Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00041-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00041-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2016-00041-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de enero de 2024
Expediente: 11001-03-26-000-2016-00041-01 (56496)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-26-000-2016-00041-01 (56496).
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga (en adelante, la CDMB).
Demandados: Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio
Gómez Ballesteros.
Referencia: Medio de control de repetición - Trámite de única
instancia.
Tema: Medio de control de repetición - proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por pago
de contribución por valorización. Subtema 1: Régimen legal aplicable. Subtema 2: Presupuesto
para la procedencia del medio de control de repetición - existencia de una condena judicial
resarcitoria a cargo del Estado.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 2005 1, resuelve
la demanda, en ejercicio del medio de control de repetición, promovida por la CDMB
en contra de Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal
Administrativo de Santander, en segunda instancia, ordenó a la CDMB que
restituyera los dineros que las sociedades comerciales, Industria Harinera de
Santander Limitada y Avimol S.A., les había cancelado por concepto de una
contribución por valorización. Luego de efectuar los mencionados pagos, la aludida
autoridad administrativa demanda, en sede de repetición, a dos de sus ex servidores
públicos que intervinieron en la decisión de decretar dicho tributo, al estimar que
aquella determinación fue objeto de una conducta dolosa o gravemente culposa
cometida por parte de ellos.
II. ANTECEDENTES
2.1. El 19 de diciembre de 2014, el apoderado designado por el Director General de
la CDMB presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de repetición, en
contra de Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros,
para que esta Jurisdicción declare su responsabilidad, a título de culpa grave, por
participar en la expedición de las resoluciones números 640 y 998 del año 2003; y
que, en consecuencia, condene a los demandados a cancelar la suma de
1 Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005.
2 Folios 1 a 9, cuaderno único.
Expediente: 11001-03-26-000-2016-00041-01 (56496)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
$73.094.134,25, que la autoridad accionante debió pagar en cumplimiento de las
sentencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y el
Tribunal Administrativo de Santander, en un proceso adelantado bajo la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el número de radicado “2004-00866-
00/01”, y que corresponde a la diferencia que resultó de la actualización que debió
ser realizada, con base al incremento del IPC, sobre las sumas que fueron
reintegradas por la CDMB y a favor de las sociedades Industria Harinera de
Santander Limitada y Avimol S.A..
2.1.1. Como fundamentos fácticos de las anteriores pretensiones, la CDMB
enunció, en síntesis, que: i) expidió la Resolución número 0640 de 2003, en la que
decretó una contribución por valorización de un proyecto; ii) el anterior acto fue
impugnado en sede administrativa, no obstante, la mencionada autoridad la
confirmó a través de la Resolución número 00986 de 2003; iii) unas sociedades
demandaron las anteriores decisiones administrativas; iv) un juzgado administrativo
de Bucaramanga declaró la nulidad de la Resolución número 0640 de 2003,
únicamente en lo que afecta a los mentados entes societarios; y ordenó a la CDMB
que reintegrara a los accionantes el dinero, indexado, que haya obtenido por el pago
de aquella contribución; y v) la CDMB satisfizo la anterior decisión judicial.
2.1.2. A modo de sustento jurídico de la pretensión de reembolso, el órgano
accionante afirmó que promovió el medio de control de repetición, por cuanto los
demandados “pudieron” incurrir en una conducta gravemente culposa, con la
expedición de las resoluciones números 0640 y 998 del año 2003; conducta que
suscitó la imposición de una condena en contra de la CDMB.
2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, el 3 de marzo de 2015 3,
admitió la demanda; decisión que fue notificada en debida forma a los accionados4.
Carlos Octavio Gómez Ballesteros presentó escrito de contestación en el que
se opuso a las pretensiones del actor y, además, sostuvo que sus actuaciones,
relacionadas con la expedición de los actos demandados en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho, no fueron producto de una conducta gravemente
culposa, sino que obedecieron a una directriz impartida por el Consejo Directivo del
organismo demandante. También afirmó que su obrar se sustentó en el
convencimiento “invencible” de actuar conforme a la legalidad, y que nunca se tuvo
conocimiento de la providencia judicial “en la que se exigía la reglamentación del
Gobierno Nacional del sistema y el método y sobre este tema”5.
2.3. Posteriormente, con sustento en el artículo 149 de la Ley 1437, el mencionado
Juzgado declaró la falta de competencia para conocer el medio de control
promovido por la CDMB y, en consecuencia, remitió el expediente a esta
Corporación6. Luego, el despacho sustanciador de esta Subsección avocó
conocimiento de este asunto7.
2.4. En la audiencia inicial celebrada el 26 de noviembre 20218, el despacho
sustanciador de esta Sala no encontró causal de nulidad que invalidara lo actuado,
agotó la respectiva etapa conciliatoria, incorporó las pruebas allegadas por las
partes y fijó el objeto del litigio, así:
3 Folio 112, cuaderno único.
4 Folios 118 y 122, cuaderno único.
5 Folios 124 a 132, cuaderno único.
6 Folio 162, cuaderno único.
7 Folios 170 y 171, cuaderno único.
8 Índice 00078 de Samai.
2
Expediente: 11001-03-26-000-2016-00041-01 (56496)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
“1. Determinar si Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez
Ballesteros, en sus calidades de Director General y de Secretario General de la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -
CDMB, respectivamente; deben responder, a título de culpa grave, por los perjuicios
materiales causados a la entidad, en cuantía de […] ($ 73’ 094.134, 25), valor que
corresponde a la diferencia que resultó de la actualización que debió ser realizada
con base al incremento del IPC, a las sumas que fueron reintegradas por la CDMB
y a favor de los demandantes, dentro del proceso de nulidad con restablecimiento
del derecho instaurado por INDUSTRIAS HARINERA DE SANTANDER LTDA. y
AVIMOL S.A., por el cobro de valorización fundamentado en las Resoluciones
000640 del 16 de julio de 2003 y 01000 del 22 de octubre de 2003, que fueron
declaradas nulas mediante sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Bucaramanga, del 30 de septiembre de 2010, confirmada en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de
Descongestión, el 7 de febrero de 2013, dentro del proceso radicado al número
2004-00866”.
2.5. En la audiencia de pruebas celebrada el 14 de enero9, 25 de febrero10 y 18 de
marzo de 202211, el despacho sustanciador de esta Sala ordenó la obtención de los
documentos requeridos por las partes.
2.6. En la etapa de alegaciones, la CDMB12 afirmó que están demostrados los
presupuestos para condenar a los demandados. Además, destacó el hecho de que
los demandados no hayan propuesto excepciones que hubieran justificado sus
actuaciones y que, en consecuencia, los hubiera eximido de responsabilidad.
Luego, el señor Gómez Ballesteros13 solicitó que se desestimaran las
pretensiones de la demanda, con fundamento en la postura expuesta en la primera
instancia, y al considerar que la CDMB no ha tenido que pagar una indemnización
y no se ha sufrido una afectación patrimonial. La Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa14, por su parte, pidió que se negaran las pretensiones
de la demanda, al estimar que en este caso no se configuró un daño antijurídico en
contra del Estado, y que la condena objeto de estudio alude simplemente a una
devolución de un dinero pagado con la respectiva actualización de su valor. Fredy
Antonio Anaya Martínez15 protestó la ausencia de acreditación de las exigencias
para la procedencia del medio de control promovido por la parte actora.
III. PROBLEMA JURÍDICO
3.1. La estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la
concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la obligación resarcitoria a
cargo del Estado; (ii) la condición de servidor o exservidor público de la persona
contra la que se repite; (iii) el pago efectivo de la obligación reparatoria; y (iv) la
conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público. Siendo los
primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo16.
9 Índice 00093 de Samai.
10 Índice 00103 de Samai.
11 Índice 00108 de Samai.
12 Índice 00112 de Samai.
13 Índice 00115 de Samai.
14 Índice 00116 de Samai.
15 Índice 00117 de Samai.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 5 de diciembre de 2006, exp. 22056; del 27 de diciembre
de 2006, exp. 22099; del 3 de octubre de 2007, exp. 24844; del 26 de febrero de 21109, exp. 30329; del 13 de
mayo de 2009, exp. 25694; y del 28 de abril de 2011, exp. 33407; y Sección Tercera, Subsección C, fallos del
19 de julio de 2017, exp. 55025; del 18 de junio del 2018, exp. 54692; del 9 de julio de 2018, exp. 58789; y del
31 de enero de 2020, exp. 42037.
3
Expediente: 11001-03-26-000-2016-00041-01 (56496)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
3.2. Visto lo anterior, en el evento de encontrar satisfechos los presupuestos
procesales para proferir sentencia, y conforme a los documentos incorporados en
este proceso, la Sala considera pertinente, después de definir el régimen jurídico
aplicable a este caso, resolver el siguiente problema jurídico:
¿La CDMB acreditó, como presupuesto propio del juicio de repetición, la existencia
de una condena judicial resarcitoria, proveniente de las sentencias proferidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander, en el proceso adelantado bajo el número de radicado “2004-00866-
00/01”, que haya impuesto una obligación resarcitoria a su cargo?
3.3. En caso de que sea afirmativa la respuesta al anterior interrogante, esta
Subsección estudiará los demás presupuestos que se requieren para que prosperen
las pretensiones planteadas en sede de repetición.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los procesos de
repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001 17.
En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para pronunciarse
sobre la demanda promovida por la CDMB, comoquiera que, según el artículo 149,
numeral 13, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)18, el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de las
demandas de repetición promovidas en contra de “los representantes legales de los
órganos y entidades del orden nacional”, y en este caso, las pretensiones de
repetición de la CDMB están dirigidas, entre otro, contra un exdirector general de
una corporación autónoma regional, entidad a la que, según la jurisprudencia de
esta Corporación y de la Corte Constitucional19, se le ha otorgado la connotación de
“entidad pública del orden nacional”.
4.2. El plazo para el ejercicio oportuno del presente medio de control comenzó a
correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 200120 y el CPACA21, pues el
pago de la condena judicial resarcitoria impuesta en contra de la demandante
ocurrió el dieciséis (6) de mayo de dos mil trece (2013), esto es, antes del plazo
legal para tal efecto.
17 Ley 678 de 2001. “Artículo 7. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de
repetición […]”.
18 “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en
única instancia de los siguientes asuntos: (…) De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la
República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de
Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal
General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo
Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados
de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y,
en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional”.
19 Corte Constitucional, sentencias C-275 de 1998 y C-689 de 2011. Igualmente: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2009, exp. 2003-01749(0398-08). Sala plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión. Fallo del 23 de noviembre de 2020, exp. 11001-
03-15-000-2020-03298-00(CA).
20 Según el artículo 31 de la Ley 678 de 2001, "La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las normas que le sean contrarias", y ésta fue publicada en el Diario Oficial No. 44509 de 4 de agosto
de 2001.
21 CPACA. Artículo 308. “Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012. || Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. || Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
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Expediente: 11001-03-26-000-2016-00041-01 (56496)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
De acuerdo con el literal l) del artículo 164 del CPACA, el término para promover el
medio de control de reparación directa es de dos (2) años contados a partir del día
siguiente al que el organismo hubiera cancelado la condena o, a más tardar, desde
el vencimiento del plazo legal con el que cuenta la administración para el pago de
las condenas. En este caso, el cómputo del inicio del plazo bienal corresponde al
previsto en el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo
(CCA)22, esto es, dieciocho (18) meses, pues el proceso adelantado bajo la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, que culminó con la sentencia
condenatoria en contra del demandante, fue tramitado bajo esa norma procesal.
En este caso se encuentra acreditado que, en virtud de la sentencia proferida el
siete (7) de febrero de dos mil trece (2013), el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión, en primera instancia, de condenar a la CDMB a restituir un
dinero que había recibido de las sociedades Industria Harinera de Santander Ltda.
y Avimol S.A., por concepto de contribución por valorización. De acuerdo con los
comprobantes de egresos números 2013001713 y 2013001712 emitidos por la
autoridad demandante, y los documentos denominados “estado de pago”
provenientes de la entidad financiera “Davivienda”23, los pagos de la mencionada
orden judicial se realizaron el dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013), por
las sumas de $39.769.842,77 a favor de Avimol S.A. y de $187.728.881,37 a favor
de Industria Harinera de Santander Limitada. En ese orden, como la demanda que
inició este contencioso fue radicada el diecinueve (19) de diciembre de dos mil
catorce (2014)24, esto es, dentro del término de dos años contados desde el día
siguiente al pago de la condena judicial, que acaeció el diecisiete (17) de mayo de
dos mil quince (2015), el ejercicio del medio de control de repetición fue
oportuno.
4.3. Ahora, está acreditado que el medio de control repetición fue ejercido por el
apoderado judicial designado por el Director General de la CDMB25. Así, al ser la
CDMB el ente que realizó el pago ordenado en las sentencias del 30 de septiembre
de 2010 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y del 7 de febrero
de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander, le asiste a la CDMB la
legitimación en la causa por activa para presentar la pretensión de reembolso26
y está debidamente representada por aquel. En relación con el extremo pasivo de
la controversia, Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros
están legitimados, comoquiera que en el expediente se encuentra demostrado
que, para el año 2003, momento en que ocurrió el hecho dañoso que dio lugar la
condena en contra de la parte actora, los citados demandados intervinieron, en
condición de Director General y Secretario General, respectivamente, en la
expedición de los actos que dieron lugar a la orden de restitución dineraria que tuvo
que asumir la autoridad demandante, al encontrarse plasmada su firma en los
referidos documentos27.
22 “Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar
las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán
ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.
23 Folios 15, 16, 20 y 21, cuaderno único.
24 Folio 106, cuaderno único.
25 Folio 10, cuaderno único.
26 Ley 678 de 2001, artículo 8. "Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago
total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la
persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como
consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la
Ley. Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad facultada que se menciona
anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición: 1. El Ministerio Público. 2. El Ministerio de Justicia y del
Derecho, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o quien haga sus veces”.
27 Folio 31 y 50, cuaderno único.
5
Expediente: 11001-03-26-000-2016-00041-01 (56496)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
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Régimen jurídico aplicable al asunto
4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la
Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el
momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener
efectos retroactivos28. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a
la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678
de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior29, pero si ocurrieron con
posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del
demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin
perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la
acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del
Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en
punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable
con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de
responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la
Constitución Política)”. Por ende, como en este caso el hecho dañoso origen de la
condena ocurrió en el año 2003, la normativa aplicable a los aspectos
sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001.
Consideraciones relativas al problema jurídico planteado: existencia de una
condena judicial resarcitoria a cargo del Estado
4.5. Como se mencionó, el primero de los requisitos para que prospere el medio de
control de repetición se centra en demostrar la existencia de una condena judicial
resarcitoria que haya impuesto a la entidad estatal la carga de cancelar una
suma de dinero.
El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución preceptúa que “[e]n el evento de
ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de [un daño antijurídico], que
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente
suyo, aquél deberá repetir contra éste”. La Ley 678 de 2001, en su artículo 2°, define
el medio de control de repetición como un mecanismo judicial civil, de carácter
patrimonial, que debe ejercerse “en contra del servidor o ex servidor público que
como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado
reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena
(…)”.
La normatividad aludida revela que la finalidad del medio de control o la acción de
repetición consiste en garantizar la protección del patrimonio público, en el sentido
de procurar que el Estado obtenga el reintegro o el reembolso del valor de la
condena que aquel tuvo que pagar como consecuencia del daño antijurídico
causado a la víctima, por cuenta de una conducta gravemente culposa y dolosa
28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330.
29 "Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al
tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad
patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y
dolo que plantea el Código Civil. || Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar
la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código
Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo
previsto en los artículos 6° y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los servidores
públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.
//Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe, contenidos en la Constitución
Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia". Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2018, exp. 54692.
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cometida por uno de sus agentes30. Lo anterior implica que, en este tipo de
controversias, al juez administrativo le asiste el deber de constatar que la sentencia
fundamento de la demanda de repetición genera un detrimento patrimonial a
la entidad pública, por la carga que a esta última se le endilga de pagar una suma
de dinero constitutiva de una condena judicial. Las órdenes de las autoridades
judiciales que escapen al anterior escenario jurídico, como, por ejemplo, las que
aluden a un restablecimiento de derechos sin afectación económica alguna o
impongan una devolución o restitución de carácter económico, descartan la
prosperidad de las pretensiones en sede de repetición, por un lado, en la medida en
que solo se reduce al supuesto en el que el Estado reintegra a su legítimo titular
unos recursos que, por virtud de una decisión judicial, no tiene derecho a retener; y,
por el otro, porque de no ser así, el juez podría generar un enriquecimiento sin justa
causa en favor del Estado, que desnaturalizaría el alcance constitucional del
mecanismo judicial de la repetición31.
En otras palabras, solamente las decisiones condenatorias que impongan a cargo
del erario público el cumplimiento de pretensiones resarcitorias dará lugar a repetir,
porque, en tales casos, el patrimonio de la entidad obligada se ve menguado en
proporción al valor que tiene que sacrificar para indemnizar o compensar el perjuicio
irrogado, mientras que aquellas decisiones que, aun siendo condenatorias, acojan
una pretensión meramente restitutoria no serán pasibles de repetición, dado que,
conforme a la definición del diccionario de la Real Academia Española, restituir es
apenas el acto de “volver algo a quien lo tenía antes”, situación en la que la
afectación patrimonial de quien devuelve lo que había percibido es meramente
aparente.
4.6. Precisado lo anterior, conforme a las pruebas documentales allegadas al
expediente, que no fueron controvertidas por la contraparte de quien las aportó, en
el proceso se encuentran acreditados los siguientes hechos:
4.6.1. El Director General de la CDMB, Fredy Antonio Anaya Martínez, expidió la
Resolución número 0640 del 16 de julio de 2003, en la que decretó la
contribución por valorización del proyecto “Canalización Quebrada La Iglesia”,
que cubrió a los municipios de Bucaramanga y Girón, en el Departamento de
Santander32. Este acto contenía la firma de Carlos Octavio Gómez Ballesteros,
como Secretario General de la entidad.
4.6.2. El Director General de la CDMB, Fredy Antonio Anaya Martínez, expidió la
Resolución número 00998 del 22 de octubre de 2003, en la que desestimó el
recurso de reposición interpuesto por las sociedades Industria Harinera de
Santander Limitada y Avimol S.A. en contra de la Resolución número 0640 del 16
de julio del mismo año.
4.6.3. Las sociedades Industria Harinera de Santander Limitada y Avimol S.A.
presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con la
pretensión de que la CDMB anulara los anteriores actos administrativos 33.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 56622. Corte
Constitucional. Sentencia SU-354 de 2000.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 4 de marzo de 2022, exp. 64684; y del 6
de julio de 2022, exp. 55887.
32 Folios 45 a 49, cuaderno de traslado.
33 Folios 29 y 30, cuaderno de traslado.
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4.6.4. El Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, con sentencia
proferida el 30 de septiembre de 201034, declaró la nulidad de la Resolución número
640 de 2003, únicamente en lo que atañe a los mencionados entes societarios, y de
la Resolución número 988 del 2003. A título de restablecimiento del derecho, ordenó
a la CDMB que reintegrara el dinero, indexado, que las aludidas sociedades hayan
cancelado por concepto de contribución por valorización.
4.6.5. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Santander, el 7 de
febrero de 201335, confirmó el fallo de primera instancia.
4.7. Visto lo anterior, para esta Sala las órdenes judiciales del Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de Santander
no constituyen, en sí misma, una condena de índole resarcitorio, en virtud de
la cual unos jueces administrativos hayan generado una lesión o afectación
patrimonial a la CDMB, por haber causado un daño antijurídico a una víctima, sino
que obedece a una carga de restituir, es decir, de devolver una suma de dinero
que le fue pagada a la parte actora, por concepto de un tributo que fue objeto de
anulación, ante la falta de competencia para ordenar dicho cobro; lo que, por ende,
resulta improcedente exigir a los demandados algún tipo de reembolso, si a la
entidad demandante no le correspondía retener esos montos económicos.
Ahora, si bien es cierto que la orden de devolución implicó el ajuste del importe de
la fallida contribución, traída a valor presente al momento de dictarse la sentencia
(indexación), diferencial que constituyó el eje de la fijación del litigio, debe indicarse
que esa fracción dineraria no corresponde a nada distinto que a la acción de
devolver la cantidad líquida en el mismo estado adquisitivo que tenía para el
momento en que se causó y pagó la exacción anulada, por tanto, esa porción
inflacionaria se compadece con el tiempo en que la entidad tuvo a disposición un
dinero que jurídicamente no estaba llamada a retener o tomar para sí y, por lo
mismo, sigue siendo parte inescindible de la obligación restitutoria, por la cual, el
patrimonio de la entidad pública, pese al fallo condenatorio, no se decrece, sino que
se recompone.
En consecuencia, al no encontrarse satisfecho el presupuesto relacionado con la
existencia de una condena judicial resarcitoria a cargo del Estado, y, por ende, no
ser procedente acudir el estudio de los demás requisitos del juicio de repetición, la
Subsección negará las pretensiones de la demanda promovida por la CDMB.
V. COSTAS
El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. En ese orden, el artículo
365 del Código General del Proceso, aplicable al presente proceso por remisión
expresa de la misma norma, consagra que se condenará en costas “a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. El artículo 361 del CGP indicó
que las costas se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y
agencias en derecho.
Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios
establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala
34 Folios 29 a 36, cuaderno de traslado.
35 Folios 16 a 26, cuaderno de traslado.
8
Expediente: 11001-03-26-000-2016-00041-01 (56496)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de
presentación de la demanda36. Respecto de su valor, el numeral 3.1.1 del artículo 6
estableció que, para procesos de única instancia ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pueden ser fijadas en “cuantía: Hasta el quince por
ciento (15%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”.
La Sala, en virtud de la naturaleza, calidad y duración de la gestión de los
apoderados de los señores Anaya Martínez y Gómez Ballesteros, considera
razonable tasar las agencias en derecho a favor de cada uno de los citados
demandados, en una suma equivalente al 0,5% de la pretensión de reembolso. De
existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se
procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se hubieren causado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NIÉGUESE las pretensiones de la demanda de repetición promovida
por la CDMB, por las razones expuestas.
SERGUNDO: CONDÉNESE en costas a la parte demandante. FÍJESE como
agencias en derecho el monto equivalente al 0,5% de la pretensión de reembolso,
en favor de cada uno de los demandados.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SJVV
36“La naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo
que sean equitativas y razonables”.
9
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