Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2017-00068-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2017-00068-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2017-00068-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-26-000-2017-00068-00 (59345)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la
meseta de Bucaramanga
Demandado: Fredy Antonio Anaya Martínez y otro
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Temas: Acción de repetición – única instancia / Presupuestos de procedencia - condena patrimonial / Análisis
del daño – no existe afectación patrimonial.
Síntesis del caso: se impuso sin competencia una contribución por valorización. La entidad beneficiaria tuvo que
reembolsar los valores pagados, debidamente indexados. Se repite el pago realizado por este último concepto.
Conoce la Sala, en única instancia, la repetición de la referencia. La Sala
tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de una repetición
contra un exrepresentante de una entidad del orden nacional en virtud del
artículo 149 numeral 13 de la Ley 1437 de 20111.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Actuación relevante
en única instancia.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 19 de diciembre de 20142, la Corporación Autónoma Regional para la
defensa de la meseta de Bucaramanga (CDMB) interpuso demanda de
repetición en contra de Fredy Antonio Anaya Martínez3 y Carlos Octavio
Gómez Ballesteros, con el fin de que se les declarara responsables del
detrimento patrimonial causado a la entidad, representado en el valor de
la actualización monetaria de unas sumas de dinero cuya restitución
confirmó en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Santander
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; ese dinero
había sido recibido por la CDMB a título de cobro por valorización. Las
pretensiones fueron (se trascribe)4:
1 El Artículo 149, en su versión vigente al momento de la presentación de la demanda. Según esa norma, el Consejo
de Estado conoce, en única instancia, de las demandas de repetición promovidas en contra de “los
representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional”, y en este caso, las pretensiones de
repetición de la parte actora se dirigieron, entre otro, contra un exdirector general de una corporación autónoma
regional, entidad a la que, según la jurisprudencia de esta Corporación (Sección Segunda, Sentencia del 11 de
noviembre de 2009, exp. 2003-01749) y de la Corte Constitucional (C-275 de 1998 y C-689 de 2011), se le ha
otorgado la connotación de “entidad pública del orden nacional”.
2 Folio 102 y 103 del cuaderno principal.
3
Aunque la demanda fue dirigida contra Freddy Antonio Anaya Martínez, la Sala observa que el nombre correcto
del demandado es Fredy Antonio Anaya Martínez, que es el que se utilizará a lo largo de esta decisión. En la
Resolución 640 de 2003 (que impuso la contribución), y en la 1008 de 2003 (por medio de la cual se resolvió el
recurso de reposición), ambas con su firma (fl. 63 y 134) consta el nombre del demandado como Fredy Antonio
Anaya Martínez; así como en la constancia de vinculación a la CDMB (fl. 129), y en el sello de presentación ante
la Notaría Primera del círculo de Bucaramanga al momento de conferir poder para este proceso (índice Samai
49).
4 En la forma en la que quedaron luego de la reforma de la demanda (fl. 113-128).
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Radicado: 11001-03-26-000-2017-00068-00 (59345)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la
meseta de Bucaramanga
Demandado: Fredy Antonio Anaya Martínez y otro
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Niega pretensiones
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“PRIMERA: Que se declare que los Señores CARLOS OCTAVIO GOMEZ BALLESTEROS
Y FREDDY (sic) ANTONIO ANAYA MARTINEZ son responsables de los perjuicios
materiales causados a la CDMB, en cuantía de SIETE MILLONES DOSCIENTOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIENTE MIL PESOS CON CUATRO
CENTAVOS($7.204.427,04) diferencia que resulta de la actualización que debió ser
realizada con base al incremento del IPC, a las sumas que fueron reintegradas por
parte de la CDMB, conforme a la sentencia proferida por el tribunal Administrativo
de Santander en contra de la CDMB y a favor de los demandantes, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se iniciaron, por parte de
MIGUEL ANGEL TABARES CORREA por el Cobro de valorización de la Quebrada la
iglesia, por la conducta gravemente culposa en la expedición de los actos
administrativos: Resolución N. 00640 del 16 de julio de 2003, y la Resolución N. 01008
del 24 de octubre de 2003, los cuales fueron sacados del tránsito jurídico por falta
de competencia de la entidad para su expedición.
SEGUNDA: En consecuencia que se condene a CARLOS OCTAVIO GOMEZ
BALLESTEROS Y FREDDY (sic) ANTONIO ANAYA MARTINEZ al pago a favor de la
CDMB, SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIENTE MIL
PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($7.204.427,04)
TERCERA: La respectiva condena será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 178 del C.C.A. (…)” -se resalta-.
2. Los hechos que fundamentaron las pretensiones se resumen así:
3. 1) Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros
estaban vinculados a la CDMB como Director General y Secretario General.
El primero, expidió la Resolución 640 de 16 de julio de 20035, que estableció
una contribución por valorización, acto que fue expedido desconociendo
que la Corte Constitucional, en Sentencia C-155 de 26 de febrero de ese
mismo año, había declarado inexequible que las entidades del orden
nacional pudieran establecer dicha contribución.
4. 2) Miguel Ángel Tabares Correa, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento contra la Resolución 640 de 16 de julio de 2003 y 1008 de
24 de octubre de 2003 (que había resuelto en la vía gubernativa un recurso
de reposición contra aquella). En Sentencia de segunda instancia proferida
el 16 de noviembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander declaró
la nulidad de esas resoluciones, con fundamento en el vicio de falta de
competencia que se ponía en evidencia con el fallo de la Corte
Constitucional. A título de restablecimiento, ordenó la restitución indexada
de las sumas que habían sido recibidas por concepto de valorización. En
este caso, el pago a Tabares Correa se hizo por $24’860.931,74, de los cuales
$7’204.427,04 correspondían a corrección monetaria, monto que constituía
un detrimento patrimonial, pues la entidad tuvo que reintegrar “mayores
valores”.
5. En los fundamentos de derecho de la demanda, la parte actora sostuvo
que los demandados elaboraron y revisaron el acto administrativo que
impuso la contribución por valorización, “sin tener en cuenta la sentencia C
155 de febrero 26 de 2006, la cual dej[ó] sin competencia a la CDMB para
5 Documento en el que consta: “Revisó: C. Gómez” (fl. 63).
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ejercer el cobro por valorización”, de manera que incurrieron en la
presunción de culpa grave prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 6 de
la Ley 678 de 2001.
1.2 . Trámite relevante en única instancia
6. El 15 de enero de 20156, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Bucaramanga declaró la falta de competencia para tramitar el asunto.
Lo anterior, debido a que fue el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Bucaramanga quien conoció del proceso de responsabilidad.
7. El 28 de abril de 20167, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bucaramanga admitió la demanda y el 4 de mayo de 20178, remitió el
proceso al Consejo de Estado por considerarlo de su competencia, toda vez
que “la demanda fue dirigida contra Fredy Antonio Anaya Martínez, quien
era Representante a la Cámara por el Departamento de Santander”.
8. El 5 de julio de 20189, esta corporación admitió la demanda e indicó que
era competente para conocer en única instancia del presente asunto según
lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, ya que
se demandó a Fredy Antonio Anaya Martínez por las actuaciones que
realizó cuando era el director general de CDMB.
9. El 17 de octubre de 201810 Carlos Octavio Gómez Ballesteros, actuando
en nombre propio, contestó la demanda. En su defensa, alegó que la CDMB
nunca tuvo conocimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que
fundamentaba las pretensiones de repetición, pues no era parte de ese
proceso y no fue conocido por sus funcionarios; también alegó que los acá
demandados, se limitaron a acatar una directriz impartida por el Consejo
Directivo de la CDMB, de manera que no habían procedido de mala fe o
con culpa grave, sobre todo cuando existía un pronunciamiento del
Consejo de Estado en sentido favorable sobre la legalidad del Acuerdo 865
de julio de 1998 (por medio del cual se adoptó el Estatuto del Sistema de la
Contribución de Valorización), antecedente jurídico inmediato de la
Resolución 640 de 16 de julio de 200311. Fredy Antonio Anaya Martínez, a
pesar de que fue notificado de la controversia, no contestó la demanda.
6 Folio 105-106.
7 Folio 165.
8 Folio 230-231.
9 Folio 255-266.
10 Folio 307-315.
11 En escrito separado (fl. 316), formuló la excepción previa de “falta de competencia”. Como fundamento, adujo
que, de conformidad con el artículo 128 del Código de procedimiento Administrativo, el competente para
conocer de este proceso eran los juzgados administrativos ya que, el demando Fredy Antonio Anaya Martínez, ya
no era Representante a la Cámara. Por Auto de 31 de agosto de 2022 se declaró no probada la excepción con
fundamento en que: “…la causa que motivó el proceso la constituyen las actuaciones que tuvieron lugar mientras
el demandado Fredy Antonio Anaya Martínez ejerció el cargo de Director General de la CDMB, entidad que,
según la Ley 99 de 1993, la Resolución 1890 de 2006, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y, según lo dispuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado, es del orden nacional. // Además, es
importante precisar que, si bien el señor Carlos Octavio Gómez Ballesteros no ejerció ninguno de los cargos a los
que hace mención el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, eso no releva a esta Corporación de
conocer de la demanda formulada en su contra, de conformidad con lo previsto en el paraágrafo segundo del
artículo 7 de la Ley 678 de 2001, considerando la calidad del otro demandado y con independencia de que en
la actualidad ya no ocupe dicho cargo” (índice Samai 51).
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10. En Auto de 16 de febrero de 2024, se expusieron las razones por las
cuales en esta controversia era viable prescindir de la realización de la
audiencia inicial y se podía dictar sentencia anticipada; se decretaron las
pruebas solicitadas por la parte demandante, se negaron las pedidas por el
demandado Carlos Octavio Gómez Ballesteros y se fijó el litigio12.
11. Por Auto de 9 de julio de 202413, se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegaciones. La parte actora insistió en los
planteamientos de la demanda; a su juicio, era evidente “…el claro
descuido por parte de los funcionarios demandados al incumplir las
obligaciones legales y administrativas, así como el principio de legalidad
tributaria al expedir la Resolución No.000640 del 16 de julio de 2003”.
12. El demandado Carlos Octavio Gómez Ballesteros, a los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda, agregó que el Consejo de
Estado, en pronunciamientos recientes en casos análogos, determinó que el
pago de indexación por parte de la CDMB en los eventos en los que fue
condenada a restituir sumas de dinero por concepto de valorización, no
representaba, en el ámbito de los presupuestos de la acción de repetición,
una condena judicial que le hubiera representado una afectación
patrimonial, pues lo que se ordenó fue una simple restitución.
13. El demandado Fredy Antonio Anaya Martínez, alegó que la parte
actora no había precisado la forma como se materializó el comportamiento
culposo que le atribuyó, lo que hacía improcedente una valoración de su
conducta. Además, solicitó que se ponderara un precedente proferido por
la Sección Tercera en un asunto similar (56622 de 30 de julio de 2021, también
referido por el otro demandado), en el que se desestimaron las pretensiones
de la CDMB con respaldo en que la orden de restitución no comportaba
una afectación patrimonial para el Estado.
14. El Ministerio Público no emitió concepto.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3. Costas.
2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán
12 En los siguientes términos: “…resolver si los demandados (…) son responsables por haber causado a título de dolo
o culpa grave, un daño a la entidad demandante que terminó en el pago que tuvo que realizar por virtud de la
condena impuesta en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho iniciado por el señor Miguel Ángel
Tabares Correa en el marco del proceso 68001-33-31-002-2004-0876-01, por el cobro de valorización de la
Quebrada La Iglesia a través de las Resoluciones 640 de 16 de julio de 2003 y 1000 de 22 de octubre de 2003”.
13 índice Samai 67
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15. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque están reunidos
los presupuestos procesales para dictar sentencia. Al respecto, la demanda
se presentó en forma oportuna14.
16. Aunque están acreditados los tres elementos objetivos de la acción de
repetición: existencia de una condena indemnizatoria15, su pago16 y calidad
de agente estatal de los demandados17, un análisis del contexto en el que
fue impuesta dicha condena judicial pone en evidencia que, el pago del
capital adeudado y de la corrección monetaria, ordenados dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, aunque tenían carácter
indemnizatorio no representaron una afectación patrimonial para el Estado,
circunstancia que hacía inviables las pretensiones.
2.3. Análisis sustantivo
17. El artículo 2 de la Ley 678 de 2001, señaló que la acción de repetición es
una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del
servidor o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta
dolosa o gravemente culposa, haya dado reconocimiento indemnizatorio
por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra
forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra
el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en
forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.
18. En este punto, la Subsección reitera que “la indemnización de un
daño no se presenta solo a través de la reparación directa o la acción de
grupo, sino, incluso, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho”18. Así, la restitución indexada del dinero adeudado por el
Estado a un ciudadano que, como en este asunto, no tenía la obligación
14 El término de caducidad de 2 años, está previsto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y en el literal i) del artículo
164 del CPACA (en su versión vigente a la fecha de presentación de la demanda). En este caso, el pago completo
de la condena se hizo el 26 de febrero de 2013, antes de que venciera el plazo previsto por la ley con ese fin. La
sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 17 de enero de 2013 (fl. 248 c. 1), de modo que el plazo para el
pago se extendía hasta julio de 2014 (la Sala toma el plazo de 18 meses para el cumplimiento del fallo, en la
medida en que el estatuto procesal con el cual se tramitó la acción de nulidad y restablecimiento fue el Decreto
1 de 1984). El conteo de la caducidad comenzó, entonces, desde el pago total de la indemnización, por lo que
la acción caducaría en febrero de 2015. La demanda promovida el 19 de diciembre de 2014 fue oportuna.
15 La existencia de la condena está demostrada con la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander de 16 de noviembre de 2012, ejecutoriada el 17 de enero de 2014 (fl. 33-49 del cd anexo con la
demanda). En ella se confirmó el fallo de 14 de mayo de 2010, que declaró la nulidad de la Resolución 640 del 16
de julio de 2003 y 1008 del 24 de octubre del mismo año y, a título de restablecimiento, ordenó: reconocer y pagar
a favor del demandante Miguel Ángel Tabares Correa las sumas que pagó a título de contribución por
valorización, sumas que ordenó reintegrar ajustadas por inflación.
16 Frente al pago de la condena, el certificado que se acompañó con la reforma de la demanda, expedido por
el tesorero de la CDMB, que da cuenta del desembolsó la suma de $24’860.931,74, es “prueba suficiente” de dicho
presupuesto, como lo dispone el artículo 142 del CPACA. En cualquier caso, con la demanda también se allegaron
los soportes de esa certificación (comprobante de egreso y “estado de pago” expedido por el Banco Davivienda
[cfr. fl. 50-54 y 131-133]).
17 Respecto de la calidad de agente, la parte actora allegó constancias expedidas por el coordinador del grupo
de talento humano de la CDMB, sobre la vinculación de los demandados a esa entidad (fl. 129-130). Además, los
demandados, por las afirmaciones que realizaron en la contestación de la demanda y en sus alegatos de
conclusión, reconocieron su calidad de agentes estatales para la época de los hechos que conllevaron a la
condena contra el Estado.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 31 de mayo de 2024,
Exp. 11001-03-26-000-2018-00091-00 (61776), aprobada sin aclaraciones o salvamento de voto.
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legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización, se trató
de una forma de reparar un daño19.
19. Sin embargo, para los efectos de la acción de repetición, la Sala
observa que, en relación con el Estado, ese pago no comportó una
afectación patrimonial. La acción de repetición desarrollada en la Ley 678
de 2001, desde que se concibió, se pensó como una herramienta para
proteger el patrimonio público:
20. Así, por ejemplo, en informe de ponencia para el proyecto de ley 131
de 1999 del Senado y 307 de 2000 de la Cámara que, posteriormente, sería
la Ley 678 de 2001 se indicó “La acción de repetición, a través de la cual se
concreta lo anterior, debe ser entendida esencialmente como una
herramienta para conseguir la moralidad y la eficiencia de la función
pública, generadora de un efecto preventivo sobre el accionar de los
agentes estatales y, en lo posible, como un mecanismo para recuperar los
dineros que, a título de indemnización, son pagados”.
21. De igual forma, la Ley 678 de 2001, acorde con ello, señaló en su
artículo 3 que la acción de repetición está orientada a garantizar los
principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de
los fines retributivo y preventivo. Y la Sentencia C 832 de 2001, que fue la
primera sentencia de la Corte Constitucional que se pronunció respecto de
la Ley 678 de 2001, señaló: “es importante resaltar que la acción de
repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del
patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la
realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho,
como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política.”.
22. Recientemente, la Corte Constitucional en Sentencia C 414 de 2022
señaló “la acción de repetición es subsidiaria a la declaratoria de la
responsabilidad estatal. Eso significa que esta solo se activa cuando ocurre
un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la
conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes”.
23. En consecuencia, si la repetición es una acción prevista para proteger
el patrimonio público, la Sala considera que, en este caso, las pretensiones
son improcedentes, porque el patrimonio público de la Corporación
Autónoma Regional demandante no se vio afectado por el pago de la
corrección monetaria de la suma que, asimismo, fue condenada a
reintegrar a título de restablecimiento del derecho.
19 En este punto, la Subsección insiste en que, “la configuración temprana y más elemental de la institución jurídica
de la reparación invitaba al restablecimiento de las cosas al estado anterior de la producción del daño, idea que
fue evolucionando para incorporar diversas formas de reparación, entre las que se encuentran, además del
restablecimiento, la indemnización (que puede comprarse con el subrogado pecuniario) y, las formas de
reparación no pecuniarias (satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición para las víctimas). En ese
sentido lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, incluso, desde sus primeras
decisiones19, afirmó que la reparación integral se trata de un principio de derecho internacional, cuyo elemento
central es la restitutio in integrum, y esta última incluía tres factores: (i) restablecimiento; (ii) reparación de las
consecuencias, de manera genérica; y (iii) la indemnización. Así, [se] consider[a] que no es correcto considerar
que el restablecimiento no es una medida de reparación, pues desconoce que es, sin duda, su más elemental
manifestación”. Sentencia de 31 de mayo de 2024, citada con anterioridad.
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24. A tal conclusión han llegado distintos despachos de las otras
subsecciones que integran la Sección Tercera, que en controversias
análogas han considerado que:
“…esa fracción dineraria no corresponde a nada distinto que a la acción de
devolver la cantidad líquida en el mismo estado adquisitivo que tenía para el
momento en que se causó y pagó la exacción anulada. Por tanto, esa porción
inflacionaria se compadece con el tiempo en que la entidad tuvo a disposición
un dinero que jurídicamente no estaba llamada a retener o tomar para sí y, por
lo mismo, sigue siendo parte inescindible de la obligación restitutoria, por la cual,
el patrimonio de la entidad pública, pese al fallo condenatorio, no decrece, sino
que se recompone”20.
25. La improcedencia de repetir lo pagado por indexación en estos casos
ha llegado a ser expuesta en términos que evidencian, de manera más
sencilla, la ausencia de una afectación patrimonial del Estado por efecto
de la indexación: “esa actualización monetaria (…) representa -al momento
de su devolución- el mismo valor que los contribuyentes pagaron en su
momento, suma que, con el paso del tiempo, perdió capacidad
adquisitiva” -se resalta-21.
26. Bien puede agregarse ahora, en respaldo del argumento que se
expone, que en este caso la pérdida de capacidad adquisitiva debe
asumirla el Estado, como una manera de compensación o contraprestación
por haber tenido durante cierto tiempo, un capital a su disposición, de
manera que, por motivos de equidad, la pérdida de su capacidad
adquisitiva no tenga que ser soportada por quien estaba en incapacidad
física de servirse de él.
27. Tales planteamientos ponen en evidencia el propósito, por cierto ya
bien asimilado en la tradición jurídica colombiana, de que la restitución de
valores por parte del deudor, en el contexto generalizado de una economía
con tendencia inflacionaria, no puede corresponder, por razones de
justicia, a una simple correlación nominal (nominalismo), sino que debe
propender porque el reintegro comprenda, por lo menos, su depreciación,
dejándolos así al abrigo del envilecimiento y manteniendo constante su
aptitud para adquirir bienes y servicios.
28. En esa medida, como el pago de la indexación por parte de la CDMB
no le representó una afectación patrimonial, ello denota la ausencia de uno
de los presupuestos consustanciales a la acción de repetición,
comprobación que releva a la Sala del estudio de su elemento subjetivo (la
culpa grave acá alegada). Una conclusión contraria abriría la puerta al
enriquecimiento injusto de la entidad estatal, en detrimento de su agente,
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 24 de enero de 2024, Exp.11001-03-26-
000-2015-00172-00 (55914). En idéntico sentido, Sentencias de la misma fecha, Exp.11001-03-26-000-2016-00041-01
(56496), y Exp.11001-03-26-000-2016-00050-00 (56620).
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 14 de junio de 2023, Exp. 11001-03-26-
000-2016-00139-00 (57803).
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el que estaría obligado a reembolsar una suma pagada por esta, a pesar
de que, con ello, no resultó afectado el patrimonio público.
2.3. Condena en costas
29. El artículo 188 del CPACA estableció que “salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”. De acuerdo con el numeral primero del artículo 365
del Código General del Proceso, aplicable a la única instancia, “se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, (…)”. El artículo 361
del CGP indicó que las costas se componen de expensas y gastos
sufragados en el proceso y de las agencias en derecho. Con fundamento
en esas disposiciones, se condenará en costas a la parte demandante; las
agencias en derecho se fijarán mediante auto de ponente.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Las agencias en
derecho se fijarán mediante auto de ponente. Las otras costas (expensas y
gastos) serán liquidados por Secretaría en el caso de que se hubieren
causado.
TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, ARCHÍVESE
el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
8 de 8
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