Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00091-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00091-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2018-00091-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
31 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 31 de mayo de 2024
Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00091-00 (61776)
Actor: Universidad Popular del César
Demandado: Cesar Orlando Torres Moreno
Referencia: Acción de repetición – Ley 1437 de 2011-
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN –Sin presunciones de la Ley 678 de 2001 – no existió una
afectación patrimonial
Síntesis del caso: El demandado, en su calidad de rector le asignó a un empleado las
funciones de un cargo de mayor grado, sin reconocerle y pagarle la diferencia salarial. El
empleado demandó en nulidad y restablecimiento y, durante el trámite judicial, se concilió.
La Universidad pretende que el demandado le devuelva el dinero que tuvo que pagar.
La Sala tiene competencia para estudiar este asunto, en única instancia, por
tratarse de una repetición contra el exrepresentante de una entidad del
orden nacional en virtud del artículo 149 numeral 13 de la Ley 1437 de 20111.
Mediante Auto de 25 de febrero de 2021 el magistrado ponente dispuso
proferir sentencia anticipada por no existir pruebas por practicar, de
conformidad con el artículo 13 del Decreto 806 de 2020.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 20 de junio de 2018, la Universidad Popular del César interpuso acción
de repetición2 en contra de Cesar Orlando Torres Moreno. Fueron sus
pretensiones (se trascribe):
“1. Que se declare responsable a CESAR ORLANDO TORRES MORENO de los
perjuicios ocasionados a la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CÉSAR, por el pago de la
conciliación prejudicial aprobada por providencia de 2 de junio de 2016 por el
Tribunal Administrativo del (sic), por acto administrativo contenido en la
comunicación oficio RECT-100-03-04-260-2014 de fecha 10 de septiembre de
1 ARTÍCULO 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus
Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga,
conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores
y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la
Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil,
Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales
administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades
del orden nacional.
2 Folios 2 a 17 del cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación número: 110010326000-2013-00171-00 (49179)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandados: Mario Ballesteros Mejía
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega pretensiones
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2014, por medio del cual se le negó a JOSÉ LUIS SÁNCHEZ BLANCO, por concepto
del reconocimiento de la diferencia salarial, reajustes de prestaciones sociales y
aportes al sistema de la seguridad social, cuando éste ocupó el cargo de asesor
grado 16, dentro del periodo comprendido del 5 de febrero de 2010 y el 6 de
diciembre de 2011 de la planta globalizada de la Universidad Popular del César.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a CESAR ORLANDO
TORRES MORENO a cancelar la suma de cincuenta y cinco millones novecientos
veintinueve mil trescientos noventa y nueve pesos ($ 55.929.399) M/CTE, a favor
de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR; suma de dinero que pagó esta entidad
a JOSÉ LUIS SÁNCHEZ BLANCO por haberse hecho una asignación de funciones
que generó una diferencia salarial y como consecuencia un pago en una
conciliación la cual fue aprobada por el Tribunal Administrativo del Cesar, en
providencia del 2 de junio de 2016.
3.Que se condene a CESAR ORLANDO TORRES, a cancelar intereses comerciales
a favor de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR desde la ejecutoria de la
providencia que ponga fin a este proceso.
4. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al
consumidor.”
2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:
3. 1) El señor José Luis Sánchez Blanco ocupaba el cargo asesor de
rectoría código 1020, grado 11 en la Universidad Popular del César.
Mediante Resolución 339 de 5 de febrero de 2010, el rector encargado,
Cesar Orlando Torres Moreno, le asignó funciones propias del cargo asesor
de rectoría código 1020, grado 16. Sin embargo, no efectuó el
reconocimiento salarial y prestacional correspondiente al incremento de
grado.
4. 2) El señor Sánchez Blanco solicitó el pago de la diferencia salarial y
prestacional. El rector de la época, Jesualdo Hernández Mieles, profirió acto
administrativo contenido en el Oficio RECT-100-03-07-260-2014 de 10 de
septiembre de 2014 en el que le negó el reconocimiento de la diferencia
salarial y prestacional derivada de la asignación de funciones del cargo de
asesor de rectoría código 1020, grado 16.
5. 3) Inconforme con esa decisión, el señor Sánchez Blanco interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara
la nulidad del oficio con las consecuencias. Dentro de ese proceso judicial
se concilió y, mediante providencia de 2 de junio de 2016, el Tribunal
Administrativo de César aprobó la conciliación.
6. 4) En virtud de esa conciliación, la Universidad Popular de César le
tuvo que pagar al señor José Luis Sánchez Blanco $ 56.157.117
correspondiente a la diferencia salarial.
7. Frente al elemento subjetivo, después del citar el artículo 6 de la Ley 678
de 2001 señaló que el demandado “actuó presuntamente con culpa grave,
de manera que al expedir el acto administrativo que asignó las funciones sin
pagar la diferencia salarial y prestacional del señor José Luis Sánchez Blanco
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Radicación número: 110010326000-2013-00171-00 (49179)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandados: Mario Ballesteros Mejía
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega pretensiones
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[Resolución 339 de 5 de febrero de 2010], violó las normas en las que debía
fundarse.”
1.2 Posición de la parte demandada
8. Pese a que el señor Cesar Orlando Torres Moreno fue notificado3, no
designó apoderado ni intervino en el proceso judicial.
1.3 Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
9. Las partes se abstuvieron de alegar de conclusión4. El Ministerio Público
rindió concepto5 en el que pidió desestimar las pretensiones porque no se
probó la presunción prevista en el artículo 6 numeral 1 de la ley 678 de 2001,
esto es, la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
Aseguró que “si bien se aportó copia de la Resolución No 339 de fecha 05
de febrero de 2010, mediante la cual se le asignaron las funciones de Asesor
grado 16 al señor José Luis Sánchez Blanco, nada prueba en relación con la
transgresión de manera manifiesta al ordenamiento jurídico, ni mucho
menos en lo atinente a la inexcusabilidad de la conducta del accionado.”
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. Elementos objetivos; 2.3. Análisis sustantivo.
2.4. Costas.
2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán
10. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque están reunidos
los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó
oportunamente6. En este asunto, el pago se realizó el 22 de junio de 20167,
antes de los 10 meses desde la ejecutoria de la providencia que aprobó la
conciliación, los cuales corrieron hasta el 17 de abril de 20178. En
consecuencia, los 2 años se deben contar desde el día siguiente del pago,
esto es, desde el 23 de junio de 2016. Dado que la demanda se interpuso el
20 de junio de 20189, se radicó dentro del término.
11. Frente al régimen jurídico aplicable, se encuentra que, en este caso, por
la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es, 5 de febrero de 2010, se
podrían aplicar las presunciones legales de la Ley 678 de 2001. Sin embargo,
no se puede desconocer que la parte demandante no alegó ni estructuró
la configuración de ninguna de las presunciones. Aunque el Ministerio
3 Folio 77 y 77 vuelto del Cuaderno principal
4 Folio 88 del Cuaderno principal
5 Índice 35 Samai
6 El término de caducidad de 2 años, está establecido en el artículo 164.2 literal l) del CPACA que indicó “Cuando
se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma
de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del
pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas
de conformidad con lo previsto en este Código.”
7 Folio 135 Cuaderno principal
8 El auto cobró ejecutoria el 16 de junio de 2016 (Folio 19 Cuaderno principal) (10 meses: 17 de abril de 2017)
9 Folio 1 del Cuaderno principal
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Radicación número: 110010326000-2013-00171-00 (49179)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandados: Mario Ballesteros Mejía
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega pretensiones
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Público consideró que se alegó la primera presunción del artículo 6 de la Ley
678 de 200110, lo cierto es que, además de que la parte actora no aludió
expresamente a esa presunción, no explicó en qué consistió la violación
manifiesta y el carácter inexcusable. Se limitó a señalar que el actor “violó
las normas en las que debía fundarse”. Luego, de esa expresión, la Sala no
puede entender que se invocó y explicó en qué consistía la presunción. En
consecuencia, el estudio se hará por fuera de las presunciones.
12. La Sala estudiará los 3 elementos objetivos, existencia de condena, pago
y calidad de agente y, finalmente, centrará su análisis en revisar si, en efecto,
hay lugar a repetir contra el demandado.
13. Aunque se acreditaron los elementos objetivos, la Sala negará las
pretensiones de la demanda porque no existió una afectación patrimonial
de la Universidad demandante comoquiera que, por el pago realizado, el
señor José Luis Sánchez Blanco prestó sus servicios como asesor de rectoría
código 1020, grado 16.
2.2. Elementos objetivos
14. La existencia de la conciliación. Está demostrada con el Auto de 2 de
junio de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de César11 que aprobó
la conciliación judicial. Esa decisión cobró ejecutoria el 15 de junio de 201612.
15. Frente al pago. Está demostrado tanto con la Resolución No. 1438 de 20
de junio de 2016 “Por medio de la cual se reconoce y se ordena el pago de
una conciliación judicial”13, así como con los comprobantes de pago y
egreso14 y la certificación expedida por el Coordinador Grupo tesorería de
la Universidad Popular del César.15.
16. Respecto de la calidad de agente está demostrada con la Resolución
339 de 5 de febrero de 2010, suscrita por el demandado Cesar Orlando
Torres Moreno en su calidad de rector encargado, mediante la cual le
asignó funciones al señor Sánchez Blanco16.
2.3. Análisis sustantivo
17. El artículo 2 de la Ley 678 de 2001, señaló que la acción de repetición es
una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del
servidor o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta
dolosa o gravemente culposa, haya dado reconocimiento indemnizatorio
por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra
10 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
11 Folios 10 a 19 del Cuaderno principal
12 Folio 19 del Cuaderno principal
13 Folios 28 a 30 del Cuaderno principal
14 Folios 24 a 25 del Cuaderno principal
15 Folio 26 del Cuaderno principal
16 Folio 40 del Cuaderno principal
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Radicación número: 110010326000-2013-00171-00 (49179)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandados: Mario Ballesteros Mejía
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega pretensiones
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forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra
el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en
forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.
18. En el caso concreto, existió un pago de naturaleza indemnizatoria. Está
probado que el señor Cesar Orlando Torres Moreno, en su calidad de rector
encargado de la Universidad Popular del Cesar, mediante la Resolución 339
de 5 de febrero de 2010, le asignó funciones de asesor grado 16 al señor José
Luis Sánchez quien se desempeñaba como asesor grado 1117. El señor
Sánchez Blanco reclamó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial
y prestacional por la asignación de funciones y, mediante Oficio Rec 100-03-
07-260-2014 de 10 de septiembre de 2014, el rector de la época le negó el
reconocimiento18.
19. En consecuencia, el señor José Luis Sánchez demandó a la Universidad
Popular del Cesar para que se declarara la nulidad del oficio No. RECT 100-
03-07-260-2014 de fecha 10 de septiembre de 2014 y se reconociera y
pagara, a título de restablecimiento del derecho, el reajuste de la
asignación salarial y de las prestaciones sociales, parafiscales, sueldos y
demás valores cancelados con una asignación más baja dentro del periodo
comprendido entre febrero de 2010 a diciembre de 2011.
20. Dentro de ese proceso judicial, el Comité de Conciliación de la
Universidad Popular, previo a que se dictara condena, autorizó la
presentación de un acuerdo conciliatorio consistente en pagar el 90% de las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
lugar a pagar intereses moratorios ni agencias en derecho. Ese acuerdo fue
aceptado por la parte demandante y, posteriormente, sometido a la
aprobación del Tribunal Administrativo de Cesar que, mediante Auto de 2
de junio de 2016, lo aprobó.
21. En ese orden, la conciliación a la que se allegó dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento dio cuenta de la existencia de un
daño y su, consecuente, indemnización. Tan así, que se alegó una ilegalidad
del acto administrativo que se negó a efectuar ese reconocimiento de la
diferencia salarial, se pidió un restablecimiento y, finalmente, se logró una
conciliación entre las partes que fue aprobada tras verificar los requisitos de
ley.
22. En este punto, se resalta que la indemnización de un daño no se
presenta solo a través de la reparación directa o la acción de grupo, sino,
incluso, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En el caso concreto, pagar el dinero adeudado por el incremento de grado
en el cargo en el que fue nombrado el señor Sánchez Blanco es una forma
17 Folio 40 del Cuaderno principal.
18 Folio 22 del Cuaderno principal.
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Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandados: Mario Ballesteros Mejía
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega pretensiones
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de reparar un daño19. Luego, el pago que se realizó, solo como
consecuencia de haber interpuesto una demanda de nulidad y
restablecimiento, haber conciliado y, finalmente, aprobarse el acuerdo, sí
fue indemnizatorio.
23. Sin embargo, no existió una afectación patrimonial. La acción de
repetición desarrollada en la Ley 678 de 2001, desde que se concibió, se
pensó como una herramienta para proteger el patrimonio público:
24. Así, por ejemplo, en informe de ponencia para el proyecto de ley 131
de 1999 Senado, 307 de Cámara, que, posteriormente, sería la Ley 678 de
2001 se indicó “La acción de repetición, a través dela cual se concreta lo
anterior, debe ser entendida esencialmente como una herramienta para
conseguir la moralidad y la eficiencia de la función pública, generadora de
un efecto preventivo sobre el accionar de los agentes estatales y, en lo
posible, como un mecanismo para recuperar los dineros que, a título de
indemnización, son pagados”.
25. De igual forma, la Ley 678 de 2001, acorde con ello, señaló en su
artículo 3 que la acción de repetición está orientada a garantizar los
principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de
los fines retributivo y preventivo. Y la Sentencia C 832 de 2001 que fue la
primera sentencia de la Corte Constitucional que se pronunció respecto de
la Ley 678 de 2001 señaló: “Por último, es importante resaltar que la acción
de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección
del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la
realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho,
como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política.”.
26. Recientemente la Corte Constitucional en Sentencia C 414 de 2022
señaló “la acción de repetición es subsidiaria a la declaratoria de la
responsabilidad estatal. Eso significa que esta solo se activa cuando ocurre
un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la
conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes”.
27. En consecuencia, si la repetición es una acción prevista para proteger
el patrimonio público, en este caso, la Sala considera que no procede,
porque el patrimonio público de la Universidad Popular del Cesar no se vio
afectado. Lo anterior, porque, con ocasión del pago efectuado dentro de
la conciliación judicial en el marco de la nulidad y restablecimiento del
19 En este punto, considero necesario destacar que, inclusive, la configuración temprana y más elemental de la
institución jurídica de la reparación invitaba al restablecimiento de las cosas al estado anterior de la producción
del daño, idea que fue evolucionando para incorporar diversas formas de reparación, entre las que se encuentran,
además del restablecimiento, la indemnización (que puede comprarse con el subrogado pecuniario) y, las formas
de reparación no pecuniarias (satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición para las víctimas). En ese
sentido lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, incluso, desde sus primeras
decisiones19, afirmó que la reparación integral se trata de un principio de derecho internacional, cuyo elemento
central es la restitutio in integrum, y esta última incluía tres factores: (i) restablecimiento; (ii) reparación de las
consecuencias, de manera genérica; y (iii) la indemnización. Así, considero que no es correcto considerar que el
restablecimiento no es una medida de reparación, pues desconoce que es, sin duda, su más elemental
manifestación.
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Radicación número: 110010326000-2013-00171-00 (49179)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandados: Mario Ballesteros Mejía
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derecho, no se afectó su patrimonio, sino que, lo que ocurrió fue el pago de
un servicio que la Universidad recibió.
28. El señor José Luis Sánchez Blanco le asignaron funciones de un Asesor
grado 16 y él prestó sus servicios como empleado público bajo esas
condiciones, sin embargo, únicamente se le pagaron los salarios y
prestaciones laborales de un Asesor grado 11. En esa medida, el pago de la
diferencia salarial no constituyó una afectación patrimonial sino el pago del
valor que no le fue cancelado por ejercer las funciones de un cargo de
mayor grado.
29. Lo anterior hace que la Sala se releve de estudiar si se configuró el
elemento subjetivo del agente judicial demandado.
2.4. Condena en costas
30. El artículo 188 del CPACA estableció que “salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”. De acuerdo con el numeral primero del artículo 365
del Código General del Proceso, aplicable a la única instancia, “se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, (…)”. El artículo 361
del CGP indicó que las costas se componían de expensas y gastos
sufragados en el proceso y agencias en derecho.
31. No se fijará agencias en derecho porque pese a que el demandado
fue notificado no nombró apoderado ni compareció al proceso. De existir
costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se
procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se hubieren causado
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante. Sin lugar a
agencias en derecho. Las otras costas (expensas y gastos) serán liquidadas
por Secretaría en el caso de que se hubieren causado.
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Radicación número: 110010326000-2013-00171-00 (49179)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandados: Mario Ballesteros Mejía
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega pretensiones
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TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, ARCHÍVESE
el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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