Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00172-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00172-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2015-00172-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de enero de 2024
Expediente: 11001-03-26-000-2015-00172-00 (55914)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-26-000-2015-00172-00 (55914).
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga (en adelante, la CDMB).
Demandados: Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio
Gómez Ballesteros.
Referencia: Medio de control de repetición – trámite de única
instancia.
Tema: Medio de control de repetición - proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por pago
de contribución por valorización. Subtema 1: Régimen legal aplicable. Subtema 2: Presupuesto
para la procedencia del medio de control de repetición - existencia de una condena judicial a cargo
del Estado.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 20051, resuelve la
demanda, en ejercicio del medio de control de repetición, promovida por la CDMB en
contra de Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo
de Santander, en segunda instancia, ordenó a la CDMB que restituyera el dinero
que una sociedad comercial le había cancelado por concepto de una contribución
por valoración. Luego de efectuar el mencionado pago, la aludida autoridad
administrativa condenada demandó, en sede de repetición, a dos de sus ex
servidores públicos que intervinieron en la decisión de decretar dicho tributo, al
estimar que aquella determinación fue el resultado de una conducta dolosa o
gravemente culposa cometida por parte de ellos.
II. ANTECEDENTES
2.1. El diecinueve (19) de diciembre de 2014, el apoderado designado por el
Director General de la CDMB presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de repetición, en contra de Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio
Gómez Ballesteros, para que esta Jurisdicción declare su responsabilidad, a título
de culpa grave, por participar en la expedición de las resoluciones números 0640 y
00986 del año 2003; y que, en consecuencia, condene a los demandados a cancelar
la suma de $14.878.099,399, que la autoridad accionante debió pagar en
cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal de Santander, en un proceso
1 Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005.
Expediente: 11001-03-26-000-2015-00172-00 (55914)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el número de radicado 2004-00891-
00/01.
2.1.1. Como fundamentos fácticos de las anteriores pretensiones, la CDMB
enunció, en síntesis, que: i) expidió la Resolución número 0640 de 2003, en la que
decretó una contribución por valorización de un proyecto; ii) el anterior acto fue
impugnado en sede administrativa, no obstante, la autoridad la confirmó
(Resolución número 00986 de 2003); iii) una persona demandó los anteriores actos
administrativos; iv) un juzgado administrativo de Bucaramanga negó las
pretensiones de la demanda; v) el Tribunal Administrativo de Santander, en sede de
apelación, revocó el fallo de primera instancia, y, en su lugar, anuló la mentada
resolución y ordenó a la CDMB que reintegrara el dinero obtenido por el pago de
aquella contribución; y vi) la CDMB satisfizo la anterior decisión judicial.
2.1.2. A modo de sustento jurídico de la pretensión de reembolso, el órgano
accionante afirmó que promovió el medio de control de repetición, por cuanto los
demandados “pudieron” incurrir en una conducta gravemente culposa, con la
expedición de las resoluciones números 0640 y 00986 del año 2003, conducta que
suscitó la imposición de una condena en contra de la CDMB.
2.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga, el veintiuno (21) de mayo
de dos mil quince (2015)2, admitió la demanda; decisión que fue notificada en
debida forma a los accionados3. Carlos Octavio Gómez Ballesteros presentó
escrito de contestación en el que se opuso a las pretensiones del actor y, además,
sostuvo que sus actuaciones, relacionadas con la expedición de los actos
demandados en nulidad y restablecimiento del derecho, no fueron producto de una
conducta gravemente culposa, sino que obedecieron a una directriz impartida por el
Consejo Directivo del organismo demandante. También afirmó que la Corte
Constitucional ya había admitido la viabilidad de decretar ese tipo de contribuciones;
de ahí que su obrar se sustentó en el convencimiento “invencible” de actuar
conforme a la legalidad4.
2.3. La parte actora presentó escrito de reforma a la demanda5, con el objeto de
aclarar que sus pretensiones condenatorias ascienden a la suma de
$49.796.901,25, discriminada de esta manera: i) 34.918.801,86, por concepto del
valor que ya había pagado la sociedad Pollosan S.A., respecto de la contribución
por valorización; y ii) 14.878.099,39 por concepto del incremento del IPC6.
2.4. Posteriormente, con sustento en el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, el
Juzgado declaró la falta de competencia para conocer el medio de control
promovido por la CDMB y, en consecuencia, remitió el expediente a esta
Corporación7. El despacho sustanciador de esta Subsección avocó conocimiento
de este asunto8; y, en providencia posterior9, admitió la reforma a la demanda y
corrió traslado a la contraparte de aquel escrito, sin pronunciamiento alguno en
ese sentido10.
2 Folios 131 y 132, cuaderno único.
3 Folios 146 a 149, cuaderno único.
4 Folios 150 a 158, cuaderno único.
5 Folios 166 a 181, cuaderno único.
6 Índice de precios del consumidor.
7 Folios 204 y 205, cuaderno único.
8 Folios 214 a 216, cuaderno único.
9 Folios 221 a 230, cuaderno único.
10 Folio 238, cuaderno único.
2
Expediente: 11001-03-26-000-2015-00172-00 (55914)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
2.5. En la audiencia inicial celebrada el 4 de febrero de 202211, el despacho
sustanciador de esta Sala no encontró causal de nulidad que invalidara lo actuado,
agotó la respectiva etapa conciliatoria y fijó el objeto del litigio, así:
“Determinar si Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros,
en calidad de Director General y de Secretario General de la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB,
respectivamente; deben responder, a título de culpa grave, por los perjuicios
materiales causados a la entidad, en cuantía de […] ($ 14’878.099,39), valor que
corresponde a la diferencia que resultó de la actualización que debió ser realizada
con base al incremento del IPC, a las sumas que fueron reintegradas por la CDMB
y a favor de la demandante, dentro del proceso de nulidad con restablecimiento
del derecho instaurado por POLLOSAN S.A. (hoy PROGRESA S.A.) por el cobro
de valorización basamentado en las Resoluciones 000640 del 16 de julio de 2003
y 0986 del 20 de octubre de 2003, que fueron declaradas nulas mediante
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, Sala de Descongestión, el 23 de noviembre de 2012, dentro del
proceso radicado al número 2004-00891-01”.
Seguidamente, incorporó las pruebas allegadas por las partes y ordenó que, por
secretaría de la Sección, se oficie a los despachos de la Consejeros María Adriana
Marín y José Roberto Sáchica para que, en el término de diez días,
respectivamente, remitieran con destino al presente proceso, copia de los trámites
judiciales adelantados bajo los números de radicado 55887 y 56622. En la
audiencia de pruebas celebrada el 11 de marzo de 2022, el despacho sustanciador
de esta Sala declaró incorporadas las anteriores piezas procesales12.
2.6. En la etapa de alegaciones, Fredy Antonio Anaya Martínez13 solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que no están satisfechas las
exigencias para la procedencia del medio de control promovido por la parte actora.
Luego, el señor Gómez Ballesteros14 ratificó su postura indicada en el escrito de
contestación de la demanda, insistió en la falta de culpa grave cometida por los
demandados, e invocó un pronunciamiento de la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación, del 30 de julio de 2021, que, según aquel, guarda
identidad fáctica y jurídica con el caso objeto de estudio. La Procuraduría Delegada
para la Conciliación Administrativa15, por su parte, pidió que se negaran las
pretensiones de la demanda, al estimar que en este caso no se configuró un daño
antijurídico en contra del Estado, y que la condena objeto de estudio alude
simplemente a una devolución de un dinero pagado con la respectiva actualización
de su valor. Finalmente, la CDMB16 sostuvo que los demandados incurrieron en
culpa grave, al no asesorarse en debida forma respecto de la suscripción de las
resoluciones que dieron origen a los cobros de contribución por valorización.
Además, resaltó el hecho de que el extremo pasivo de la controversia no hubiera
contestado la demanda de repetición, ni controvertido la presunción de haber
cometido una conducta gravemente culposa.
III. PROBLEMA JURÍDICO
3.1. La estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la
concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la obligación resarcitoria a
11 Índice 00078 de Samai.
12 Índice 00090 de Samai.
13 Índice 00097 de Samai.
14 Índice 00100 de Samai.
15 Índice 00101 de Samai.
16 Índice 00103 de Samai.
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Expediente: 11001-03-26-000-2015-00172-00 (55914)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
cargo del Estado; (ii) la condición de servidor o exservidor público de la persona
contra la que se repite; (iii) el pago efectivo de la obligación reparatoria; y (iv) la
conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público. Siendo los
primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo17.
3.2. Visto lo anterior, en el evento de encontrar satisfechos los presupuestos
procesales para proferir sentencia, y conforme a los documentos incorporados en
este proceso, la Sala considera pertinente, después de definir el régimen jurídico
aplicable a este caso, resolver el siguiente problema jurídico:
¿La CDMB acreditó, como presupuesto propio del juicio de repetición, la existencia
de una condena judicial resarcitoria, proveniente de la sentencia proferida el 23 de
noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander (en el proceso con
número de radicado 680013333100520040089101), que haya impuesto una
obligación resarcitoria a su cargo?
3.3. En caso de que sea afirmativa la respuesta al anterior interrogante, esta
Subsección estudiará los demás presupuestos que se requieren para que prosperen
las pretensiones planteadas en sede de repetición.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los procesos de
repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 200118. En
consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para pronunciarse
sobre la demanda promovida por la CDMB, comoquiera que, según el artículo 149,
numeral 13, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)19, el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de las
demandas de repetición promovidas en contra de “los representantes legales de los
órganos y entidades del orden nacional”, y en este caso, las pretensiones de repetición
de la CDMB están dirigidas, entre otro, contra un exdirector general de una
corporación autónoma regional, entidad a la que, según la jurisprudencia de esta
Corporación y de la Corte Constitucional20, se le ha otorgado la connotación de
“entidad pública del orden nacional”.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 5 de diciembre de 2006, exp. 22056; del 27 de diciembre
de 2006, exp. 22099; del 3 de octubre de 2007, exp. 24844; del 26 de febrero de 21109, exp. 30329; del 13 de
mayo de 2009, exp. 25694; y del 28 de abril de 2011, exp. 33407; y Sección Tercera, Subsección C, fallos del
19 de julio de 2017, exp. 55025; del 18 de junio del 2018, exp. 54692; del 9 de julio de 2018, exp. 58789; y del
31 de enero de 2020, exp. 42037.
18 Ley 678 de 2001. “Artículo 7. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de
repetición […]”.
19 “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en
única instancia de los siguientes asuntos: (…) De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la
República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de
Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal
General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo
Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados
de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y,
en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional”.
20 Corte Constitucional, sentencias C-275 de 1998 y C-689 de 2011. Igualmente: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2009, exp. 2003-01749(0398-08). Sala plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión. Fallo del 23 de noviembre de 2020, exp. 11001-
03-15-000-2020-03298-00(CA).
4
Expediente: 11001-03-26-000-2015-00172-00 (55914)
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4.2. El plazo para el ejercicio oportuno del presente medio de control comenzó a correr
cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 200121 y el CPACA22, pues el pago de
la condena judicial impuesta en contra de la demandante ocurrió el seis (6) de junio
de dos mil trece (2013), esto es, antes del plazo legal para tal efecto.
De acuerdo con el literal l) del artículo 164 del CPACA, el término para promover el
medio de control de reparación directa es de dos (2) años contados a partir del día
siguiente al que el organismo hubiera cancelado la condena o, a más tardar, desde el
vencimiento del plazo legal con el que cuenta la administración para el pago de las
condenas. En este caso, el cómputo del inicio del plazo bienal corresponde al previsto
en el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)23, esto
es, dieciocho (18) meses, pues el proceso adelantado bajo la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, que culminó con la sentencia condenatoria en contra del
demandante, fue tramitado bajo esa norma procesal.
En este caso se encuentra acreditado que, en virtud de la sentencia proferida el
veintitrés (23) de noviembre de dos mil doce (2012), el Tribunal Administrativo de
Santander condenó a la CDMB a restituir un dinero que había recibido de la sociedad
Pollosan S.A., por concepto de contribución por valorización. De acuerdo con el
comprobante de egreso número 20130002087 emitido por la autoridad demandante,
el pago de la mencionada orden judicial se realizó el seis (6) de junio de dos mil
trece (2013) a través de la institución financiera “Davivienda” al beneficiario
identificado como “Progresan S.A.” (antes Pollosan S.A.), por la suma de cuarenta y
nueve millones setecientos noventa y seis mil novecientos un peso con veinticinco
centavos ($49.796.901,25). En ese orden, como la demanda que inició este
contencioso fue radicada el diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce
(2014)24, esto es, dentro del término de dos años contados desde el día siguiente al
pago de la condena judicial, que acaeció el siete (7) de junio de dos mil quince
(2015), el ejercicio del medio de control de repetición fue oportuno.
4.3. Ahora, está acreditado que el medio de control de repetición fue ejercido por el
apoderado judicial designado por el Director General de la CDMB25. Así, al ser la
CDMB el ente que realizó el pago ordenado en la sentencia del 23 de noviembre de
2012 por el Tribunal Administrativo de Santander, le asiste a esta la legitimación en
la causa por activa para presentar la pretensión de reembolso26 y está debidamente
representada por aquel. En relación con el extremo pasivo de la controversia, Fredy
Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros están legitimados,
comoquiera que en el expediente se encuentra demostrado que, para el año 2003,
momento en que ocurrió el hecho dañoso que dio lugar a la condena en contra de
21 Según el artículo 31 de la Ley 678 de 2001, "La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las normas que le sean contrarias", y ésta fue publicada en el Diario Oficial No. 44509 de 4 de agosto
de 2001.
22 CPACA. Artículo 308. “Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012. || Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. || Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
23 “Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar
las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán
ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.
24 Folio 117, cuaderno único.
25 Folio 10, cuaderno único.
26 Ley 678 de 2001, artículo 8. "Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago
total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la
persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como
consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la
Ley. Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad facultada que se menciona
anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición: 1. El Ministerio Público. 2. El Ministerio de Justicia y del
Derecho, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o quien haga sus veces”.
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Bucaramanga
la parte actora, los demandados, respectivamente, ejercían los cargos de Director
General y de Secretario General, según constancias suscritas por el Coordinador del
Grupo de Gestión de Talento Humano del CDMB, el 11 de agosto de 201527; y que
aquellos sujetos intervinieron en la expedición de los actos que dieron lugar a la orden
de restitución dineraria que tuvo que asumir la sociedad demandante.
Régimen jurídico aplicable al asunto
4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la
Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el
momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener
efectos retroactivos28. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la
imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de
2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior29, pero si ocurrieron con
posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del
demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin
perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la
acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del
Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en
punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable
con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de
responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la
Constitución Política)”. Por ende, como en este caso el hecho dañoso origen de la
condena ocurrió en el año 2003, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales
también lo es la Ley 678 de 2001.
Consideraciones relativas al problema jurídico planteado: existencia de una
condena judicial a cargo del Estado
4.5. Como se mencionó, el primero de los requisitos para que prospere el medio de
control de repetición se centra en demostrar la existencia de una condena judicial
resarcitoria que haya impuesto a la entidad estatal la carga de cancelar una
suma de dinero.
El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución preceptúa que “[e]n el evento de
ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de [un daño antijurídico], que
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente
suyo, aquél deberá repetir contra éste”. La Ley 678 de 2001, en su artículo 2°, define
la acción de repetición como un mecanismo judicial civil, de carácter patrimonial,
que debe ejercerse “en contra del servidor o ex servidor público que como
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado
reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena
(…)”.
27 Folios 182 y 183, cuaderno único.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330.
29 "Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al
tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad
patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y
dolo que plantea el Código Civil. || Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar
la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código
Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo
previsto en los artículos 6° y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los servidores
públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.
//Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe, contenidos en la Constitución
Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia". Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2018, exp. 54692.
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Expediente: 11001-03-26-000-2015-00172-00 (55914)
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La normatividad aludida revela que la finalidad del medio de control o la acción de
repetición consiste en garantizar la protección del patrimonio público, en el sentido
de procurar que el Estado obtenga el reintegro o el reembolso del valor de la
condena que aquel tuvo que pagar como consecuencia del daño antijurídico
causado a la víctima, por cuenta de una conducta gravemente culposa y dolosa
cometida por uno de sus agentes30. Lo anterior implica que, en este tipo de
controversias, al juez administrativo le asiste el deber de constatar que la sentencia
fundamento de la demanda de repetición genera un detrimento patrimonial a
la entidad pública, por la carga que a esta última se le endilga de pagar una suma
de dinero constitutiva de una condena judicial. Las órdenes de las autoridades
judiciales que escapen al anterior escenario jurídico, como, por ejemplo, las que
aluden a un restablecimiento de derechos sin afectación económica alguna o
impongan una devolución o restitución de carácter económico, descartan la
prosperidad de las pretensiones en sede de repetición, por un lado, en la medida en
que solo se reduce al supuesto en el que el Estado reintegra a su legitimo titular
unos recursos que, por virtud de una decisión judicial, no tiene derecho a retener; y,
por el otro, porque de no ser así, el juez podría generar un enriquecimiento sin justa
causa en favor del Estado, que desnaturalizaría el alcance constitucional del
mecanismo judicial de la repetición31.
En otras palabras, solamente las decisiones condenatorias que impongan a cargo
del erario público el cumplimiento de pretensiones resarcitorias dará lugar a repetir,
porque, en tales casos, el patrimonio de la entidad obligada se ve menguado en
proporción al valor que tiene que sacrificar para indemnizar o compensar el perjuicio
irrogado, mientras que aquellas decisiones que, aun siendo condenatorias, acojan
una pretensión meramente restitutoria no serán pasibles de repetición, dado que,
conforme a la definición del DRAE32, restituir es apenas el acto de “volver algo a
quien lo tenía antes”, situación en la que la afectación patrimonial de quien devuelve
lo que había percibido es meramente aparente.
4.6. Precisado lo anterior, conforme a las pruebas documentales allegadas al
expediente, que no fueron controvertidas por la contraparte de quien las aportó, en
el proceso se encuentran acreditados los siguientes hechos:
4.6.1. El Director General de la CDMB, Fredy Antonio Anaya Martínez, expidió la
Resolución número 0640 del 16 de julio de 2003, en la que decretó la contribución
por valorización del proyecto “Canalización Quebrada La Iglesia”, que cubrió a los
municipios de Bucaramanga y Girón, en el Departamento de Santander33.
4.6.2. El Director General de la CDMB, Fredy Antonio Anaya Martínez, expidió la
Resolución número 00986 del 20 de octubre de 2003, en la que desestimó el recurso
de reposición interpuesto por la sociedad Pollosan S.A. en contra de la Resolución
número 0640 del 16 de julio del mismo año. Este acto contenía la firma de Carlos
Octavio Gómez Ballesteros, como Secretario General de la entidad34.
4.6.3. La sociedad Pollosan S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, con la pretensión de que la CDMB anulara los anteriores actos
administrativos35.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 56622. Corte
Constitucional. Sentencia SU-354 de 2000.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 4 de marzo de 2022, exp. 64684; y del 6
de julio de 2022, exp. 55887.
32 Dirección de la Real Academia Española.
33 Folios 72 a 76, cuaderno único.
34 Folios 187 a 198, cuaderno único.
35 Folios 15 y 16, cuaderno único.
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Expediente: 11001-03-26-000-2015-00172-00 (55914)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
4.6.4. El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga, en sentencia proferida el
23 de enero de 2007, negó las súplicas de la demanda36. En sede de apelación, el
Tribunal Administrativo de Santander, el 23 de noviembre de 201237, revocó la
anterior decisión judicial, y, en su lugar, anuló los actos demandados, y, a título de
restablecimiento del derecho, impuso la siguiente orden judicial:
“TERCERO: ORDENAR a la CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MESETA
DE BUCARAMANGA - CDMB restituir la totalidad de dineros que la SOCIEDAD
POLLOSAN S.A. hubiere pagado por concepto de contribución por valorización
impuesta mediante Resolución No 000640 del 16 de julio de 2003 y la que la confirmó
Resolución No. 00986 del 20 de octubre de 2003, debidamente ajustada en los
términos del artículo 178 del C.C.A. (…) para un total de (…) ($49.796.901,25)
MCT.”38. (Negrilla en el texto y fuera de él).
4.7. Visto lo anterior, para esta Sala la anterior orden judicial no constituye, en
sí misma, una condena de índole resarcitorio, en virtud de la cual un juez
administrativo haya generado una lesión o afectación patrimonial a la CDMB, por
haber causado un daño antijurídico a una víctima, sino que obedece a una carga
de restituir, es decir, de devolver una suma de dinero que le fue pagada a la
parte actora, por concepto de un tributo que fue objeto de anulación, ante la falta de
competencia para ordenar dicho cobro; y que, por ende, resulta improcedente
exigirle a los demandados algún tipo de reembolso, si a la entidad demandante no
le correspondía retener esos montos económicos.
Ahora, si bien es cierto que la orden de devolución implicó el ajuste del importe de
la fallida contribución, traída a valor presente al momento de dictarse la sentencia,
diferencial que constituyó el eje de la fijación del litigio, debe indicarse que esa
fracción dineraria no corresponde a nada distinto que a la acción de devolver la
cantidad líquida en el mismo estado adquisitivo que tenía para el momento en que
se causó y pagó la exacción anulada. Por tanto, esa porción inflacionaria se
compadece con el tiempo en que la entidad tuvo a disposición un dinero que
jurídicamente no estaba llamada a retener o tomar para sí y, por lo mismo, sigue
siendo parte inescindible de la obligación restitutoria, por la cual, el patrimonio de la
entidad pública, pese al fallo condenatorio, no decrece, sino que se recompone.
En consecuencia, al no encontrarse satisfecho el presupuesto relacionado con la
existencia de una condena judicial resarcitoria a cargo del Estado, y, por ende, no
ser procedente acudir el estudio de los demás requisitos del juicio de repetición, la
Subsección negará las pretensiones de la demanda promovida por la CDMB.
V. COSTAS
El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. En ese orden, el artículo
365 del Código General del Proceso, aplicable al presente proceso por remisión
expresa de la misma norma, consagra que se condenará en costas “a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. El artículo 361 del CGP indicó
36 Folios 15 a 31, cuaderno único.
37 Folios 32 a 60, cuaderno único.
38 Folio 58 (anverso), cuaderno único.
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Expediente: 11001-03-26-000-2015-00172-00 (55914)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
que las costas se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y
agencias en derecho.
Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios
establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de
presentación de la demanda39. Respecto de su valor, el numeral 3.1.1 del artículo 6
estableció que, para procesos de única instancia ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pueden ser fijadas en “cuantía: Hasta el quince por
ciento (15%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”.
La Sala, en virtud de la naturaleza, calidad y duración de la gestión de los
apoderados de los señores Anaya Martínez y Gómez Ballesteros, considera
razonable tasar las agencias en derecho a favor de cada uno de los citados
demandados, en una suma equivalente al 0,5% de la pretensión de reembolso. De
existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se
procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se hubieren causado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de repetición promovida por
la CDMB, por las razones expuestas.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. FÍJESE como
agencias en derecho el monto equivalente al 0,5% de la pretensión de reembolso,
en favor de cada uno de los demandados.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
JVV
39“La naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo
que sean equitativas y razonables”.
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