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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00127-00

Fecha
20 de mayo de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00127-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR LA NULIDAD de los apartes demandados de los artículos 2 y 3 del Decreto reglamentario 599 de 2012 “por el cual se regula una instancia de coordinación local para la microfocalización e implementación gradual y progresiva del registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente”, respecto de los cargos de la demanda. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2016-00127-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

20 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2024

Radicación: 11001-03-26-000-2016-0127-00 (57.692)
Demandante: Fundación Forjando Futuros
Demandado: Decreto 599 de 2012 – Nación – Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural
Referencia: Acción de nulidad simple

Temas: nulidad simple – nulidad de decreto reglamentario – restitución de tierras
despojadas y abandonadas forzosamente – microfocalización – implementación gradual
y progresiva.

Síntesis del caso: el demandante solicitó la declaratoria de nulidad de los artículos 1, 2 y 3
del Decreto reglamentario 599 de 2012 “por el cual se regula una instancia de
coordinación local para la microfocalización e implementación gradual y progresiva del
registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente”, por considerar que excedía
la potestad reglamentaria y que vulneraba los derechos de las víctimas por exigir la
microfocalización del área donde se encuentra el predio afectado, como presupuesto
para el ejercicio de sus derechos.

Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad interpuesta en
contra de los artículos 1, 2 y 3 del Decreto reglamentario 599 de 2012 “por el
cual se regula una instancia de coordinación local para la microfocalización e
implementación gradual y progresiva del registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente”, expedido por el Presidente de la República,
haciendo Gobierno con los ministros de Defensa Nacional y de Agricultura
y Desarrollo Rural1, cuyo texto es el siguiente (se subrayan los apartes
demandados, según el resaltado hecho en la demanda):

“Artículo 1°. Micro focalización para el Registro de tierras despojadas
y abandonadas forzosamente. La micro focalización para definir las
áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios)
donde se adelantarán los análisis previos para la inscripción de
predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente será asumida por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con fundamento en la

1 El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los asuntos en los

que se debata la nulidad de actos administrativos expedidos por las autoridades del orden
nacional, conforme a lo dispuesto por el artículo 137 y el numeral 1 del artículo 149 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
________________________________________________________________________________
información suministrada por la instancia establecida por el
Ministerio de Defensa Nacional para el efecto.

Artículo 2°. Comités Operativos Locales de Restitución y
Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
• COLR. Los Comités Operativos Locales de Restitución y
Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
• COLR, serán la instancia de coordinación operacional para la
articulación, implementación, planeación, ejecución y seguimiento
al proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente.

Los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - COLR, estarán
conformados de la siguiente manera:

1. El Director Territorial de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -UAEGRT- o el
Delegado del Director Nacional de la Unidad, quien presidirá el
COLR.

2. Los representantes de la Fuerza Pública delegados para participar
en esta instancia, según lo dispuesto por el Ministerio de Defensa
Nacional, los cuales serán oficiales superiores con capacidad de
decisión.

3. Un (1) delegado de la Procuraduría Judicial para la Restitución de
Tierras.

A los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, podrán ser
invitados el Gerente Regional del Plan Nacional de Consolidación y
Reconstrucción Territorial, la Defensoría del Pueblo, los Alcaldes de
los municipios objeto del proceso de micra focalización, el
representante regional de la Unidad Nacional de Protección o quién
determine la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas.

Artículo 3°. Áreas Micro focalizadas. Una vez micro focalizada un
área, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas iniciará el análisis previo de las solicitudes que
reciba de predios localizados en estas áreas, para lo cual contará
con un término de 20 días. Este término podrá suspenderse de
acuerdo con las circunstancias y efectos señalados en el artículo 22
del Decreto 4829 de 2011.

El trámite de las solicitudes de ingreso al Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente que hayan sido recibidas
antes de la micro focalización, se surtirá comenzando por las de
mayor antigüedad, sin perjuicio de agrupar predios colindantes o de
restitución colectiva en una sola actuación para el registro.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
________________________________________________________________________________
Parágrafo. En todo caso, las actuaciones de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas atenderán los criterios de prelación de que tratan los
artículos 13, 114 y 115 de la Ley 1448 de 2011, de conformidad con
la capacidad de respuesta de la institución para la respectiva área,
atendiendo los principios de oportunidad y celeridad de sus
actuaciones.”.

De acuerdo con el literal d) del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), introducido por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, y corrido el
traslado para alegar de conclusión, esta Subsección proferirá sentencia
anticipada en el presente asunto2.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. La demanda, las normas violadas y el concepto de la violación – 1.2.
Trámite del proceso.

1.1. La demanda, las normas violadas y el concepto de la violación

1. La Fundación Forjando Futuros presentó demanda de nulidad simple3, en
contra de los artículos 1, 2 y 3 del Decreto reglamentario 599 de 2012, por el
cargo de violación de normas superiores. Indicó, como normas violadas, el
artículo 229 de la Constitución y los artículos 4, 7, 13, 14, 73, 76, 114, 115 y 193
de la Ley 1448 de 2011.

2. Explicó, en el concepto de la violación, que las normas cuestionadas
introdujeron un requisito no previsto en las normas superiores, para el análisis
previo de las solicitudes de inscripción en el RTDAF, que consiste en que la
zona debe estar microfocalizada. Argumentaron que, con ello, estas
normas

3. (1) impiden la tutela judicial efectiva de las víctimas, al extender
ilimitadamente los términos para el trámite de las solicitudes de restitución,
lo que contradice, igualmente, el postulado legal de un debido proceso
justo y eficaz. Explicó que “resulta gravoso para la víctima que su solicitud quede
indefinidamente sin trámite mientras se prolonga la acción de abandono o despojo
sobre sus predios y se configuran nuevos conflictos para el momento de su eventual
restitución, impidiendo acudir ante los jueces por no agotarse el requisito de

2 Mediante Auto del 6 de octubre de 2020, el entonces Magistrado Ponente prescindió de

la realización de audiencia inicial. Folios 200-202 c. 1.
3 Folios 43-63 c. 1.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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procedibilidad”4. Por ello, también sostuvo que, al no prever un término para
la microfocalización, las normas demandadas no garantizan la
implementación gradual y progresiva del RTDAF;

4. (2) impiden el acceso a medios alternativos de reparación, previstas en
el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, como la compensación o la
reubicación, porque somete el registro a la inclusión en zonas
microfocalizadas, desconociendo que, incluso, en zonas de imposible
restitución, por razones de orden público, sí es posible acudir a esas medidas
alternas. De esta manera se iría en contra, igualmente, del principio de
independencia previsto en el artículo 73.2 de la ley,

5. (3) desconocen el enfoque diferencial dispuesto en la ley respecto de las
poblaciones más vulnerables, porque las solicitudes de las personas en
situación especial no podrán ser estudiadas hasta que la zona no sea
microfocalizada, sin prever excepciones a este requisito,

6. (4) limitan la participación activa de las víctimas porque el artículo 2 del
decreto demandado, que regla los Comités Operativos locales no prevé
que, en su conformación, se incluya a las víctimas, sus representantes o sus
organizaciones, lo que contraría los artículos 14, 192 y 193 de la ley.

7. Con la demanda, se solicitó la suspensión provisional de los artículos 1 y 3
del decreto.

1.2. Trámite del proceso

8. Admitida la demanda y durante el término de traslado, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural se opuso a las pretensiones5, con
fundamento en lo siguiente:

9. Mediante la sentencia C-715 de 2012 la Corte Constitucional declaró
exequibles los mecanismos previstos en la ley y en los reglamentos para la
protección de las víctimas despojadas de tierras, decisión que avala la
constitucionalidad de las herramientas de microfocalización, debido a que
no hizo nugatorios los derechos de las víctimas y, por el contrario, se
encaminó a poner en marcha, de manera organizada y eficaz, los
mecanismos de restitución de tierras previstos en la ley.

4 Folio 50 c. 1.
5 Folios 82-121 c. 1.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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10. La microfocalización no constituye un requisito irrazonable o
desproporcionado, no es de imposible cumplimiento y, por el contrario,
propende por la protección organizada de los derechos de las víctimas.
Adicionalmente, “de imponer un término para el proceso de focalización implicaría
pasar por alto la planeación que requiere el proceso de restitución para evitar el
menoscabo de los derechos fundamentales de las personas involucradas”6.

11. La restitución de tierras no se circunscribe únicamente a la devolución
de unos terrenos en sentido estricto, sino que, corresponde a toda una
estrategia para restablecer y proteger los derechos de las víctimas, por
ende, aunque “la seguridad no es el único criterio para adelantar la
microfocalización”7, es imperativo verificar que las zonas en las cuales se
dispondrá la restitución de tierras se encuentra en condiciones seguras para
el retorno, por lo cual el procedimiento demandado tiene como finalidad
garantizar la vida de las víctimas y evitar su revictimización, “fines
constitucionalmente legítimos”, tal como lo reconoció la Corte Constitucional
en la sentencia T-679 de 2015.

12. El decreto demandado contiene disposiciones que no fueron
adoptadas de manera caprichosa o arbitraria y, por el contrario, estas
propenden por la creación de un procedimiento que permita garantizar los
derechos de las víctimas y la garantía de su seguridad personal.

13. Explicó que son los jueces, en la etapa judicial del proceso de
restitución, los que otorgan las medidas alternas de compensación, cuando
resulte inviable la restitución in natura. Ahora bien, la restitución por
equivalente o la compensación también “debe observar la progresividad y
gradualidad de la implementación del Registro, sobre terreno, a efectos de que la
acción restitutiva se dé secuencial y ordenadamente como lo ordena la Ley 1448 de
2011 y la jurisprudencia constitucional”8. Sostuvo que tampoco se desconoció el
enfoque diferencial de género, porque el registro, de acuerdo con el
artículo 2.15.1.1.3 del Decreto 1071 de 2015, debe respetar este principio de
la actuación administrativa, incluso desde el análisis previo, según el artículo
2.15.1.3.3. Sin embargo “pasar por alto la micro focalización con base en la
condición de “vulnerabilidad especial” como lo señala el actor, sería desconocer las
condiciones de seguridad y de retorno que resultan ineludibles para la restitución,
teniendo en cuenta el latente riesgo para las víctimas de re victimización”9.
Igualmente sostuvo que, de prosperar la tesis del demandante acerca del

6 Folio 82 c. 1.
7 Folio 82 c. 1.
8 Folio 116 c. 1.
9 Folio 118 c. 1.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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enfoque diferencial, el efecto sería que las víctimas priorizadas podrían estar
expuestas a revictimización.

14. Respecto de la acusación de vulneración del derecho de las víctimas
a participar en los comités de restitución, explicó que la ley previó diferentes
mecanismos para la participación de las víctimas, pero no incluyó a los
Comités Operativos locales, lo que no afectaba este derecho, ya que el
artículo 194 de la Ley 1448 de 2011 previó que la participación se
garantizaría mediante un “protocolo de participación efectiva”, que les permita
presentar observaciones.

15. El Ministerio de Defensa Nacional se opuso, igualmente, a la
demanda10. Indicó que la focalización es el instrumento para materializar los
principios legales de progresividad y gradualidad en la restitución, para
garantizar los derechos de las víctimas. Aseguró que, de no existir este
requisito, “lo que acaece es el colapso y congestión del aparato estatal
(administrativo y judicial) generando mayores índices de congestión e incluso
impunidad”11. Agregó que, incluso en los casos en los que no procede la
restitución del predio, no sería posible acudir a la restitución equivalente sin
el registro previo, porque, entre otros elementos, para el registro se requiere
“emprender actuaciones con el solicitante en terreno e inexorablemente se debe
hacer identificación del predio. Ello, como requisito del registro, amén de conocer las
condiciones de tiempo, modo y lugar del despojo o abandono forzoso de tierras,
igualmente en terreno y con diligencias, que en varias ocasiones, requieren la
presencia de la víctima. // Aunado a lo anterior, se debe acudir a la investigación de
campo para determinar qué sucedió en los territorios”12.

16. Mediante Auto de 15 de noviembre de 2018 el entonces magistrado
sustanciador del caso negó la suspensión provisional de las normas
demandadas por no encontrar, en principio, elementos que le permitieran
verificar alguna trasgresión de las disposiciones superiores que se invocan
como violadas13. Por otra parte, mediante Auto de la misma fecha14 se negó
la vinculación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas y se desvinculó del caso al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República. Mediante Auto de 6 de
octubre de 2020, el entonces Magistrado Ponente ofició a la Unidad de
Restitución de Tierras para que presentara estadísticas sobre el número de
solicitudes de inscripción en el registro, pendientes de trámite, en espera de

10 Folios 122-154 c. 1.
11 Folio 147 c. 1.
12 Folio 147 c. 1.
13 Folios 89 – 101 c. 2.
14 Folios 186 – 191 c1.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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focalización y aquellas presentadas por adultos mayores15. La información
solicitada fue recibida16.

17. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó alegatos de
conclusión17 en donde insistió en que la implementación del RTDAF debe
ser gradual y progresiva, para que el proceso sea ordenado. Resaltó que en
la microfocalización se recaudan pruebas que son valoradas en la etapa
judicial. Indicó que la norma que regla la conformación de los comités
locales de restitución prevé la posibilidad de que la URT invite a las víctimas
a sus sesiones. La parte demandante presentó igualmente sus alegatos de
conclusión18 en donde reiteró todos los argumentos de la demanda. El
Ministerio Público rindió concepto19 en donde solicitó denegar la nulidad
porque, si bien la ley no previó directamente la microfocalización de tierras,
sí previó que la restitución se haría de manera gradual y progresiva, de
conformidad con el reglamento del Gobierno. Argumentó que la micro y
macrofocalización se previeron desde el Decreto 4829 de 2011, que
reglamentó el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, como una herramienta
para garantizar la vida e integridad física de las víctimas y evitar su
revictimización. También expuso que el cargo relativo al enfoque
diferencial, como principio del procedimiento, no puede ser interpretado
en detrimento de los principios de gradualidad y progresividad,
materializados en la focalización. Finalmente, indicó que las normas
cuestionadas no limitan el acceso a medios alternativos de reparación, ni
de participación de la víctima, ambos previstos en la ley.

18. Luego de que el proyecto de sentencia presentado por el Magistrado
Fredy Ibarra Martínez fuera discutido en la Sala de 19 de octubre de 2023,
sin obtener la mayoría de los votos, el asunto cambió de ponente para su
decisión.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Delimitación del asunto y decisión a adoptar. 2.2. Análisis sustantivo

2.1 Delimitación del asunto y decisión a adoptar

15 Folios 200-202 c. 1.
16 Folios 206-228 c. 1.
17 Samai, índice 47.
18 Samai, índice 48.
19 Samai, índice 46.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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19. La acción pública e intemporal de nulidad simple procede para
cuestionar la validez de los decretos reglamentarios de la ley y otros actos
administrativos de contenido general, en virtud de lo dispuesto en el artículo
137 del CPACA. Por ello, resulta procedente en el presente asunto.

20. De acuerdo con la demanda, los cargos formulados pueden
esquematizarse de la siguiente manera:

Norma demandada Cuestionamiento de la demanda
Art. 1 dispone que la
microfocalización será
realizada por la Unidad
Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas (URT, en
adelante), con
fundamento en la
información suministrada
por la instancia establecida
por el Ministerio de Defensa.
Art. 2 prevé la creación de Considera que se limita la participación activa de las
Comités Operativos Locales víctimas porque no se incluye a las víctimas o sus
de Restitución y representantes en la conformación de los COLR, lo
Formalización de Tierras que contraría los artículos 14, 192 y 193 de la ley.
Despojadas y
Abandonadas
Forzosamente (COLR, en
adelante), como instancia
de coordinación para el
proceso de registro de
tierras. También prevé
cómo se conformarían los
COLR.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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Art. 3 (1) dispone que el Considera que (1) impide la tutela judicial efectiva de
análisis previo de las las víctimas, al no prever un término máximo para la
solicitudes de inscripción al realización de la microfocalización, lo que
registro de tierras solo contradice, igualmente, el postulado legal de un
procederá luego de que el debido proceso justo y eficaz. Igualmente, las normas
área donde se encuentra el demandadas no garantizan la aplicación gradual y
predio esté progresiva del RTDAF;
microfocalizada. (2) Impide el acceso a medios alternativos de
(2) prevé, igualmente, que reparación, previstos en el artículo 97 de la Ley 1448,
la URT dispone de 20 días como la compensación o la reubicación, porque
para el análisis previo y que somete el registro a la inclusión en zonas
podrá ser suspendido. microfocalizadas, desconociendo que, incluso en
(3) Dispone cómo se deben zonas de imposible restitución, por razones de orden
tramitar las solicitudes de público, sí es posible acudir a esas medidas alternas.
registro recibidas antes de De esta manera se estaría contrariando, igualmente,
la microfocalización. el principio de independencia previsto en el artículo
(4) El parágrafo refiere que 73.2 de la ley.
el trámite atenderá los (3) Desconoce el enfoque diferencial dispuesto en la
criterios legales de ley respecto de las poblaciones más vulnerables,
prelación. porque las solicitudes de las personas en situación
especial no podrán ser estudiadas hasta que la zona
no sea microfocalizada, sin prever excepciones a este
requisito.

21. De acuerdo con lo anterior, aunque la demanda se dirigió formalmente
contra el artículo 1, en realidad no formuló cuestionamiento alguno al
respecto, por lo que, en virtud de la regla de la justicia rogada, no se
realizará el control de su validez. Respecto del artículo 2, esta decisión
determinará si la norma incurrió en una omisión normativa, al no prever la
participación de las víctimas en los Comités Locales de Restitución CORL.
Finalmente, frente al artículo 3, la demanda cuestionó dos aspectos: por
una parte, que la microfocalización sea un requisito ineludible para el
análisis previo de las solicitudes de inscripción en el registro (carácter
condicionante) y, por la otra, que, no se haya previsto un término máximo
para su realización. Respecto del carácter condicionante de la
microfocalización deberá determinarse si la norma es nula (1) por impedir el
acceso a los medios alternativos a la restitución y (2) por desconocer el
enfoque diferencial respecto de las poblaciones más vulnerables. Respecto
de la ausencia de término, deberá determinarse si la norma es nula por
omisión, al no haber previsto un término máximo para la realización de la
microfocalización.

22. Así, esta sentencia juzgará, en primer lugar, (2.2) la validez del artículo 2
frente al derecho de participación de las víctimas. A continuación, respecto

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
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Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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del artículo 3, determinará si el carácter condicionante de la
microfocalización es nulo por (2.3) impedir el acceso a mecanismos
alternativos a la restitución y por (2.4) desconocer el enfoque diferencial.
También, si es nulo por (2.5) carecer de término para su realización y, de
esta manera, afectar el acceso a la administración de justicia, así como los
principios legales de progresividad y gradualidad en la implementación del
RTDAF. Esta decisión negará todos los cargos de nulidad presentados por la
demanda, porque las normas cuestionadas, no desconocieron el
ordenamiento jurídico superior, de acuerdo con los cargos de la demanda.

2.2. La validez del artículo 2 frente al principio de participación de las
víctimas

23. La demanda realizó una adecuada interpretación del artículo 2 del
decreto cuestionado. Allí se previó la creación de Comités Operativos
Locales de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente – COLR y se dispuso quiénes serían sus
miembros, así: el director territorial de la URT, representantes de la fuerza
pública y un delegado de la Procuraduría judicial para la restitución de
tierras. Es decir que, en efecto, se trata de una instancia compuesta
exclusivamente por servidores públicos, sin un representante de las víctimas
o de sus asociaciones. Para la demanda, esto violaría las normas en las que
debería fundarse el decreto reglamentario, en particular, los artículos 14, 192
y 193 de la Ley 1448 de 2011, en donde se prevé el derecho de las víctimas
a participar.

24. No obstante, las normas señaladas como desconocidas no disponen
mandato alguno que implique que las víctimas o sus representantes deban,
de manera obligatoria, hacer parte de la conformación de los COLR. En
primer lugar, el artículo 14 se encuentra dentro del capítulo II de la ley, que
prevé los principios que rigen la labor de reparación integral de las víctimas.
Dicha norma, denominada participación conjunta, dispone que la
superación de la vulnerabilidad implica la conjunción de varias acciones,
dentro de las cuales está “La participación activa de las víctimas”. Aunque es un
principio específico de rango legal, propio de la ley de víctimas, se trata del
desarrollo de un principio constitucional más amplio, de participación
democrática, “fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la
protección de los derechos y libertades así como en una gran responsabilidad de los
ciudadanos en la definición del destino colectivo”20 y que consulta uno de los fines
esenciales del Estado, previstos en el artículo 2 de la Constitución, que

20 Corte Constitucional, Sentencia C-180/94.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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consiste en “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.
Por su parte, el título VIII de la ley desarrolló y concretó el principio de
participación de las víctimas y, en el artículo 192 dispuso que el Estado tiene
el deber de garantizar la participación de las víctimas. Sin embargo, previó
que “Para esto se deberá hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la
Constitución y la ley”. Además, y de manera adicional a los mecanismos de
participación democrática, el artículo 193 reiteró la garantía de
participación de las víctimas en los espacios de diseño, implementación,
ejecución y evaluación de la política al respecto y dispuso que “Para tal
fin, se deberán conformar las Mesas de Participación de Víctimas, propiciando la
participación efectiva de mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores
víctimas, a fin de reflejar sus agendas”. Estas mesas de participación de
víctimas, previstas por la ley, tienen ámbitos municipal, departamental y
nacional y su implementación es obligatoria y en términos legales
perentorios. Finalmente, el artículo 194 de la ley, denominado
“herramientas de participación” previó el deber concreto de los alcaldes,
gobernadores y del comité ejecutivo de atención y reparación de
víctimas de diseñar e implementar un protocolo para la participación
efectiva de las víctimas para que, entre otras, “los miembros de las respectivas
mesas -tengan- la posibilidad de presentar observaciones”, así como el deber de
las entidades públicas encargadas de la toma de decisiones de “valorar
las observaciones realizadas por las Mesas de Participación de Víctimas, de tal forma
que exista una respuesta institucional respecto de cada observación”.

25. De lo anterior se evidencia que, aunque el legislador sí previó la
participación de las víctimas como un principio, un derecho y un deber,
diseñó directamente las instancias y herramientas mediante las cuales ello
se materializaría. Los COLR son instancias previstas por el reglamento y,
aunque en virtud del carácter expansivo del principio de participación
democrática y de su naturaleza de mandato de optimización, era posible
que el presidente incluyera a las víctimas en su conformación, tal omisión
no contraría el ordenamiento jurídico superior, ante la ausencia de un
mandato concreto de inclusión en dichos comités y frente a la presencia
de otros mecanismos e instancias de participación. Adicionalmente, la
misma norma demandada previó la posibilidad de que la URT invite a dichos
comités a quien considere pertinente, lo que incluye a las víctimas y a sus
representantes. Es decir que no se configuró la nulidad alegada.

2.3. La validez del artículo 3 respecto del acceso a los mecanismos
alternativos a la restitución

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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26. El artículo 3 demandado dispone que “Una vez micro focalizada un área, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas iniciará
el análisis previo de las solicitudes que reciba de predios localizados en estas áreas”
(subrayas agregadas). Esta norma implica que, para poder acceder a la
restitución, deberán reunirse los siguientes requisitos en la fase
administrativa: (1) el predio debe encontrarse en una zona
macrofocalizada y microfocalizada (requisito creado por el Decreto 599 de
2012 -demandado-), (2) debe realizarse un análisis previo de las solicitudes
de inscripción en el registro (requisito creado por el Decreto 4829 de 201121)
y (3) debe realizarse el registro de tierras despojadas o abandonadas
forzosamente (RTDAF, en adelante) (creado por el art. 76 de la Ley 1448 de
2011). Con el registro se agota la fase administrativa y, con la presentación
de la demanda de restitución ante los jueces civiles especializados en
restitución de tierras, comienza la fase judicial. En dicha etapa, el juez
ordenará la restitución jurídica y material del bien despojado o
abandonado de manera forzada. No obstante, “En los casos en los cuales la
restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible o cuando el
despojado no pueda retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e integridad
personal, se le ofrecerán alternativas de restitución por equivalente para acceder a
terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación, previa consulta
con el afectado” (inc. 5, art. 72 Ley 1448 de 2011). Si la restitución del bien
despojado o abandonado o de uno equivalente no es posible, se procede
a ordenar el pago de una compensación monetaria.

27. Teniendo en cuenta, entonces, que cada una de las etapas descritas
es presupuesto de la siguiente, la demanda alegó que la falta de
microfocalización sería, de facto, un obstáculo para que las víctimas
accedieran a la restitución por equivalente o a la compensación
monetaria. Razonó de la siguiente manera: si la seguridad de la víctima no
está garantizada en la zona, podría obtener en el proceso judicial la
entrega de un predio equivalente en otra zona o, en su defecto, acceder
a la compensación, pero si la seguridad no está garantizada en la zona, no
será microfocalizada y, por lo tanto, nunca llegará a la etapa judicial,
vulnerando así el artículo 72 de la ley de víctimas.

28. Advierte la Sala que la demanda no cuestiona la existencia misma de
la microfocalización, la que fue creada por una norma diferente a la

21 Art. 9 del Decreto 4829 de 2011, compilado en el art. 2.15.1.3.2 del Decreto 1071 de 2015:

“Análisis previo. Las solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente se someterán a un análisis previo que tiene como objetivo
establecer las condiciones de procedibilidad del registro, descartar de plano aquellos casos
que no cumplen los requisitos legales para la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas
y Abandonadas Forzosamente y evitar que se incluyan predios o personas que no cumplen
con los requisitos previstos en la Ley (…)”.

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demandada (Decreto reglamentario 4829 de 2011), sino el carácter
condicionante o requisito de la microfocalización, que fue introducida por
el Decreto reglamentario 599 de 2012. Al respecto, encuentra la Sala que
no existe vulneración de la norma legal indicada y que, en realidad, el
requisito de la microfocalización, previsto en la norma demandada, resulta
razonable, por los fines que persigue y no es desproporcionado.

29. En efecto, el examen de seguridad de la zona donde se encuentra el
predio en cuestión debe realizarse, cuando menos, en dos momentos
distintos: uno primero, para la microfocalización, anterior al análisis previo
de la solicitud de inscripción en el registro y un segundo examen, en la fase
judicial, para determinar cuál de los mecanismos es el más pertinente. Estos
análisis tienen en común que pretenden garantizar la vida e integridad de
las víctimas, evitar su revictimización y materializan la idea de que las
condiciones de seguridad son variables y no perennes en el tiempo.

30. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la microfocalización fue
concebida como el instrumento para implementar adecuadamente el
registro y, de acuerdo con la ley, “La inscripción de un predio en el registro de
tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución
a que se refiere este Capítulo”22. Así, para realizar el registro, la URT requiere
realizar la identificación plena del predio despojado o abandonado de
manera forzada, de sus ocupantes, tenedores o poseedores actuales, de
las circunstancias en las que ocurrió el despojo o el abandono forzado y de
las víctimas del hecho. Para ello, es necesario el acceso al predio, la
recolección de pruebas y, llegado el caso, la presencia de la víctima en el
lugar, razón por la cual, la condición de la microfocalización resulta
razonable y consulta fines constitucionalmente valiosos, como la seguridad
de las víctimas y también, de los servidores públicos encargados del registro,
así como el debido proceso administrativo. Ello implica que, de acceder a
la pretensión de nulidad formulada, se estaría desconociendo, de manera
indirecta, el requisito de procedibilidad del registro, porque debería hacerse
sin la garantía de las condiciones adecuadas para realizar el trámite, al
mismo tiempo que se vulnerarían componentes esenciales del debido
proceso, como el derecho a la prueba, necesario para identificar la calidad
de víctima, las circunstancias del despojo o el abandono forzado y la
identificación plena del predio. En estos términos, no se configuró la nulidad
alegada, ni se desconoció el principio de independencia de la restitución,
previsto en el numeral 2 del artículo 73 de la Ley 1448.

22 Inc. 5 del art. 76 de la Ley 1448 de 2011, declarado exequible en la sentencia C-715 de

2012.

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2.4. La validez del artículo 3 respecto del enfoque diferencial

31. Como materialización de los principios constitucionales de dignidad
humana y de igualdad, la Ley 1448 estableció el enfoque diferencial, como
uno de los postulados que guían el trato especial que se debe proferir a las
víctimas, en consideración de sus condiciones particulares de edad,
género, orientación sexual o situación de discapacidad (art. 13). Este
principio se concretó en una regla prevista en el artículo 114 de la misma
ley, al disponer que las mujeres víctimas de despojo o abandono forzado
“gozarán de especial protección del Estado en los trámites administrativos y judiciales
relacionados en esta ley” y que sus solicitudes ante la URT serán atendidas “con
prelación sobre las demás solicitudes”. Igualmente, el artículo 115 dispuso una
prelación en la sustanciación para los procesos de restitución en favor de
madres cabeza de familia y mujeres víctimas de despojo o de abandono
forzado de tierras.

32. La demanda cuestionó la validez del artículo 3, porque, a su juicio, el
requisito de la microfocalización es tan general y absoluto que no admite
excepciones que permitan el enfoque diferencial exigido por la ley respecto
de las personas en situación de vulnerabilidad. La Sala no encuentra que la
norma cuestionada desconozca los artículos 13 ni 114 de la Ley 1448, por
dos razones:

33. Por una parte, la microfocalización no es una etapa dentro del
procedimiento administrativo o, en los términos del artículo 114 de la Ley
1448, no hace parte del “trámite administrativo”. Se trata de un requisito previo
que condiciona el inicio del procedimiento administrativo, con el análisis
previo, y, en tal sentido, la microfocalización no hace parte de la exigencia
legal. Es por ello que la reglamentación del análisis previo sí previó criterios
de enfoque diferencial (art. 9 del Decreto 4829 de 2011). Por otra parte, el
enfoque diferencial y la atención preferencial que de él se deriva parten de
consideraciones especiales de los sujetos involucrados, es decir que de allí
se derivan criterios subjetivos para el desarrollo de la actividad
administrativa. Por el contrario, la microfocalización es una actividad
técnica y objetiva, que tiene por objeto determinar las condiciones mínimas
para el inicio del procedimiento, a partir de los criterios de seguridad,
densidad histórica del despojo y condiciones adecuadas para el retorno
(art. 76 de la Ley 1448, reglamentada por el art. 1 del Decreto 599 de 2012,
compilado en el art 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015). De esta manera, el
enfoque diferencial riñe con la microfocalización, etapa en la que se

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consideran las condiciones del territorio, no las de la víctima que solicitó la
inscripción en el registro. Así, no se configuró la nulidad por violación de los
artículos 13 y 114 de la Ley 1448. Debe precisarse que, aunque se alegó la
violación del artículo 115, se trata de una norma impertinente en la fase
administrativa de la restitución de tierras, al regular la sustanciación de los
procesos judiciales.

2.5. La validez del artículo 3 respecto del acceso a la administración de
justicia y los principios de gradualidad y progresividad

34. Para la demanda, finalmente, existiría un vicio en la validez del artículo
3, al no haber previsto un término o plazo concreto para que se realice la
microfocalización, lo que, a su juicio, dejaría latente, de manera indefinida,
el acceso a la administración de justicia y atentaría así contra esta garantía.
Por la misma razón, esta norma vulneraría, igualmente, los principios de
gradualidad y proporcionalidad que el artículo 76 de la Ley 1448 previó
para la implementación del registro.

35. De manera previa al análisis del cargo formulado, encuentra la Sala que
la acusación de nulidad indicada no corresponde al tópico del desborde o
exceso en el ejercicio del poder reglamentario, por invadir la reserva de ley
o por desconocer el marco competencial determinado por la ley
reglamentada misma (forma de incompetencia positiva). Se trata, por el
contrario, de una acusación de un vicio de nulidad por defecto en el
ejercicio del poder reglamentario, es decir, de una omisión reglamentaria
relativa (forma de incompetencia negativa). La expresión omisión
reglamentaria relativa evoca la utilizada por la Corte Constitucional,
“omisión legislativa relativa”, y que se diferencia de la omisión legislativa
absoluta en que, aunque sí se expidió un cuerpo normativo, se echa de
menos en él un ingrediente que es exigido por las normas superiores y que,
sin él, estas resultan desconocidas.

36. Al tratarse de vicios diferentes, el del exceso y el del defecto normativo,
la técnica del control de validez empleada por el juez administrativo no
podría ser la misma en dos aspectos: en lo que respecta al control y en la
decisión frente al vicio o el remedio por adoptar. En cuanto a los vicios por
exceso la norma superior opera como un techo que, al ser superado,
invalida el acto. Por el contrario, en los vicios por defecto, la norma superior
opera como un mínimo, como un piso obligatorio e imprescindible que, al
no estar presente, invalida el acto. En lo referente al remedio frente a los
vicios por exceso, el juez declara la nulidad total o parcial y, al cercenar el

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exceso, restablece el ordenamiento jurídico. Por el contrario, respecto de
los vicios por defecto, la nulidad no es necesariamente la mejor manera de
restablecer el ordenamiento jurídico ya que, según el caso, puede agravar
la vulneración. Es por ello que, en principio, las sentencias aditivas son la
solución más congruente, al disponer judicialmente la incorporación del
ingrediente normativo que es imprescindible para el respeto del orden
jurídico superior.

37. Respecto de la omisión legislativa relativa, la jurisprudencia
constitucional ha precisado: “es necesario que: (i) exista una norma en la
Constitución Política que genere para el legislador un deber normativo específico, es
decir, un mandato constitucional tan claro y determinado que traiga como
consecuencia que el legislador ordinario o extraordinario no pueda válidamente
excluir de la norma que adopta, elementos cuya presencia en el texto legal resultan
ineludibles, por derivarse de mandatos constitucionales que no son generales, sino
específicos. Es decir, se trata de deberes normativos que resultan ajenos al margen de
apreciación otorgado al legislador, quien no puede, por consiguiente, excluirlos de la
ley por consideraciones de necesidad o conveniencia y (ii) el legislador haya
incumplido con su deber de incluir el elemento predeterminado por la Constitución en
la norma que adopte. En otras palabras, existe una omisión legislativa, cuando el
legislador no cumple con una obligación normativa expresamente señalada por el
Constituyente” (negrillas originales)23.

38. Para establecer la existencia de una omisión legislativa relativa, la Corte
Constitucional recurre a un test compuesto por los siguientes elementos:

“(a) la existencia de una norma sobre la cual se predique necesariamente el
cargo y que (i) excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos
equivalentes o asimilables o (ii) que no incluya determinado elemento o
ingrediente normativo;
(b) que exista un deber específico impuesto directamente por el Constituyente
al legislador que resulta omitido, por los casos excluidos o por la no inclusión del
elemento o ingrediente normativo del que carece la norma;
(c) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente;
(d) que en los casos de exclusión, la falta de justificación y objetividad genere
una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma.”24.

39. Existen varias razones para juzgar las omisiones en el ejercicio del poder
reglamentario mediante un juicio equivalente, pero adaptado, al
establecido para las omisiones legislativas relativas: en primer lugar, para

23 Corte Constitucional, Sentencia C-352/17.
24 Idem.

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juzgar la validez de un decreto reglamentario al que se acusa de incurrir en
un vicio de nulidad por omisión es necesario que la norma se encuentre
correctamente interpretada, es decir, que, en efecto, el ingrediente
normativo que el demandante echa de menos no se encuentre presente
en dicha norma, en otra o no sea posible integrarlo a través de un ejercicio
hermenéutico que dé o no lugar a condicionar la validez del acto
administrativo a determinada interpretación. En segundo lugar, se requiere
que se identifique el deber concreto o ineludible establecido en el
ordenamiento jurídico superior al reglamento. De no identificar este deber
normativo concreto, la labor del juez administrativo dejaría de radicarse en
el plano de la validez y se transformaría en un ejercicio normativo de mérito,
oportunidad o conveniencia, que invadiría la competencia propia del
Presidente de la República y sus márgenes de apreciación al momento de
ejercer competencias que, constitucionalmente, le son propias. Por eso, el
correctivo de la omisión es una sentencia aditiva, es decir, aquella que
agrega contenidos al acto juzgado, en la que el juez no cumple una labor
normativa, sino de integración del ordenamiento jurídico. En tercer lugar,
también es ineludible preguntarse si existe o no razón suficiente en la
omisión, ya que tanto el poder reglamentario, como la función
jurisdiccional, no son actividades automatizadas e irreflexivas y, por el
contrario, es posible que la omisión del ingrediente normativo no resulte de
un olvido, sino de una decisión consciente y racional, fundada en
imperativos normativos o lógicos que justifiquen razonablemente la omisión.

40. De lo anterior, el juicio que se empleará para juzgar la omisión
reglamentaria relativa alegada en la demanda será el siguiente:

1. Que el acto administrativo demandado omita, con certeza, un
componente normativo (existencia cierta de la omisión)
2. Que el componente normativo que la demanda echa de menos sea
un imperativo concreto o específico, no general o abstracto,
impuesto por el ordenamiento jurídico superior (imperativo normativo
específico)
3. Que la omisión normativa carezca de justificación (ausencia de razón
suficiente)

41. (1) Existencia cierta de la omisión: la omisión alegada es cierta, es decir
que, en efecto, del artículo 3 cuestionado se predica un condicionamiento
para el inicio del análisis previo de las solicitudes de registro, que consiste en
que la zona se encuentre microfocalizada y dicha norma no prevé plazo o
término alguno para que la condición se realice. De un análisis conjunto del

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Decreto, es justamente del artículo 3 del que podría predicarse un límite
temporal para la latencia de la microfocalización. Por ello, la norma fue
correctamente interpretada y se cumple así el primer requisito.

42. El imperativo normativo omitido: el artículo 76 de la ley 1448 de 2011
dispuso que la restitución de tierras dependería de que el solicitante y su
predio se encontraran registrados en el RTDAF. Dicha norma, en su inciso
segundo, dispuso que “El registro se implementará en forma gradual y progresiva,
de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la
densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno ”
(negrillas agregadas). De allí que el legislador haya deferido expresamente
en el poder reglamentario la precisión de las condiciones para la
implementación del registro RTDAF, pero, de acuerdo con los principios de
gradualidad y progresividad. De esta manera, el legislador mismo
reconoció amplitud del poder reglamentario en la configuración del
instrumento, pero lo limitó al respeto de los principios y de los criterios a tener
en cuenta: seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones
adecuadas para el retorno.

43. Los principios de gradualidad y progresividad fueron definidos en la
misma ley, con un carácter general, no específico respecto de la restitución
de tierras, al regir el conjunto de medidas de atención, asistencia y
reparación de las víctimas del conflicto armado, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 17. PROGRESIVIDAD. El principio de progresividad supone el
compromiso de iniciar procesos que conlleven al goce efectivo de los Derechos
Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos
mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe
garantizar a todas las personas, e ir acrecentándolos paulatinamente.

ARTÍCULO 18. GRADUALIDAD. El principio de gradualidad implica la
responsabilidad Estatal de diseñar herramientas operativas de alcance definido
en tiempo, espacio y recursos presupuestales que permitan la escalonada
implementación de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y
reparación, sin desconocer la obligación de implementarlos en todo el país en
un lapso determinado, respetando el principio constitucional de igualdad”
(negrillas agregadas).

44. Estos principios fueron interpretados por la Corte Constitucional, la que
precisó: “lo que está sometido a cumplimiento gradual, es el reconocimiento en
cuanto a la cobertura de la ley, según el artículo 18. En este sentido la implementación
de las medidas debe ser gradual para lograr cada vez mayor cobertura, con el fin de
que las garantías incluyan la totalidad de las víctimas. Lo cual no se traduce en que las
garantías adoptadas en la ley se deban reconocer gradualmente. Quienes están

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cobijados por las protecciones de la LV no están sometidos a reconocimientos
escalonados o progresivos. Mientras que quienes aún no lo están, se someten al
principio de gradualidad (art. 18), con miras a ser beneficiarios de la protección. // Así,
las garantías a favor de las víctimas contenidas en la ley deben ser entregadas de
manera inmediata, progresivamente ampliadas en su contenido y gradualmente
extendidas en su cobertura” (subrayas agregadas).

45. De las normas citadas y de la interpretación realizada por la Corte
Constitucional, la Sala encuentra que el principio de gradualidad regula la
cobertura del programa de restitución de víctimas y, en tal sentido, es el que
se encuentra directamente implicado con el mecanismo de la
microfocalización, en particular, en lo que respecta a la cobertura territorial.
En este sentido, el artículo 18 de la Ley 1448 exige que las herramientas para
la implementación de los programas, como es el caso de la
microfocalización, tengan “alcance definido en tiempo”, (…) “sin desconocer la
obligación de implementarlos en todo el país en un lapso determinado”.

46. Es decir que sí existe un imperativo normativo que se encuentra
omitido, en el presente caso, al no haber previsto un alcance definido en el
tiempo para la microfocalización. De acuerdo con las pruebas recaudadas
en el presente proceso25, a 31 de enero de 2021 había 128175 solicitudes de
inscripción en el registro de las cuales 18.866 se encontraban en una zona
no microfocalizada, de lo que significa que tales solicitudes estarían
indefinidamente a la espera del cumplimiento del requisito.

47. La razón suficiente: encuentra la Sala que la omisión del poder
reglamentario de incluir un término o un plazo para que se desarrolle el
proceso de microfocalización no es una decisión caprichosa, sino que, por
el contrario, resulta ser razonable, a la luz de imperativos del artículo 76 de
la misma Ley 1448:

“El registro se implementará en forma gradual y progresiva (·1), de conformidad
con el reglamento (·2), teniendo en cuenta la situación de seguridad, la
densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno (·3)”

48. En efecto, en ejercicio de la amplitud de configuración normativa que
le defirió el artículo 76 de la Ley 1448 al reglamento (·2), para la
implementación del registro, el presidente de la República resolvió la tensión
normativa que el mismo artículo 76 estableció entre el principio de
gradualidad (·1)y los criterios que debían ser tenidos en cuenta para la
implementación gradual del registro (·3): situación de seguridad, densidad

25 Folios 206 y ss c. 1.

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histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno. De esta
manera, la norma demandada no podía introducir términos o plazos
concretos para la realización de la microfocalización, ya que ello significaría
desconocer dos exigencias de la Ley 1448: la situación de seguridad en la
zona y las condiciones para el retorno, es decir, la aptitud de la zona para
iniciar el procedimiento para la restitución de las tierras despojadas o
abandonadas forzosamente.

49. De esta manera, al depender la implementación del registro de
condiciones inciertas, exógenas y multifactoriales, la imposición de plazos
impondría imposibles jurídicos ya que, en realidad, serían plazos para
mejorar las condiciones de orden público lo que, aunque plenamente
deseable, resulta difícil de lograr porque la realidad demuestra la
complejidad de las problemáticas y cómo, al respecto, las políticas públicas
combinan diferentes estrategias con efectividad variable, lo que hace
improcedente el establecimiento de plazos concretos para ello. La omisión
de incluir términos o plazos para la microfocalización es, entonces, una
decisión razonable y con sustento legal, que consulta la esencia
constitucional del poder reglamentario: propender por “la cumplida ejecución
de las leyes” (art. 189.11 de la Constitución), lo que sería contrario a la
previsión de plazos o de términos para la microfocalización. De
establecerse plazos para la microfocalización, a su vencimiento surgiría el
deber de dar por cumplido el requisito, incluso si con ello se expone a las
víctimas a graves fenómenos de revictimización.

50. Cabe resaltar que, al resolver una acción de tutela dirigida a que se
ordenara la microfocalización, la Corte Constitucional precisó:

“5.2.20. Ahora bien, esta Sala considera que la negativa de la Unidad para
microfocalizar un predio no es necesariamente arbitraria. En efecto, como se
puntualizó, los criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y
condiciones para el retorno cumplen fines constitucionalmente legítimos. Por una
parte, permite que la restitución sea material y no sólo formal pues garantiza que
la víctima retorne a un sitio seguro, pero además, evita que sufra nuevos hechos
victimizantes. Adicionalmente, la densidad histórica del despojo alienta al
Gobierno a enfocar sus esfuerzos en zonas donde el fenómeno de la violencia
fue mayor.

5.2.21. Uno de los criterios más sensibles para microfocalizar es la seguridad de la
zona. Cuando se está en la etapa de macrofocalización, el Ministerio de Defensa
aporta unos insumos (ilustrativos, no vinculantes) sobre la seguridad de la zona y
el Consejo Nacional de Seguridad toma la decisión si macrofocalizar o no. Por su
parte, la Unidad de Tierras al momento de microfocalizar también tiene en

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cuenta esos documentos aportados por el Ministerio de Defensa sobre la zona.
Esa situación es constitucionalmente admisible, en tanto se prevén riesgos y
alertas de manera que permite a la Unidad trabajar en alternativas para proteger
a las víctimas”26.

51. En dicha oportunidad la Corte Constitucional encontró que los
solicitantes de registro disponían del derecho a que se les diera una
respuesta motivada respecto de su solicitud que podría consistir en la
negativa a microfocalizar. Ahora bien, en lo que respecta a los términos, la
Corte no encontró que la microfocalización debiera realizarse en un término
concreto, pero sí advirtió que, en todo caso, la focalización de todas las
tierras despojadas en el país debía realizarse, a más tardar, dentro del
término de vigencia de la Ley 1448 que, inicialmente, era de diez años y que,
en virtud del artículo 2 de la Ley 2078 de 2021, se amplió hasta el 10 de junio
de 2031. Por ello, en lugar de ordenar plazos concretos para la
microfocalización, la Corte Constitucional dispuso la elaboración de un plan
estratégico para que la restitución de tierras pudiera ser realizada, de
manera efectiva, dentro de la vigencia de la Ley 1448, con plazos concretos
para “microfocalizar o no” los inmuebles27. Finalmente, la sentencia dispuso
que la URT “deberá revisar periódicamente dicha reclamación a efectos de verificar
el fundamento de su negativa”.

52. De todo lo anterior, encuentra la Sala que no existe vicio en la validez
del artículo 3 cuestionado, por no haber previsto un término para la
microfocalización concreta, pero resalta que (1) la Ley 1448 obliga a que los
derechos allí previstos se satisfagan dentro de su vigencia. (2) De acuerdo
con los principios que rigen la función administrativa, previstos en el artículo
209 de la Constitución, la URT debe ser diligente para el cumplimiento de los
derechos de las víctimas, en particular, el derecho a la restitución de tierras,

26 Corte Constitucional, Sentencia T-679/15.
27 “6.34. Adicionalmente, ordenará la elaboración de un plan estratégico de acuerdo con

los estándares fijados en este fallo. En él debe establecerse con claridad la manera en que
la Unidad de Tierras y el Gobierno en general, realizarán la restitución de todos los predios
despojados por causa del conflicto en diez (10) años, que comprende la vigencia de la Ley
1448 de 2011.
En síntesis, el plan deberá contener, al menos, un diagnóstico consensuado sobre la
cantidad de predios despojados, así como la cantidad de solicitudes que reposan en la
Unidad. Igualmente, deberá fijar los plazos concretos para, por una parte, microfocalizar o
no los inmuebles objeto de controversia, y, por otra, resolver todas las reclamaciones de
tierras, a nivel nacional, en un tiempo que no podrá ser mayor a los 10 años previstos en la
Ley 1448 de 2011. De igual manera, el plan deberá incluir la metodología para cumplir con
los objetivos, metas, y resultados trazados en dicho documento. Es importante señalar que
si bien dicho plan debe ser elaborado por la Unidad de Tierras, su expedición es
responsabilidad del Gobierno Nacional en su conjunto. Lo anterior, obliga al Gobierno a
coordinar las instancias que intervienen en el proceso de focalización, con el propósito de
evitar cualquier tipo de desarticulación institucional.”: (negrillas agregadas): Corte
Constitucional, Sentencia T-679/15.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
________________________________________________________________________________
por lo que, en desarrollo del principio de eficacia administrativa, debe
coordinar con las autoridades públicas involucradas en el proceso de
microfocalización, la implementación de las políticas públicas más
adecuadas para el logro de los objetivos de la Ley 1448. (3) La decisión de
no microfocalizar determinada zona no es definitiva, ni hace cesar las
obligaciones al respecto y, por el contrario, exige la revisión continua y
permanente de la aptitud de la zona para el inicio del procedimiento de
restitución de tierras. (4) La negativa a microfocalizar es un acto
administrativo susceptible de control judicial ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Tal negativa es enjuiciable, al tratarse de un
acto administrativo “definitivo”28, en los términos del artículo 43 de la Ley
1437 de 201129 ya que, si bien no resuelve el fondo del asunto, sí impide seguir
adelante y, en tal medida, no podría ser considerada, de manera alguna,
como un acto administrativo de trámite.

53. Justamente, es la posibilidad de cuestionar ante esta jurisdicción, la
validez de las negativas a microfocalizar, la que explica que tampoco existe
vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia. Un
razonamiento equivalente fue realizado por la Corte Constitucional al
decidir una demanda en la que se alegaba que el requisito del registro para
la restitución de tierras impedía el acceso a la administración de justicia.
Para negar la vulneración del artículo 229 de la Constitución, la Corte
Constitucional argumentó que, “en todo caso, a las víctimas les asiste el pleno
derecho de realizar el seguimiento y controvertir las actuaciones surtidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y
Abandonadas. // De esta manera, la inscripción en el Registro de Tierras no es un acto
discrecional, pues si la Unidad decide no inscribir el inmueble, esa es una medida que
debe tener un sustento, y, en todo caso, el rechazo de la inscripción es un acto
administrativo que puede controvertirse”30. Así, el cumplimiento del requisito de
la microfocalización para dar trámite al procedimiento de restitución de
tierras no queda al arbitrio de la URT sino que, por el contrario, es la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la que garantiza que exista
juridicidad y razonabilidad en la decisión de negativa a la microfocalización.
Finalmente, recuerda esta Sala, que la negativa a microfocalizar no hace
cesar las obligaciones de la URT al respecto y, por el contrario, radica en esta
autoridad el deber permanente de revisar el cumplimiento de las
condiciones de aptitud de los predios para la restitución de tierras.

28 La expresión “acto definitivo” no significa que la situación no pueda o no deba ser
constantemente reexaminada, con miras a propender por la microfocalización, en los
términos explicados en esta sentencia. Es la expresión utilizada por el artículo 43 del CPACA.
29 Art. 43. “Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente

el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.
30 Corte Constitucional, Sentencia C-715/12.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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54. Así las cosas, por no haberse configurado ninguna de las causas de
nulidad alegadas en la demanda, ni encontrar esta Subsección motivos de
nulidad de orden público, que deban ser reconocidos de oficio, se negarán
las pretensiones de la demanda.

55. Al ser la acción de simple nulidad un mecanismo de interés público y, a
la vez, su ejercicio un derecho político previsto en el artículo 40.6 de la
Constitución Política, no se condenará en costas.

3. DECISIÓN

56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR LA NULIDAD de los apartes demandados de los artículos 2
y 3 del Decreto reglamentario 599 de 2012 “por el cual se regula una
instancia de coordinación local para la microfocalización e
implementación gradual y progresiva del registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente”, respecto de los cargos de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

-Firmado electrónicamente- -Firmado electrónicamente-
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto - -Salvamento de voto-

-Firmado electrónicamente-
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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