Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00163-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00163-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2015-00163-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 11001032600020150016300 (55827)
Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Medio de control: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)
Asunto: Sentencia de única instancia
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a decidir, en única instancia, el medio de control de nulidad promovido
contra el Decreto 1851 de 2015 “[por] el cual se reglamenta la contratación del
servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas y
se subroga un capítulo del Decreto 1075 de 2015”, en relación con las
siguientes disposiciones demandadas: (i) numeral 2 del artículo 2.3.1.3.3.7; (ii)
parágrafo 2 del artículo 2.3.1.3.3.7; (iii) parágrafo transitorio del artículo
2.3.1.3.3.7; (iv) inciso del artículo 2.3.1.3.3.11; (v) parágrafo de artículo
2.3.1.3.3.11.
El centro del reproche gravita en torno al cuestionamiento de orden legal y
constitucional que plantea la parte demandante, en relación con la medida de
cálculo del percentil que, por disposición del Decreto parcialmente
demandado, se determinó aplicar a los resultados de las pruebas SABER
como estándar mínimo habilitante del banco de oferentes para la contratación
del servicio público de educación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El 29 de octubre de 2015 1 , el ciudadano José Guillermo Herrera
Herrera, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada
en el artículo 137 del CPACA2, contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones: (se
transcribe literal, incluso con eventuales errores)
1 Fl. 1 al 35 del c. ppal. 1.
2 Mediante auto del 2 de noviembre de 2016, se adecuó el medio de control que correspondía, en
aplicación del artículo 171 del CAPCA,
Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
“1. Se decrete la nulidad parcial del Decreto Nacional No. 1851 de 2015, Numeral 2
del Artículo 2.3.1.3.3.7, 2) Parágrafo 2 del Artículo 2.3.1.3.3.7, 3) Parágrafo Transitorio
del Artículo 2.3.1.3.3.7, 4) Inciso 1 del Artículo 2.3.1.3.3.11, 5) Parágrafo del Artículo
2.3.1.3.3.11”.
“2. Como consecuencia de lo anterior, que no se apliquen las normas declaradas
nulas en los procesos de contratación del servicio público educativo por parte de las
Entidades Territoriales Certificadas”.
“3. Igualmente como consecuencia de lo anterior, solicito que se oficie al ICFES a fin
de que se le ordene se abstenga de publicar la lista de que se habla en el parágrafo
2 del artículo 2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015”.
2. La norma demandada es del siguiente tenor –se subrayan los
numerales acusados–:
“ARTÍCULO 2.3.1.3.3.7. Experiencia e idoneidad de los aspirantes a ser
habilitados en el Banco de Oferentes. Los aspirantes a ser habilitados en el Banco
de Oferentes deberán demostrar que sus establecimientos educativos postulados
cumplen además de los requisitos señalados en el artículo anterior, los siguientes
requisitos de experiencia e idoneidad:
1. Un tiempo mínimo de experiencia de 5 años en la prestación del servicio educativo.
2. Que en los últimos resultados publicados por el ICFES, correspondientes a las
pruebas de Estado Saber 3°, 5°, 9° y 11° presentadas , el establecimiento educativo
haya alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, entre los establecimientos educativos de su respectiva entidad territorial
certificada en educación. En caso de que el establecimiento educativo no presente la
totalidad de las pruebas -por no ofrecer alguno de los grados-, este requisito aplica
solo para las pruebas presentadas.
PARÁGRAFO 1°. La entidad territorial certificada podrá establecer criterios de
trayectoria e idoneidad superiores a los enunciados en la presente Sección.
PARÁGRAFO 2°. El Icfes publicará anualmente en el mes de noviembre, el listado
de los establecimientos educativos que cumplen con el requisito establecido en el
numeral 2 del presente artículo.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para el Banco de Oferentes que se conforme en el
año 2015, se podrán habilitar únicamente los establecimientos educativos no
oficiales, que en los resultados publicados por el Icfes de las pruebas de Estado Saber
3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año 2014, según corresponda, hubieren alcanzado
puntajes superiores al percentil 20 de los establecimientos educativos de su
respectiva entidad territorial certificada en educación”.
“ARTÍCULO 2.3.1.3.3.11. Criterios para la celebración de contratos de prestación
del servicio educativo. La entidad territorial certificada solamente podrá celebrar
contratos para la prestación del servicio educativo con quienes se encuentren
inscritos y habilitados en el Banco de Oferentes vigente, teniendo en cuenta para tales
efectos los criterios de selección objetiva establecidos en la ley y además:
1. La cercanía entre la ubicación geográfica de la demanda y el lugar donde se
encuentra el establecimiento educativo con el cual se ofrece prestar el servicio
educativo.
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Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
2. La disponibilidad efectiva del establecimiento educativo ofertado para atender a los
estudiantes al momento de la contratación.
3. La concordancia entre la canasta educativa requerida y la canasta ofrecida.
4. Las adecuadas condiciones de las instalaciones físicas de los establecimientos
educativos en los que se prestará el servicio educativo.
5. El establecimiento educativo no oficial con el que se va a celebrar el contrato, debe
mantener los criterios de experiencia e idoneidad exigidos para la habilitación en el
Banco de Oferentes, verificando el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del
artículo 2.3.1.3.3.7. del presente decreto.
6. Los resultados de los procesos de supervisión o interventoría de contratos
anteriores.
PARÁGRAFO. Para la vigencia 2016 se podrán celebrar contratos para la prestación
de servicio educativo con cualquiera de los propietarios de establecimientos
educativos no oficiales habilitados en el Banco de Oferentes conformado en el año
2015.
En el año 2017, solamente podrán celebrar contratos para la prestación de servicio
educativo las personas habilitadas en el Banco de Oferentes cuyos establecimientos
educativos hubieren obtenido en las pruebas de Estado Saber 3°, 5°, 9° y 11 del año
2015, según corresponda, puntajes superiores al percentil 30 de los establecimientos
educativos de su respectiva entidad territorial certificada en educación, de acuerdo
con los resultados publicados por el Icfes.
A partir de 2018, solo podrán celebrar los referidos contratos las personas jurídicas
habilitadas propietarias de establecimientos educativos no oficiales, que cumplan con
el requisito establecido en el numeral 2 del artículo 2°.3°.1°.3°.3°.7° del presente
decreto.
Los propietarios de establecimientos educativos que hagan parte del Banco de
Oferentes a conformar en el año 2015, cuyos resultados no correspondan al percentil
establecido en los incisos 2° y 3° de este parágrafo para las respectivas vigencias,
quedarán deshabilitadas del banco de oferentes.”
3. Al sustentar el concepto de la violación, la parte demandante planteó, en
síntesis, los siguientes argumentos –los cuales, por fines metodológicos, serán
profundizados en el análisis relacionado con cada cargo formulado–.
4. Señaló que con la expedición del Decreto 1851 del 16 de septiembre de
2015 el Ministerio de Educación Nacional buscó mejorar los índices de la
calidad educativa en el país estableciendo que, los particulares que pueden
inscribirse en el Banco de Oferentes, para celebrar contratos de prestación del
servicio público educativo, deben cumplir un estándar mínimo en las pruebas
SABER.
Sostuvo que esa medida de referencia desconoció las diferencias de carácter
étnico, sociocultural y familiar que se presentan, pues no puede evaluarse de
forma igual a alumnos de instituciones de estrato socioeconómico alto frente a
los de estratos más bajos donde no se logran tales mínimos.
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Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Indicó que, por esa vía, se descalifican instituciones que prestan el servicio a
esas poblaciones, privando de educación a más de treinta y cinco mil alumnos;
por esto, censuró que de las pruebas SABER solo se tuviera en cuenta
matemáticas y lenguaje existiendo otras materias que evidencian habilidades
distintas en la formación de los alumnos, y señaló que el Índice Sintético de
Calidad Educativa – ISCE, sí revela una evaluación integral en tanto evalúa:
progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar.
5. Mediante escrito del 27 de mayo de 20163, la ciudadana Aydee Romero
Hernández presentó coadyuvancia a la demanda de nulidad, cuyos reproches
coinciden sustancialmente con algunos de los expresados por el demandante;
en adición a ellos, formuló censura contra el parágrafo transitorio del artículo
2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015 y el parágrafo del artículo 2.3.1.3.3.11
por violación directa del principio de irretroactividad de la ley, sustentado en
que dicha norma vino a otorgar a la prueba SABER efectos jurídicos a hechos
anteriores a su entrada en vigencia. Igualmente, adujo la violación del principio
de buena fe y confianza legítima por los cambios sorpresivos en las reglas de
contratación de instituciones educativas sin un periodo de transición que
permitiera adaptarse a los nuevos requisitos, y acompañó la censura al núm.
2 del artículo 2.3.1.3.3.7 por establecer el percentil 35 en las pruebas SABER
en las áreas de matemáticas y lenguaje, desconociendo criterios de diversidad
pluriculturalidad y contexto social.
Suspensión provisional
6. La parte actora solicitó con su demanda que se decretara la medida cautelar
de suspensión provisional de las normas acusadas, petición a la que se sumó
la ciudadana coadyuvante.
7. Mediante auto del 28 de septiembre de 20174, proferido por el entonces
ponente del proceso, se negó la suspensión deprecada considerando que los
derechos a la educación, la igualdad, el trabajo y al debido proceso, así como
el desconocimiento del principio de buena fe y confianza legítima, bajo los
cuales se cuestionaron las normas demandadas, no son circunstancias que
puedan establecerse con la simple confrontación del acto acusado y las
normas presuntamente infringidas, debiendo avanzar en la decisión de fondo.
Contestación de la demanda
8. El Ministerio de Educación Nacional contestó la demanda5 y se opuso a
todas las pretensiones; esgrimió, en síntesis, que las pruebas SABER
constituyen una medida utilizada por el Estado en ejercicio de su función de
inspección y vigilancia para medir el desarrollo de las competencias básicas
de los estudiantes en el seguimiento de la calidad y metas del sistema.
3 Fl. 95 a 128 del cuaderno ppal. 1.
4 Fl. 56 a 64 del cuaderno de medidas cautelares.
5 Fl. 138 a 159 del c. ppal. 1.
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Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
educativo; indicó que estas pruebas corresponden a medidas idóneas para
definir el banco de oferentes, pues si los estudiantes superan o no las pruebas
SABER, ello es resultado del desempeño y calidad en la educación de quienes
prestan directamente este servicio. Añadió, entre otros argumentos, que el
rango de medición del percentil genera igualdad y no desconoce el debido
proceso, lo contrario llevaría a que los niños de condiciones sociales y
económicas “difíciles” tuvieran una educación de menor calidad, lo que es
inaceptable; así que, garantizar un estándar mínimo de calidad no vulnera
ninguno de los derechos aducidos por la parte activa.
De otra parte, negó la retroactividad de la que se acusa al Decreto 1851 de
2015, pues el mismo no entró a suprimir efectos derivados de las pruebas de
Estado SABER 2014; agregó que éstas no generaban derechos a favor de las
instituciones educativas respecto a la contratación con la entidad territorial.
Audiencia inicial
9. En audiencia celebrada el 7 de octubre de 2019, se llevó a cabo el
saneamiento del proceso y se fijó el litigio en orden a determinar si los artículos
2.3.1.3.3.7 (numeral 2, parágrafo 2 y parágrafo transitorio) y 2.3.1.3.3.11
(inciso 1, 2 y 4) del Decreto 1851 del 15 de septiembre de 2015 se ajustan al
ordenamiento jurídico o si, por el contrario, son violatorios de los derechos a
la igualdad, al trabajo, al debido proceso, la educación, y los principios de
irretroactividad de la ley, buena fe y confianza legítima consagrados en los
artículos 13, 25, 29, 58 y 67 de la Constitución Política, así como el artículo 4
de la Ley 115 de 1994 y artículo 7 de la Ley 715 de 2001, según lo solicitó el
actor y su coadyuvante.
Igualmente se procedió con el decreto de pruebas6, cuya práctica se realizó
en audiencia llevada a cabo el 23 de octubre de 2019.
Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
10. Tanto la parte demandante (actor y coadyuvante)7 como la demandada8
hicieron uso de esta etapa procesal de manera oportuna, y reiteraron los
planteamientos esgrimidos en el libelo introductorio y en su contestación.
6 Se decretaron como pruebas: la documental aportada por la demandante, la cual se contrajo a la copia
del Decreto 1851 de 2015; negándose la inspección judicial solicitada respecto de la dependencia oficina
del ICFES encargada de recaudar y procesar la información y los resultados de las pruebas SABER. Se
decretó como prueba, por solicitud de la coadyuvante: (i) a cargo del Ministerio de Educación Nacional,
aportar los antecedentes administrativos del Decreto 1851 de 2015; (ii) Certificación a cargo de la
demandada en relación con la fecha de aplicación de las pruebas SABER 3, 5, 9 y 11 del año 2014 y
2015 y la fecha de publicación de resultados. Por parte de la entidad demandada se aportaron los
siguientes documentos: (i) Memoria justificativa Decreto reglamentario 1581 de 2015; (ii) documento
denominado “Alcances e inconsistencias del índice sintético de Calidad Educativa (ISCE), diseñado y
aplicado por el Ministerio de Educación de Colombia en el año 2015”
7 Fl. 355 a 360 –ambas caras– del c. ppal. 3. Alegatos presentados conjuntamente por el actor y la
coadyuvante, quienes confirieron poder al mismo abogado para su representación judicial.
8 Fl. 328 a 354 del c. ppal. 3.
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Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
11. El Ministerio Público 9 al rendir concepto consideró procedente la
declaratoria de nulidad parcial del Decreto 1851 de 2015 en los términos de la
demanda; estimó que fue vulnerado el principio de irretroactividad de la ley,
pues las pruebas SABER presentadas en 2014 constituyen hechos
consolidados en vigencia de un marco legal anterior y sus efectos no podían
ser distintos a los definidos por las normas preexistentes; encontró que las
normas acusadas, al no contemplar una verdadera fórmula de transición
normativa desconocían el principio de confianza legítima a favor de los
administrados quienes se vieron afectados por las modificaciones normativas;
y señaló que el mecanismo de medición –pruebas SABER y su percentil–
constituían una violación al derecho a la igualdad.
II. CONSIDERACIONES
Competencia de la Sala
12. La Sala es competente para conocer en única instancia de la presente
demanda de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo,10 en concordancia con lo señalado en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019 adoptado por la Sala Plena de esta Corporación11.
Motivación de la sentencia
13. De conformidad con la fijación del litigio, la Sala se propone analizar los
cargos formulados por demandante y coadyuvante –que en adelante se
denominarán, en su conjunto, la parte activa o parte demandante– cuyo
reproche, en un ejercicio de integración normativa, se centra en que las
normas acusadas violan el derecho a la igualdad, la educación, al trabajo y
debido proceso de cara al sistema de medición adoptado, así como el principio
de irretroactividad, confianza legítima y buena fe.
14. Con este horizonte, la Sala se referirá, en primera medida, a los
antecedentes normativos que definen el marco constitucional y legal de las
disposiciones materia de reproche, en particular lo relacionado con el artículo
27 de la Ley 715 de 2001 –modificado por las Leyes 1176 de 2007 y 1294 de
2009– objeto del desarrollo reglamentario contenido en el Decreto 1851 de
9 Fl. 361 a 376 –ambas caras– del c. ppal. 3.
10 “ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá
en única instancia de los siguientes asuntos:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por
las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo
orden. (…)”.
11 ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)
Sección Tercera: 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos
agrarios, contractuales, mineros y petroleros (…)
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Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
2015 parcialmente demandado, para luego incursionar en el examen de cada
uno de los cargos presentados.
Antecedentes normativos
Las condiciones de experiencia e idoneidad en la prestación del servicio
educativo.
15. La Carta Política establece que la educación es un derecho que a la vez
se constituye en un servicio público, del cual son responsables el Estado, la
sociedad y la familia, cuya función social está atada a la búsqueda del
conocimiento, la ciencia, la técnica y los valores culturales que conduzcan al
progreso individual y colectivo. Por ello, el Estado debe “garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo” (art. 67 de
la C.P.).
Con tal designio, el Constituyente asignó al Estado la función de “regular y
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar
por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos” –inciso quinto del art. 67 ídem– (se
resalta).
16. Esta norma superior, igualmente dispuso que “[l]a Nación y las entidades
territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los
servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y
la ley”. De allí que el legislador, en ejercicio de sus competencias de creación
normativa, ha establecido en diferentes instrumentos lo concerniente a los
principios, reglas, valores y alcance que llenan de contenido la doble
dimensión de este derecho, de modo que se articulen las competencias de los
entes territoriales en conjunto con los mecanismos de financiación necesarios
para atender la demanda educativa, y garantizar así la prestación eficiente de
este servicio estatal que, entre otros propósitos, busca “la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo” y “el
mejoramiento de la calidad de vida de la población”12.
17. En esta línea de principio, el artículo 356 constitucional creó el Sistema
General de Participaciones, en desarrollo del modelo de descentralización con
responsabilidad fiscal, el cual, conforme al Acto Legislativo No. 1 de 2001,
dispuso lo siguiente:
“[s]alvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los
servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para
efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar
adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los
12 Corte Constitucional, Sentencia T- 523 del 21 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
reiterando la Sentencia T-294 de 2009, sobre el derecho a la educación.
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Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Departamentos, Distritos y Municipios”.
Puntualmente, el inciso 4 de la citada disposición –antes de la reforma
efectuada mediante el Acto Legislativo No. 4 de 2007– establecía que “los
recursos del sistema general de participaciones de los departamentos, distritos
y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo,
dándole prioridad al servicio de salud y los servicios de educación preescolar,
primaria, secundaria y media garantizando la prestación de los servicios y la
ampliación de cobertura”13 (subraya añadida).
18. Bajo este imperativo, fue expedida la Ley 715 de 200114 - que define la
naturaleza del Sistema General de Participaciones, las competencias en la
materia y la distribución sectorial de los recursos a las entidades territoriales,
entre ellos, el relacionado con el sector educación15. En sus determinaciones,
el artículo 5.6 dispuso a cargo de la Nación “[d]efinir, diseñar y establecer
instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación”; así como, “[f]ijar
parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo estatal, (…)
teniendo en cuenta las particularidades de cada región” como indicó el artículo
5.14.
Por su parte, confió a las entidades territoriales la función de “[d]irigir, planificar;
y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media en
sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad en
los términos definidos en la presente ley”, –según dispuso el art. 6.2.1 para los
departamentos, y el art. 7.1 para los distritos y municipios certificados–.
19. El contexto normativo referido hasta ahora, tiene gran significancia pues
enfatiza, con rango constitucional, en la mejor utilización de los recursos
públicos que por vía del Sistema General de Participaciones16 son distribuidos
13 En todo caso, con la reforma de 2007 no se cambió lo referente al servicio de educación, que interesa
al sub-lite, sino que se añadió lo relacionado con los servicios públicos domiciliarios de agua potable y
saneamiento básico.
14 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
15 Inicialmente la distribución de los recursos y competencias de la que tratan los artículos 356 y 357 de
la Constitución Política fue reglamentada por la Ley 60 de 1993, donde se establecían dos mecanismos
a través de los cuales el gobierno nacional transfería recursos a las entidades territoriales: de una parte
estaba el situado fiscal el cual representaba los recursos que el gobierno central asignaba a los
departamentos, al distrito capital y a los distritos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta para financiar
la salud y la educación en estas entidades territoriales; y de otra parte, estaban las transferencias a los
municipios que se hacían a través de las denominadas participaciones municipales. Luego, “[c]on la
caída del producto interno bruto a finales de los años noventa se redujo el recaudo tributario, y también
los ingresos por concepto de transferencias a los departamentos y distritos, pues estos eran un
porcentaje de los ICN. Dicha situación estaba comprometiendo la sostenibilidad de las coberturas en
educación y en salud (Carrasquilla, 2006) 9. Como consecuencia de esta crisis se implementaron una
serie de reformas que buscaron generar una mayor estabilidad fiscal en Colombia. Entre estas se
encuentra el Acto Legislativo 01 de 2001, mediante el cual se reformaron los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se creó el Sistema General de Participaciones (SGP), reglamentado por la Ley
715 del mismo año (…)” Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER)
“Contexto histórico y evolución del SGP en Colombia”, 2014. Consultado en *Microsoft Word -
Competencias y recursos (2014-07-10) (banrep.gov.co).
16 Es necesario aclarar que la referencia que se hace respecto a los recursos del SGP en materia de
educación, se explica en que dicho sistema se constituye en la principal fuente de recursos para el sector
8
Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
en las entidades territoriales con la finalidad, entre otras, de garantizar el
derecho a la educación y “proveer los recursos para financiar adecuadamente
su prestación” (se subraya), tal como lo advierte el ya citado artículo 356 de la
Constitución Política.
Por manera que, la adecuada prestación del servicio público de educación está
orientada al logro de metas en “cobertura, calidad y eficiencia en el uso de los
recursos” (art. 5.20 de la Ley 715 de 2001) y al despliegue de “las acciones
necesarias para mejorar la administración de [tales] recursos” (art. 5.21 ídem).
20. Sirva lo dicho para memorar que, entre las razones fundamentales que
alentaron el nacimiento de la Ley 715 de 2001, la búsqueda de soluciones a
los problemas que afrontó su antecesora, la Ley 30 de 1993, ocupó un lugar
central. En efecto, al exponer sus motivaciones, dicha reforma identificó la
necesidad de generar acciones para mejorar la administración de los recursos
asignados pues, contrario a la pretensión de desarrollo y bienestar que la Carta
Política asignó a la prestación del servicio de educación, el uso inapropiado de
éstos y la afectación directa a la calidad y dotación, imponían nuevos desafíos
y correctivos; así lo registra la exposición de motivos respectiva, al indicar:
“Es claro entonces, que el problema de la educación en Colombia no es nuevamente
la falta de recursos financieros. Más bien, lo que salta a la vista es que, pese a la
magnitud de los recursos, la educación en Colombia afronta problemas relacionados
con su uso inapropiado, que se reflejan en una distribución inequitativa, en niveles
bajos de eficiencia y en una asignación insuficiente para atender inversiones en
calidad y dotación”17
21. Igualmente, se evidenció que no existía una relación de eficiencia entre el
gasto y la calidad en la educación oficial, pues en una evaluación efectuada a
los resultados de las pruebas del ICFES practicadas entre 1993 y 1998 se
observó “que en los colegios oficiales la calidad disminuyó aproximadamente
en 20% en cuatro años”, como da cuenta la citada exposición de motivos. Así
el panorama que existía, centrado en la distribución de recursos, venía
dejando en vacío los estándares de calidad que son los elementos que
verdaderamente rompen las barreras de la inequidad y propician las
oportunidades de desarrollo humano, social y económico.
educativo en las entidades territoriales, sin perjuicio de otras fuentes que complementan la atención en
educación. El Ministerio de Educación al respecto ha precisado que la “principal fuente de recursos para
el sector educativo en las entidades territoriales corresponde a la participación para educación del SGP,
que incluye recursos de prestación de servicios girados directamente a las entidades territoriales
certificadas en educación, cancelaciones giradas a las cuentas de los Fondos de Pensiones Territoriales
de los departamentos y del distrito capital, y recursos de calidad matrícula oficial y gratuidad asignados
a los distritos, municipios certificados y no certificados en educación (…). No obstante, existen otras
fuentes que permiten apalancar el mejoramiento de la calidad y la cobertura del servicio educativo, entre
las cuales se encuentran: recursos del SGP para alimentación escolar, recursos de programas
nacionales orientados al mejoramiento del sector educativo, recursos de regalías y compensaciones,
rentas por explotación de licores, recursos propios de las entidades territoriales, recursos de crédito
externo o de cooperación internacional (…)”. Ministerio de Educación, “Guía para la administración de
los recursos financieros del sector educativo”, pág. 26. Consultado en
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-314633_archivo_pdf.pdf
17 Exposición de motivos de la Ley 715 de 2011, Gaceta del Congreso 294 de 2000.
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Tal circunstancia quedó plasmada en los siguientes términos:
“La calidad de la educación preescolar, básica y media ofrecida por instituciones
públicas es deficiente. Los niños no alcanzan ni los objetivos curriculares establecidos
por el país, ni los estándares internacionales para los mismos niveles. En primaria los
niños aprenden menos de la mitad de lo que deberían de acuerdo con el currículo
vigente.
“En efecto, los resultados de las pruebas SABER aplicadas entre 1997 y 1999 a
estudiantes de los grados 3º, 5º, 7º, y 9º muestran que menos de la mitad de los
estudiantes alcanzan el nivel esperado de lectura comprensiva en tercer grado, y que
solamente alrededor del 20% alcanzan los niveles esperados en matemáticas en los
grados quinto y noveno (…)”18.
22. Así, con el objetivo de promover mejores niveles de calidad, dotación e
infraestructura en la educación pública, el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 –
modificado por las Leyes 1176 de 2007 y 1294 de 2009– estableció que las
entidades territoriales certificadas prestarán el servicio público de educación
en los niveles de preescolar, básica y media en su jurisdicción, por medio de
instituciones del estado; de esta forma, sólo cuando se demuestre insuficiencia
o limitaciones en los establecimientos educativos oficiales, se podrá acudir al
mecanismo de la contratación para suplir las necesidades en la prestación del
servicio de educación, siempre y cuando se trate de instituciones que acrediten
reconocida trayectoria e idoneidad.
“ARTÍCULO 27. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
Los Departamentos, Distritos y Municipios certificados, prestarán el servicio público
de la educación a través del Sistema Educativo Oficial.
Solamente en donde se demuestre insuficiencia o limitaciones en las instituciones
educativas del Sistema Educativo Oficial podrá contratarse la prestación del servicio
educativo con entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas
particulares cuando no sean suficientes las anteriores, que cuenten con una
reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e
infraestructura en los servicios educativos estatales. (…)” (se subraya).
23. Lo anterior, asentó una premisa fundamental, y es que los recursos del
Estado debían destinarse al cubrimiento del servicio público de educación, es
decir, debían ser invertidos en las instituciones educativas oficiales para que
ello redundara en el mejoramiento de una educación adecuada en términos de
calidad, eficiencia y mejores instalaciones; de modo que, sólo en casos
puntuales tales recursos pudieran dirigirse a establecimientos educativos del
sector privado.
La Corte Constitucional, respecto de esta regla de principio y de excepción,
señaló lo siguiente:
“Por lo anterior, si la entidad territorial encargada de la prestación del servicio de
educación cuenta con la cobertura suficiente para garantizar el derecho de los niños,
18 Ibidem.
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niñas y adolescentes que lo requieran, no debe contratar con las instituciones
privadas. Esta fórmula resulta coherente con propósitos constitucionales relacionados
con la destinación eficiente de los recursos públicos. En principio, los recursos
económicos que el Estado distribuye a la educación deben dirigirse a la red pública,
no a las instituciones privadas. Así las cosas, cuando existen instituciones públicas
idóneas para garantizar el derecho a la educación, salvo que medie una fuerte
justificación, los dineros no se deben destinar a colegios no oficiales. De esta manera,
además, se fortalecen los centros educativos públicos para la construcción o
mejoramiento de instalaciones, bibliotecas y otros elementos necesarios para el goce
efectivo del derecho”.19
24. Entonces, sólo cuando la entidad territorial enfrentara limitaciones de
cobertura con las instituciones educativas estatales, el legislador autorizó el
mecanismo de contratación de tales servicios, a condición de acreditar: (i) tal
insuficiencia por parte del ente territorial; y (ii) la reconocida trayectoria e
idoneidad de la institución a contratar. Bajo estas premisas, cuando tuviese
lugar este tipo de contratación, se debían garantizar estándares de idoneidad
del servicio, evitando contratar instituciones que nada aportaran a los alumnos
en esta finalidad superior –v.gr. aquellos establecimientos que se
constituyeran para lograr un contrato de prestación de este servicio, sin
experiencia–; por ello, se cualificó a los establecimientos educativos que
podían aspirar a su prestación.
25. En esta línea, la actividad reglamentaria se ocupó de desarrollar el
contenido de las expresiones legales atinentes a la “reconocida trayectoria e
idoneidad”, calidades a las que estaba sujeta la posibilidad de contratar el
servicio de educación según el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, iniciando
con la expedición del Decreto 1528 de 2002, que dispuso lo siguiente:
“Artículo 4°. Previa acreditación. La previa acreditación de la idoneidad y trayectoria
la efectúa la entidad territorial contratante para verificar que efectivamente la
institución educativa cumple con los requisitos exigidos y por lo tanto puede contratar
el servicio público educativo.
Artículo 5°. Reconocida trayectoria. Las instituciones educativas a través de las
cuales se vaya a prestar el servicio público educativo mediante contratación con las
entidades territoriales, deberán justificar que son de reconocida trayectoria,
demostrando como mínimo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que su personería jurídica no ha sido intervenida y que se encuentra vigente;
b) Que dentro de su objeto esté la prestación de servicios educativos y que el
establecimiento educativo posea licencia de funcionamiento o reconocimiento de
carácter oficial por un tiempo mínimo de tres años para los niveles o ciclos en los
cuales pretenden prestar el servicio mediante contrato;
c) Que no le haya sido suspendida o cancelada su licencia de funcionamiento;
d) Que no haya sido sancionada durante los últimos cinco (5) años.
Artículo 6°. Idoneidad. Las instituciones educativas que pretendan prestar el servicio
público educativo mediante contrato, deberán demostrar su idoneidad para este tipo
de servicios, cumpliendo como mínimo los siguientes requisitos:
a) Planta física donde se prestará el servicio, si la modalidad del contrato lo requiere;
19 Corte Constitucional, Sentencia T- 055 de 2017
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b) Perfil de docentes, directivos y administrativos con los cuales se prestará el
servicio;
c) Dotación y soportes pedagógicos con que contará para la prestación del servicio,
de acuerdo con la propuesta metodológica a desarrollar;
d) Proyecto educativo pertinente a la comunidad a la que va a prestar el servicio;
e) Estrategias efectivas de enseñanza y aprendizaje;
f) Solvencia económica y capacidad administrativa y financiera;
g) Sistemas de capacitación y actualización de docentes.
26. A partir de allí, varias normas reglamentarias fueron expedidas en torno a
la contratación de la prestación del servicio público educativo20. Entre ellas, se
encuentra el Decreto 4313 del 21 de diciembre de 2004, el cual estableció
como requisito de la selección objetiva de la contratación para la prestación
del servicio público educativo, la obligación a cargo de las entidades
territoriales certificadas21 de conformar un banco de oferentes, disponiendo lo
siguiente:
“Artículo 8º. Selección del contratista. Cuando la entidad territorial requiera celebrar
uno o más contratos a los que se refiere el literal a) del artículo 4º del presente decreto,
y para determinar las personas jurídicas prestadoras del servicio educativo con
quienes se celebrarán los respectivos contratos, cada entidad territorial certificada
conformará un banco de oferentes de la manera como se establece en este decreto.
Las entidades territoriales certificadas solo podrán celebrar los contratos en mención
con las personas jurídicas prestadoras del servicio educativo que estén inscritas y
calificadas en el respectivo banco de oferentes, de conformidad con los criterios que
determinen las entidades territoriales en el acto administrativo de invitación pública a
la inscripción en el mismo.
La inscripción y calificación en el banco de oferentes serán gratuitas.
Parágrafo. La invitación pública para inscribirse en el banco de oferentes, la
calificación e inscripción en tal banco, no generan obligación para el ente territorial de
realizar contratación alguna. En el evento en que el ente territorial deba celebrar un
contrato de prestación del servicio educativo deberá hacerlo con las personas
jurídicas, en el orden de elegibilidad que arroje el proceso de calificación y de
conformidad con la correlación existente entre la ubicación geográfica de la demanda
y el lugar en el cual se prestará el servicio educativo, sin perjuicio del análisis de
conveniencia económica”.
27. El mencionado Decreto definió el procedimiento para la conformación del
banco de oferentes, así:
Artículo 9º. Procedimiento para conformar un banco de oferentes. Las entidades
territoriales certificadas deben adelantar el siguiente procedimiento para conformar
un Banco de Oferentes:
1. Primera etapa. Requerimientos previos para la conformación del banco de
oferentes.
20 Como son, el Decreto 1264 de 2004, el Decreto 4313 de 2004, el Decreto 2085 de 2005,
21 Las entidades territoriales certificadas, corresponden a los departamentos, distritos y municipios. De
conformidad con el art. 20 de la ley 715 de 2001, serán certificados aquellos que cumplen las condiciones
exigidas por la ley para demostrar que tienen la capacidad técnica, administrativa y financiera para
administrar el servicio público de educación.
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1.1 Realizar un estudio que demuestre la insuficiencia en los establecimientos
educativos del ente territorial para prestar el servicio educativo, de conformidad con
el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, cuyas conclusiones deben ser consignadas en
la parte motiva del acto administrativo de invitación pública.
1.2 Elaborar la invitación pública, que debe contener:
a) Datos básicos de la entidad territorial interesada en conformar el banco de
oferentes;
b) Destinatarios de la invitación;
c) Objeto de la invitación;
d) Requisitos que deben acreditar los interesados en inscribirse, principalmente los
relacionados con la acreditación de la experiencia e idoneidad para prestar el servicio
público de educación y la capacidad para celebrar contratos;
e) Criterios para evaluar a los inscritos;
(…)
1.5 Elaborar la tabla de calificación y clasificación de acuerdo con el formato de
evaluación, estableciendo un puntaje máximo y mínimo para cada aspecto evaluable
y el puntaje total. Para ser incorporado al banco de oferentes y poder celebrar los
respectivos contratos deberá haberse superado el puntaje mínimo requerido en cada
uno de los aspectos objeto de evaluación. El orden de elegibilidad estará determinado
por el puntaje que arroje el proceso de calificación de mayor a menor. La tabla de
calificación hará parte integral de la invitación pública.
(…)
El Ministerio de Educación Nacional establecerá los criterios de evaluación y de
calificación, los cuales incluirán los aspectos técnicos, referidos a trayectoria e
idoneidad, y los aspectos económicos a considerar. Igualmente adoptará los modelos,
formatos y demás instrumentos requeridos para la conformación del banco de
oferentes”.
28. Posteriormente, fue expedido el Decreto 2355 de 2009 –que antecede al
Decreto 1851 de 2015 parcialmente demandado– el cual estableció, así
mismo, que para la contratación de este servicio (art. 8°) “las entidades
territoriales certificadas deberán cumplir con los siguientes requisitos
mínimos:”
“a) Realizar un estudio que demuestre la insuficiencia en los establecimientos
educativos del Estado y, en consecuencia, la necesidad de la contratación. Este
estudio deberá realizarse previamente a la conformación o actualización del Banco
de Oferentes y a la celebración de los contratos y con base en los resultados de la
planeación de cobertura y de la proyección de cupos, en los términos establecidos en
la resolución de matrícula expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
De otra parte, aclaró, en relación con la continuidad de tales contratos, que:
“Artículo 13. Continuidad en la prestación del servicio y continuidad del contratista. A
los estudiantes beneficiarios del servicio contratado se les deberá garantizar la
continuidad del servicio educativo, sin que ello implique que el contratista adquiere
derecho alguno a continuar el contrato más allá de su vigencia inicial. En
consecuencia, sólo se podrá recurrir, en cada vigencia, a la modalidad de contratación
de la prestación del servicio educativo, cuando no se pueda ofrecer disponibilidad de
cupo en un establecimiento educativo oficial a los estudiantes que en la vigencia
anterior eran beneficiarios del servicio contratado.
29. En este recorrido reglamentario, el Decreto 2355 de 2009 mantuvo la
exigencia de conformar bancos de oferentes por las entidades territoriales
interesadas en contratar la prestación del servicio educativo, como lo prescribe
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su artículo 15; de modo que sólo quienes allí resultaran habilitados tendrían la
posibilidad de participar en los procesos de selección respectivos. Al lado de
lo anterior, el inciso tercero del mencionado artículo dispuso:
“El Ministerio de Educación Nacional determinará los lineamientos para la
contratación del servicio público educativo y establecerá los criterios de evaluación y
de calificación, los cuales incluirán los aspectos técnicos referidos a trayectoria e
idoneidad, así como los procesos, procedimientos, formatos y demás instrumentos
requeridos para la conformación del banco de oferentes”.
30. El citado Decreto 2355 reglamentó la conformación del banco de
oferentes, en los siguientes términos:
Artículo 16. Procedimiento para conformar un banco de oferentes. Las entidades
territoriales certificadas deben adelantar el siguiente procedimiento para conformar
un banco de oferentes:
16.1 Primera etapa. Requerimientos previos para la conformación del banco de
oferentes.
16.1.1 Adelantar todas las etapas preliminares y de proyección de cupos del proceso
de matrícula que haya definido el Ministerio de Educación Nacional mediante la
respectiva resolución.
16.1.2 Realizar un estudio completo que demuestre la insuficiencia en los
establecimientos educativos del ente territorial certificado para prestar el servicio
educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 715 de 2001
y el artículo 1° de la Ley 1294 de 2009. Las conclusiones del estudio deben quedar
consignadas en la parte motiva del acto administrativo de invitación pública.
16.1.3 Elaborar una invitación pública, que debe contener:
a) Datos básicos de la entidad territorial certificada interesada en conformar el banco
de oferentes.
(…)
d) Requisitos que deben acreditar los interesados en inscribirse, principalmente los
relacionados con la acreditación de la experiencia e idoneidad para prestar el servicio
público de educación y la capacidad para celebrar contratos.
e) Criterios para evaluar a los inscritos y posibles prestadores del servicio.
16.1.6 Elaborar la tabla de calificación, de acuerdo con el formato de evaluación,
estableciendo un puntaje máximo y mínimo para cada aspecto evaluable y el puntaje
mínimo requerido para ser habilitado, hacer parte del banco de oferentes y poder
celebrar los respectivos contratos. La tabla de calificación hará parte integral de la
invitación pública (…)”.
31. En el mes de mayo de 2015, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1075
-Decreto Único Reglamentario del Sector Educación-, cuyo objetivo fue
“compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen dicho
sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo”. Luego, el 16
de septiembre de 2015 se expidió el Decreto 1851, parcialmente demandado,
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mediante el cual se subrogó el Capítulo 3, del Título 1 de la Parte 3 del Libro
2 del decreto compilatorio, que regulaba la contratación del servicio educativo
por parte de las entidades territoriales certificadas.
32. El Decreto 1851 de 2015, se ocupó de establecer las condiciones mínimas
que los interesados en prestar servicios educativos a las entidades territoriales
deben garantizar –ante la insuficiencia y limitación de prestarlos directamente–
con el fin de asegurar que aquellos cuenten con reconocida trayectoria e
idoneidad. Los artículos 2.3.1.3.1.1. y 2.3.1.3.1.2. del citado decreto definen,
en los siguientes términos, su objeto y ámbito de aplicación:
“ARTÍCULO 2.3.1.3.1.1. Objeto. El presente capítulo establece los requisitos para la
contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales
certificadas en educación, que demuestren insuficiencia o limitaciones en los
establecimientos educativos oficiales de su jurisdicción para la prestación de dicho
servicio”.
“ARTÍCULO 2.3.1.3.1.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará en los
casos en que las entidades territoriales certificadas en educación requieran celebrar
contratos para prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y
media. La contratación del servicio educativo se considera una medida de carácter
excepcional y su aplicación requerirá que las entidades territoriales certificadas
demuestren previamente la insuficiencia o las limitaciones para prestar el servicio en
los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción (…)”
33. En punto a los atributos de “reconocida trayectoria e idoneidad” que deben
acreditar los interesados en conformar el banco de oferentes respectivo, el
citado reglamento determinó: (i) que la trayectoria se acreditaría con mínimo 5
años de experiencia en el sector educativo; y (ii) que la idoneidad estaría
reflejada en los resultados de las pruebas SABER demostrando un percentil
mínimo en las áreas de matemáticas y lenguaje. Así, dispuso que para la
conformación del banco de oferentes de 2015 tendría en cuenta los resultados
obtenidos en dichas pruebas en el año 2014, aumentando paulatinamente el
percentil mínimo exigido para los años subsiguientes como se observa en las
normas demandadas (cuyos apartes se subrayan):
“ARTÍCULO 2.3.1.3.3.7. Experiencia e idoneidad de los aspirantes a ser
habilitados en el Banco de Oferentes. Los aspirantes a ser habilitados en el Banco
de Oferentes deberán demostrar que sus establecimientos educativos postulados
cumplen además de los requisitos señalados en el artículo anterior, los siguientes
requisitos de experiencia e idoneidad:
1. Un tiempo mínimo de experiencia de 5 años en la prestación del servicio educativo.
2. Que en los últimos resultados publicados por el ICFES, correspondientes a las
pruebas de Estado Saber 3°, 5°, 9° y 11° presentadas, el establecimiento educativo
haya alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, entre los establecimientos educativos de su respectiva entidad territorial
certificada en educación. En caso de que el establecimiento educativo no presente la
totalidad de las pruebas -por no ofrecer alguno de los grados-, este requisito aplica
solo para las pruebas presentadas.
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PARÁGRAFO 1°. La entidad territorial certificada podrá establecer criterios de
trayectoria e idoneidad superiores a los enunciados en la presente Sección.
PARÁGRAFO 2°. El Icfes publicará anualmente en el mes de noviembre, el listado
de los establecimientos educativos que cumplen con el requisito establecido en el
numeral 2 del presente artículo.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para el Banco de Oferentes que se conforme en el
año 2015, se podrán habilitar únicamente los establecimientos educativos no
oficiales, que en los resultados publicados por el Icfes de las pruebas de Estado Saber
3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año 2014, según corresponda, hubieren alcanzado
puntajes superiores al percentil 20 de los establecimientos educativos de su
respectiva entidad territorial certificada en educación”.
(…)
“ARTÍCULO 2.3.1.3.3.11. Criterios para la celebración de contratos de prestación
del servicio educativo. La entidad territorial certificada solamente podrá celebrar
contratos para la prestación del servicio educativo con quienes se encuentren
inscritos y habilitados en el Banco de Oferentes vigente, teniendo en cuenta para tales
efectos los criterios de selección objetiva establecidos en la ley y además:
(…)
PARÁGRAFO. Para la vigencia 2016 se podrán celebrar contratos para la prestación
de servicio educativo con cualquiera de los propietarios de establecimientos
educativos no oficiales habilitados en el Banco de Oferentes conformado en el año
2015.
En el año 2017, solamente podrán celebrar contratos para la prestación de servicio
educativo las personas habilitadas en el Banco de Oferentes cuyos establecimientos
educativos hubieren obtenido en las pruebas de Estado Saber 3°, 5°, 9° y 11 del año
2015, según corresponda, puntajes superiores al percentil 30 de los establecimientos
educativos de su respectiva entidad territorial certificada en educación, de acuerdo
con los resultados publicados por el Icfes.
A partir de 2018, solo podrán celebrar los referidos contratos las personas jurídicas
habilitadas propietarias de establecimientos educativos no oficiales, que cumplan con
el requisito establecido en el numeral 2 del artículo 2°.3°.1°.3°.3°.7° del presente
decreto.
Los propietarios de establecimientos educativos que hagan parte del Banco de
Oferentes a conformar en el año 2015, cuyos resultados no correspondan al percentil
establecido en los incisos 2° y 3° de este parágrafo para las respectivas vigencias,
quedarán deshabilitadas del banco de oferentes.”
34. De esta manera, mientras subsistan las circunstancias por las cuales las
entidades territoriales deben acudir al instrumento contractual para garantizar
la prestación del servicio de educación, el reglamento fijó unos requisitos de
trayectoria, idoneidad, experiencia y resultados de calidad a las instituciones
que pretendan celebrar tales contratos, todo lo cual, entre otras exigencias,
determinan la conformación del banco de oferentes respectivo.
35. Se precisa, además, que este Decreto introdujo en la escena normativa,
aquellas medidas que estimó debían adoptarse para garantizar estándares
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mínimos de calidad y corregir prácticas que estaban repercutiendo
desfavorablemente, a juicio del Ejecutivo, en los niveles de educación
contratados, como era, entre otras, la posibilidad de hacer parte del banco de
oferentes sin requerir, como exigencia normativa, algún número de años de
experiencia en educación en los niveles de preescolar, básica y media –pues
los anteriores decretos aunque sí exigían tales mínimos no lo imponían como
una regla predefinida que estableciera una base de cálculo, sino que la entidad
territorial debía hacer tales definiciones en cada caso– todo lo cual venía
repercutiendo en resultados de calidad inferior al promedio nacional cuando el
servicio de educación era contratado22.
36. Bajo este contexto fueron establecidos vía decreto reglamentario los
requisitos mínimos relacionados con la forma de acreditar la trayectoria e
idoneidad, cuyos (i) referentes de medición y (ii) las vigencias para las cuales
empezaba a exigirse se constituyen en el foco al que se dirige el ataque de la
parte demandante bajo el sub lite.
Análisis de los cargos de nulidad
37. Para avanzar en la tarea propuesta, y por fines metodológicos, la Sala
abordará cada una de las disposiciones acusadas junto con los reproches
esgrimidos por la parte activa –demandante y coadyuvante–, advirtiendo,
desde ahora, que el punto de partida de la controversia anida de forma central
en el numeral 2 del artículo 2.3.1.3.3.7., pues de allí se proyectan, en buena
medida, los argumentos de censura contra los demás contenidos normativos
demandados.
A) Cargos formulados contra el numeral 2 del artículo 2.3.1.3.3.7.
Ilegalidad e inconstitucionalidad por violación al derecho a la igualdad,
la educación, el debido proceso y al trabajo, de cara al sistema de
medición adoptado; y por infracción de las normas en que debía fundarse
22 En entrevista concedida por el entonces Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor
Javier Saavedra, publicada en el diario el Espectador el 20 de octubre de 2015, éste enfatizó en las
razones de la modificación normativa y los beneficios pretendidos en torno a la exigencia de mayores
requisitos para avanzar en la conformación de los Bancos de Oferentes. En dicha nota periodística se
indicó: “El viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor Saavedra, anunció la entrada
en vigencia del decreto 1851 de 2015 que reglamenta la contratación del servicio público educativo y se
le pone freno a las malas prácticas que existían en las regiones. (…)
“La normatividad existente hasta este año era laxa (Decreto 2355 de 2009) y así como podía contarse
con muy buenos prestadores, también se corría el riesgo de caer en malas prácticas de contratación,
debido a que no se exigía mayores requisitos a los contratistas”, aseveró el viceministro. (…)
El funcionario detalló que con la normatividad anterior las ETC podían contratar con entidades sin
importar si los representantes eran propietarios de establecimientos educativos, además podían celebrar
contratos con iglesias y confesiones religiosas con reconocimiento jurídico ante el Estado y con personas
jurídicas, públicas o privadas. Tampoco se exigía un tiempo de experiencia.
Estas falencias en la ley permitieron que se llevaran a cabo malas prácticas como: Contratación tardía y
período de ejecución inferior al calendario escolar; pagos por estudiantes que no estaban incluidos en
los contratos, los llamados “niños fantasma”; subcontratación del servicio a pesar de estar prohibida y
contratación de bolsas de empleo, para proveer únicamente docentes”. Consultado en:
https://www.elespectador.com/educacion/gobierno-frena-malas-practicas-en-contratacion-del-servicio-
educativo-article-593858/
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• Argumentos de la parte activa
a. Sostiene el demandante que el numeral 10 del artículo 2.3.1.3.1.5. del
Decreto 1851 de 2015, define, entre otros, el concepto legal de idoneidad,
indicando que éste [h]ace referencia al equipo humano calificado y
experimentado, a las metodologías de enseñanza aprobadas y con resultados
demostrables, las ayudas pedagógicas y los demás elementos necesarios que
deben acreditar los prestadores del servicio educativo que aspiren a celebrar
los contratos de que trata este Capítulo (…)”. Afirma que, unido a este
concepto, el citado Decreto estableció en el artículo 2.3.1.3.2.3. que la forma
de acreditar la idoneidad “estará relacionada con un alto desempeño en los
exámenes de Estado, el mejoramiento continuo en los resultados de dichas
pruebas, y la capacidad de generación y sostenimiento de adecuados
ambientes escolares en los establecimientos educativos (…)”.
Por lo anterior, señala que la forma de demostrar la idoneidad de los
establecimientos educativos que establece el numeral 2 del artículo 2.3.1.3.3.7
(ídem) para ser habilitados en el banco de oferentes, sólo hace referencia a
los resultados de los exámenes de las pruebas SABER dejando de lado los
demás componentes que la misma norma determina, así como otras áreas del
conocimiento como las ciencias naturales y las competencias ciudadanas, lo
que hace sesgada y contradictoria esa forma de acreditar la idoneidad.
b. A su vez, indica que al establecer como indicador prioritario de la calidad del
servicio educativo sólo los resultados de las pruebas SABER del ICFES para
elaborar el percentil mínimo requerido, se desconoce la corresponsabilidad
consignada en el artículo 67 de la Carta Política que señala que la educación
es un derecho y servicio público con función social de la que son responsables
el Estado, la sociedad y la familia; de modo que no resulta legal ni
constitucional endilgar toda la responsabilidad de los resultados de tales
pruebas a la institución educativa.
c. Aduce que el instrumento de medición utilizado en la norma, denominado
percentil, vulnera el derecho a la igualdad pues, al tener como base de cálculo
los resultados de todas las pruebas SABER de las instituciones educativas de
la entidad territorial, deja de considerar las diferencias que se generan por las
variadas condiciones sociales, culturales y familiares que necesariamente
inciden en los resultados de las pruebas, generando un algoritmo estadístico
que iguala resultados que no pueden ser equiparados.
Expresa que la ruptura al derecho a la igualdad se hace evidente p. ej. frente
a instituciones educativas que atienden población en zonas deprimidas de los
entes territoriales, las cuales elaboran proyectos educativos institucionales –
PEI– amoldados al entorno y proyecto de vida de los alumnos, que incluye la
educación técnica que se articula con programas del SENA, sin que las
pruebas SABER tengan en cuenta ese tipo de formación; y sí genera una
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desventaja en la evaluación de las pruebas de estado, frente a aquellas
propuestas educativas meramente académicas.
Afirma que, en vista de lo anterior, el Gobierno Nacional introdujo en el año
2015 el denominado Índice Sintético de Calidad Educativa –ISCE– con el fin
de conocer cómo se encuentran las instituciones educativas en materia de
progreso, eficiencia, desempeño, y ambiente escolar; indica que este índice
es más acorde con la realidad de las instituciones educativas pues dentro del
concepto de desempeño, se incluyen los resultados de las pruebas SABER.
d. Unido a lo anterior, a juicio del actor, se vulnera el derecho de igualdad ante
el desconocimiento del principio de diversidad de que trata el artículo
2.3.1.3.1.4 del Decreto 1851 que impone que la contratación del servicio
público educativo debe reconocer las diferencias étnicas, culturales,
geográficas, demográficas y sociales de los niños, niñas y adolescentes.
Sostiene que el percentil establecido, al equiparase a un ranking, genera
múltiples problemáticas que se constatan de cara a los principios de Berlín, lo
que representa una violación al debido proceso al establecer una posición de
una institución educativa con respecto a las demás que puede distorsionar y
sustituir la realidad y funcionar como instrumento de manipulación por quienes
diseñan y aplican el ranking, en detrimento del derecho a la educación; al igual,
destruye la diversidad de las instituciones educativas que terminan
ajustándose a los parámetros del ranking, invisibilizando proyectos, iniciativas
y concepciones de la educación que no estén dentro del radar señalado en el
ranking.
e. Agrega que el procedimiento para establecer el percentil adolece de los
mínimos requisitos de confiabilidad toda vez que tanto el recaudo como el
procesamiento de la información no cumplen con elementos probatorios de
rigor, pues las pruebas SABER de grado 11 son vigiladas, y las pruebas de los
grados 3°, 5° y 9° no lo son y, además, solo se practican en las áreas de
matemáticas y lenguaje; por lo tanto, no se les puede dar igual tratamiento
cómo lo hacen las normas atacadas, ni existe una metodología de evaluación.
f. Adicionalmente, afirma que las normas demandadas atentan contra el
principio de autonomía y descentralización consignado en el artículo séptimo
y la Ley 715 de 2001 en cuyo numeral 7.1 se establece a cargo de las
entidades territoriales la función de “dirigir, planificar y prestar el servicio
educativo en los niveles de preescolar básica y media en condiciones de
equidad, eficiencia y calidad en los términos definidos en la presente ley”, de
manera que son éstas las que deben velar por la idoneidad en la prestación
del servicio in situ para contar con elementos de juicio que permitan establecer
un concepto integral del componente de idoneidad propio del espacio donde
se desarrollan las acciones de formación de los alumnos.
• Argumentos de la demandada
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38. En relación con los anteriores cargos, la entidad demandada, en síntesis,
planteó los siguientes argumentos:
a. Indicó que las pruebas SABER constituyen una medida que utiliza el
Estado en ejercicio de su función de inspección y vigilancia con el fin de
verificar la calidad de la educación y, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley
115 de 1994, se encargó al Ministerio de Educación Nacional para que
estableciera un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación en
coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior ICFES y con las entidades
territoriales con el fin de velar por la calidad; lo anterior en concordancia con
el Decreto 869 de 2010 que reglamenta el examen de Estado de las pruebas
SABER 11.
De manera que, adoptar como referente de medición un percentil aplicado a
las pruebas SABER resulta ajustado al marco legal, en tanto proporciona
información sobre el desarrollo de las competencias básicas que debe
desarrollar un estudiante, y permite cumplir, entre otras funciones atribuidas a
dichas pruebas, aquellas dirigidas a monitorear la calidad de la educación de
los establecimientos educativos, servir como fuente de información para la
construcción de indicadores de calidad, y para el ejercicio de la inspección y
vigilancia del servicio público de educación.
b. Sostuvo que la responsabilidad por el resultado de las pruebas SABER
corresponde a la institución educativa, por ser la que presta directamente el
servicio de educación y, en caso de que sea deficiente en la preparación y
transmisión del conocimiento, ello se verá reflejado en los resultados de dichas
pruebas; así, cuando el artículo 67 superior establece que el Estado, la
sociedad y la familia son responsables de la educación se refiere a que se
logre el acceso a la educación, pero no para hacer responsable a estos últimos
por la calidad de la educación, cuya inspección y vigilancia en materia de
calidad se encuentra a cargo del Estado.
c. Se opuso a la tesis de la parte actora de que existe una violación al derecho
a la igualdad por cuenta de una evaluación que no considera las condiciones
sociales económicas y culturales entre diversos establecimientos educativos;
afirma que ello constituye una proposición inaceptable que conduciría a que
los niños que vivan en difíciles condiciones sociales, económicas o culturales,
además deben tener educación de calidad inferior o mínima. Subrayó que los
lineamientos legales y reglamentarios han sido únicos y de aplicación general,
pues el servicio público es uno solo y se presta sin distinción alguna y sin
consideración a ningún establecimiento educativo de carácter privado.
Sobre el índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE, señaló que fue
diseñado a finales de 2014 por el ICFES para desarrollar estrategias de
mejoramiento a través de un número de fácil interpretación por nivel educativo
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(primaria, secundaria y media). Explicó que, de una parte, las pruebas SABER
brindan información pedagógica para la toma de acciones específicas en
materia educativa pues hacen análisis de los componentes y competencias
examinadas en cada una de las áreas de los grados evaluados; y de otra, que
el ISCE es un índice, un sólo número por nivel educativo que no tiene los
objetivos pedagógicos de las pruebas SABER aunque contenga información
útil para determinar un punto de partida de los colegios en relación con su
evolución en el tiempo y al diseño de sus programas.
d. Afirmó que para el demandante lo ilegal es que las pruebas SABER se
apliquen sin diferenciar entre las instituciones educativas, es decir que lo que
se reprocha es la forma cómo se aplican las pruebas SABER y, sobre este
punto, sostuvo que el acto sometido a control no reglamenta las pruebas
SABER sino que utiliza sus resultados como un criterio de idoneidad del
establecimiento educativo que le permite estar habilitado en el banco de
oferentes.
En relación con el concepto de ranking que se le atribuye al ISCE así como al
percentil, expresa que ello es equivocado, en tanto el ranking es un sistema
de ordenación del que escapan estas dos formas de medición. En todo caso
señala que los Principios de Berlín fueron elaborados por la Comunidad
Europea para la educación superior con el fin de establecer niveles de
responsabilidad en el proceso de su construcción, los cuales no resultan
aplicables al caso concreto pues, además, no han sido incorporados al
derecho interno del país; en consecuencia, no se puede aducir la violación al
derecho al debido proceso en la elaboración y aplicación del percentil bajo el
argumento del desconocimiento de principios que no aplican y bajo una
construcción conceptual de ranking que no se corresponde al percentil.
e. Sobre el poco grado de confiabilidad de las pruebas SABER, en tanto unas
pruebas son vigiladas y otras no, señala la demandada que tales discrepancias
debieron haber sido llevadas por parte del demandante a cuestionar la
legalidad de la reglamentación de los exámenes de Estado y no el Decreto
1851 pues este último tomó los resultados de dichas pruebas como una
muestra de la idoneidad de la institución educativa pero no reglamentó los
exámenes de Estado ni la forma en que se practican para definir su mayor o
menor confiabilidad. Agregó que, en todo caso, el demandante no expuso la
violación de norma alguna.
f. Advirtió, desde los albores de su defensa, que de conformidad con el artículo
5° de la Ley 715 de 2001 la Nación ejerció las competencias asignadas en
relación con la prestación del servicio público de educación en niveles
preescolar, básico y medio, para disponer de las medidas que le permitirán
cumplir las funciones de “regular la prestación de los servicios educativos
estatales y no estatales” (art. 5.2) así como “definir diseñar y establecer
instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación” (art. 5.6).
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• Análisis de la Sala
Primer cargo
39. Como se ha indicado, para el actor es contrario al ordenamiento jurídico
que las pruebas SABER, en los términos del núm. 2 del artículo 2.3.1.3.3.7
demandado, se constituyan en el mecanismo para acreditar la idoneidad de la
institución educativa, en tanto, dicho referente dejó de lado los demás
componentes del concepto de “idoneidad” que la misma disposición prescribió
en el numeral 10 del artículo 2.3.1.3.1.5. al establecer su definición, así como
frente al artículo 2.3.1.3.2.3. que determinó su forma de acreditarla. Reprochó,
así mismo, que las bases de cálculo del percentil solo se refirieran a los
resultados de las citadas pruebas en dos áreas del conocimiento, dejando de
considerar las demás.
40. Lo primero que se debe indicar, es que la supuesta contradicción de la
norma sub-examen frente a los dos artículos precitados, no se constituye en
argumento de ilegalidad, en la medida que se trata de disposiciones que hacen
parte del mismo cuerpo normativo –Decreto 1815 de 2015– y, por ende, no
existe entre ellas una preeminencia jerárquica que pueda ser fundamento de
un vicio de tal categoría, en tanto comparten igual nivel en la estructura del
sistema normativo.
Así mismo, se observa que los planteamientos en que se funda este primer
reproche no precisan de qué manera la norma acusada es violatoria de la ley
que reglamenta o de los preceptos constitucionales que se aducen infringidos,
en la medida que el cargo se contrae a cuestionar la falta de coherencia entre
diferentes normas del mismo Decreto, asunto que, de llegar a ser cierto, se
define por la vía de la interpretación normativa y no por la intervención del juez
de la legalidad.
41. En efecto, la parte demandante señaló que si bien existía armonía entre
los artículos 2.3.1.3.1.5. y 2.3.1.3.2.3. del Decreto 1851 de 2015, ello no
concordaba con los requisitos de experiencia e idoneidad establecidos en el
artículo 2.3.1.3.3.7, numeral 2, (ibidem), norma frente a la cual, adujo, “no se
guarda la misma coherencia” 23 teniendo en cuenta que se trata de un
instrumento de medición que no contiene todos los demás elementos que
integran el concepto de idoneidad.
De manera que la inconformidad esgrimida, pone de presente la inexistencia
de cimientos que permitan avanzar en un cuestionamiento de ilegalidad, y
permite advertir que lo verdaderamente planteado por la parte actora
corresponde a la presencia de una aparente antinomia normativa entre las
bases conceptuales contenidas en la definición de la “idoneidad” y el
instrumento de medición asignado a las pruebas SABER; argumento del que,
23 Fls. 8 y 9 del c. ppal. 1.
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en todo caso, se aparta la Sala como se pasa a indicar.
42. La definición que hace el Decreto 1851 de 2015 del concepto de idoneidad,
indica lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.3.1.3.1.5. Definiciones. Para efectos de la interpretación y aplicación
del presente capítulo, se considerarán las siguientes definiciones:
(…)
10. Idoneidad. Hace referencia al equipo humano calificado y experimentado, a las
metodologías de enseñanza probadas y con resultados demostrables, las ayudas
pedagógicas y demás elementos necesarios que deben acreditar los prestadores del
servicio educativo que aspiren a celebrar los contratos de que trata este capítulo”.
43. Por su parte, al desarrollar la forma de acreditación de la idoneidad, el
citado Decreto establece:
“ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3. Acreditación de la idoneidad. La idoneidad que deben
acreditar los prestadores del servicio público educativo que aspiren a celebrar alguno
de los contratos regulados en el presente capítulo, estará relacionada con un alto
desempeño en los exámenes de Estado, el mejoramiento continuo en los resultados
de dichas pruebas, y la capacidad de generación y sostenimiento de adecuados
ambientes escolares en los establecimientos educativos que hayan sido dirigidos o
administrados por el aspirante, de acuerdo con los indicadores de convivencia
escolar”.
44. Proponer que con las pruebas SABER se descartan algunos elementos
inherentes al concepto de idoneidad, y así plantear una antinomia por
carencia, insuficiencia o contradicción entre disposiciones del mismo cuerpo
normativo, resulta aventurado; no basta, como lo plantea el demandante,
desagregar los componentes de la definición de idoneidad en los cuatro
postulados que informan la premisa normativa (equipo humano - metodologías
de enseñanza - ayudas pedagógicas - y demás elementos que deben acreditar
los prestadores del servicio educativo), y de allí pretender que la regla de
reconocimiento y acreditación bajo examen deba ser una réplica de dichos
elementos, desconociendo el valor conceptual que produce el concurso de
todos ellos.
45. Para la Sala, una tesis de tal alcance resulta limitada, pues pasa por alto
que las piezas que integran un concepto, y por ende permiten definirlo,
conforman un todo; por ello, el análisis no recae sobre las partes
individualmente consideradas, como unidades en sí mismas, sino que su
entendimiento corresponde al resultado sustancial que producen en su
conjunto. Así acontece cuando se acude a definiciones normativas como el
criterio de idoneidad, cuyo concepto es resultado de la integración de sus
elementos y, sin desconocer que éstos son necesarios en orden a su
construcción, ha de entenderse que el objeto de conocimiento supera la
sumatoria entre ellos y apunta hacia un resultado de contenido sustancial
autónomo.
23
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46. De este modo, no se observa que las pruebas SABER, como instrumento
de evaluación determinante de la base de cálculo del percentil, revele un
problema antinómico de legalidad por ausencia de los criterios que definen el
concepto de idoneidad y su acreditación frente a la regla cuestionada, toda vez
que, conforme al principio de unidad normativa, existen dentro del
ordenamiento jurídico otras disposiciones de rango legal que, siendo parte del
sistema jurídico nacional permiten hallar la coherencia que echa de menos el
actor, tal como ocurre al cotejar la norma demandada frente a las disposiciones
que, a su turno, definen los criterios sobre los cuales se construyen las pruebas
SABER.
47. Así, al revisar el alcance y objeto de las evaluaciones en materia de
educación, el artículo 80 de la Ley 115 de 1994 –por la cual se expide la Ley
General de la Educación– dispone que “con el fin de velar por la calidad, por
el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos, [se] establecerá un Sistema Nacional de
Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio
Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES (…) El Sistema diseñará y aplicará criterios y
procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el
desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de
los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales
empleados, la organización administrativa y física de las instituciones
educativas y la eficiencia de la prestación del servicio” (subraya añadida).
48. En armonía con lo anterior, la Ley 1324 de 2009, por cuya virtud, entre
otros alcances, se fijan los parámetros y criterios para organizar el sistema de
evaluación de resultados de la calidad de la educación, indica lo siguiente:
“ARTÍCULO 1o. PARÁMETROS Y CRITERIOS. El Estado en el ejercicio de su
función suprema de inspección y vigilancia de la educación tiene el deber de valerse
de exámenes de Estado y otras pruebas externas, para medir el nivel de cumplimiento
de sus objetivos y buscar el mejoramiento continuo de la educación (…)”.
49. Son entonces los exámenes de Estado, los mecanismos por excelencia de
medición del cumplimiento de los objetivos en materia de educación, a través
de los cuales se evalúa: (i) la calidad de la enseñanza que se imparte, (ii) el
desempeño profesional de los docentes, (iii) los logros de los alumnos, (iv) la
eficacia de los métodos pedagógicos, (v) la eficiencia de los textos y materiales
empleados, (vi) la organización administrativa y física de las instituciones
educativas y (vii) la eficiencia de la prestación del servicio; de suerte que los
aspectos de los que se ocupan las pruebas SABER son compatibles con las
premisas del artículo 27 de la Ley 715 de 2001, y descienden por consecuencia
a los preceptos del Decreto 1851 de 2015 que el actor señaló habían sido
ignorados por la regla de medición, sin que haya un juicio de cargo que desdiga
de tal coherencia normativa.
24
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50. De otra parte, se reprocha que en las bases de cálculo del percentil solo
se consideren los resultados de las pruebas SABER registrados en las áreas
de matemáticas y lenguaje, sin considerar las demás competencias y áreas de
conocimiento. Al respecto, no observa la Sala que el concepto de la violación
establezca de manera puntual la forma en que, al acudir sólo a los resultados
en las dos áreas indicadas, se configure la violación de normas superiores,
más allá de la mención que preliminarmente hiciera el actor en relación con
las normas constitucionales y legales expresadas en la demanda.
51. Patenta lo anterior, que el argumento esgrimido por el actor en su libelo
introductorio se contrajo a indicar –entrelazando este reproche con el
precedente– que, “estos componentes, se deben acreditar, tal como ya se dijo,
con el alto desempeño en los exámenes de Estado, el mejoramiento continuo
en los resultados (sic) dichas pruebas, y la capacidad de generación y
sostenimiento de adecuados ambientes escolares (…). Es decir, el numeral 2
del artículo 2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015, sólo hace referencia a los
exámenes PRUEBAS SABER, dejando de lado los demás componentes de la
idoneidad determinados en la norma, y deja por fuera otras áreas del
conocimiento, como las ciencias naturales, competencias ciudadanas, etc.” 24
52. Bastaría lo dicho para que la Sala descartara tal argumento, en la medida
que no pasa de ser una afirmación general que no plantea dónde se sitúa una
violación configuradora de un vicio de ilegalidad. Con todo, hay que indicar que
esta proposición resulta contradictoria con la que previamente expresó el
demandante, quien cuestionó la utilización de las pruebas SABER por no
estimarlas coherentes o adecuadas frente al concepto de idoneidad, y ahora
reprocha que no se consideren los resultados de todas las áreas de
conocimiento que evalúan dichas pruebas –sin que entre tales tesis se haya
establecido una relación de subsidiariedad–.
53. Aun, si en gracia de discusión se entendiera confeccionada materialmente
dicha subsidiariedad, lo cierto es que tampoco se conoce en qué medida y
cómo el argumento postulado quebrantaría alguna de las disposiciones
superiores aducidas en el concepto de la violación pues, sobre este reproche,
nada se profundizó.
No obstante, y sólo a manera ilustrativa, observa la Sala que, dentro del
Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, las pruebas SABER evalúan
las áreas de matemáticas y lenguaje en los grados 3°, 5° y 9°; respecto de
estos dos últimos grados se añade las ciencias naturales y las competencias
ciudadanas; y, en el grado 11°, se suman, además de todas las anteriores, las
áreas de sociales e inglés25.
24 Fl. 9 del c. ppal. 1.
25 Consultado en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-
ymedia/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397384:Pruebas-saber
25
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54. En esta línea, al fijar los parámetros para llevar a cabo la evaluación
estandarizada, los entes técnicos especializados en materia de educación han
determinado las competencias y componentes a evaluar (función a cargo del
Ministerio de Educación Nacional), así como los mecanismos para concebir,
diseñar e implementar instrumentos de evaluación de la calidad de la
educación (a cargo del ICFES según el art. 12 de la Ley 1324 de 2009), de
modo que, como matemáticas y lenguaje corresponden a aquellas áreas
comunes a los distintos grados y, además, la “investigación ha demostrado
que lo que ocurre en matemáticas y lenguaje es un buen indicio de lo que
sucede en el resto de las áreas, pues estas son áreas básicas del saber, de
las que se derivan los procesos de aprendizaje en las demás",26 no cabría, ni
aun de entenderse tal cuestionamiento de forma subsidiaria, un reproche de
ilegalidad de cara a la medida de acreditación de la idoneidad, más allá de una
mera inconformidad como la planteada en la demanda, y así será declarado.
Segundo cargo
55. Otro aspecto controvertido por la parte demandante alude a que los
resultados de las pruebas SABER del ICFES, al determinar el percentil mínimo
para la habilitación en el Banco de Oferentes, desconoce la corresponsabilidad
consignada en el artículo 67 de la Carta Política pues al ser responsables de
la educación el Estado, la sociedad y la familia, no resulta legal ni
constitucional endilgar toda la responsabilidad de los resultados de tales
pruebas, sólo a la institución educativa.
56. Hay que iniciar señalando que, la corresponsabilidad que reclama el actor
no puede ser entendida como una distribución porcentual de obligaciones
genéricas, sino que atañe a aquellas actividades y deberes establecidos
conforme al rol que asume cada uno de los actores bajo el precepto
constitucional, ya sea el Estado, la sociedad y la familia, cuya convergencia es
la que garantiza la realización del derecho a la educación.
Lo anterior se explica en la naturaleza que ostentan los derechos sociales,
económicos y culturales que, como el derecho a la educación, y más allá de
que compartan la categoría de fundamental frente al individuo, imponen para
su realización el cumplimiento de cargas, deberes y obligaciones de carácter
positivo y negativo que llevan a materializar sus derechos civiles, económicos,
políticos, sociales y culturales como parte del núcleo en el que se definen los
derechos humanos, a la par que afianza su proyección en la sociedad. De
modo que, para garantizar este derecho-deber, se requiere la adopción de un
conjunto de medidas de acción y abstención por parte de las entidades
estatales, pero también de la familia y de la sociedad, de cara a los diferentes
ámbitos de responsabilidad asignados a cada cual, para la realización plena
del derecho a la educación.
26 Consultado en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87402.html
26
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57. En cuanto a las obligaciones a cargo del Estado, se tiene que a éste le
corresponde garantizar la eficiente y continua prestación del servicio público
de educación a todos los habitantes del territorio nacional. Para ello, sus
instituciones y entidades deben adelantar acciones concretas para cumplir,
entre otras, con las obligaciones relacionadas con el ofrecimiento de
estándares de calidad, acceso y permanencia y, conjuntamente, ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación (art. 67 C.P.).
58. Conforme a este marco, las normas superiores, incluidos los instrumentos
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, tienen por
averiguado que la calidad se constituye en vértice fundamental en el
aseguramiento del derecho a la educación. La Observación General No. 13
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas (Comité DESC)27 da cuenta de las cuatro facetas que determinan el
alcance de la obligación estatal en la materia: (i) la aceptabilidad; (ii) la
adaptabilidad; (iii) la disponibilidad o asequibilidad; y (iv) la accesibilidad.
En la Sentencia C-376 de 2010, la Corte Constitucional, al respecto, precisó:
i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación
del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de
todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir
a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la
prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del
Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema
aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para
acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la
adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las
necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la
prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la
educación que debe impartirse.”
59. Por consiguiente, el Estado tiene a su cargo las cuatro facetas ilustradas
en precedencia, las cuales se incorporan en el Sistema de Educación en los
siguientes términos:
“En conclusión, el derecho y servicio público de educación: (i) permite el ejercicio de
otros derechos fundamentales como la libre escogencia de profesión u oficio, ya que
es el presupuesto para materializar la elección de un proyecto de vida; (ii) es un
derecho fundamental de las personas menores de 18 años; y (iii) se integra de cuatro
características fundamentales que se relacionan entre sí, a saber: aceptabilidad,
adaptabilidad, disponibilidad y accesibilidad.
Del anterior alcance se desprende que el derecho a la educación implica para el
Estado: (i) su reconocimiento como derecho fundamental e inherente a la persona y
un servicio público cuya prestación es un fin esencial; (ii) su provisión gratuita y
obligatoria en el nivel básico de primaria[92]; (iii) su priorización como servicio público
de manera que todas las personas hasta de 18 años accedan a, al menos, un año de
preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria; y (iv) su prestación
27 Corte Constitucional, Sentencia T-434 del 29 de octubre de 2018, haciendo referencia al Comité DESC
– Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
27
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accesible y permanente, con el suficiente cubrimiento a nivel nacional y territorial”28.
60. En lo concerniente a la aceptabilidad, el inciso 5º del artículo 67 superior,
establece que al Estado le corresponde regular y ejercer la “suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad y la
mejor formación moral, intelectual y física de los estudiantes”.
En esta línea, la definición de un percentil mínimo para garantizar la calidad de
la educación está asociada directamente con los elementos, criterios y
finalidades que integran el Sistema de Evaluación de la Educación, en
particular, de las políticas y criterios establecidos en las pruebas de Estado
que, como atrás se indicó, permite, bajo parámetros definidos por los entes
especializados en la materia, determinar estándares mínimos que reflejen la
idoneidad de los potenciales interesados en prestar el servicio público de
educación.
61. De esta manera, el percentil reprochado, al ubicarse en perspectiva de
aceptabilidad, pone en evidencia que el ejercicio de la obligación de inspección
y vigilancia asignada al Estado está dirigido a supervisar y controlar la calidad
de la enseñanza en las instituciones que prestan el servicio público de
educación; pero, en particular, de aquellos prestadores interesados en
contratar con el Estado, cuando no se pueda ofrecer este servicio público a
través de oferta estatal en educación. En cualquier caso, la enseñanza es
prestada por las instituciones educativas, y corresponde al Estado garantizar
unos requisitos mínimos que aseguren condiciones de calidad –experiencia e
idoneidad– en los casos en que se contrate este servicio.
62. Así las cosas, el percentil aplicado a las pruebas SABER para obtener
habilitación en el banco de oferentes, no desconoce lo que el actor denomina
corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia, en tanto se trata
de esferas plenamente diferenciables, sin perjuicio de su conexidad intrínseca,
pero que, en clave de aceptabilidad, pone en evidencia que el ejercicio de la
función de inspección y vigilancia asignada al Estado que se establece
mediante la acreditación de un percentil mínimo en tales pruebas, está
orientado a supervisar y controlar la calidad en la impartición de la enseñanza,
siendo una medida de valoración razonable aplicar el mecanismo de medición
frente a las instituciones educativas.
63. Así, conforme al enunciado constitucional vertido en el inciso 3° del art. 68
que establece que “la enseñanza debe estar a cargo de personas de
reconocida idoneidad ética y pedagógica”, la medida de cálculo no se torna
contraria a la ley o la Constitución bajo el cargo analizado, pues, en efecto, la
idoneidad se predica de quienes imparten la enseñanza y se mide conforme a
los criterios fijados en las pruebas SABER para definir parámetros básicos de
calidad; razón por la cual el cargo será negado, al no existir huella de la
28 Ibidem.
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vulneración aducida.
Tercer cargo
64. La parte demandante postula como una violación del derecho a la igualdad,
que la base de cálculo que resulta de la aplicación de las pruebas SABER deje
de considerar las diferencias que se generan por las variadas condiciones
sociales, culturales y familiares que inciden en sus resultados, en tanto se
genera un algoritmo estadístico que iguala resultados que no pueden ser
equiparados, y pasa por alto los proyectos educativos que se implementan en
zonas deprimidas por no tener reflejo en las pruebas SABER; así mismo aduce
que con el Índice Sintético de Calidad Educativa –ISCE– tales condiciones sí
se tienen en cuenta, correspondiendo a una medida más próxima a la
prestación del servicio y a los elementos de idoneidad que se deben constatar.
65. En similares términos, el coadyuvante acusó al numeral 2 del artículo
2.3.1.3.3.7, y al inciso tercero del artículo 2.3.1.3.3.11 de ser violatorios del
derecho a la igualdad (art. 13 de la C.P.) y del derecho a la educación (art. 67
de la C.P.) –capítulo IV de tal coadyuvancia– al sostener que el mecanismo
del percentil es irracional pues no puede erigirse en el criterio único de
medición de la idoneidad para la contratación del servicio público de
educación; también porque desconoce el contexto socio cultural de los
estudiantes y sus derechos.
66. Para resolver este reproche, es necesario partir de la función y
entendimiento del dispositivo estadístico denominado percentil, el cual, en
términos generales, corresponde a una medida de posición que agrupa un
conjunto de datos en cien partes iguales, ordenándolos de menor a mayor, de
forma que aporta información sobre el porcentaje de observaciones que se
sitúan por debajo de un determinado valor.
De género a especie, y para su mejor entendimiento, estas medidas de
posición son definidas y explicadas en los siguientes términos:
“Medidas de posición relativa
Estas medidas son también llamadas cuantilas, cuantiles o fractiles y cuyo objetivo es
describir el comportamiento de una variable dividiendo la serie de valores en diferente
número de partes porcentualmente iguales, las más usadas son: los cuartiles (cuartas
partes), los deciles (decimas partes) y los centiles o percentiles (centésimas partes).
(…)
Los Percentiles
Son ciertos números que dividen el conjunto de datos ordenados en cien partes
porcentualmente iguales. El percentil 50 equivale a la mediana.
Considerando la definición de la mediana, esta será el segundo cuartil, el quinto decil
o el 50avo percentil o centil. En cualquiera de estas medidas el valor matemático que
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se obtenga será representativo del número de datos o menos que corresponde al
valor relativo planteado. (Ejemplo: el primer cuartil es un valor representativo del 25%
o menos de los valores de una distribución, es decir, los valores inferiores de la
distribución)”29.
67. Esta medida, además, está diseñada para generar estadísticas
relacionadas con grupos amplios de información, en razón de que el sistema
de análisis impone la división del 100% del universo de la información en cien
partes iguales.
En términos prácticos, se ordenan de menor a mayor los datos objeto de
análisis, enumerándolos por sus posiciones 30 y el percentil buscado
determinará el valor de la variable por debajo de la cual se encuentra un
porcentaje dentro de un grupo de datos, y el porcentaje restante indicará los
que son mayores a éste31.
68. Así, no comparte la Sala el reproche que se examina, teniendo en cuenta,
en primer lugar, que la norma acusada establece que el conjunto de datos a
analizar, para la definición del percentil, corresponde a un porcentaje mínimo
en las pruebas SABER aplicada a los establecimientos educativos de la
respectiva entidad territorial certificada donde eventualmente se vaya a
efectuar la contratación; de modo que lo que procura este mecanismo es la
inclusión de todos los datos relativos a los prestadores del servicio y, por
consecuencia, trae aparejada la incorporación en la definición del percentil de
los datos de las instituciones cuyos resultados, sin duda, reflejan las
particularidades sociales y culturales asociadas a la jurisdicción del ente
territorial; dispositivo concordante con el ámbito de aplicación de las normas
relativas a la contratación del servicio educativo por parte de las entidades
territoriales certificadas, según el art. 2.3.1.3.1.1. del decreto enjuiciado.
69. En segundo lugar, la medida utilizada es razonable y no pugna con el
derecho a la igualdad, puesto que al considerar los datos de todas las
29 “Probabilidad y Estadística”, Universidad Nacional de Colombia. Consultado en:
red.unal.edu.co/cursos/ciencias/2001065/html/un1/cont_128_28.html
30 Por ejemplo, 35 colegios observados conforman el 100% del universo de información; de modo que,
si se ordenan según determinados resultados de menor a mayor, cada dato será enumerado con una
posición que va del 1 al 35. Para hallar el percentil se despejará la siguiente fórmula: si 35 colegios
conforman el 100% de los datos, y se quiere calcular el percentil 20 (es decir el porcentaje de los datos
que son igual o menor a esa proporción) se hace la siguiente operación:
35 -> 100% = 35 * 20% = 7,5 -> se aproxima al entero siguiente = 8.
i –> 20% 100%
Es decir que el percentil 20 será el dato que se ubica en la posición 8, entre los 35 colegios.
-Un ejemplo detallado, buscando el percentil 20 en los resultados de 19 colegios:
Calificación obtenida: 23, 36, 28, 35, 37, 39, 40, 40, 49, 50, 51, 52, 57, 61, 66, 70, 75, 80, 90
Posición (No. Colegios): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19 -> 100% = 19* 20% = 3,8 = se aproxima a 4. El percentil 20 es el dato que está en la posición 4=35
i -> 20% 100%
Es decir que el 20% de los datos es igual o menor que 35 y el 80% restante son mayores.
31 La definición y la aplicación del percentil, así como ejemplos de éste, pueden consultarse también en:
https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/node/publication/field_attached_file/pdf-
_estadistica_descriptiva-_completo-_09-15.pdf
30
Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
instituciones educativas y agrupar sus resultados en función de una
determinada jurisdicción, permite que la medida de posición que cada una
adquiera en la fórmula tenga incidencia directa en la estadística y, así también,
en los mínimos requeridos para conformar el banco de oferentes.
Además, si como lo indica el actor existen numerosas instituciones que se
verían afectadas por los resultados de la aplicación del percentil, pues en su
dicho “con esta medida quedarían más de 85 instituciones sin poder contratar,
las cuales atienden más de 35,000 niños y jóvenes de los sectores” 32
deprimidos de la ciudad de Cali, es evidente que el citado mecanismo
estadístico, al considerar en la medida de posición todas las instituciones
educativas, necesariamente deberá reflejar en los datos de observación
(evaluación de las pruebas SABER) sus resultados. Siendo así, cada
institución –con sus diversas caracterizaciones sociales, geográficas y
culturales, entre otras– tiene reflejo en las variables que conducen a establecer
el percentil, lo que es concordante con los principios bajo los cuales se debe
analizar la norma censurada, entre ellos, el de calidad y diversidad, definidos
en el artículo 2.3.1.3.1.4. del Decreto 1851 de 2015, en tanto armonizan
plenamente con el mecanismo del percentil, al señalar:
“3. Calidad. Mediante la contratación del servicio público educativo, las entidades
territoriales certificadas deberán garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo
de aprendizajes y facilitar ambientes escolares y procesos pedagógicos adecuados,
que propendan por la formación integral y de calidad de los estudiantes.
4. Diversidad. La contratación del servicio público educativo reconocerá las
diferencias étnicas, culturales, geográficas, demográficas y sociales de los niños,
niñas y adolescentes, con el fin de ofrecer una prestación del servicio educativo
pertinente, de tal manera que se garantice el acceso y la permanencia escolar de
todas las personas.”
70. Al lado de lo anterior, es preciso indicar que la norma demandada incorpora
el percentil como mecanismo dinámico que atiende la realidad cambiante de
las instituciones educativas, puesto que no impone un valor base de
habilitación frente al banco de oferentes a partir del cual, quien obtenga en el
último año un determinado resultado en las pruebas SABER será la institución
que pueda ser parte de esa lista de precalificación; contrario a ello, en
aplicación del percentil –p. ej. 20, 30 o 35, o el que defina el reglamento–, no
podrán quedar habilitados en el respectivo banco de oferentes los
establecimientos educativos cuyos resultados en las pruebas SABER se
encuentren en el porcentaje igual o menor al 20%, 30% o 35%, según
corresponda, dentro de las observaciones de un conjunto de datos que
corresponde al 100%.
71. De modo que, como se trata de una ordenación de datos de menor a
mayor, el percentil refleja el valor por debajo del cual se encuentra un
determinado porcentaje de observaciones en un grupo; y, a su turno, evidencia
32 Fl. 4 del c. ppal. 1
31
Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
que el porcentaje restante (80%, 70% o 65%, aplicado a los valores que sirven
de ejemplo), es mayor a tal valor.
Así las cosas, bajo la obligación de aseguramiento en calidad a cargo del
Estado (art. 67 de la C. P.), no se observa ilegalidad en la utilización del
percentil ni desconocimiento del derecho a la igualdad, al principio de
diversidad o al derecho a la educación; por el contrario, dicho mecanismo
exhibe verdaderos estándares mínimos para la impartición de la enseñanza,
que cualquier institución que quiera contratar por el Estado, en el ámbito
descrito, debe acreditar, sin que se observe que el porcentaje fijado para el
percentil resulte desbordado o excluyente, pues justamente una educación con
calidad base para todos, es la que redunda en reales oportunidades de
progreso y desarrollo humano, cultural y social; es más, resulta en una acción
afirmativa para alcanzar los estándares mínimos que garanticen el derecho a
la educación, en las condiciones que impone la Constitución Política y los
instrumentos internacionales.
72. Finalmente, en relación con la inconformidad que expresa la parte
demandante respecto de la aplicación de las pruebas SABER como base de
cálculo del percentil, sustentado en que el Índice Sintético de Calidad
Educativa –ISCE– es más acorde con la realidad de las instituciones
educativas, hay que indicar que tal argumento no se constituye en un reproche
que tiña de ilegalidad la determinación hecha por el Ejecutivo, pues no
corresponde al juez suplantar o sustituir a la Administración en la tarea de
determinar y escoger entre ellos el mecanismo de medición que debe ser
adoptado para comprobar la reconocida trayectoria e idoneidad a los
prestadores de servicios de educación, conforme lo ordena artículo 27 de la
Ley 715 de 2001.
El encargo judicial está orientado a examinar la existencia de reales vicios de
ilegalidad, del que escapan las críticas o las preferencias subjetivas del actor
en la aplicación de determinados métodos o mecanismos; así, sólo frente a los
primeros, esto es, de constatarse de manera fehaciente la presencia de tales
vicios, será procedente la expulsión de una disposición del ordenamiento
jurídico a través el medio de control objetivo y abstracto de legalidad, sin que
el escenario judicial admita un debate simplemente de oposición y crítica sin
proyección clara y directa en la esfera de la legalidad de la norma, como aquí
acontece.
73. De otra parte, y más allá de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que los criterios y principios aplicables por el Estado para evaluar la
calidad de la educación (donde converge el examen sobre la organización de
la institución educativa, sus programas y el contexto socio cultural de los
estudiantes, entre otros), permiten concluir que el instrumento por excelencia
para realizar la medición de la calidad, en tan diversos aspectos, corresponde
a las pruebas de Estado; de esta forma, no es admisible tildar de ilegal su
32
Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
utilización comoquiera que se trata de un instrumento cuyas finalidades están
circunscritas a la realización de tal evaluación dentro del sistema nacional de
educación, que está dotado de respaldo legal y constitucional.
Esta línea es advertida, entre otras, en la sentencia T-523 de 2016, en la que
el máximo Tribunal Constitucional señaló al respecto, lo siguiente:
“En la misma decisión, esta Corporación definió algunos de los criterios para evaluar
la calidad de la educación, los cuales hacen referencia a los programas de estudio, la
organización de la planta docente, y a que en virtud del principio de equidad, se debe
reconocer que los contextos de los que provienen los estudiantes son diferentes y se
deben implementar medidas para garantizar igualdad de condiciones. Además, en
relación con la evaluación, reconoce que éste es un proceso complejo que exige la
participación de diferentes autoridades y que la principal herramienta de medición son
los exámenes de Estado. Por su relevancia en el caso que le corresponde revisar a
la Sala, a continuación se citan cuatro de ellos:
“- La educación es aceptable cuando los programas de estudio y los métodos
pedagógicos son pertinentes, adecuados culturalmente, equitativos y de buena
calidad.”
(…)
“ - La evaluación del proceso educativo (de la eficiencia y la calidad de la enseñanza,
el desempeño de los docentes, la eficacia de los recursos, los métodos pedagógicos
y las instituciones educativas) es una labor compleja que exige la participación
coordinada del gobierno nacional, el Icfes y las entidades territoriales, y que se lleva
a cabo, principalmente, mediante la realización de los exámenes de Estado,
cuyos resultados son los principales indicadores de la calidad de la educación
que se imparte en las instituciones y los centros educativos públicos del país.
Dichos resultados son determinantes para el ejercicio del control y la vigilancia del
servicio público educativo y para proporcionar la información que se requiere para el
diseño y la implementación de programas de mejoramiento (…).” (se resalta).
74. Al hilo de lo dicho, sin mediar razones de ilegalidad en el uso de los
resultados de las pruebas SABER y su aplicación en la evaluación de
idoneidad que desarrolló el Decreto 1851 de 2015 en la norma sub examen,
no hay camino distinto al de negar el presente cargo, comoquiera que la
preferencia del actor respecto del uso del Índice Sintético de Calidad en la
Educación, no resta validez al instrumento legal y constitucionalmente
concebido para evaluar su calidad por parte del Estado en sus diversos
componentes (art. 1 de la Ley 1324 de 200933), ni se observa la irracionalidad
de la medida; lo anterior, a su vez, hace innecesario sumergirse en la distinción
entre el ISCE y el alcance y componentes de las pruebas SABER.
Cuarto cargo
75. De los argumentos planteados en el cuarto reproche, y considerando que
33 Él artículo 1 de la citada norma, establece: “El Estado en el ejercicio de su función suprema de
inspección y vigilancia de la educación tiene el deber de valerse de exámenes de Estado y otras
pruebas externas, para medir el nivel de cumplimiento de sus objetivos y buscar el mejoramiento continuo
de la educación. (…)” (Se resalta).
33
Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
algunas temáticas ya han sido abordadas en cargos precedentes, la Sala se
dirige a analizar si el planteamiento del actor, que atribuye al percentil efectos
equiparables a un ranking constituye razón de nulidad de la norma sub-
examen.
76. En una generosa explicación, la parte demandante ofrece un conjunto de
razonamientos apoyados en algunos ensayos que hacen referencia a las
bondades y problemáticas que representan los rankings educativos; a partir de
allí, señala que éstos –los rankings– destruyen la diversidad de las
instituciones educativas en tanto todas ellas terminan ajustándose a los
parámetros del ranking, invisibilizando otros proyectos educativos y
vulnerando así el derecho a la igualdad y el debido proceso. Como en su
ejercicio argumentativo el actor equipara el percentil con el ranking, proyecta
en el primero las críticas que se han hecho en relación con el segundo.
77. Sea lo primero indicar, que para la Sala los conceptos de percentil o de
ranking –entendiendo este último como una “clasificación de mayor a menor,
útil para establecer criterios de valoración 34–, no se erigen en convenientes o
inconvenientes, en general, en la construcción de una medida de valoración,
pues su utilidad será tan variada, como los fines que cada cual persiga. Más
allá de lo anterior, importa precisar que en este proceso se ha cuestionado la
incorporación del percentil como instrumento de medición en la disposición
demandada, sin que en ninguno de sus componentes normativos se exprese
el término de ranking.
Esta circunstancia lleva a que, habiéndose superado el reproche de ilegalidad
atribuido al percentil, en cargos previos, no subsista un argumento que
imponga a la Sala razonar en función del análisis de ilegalidad de un concepto
del que no se ocupa la norma, sino al que se llega por inferencia del actor. En
otras palabras, comoquiera que ya fue solventado el cuestionamiento
relacionado con el referente estadístico de que trata el núm. 2 del artículo
2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015 -percentil-, no es procedente avanzar en
el análisis de un cargo de nulidad frente a una proposición normativa que no
se encuentra prevista en el texto de la disposición demandada.
78. Emprender un análisis como el planteado implicaría divagar en solitario y
de forma ajena al objeto y fines del medio de control sub lite, y llevaría a la
insostenible posición de hacer del juicio de legalidad un mecanismo de análisis
de supuestos e hipótesis ajenos al reglamento, provenientes de una
interpretación subjetiva. De este modo, ningún sentido tendría ocuparse de las
argumentaciones relacionadas con los ranking educativos, cuando lo que se
advierte es que el cargo carece de certeza normativa, en tanto la demandante
construyó su acusación a partir de una proposición que no se encuentra en el
texto de la disposición acusada.
34 Definición tomada de: https://dle.rae.es/ranking
34
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Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
79. En todo caso, la distinción general que expresa el ranking como una
clasificación que denota una ordenación de mayor a menor de determinadas
características individuales, y la medida de posición del percentil que lleva a
establecer un porcentaje frente a un universo de datos, cuyo valor es resultado
de la ponderación de todas ellas, aun de cara a sus elementos afines, no lleva
a esta Sala a equipararlas como lo plantea el demandante; de modo que, por
las razones anotadas, el cargo será negado.
Quinto cargo
80. En relación con la falta de confiabilidad en el procedimiento de recaudo y
procesamiento de la información, que se atribuye a que las pruebas SABER
de grado 11 son vigiladas y las de los grados 3°, 5° y 9° no lo son, considera
esta Sala que la aplicación del mecanismo del percentil no es en sí mismo
constitutivo o definitorio de una metodología de procesamiento de información
y recaudo independiente de la que se desarrolla con la práctica de las pruebas
SABER.
81. De conformidad con lo establecido en la Ley 1324 de 2009, las pruebas de
Estado son evaluaciones externas estandarizadas aplicadas por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES–, para medir el nivel
de cumplimiento de los objetivos en educación y buscar su mejoramiento
continuo (art. 1° Ley 1324).
En sus definiciones, la precitada ley establece en el art. 2° que, “es evaluación
“externa” e independiente la que se realiza por pares académicos coordinados
por el ICFES, a los establecimientos educativos o las instituciones de
educación superior, a los cuales, o a cuyos estudiantes, ha de practicarse la
evaluación, bajo el ejercicio de la libertad y la responsabilidad.”
82. Por su parte, el inciso 5 del artículo 7 ídem, en relación con los Exámenes
de Estado, dispone:
“ARTÍCULO 7o. LOS EXÁMENES DE ESTADO. Para cumplir con sus deberes de
inspección y vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad
de la educación, el Ministerio de Educación debe conseguir que, con sujeción a los
parámetros y reglas de esta ley, se practiquen “Exámenes de Estado” (…)
Los “Exámenes de Estado” a los que se refieren los literales anteriores tendrán como
propósito evaluar si se han alcanzado o no, y en qué grado, objetivos específicos que
para cada nivel o programa, según el caso, señalan las Leyes 115 de 1994 y 30 de
1992 y sus reglamentos, las que las modifiquen o complementen.
Igualmente, el inciso 8° de la citada disposición, determina que el “ICFES
administrará en forma independiente la información resultante de los
“Exámenes de Estado”, y reportará los resultados a los evaluados, así como
al Ministerio de Educación Nacional, a las entidades territoriales, a las
instituciones educativas y el público general, en los términos previstos en esta
35
Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
ley”. (subraya añadida).
83. A partir de estas disposiciones se determinó, con rango legal, que la
entidad competente para diseñar el fundamento teórico de las pruebas, aplicar
los instrumentos de evaluación, establecer las metodologías, administrar la
producción de los resultados y controlar el procesamiento de la información,
entre otras funciones, es el ICFES, tal como se observa en los siguientes
apartados del artículo 12 del citado cuerpo normativo:
“(…) El ICFES tendrá, por lo menos las funciones a las que se refiere esta ley y las
que a continuación se describen:
1. Establecer las metodologías y procedimientos que guían la evaluación externa de
la calidad de la educación.
2. Desarrollar la fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de
evaluación de la calidad de la educación, dirigidos a los estudiantes de los niveles de
educación básica, media y superior, de acuerdo con las orientaciones que para el
efecto defina el Ministerio de Educación Nacional.
3. Diseñar, implementar, administrar y mantener actualizadas las bases de datos con
la información de los resultados alcanzados en las pruebas aplicadas y los factores
asociados, de acuerdo con prácticas internacionalmente aceptadas.
4. Organizar y administrar el banco de pruebas y preguntas, según niveles educativos
y programas, el cual tendrá carácter reservado.
5. Diseñar, implementar y controlar el procesamiento de información y la producción
y divulgación de resultados de las evaluaciones realizadas, según las necesidades
identificadas en cada nivel educativo.
84. En línea de lo dicho, se puede advertir que la práctica de las pruebas
SABER en orden a las metodologías aplicadas, procedimientos de evaluación
y producción de resultados, no se ven afectadas en perspectiva de
confiabilidad por cuenta de la norma demandada, puesto que la base de
cálculo sobre la cual se aplica el percentil, corresponde a una gestión
adelantada y procesada por el ICFES, sólo que, luego, para efectos de la
habilitación en el banco de oferentes respectivo, se extraen de éstos los
resultados de las pruebas SABER en las áreas de matemáticas y lenguaje35.
De este modo, no se observa la existencia de un proceso autónomo y apartado
de las pruebas de Estado –de cara a la práctica vigilada o no de éstas en los
diferentes grados– pues se itera, la única actividad que se realiza luego de
haberse practicado las pruebas corresponde a una operación matemática que
extrae y considera únicamente las dos áreas indicadas.
35 Reafirma lo anterior, que en los medios de prueba aportados por el demandante Fl. 87 el c. ppal. 1, el
ICFES, en memorial de respuesta a una tutela, indicó lo siguiente: “el ICFES no es quien efectúa los
cálculos para establecer los puntajes de las instituciones que finalmente determinan el percentil que las
lleva a clasificar o no en los listados del Banco de Oferentes de Educación, es el Ministerio quien efectúa
dichos cálculos y es también el Ministerio de Educación quién asigna dichos puntajes a cada colegio,
claro está de acuerdo con los resultados de las pruebas SABER” (se subraya).
36
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Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
85. De acuerdo con el marco legal antes referido, y dado que el objeto del
proceso no tiene por fin establecer la legalidad o no de las metodologías de
procesamiento de información y recaudo de tales resultados, ante la
inexistencia de una afectación al debido proceso, al derecho a la igualdad, o
al derecho al trabajo, de cara al procedimiento de aplicación y administración
de tales resultados proveniente de las disposiciones acusadas, habrá de
despacharse de manera desfavorable el cargo.
Sexto cargo
86. Ab initio, no comparte la Sala el reproche elevado por el demandante al
afirmar que las normas acusadas desconocen el principio de autonomía y
descentralización que prevé el artículo séptimo de la Ley 715 de 2001 cuyo
numeral 7.1 establece a cargo de las entidades territoriales, la función de
“dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar
básica y media en condiciones de equidad, eficiencia y calidad en los términos
definidos en la presente ley”.
Razonamientos vinculados con el modelo de Estado adoptado por el
Constituyente de 1991, imponen que la premisa de análisis de este cargo
tenga como punto de partida el artículo 1 de la Carta Política, que establece
que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales (…)”.
87. En esta caracterización confluyen dos principios a destacar, el principio de
estado unitario y el de autonomía territorial; el primero, representativo de la
unidad política de la organización del Estado, del que emanan expresiones de
soberanía, determina el reconocimiento de una misma autoridad nacional por
parte de todos los miembros del conglomerado social bajo un solo régimen
constitucional y legal; el segundo, afirma la potestad de autogobierno conferida
a las entidades territoriales para la gestión de sus intereses.
Se trata, grosso modo, de un modelo de distribución de funciones y deberes
atribuidos tanto a la Nación como a los entes locales, en un ejercicio de
competencias en el que, unas y otras, armonizan bajo principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los términos que establezca
la ley, según dispone el artículo 288 superior.
88. Al profundizar sobre esta materia, de cara a los límites del principio de
autonomía de las entidades territoriales bajo el principio de estado unitario, la
Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades,
precisando, lo siguiente:
“El principio de Estado Unitario determina que todos los órganos del Estado,
comprendidos todos los niveles de la administración pública, incluida la
territorial, hacen parte de la unidad política del Estado, lo que implica que las
37
Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
potestades derivadas de la soberanía, tales como la política macroeconómica,
el acuño de la moneda, el manejo de las relaciones internacionales, el ejercicio
de la función jurisdiccional y de la función legislativa e, incluso el
mantenimiento del orden público, son asuntos que pertenecen al Estado, en
su conjunto, razón por la cual, las entidades territoriales carecen de
competencias en estas materias y, por lo tanto, su autonomía no es absoluta,
sino se encuentra subordinada al ejercicio de estas potestades estatales. Así,
el sometimiento de las entidades territoriales a la Constitución Política y a las
leyes de la República, son elementos que garantizan que la autonomía de las
entidades territoriales se ejerza dentro del Estado Unitario”36.
89. En punto al servicio público de educación, el Constituyente fue enfático en
confirmar la necesaria distribución de competencias en la materia, al disponer
que “[l]a Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la Constitución y la ley” (inciso 6° del art. 67 de la C.P).
La ruta así trazada, llevó a la expedición de varios instrumentos legales, entre
ellos, la Ley 715 de 2001, cuyo contexto general, ilustrado en los análisis
inaugurales en este proveído, afirmó la distribución de competencias que, en
función del Sistema General de Participaciones, se estableció entre la Nación
(art. 5), los departamentos (art. 6) y los distritos y municipios certificados (art.
7), correlativamente con la distribución sectorial de los recursos a las entidades
territoriales.
90. Sirva lo anterior para descartar que por vía de la norma acusada se
desconozca el principio de autonomía y descentralización de las entidades
territoriales, pues justamente el art. 7.1 de la Ley 715 de 2001 establece a
cargo de los distritos y municipios certificados, la competencia para “dirigir,
planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar básica y
media en condiciones de equidad, eficiencia y calidad en los términos definidos
en la presente ley”, la cual no se contrapone con el artículo 5.6 que dispuso a
cargo de la Nación la función de “[d]efinir, diseñar y establecer instrumentos y
mecanismos para la calidad de la educación”; así como, “[f]ijar parámetros
técnicos para la prestación del servicio educativo estatal, (…) teniendo en
cuenta las particularidades de cada región” como indicó el artículo 5.14.
91. La claridad que emerge de estas funciones, permite advertir que la
confección de la norma tildada de ilegal es desarrollo de los principios
superiores asociados al modelo de Estado adoptado, llevados a los postulados
de la Ley 715 de 2001, los que luego son desarrollados por el Decreto 1851
de 2015 en las materias que se analizan, siguiendo un hilo normativo
verificable:
36 Corte Constitucional, sentencia C-189 del 9 de mayo de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Normas constitucionales Ley 715 de 2001
“ARTÍCULO 5o. Competencias de la nación en
materia de educación. Sin perjuicio de las
establecidas en otras normas legales,
“ARTICULO 1o. Colombia corresponde a la Nación ejercer las siguientes
es un Estado social de competencias relacionadas con la prestación del
derecho, organizado en servicio público de la educación (…):
forma de República unitaria,
descentralizada, con 5.1. Formular las políticas y objetivos de
autonomía de sus entidades desarrollo para el sector educativo y dictar
territoriales, democrática, normas para la organización y prestación del
participativa y pluralista, servicio.
fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el 5.2. Regular la prestación de los servicios
trabajo y la solidaridad de las educativos estatales y no estatales.
personas que la integran y en
la prevalencia del interés (…)
general”.
5.6. Definir, diseñar y establecer instrumentos y
“ARTICULO 287. Las mecanismos para la calidad de la educación.
entidades territoriales gozan
de autonomía para la (…)
gestión de sus intereses, y
dentro de los límites de la 5.14. Fijar parámetros técnicos para la prestación
Constitución y la ley. En tal del servicio educativo estatal, estándares (…)”
virtud tendrán los siguientes
derechos: “ARTÍCULO 6o. Competencias de los
departamentos. Sin perjuicio de lo establecido en
1. Gobernarse por otras normas, corresponde a los departamentos
autoridades propias. en el sector de educación las siguientes
2. Ejercer las competencias competencias: (…)
que les correspondan.
3. Administrar los recursos y 6.1.1. Prestar asistencia técnica educativa,
establecer los tributos financiera y administrativa a los municipios,
necesarios para el cuando a ello haya lugar.
cumplimiento de sus
funciones. 6.1.2. Administrar y responder por el
4. Participar en las rentas funcionamiento, oportunidad y calidad de la
nacionales”. información educativa departamental y
suministrar la información a la Nación en las
“ARTICULO 288. La ley condiciones que se requiera.
orgánica de ordenamiento
territorial establecerá la 6.1.3. Apoyar técnica y administrativamente a los
distribución de municipios para que se certifiquen en los
competencias entre la términos previstos en la presente ley.
Nación y las entidades
territoriales. 6.1.4. Certificar a los municipios que cumplen los
requisitos para asumir la administración
Las competencias atribuidas autónoma de los recursos del Sistema General
a los distintos niveles de Participaciones. Si el municipio cumple los
territoriales serán ejercidas requisitos para ser certificado y el departamento
conforme a los principios de no lo certifica, podrá solicitarla a la Nación.
coordinación, concurrencia y
subsidiariedad en los 6.2.7. Ejercer la inspección, vigilancia y
términos que establezca la supervisión de la educación en su jurisdicción, en
ley. ejercicio de la delegación que para tal fin realice
el Presidente de la República.
39
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Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
(…)
6.2.12. Organizar la prestación y administración
del servicio educativo en su jurisdicción. (…)”
“ARTÍCULO 7o. Competencias de los distritos y
los municipios certificados.
7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio
educativo en los niveles de preescolar, básica y
media, en condiciones de equidad, eficiencia y
calidad, en los términos definidos en la presente
ley”.
92. El contexto normativo referido es expresión del principio de autonomía de
las entidades territoriales en el marco del estado unitario, lo que explica que
su realización deba enmarcarse en los límites que impone la Constitución, y
en los términos establecidos en la Ley, pues en esta materia no se está frente
a un régimen de autonomías sino de un modelo de administración y gobierno
del Estado unitario con descentralización y autonomía de las entidades
territoriales.
En efecto, dentro de las funciones que el legislador asignó a la Nación se
encuentra la competencia para dictar normas en materia de organización y
prestación del servicio, así como definir, diseñar y establecer instrumentos,
mecanismos y estándares en la prestación del servicio educativo y garantizar
la calidad de la enseñanza. A partir de este encargo, el Ejecutivo fija las reglas
técnicas y jurídicas que materializan sus competencias, las cuales ingresan, a
su turno, al marco de actuación de los entes territoriales en el ejercicio de sus
funciones, en orden a dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en su
respectiva jurisdicción.
93. Resulta entonces, que el reglamento cuestionado al establecer las reglas
que definen el mecanismo de acreditación de la idoneidad de los aspirantes a
ser habilitados en el Banco de Oferentes, no rebasa, mengua o desconoce las
funciones confiadas a las entidades territoriales en la dirección de sus
procesos y en la planeación y prestación del servicio.
Basta observar que el Decreto 1851 de 2015 estableció estándares y
requisitos mínimos, a partir de los cuales los entes locales deben construir sus
requerimientos en orden a atender las necesidades particulares del servicio en
su jurisdicción, pudiendo, en consecuencia, fijar exigencias mayores en sus
procesos de contratación, de cara a las circunstancias específicas que así lo
requieran.
94. En esta línea, el citado Decreto determinó que el proceso dirigido a invitar,
evaluar y habilitar a los posibles aspirantes a celebrar contratos para la
prestación del servicio educativo, en su etapa de apertura, debe contener los
siguientes aspectos, entre ellos, la indicación de los requisitos mínimos que
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Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
deben demostrar los interesados, según dispone artículo 2.3.1.3.3.5:
“1.1. Datos básicos de la entidad territorial certificada interesada en conformar el
Banco de Oferentes.
1.2. Propietarios de establecimientos educativos no oficiales destinatarios de la
invitación.
1.3. Objeto de la invitación.
1.4. Requisitos mínimos que deben demostrar los interesados en integrar el Banco de
Oferentes, así como los medios para su acreditación. Los mencionados requisitos
deberán corresponder a los siguientes factores:
a) Trayectoria o experiencia e idoneidad.
b) Infraestructura física del establecimiento educativo en donde se prestará el servicio.
c) Canasta educativa que deben proveer.
1.5. Cronograma del proceso que contenga al menos: (…)” (se resalta).
95. Concordante con lo anterior, el reglamento se ocupó, seguidamente, de
confirmar la existencia de una regla de mínimos en relación con los requisitos
habilitantes, siendo uno de ellos, más no el único, la acreditación de la
experiencia e idoneidad de la institución educativa; de suerte que cada entidad
territorial, a partir de tales bases, podría aumentar las exigencias, se insiste,
según sus necesidades y contexto vinculado a su jurisdicción; tal como
prescribe el artículo 2.3.1.3.3.6 ídem:
“ARTÍCULO 2.3.1.3.3.6. Requisitos para ser habilitado en el Banco de Oferentes.
Para ser habilitado en el Banco de Oferentes de cada entidad territorial, se deberán
cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:
1. Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada en los términos
del artículo 2.3.2.1.2 del presente decreto (…).
2. El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado mediante el
certificado de existencia y representación legal expedido por autoridad competente,
con antelación no superior a un mes (…).
3. No estar en régimen controlado (…).
4. El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá contar con código
DANE (…)
5. Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio educativo (…).
6. Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de Educación de la entidad
territorial certificada en la que se prestará el servicio educativo (…)
7. Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e idoneidad a
que se refiere este capítulo y los establecidos en cada caso concreto por la entidad
territorial certificada, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio
de Educación Nacional (…)
41
Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
(…)” (se subraya).
De modo que, contrario a desconocer o coartar el principio de autonomía y
descentralización que prevé el artículo 7° de la Ley 715 de 2001, la definición,
diseño y establecimiento del instrumento de medición de la idoneidad que
incorporó la norma acusada –percentil aplicado a las pruebas SABER– es
expresión del ejercicio coordinado de competencias legalmente atribuidas
tanto a la Nación como a las entidades territoriales.
96. Añádase, finalmente, que la regla que fija un estándar mínimo para
acreditar la idoneidad de las instituciones educativas, responde a su vez a la
regla de mejor utilización de los recursos estatales que, de forma general, y
aquí de manera específica, impone que el uso de los recursos públicos que
por vía del Sistema General de Participaciones son distribuidos entre las
entidades territoriales (Ley 715 de 2001) estén dirigidos a garantizar la
adecuada prestación de los servicios públicos, en este caso el de educación,
sin que con ello se desconozca el debido proceso o el derecho al trabajo, de
cara a una balanza necesaria entre el gasto público y la idoneidad de quien
los presta.
97. En estos términos, la adecuada prestación del servicio involucra
componentes vinculados al aseguramiento en calidad, razón por la cual los
instrumentos que definen mínimos en relación con su acreditación, se
corresponden con tal designio, máxime si se considera que bajo el principio de
reducción progresiva de que trata el artículo 2.3.1.3.1.4 del citado Decreto, la
contratación de este servicio “se reemplazará progresivamente con medidas
que adopten las entidades territoriales certificadas, tendientes a superar las
razones que dieron lugar a la insuficiencia o a las limitaciones para la atención
y prestación del servicio educativo en los establecimientos educativos oficiales
de su jurisdicción”; por esta vía, se concluye razonablemente que, en los casos
en que persista la necesidad de contratar instituciones para atender la oferta
pública en materia de educación, la mejor utilización de los recursos impone
la existencia de márgenes mínimos de acreditación de idoneidad, sin que tal
regla desconozca el ejercicio de la autonomía de las entidades territoriales, ni
se comprometan los derechos al debido proceso y al trabajo, de cara a unos
estándares básicos que debe exigir el Estado a quienes impartan la enseñanza
mediante la suscripción de los respectivos contratos, previa su habilitación.
Por las anteriores razones, en su conjunto, se negarán los cargos formulados
frente a la norma analizada.
B) Cargos formulados contra (i) el parágrafo 2 del artículo 2.3.1.3.3.7;
(ii) el parágrafo transitorio del artículo 2.3.1.3.3.7; (iii) primer inciso del
artículo 2.3.1.3.3.11; y (iv) parágrafo del artículo 2.3.1.3.3.11
98. Advirtió la Sala, al referirse a la metodología de análisis de los reproches
planteados, que el examen del numeral 2 del artículo 2.3.1.3.3.7 del Decreto
42
Radicación: 11001032600020150016300 (55827)
Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
1815 de 2015 –efectuado en el capítulo precedente– se constituía en eje
central de los demás cargos planteados y, en efecto ello es así; basta observar
los cuestionamientos que ahora se aducen para establecer que éstos son
consecuenciales a la declaratoria de nulidad pretendida frente a la primera
disposición, como se observa en el siguiente cuadro:
Normas demandadas del Decreto 1851
Cargos formulados37
de 2015
(i) Parágrafo 2 del artículo 2.3.1.3.3.7: (i) “La publicación que hará el ICFES
según se dispone en la norma transcrita
“El Icfes publicará anualmente en el mes de y acusada, tiene su fundamento en un
noviembre, el listado de los establecimientos cálculo estrictamente técnico de la cifra
educativos que cumplen con el requisito PERCENTIL, obtenido en un
establecido en el numeral 2 del presente procedimiento que resulta en este caso,
artículo”. ilegal e inconstitucional, por los motivos
expuestos, respecto del numeral 2 del
artículo 2.3.1.3.3.7”.
(ii) Parágrafo Transitorio del artículo (ii) “En este parágrafo se aplica
2.3.1.3.3.7: igualmente el percentil, obtenido
mediante el procedimiento contrario a la
“Para el Banco de Oferentes que se Constitución y a la ley, conforme a los
conforme en el año 2015, se podrán habilitar argumentos antes expuestos”.
únicamente los establecimientos educativos
no oficiales, que en los resultados
publicados por el Icfes de las pruebas de
Estado Saber 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en
el año 2014, según corresponda, hubieren
alcanzado puntajes superiores al percentil
20 de los establecimientos educativos de su
respectiva entidad territorial certificada en
educación”.
(iii) Primer inciso del artículo 2.3.1.3.3.11: (iii) “La parte subrayada y en negrilla …
está referida a la inscripción y
“Criterios para la celebración de contratos de habilitación en el Banco de oferentes,
prestación del servicio educativo. La entidad que como ha quedado ampliamente
territorial certificada solamente podrá demostrado antes, se fundamenta en el
celebrar contratos para la prestación del cálculo del percentil establecido para la
servicio educativo con quienes se demostración de la idoneidad de los
encuentren inscritos y habilitados en el establecimientos educativos, el cual es
Banco de Oferentes vigente (…)” contrario a la Constitución y la ley,
conforme a las argumentaciones
jurídicas formuladas respecto del
numeral segundo del artículo
2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015”.
(iv) Parágrafo del artículo 2.3.1.3.3.11: (iv) “De la misma manera, la
inconstitucionalidad predicada respecto
“Para la vigencia 2016 se podrán celebrar del numeral 2 del artículo 2.3.1.3.3.7 del
contratos para la prestación de servicio Decreto 1851 de 2015, por las mismas
37 Fl. 23 al 25 del C. ppal. 1
43
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Demandado: Ministerio de Educación Nacional
educativo con cualquiera de los propietarios razones anotadas afecta la
de establecimientos educativos no oficiales constitucionalidad de los apartes
habilitados en el Banco de Oferentes subrayados (…)”
conformado en el año 2015.
En el año 2017, solamente podrán celebrar
contratos para la prestación de servicio
educativo las personas habilitadas en el
Banco de Oferentes cuyos establecimientos
educativos hubieren obtenido en las pruebas
de Estado Saber 3°, 5°, 9° y 11 del año 2015,
según corresponda, puntajes superiores al
percentil 30 de los establecimientos
educativos de su respectiva entidad
territorial certificada en educación, de
acuerdo con los resultados publicados por el
ICFES.
A partir de 2018, solo podrán celebrar los
referidos contratos las personas jurídicas
habilitadas propietarias de establecimientos
educativos no oficiales, que cumplan con el
requisito establecido en el numeral 2 del
artículo 2.3.1.3.3.7 del presente decreto.
Los propietarios de establecimientos
educativos que hagan parte del Banco de
Oferentes a conformar en el año 2015, cuyos
resultados no correspondan al percentil
establecido en los incisos 2° y 3° de este
parágrafo para las respectivas vigencias,
quedarán deshabilitadas del banco de
oferentes.”
99. En línea de lo dicho, y teniendo en cuenta la relación argumental en la que
se formularon los reproches contra las normas que ahora se revisan, por cuya
virtud la declaratoria de nulidad del numeral 2 del artículo 2.3.1.3.3.7 del
Decreto 1851 de 2015 era la que determinaba, a su vez, el fundamento para
la declaratoria de nulidad de las demás disposiciones demandadas, no queda
camino distinto para la Sala que negar los cargos sub examen, por ser estas
definiciones consecuenciales a las adoptadas frente al primer examen.
100. Hay que indicar que los cargos formulados por la coadyuvante
relacionados con el parágrafo transitorio del artículo 2.3.1.3.3.7, y parágrafo
del artículo 2.3.1.3.3.11 (capítulo III de dicha demanda), al estar vinculados a
aspectos atinentes al momento de expedición del Decreto 1851 de 2015, así
como a sus efectos en materia de tránsito normativo y de adecuados
mecanismos de transición –siendo objeto de reproche la vulneración del
principio de irretroactividad, en el primer caso, y la violación de los principios
de buena fe y confianza legítima, en el segundo–, serán analizados puntual y
conjuntamente en el capítulo sub siguiente de esta providencia.
C) Cargos contra (i) el parágrafo transitorio del artículo 2.3.1.3.3.7 y
(ii) el parágrafo del artículo 2.3.1.3.3.11 del Decreto 1851 de 2015 por
44
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violación al principio constitucional de irretroactividad, y violación del
principio de buena fe y confianza legítima
101. La coadyuvante de la demanda, adujo que el parágrafo transitorio del
artículo 2.3.1.3.3.7 es violatorio de los artículos 29 y 58 Constitucionales, en la
medida que el Decreto demandado, expedido el 16 de septiembre de 2015
introdujo una regla a partir de la cual sólo quedarían habilitados para conformar
el banco de oferentes, aquellos “establecimientos educativos no oficiales que
en los resultados publicados por el Icfes de las pruebas de Estado Saber 3°,
5°, 9° y 11° practicadas en el año 2014, según corresponda, hubieren
alcanzado puntajes superiores al percentil 20 de los establecimientos
educativos de su respectiva entidad territorial certificada en educación”, según
dispone el parágrafo transitorio del artículo 2.3.1.3.3.7. objeto de examen.
Indicó, que como las pruebas SABER presentadas en 2014 constituyen
hechos consolidados en vigencia de normas anteriores, sus efectos no podían
ser distintos de aquellos definidos por normas preexistentes, de modo que la
norma acusada, en su criterio, al establecer un efecto jurídico nuevo sobre
hechos consolidados antes de su entrada en vigencia, desconoce el principio
de irretroactividad de la ley.
102. De entrada, hay que indicar que para la Sala no existe en el sub examen
un verdadero reproche asociado a los efectos que en el tiempo tienen las
normas jurídicas ante el tránsito de legislación, teniendo en cuenta que en el
caso concreto, el reproche por violación del principio de irretroactividad se
dirige a cuestionar el acto administrativo sin considerar el precepto legal del
que se pueda derivar tal cuestionamiento.
La situación que se advierte, nada tiene que ver con una discusión o disyuntiva
en torno al concepto de ley en sentido amplio o en sentido estricto, ni, en
consecuencia, sobre la conformación del sistema normativo; lo que se precisa
es que el control judicial del acto administrativo –en este caso, decreto
reglamentario– se hace en contraste con la ley que es su fuente de creación,
de modo que el cuestionamiento que plantea la coadyuvancia impondría
verificar el reproche en el ámbito temporal de la ley que es objeto del
reglamento y no por fuera de ésta, punto de partida necesario para hablar de
irretroactividad. Cosa distinta es que se discuta si hubo un exceso de la
potestad reglamentaria al establecer en la norma acusada un requisito
habilitante y con éste cuestionar si en el ejercicio de tal competencia se
sobrepasa el respectivo marco legal y constitucional.
103. Más allá de lo anterior, observa la Sala que no existe presencia de una
vulneración como la aducida pues, aún con las dificultades relativas a su
examen, atrás expuestas, lo cierto es que la norma sub-examen no modificó
ni el procedimiento con el que se diseñan, aplican y evalúan las pruebas
SABER, que continuó siendo el mismo que se venía desarrollando bajo las
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Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
previsiones de la Ley 1324 de 2009, como quedó expuesto en párrafos
anteriores, ni afectó o mutó los resultados que se consolidaron al practicar
tales pruebas en el año 2014.
104. Viene bien recordar que, en desarrollo del artículo 27 de la Ley 715 de
2001, los diversos reglamentos expedidos, de una parte, puntualizaron la
obligación de constatar la reconocida trayectoria e idoneidad de las
instituciones educativas para la eventual contratación del servicio público de
educación; y de otra, tal como lo advierte la ley y se afirma en diversos
pronunciamientos de la Corte Constitucional, algunos de ellos ya citados38, las
pruebas de Estado se constituyen en el instrumento por excelencia para medir
la calidad y, en ella, el componente de idoneidad exigido en la ley.
105. De modo que, no resulta novedoso ni ajeno al marco legal, la
determinación de estándares de calidad en la medición de la idoneidad de los
establecimientos educativos, sólo que, con anterioridad a la expedición del
Decreto 1851 de 2015 las entidades territoriales eran las que definían este
requisito en sus invitaciones públicas para la conformación del banco de
oferentes -siguiendo en todo caso criterios del Ministerio de Educación que
les imponía establecer mínimos y máximos- pero sin una regla estadística
directa proveniente del reglamento.
Puede decirse que, de la observación que esta Sala ha hecho de algunos
procesos de conformación del banco de oferentes, consultados en referentes
judiciales 39 , se aprecia que la utilización de los resultados de las pruebas
SABER consolidados en el periodo anterior a la apertura de la invitación
pública, son una constante para la acreditación de la idoneidad.
106. En efecto, consultada la Guía para la Conformación del Banco de
Oferentes emanada del Ministerio de Educación –en la versión actualizada
2006– (citada en la providencia acabada de referir40), dicha entidad pública
38 Además de la sentencia T-523 de 2016 (a la que se hizo alusión en el numeral 73 de esta providencia),
se observa que, en otros pronunciamientos, como en la sentencia T-743 de 2013, esa Corporación
resaltó la importancia de reglamentar los estándares de prestación del servicio para verificar si aquellos
se cumplen.
39 Ver entre otros, la sentencia T-629 del 26 de junio de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; en
ese caso se acudió al mecanismo de la tutela para reprochar algunas circunstancias enmarcadas en un
proceso de conformación del banco de oferentes de una entidad territorial; en la providencia, se
reproducen apartes de los términos de una invitación que da cuenta de la exigencia que la entidad
territorial hizo en relación con diversos aspectos, entre ellos, la idoneidad vinculada a los resultados de
las pruebas SABER, los cuales se transcriben solo a manera de ilustración, conforme están en el fallo:
“OBSERVACIONES
-Las pruebas SABER que se tuvieron en cuenta al momento de evaluar las propuestas presentadas por
los oferentes son las realizadas en el periodo lectivo 2002 - 2003.
-Las pruebas SABER se calificaron teniendo en cuenta la media nacional, las cuales son:
“PRUEBAS SABER
“5to matemáticas media nacional 52.82 la institución sacó 48 por estar por debajo de la media
nacional no obtiene puntos.
“5 lenguaje media nacional 58.20 la institución sacó 59.76 por estar por encima de la media
nacional obtiene 5 puntos (...)”
40 Ibidem.
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Actor: José Guillermo Herrera Herrera y Otro
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
delineó criterios y rangos máximos y mínimos de puntuación para acreditar la
experiencia e idoneidad, indicando delanteramente que “en todas las
entidades territoriales certificadas el puntaje mínimo técnico requerido para
hacer parte de la lista de elegibles que conforman el Banco de Oferentes es
de 50 puntos. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente este mínimo
puede ser superior para cualificar la oferta, en las entidades territoriales que
así lo decidan”41.
107. Así, la constante implantada en la Ley 715 de 2001, en orden a la
acreditación de la trayectoria e idoneidad de las instituciones educativas, fue
desarrollada, desde los albores del ejercicio de la potestad reglamentaria,
reclamando mínimos y máximos en la definición y valoración de tales
componentes, tarea que estaba a cargo de la entidad territorial -como da
cuenta el numeral 1.5 del artículo 9 del Decreto 4313 de 2004, y luego el
numeral 16.1.6 del artículo 16 del Decreto 2355 de 2009-, itinerario normativo
que hace evidencia, en sí mismo, de que el tránsito hacia la consolidación de
un referente único de medición venía gestándose de tiempo atrás, sin vulnerar
la buena fe o confianza de las instituciones educativas interesadas en quedar
habilitadas en el banco de oferentes; y mediando incluso análisis judiciales que
recomendaban reglamentar tales estándares42.
Al amparo de la ley, no se tornó sorpresivo ni defraudatorio de la buena fe la
incorporación de un referente de medición unívoco como el traído bajo las
normas demandadas, pues recuérdese además que, con anterioridad a la
expedición de la norma acusada, las exigencias podían llegar a ser superiores
a los mínimos establecidos por el Ministerio de Educación y, en todo caso,
tenían como referente los resultados de las pruebas SABER ya consolidados.
108. En este orden de ideas, la decisión del ejecutivo de tomar como referencia
para la habilitación del banco de oferentes de 2015 los resultados obtenidos
en las pruebas SABER practicados en 2014, no comporta un quebrantamiento
de la ley o de la Constitución, ni es atentatorio de algún derecho adquirido, en
la medida que: (i) no incluyó modificación al diseño, aplicación y evaluación de
las pruebas SABER; (ii) los resultados obtenidos en tales pruebas no se
modifican, desmejoran o desconocen, contrario a ello, se afirma su
reconocimiento e intangibilidad al ser adoptados como punto objetivo de
referencia en el proceso de habilitación; (iii) la aplicación del percentil,
cualquiera que sea su porcentaje, no incide en los negocios jurídicos suscritos
bajo la normatividad anterior, lo que evidencia que no hay afectación sobre
derechos adquiridos; (iv) esta metodología de medición únicamente recoge
datos ya consolidados (2014), que no es equiparable con el fenómeno de la
retroactividad, pues sólo utiliza esa información como estándar mínimo para la
acreditación de la idoneidad; y (v) el reglamento demandado regula el
41 Consultado en: https://www.cali.gov.co/publico2/documentos/educacion/guiabancooferentes.pdf. Pág.
18
42 Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2013 ídem
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procedimiento que se va a aplicar hacia el futuro, no hacia el pasado; cosa
distinta es que se practique sobre unos resultados concretos.
109. En este punto se debe resaltar que, por su naturaleza, los requisitos
habilitantes corresponden a condiciones provenientes de hechos
consolidados, en tanto y cuanto están vinculados a la acreditación de la
capacidad técnica, financiera, jurídica y de organización que debe acreditar el
interesado en contratar con el Estado y, en este caso, puntualmente, a la
constatación de la experiencia e idoneidad de los establecimientos de
educación; de modo que, adoptar como referente de medición los resultados
de las últimas pruebas SABER practicadas en 2014, para la conformación del
banco de oferentes del año 2015, y que éste fuera determinante para la
participación en la contratación del año 2016, hace notar que el instrumento
cuestionado corresponde a un mecanismo que se inscribe en el concepto de
habilitación, sin que pugne o riña con las normas superiores invocadas, lo que
descarta un reproche de retroactividad.
110. Finalmente, cuando en la coadyuvancia se extiende el cargo por
vulneración del principio de irretroactividad al parágrafo del artículo
2.3.31.3.3.11 del Decreto 1851 de 2015, y puntualmente censura que allí se
condiciona la contratación del servicio educativo de la vigencia 2017 al banco
de oferentes conformado en 2015, es decir, como una extensión del resultado
de las pruebas practicadas en 2014, se aclara, además de lo antes indicado,
que dicho precepto no dispuso tal cosa, lo que indicó fue que para “el año
2017, solamente podrán celebrar contratos para la prestación del servicio
educativo las personas habilitadas en el Banco de oferentes cuyos
establecimientos educativos hubieren obtenido en las pruebas de Estado
Saber 3, 5, 9 y 11 del año 2015 puntajes superiores al percentil 30 (…)”, de
forma que es necesario distinguir dos conceptos y momentos: uno, el de la
conformación del banco de oferentes del año 2015 el cual tiene como base de
referencia los resultados de las pruebas SABER consolidadas en 2014; y otro,
el resultado de las pruebas SABER del año 2015 que se proyecta a
posteriores vigencias.
Así las cosas, se concluye que la utilización de los referentes consolidados de
las pruebas SABER no entrañan los vicios acusados, pues su reglamentación
no atenta contra el principio de irretroactividad, tampoco fue producto de un
requisito sorpresivo, en tanto que, por más de una década, el Ministerio de
Educación venía perfilando tales exigencias que venían siendo aplicadas por
las entidades territoriales, incluso por encima de tal referente, si así se
requería; estos eslabones, unidos, impiden sostener la existencia de una
vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima y, por
consecuencia de medidas especiales de tránsito normativo, en tanto las
instituciones educativas debían, en todos los casos, atender los mínimos que
establecían los entes locales en sus invitaciones públicas.
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Demandado: Ministerio de Educación Nacional
111. De modo que, sin presencia de una violación al principio de
irretroactividad de la ley en las normas acusadas, o del principio de confianza
legítima y buena fe; y sin que, por tanto, tal censura se proyecte a los incisos
demandados del artículo 2.3.31.3.3.11 del Decreto 1851 de 2015, bajo el
principio de integración sistemática planteada por la coadyuvante, la Sala
negará los cargos analizados.
Costas
112. Dado que en este asunto se ventila un interés público, consistente en el
control abstracto y objetivo de la legalidad del acto administrativo debatido, no
procede la condena en costas, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del
CPACA.
III. PARTE RESOLUTIVA
113. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez en firme esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADOELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE43
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
43 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y
que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
49
Sigue leyendo
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