e integridad de todas las personas residentes en Colombia (artículo 2, 11, 24, 365 y 366 Superior).
El servicio público de transporte en el país tiene un alcance nacional y es prestado por empresas conformadas por personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte. La prestación del servicio público de transporte está sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso (o la celebración de un contrato), según se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de operación, servicios especiales de transporte, tales como escolar, de asalariados, de turismo y ocasional.
La Corte Constitucional en las sentencias C- 981 de 2010 y C-033 de 2014 señala que el servicio público de transporte tiene como las características las siguientes:
«[…] i) Su objeto consiste en movilizar personas o cosas de un lugar a otro, a cambio a una contraprestación pactada normalmente en dinero. ii) Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la comunidad, mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre competencia; iii) El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su prestación - la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida -, y la seguridad de los usuarios - que constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte ( ley 336/96, art. 2°). iv) Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención del Estado; v) El servicio público se presta a través de empresas organizadas para ese fin y habilitadas por el Estado. vi) Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, ya sea con vehículos propios o de terceros, para lo cual la ley defiere al reglamento la determinación de la forma de vinculación de los equipos a las empresas ( ley 336/96, art. 22); vii) Su prestación sólo puede hacerse con equipos matriculados o registrados para dicho servicio; viii) Implica necesariamente la celebración de un contrato de transporte entre la empresa y el usuario. ix) Cuando los equipos de transporte no son de propiedad de la empresa, deben incorporarse a su parque automotor, a través de una forma contractual válida. (negrita fuera de texto)
La habilitación, según el citado cuerpo normativo, es definida como la autorización expedida por la autoridad competente en cada modo de transporte para la prestación del servicio público; autoridad que debe constatar el cumplimiento de exigencias de tipo <<subjetivo>> relacionadas con la organización; la capacidad económica y técnica, operativa, financiera y de seguridad; la constatación del capital suscrito y pagado; el patrimonio bruto; la comprobación del origen del capital aportado por los socios, los propietarios o accionistas; factores de seguridad; el ámbito de operación y, finalmente, las necesidades del servicio.
Por su parte, el permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho se encuentra sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes y, tratándose del transporte de pasajeros, la autoridad competente debe determinar la demanda existente o potencial, según el caso, con miras a adoptar las medidas conducentes para satisfacer las necesidades de movilización. El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, en tanto que el derecho otorgado es precario y temporal, razón por la cual puede ser revocado por la administración por motivos de utilidad pública o de interés general; se debe otorgar mediante concurso en el cual se debe garantizar la libre concurrencia y la iniciativa privada; y cuando el servicio a prestar no se encuentre sujeto a rutas el permiso se puede otorgar directamente junto con la habilitación para operar como empresa de transporte.
La jurisprudencia de esta Sección, al referirse a las diferencias que existen entre ambas autorizaciones, ha sido enfática en indicar que en la habilitación se toman en cuenta aspectos subjetivos del empresario tales como la capacidad administrativa, financiera y técnica, en tanto que el permiso analiza aspectos objetivos, quedando sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes.
Huelga concluir que la habilitación o permiso, son autorizaciones otorgadas por el Estado, en ejercicio del poder de policía, mediante las cuales se permite que las personas interesadas en prestar el servicio público y, una vez cumplidos los requisitos legales y reglamentarios, puedan ejercer de forma legítima dicha actividad en condiciones de calidad y seguridad de los usuarios.
VI.4.2. La habilitación para prestar el servicio público de transporte terrestre individual en la modalidad de taxi: requisitos exigidos para las personas naturales y jurídicas
El Decreto 172 de 2001, fue expedido por el Gobierno Nacional con el propósito de reglamentar la habilitación de las empresas de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, con el fin de garantizar que la prestación se realice en condiciones de eficiencia, seguridad, oportunidad y economía y sujetándose a los principios rectores del transporte como son la libre competencia y la iniciativa privada.
Precisamente, el citado cuerpo normativo tiene previsto que las empresas de transporte conformadas por personas naturales o jurídicas legalmente constituidas y con interés en prestar el servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros en vehículo taxi deben solicitar ante las autoridades de transporte la habilitación para operar, la cual, lleva implícita la autorización para la prestación del servicio público en la modalidad solicitada, por lo que si la empresa pretende prestar el servicio en un modo diferente, debe acreditar los requisitos de habilitación de la nueva modalidad.
El referido decreto, en el artículo 11, es enfático en señalar que ninguna empresa nueva puede entrar a prestar el servicio hasta tanto la autoridad de transporte competente le otorgue la habilitación correspondiente.
Pero, además, para obtener la citada habilitación y autorización para la prestación del servicio, el citado cuerpo normativo estableció un régimen diferenciado, especialmente en lo atinente a los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas [artículo 13 del Decreto 172], por un lado, y las personas naturales [artículo 14 ejusdem], por otro lado, las cuales deben observar las condiciones subjetivas enlistadas en esas normas, relacionadas con la organización, la capacidad económica, técnica y financiera, la demostración de la existencia del capital suscrito y pagado, patrimonio bruto, comprobación del origen del capital aportado por los socios, propietarios o accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos de transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y necesidades del servicio, por mencionar algunas tal y como se aprecia en el siguiente cuadro:
Requisitos exigidos para las personas jurídicas
Requisitos exigidos para las personas naturales
«ARTICULO 13.- PERSONA JURIDICA. - Para obtener la habilitación y la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, las empresas deberán acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 1 del presente Decreto:
1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente suscrita por el representante legal.
[…]
5. Certificación firmada por el representante legal, sobre la existencia de los contratos para la vinculación del parque automotor que no sea de propiedad de la empresa. De los vehículos propios, se indicará este hecho.
6. Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual se prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad, y demás especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con las normas vigentes.
[…]
12. Copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual exigidas en el presente Decreto.
[…]
PARAGRAFO SEGUNDO. - las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos establecidos en los numerales 5, 6 y 12, dentro de un término no superior a seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que le otorga la correspondiente habilitación, de lo contrario, será revocada» (destacado es de la Sala).
«ARTICULO 14.- PERSONA NATURAL. - El propietario o tenedor hasta de cinco (5) vehículos que tenga interés de prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberá obtener la correspondiente habilitación, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente suscrita por el interesado.
[…]
4. Acreditar la propiedad o la existencia de los contratos de arrendamiento financiero de los respectivos vehículos.
[…]
6. Descripción de los vehículos con los cuales prestará el servicio, con indicación de la clase, marca, modelo, número del chasis, capacidad y demás especificaciones que permitan su identificación, de acuerdo con las normas vigentes. En todo caso el vehículo deberá cumplir con las condiciones técnico-mecánicas y con las especificaciones requeridas por las autoridades competentes para transitar.
7. Copia de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual, exigidas en el presente Decreto.
[…]»
Del anterior cuadro comparativo se desprende que el Decreto 172 estableció un tratamiento diferenciado, pues cuando el empresario de transporte es una persona natural -quien puede operar con un límite máximo de cinco (5) vehículos-, debe solicitar y obtener la habilitación acogiéndose a los requisitos previstos en el artículo 14 ibidem [relativo a personas naturales]. En cambio, y si desea prestar el servicio como persona jurídica con más de cinco (5) vehículos deberá solicitar la habilitación sujetándose, para tales efectos, a las exigencias formales consagradas en el artículo 13 ejusdem [relativo a las personas jurídicas].
De otro lado, cuando la solicitud de habilitación es presentada por personas jurídicas legalmente constituidas y autorizadas para tal fin, el Decreto 172 tiene previsto, en el parágrafo segundo del artículo 13, un plazo adicional de seis (6) meses con el fin de que acrediten los requisitos previstos en los numerales 5, 6 y 12 del citado canon normativo, esto es, los relacionados con (a) los contratos para la vinculación del parque automotor que no sean de propiedad de la empresa; (b) la relación detallada del equipo, y (c) las copias de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, so pena de que la resolución que otorga la correspondiente habilitación sea revocada.
Sin embargo, es preciso resaltar que dicho plazo no se estableció cuando se trata de la solicitud de habilitación presentada por persona natural que sea propietario o tenedor de un límite máximo de cinco (5) vehículos con interés en prestar el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi.
VI.4.3. Lo probado en el proceso
En el sub examine constan los siguientes medios de prueba:
85.1. Escrito de 11 de diciembre de 2007, en virtud del cual el señor José Arturo Orrego Tabárez presentó solicitud ante la alcaldía municipal de Marsella, con el fin de que le fuera expedido el permiso o título habilitante para la prestación del servicio público de transporte automotor individual de pasajeros tipo taxi en ese municipio.
85.2. Oficio del 14 de diciembre de 2007, mediante el cual el alcalde de dicho ente territorial dio a conocer al señor José Arturo Orrego Tabárez los requisitos que debía cumplir para obtener la habilitación, haciendo especial énfasis en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996 y los artículos 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18 y 20 del Decreto 172 de 2001.
85.3. Escrito de 26 de diciembre de 2007, en el cual consta que el señor José Arturo Orrego Tabárez aportó los siguientes documentos: (i) los contratos de compraventa nos. 29504, 29505, 29506, 29507, 29508, todos del 21 de diciembre de 2007; (ii) el Certificado de la Cámara de Comercio No. 1925579 en el cual se señala que su actividad comercial consiste en actividades de billares y de transporte urbano municipal; (iii) las copias de los programas de revisión y mantenimiento preventivo de los vehículos comprados; y (iv) el diseño del logotipo que portarán los vehículos, el cual va acompañado de la expresión <<persona natural>>. No obstante, y de la revisión de la citada documentación, la Sala aprecia que el señor José Arturo Orrego Tabárez no aportó las exigencias de que tratan los numerales 6° y 7° del artículo 14 del Decreto 172, esto es, la relación detallada de los vehículos con los cuales prestaría el servicio, y tampoco constan las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual, aspecto que será analizado detenidamente en el acápite respectivo al análisis de los motivos de impugnación.
85.4. Escrito de fecha de 27 de diciembre de 2007, en el cual el señor José Arturo Orrego Tabárez eleva solicitud con el siguiente propósito: «[…] le solicito respetuosamente expedir el título habilitante o permiso de operación, concediéndome un plazo de seis (6) meses para aportar las pólizas y empezar a operar, teniendo en cuenta que los vehículos comprados son nuevos y aún no me han sido entregados […]». Esta petición, cabe resaltar, se fundamentó en el parágrafo segundo del artículo 13 del Decreto 172, aplicable para el trámite de personas jurídicas, transcrito con anterioridad.
85.5. Resolución No. 351 de 28 de diciembre de 2007, cuya parte resolutiva dispuso:
«[…] Autorizar al señor JOSE ARTURO ORREGO TABAREZ para que preste en su nombre y en razón de su condición de comerciante, el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículo Taxi en el municipio de Marsella, para lo cual podrá contar con un mínimo de cinco (5) vehículos automotores y podrá contar con un número máximo de veinte (20) vehículos, siempre y cuando acredite ante la Administración Municipal de Marsella el cumplimiento de todos los requisitos que indique la Ley para aumentar el número inicial de los vehículos.
Parágrafo: la presente autorización o título habilitante, será revocada de forma inmediata si en un plazo improrrogable de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, el señor JOSE ARTURO ORREGO TABAREZ no presenta y aporta copia ante la administración municipal de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, exigidas por Decreto172 de 2001. […]».
85.6. La parte considerativa del citado acto indica lo siguiente:
«[…] El señor JOSÉ ARTURO ORREGO TABÁREZ ha acreditado haber adquirido un número de cinco (5) vehículos con los cuales pretende prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi en el Municipio de Marsella Risaralda, deberá obtener la correspondiente habilitación, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
El señor JOSÉ ARTURO ORREGO TABÁREZ ha presentado solicitud dirigida al Alcalde Municipal, quién es la autoridad de transporte competente en el municipio de Marsella, suscrita por él mismo, solicitando ser autorizado o habilitado para prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículo Taxi.
El señor JOSÉ ARTURO ORREGO TABÁREZ, ha aportado Certificado de Cámara de Comercio, en el cual consta su registro como comerciante, expedido con una antelación no mayor de 30 días hábiles, en el cual consta que se ha registrado para desarrollar actividades de transporte público.
El señor JOSÉ ARTURO ORREGO TABÁREZ, ha indicado en el documentos (sic) por medio del cual radica la mayor parte de los documentos aquí indicados, que su domicilio principal es la ciudad de Marsella Risaralda y que su dirección en este municipio es la calle 17 No. 10-51.
El señor JOSÉ ARTURO ORREGO TABÁREZ, ha acreditado la existencia del programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará para los Equipos con los cuales prestará el servicio, pues los mismos son nuevos y la revisión estará a cargo de la empresa Chevrolet Caminos.
El señor JOSÉ ARTURO ORREGO TABÁREZ, ha realizado la descripción de los vehículos con los cuales prestará el servicio, con indicación de la clase, marca, modelo, número de chasis, capacidad y demás especificaciones que permiten su identificación, todo lo anterior, de acuerdo con las normas vigentes. Los vehículos a los que se hace referencia son los siguientes: 1) CHEVROLET TAXI 7:24 MODELO CHRONOS 2008 2) CHEVROLET TAXI 7:24 MODELO CHRONOS 2008 3) CHEVROLET TAXI 7:24 MODELO CHRONOS 2008 4) CHEVROLET TAXI 7:24 MODELO CHRONOS 2008 4) CHEVROLET TAXI 7:24 MODELO CHRONOS 2008, 5) CHEVROLET TAXI MODELO POWER 2008 – Las demás condiciones de la descripción de los vehículos se encuentran en los contratos de compraventa de los vehículos aportados por el solicitante. Los vehículos antes mencionados son nuevos y cumplen con las condiciones técnico-mecánicas y con las especificaciones requeridas para transitar.
El señor JOSÉ ARTURO ORREGO TABÁREZ, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo del artículo 13 del Decreto 172 de 2002, el cual indica: Parágrafo 2º. Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos establecidos en los numerales 5, 6, y 12, dentro de un término no superior a seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que le otorga la correspondiente habilitación, de lo contrario será revocada.” Ha solicitado un plazo improrrogable de seis (6) meses a partir de la ejecutoria de la presente resolución para presentar las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual, exigidas por Decreto 172 de 2002.
El señor JOSÉ ARTURO ORREGO TABÁREZ, ha presentado el diseño de los distintivos que portarán los respectivos vehículos, los cuales se acompañan de la expresión “persona natural”.
9. Que por todo lo expresado el señor JOSE ARTURO ORREGO TABAREZ ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley para la habilitación o autorización para la prestación, el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi en el municipio de Marsella. […]» (destacado de la Sala).
85.7. Estudio de viabilidad y factibilidad para el mejoramiento de la calidad de vida ciudadana en la zona rural y urbana del sector vial de la ciudad de Marsella, elaborado por la Asociación Voluntaria A-Z.
85.8. Oficio MT- 0366 de 14 de febrero de 2008, suscrito por el director territorial de Risaralda del Ministerio de Transporte y dirigida al Alcalde del municipio de Marsella, Carlos Andrés Gómez Escobar, en el cual señala:
«[…] El Decreto 172 del 5 de febrero de 2001 que reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, en el capítulo II menciona las condiciones y requisitos para la habilitación de empresas constituidas por personas jurídicas y para persona natural, y en la habilitación expedida mediante Resolución No. 351 de diciembre 28 de 2007 se mezclan los requisitos para persona jurídica y persona natural.
El Artículo 14 del mencionado Decreto, establece que el propietario o tenedor hasta de cinco (5) vehículos se puede habilitar como persona natural en caso de operar con más vehículos deberá solicitar y obtener la habilitación como persona jurídica.
[…] Por lo expuesto, este despacho considera que no se cumplieron los requisitos y condiciones estipulados en el Decreto 172 de 2001, para la autorización a la persona natural a la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi […]».
85.9. Certificación suscrita por el Inspector de Policía y Tránsito de Marsella de 23 de febrero de 2008, en la cual se señala que el señor Carlos Alberto Hernández Nieto posee un cupo disponible tipo CHEVROLET, modelo 2008, con capacidad para cuatro (4) pasajeros, color amarillo, con ocasión de la habilitación otorgada mediante la Resolución 351 de 28 de diciembre de 2007, afectando la capacidad autorizada de veinte (20) vehículos, quedando una capacidad disponible de (17) vehículos.
85.10. Boleta de radicación 25018 del vehículo de plazas WHN 186 de propiedad del señor Carlos Alberto Hernández Nieto.
85.11. Escrito con fecha de 1 de marzo de 2008, mediante el cual el señor José Arturo Orrego Tabárez dice aportar las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual y solicita la expedición de las tarjetas de operación. Sin embargo, no constan los referidos documentos a que alude el solicitante.
85.12. Resolución No. 007 de 12 de marzo de 2008, expedida por el Inspector municipal de Policía y Tránsito del municipio de Marsella (Risaralda), mediante la cual se ordena la expedición de cuatro (4) tarjetas de operación para los vehículos identificados con las matrículas WHN-205, WHN-186, WHN-157 y WHN-155 a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez.
85.13. Solicitud de 15 de marzo de 2008 elevada por algunos miembros de la comunidad ante el Alcalde del municipio de Marsella con el fin de que se adelanten las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la Resolución 351 de 28 de diciembre de 2007.
85.14. Constancia del día 26 (sin mes) de 2008, mediante la cual la Inspección municipal de Policía y Tránsito de Marsella hace constar que el señor José Arturo Orrego Tabárez debe cancelar la suma de trece mil pesos ($13.000) por cada tarjeta en la Secretaría de Hacienda Municipal de Marsella y el recibido de caja No. 001316 por la suma de $52.000 por concepto del pago de las tarjetas de operación.
85.15. Petición de 21 de mayo de 2008, presentada por el señor José Arturo Orrego Tabárez ante la Alcaldía municipal de Marsella que lleva por título «Notificación de inicio de operaciones».
85.16. Declaraciones rendidas por los señores Ulises Ortiz Castañeda y Ernesto Villada Serna en la diligencia de recepción de testimonios celebrada el 2 de diciembre de 2008, a cargo del sustanciador de la primera instancia.
VI.4.4. Análisis de los motivos de impugnación del recurso de alzada
Con el fin de analizar los motivos de impugnación del recurso de alzada, esta Sala estudiará en el siguiente orden los siguientes argumentos: (i) del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 14 del Decreto 172 para obtener la habilitación; (ii) de la imposibilidad de otorgar el permiso para operar con veinte (20) vehículos; (iii) de la presunta «omisión legislativa», y (iv) la supuesta convalidación del acto administrativo.
VI.4.4.1.- Del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 14 del Decreto 172
El Tribunal de origen, luego de realizar un análisis de los medios de prueba que fueron aportados al expediente, encontró demostrado que, en efecto, el ciudadano José Arturo Orrego Tabárez, elevó solicitud el día 11 de diciembre de 2007, en su calidad de comerciante y persona natural, con el fin de obtener la habilitación o permiso para la prestación del servicio de transporte público tipo taxi en el municipio de Marsella y, en consecuencia, debió acreditar los requisitos consagrados en el artículo 14 del Decreto 172. En igual sentido, consideró que quedó probado que el solicitante no dio cumplimiento a las exigencias previstas en los numerales 6° y 7° de la citada norma, en tanto que no aportó la relación detallada de los vehículos con los cuales se prestaría el servicio y tampoco las pólizas de seguros de responsabilidad.
En este punto, la inconformidad de la apelación se edifica en el hecho consistente en que el numeral 7º del artículo 14 del Decreto 172 exige una obligación de imposible cumplimiento para aquellas personas naturales que pretendan iniciar la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros tipo vehículos taxi, pues no se puede pretender que una persona natural pueda adquirir las pólizas de seguros de responsabilidad. Para tales efectos, el recurrente puntualmente afirmó que «[…] sin tener la licencia o título habilitante y, sin tener los vehículos, era un imposible material la expedición de las pólizas referidas».
De otro lado, aseguró que la Resolución No. 351 de 28 de diciembre de 2007 condicionó <<la eficacia o validez>> de la habilitación a que se aportaran, efectivamente, las pólizas de seguros; de tal suerte, y en oposición a lo afirmado por el fallador de primera instancia, no era cierto que se haya expedido la habilitación sin el cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 172.
Inicialmente, la Sala pone de presente que, el señor José Arturo Orrego Tabárez, en su calidad de comerciante y persona natural debió dar cumplimiento a las exigencias previstas en el artículo 14 del Decreto 172 de 2001, y aportar la documentación prevista en esa disposición normativa.
Esta Sala de Decisión, luego de efectuar un análisis detenido del acervo probatorio, constata que el citado ciudadano no dio cumplimiento a tales exigencias normativas, en especial, a las previstas en los numerales 6° y 7° de la citada norma.
Como quedó anotado anteriormente, el numeral 6° del artículo 14 del Decreto 172 exige demostrar la relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual se prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad, y demás especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con las normas vigentes.
Nótese que, si bien los contratos de compraventa nos. 29504, 29505, 29506, 29507, 29508, todos del 21 de diciembre de 2007 -los cuales fueron aportados junto con la solicitud presentada por el señor José Arturo Orrego Tabárez- dan cuenta de algunos datos de los vehículos como son su marca, modelo, color y tipo; la realidad es que en dichos documentos contractuales no aparecen datos tales como el número del chasis, la capacidad del vehículo, las placas de identificación y demás elementos que permitan su correcta identificación de acuerdo con las normas vigentes.
Significa lo anterior que no resulta posible considerar cumplido el requisito de que trata el numeral 6° del artículo14 del Decreto 172, ni tampoco se pueden determinar -con dichos documentos contractuales- las condiciones técnico-mecánicas exigidas por las normas para transitar en el territorio nacional.
En igual sentido, se constata que el señor José Arturo Orrego Tabárez tampoco aportó las copias de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual, documentos que resultan obligatorios de conformidad con el artículo 18 del Decreto 172, norma que es del siguiente tenor:
«[…] Artículo 18. Obligatoriedad. De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberán tomar con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las amparen contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:
1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos:
a) Muerte;
b) Incapacidad permanente;
c) Incapacidad temporal;
d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 smmlv, por persona.
2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos:
a) Muerte o lesiones a una persona;
b) Daños a bienes de terceros;
c) Muerte o lesiones a dos o más personas.
El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 smmlv, por persona».
En consecuencia, a la autoridad de transporte competente le estaba vedado otorgar la habilitación o permiso a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez, en su condición de comerciante, para que preste el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros en el municipio de Marsella, pues tal y como se indicó con anterioridad, quedó demostrado que no aportó la totalidad de los documentos exigidos en el artículo 14 del Decreto 172.
En estas condiciones, y frente a la afirmación que hace el recurrente según la cual indica que se encontraba en una situación de imposibilidad para aportar dichos documentos, resulta importante poner de presente que el señor José Arturo Orrego Tabárez, dado su interés en prestar el servicio público de transporte, tenía el deber de cumplir tales exigencias por ser el directo interesado en obtener la habilitación.
Así mismo, para la Sala no es de recibo la afirmación que hace el tercero interesado cuando señala que «los vehículos comprados son nuevos y aún no me han sido entregados», pues desde el mismo momento de la celebración del negocio jurídico de compraventa tuvo la oportunidad de tramitar las pólizas que se requerían para el otorgamiento de la habilitación que ahora se analiza.
Confunde el recurrente la entrega material de los vehículos con la habilitación para la prestación del servicio público y con el cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento jurídico establece para el otorgamiento de la habilitación en comento.
Se pone de relieve que el recurrente tenía la carga de demostrar una situación constitutiva de un caso fortuito, una fuerza mayor o el hecho de un tercero, pues es sabido que las partes deben probar el supuesto de hecho y el efecto jurídico que persiguen (artículo 177 del CPC). También cobra fuerza en el presente caso la aplicación del principio general del derecho «nemo auditur propiam turpitudinem allegans» según el cual «nadie podrá alegar su propia culpa» para derivar de ella un beneficio, pues es notorio que el ordenamiento jurídico consagró deberes que deben ser cumplidos por aquellas personas con interés en prestar el servicio público de transporte automotor terrestre.
Igualmente, cabe agregar que, contrario a lo sostenido por el recurrente, el acto administrativo censurado sí otorgó, a favor del particular, un derecho para prestar el servicio público de transporte, cuestión diferente es que se haya otorgado un plazo adicional para aportar las pólizas de seguros; posibilidad que, como se verá más adelante, no fue contemplada en el Decreto 172, para el caso de las solicitudes de habilitación presentadas por personas naturales.
Por otra parte, para la Sala resulta claro que era el señor José Arturo Orrego Tabárez quien también tenía la obligación de acreditar la propiedad de los respectivos vehículos con los cuales pretendía operar, o en su defecto, la existencia de los contratos de arrendamiento financiero de los respectivos vehículos. (numeral 4° del artículo 14 del Decreto 172), mediante la aportación de las licencias de tránsito que se expiden una vez se matricula el vehículo ante las oficinas de tránsito respectivas.
Tal requisito también era necesario para conceder la habilitación para la prestación del servicio público de transporte terrestre.
En consecuencia, el motivo de impugnación analizado no tiene vocación de prosperidad.
VI.4.4.2- De la imposibilidad de otorgar el permiso para operar con 20 vehículos
El Tribunal de primera instancia sostuvo que, el ente territorial al haber otorgado la habilitación a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez para operar con veinte (20) vehículos, desconoció el artículo 14 del Decreto 172, el cual establece que, tratándose de personas naturales, la habilitación se puede otorgar hasta un tope máximo de cinco (5) vehículos.
El tercero interesado, en contraposición a la tesis del fallador de primera instancia, aseguró que la resolución acusada concedió la habilitación a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez para operar con cinco (5) vehículos, advirtiéndole que, para hacerlo con una cifra superior, debía acreditar los requisitos exigidos por la normatividad.
Para esta Sala de Decisión, la administración del ente territorial de Marsella tampoco podía otorgar, a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez, la autorización para operar con un número máximo de veinte (20) vehículos.
Sobre el particular, si bien sería dable considerar que tal habilitación se condicionó al hecho consistente en que el señor Orrego Tabárez acreditara el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la ley, lo cierto es que, como de manera acertada lo indicó el tribunal en la primera instancia, de la certificación emanada por el Inspector de Policía y Tránsito de Marsella de 23 de febrero de 2008, citada anteriormente, se deja constancia que la autorización se dio para veinte (20) vehículos.
Precisamente, de dicha certificación se desprende que el señor Carlos Alberto Hernández Nieto posee un cupo disponible tipo CHEVROLET, modelo 2008, con capacidad para cuatro (4) pasajeros, color amarillo, con ocasión de la habilitación otorgada mediante la Resolución 351 de 28 de diciembre de 2007, afectando la capacidad autorizada de veinte (20) vehículos, quedando una capacidad disponible de (17) vehículos, contrariando lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 172.
En consecuencia, el motivo de impugnación analizado carece de vocación de prosperidad.
VI.4.4.3.- De la presunta «omisión legislativa»
El Tribunal de primera instancia precisó que, a voces del artículo 14 del Decreto 172, no se concibió el otorgamiento de la habilitación sin la expedición de las pólizas de seguros y con el condicionamiento de que estas fueran aportadas en el término de seis (6) meses, pues dicha especificación, insistió, era propia del trámite de las habilitaciones de las personas jurídicas. Igualmente, adujo que el tratamiento diferenciado a personas o situaciones que material y jurídicamente son diferentes resulta válido desde el punto de vista legal y constitucional.
En este punto, el señor José Arturo Orrego Tabárez consideró que el Decreto 172 incurrió en una <<omisión legislativa>> pues, la prerrogativa consistente en permitir que, las personas jurídicas puedan aportar los documentos previstos en los numerales 5°, 6° y 12 del artículo 13 del referido cuerpo normativo, esto es, los relativos a: (a) los contratos para la vinculación del parque automotor que no sean de propiedad de la empresa; (b) la relación detallada del equipo, y (c) las copias de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, no quedó prevista para las personas naturales. Ello, en su criterio, carece de una justificación objetiva y razonable que se traduce en un tratamiento injustificado contrario al principio de igualdad.
Tal y como se indicó con anterioridad en el acápite precedente, tratándose de la solicitud presentada por una persona jurídica, el ordenamiento jurídico otorga la prerrogativa de poder presentar y en un plazo de seis (6) meses los documentos relacionados con los contratos de vinculación, la relación detallada del equipo, así como las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, previstos en los numerales 5°, 6° y 12 del artículo 13 del Decreto 172, quedando facultada la administración para revocar dicha autorización ante su incumplimiento. Sin embargo, dicha posibilidad no se consagró para el caso de las peticiones presentadas por las personas naturales.
Sobre el particular, esta Sala pone de relieve, en primer término, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el municipio de Marsella, bajo la modalidad de lesividad no es el escenario judicial idóneo para controvertir la presunción de legalidad que ampara el Decreto 172, pues el ordenamiento jurídico ha previsto de otros mecanismos, como la acción de simple nulidad, con miras a cuestionar el vicio de nulidad por haberse configurado una presunta omisión de regulación contraria a la igualdad.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala de Decisión considera pertinente realizar las siguientes consideraciones frente a la omisión legislativa. Al respecto, la jurisprudencia constitucional, en sede de control abstracto de constitucionalidad ha diferenciado la omisión legislativa absoluta, de un lado, y la omisión legislativa relativa, de otra parte. La primera, se traduce en una conducta negativa por parte del legislador, en virtud de la cual se abstiene de regular una materia específica, sin que medie un motivo razonable para ello. La omisión relativa se produce cuando, a diferencia de aquella, el legislador sí consagra un desarrollo normativo pero el mismo se torna en imperfecto por cuanto no materializa un mandato de la Carta Política. El Alto Tribunal, mediante sentencia C- 583 de 2015, y a propósito de las diferencias entre estas figuras indicó:
«[…] La omisión legislativa absoluta se configura cuando existe ausencia total de regulación, es decir, cuando no hay actuación alguna del Legislador sobre una materia. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en tales casos, la Corte no tiene competencia alguna para examinar este tipo de omisión, pues todo análisis de constitucionalidad supone la confrontación de una norma legal con preceptos constitucionales, motivo por el cual, al no existir uno de los extremos de la comparación (por la ausencia total de regulación), resulta imposible hacer una confrontación material, objetiva y verificable con el texto de la Carta Política.
Así pues, frente a omisiones legislativas de carácter absoluto, la ausencia de un texto normativo que sea objeto de control constitucional por parte de esta Corporación, lleva a concluir que ésta carece de competencia para conocer y decidir el asunto, motivo por el cual en estas situaciones, la Corte Constitucional se ve abocada a proferir sentencias inhibitorias.
61.- La omisión legislativa relativa por su parte, se presenta cuando el Legislador, expide una ley, pero a través de ésta no se contemplan todas las situaciones que deben ser objeto de regulación, por lo que la norma da lugar a un trato inequitativo para sus destinatarios. En este orden de ideas, la omisión relativa supone una actuación imperfecta o incompleta del Legislador […]».
Adicionalmente, ha señalado que el cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa debe cumplir los siguientes requisitos:
«[…] (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador”».
En estos eventos, la Corte Constitucional, en el evento de llegarse a comprobar la omisión legislativa relativa, ha optado por emitir sentencias integradoras, con el fin de llenar el vacío en la regulación normativa ante el silencio del legislador, para así preferir aquella interpretación de la norma que se ajusta a los mandatos del ordenamiento superior.
Teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido la procedencia de analizar la omisión de los decretos reglamentarios con el fin de analizar las posibles deficiencias regulatorias de los actos administrativos emanados del Gobierno Nacional, cuando aquellos omitan incluir contenidos normativos sin contar con una justificación objetiva y razonable que no se ajusta a los preceptos de la Carta Política. De esta manera se ha señalado lo siguiente:
«[…] (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el Constituyente al Legislador.
De esta suerte y tal como lo analizó la Sección, es posible entonces el estudio, no solo de la existencia de la omisión legislativa relativa, entre un texto legal y un mandato de la Carta Fundamental, sino que mutatis mutandi también es viable la comparación a fin de establecer la omisión regulatoria, entre un precepto legal y su reglamento». (subrayado de la Sala).
Llegado a este punto, la Sala evidencia, inicialmente, que el artículo 11 de la Ley 336 de 1996, entregó en el Gobierno Nacional la competencia para fijar las condiciones para el otorgamiento de la habilitación, en materia de organización y capacidad económica y técnica, e igualmente, para definir los requisitos que deben acreditar los operadores tales como los estados financieros, la demostración del capital suscrito y pagado, el patrimonio bruto, la comprobación del origen del capital aportados por los socios, los propietarios o accionistas, la propiedad, posesión o vinculación de equipos de transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y necesidades del servicio. En cumplimiento de ello, el Ejecutivo expidió el Decreto 172 con el fin de reglamentar la habilitación de las empresas de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi,
Igualmente se advierte que el artículo 10 del Decreto 172, de manera clara, señala que si una persona natural o jurídica, pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente los requisitos de habilitación exigidos de la nueva modalidad, requerimiento normativo que se ratifica en el parágrafo 2° del artículo 14 ibidem que establece que, cuando la empresa de persona natural pretenda operar con más de cinco (5) vehículos, debe solicitar y obtener habilitación conforme a los requisitos establecidos para las personas jurídicas.
Así pues, la Sala encuentra que el tratamiento diferenciado que incorpora el Decreto 172 se justifica no solamente por la naturaleza de la persona que solicita la habilitación, sino por motivos o criterios de orden técnico, tales como el número de vehículos con los cuales se pretende prestar el servicio público de transporte. También se advierte que los citados requisitos fueron desarrollados por el Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad otorgada por el legislador, en virtud del artículo 11 de la Ley 336 de 1996 y en ejercicio de su potestad reglamentaria.
En este sentido, resulta perfectamente válido desde el punto de vista legal considerar que cuando la solicitud de habilitación es presentada por una persona natural y ella tenga interés en prestar el servicio con un límite máximo de cinco (5) vehículos, debe adjuntar toda la documentación exigida en el Decreto 172, entre ella la consistente en las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual.
Esta Sala prohíja los argumentos que utilizó el Tribunal para despachar dicho argumento, en tanto que el tratamiento diferente predicable a personas o situaciones que material y jurídicamente son diferentes puede ser válido desde el punto de vista constitucional, de tal manera que no hay lugar a entender que, en el sub judice, se configuró una omisión regulatoria por parte del Decreto 172.
En consecuencia, el motivo de impugnación analizado carece de vocación de prosperidad.
VI.4.4.4.- De la posible convalidación del acto administrativo
Para terminar, esta Sala pasa a referirse al planteamiento del recurrente según el cual la nulidad fue saneada, bajo el argumento consistente en que las pólizas de seguros fueron aportadas y, además, porque la administración percibió la contraprestación económica por concepto de las tarjetas de operación, quedando convalidado, de esta manera, cualquier vicio del acto administrativo censurado.
La convalidación de los actos administrativos es una institución que se justifica en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad en las relaciones jurídicas. Para que un acto administrativo pueda llegar a ser susceptible de convalidación, la irregularidad no puede afectar los elementos de la esencia o de validez del acto administrativo. En este sentido, esta Corporación ha precisado lo siguiente:
«[…] La convalidación de un acto administrativo puede provenir del particular afectado porque este consienta expresamente el acto o porque no haga uso dentro de los términos legales del recurso de apelación para agotar la vía gubernativa o porque deja transcurrir el término de caducidad sin formular la pretensión en acción contencioso administrativa, pero también puede emanar de la propia administración, cuando ésta, conociendo el vicio declara válido el acto o remedia la omisión en que pudo incurrir, mediante un acto de confirmación, para evitar un pronunciamiento de anulación por vía judicial.
Es claro que no todos los vicios del acto administrativo pueden ser susceptibles de convalidación: escapan a esta posibilidad de saneamiento la carencia absoluta de competencia, a menos que se trate de una competencia puramente interna, o el acto ilícito porque su contenido no se ajusta a las normas jurídicas vigentes.
Dada su naturaleza este vicio no puede subsanarse, pues el acto de convalidación, por tener también contenido ilícito, sería así mismo nulo […]
En el presente caso, se trata del cumplimiento de una formalidad sustancial exigida para la producción del mismo, es decir, una observancia de las formalidades, la cual implica el sometimiento al ordenamiento jurídico por parte de la administración, por lo que, su ausencia afecta la validez del acto acusado […] (destacado de la Sala).
Así las cosas, para esta Sala no tiene sustento el argumento del recurrente consistente en afirmar que, en el sub examine, operó la convalidación ya que la administración percibió la contraprestación económica por concepto de las tarjetas de operación y dado que las pólizas de responsabilidad fueron aportadas, pues como lo ha expresado de manera pacífica y reiterada esta Sección, los juicios de validez se efectúan con base en las normas vigentes al momento de su expedición; y, además, porque en el presente caso quedó demostrado que el vicio de nulidad de la resolución censurada es de aquellos catalogados jurisprudencialmente como insaneables, por cuanto la manifestación de voluntad de la administración fue expedida infringiendo el ordenamiento superior que le debió servir de fundamento y en tanto se encuentra falsamente motivada.
Frente la afirmación que hace el recurrente quien asegura que ha sido víctima de persecución por parte del actual burgomaestre del municipio de Marsella, la Sala considera que su análisis no resulta procedente, pues no constituye argumento alguno en contra de la sentencia de primera instancia.
Finalmente, la Sala comparte lo expuesto por el a quo, en tanto que dentro del proceso obran pruebas que se enfocan a señalar que al señor Carlos Alberto Hernández Nieto, ex Alcalde del municipio de Marsella, le asistía un interés particular y directo en otorgar la habilitación a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez, pues pretendía obtener un cupo de taxi, tal y como efectivamente ocurrió.
En consecuencia, el motivo de impugnación analizado carece vocación de prosperidad.
VI.4.5. Conclusiones
Por todo lo expuesto, resulta evidente que el acto administrativo demandado fue expedido infringiendo las normas superiores que le debieron servir de fundamento y con falsa motivación, en tanto que confirió la autorización a favor del señor José Arturo Orrego Tabárez, como comerciante persona natural, para prestar el servicio de transporte sin que este hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 14 del Decreto 172, especialmente, los enlistados en los numerales 6° y 7°.
En definitiva, la Sala considera que los argumentos esgrimidos por el tercero interesado no están llamados a prosperar, por lo que la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda tal como, en efecto, se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de septiembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
SEGUNDO. En firme esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado eletrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Presidente
(Firmado eletrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
(Firmado eletrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
(Firmado eletrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
P(5)
Folio 76 Cuaderno No. 2.
«Por la cual se habilita o autoriza a una persona natural la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi».
«Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones».
«Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte».
«Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.»
«Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi».
En definitiva, a su juicio, el señor José Arturo Orrego Tabárez, al haber presentado la solicitud de habilitación o permiso para la prestación del servicio público de transporte, como persona natural, debió aportar toda la información exigida por el artículo 14 del Decreto 172, como son los contratos de compraventa que permitan acreditar la propiedad sobre los vehículos automotores, así como las pólizas de seguros, exigencias que no fueron satisfechas.
Para tal efecto explicó que el parágrafo 2° del artículo 13 del Decreto 172 otorga la posibilidad de que en un plazo de seis (6) meses, las personas jurídicas puedan presentar los requisitos establecidos en los numerales 5, 6 y 12 del artículo 13 del Decreto 172, esto es, los relacionados con: i) los contratos para la vinculación del parque automotor que no sea de propiedad de la empresa; ii) la relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros con el cual se prestaría el servicio con indicación del nombre y cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad, y demás especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con las normas vigentes; y iii) las copias de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, so pena de que la misma sea revocada, aclarando que dicho término no fue previsto para el caso de las solicitudes de habilitación presentadas por personas naturales.
Folios 92 a 97 del Cuaderno 1.
Folio 213 a 231 del Cuaderno 1-1.
En este sentido, argumentó: «[…] Como vemos , estamos en presencia de una omisión que excluye de sus consecuencias aquellos casos que , por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico, además dicha exclusión obedece a una razón objetiva y suficiente y al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produce una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y esto misión implica el incumplimiento de un deber constitucional del legislador -la igualdad […]».
Folios 418 a 451. Se refiere en realidad al inciso primero, según se desprende de una lectura integral de la sentencia. Sobre este punto, agregó: «[…] Si bien es cierto los ítems descritos en el numeral en cita son enunciativos y no taxativos, ello en manera alguna puede ser entendido como patente de corso para omitir la descripción de las características allí contempladas, pues es claro que el objetivo de la disposición es que el parque automotor que va a ser empleado para la ejecución de la actividad cuya habilitación se solicita, pueda ser identificado con total claridad, y en especial, que de esa descripción pueda determinarse si los vehículos reúnen los requisitos para entrar en operación, objetivo que no es posible lograr con las características enunciadas en los contratos». Y agregó que: «[…] es necesario aclarar que esa disposición derogada en dos ocasiones, concretamente mediante los decretos 1122 de 1999 y 266 de 2000, normas que pretendían acabar con esa excepción y vincular ese tipo de servicio al proceso de licitación pública. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequibles esos decretos mediante las sentencias C- 923 de 1999 y C 1316 de 2000, respectivamente, dejando incólume el texto inicial de la norma y con ella la exclusión señalada, de los (sic) que se colige que el servicio para el cual fue concedida la habilitación objeto de examen no debía someterse a proceso de licitación». Folio 448. Folios 453 a 460. Para tal efecto, aseguró que «[…] de haber existido algún vicio, pese al vicio esencial, el acto fue convalidado por la actitud de la Administración Municipal […] el saneamiento de los actos administrativos, se da cuando el defecto del acto administrativo da lugar a la sanción, en principio, de nulidad relativa, la administración posee la facultad de subsanar el vicio que lo invalida, cuya causal puede devenir tanto de un comportamiento activo como de una omisión formal o de fondo respecto de uno o más elementos del acto administrativo […] [e]l saneamiento del acto administrativo consiste en hacer desaparecer las causas del vicio del acto, es realizado por el órgano que lo emitió o sus superiores dependiendo este de la gravedad del vicio, como en el caso que nos ocupa, frente a la realización por parte de la actual Administración Municipal, de todos los actos de ejecución de la Resolución 351 del 27 de diciembre de 2007 y en especial la recepción de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, las cuales reposan en la actualidad en la Alcaldía Municipal de Marsella». Folio 467. Folio 4 Cuaderno 4. Folios 24-25 Cuaderno Consejo Estado.
“[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”:
«Por medio del cual se establece el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
«[…] Artículo 357 del Código de Procedimiento Civil Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […]». Hoy 328 del Código General del Proceso. C- 043 de 1998. Artículo 9° de la Ley 336 de 1996. Artículo 16 de la Ley 336. Magistrado Ponente: Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional. Sentencia C-033 de 29 de enero de 2014. Magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla. Artículo 11 de la Ley 336.
Artículo 18 de la Ley 336. En este sentido, puede consultarse la sentencia C- 043 de 1998, MP: Vladimiro Naranjo Mesa. Artículo 19 de la Ley 336. Sección Primera del Consejo de Estado, sentencia de 9 de diciembre de 2016, número de radicado: 05001-23-33-000-2007-03092-01, actor: Rápido San Pedro S.A, demandado: Municipio de San Pedro de Los Milagros, Magistrado Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia C- 1078 de 2002, señaló: «[…] A diferencia de la habilitación, para cuyo otorgamiento se toman en cuenta, fundamentalmente, aspectos subjetivos del empresario, tales como la capacidad administrativa, financiera y técnica, el permiso se orienta hacia los requerimientos objetivos del servicio y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 336, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización».”
En sentencia C- 043 de 1998, la Corte Constitucional dijo: «Las licencias, permisos o habilitaciones son actos administrativos de autorización otorgados por el Estado a los particulares, en ejercicio del poder de policía administrativa, para que, cumplidos ciertos requisitos legales o reglamentarios que consultan las necesidades del bien común y de la seguridad pública, aquéllos desarrollen una actividad amparada por el ordenamiento jurídico, como ocurre en el caso de los servicios públicos. Por esta razón, la licencia, permiso o habilitación constituye el título sin el cual la actividad desplegada por el particular deviene ilegítima».
«Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi». Artículo 1 del Decreto 172 de 2001. Artículo 10 del Decreto 172 de 2001. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de enero de 2016, Número de Radicado: 76001-23-31-000-2010-01824-02, actor: María Thenays Vivas Riascos y otro, demandado: Municipio de Santiago de Cali, Magistrada Ponente: María Claudia Rojas Lasso. Folio 39 Cuaderno 1. Folios 41 a 48 del Cuaderno 1. Folios 50 a 54 del Cuaderno 1. Folios 55 del Cuaderno 1. Folios 56 a 62 del Cuaderno 1. Folios 65 del Cuaderno 1. Folio 189 del Cuaderno 1. Folios 114 a 131 del Cuaderno 1. Folios 191 a 192 del Cuaderno 1. Folio 203 del Cuaderno 1. Folios 204 a 205 del Cuaderno 1. Y fecha de recibido de 1 de marzo de 2008. Folios 240 a 241 del Cuaderno 1-1. Folios 235 a 237 del Cuaderno 1-1. Folios 245 a 247 del Cuaderno 1-1. Folio 237 del Cuaderno 1-1. Folios 242 a 244 del Cuaderno 1-1. Cuaderno 2 de pruebas. Folio 203 del Cuaderno 1.
(Cita es original): Ver sentencia C-833 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería. Sobre este tema se pueden consultar también las sentencias C-543 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz, A.V. José Gregorio Hernández, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero; C-675 de 1999. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz; y C-185 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. C- 583 de 2015. Sentencia C-185 de 2002. Ver también sentencia C-427 de 2000; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicado: 110010 325 000 2010 00058 (00458-10), actor: Felipe Zuleta Lleras, demandado: Gobierno Nacional, MP: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicado: 11001 0315 000 1998 00781 01 (S-782), también puede consultarse, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 22 de marzo de 2008, CP: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicación número: 05001-23-31-000-2008-00254-01. Actor: José Vicente Blanco Restrepo, Demandado: Concejo Municipal de la Ceja Del Tambo (Antioquia).
Al respecto, resulta importante destacar que en el proceso no constan las pólizas de seguros.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número de radicado: 2011-00262 00, actor: Luisa Johanna Solano Zapata, demandado: Ministerio de Transporte, MP: Oswaldo Giraldo López.
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