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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00005-00

Fecha
19 de agosto de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00005-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por Secretaría en el caso de que se hubieren causado. TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2020-00005-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2020-00005-00 (65538)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER
Demandado: Juan Manuel Álvarez Villegas
Medio de control: Repetición (Única Instancia)- Ley 1437 de 2011
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – la corrección monetaria no implica un detrimento patrimonial para el Estado -
costas procesales no son pago indemnizatorio.

Síntesis del caso: La entidad demandante impuso una sanción a una empresa, la cual interpuso el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se declaró la nulidad del acto administrativo y se
ordenó la devolución del dinero pagado actualizado y condenó en costas. La entidad pagó el valor actualizado
y las costas procesales y pretende cobrar la diferencia entre el valor de la multa y la devolución con la
actualización, así como las costas procesales.

Conoce la Sala, en única instancia, la repetición de la referencia. La Sala
tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de una repetición
contra el exrepresentante de una entidad del orden nacional en virtud del
artículo 149 numeral 13 de la Ley 1437 de 20111.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Trámite relevante en
única instancia

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 13 de noviembre de 2018, el apoderado de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda (en adelante CARDER) interpuso acción de
repetición2 contra el señor Juan Manuel Álvarez Villegas. Las pretensiones
fueron (se trascribe):
“1. Que el señor JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, identificado con C.C. 10113118,
es responsable civil y administrativamente frente a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE RISARALDA – CARDER – por CULPA GRAVE, de la condena impuesta
por el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira al declarar la nulidad de las
resoluciones números 3631 del 27 de octubre de 2011 y la 2332 del 29 de agosto de
2012 y la devolución al demandante de la suma de $6.000.000 pagados a título de
sanción, con su respectivo ajuste en los términos de ley, y las costas procesales.

1 ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga,
conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores
y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la
Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil,
Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales
administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades
del orden nacional.
2 Folios 46 – 75 del cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-26-000-2020-00005-00 (65538)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Demandado: Juan Manuel Álvarez Villegas
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega las pretensiones
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2. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a JUAN MANUEL
ALVAREZ VILLEGAS cancelar a favor de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE RESARALDA – CARDER – la suma de UN MILLÓN SETESCIENTOS NOVENTA MIL
SETESCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL (1´790.717), correspondiente al
excedente de la suma cancelada a la entidad ACUASEO. […]”

2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:

3. 1) Juan Manuel Álvarez Villegas fue nombrado como Director General de
la CARDER el 31 de diciembre de 2015. Mediante Resolución No. 3631 de 27
de octubre de 2011 se impuso una multa de $6´000.000 a la Compañía de
Servicios Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P. – ACUASEO, por la violación de
normas de protección manejo de los recursos naturales renovables y el
medio ambiente, concretamente por no presentar el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos. La decisión fue recurrida y mediante Resolución
2332 de 29 de agosto de 2012, la entidad demandante confirmó la multa
impuesta.

4. 2) La empresa presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de los actos administrativos que ordenaron la
sanción, en la que pretendió su nulidad y el reintegro de los $6´000.000
pagados por concepto de la multa, actualizados. En Sentencia de 10 de
mayo de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira declaró la
nulidad de las Resoluciones 3631 de 27 de octubre de 2011 y 2332 de 29 de
agosto de 2012, en consecuencia, ordenó condenar a la CARDER al pago
de $6.000.000 actualizados de conformidad con el índice de precios al
consumidor.

5. El 15 de septiembre de 2017 la entidad pagó a la empresa prestadora de
servicios públicos domiciliarios un total de $7.790.717, discriminados así:
$6.000.000 de devolución de la sanción pagada por ACUASEO, $737.717 por
condena en costas procesales y $1.053.000 por concepto de actualización
de capital. Por lo anterior, la entidad demanda solicitó que se condenara al
demandado al pago de la diferencia entre el valor de la multa y el valor
que debió pagar a la empresa “correspondiente solamente a las costas
procesales y el ajuste que al capital se le hizo en razón de la liquidación
ordenada en la sentencia”, es decir $1.790.717.

6. La entidad consideró que Juan Manuel Álvarez Villegas incurrió en culpa
grave porque la empresa sí presentó el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, pero de manera extemporánea, por lo que el procedimiento
que debió seguir era el de requerir a la empresa o no aprobar el plan, sin
embargo, el procedimiento que se llevó a cabo fue sancionatorio, que
conllevó la multa y la posterior declaratoria de nulidad y condena a título
de restablecimiento del derecho. Como fundamento de lo anterior, hizo
referencia al concepto de culpa grave y mencionó las presunciones 1y 3 del
artículo 6 de la Ley 678 de 2001.

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Radicado: 11001-03-26-000-2020-00005-00 (65538)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Demandado: Juan Manuel Álvarez Villegas
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega las pretensiones
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1.2 Contestación de la demanda

7. Juan Manuel Álvarez Villegas contestó la demanda3, admitió unos
hechos, negó otros y afirmó que los demás debían probarse. Se opuso a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que: 1. No se aportó el
acta de comité que ordenó iniciar la acción; 2. No se acreditó la culpa
grave porque la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no fue apelada, a pesar de ser un proceso de doble instancia, por
lo que la repetición debió ejercerse en contra del apoderado de la entidad
en ese proceso y; 3. No se acreditó el pago. Además, propuso las
excepciones que denominó “falta de competencia”, “ineptitud de la
demanda” y “ausencia de culpa grave”.

1.3. Trámite relevante en única instancia

8. Mediante auto de 4 de diciembre de 20194 el Juzgado 1 Administrativo
del Circuito de Pereira declaró la falta de competencia y ordenó enviar el
expediente a esta Corporación. El 28 de julio de 2020 el despacho del
Magistrado ponente avocó conocimiento5 y mediante Auto de 10 de
diciembre del mismo año declaró el desistimiento de la medida cautelar
solicitada por la entidad demandante6.

9. El 24 de julio de 20247 se realizó la audiencia inicial a la que acudieron los
apoderados de las partes y el Ministerio Público y se decretaron unas
pruebas documentales; mediante Auto de 28 de abril de 2025 el despacho
del Magistrado ponente prescindió de la audiencia de pruebas8, el cual
quedó en firme el 8 de mayo de 20259 y, mediante Auto de 26 de mayo de
este año se corrió traslado para alegar de conclusión10.

10. El apoderado de la parte demandante presentó escrito de alegatos
de conclusión11 en el que reiteró que se configuró la culpa grave del
demandado, de conformidad con la decisión en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. El demandado presentó escrito de alegatos
de conclusión12 en el que consideró que las costas procesales no tenían la
naturaleza de un pago indemnizatorio y, que, en todo caso no se acreditó
el elemento subjetivo.

11. El Ministerio Público rindió concepto el 16 de junio de 202513, en el que
concluyó que debía confirmarse la decisión apelada, toda vez que no se
demostró el elemento subjetivo.

3 Folios 125 – 138 del cuaderno 1.
4 Folio 143 – 144 del C.1.
5 Folio 150 – 151 del C.1.
6 Folio 40 – 42 del cuaderno de medidas cautelares.
7 Samai del Consejo de Estado, índice 29.
8 Samai del Consejo de Estado, índice 50.
9 Samai del Consejo de Estado, índice 54.
10 Samai del Consejo de Estado, índice 55.
11 Samai del Consejo de Estado, índice 59.
12 Samai del Consejo de Estado, índice 60.
13 Samai del Consejo de Estado, índice 61.

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Radicado: 11001-03-26-000-2020-00005-00 (65538)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Demandado: Juan Manuel Álvarez Villegas
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega las pretensiones
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12. Por lo anterior, se agotaron todas las etapas previstas en el artículo 180
de la Ley 1437 de 2011, y el 26 de junio de 2025 el proceso entró al despacho
para fallo14.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. El elemento subjetivo; 2.3. Perjuicios; 2.4.
Costas.

2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán

13. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque están reunidos
los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó
oportunamente15. En este asunto, el pago se realizó el 15 de septiembre de
201716, antes de los 10 meses desde la ejecutoria de la Sentencia. En
consecuencia, los 2 años se deben contar desde el día siguiente del pago
hasta el 16 de septiembre de 2019. Dado que la demanda se interpuso el 13
de noviembre de 201817, se radicó dentro del término.

14. Aunque se verificó la existencia de los elementos objetivos, la Sala
negará las pretensiones de la demanda por encontrar que, un análisis del
contexto en el que fue impuesta dicha condena judicial pone en evidencia
que, el pago de la corrección monetaria ordenado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, aunque tenía carácter
indemnizatorio no representó una afectación patrimonial para el Estado,
circunstancia que hacía inviables las pretensiones; también porque el pago
de las costas procesales es una carga que le impone la Ley a quien resulta
vencido en un proceso judicial y, en ese sentido, no pueden considerarse
como un pago indemnizatorio.

2.2. Elementos objetivos

15. La existencia de la condena. Esta demostrada con las Sentencias de
primera instancia, proferida por el Juzgado 2 Administrativo de Pereira18 el
10 de mayo de 2017. En esta última, que cobró ejecutoria el 1 de junio de
201719, se resolvió: a) declarar la nulidad de las Resoluciones 3631 de 27 de
octubre de 2011 y 2332 de 29 de agosto de 2012 expedidas por la CARDER,
b) en consecuencia, condenar al reintegro de $6.000.000 y, c) “efectuar los
ajustes de valor sobre la suma de dinero a devolver”; además, condenó en
costas a la entidad por $737.717.

16. Frente al pago. Se encuentra demostrado con la Resolución 1064 de 6
de septiembre de 201720, el registro presupuestal de compromiso No. 1351
de 6 de septiembre de 201721, la orden de pago No. 2624 de 15 de

14 Samai del Consejo de Estado, índice 62.
15 El término de caducidad de 2 años, está establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y el numeral 9 del

artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
16 Folio 8 del C.1.
17 Folio 75 del C.1.
18 Folios 8 – 16 del C.1.
19 Constancia secretarial a folio 197 del Cuaderno 2, índice 39, Samai del Consejo de Estado
20 Folio 37 – 38 del C.1.
21 Folio 36 del C.1.

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Radicado: 11001-03-26-000-2020-00005-00 (65538)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Demandado: Juan Manuel Álvarez Villegas
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega las pretensiones
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septiembre de 201722 y el comprobante de egreso 2809 por $7.790.717 a
favor de la Compañía de Servicios Públicos Domiciliarios - ACUASEO23, por
concepto de “sentencias y conciliaciones”.

17. En relación con la prueba del pago, es necesario identificar los
conceptos que se pretendieron en la demanda, en efecto, se afirmó que la
entidad pagó a la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios un
total de $7.790.717, discriminados así: $6.000.000 de devolución de la sanción
pagada por ACUASEO, $737.717 por condena en costas procesales y
$1.053.000 por concepto de actualización de capital. Por lo anterior, la
entidad demanda solicitó que se condenara al demandado al pago de la
diferencia entre el valor de la multa y el valor que debió pagar a la empresa
“correspondiente solamente a las costas procesales y el ajuste que al capital
se le hizo en razón de la liquidación ordenada en la sentencia”, es decir
$1.790.717.

18. Respecto de la calidad de agente está demostrado con copia del
Acuerdo No. 7 de 27 de junio de 201224, en el que se nombró como Director
General de la CARDER al demandado, así como el Acta de Posesión No. 153
de 28 de junio de 201225.

2.3. Análisis sustantivo

19. El artículo 2 de la Ley 678 de 2001, señaló que la acción de repetición es
una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del
servidor o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta
dolosa o gravemente culposa, haya dado reconocimiento indemnizatorio
por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra
forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra
el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en
forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

20. En este punto, la Subsección reitera que “la indemnización de un
daño no se presenta solo a través de la reparación directa o la acción de
grupo, sino, incluso, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho”26. Sin embargo, para los efectos de la acción de repetición, la
Sala observa que, en relación con el Estado, ese pago no comportó una
afectación patrimonial. La acción de repetición desarrollada en la Ley 678
de 2001, desde que se concibió, se pensó como una herramienta para
proteger el patrimonio público:

21. Así, por ejemplo, en informe de ponencia para el proyecto de ley 131
de 1999 del Senado y 307 de 2000 de la Cámara que, posteriormente, sería
la Ley 678 de 2001 se indicó “La acción de repetición, a través de la cual se

22 Folio 35 del C.1.
23 Folio 34 del C.1.
24 Folio 32 del C.1.
25 Folio 33 del C.1.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 31 de mayo de 2024,

Exp. 11001-03-26-000-2018-00091-00 (61776), aprobada sin aclaraciones o salvamento de voto.

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Radicado: 11001-03-26-000-2020-00005-00 (65538)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Demandado: Juan Manuel Álvarez Villegas
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega las pretensiones
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concreta lo anterior, debe ser entendida esencialmente como una
herramienta para conseguir la moralidad y la eficiencia de la función
pública, generadora de un efecto preventivo sobre el accionar de los
agentes estatales y, en lo posible, como un mecanismo para recuperar los
dineros que, a título de indemnización, son pagados”.

22. De igual forma, la Ley 678 de 2001, acorde con ello, señaló en su
artículo 3 que la acción de repetición está orientada a garantizar los
principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de
los fines retributivo y preventivo. Y la Sentencia C 832 de 2001, que fue la
primera sentencia de la Corte Constitucional que se pronunció respecto de
la Ley 678 de 2001, señaló: “es importante resaltar que la acción de
repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del
patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la
realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho,
como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política.”.

23. Recientemente, la Corte Constitucional en Sentencia C 414 de 2022
señaló “la acción de repetición es subsidiaria a la declaratoria de la
responsabilidad estatal. Eso significa que esta solo se activa cuando ocurre
un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la
conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes”.

24. En consecuencia, si la repetición es una acción prevista para proteger
el patrimonio público, la Sala considera que, en este caso, las pretensiones
son improcedentes, porque el patrimonio público de la Corporación
Autónoma Regional demandante no se vio afectado por el pago de la
corrección monetaria de la suma que, asimismo, fue condenada a
reintegrar a título de restablecimiento del derecho.

25. A tal conclusión han llegado distintos despachos de las otras
subsecciones que integran la Sección Tercera, que en controversias
análogas han considerado que:

“…esa fracción dineraria no corresponde a nada distinto que a la acción de
devolver la cantidad líquida en el mismo estado adquisitivo que tenía para el
momento en que se causó y pagó la exacción anulada. Por tanto, esa porción
inflacionaria se compadece con el tiempo en que la entidad tuvo a disposición
un dinero que jurídicamente no estaba llamada a retener o tomar para sí y, por
lo mismo, sigue siendo parte inescindible de la obligación restitutoria, por la cual,
el patrimonio de la entidad pública, pese al fallo condenatorio, no decrece, sino
que se recompone”27.

26. La improcedencia de repetir lo pagado por indexación en estos casos
ha llegado a ser expuesta en términos que evidencian, de manera más
sencilla, la ausencia de una afectación patrimonial del Estado por efecto
de la indexación: “esa actualización monetaria (…) representa -al momento
de su devolución- el mismo valor que los contribuyentes pagaron en su

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 24 de enero de 2024, Exp.11001-03-26-

000-2015-00172-00 (55914). En idéntico sentido, Sentencias de la misma fecha, Exp.11001-03-26-000-2016-00041-01
(56496), y Exp.11001-03-26-000-2016-00050-00 (56620).

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Radicado: 11001-03-26-000-2020-00005-00 (65538)
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Demandado: Juan Manuel Álvarez Villegas
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega las pretensiones
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momento, suma que, con el paso del tiempo, perdió capacidad
adquisitiva” -se resalta-28.

27. Bien puede agregarse ahora, en respaldo del argumento que se
expone, que en este caso la pérdida de capacidad adquisitiva debe
asumirla el Estado, como una manera de compensación o contraprestación
por haber tenido durante cierto tiempo, un capital a su disposición, de
manera que, por motivos de equidad, la pérdida de su capacidad
adquisitiva no tenga que ser soportada por quien estaba en incapacidad
física de servirse de él.

28. Tales planteamientos ponen en evidencia el propósito, por cierto ya
bien asimilado en la tradición jurídica colombiana, de que la restitución de
valores por parte del deudor, en el contexto generalizado de una economía
con tendencia inflacionaria, no puede corresponder, por razones de
justicia, a una simple correlación nominal (nominalismo), sino que debe
propender porque el reintegro comprenda, por lo menos, su depreciación,
dejándolos así al abrigo del envilecimiento y manteniendo constante su
aptitud para adquirir bienes y servicios.

29. En esa medida, como el pago de la indexación por parte de la
CARDER no le representó una afectación patrimonial, ello denota la
ausencia de uno de los presupuestos consustanciales a la acción de
repetición, comprobación que releva a la Sala del estudio de su elemento
subjetivo (la culpa grave acá alegada). Una conclusión contraria abriría la
puerta al enriquecimiento injusto de la entidad estatal, en detrimento de su
agente, el que estaría obligado a reembolsar una suma pagada por esta, a
pesar de que, con ello, no resultó afectado el patrimonio público.

30. En relación con las costas procesales, esta Sala considera que la
misma no constituye un pago resarcitorio o indemnizatorio, mucho menos
un daño, pues su naturaleza es simplemente procesal y la fuente de esa
obligación es la Ley29, por lo anterior, el valor solicitado por concepto de
costas procesales no será objeto de esta decisión.

31. Por lo anterior, la Sala se encuentra relevada de analizar el elemento
subjetivo y, negará las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
expuesto.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 14 de junio de 2023, Exp. 11001-03-26-

000-2016-00139-00 (57803).
29 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 188: “Salvo en los procesos

en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.”; y el Código General del Proceso: “ARTÍCULO 361. COMPOSICIÓN. Las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las
costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo
señalado en los artículos siguientes.”

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Radicado: 11001-03-26-000-2020-00005-00 (65538)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Demandado: Juan Manuel Álvarez Villegas
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Niega las pretensiones
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2.4. Condena en costas

32. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo
365 del CGP, se condenará en costas de esta instancia a la parte
demandante, en la medida en que fue la parte vencida en el proceso30. Las
costas incluyen las agencias en derecho, que serán fijadas en proveído
posterior a esta decisión judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas
en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas por Secretaría en el caso de que se hubieren
causado.

TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, ARCHÍVESE
el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

30 Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 del

Acuerdo ACUERDO No. PSAA16-10554 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente
para el momento de prestación de la demanda. Respecto de su valor, el artículo 5 estableció que, para la
segunda instancia, pueden ser fijadas “Entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.

8 de 8

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