Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00171-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00171-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2013-00171-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
16 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 16 de agosto de 2022
Radicación número: 110010326000-2013-00171-00 (49179)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandados: Mario Ballesteros Mejía
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN –con presunciones de la Ley 678 de 2001 – no se configura
la culpa grave
Síntesis del caso: El director del entonces Ingeominas, el 24 de octubre de 2007, a través de
acto administrativo sin motivar, retiró a una empleada pública quien ocupaba un cargo de
carrera en provisionalidad. La funcionaria demandó al Ingeominas y, después de surtirse el
proceso de nulidad y restablecimiento, se ordenó el reintegro y el pago de una
indemnización a su favor. Ingeominas pretende recuperar la suma pagada y demanda al
entonces director.
Conoce la Sala, en única instancia, la repetición de la referencia. La Sala
tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de una repetición
contra el exrepresentante de una entidad del orden nacional en virtud del
artículo 149 numeral 13 de la Ley 1437 de 20111.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 1 de noviembre de 2013, el Servicio Geológico Colombiano interpuso
acción de repetición2 contra Mario Ballesteros Mejía. Fueron sus pretensiones
(se trascribe):
“PRIMERA: Que se declare que el señor Ex – Director General de INGEOMINAS,
Doctor MARIO BALLESTEROS MEJÍA, obró con culpa grave al expedir la Resolución
No. D-456 del 24 de octubre de 2007, mediante la cual terminó el nombramiento
provisional de la señora Gilma de Rosario Ramírez Zapata, identificada con la
cédula ciudadanía No. 43.011.796, del cargo de Profesional Especializado
Código 2028, Grado 14 de la planta de personal de Ingeominas y que
posteriormente fuera anulada por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca mediante sentencia proferida el 5 de mayo de 2011,
ejecutoriada y en firme a partir del 26 de mayo de 2011.
1 ARTÍCULO 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus
Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga,
conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores
y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la
Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil,
Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales
administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades
del orden nacional.
2 Folios 2 a 17 del cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación número: 110010326000-2013-00171-00 (49179)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandados: Mario Ballesteros Mejía
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega pretensiones
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SEGUNDA: Como consecuencia a de la anterior declaración se condene al ex
funcionario MARIO BALLESTEROS MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 17.176.827 de Bogotá D.C. al pago a favor del Servicio Geológico
Colombiano, de la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MUL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 153.858.317),
correspondiente al valor total que la entidad que represento debió pagar a la
señora Gilma del Rosario Ramírez Zapata en cumplimiento de la condena
contenida en la sentencia proferida el 5 de mayo de 2011, por la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho Rad. No. 11001333102620080006101,
como consecuencia de la violación directa e inexcusable a las normas de
derecho ocasionada por el señor Mario Ballesteros Mejía.
(…)”
2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:
3. 1) El señor Mario Ballesteros Mejía, en su calidad de Director General
de Ingeominas, el 24 de octubre de 2007, dio por terminado el
nombramiento en provisionalidad de la señora Gilma del Rosario Ramírez
Zapata. En el acto señaló que “atendiendo la necesidad del servicio
encaminadas al mejoramiento en la prestación del servicio, se hace
necesario dar por terminado el nombramiento provisional efectuado (…)”
4. 2) Inconforme con esa decisión, la señora Gilma del Rosario Ramírez
Zapata interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. El
Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante Sentencia de 16 de julio de 2010, negó las pretensiones
de la demanda. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, mediante Sentencia de 5 de mayo de 2011,
accedió parcialmente a las pretensiones. En consecuencia, ordenó su
reintegro y el pago de los emolumentos dejados de percibir desde la fecha
de retiro hasta la fecha en que produjera su reintegro.
5. 3) Ingeominas dio cumplimiento a la sentencia, mediante las
Resoluciones No. D 438, D 518, D559 y d 622. En total se efectuó un pago por
valor de $153.858.317.
6. Frente al elemento subjetivo, aseguró que se configuró la culpa grave
en los términos del artículo 6 numeral 1 de la Ley 678 de 2001, esto es,
violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. Después de
citar la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
condenó a la entidad, según la cual, la motivación de la desvinculación fue
“una frase retórica e imprecisa que no le permite defenderse a la actora o
controvertir motivos” afirmó que, en efecto, se violó la ley inexcusablemente
porque no se motivó el acto de retiro. En sus palabras señaló “el ex
funcionario Ballesteros Mejía obró con culpa grave cuando profirió la
Resolución D 456 de 2007 violando de manera inexcusable la expresa
obligación enmarcada en los plurimencionados artículos [artículo 41 Ley 909
de 2004 y artículo 10 Decreto 1227 de 2005] de motivar el acto administrativo
por medio de la cual decidió terminar el nombramiento provisional de la
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Decisión: Niega pretensiones
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señora Gilma del Rosario Ramírez Zapata en el cargo de profesional
especializado, código 2028, grado 14 de la planta de personal de
Ingeominas”.
1.2 Posición de la parte demandada
7. El señor Mario Ballesteros Mejía, a través de apoderado3, se opuso a la
totalidad de pretensiones bajo dos argumentos. El primero, que, para la
fecha en que expidió la resolución de retiro de la empleada en
provisionalidad, esto es, 24 de octubre de 2007, la jurisprudencia del Consejo
de Estado señalaba que sí era posible efectuar este retiro de empleados
vinculados en provisionalidad sin motivación. Agregó que solo mediante la
Sentencia de 23 de septiembre de 2010 se unificó el criterio en el sentido de
exigir motivación. El segundo, que, en todo caso, la decisión de retiro no la
adoptó de manera arbitraria e inconsulta, sino que, en ella, participaron
diferentes dependencias. Aseguró que obedeció a “un proceso de
elaboración y revisión por parte de las áreas especializadas, encargadas de
verificar el cumplimiento de requisitos legales y formales”. Concluyó que era
profesional en administración de empresas y que confió en la asesoría de
quienes participaron en la elaboración del acto.
1.3 Trámite relevante en única instancia
8. El 21 de octubre de 20194 se realizó la audiencia inicial a la que acudieron
los apoderados de las partes y el Ministerio Público. Se agotaron todas las
etapas previstas en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. Por resultar
importante se resalta el decreto de pruebas. El Despacho solicitó las pruebas
documentales solicitadas por ambas partes. Se destaca la solicitud de la
parte demandante, respecto de los soportes de pago y de la parte
demandada, respecto de un informe pedido a la entidad demandante en
el que señalara qué funcionarios elaboraron y revisaron la Resolución D 456
de 24 de octubre de 2007, por la cual se dio por terminado el nombramiento
provisional de la señora Gilma del Rosario Ramírez. Mediante decisión de 12
de febrero de 2021 se incorporó la prueba documental allegada.
9. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión como se indica en el
índice 56 y 57 de Samai. La parte demandante solicitó que se accediera a
las pretensiones. La parte demandada solicitó que se negaran las
pretensiones por “ausencia absoluta de culpa grave”. Finalmente, el
Ministerio Público, según el índice 55 de Samai rindió concepto en el que
pidió que se condenara al demandado porque quedó demostrado que no
motivó el acto de insubsistencia, lo cual a su juicio, configura la culpa grave.
10. El 27 de julio de 2021 ingresó el asunto para fallo. En virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, las sentencias judiciales se
deben dictar en el orden en el que los expedientes hubieran ingresado al
3 Folios 254 a 257 del Cuaderno principal.
4 Folios 315 a 318 del Cuaderno 45988.
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despacho para tal fin, salvo cuando se trate de sentencia anticipada o de
prelación legal; además, en los procesos de conocimiento de esta
jurisdicción “tal orden también podrá modificarse en atención a la
naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en
atención a su importancia jurídica y trascendencia social”. En virtud de lo
anterior, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de
esta Corporación, en sesión del 5 de mayo de 2005, dispuso que las
demandas presentadas en ejercicio de la acción o medio de control de
repetición tendrían prelación de fallo, razón por la cual, la Subsección se
encuentra habilitada para resolver el asunto de la referencia en esta
oportunidad, pese a que existan procesos que entraron para dictar fallo con
anterioridad al mismo.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. Elementos objetivos; 2.3. Elemento
subjetivo. 2.4. Costas.
2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán
11. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque están reunidos
los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó
oportunamente5. En este asunto, el pago se realizó en diferentes fechas, el
último pago es de 24 de enero de 20126, antes de los 18 meses desde la
ejecutoria de la Sentencia que corrieron hasta el 27 de noviembre de 20127.
En consecuencia, los 2 años se deben contar desde el día siguiente del
pago, esto es desde el 25 de enero de 2012. Dado que la demanda se
interpuso el 1 de noviembre de 20138, se radicó dentro del término.
12. Por otra parte, como el régimen jurídico aplicable se determina por los
hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso se
aplican las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos
ocurrieron con posterioridad a su vigencia. En ese orden, se entrará a
estudiar si se configura el supuesto de hecho de la presunción de culpa
grave alegado por la demandante, prevista en el numeral 1 de artículo 6 de
la aludida Ley, por estar acreditado que el demandado violó manifiesta e
inexcusablemente las normas de derecho.
13. La Sala estudiará los 3 elementos objetivos, existencia de condena, pago
y calidad de agente y, finalmente, centrará su análisis en el elemento
subjetivo de la acción de repetición.
5 El término de caducidad de 2 años, está establecido en el artículo 164.2 literal l) del CPACA que indicó “Cuando
se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma
de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del
pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas
de conformidad con lo previsto en este Código.”
6 Folio 135 Cuaderno principal
7 La sentencia cobró ejecutoria el 26 de mayo de 2011 (Folio 42 Cuaderno principal) (18 meses: 27 de noviembre
de 2012)
8 Folio 1 del Cuaderno principal
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14. Aunque se acreditaron los elementos objetivos, la Sala negará las
pretensiones de la demanda por encontrar que no se acreditó el supuesto
de hecho de la presunción de culpa grave alegada, en la medida en que
sí existió una justificación para que se hubieran desconocido determinadas
disposiciones normativas.
2.2. Elementos objetivos
15. La existencia de la condena. Está demostrada con la Sentencia de 5 de
mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C9 que revocó la sentencia de primera
instancia que había negado las pretensiones. Esa corporación en la aludida
decisión declaró la nulidad del acto administrativo acusado, ordenó el
reintegro de la señora Gilma del Rosario Ramírez Zapata y condenó al
Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas al pago de salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el
retiro hasta que se produjese el reintegro. Esa decisión cobró ejecutoria el 7
de junio de 201110.
16. Frente al pago. Está demostrado, tanto con la Resolución No. 438 de 7
de septiembre de 2011 “Por medio de la cual se da cumplimiento a una
sentencia”11, la Resolución No. 518 de 31 de octubre de 2011 “Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
No. D-438 de 2011 y se reliquidan, reconocen y se ordena el pago de unos
intereses moratorios”12, Resolución D 559 de 25 de noviembre de 2011, por
medio de la cual se reconoció a favor de la señora Ramírez Zapata una
auxilio de cesantías13 y Resolución D 622 de 26 de diciembre de 2011, por
medio de la cual se reconoció a favor de la señora Ramírez Zapata el pago
de unos aportes en materia de seguridad social en pensiones14, así como
con las certificaciones suscritas por el Coordinador del Grupo de Tesorería
de la entidad según las cuales, en efecto, los pagos se efectuaron el 3 de
noviembre de 2011, el 30 de noviembre de 2011, el 28 de diciembre de 2011
y, finalmente, el 24 de enero de 201215.
17. Respecto de la calidad de agente está demostrada con el Decreto 572
de 2 de marzo de 2007 por el cual se nombró al demandado como Director
General del Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas y con
el acta de posesión16, según la cual tomó posesión de su cargo el 2 de marzo
de 2007. De igual forma, está probado, con la Resolución No. 456 de 24 de
octubre de 2007, que el señor Mario Ballesteros Mejía declaró insubsistente a
la señora Gilma del Rosario Ramírez en su calidad de director general17.
9 Folios 43 a 70 del Cuaderno principal
10 Folio 72 del Cuaderno principal
11 Folios 89 a 97 del Cuaderno principal
12 Folios 98 a 101 del Cuaderno principal
13 Folios 123 del Cuaderno principal
14 Folios 126 a 128 del Cuaderno principal
15 Folios 105, 112 y 135 del Cuaderno principal
16 Folios 39 y 40 del Cuaderno principal
17 Folio 71 a 72 del Cuaderno principal
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2.3. Elemento subjetivo
18. Acreditada la condena, el pago y la calidad de ex agente del
demandado se pasa a revisar si se demostró el hecho base en que se apoya
la presunción alegada18. En consecuencia, se estudiará si el señor Mario
Ballesteros Mejía, en su calidad de director general de Ingeominas, terminó
el nombramiento en provisionalidad de la señora Gilma del Rosario Ramírez
Zapata, con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
19. Para ello la Sala revisará tres aspectos. a) Las normas que
supuestamente se violaron, b) si existió violación manifiesta y c) si esa
violación fue inexcusable. Lo anterior, para concluir si, en efecto, se
configura la presunción alegada.
20. a) Respecto de las normas, se tiene que, para la fecha de expedición
del acto de insubsistencia, esto es, 24 de octubre de 2007, se encontraba
vigente la Ley 909 de 2004, artículo 41, parágrafo 219, según la cual, por regla
general los empleos públicos son de carrera administrativa y la competencia
para su retiro es reglada y debe efectuarse mediante acto motivado. El
Decreto 1227 de 2005 (compilado en el Decreto 1083 de 2015) reglamentó
esa ley y, en su artículo 10, señaló que, en caso que el empleo de carrera,
esté provisto en encargo o en nombramiento provisional antes de cumplirse
su término, el nominador, por resolución motivada, podía darlos por
terminados. El anterior, constituye el marco normativo de la presunción.
21. b) Para determinar si existió violación manifiesta de ese marco
normativo, se revisarán las pruebas aportadas por la parte demandante,
esto es, el acto administrativo que declaró insubsistente a la funcionaria20 y
la sentencia de nulidad y restablecimiento que condenó a la entidad21.
22. La Resolución D 456 de 24 de octubre de 2007, mediante la cual se dio
por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Gilma
Rosario Ramírez motivó la decisión en “las necesidades del servicio
encaminadas al mejoramiento en la prestación del mismo”. Esa fue la única
consideración respecto de los motivos de la terminación del nombramiento.
23. Por su parte, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección C, proferida el 5 de mayo de
2011, que revocó la decisión de primera instancia y condenó a la entidad,
declaró la nulidad de la aludida resolución por infringir las normas en que
debió fundarse, específicamente el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y el
artículo 10 del Decreto 1227 de 2005, que imponían el deber de motivar el
retiro de la funcionaria. En la parte motiva, esa sentencia señaló:
18 Numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001
19 “Por el cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, Gerencia Pública y se
dictan otras disposiciones.”
20 Folios 71 a 72 del Cuaderno principal
21 Folios 43 a 70 del Cuaderno principal
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Radicación número: 110010326000-2013-00171-00 (49179)
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Decisión: Niega pretensiones
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“Como puede leerse, el Instituto Colombiano de Geología y Minería – Ingeominas,
declaró terminado el nombramiento provisional de la demandante, sin expresar
esencialmente los motivos que condujeron a la toma de tal decisión, pues en el
acto simplemente se señala que el retiro se efectúa atendiendo las necesidades
del servicio y el mejoramiento del mismo, que de hecho se presume, y así dicho es
una frase retórica e imprecisa que no le permite defenderse a la actora o
controvertir tales motivos, cuando pesa desempeño de la señora Gilma del Rosario
Ramírez Zapata y en los antecedentes no se conoce causal alguna para entender
que su servicio no era eficiente. Es decir, no le señaló la entidad de forma específica
y concreta las razones que llevaron a la entidad a tomar dicha decisión; tampoco
las demostró en este proceso con lo cual se habría liberado de la responsabilidad
por irregular retiros”
24. En consecuencia, para la fecha de expedición de la resolución, sí existía
una disposición que definía el acto de retiro de un cargo de carrera como
una competencia reglada y obligaba a que se motivara el acto
administrativo de aquellos empleados que ocuparan este tipo de cargos en
provisionalidad. Luego, pudo concluirse que, al no haber motivado de
manera concreta, específica y ajustada al caso concreto se violaron 2
normas de derecho vigentes.
25. c) Para determinar si esa violación fue inexcusable se revisarán dos
pruebas que permiten concluir que existía una excusa para haber
adoptado la decisión sin la motivación requerida. De un lado, la sentencia
condenatoria y, de otro, la información otorgada por la entidad con
ocasión de una prueba pedida por el demandado.
26. De acuerdo con la Sentencia de 5 de mayo de 2011, que condenó al
Ingeominas, si bien, la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de
2005 sí previeron la obligación de motivar, lo cierto es que, para la fecha en
que se expidió el acto administrativo, esto es, 24 de octubre de 2007, no era
evidente su aplicación y, con ello, el abandono de la previsión contenida
en la norma que regía anteriormente la desvinculación de provisionales, esto
es, el Decreto 1950 de 197322, artículo 10723. Prueba de ello es que, la
sentencia del Tribunal basó su decisión en la Sentencia de unificación de 23
de septiembre de 2010, mediante la cual la Sala Plena de la Sección
Segunda fijó postura y estableció que, a partir de la entrada en vigencia de
la Ley 909 de 2004, el retiro de empleados que ocuparan cargos de carrera
en provisionalidad, debía ser justificado mediante la expedición de un acto
administrativo motivado24.
22 Decreto que desarrollaba el Decreto Ley 2400 de 1968 “Por el cual se modifican las normas que regulan la
administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.” y que facultaba a los nominadores a declarar
insubsistentes a un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar de acuerdo con la facultad discrecional.
23 ARTÍCULO 107.- En cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional,
sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover
libremente sus empleados.
"En los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una nueva persona implica la insubsistencia
del nombramiento de quien lo desempeña".
24 “Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 123 y 125 de la Constitución Política, 3º y 41 de la
Ley 909 de 2005 y 10 del decreto 1227 del mismo año, el retiro del servicio de los empleados que ocupen en la
actualidad cargos de carrera en provisionalidad, debe ser justificado mediante la expedición de un acto
administrativo motivado, y para ello, la administración no debe considerar la fecha en la que se produjo la
vinculación a través del nombramiento en provisionalidad, esto es, si fue o no con anterioridad a la vigencia de la
nueva normatividad de carrera administrativa, pues ello implicaría un tratamiento desigual en detrimento incluso
del derecho al debido proceso (en el aspecto del derecho a la defensa) respecto de aquellos cuyos
nombramientos de produjeron en vigencia de la Ley 443 de 1998.” Sentencia de 23/09/10 Rad. 0883-08
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Decisión: Niega pretensiones
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27. De acuerdo con lo respondido por la entidad, con ocasión de la prueba
pedida por el demandado25, la decisión de terminar el nombramiento que
ostentaba la señora Gilma del Rosario Ramírez en los términos de la
Resolución D 456, la adoptó el director general de la entidad, Mario
Ballesteros Mejía y contaba con los vistos buenos de 3 abogados, esto es: a.
Edwin González Moreno, en calidad de secretario general de la entidad,
José Fernando Arroyave, en calidad de jefe de la oficina asesora jurídica de
la entidad y Rosalba Contreras Quintero, profesional especializado, Código
2028, grado 19, Coordinadora del grupo de recursos humanos de la
entidad26 .
28. De lo expuesto, es válido concluir que, para la fecha en que se adoptó
la decisión, la jurisprudencia del Consejo de Estado aún no había sentado
postura frente al deber de motivación para la desvinculación de empleados
nombrados en provisionalidad y, si bien, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227
de 2005 así lo disponían, lo cierto es que, para el 2007 (fecha en que se
profirió el acto que causó la condena), quedaban huellas de la postura
según la cual no debía efectuarse la motivación como se permitía en
vigencia del Decreto 1950, artículo 107. Adicionalmente, también es válido
señalar que la decisión de expedir los actos administrativos fue consultada
y preparada por la oficina asesora jurídica e, incluso, por la coordinadora
de recursos humanos. Luego, no puede concluirse que se haya tratado de
una decisión arbitraria e inconsulta del director de Ingeominas, sino que
obedeció a lo recomendado por sus asesores.
29. En consecuencia no se configuró el supuesto de hecho en que se
funda la presunción, esto es, haber actuado con violación manifiesta e
inexcusable de las normas de derecho. De igual forma, debe indicarse que
no se probó la culpa grave por fuera de las presunciones comoquiera que,
del acto administrativo que declaró insubsistente a la funcionaria y la
sentencia de nulidad y restablecimiento, no es posible concluir que la
actuación del demandado hubiera estado revestida de una negligencia tal
que permitiera atribuirle la responsabilidad patrimonial. Por lo anterior se
negarán las pretensiones de la demanda.
2.4. Condena en costas
22. El artículo 188 del CPACA estableció que “salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”. De acuerdo con el numeral primero del artículo 365
del Código General del Proceso, aplicable a la única instancia, “se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, (…)”. El artículo 361
del CGP indicó que las costas se componían de expensas y gastos
sufragados en el proceso y agencias en derecho.
25 Oficiar al Servicio Geológico Colombiano para que informe “(…)b. A qué personas, con sus nombres, cargos y
profesiones, corresponden las cuatro rúbricas sitas al pie de la firma que estampó el Director General de
INGEOMINAS en la Resolución No. D-456 de octubre 24 de 2007. (…)”
26 Folio 302 del expediente.
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Radicación número: 110010326000-2013-00171-00 (49179)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandados: Mario Ballesteros Mejía
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega pretensiones
_____________________________________________________________________________________________________________
30. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los
criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el
momento de presentación de la demanda27. Respecto de su valor, el
numeral 3.1.1 del artículo 6 estableció que, para la única instancia de
procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser
fijadas en “Con cuantía: Hasta el quince por ciento (15%) del valor de las
pretensiones, reconocidas o negada en la sentencia.”
31. La Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en el 7.5 %
del valor de las pretensiones. Como su valor actualizado asciende a ($
230.157.305)28, las agencias en derecho serán fijadas en ($17.261.797).
32. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el
proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se
hubieren causado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. Fijar en favor en
favor de la parte demandada la suma $ 17.261.797 por concepto de
agencias en derecho. Las otras costas (expensas y gastos) serán liquidadas
por Secretaría en el caso de que se hubieren causado.
TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, ARCHÍVESE
el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
27 “La naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo
que sean equitativas y razonables”
28 Esta suma fue actualizada desde noviembre de 2013, fecha de presentación de la demanda, hasta la fecha de
esta sentencia.
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