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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2017-00152-00

Fecha
1 de marzo de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2017-00152-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR LA NULIDAD de la Resolución 1443 del 30 de noviembre de 2016, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, respecto de los cargos de la demanda. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2017-00152-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

1 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple

Temas: nulidad simple – nulidad de resolución de la ANLA

Síntesis del caso: el demandante solicitó la declaratoria de nulidad.

Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad interpuesta en
contra de la Resolución 1443 del 30 de noviembre de 2016, “Por la cual se
modifica una licencia ambiental global y se toman otras determinaciones”,
expedida por la Directora General de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA1.

De acuerdo con el literal d) del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), introducido por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, y habiéndose
corrido traslado para alegar de conclusión, esta Subsección proferirá
sentencia anticipada en el presente asunto.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. La demanda, las normas violadas y el concepto de la violación – 1.2.
Trámite del proceso

1.1. La demanda, las normas violadas y el concepto de la violación

1. Jorge Alberto Gómez Gallego presentó demanda de nulidad2, en contra
de la Resolución 1443 del 30 de noviembre de 2016, “Por la cual se modifica
una licencia ambiental global y se toman otras determinaciones”, expedida
por la Directora General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
• ANLA, con el objeto de (se trascribe):

1 El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los asuntos en los

que se debata la nulidad de actos administrativos expedidos por las autoridades del orden
nacional, conforme a lo dispuesto por el artículo 137 y el numeral 1 del artículo 149 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Folios 1-14 c. 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
________________________________________________________________________________
“1. Que se declare la nulidad de la Resolución 01443 del 30 de noviembre de
2016, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
2. Que como consecuencia de la declaración anterior ordene a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, devolver el expediente de la
solicitud de modificación de licencia ambiental HX 3 – 1999 – 25, a la
Corporación Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA.”.

2. Como hechos de la demanda el accionante relató, en síntesis, que:

3. La empresa Continental Gold Limited, sucursal Colombia (Continental, en
adelante), suscribió con la Gobernación de Antioquia el 14 de septiembre
de 2011 el contrato de concesión minera número 7495, para la exploración
y explotación de metales preciosos, minerales de oro y plata, cobre, plomo
y zinc y sus concentrados, en el proyecto minero ubicado en el municipio
de Buriticá, Antioquia.

4. Para tal proyecto, la Corporación Autónoma Regional de Antioquia –
(Corantioquia, en adelante) otorgó licencia ambiental3.

5. El 12 de noviembre de 2013 el gobierno nacional declaró el proyecto
aurífero Buriticá como proyecto de interés nacional y estratégico -PINE.

6. El artículo 51 de la Ley 1753 de 2015 otorgó competencia a la ANLA para
tramitar integral y exclusivamente las licencias de los proyectos de interés
nacional y estratégico, pero fue declarado inexequible mediante la
Sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016.

7. El 4 de mayo de 2016, Continental4 presentó un nuevo “Programa de
Trabajos y Obras” – PTO y solicitó a Corantioquia la modificación de la
licencia ambiental del proyecto, por la inclusión de una nueva actividad
(explotación de materiales de construcción) y por el incremento de los
volúmenes de explotación (250.000 metros cúbicos por año en materiales
de construcción y explotación de minerales metálicos en volumen superior
a dos millones de toneladas por año -material útil y estéril-). Allí informó que
presentó un nuevo ante Secretaría de Minas del departamento.

8. Corantioquia declaró su falta de competencia para conocer la solicitud
de modificación de la licencia ambiental5, debido a las condiciones
técnicas del ajuste del proyecto, especialmente por los volúmenes de
producción de materiales de construcción y de minerales a explorar
reportados por la empresa y remitió el expediente a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA, en adelante)6.

3 Resolución 130 HX – 0810 – 3826 del 6 de octubre de 2008, modificada por las Resoluciones

130 HX – 1208 – 5963 del 28 de agosto de 2012, 130 HX – 1301 – 6179 del 3 de enero de 2013,
130 HX 1311 – 6886 del 13 de noviembre de 2013 y 130 HX – 1405 – 7222 del 22 de mayo de
2014.
4 Mediante comunicación con radicado 160 HX – 1605 – 824.
5 Acto administrativo 160 HX – 1605 – 8312 del 17 de mayo de 2016.
6 Oficio 2016025366 del 27 de mayo de 2016, radicado ante la ANLA, de remisión del

expediente HX 3 – 1999 – 25.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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9. La ANLA avocó el conocimiento7 del asunto y realizó una audiencia
pública en la que, argumentando falta de competencia, el accionante
solicitó la revocatoria directa8 del auto que asumió el conocimiento del
expediente. La revocatoria fue negada por la directora general de la
ANLA9.

10. El 30 de noviembre de 2016 la ANLA profirió la Resolución 01443, “Por
la cual se modifica una licencia ambiental global y se toman otras
determinaciones”, decisión fundada en el Concepto Técnico 6335 del 29
de noviembre de 2016.

11. El 12 de diciembre de 2016 el accionante presentó recurso de
reposición contra la Resolución 1443 el que, a la fecha de presentación de
la demanda, no había sido resuelto.

12. La demanda señaló como violadas las siguientes normas: los artículos
2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3, 2.2.2.3.1.4, y 2.2.2.3.7.1, numerales 1 y 5 del Decreto
1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del sector Ambiente y Desarrollo sostenible” y los artículos 62 y 265 de la ley
685 de 2001, Código de Minas.

13. Como concepto de la violación, la parte actora explicó que la
modificación del objeto de la concesión minera por adición de nuevos
minerales exigía la ampliación o modificación de la licencia ambiental, de
acuerdo con el artículo 62 de la Ley 685 de 2001, en consideración de los
nuevos impactos ambientales generados por la extracción de materiales
de construcción, pero que Corantioquia debía conservar la competencia
para la modificación a la licencia ambiental, ya que no existía modificación
del volumen de la explotación que superara los mínimos que activarían la
competencia de la ANLA. De esta manera, se habrían configurado las
siguientes causales de nulidad:

14. Infracción de las normas en las que debería fundarse, porque los
artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015 distribuyeron la
competencia entre la ANLA y las otras autoridades ambientales, incluidas
las CAR. Así, la Resolución 1443 habría infringido ambas normas al concluir
que la ANLA tenía competencia, aplicando únicamente el literal b del
artículo 2.2.2.3.2.2, pero no inaplicando el literal c, los que constituyen, en
su conjunto, a juicio del demandante, una “enunciación completa”.
Adicionalmente, el proyecto cumplía parcialmente el factor de atribución
de competencia relativo a una producción proyectada de materiales de
construcción igual o superior a 250.000 mts cúbicos por año (literal b),
mientras que no cumplía lo previsto para los minerales metálicos igual o
superior a dos millones de toneladas por año (literal c). Igualmente, se
habría vulnerado el artículo 265 de la Ley 685 de 2001 que exige que las
decisiones se funden en la existencia y comprobación de los requisitos
señalados en la ley, como lo evidencia el concepto técnico del 29 de
noviembre de 2016 que sirvió de soporte a la resolución demandada.

7 Auto 2639 del 21 de junio de 2016.
8 Folios 344-348 c. 1.
9 Auto 5891 del 28 de noviembre de 2016, folios 353-372 c. 1.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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15. Igualmente, consideró que se desconoció el artículo 2.2.2.3.1.4 del
Decreto 1076 de 2015, relativo a la licencia global, porque, indebidamente,
se pretendió derivar de esta norma una autorización para escoger una de
las actividades – no la que estaba licenciada por la CAR, sino la nueva
actividad- que, en su cálculo subjetivo, cumpliría uno de los requisitos y esto
bastaría para atribuir la competencia a la ANLA, al ser una licencia global.
En realidad, la licencia global no incide en la determinación de
competencias.

16. También sostuvo que se violó el artículo 62 de la Ley 685 de 2001, al
no haber sido aplicado al caso concreto, porque allí se dispone que la
adición del objeto de la concesión únicamente exigirá la ampliación o
modificación de la licencia ambiental cuando los impactos ambientales
son diferentes de los de la explotación original, pero la resolución de la ANLA
omitió estudiar completamente esta condición. Por esta vía, se habría
desconocido, igualmente el numeral 1 del artículo 2.2.2.3.7.1, que dejó de
aplicarse para, en su lugar, aplicar el numeral 5. Así, la razón de la
modificación de la licencia ambiental no era el aumento del volumen de
explotación (numeral 5), sino por impactos ambientales adicionales
(numeral 1).

17. Finalmente, se habría desconocido el artículo 265 del Código de
Minas, que ordena que todas las providencias se fundamenten en la
existencia y comprobación de los requisitos y condiciones de fondo
señaladas en la ley para cada caso, lo que no habría ocurrido en esta
oportunidad, al pasar por alto la ausencia de las cantidades de explotación
necesarias para mutar la competencia de la CAR. Se trata de un requisito
de fondo, porque la competencia es un asunto de orden público.

18. Falta de competencia porque la autoridad competente para expedir
la modificación de la licencia era la CAR y no la ANLA. A su juicio, bastaba
con verificar que los volúmenes de producción proyectada no cumplían lo
requerido para activar la competencia de la ANLA, como se evidencia en
la tabla 3 -25 del nuevo Programa de Trabajos y Obras PTO. Como la
competencia es de orden público, era indisponible por las autoridades en
cuestión. Por los impactos ambientales derivados de la extracción de
materiales de construcción se requería modificar la licencia ambiental, pero
sin el ajuste en el volumen de explotación, Corantioquia debía conservar la
competencia10.

10 En el documento oficial número 3 denominado “Descripción del proyecto”, página 45,

expediente LAV 0029 – 00 – 2016, la tabla 3 – 15, que hace parte del Programa de Trabajos
y Obras – PTO, muestra los volúmenes a remover en el proyecto por año. Allí se evidencia
que el volumen total de roca a remover en el proyecto Buriticá (mina de oro) asciende a
17.180.000 toneladas, de las cuales el volumen de mineral es de 12.392.000 toneladas, y el
de material estéril es de 4.788.000 toneladas, para un total de 13 años de producción. Y el
volumen de material de construcción a remover asciende a 1.379.666 metros cúbicos para
un período estimado de explotación de 8 años y se proyecta hasta el año 6 de operación
de la mina de oro.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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19. Falsa motivación considerando que la resolución indicó que sí se
superaron las cantidades de material necesarias para activar la
competencia de la ANLA, mientras que el concepto técnico 6335 del 29 de
noviembre de 2016 punto 2.2.4 afirmó expresamente que “Respecto al plan
minero. Los volúmenes de explotación de acuerdo al Decreto 1076 de 2015
para minerales metálicos (oro y plata) no supera lo descrito en el artículo
2.2.2.3.2.2.” “Los volúmenes de explotación de acuerdo al Decreto 1076 de
2015 para materiales de construcción superan lo descrito en el Decreto 1076
de 2015 en 4 años del proyecto minero”. Pese a ello, la Resolución 01443
concluyó: “…dentro de la información de la empresa, y de acuerdo al
análisis técnico realizado por esta autoridad ambiental, la empresa
CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, proyecta la explotación
de materiales de construcción en un volumen superior a los 250.000 metros
cúbicos al año, con independencia de los volúmenes proyectados para
oro, tan sólo considerando que la proyección de estos volúmenes se
adecúa a la situación descrita en el literal b del numeral 2 del artículo
2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 de 2015, siendo competencia de esta autoridad
ambiental conocer de la modificación de la licencia ambiental global del
“Proyecto minero de explotación aurífera Buriticá”. Igualmente, sostuvo que
una razón adicional de falsa motivación consiste en que la resolución
cuestionada no hizo referencia alguna a los impactos ambientales del
material adicionado al proyecto. La resolución únicamente se refiere a los
impactos ambientales de la mina subterránea de oro.

20. Con la demanda, se solicitó la suspensión provisional de las normas
cuestionadas.

1.2. Trámite del proceso

21. Admitida la demanda y durante el término de traslado, la ANLA se
opuso a las pretensiones11. Sostuvo que el acto administrativo sí analizó las
razones técnicas que fundaban la competencia de la ANLA. Explicó que allí
se consideró que se trata de “actividades que si bien constituyen
técnicamente explotación de minerales distintos, ambas actividades están
integradas dentro del mismo título minero y corresponden al mismo
proyecto minero global, pues técnicamente se hará uso de los materiales
de construcción explotados en la adecuación de infraestructura y vías al
servicio del proyecto minero aurífero”. Agregó que los volúmenes
proyectados de explotación de materiales de construcción se adecuaron
al literal b) del numeral 2 del artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 de 2015 y,
aunque no se superaron los volúmenes respecto de la explotación del oro,
ambos se encuentran dentro del mismo contrato integrado de concesión.

22. Mediante el Auto de 30 de agosto de 2018 se negó la suspensión
provisional12 del acto administrativo cuestionado, porque la violación
alegada no se verificó de la mera confrontación del acto acusado y las
normas presuntamente vulneradas, ni de las pruebas aportadas y, por el
contrario, se requería realizar un juicio de valor propio de la sentencia, para
decidir la cuestión de validez planteada en la demanda.

11 Folios 410-426 c. 1.
12 Folios 34-39 del cuaderno de suspensión provisional.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
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Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
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23. Mediante Auto del 8 de junio de 202113 se prescindió de convocar a la
audiencia inicial, se negó el decreto de las pruebas solicitadas y se
incorporaron pruebas al expediente. Mediante Auto del 6 de agosto de
202114 se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión.

24. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión15. Sostuvo
que el concepto técnico 6335 de 2016 certificó que para materiales de
construcción se superaban los mínimos exigidos para la competencia de la
ANLA en 4 años del proyecto minero, a pesar de que el término del proyecto
es significativamente superior (13 años de extracción) y respecto de la
extracción de materiales industriales no metálicos la tabla 3:15 del Capítulo
III del EIA demuestra que no se cumplía el requisito de competencia porque,
sumados los 16 años (incluidos incluso tres años de fase no operativa) suma
1.737.666 m3, lo que dividido da un total de 106.128,15 m 3 anuales.
Adicionalmente, no se demostró que la proyección de materiales de
construcción supere los 250.000 m3 anuales. El Ministerio Público se abstuvo
de rendir concepto.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Delimitación del asunto y decisión a adoptar. 2.2. Análisis sustantivo

2.1 Delimitación del asunto y decisión a adoptar

25. La acción pública e intemporal de nulidad simple procede para
cuestionar la validez de las licencias ambientales, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 137.4 del CPACA y 73 de la Ley 99 de 1993. Debido a ello,
resulta procedente en el presente asunto.

26. De acuerdo con la demanda, le corresponde a la Sala determinar cuál
era la autoridad ambiental competente para decidir sobre la solicitud de
modificación de la licencia ambiental al proyecto aurífero Buriticá –
ampliación mina Yaraguá de propiedad Continental, por causa de
aumento de los volúmenes de producción proyectada del mineral metálico
y adición de la actividad de explotación de materiales de construcción,
según el nuevo “Programa de Trabajos y Obras – PTO”, presentado a la
Secretaría de Minas del Departamento y a la autoridad ambiental.
Adicionalmente, se deberá resolver si se incurrió en falsa motivación y si se
examinaron las condiciones de impacto ambiental para la modificación de
la licencia ambiental. Luego de realizar el análisis sustantivo de los cargos
de la demanda, la Subsección negará las pretensiones, al no encontrar
configuradas las causales de nulidad alegadas y sin que existan vicios que
deban ser reconocidos de oficio.

13 Folios 429-430 c. 1.
14 Folio 432 c. 1.
15 Samai, índice 47.

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2.1. Análisis sustantivo

27. El análisis sustantivo seguirá el siguiente orden, que responde a los
cuestionamientos de la demanda: (1) el carácter acumulativo o
independiente de las causales de competencia de la ANLA – cargos de
violación de normas superiores y de falta de competencia-, (2) la realidad
de los fundamentos de la resolución cuestionada – cargo de falsa
motivación- y (3) la consideración de los impactos ambientales como
causal de modificación de la licencia ambiental – cargo de violación de
normas superiores-.

28. (1) El carácter acumulativo o independiente de las causales de
competencia de la ANLA: La demanda de nulidad se construye a partir de
la interpretación normativa, según la cual, la competencia de la ANLA para
la expedición de licencias ambientales exigía, de manera acumulativa, que
se reunieran las condiciones previstas en los literales b) -cantidades de
producción de materiales de construcción o minerales industriales no
metálicos- y c) -cantidades de remoción de minerales metálicos y piedras
preciosas y semipreciosas- del artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 de 2015.
A su juicio, ambas normas constituyen una “enunciación completa”. Tal
interpretación implicaría una de dos consecuencias, en el caso en el que el
proyecto a licenciar responda a uno, pero no a todos los supuestos: o bien
la ANLA únicamente conocería de la licencia para el material para el cual
se cumpla el requisito o bien que, en su conjunto, el asunto sea decidido
por la CAR, como lo pretende el demandante.

29. De manera preliminar se advierte que lo relativo a la competencia
frente a una solicitud de licencia para varios materiales no fue un asunto
regulado de manera expresa. Sin embargo, de la lectura del artículo en
mención se evidencia que no se trata de requisitos acumulativos, sino de
hipótesis independientes que, por sí solas, activan la competencia de la
ANLA para la expedición de la licencia. Por lo tanto, la interpretación según
la cual se trata de una enunciación completa o de requisitos acumulativos
carece de certeza, frente a lo dispuesto en el decreto, es decir que se
construye a partir de una lectura errónea de la norma que se considera
como desconocida. Por su parte, la ANLA argumentó que su competencia
se derivaba del literal b) – explotación de materiales de construcción que
supera los 250.000 m3 al año y que, por lo tanto, no era relevante que no se
cumplieran las cantidades exigidas para los materiales metálicos. La ANLA
negó la revocatoria directa del acto administrativo que asumió la
competencia en el asunto, tras argumentar que no era posible dividir la
solicitud de licencia ambiental, porque ambas explotaciones hacían parte
del mismo contrato de concesión minera y, adicionalmente, eran
actividades interdependientes, ya que los materiales de construcción serían
utilizados para la edificación de la infraestructura necesaria para la
explotación aurífera16. La posibilidad de proferir licencias ambientales

16 “De tal suerte, que dentro de estas condiciones técnicas y jurídicas, no puede predicarse

la existencia de dos proyectos mineros independientes o separados, pues como ya se ha
indicado previamente, la explotación de materiales de construcción, será una actividad
minera incluida y al servicio del proyecto minero “proyecto minero de explotación aurífica
Buriticá”, integrándose de esta manera al mismo proyectos (sic) y globalizando todas las
actividades dentro de una única licencia ambiental”: folio 368 c. 1. El concepto técnico

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separadas para cada actividad se excluye cuando se trate de una
“licencia ambiental global”, prevista en el artículo 2.2.2.3.1.4 del Decreto
1076 de 2015, para el “desarrollo de obras y actividades relacionadas con
los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos”. Es decir que, en el
caso concreto, se debía expedir una única licencia ambiental global, en
estos términos, porque la explotación de materiales de construcción era
una actividad relacionada con la explotación minera y al servicio de ésta.
Contrario a lo sostenido por el demandante, aunque la regulación de la
licencia ambiental global no es una norma que regule la competencia para
su expedición, sí tiene esta un efecto determinante de la competencia
cuando, en la licencia ambiental global, se involucran actividades cuyo
licenciamiento es de la competencia privativa de la ANLA. Así, en síntesis,
(1) la competencia de la ANLA no requiere el cumplimiento de todos los
supuestos de explotación involucrados en el proyecto, sino de, al menos,
uno de ellos, a condición de que (2) se trate de actividades relacionadas
con el proyecto de explotación minera, lo que implica la expedición de una
sola licencia ambiental global. En estos casos, no es posible jurídicamente
que la licencia ambiental sea expedida por la CAR, teniendo en cuenta
que, al responder a uno de los supuestos de la competencia de la ANLA,
como en una especie de fuero de atracción, la competencia de la
autoridad nacional es “privativa” (art. 2.2.2.3.2.2) y, por lo tanto, de manera
congruente, el parágrafo 5 del artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015
dispuso que “Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales no tendrán las competencias señaladas en el
presente artículo, cuando los proyectos, obras o actividades formen parte
de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”. En estos términos,
se descarta la violación alegada de los artículos 2.2.2.3.2.2 – competencia
de la ANLA- y 2.2.2.3.2.3 – competencia de las CAR-, al fundarse en una
interpretación errada de las normas en cuestión y del artículo 2.2.2.3.1.4,
porque no se recurrió indebidamente al concepto de licencia ambiental
global.

30. (2) La realidad de los fundamentos de la resolución cuestionada: el
demandante alegó, igualmente, que la resolución demandada incurrió en
falsa motivación, porque sostuvo que se proyecta “la explotación de materiales
de construcción en un volumen superior a los 250.000 metros cúbicos al año”, a pesar de
que el concepto técnico 6335 del 29 de noviembre de 2016 concluyó, en
el punto 2.2.4, que “Los volúmenes de explotación de acuerdo al Decreto 1076 de 2015
para materiales de construcción superan lo descrito en el Decreto 1076 de 2015 en 4 años
del proyecto minero” (negrillas del demandante).

31. Al respecto, debe considerarse que la solicitud de modificación de la
licencia ambiental presentada por Continental (radicado 160HX-1605-824)
se fundó en la ampliación del proyecto minero, así como en la inclusión de
explotación de materiales en un volumen de 250.000 m 3 por año y la
explotación de materiales metálicos en un volumen superior a 2.000.000 de

6335, base para la resolución cuestionada indicó que “Los materiales de construcción serán
utilizados para varios propósitos: construcción de la canalización de la quebrada La
Bermejal, cama de apoyo para el revestimiento, material de drenaje del depósito de
relaves, cubierta del depósito de relaves y como materiales de construcción para diversos
canales de drenaje y protección contra la erosión”: p. 24, CD anexos de la demanda.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
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toneladas al año. El estudio técnico que soportó la toma de la Resolución
1443 hizo la siguiente descripción: “El presente proyecto contempla según el
cronograma de actividades presentado tres fases en la siguiente línea de tiempo:
Construcción y montaje (3 años), operación (13 años) y abandono, cierre y post cierre (11
años); para un cronograma total de 27 años”. En cuanto a la actividad de
explotación de materiales de construcción describió: “La mina de material
aluvial está concebida para una producción superior a los 250.000 m3/año”17. Dicho
concepto evaluó que: “Los volúmenes de explotación de acuerdo al Decreto 1076 de
2015 para materiales de construcción superan lo descrito en el Decreto 1076 de 2015 en
cuatro (4) años del proyecto minero. Artículo 2.2.2.3.2.2 “b) Materiales de construcción y
arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción proyectada sea mayor
o igual a seiscientos mil (600.000) toneladas/año para las arcillas o mayor o igual a
doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros construcción o para
industriales no metálicos...” La explotación de materiales de construcción a cielo abierto se
estima para ocho (8) años dentro del área del contrato de concesión minera integrado
7495. La mayor producción anual proyectada es de 313.740 m3, la cual corresponde al año
5”18 (negrillas no originales). También se sostiene que “En lo referente al avance
minero, se concluye que presenta coherencia en la información presentada incluyendo las
diferentes secciones presentadas en los radicados No. 2016025366 del 27 de mayo de 2016,
VITAL 2016056690-1-000 del 9 de septiembre de 2016, los documentos referencian una
intervención subterránea donde el punto más bajo de la explotación de acuerdo a la
descripción del plan minero año 13 será la cota 560 msnm y el más alto la cota 1745 msnm.
Sumado a esto, hay claridad en lo referente a la producción materiales que van a la planta
de beneficio y estéril producto de la actividad subterránea, teniendo en cuenta la
información contenida en los radicados mencionados. De igual manera, el plan minero
presentado para el proyecto Buriticá describe la secuencia anual (pre-producción y
producción) para los primeros cinco años y luego el año 10 y 13 del proyecto (fin de la vida
de la mina) (…)”19. Finalmente, el concepto técnico concluyó que “La
construcción, operación y cierre del depósito de relaves se hará en conjunto con la
extracción de material aluvial en la quebrada La Bermejal, conforme la secuencia
estipulada en el cumplimiento al Requerimiento No 9. durante la vida de la mina,
aproximadamente unos 3,5 millones de m3 de relaves y unos 3 millones de m3 de roca
estéril serán dispuestos en el depósito de relaves y se estima que el volumen de relave
dispuesto anualmente será entre 250.000 m3 y 310.000 m3; sin embargo, las cantidades de
material antes indicada, podrían variar dependiendo de la densidad, factor de
esponjamiento y demás características físicas del material a disponer en los relaves así
como de las condiciones en que se ejecute la operación de la mina durante su vida útil.”20.
Por todo ello, el concepto concluyó que para la actividad de infraestructura
mina materiales de construcción “Concebida para una producción superior a los
250.000 m3/año” era viable la licencia, ajustándose a las especificaciones técnicas”21.

32. De lo descrito, resalta la Subsección que (1) la norma que otorgaba
competencia a la ANLA exigía que la explotación de materiales de
construcción superara los 250.000 metros cúbicos por año, (2) la Resolución
cuestionada indicó que la extracción proyectada cumplía dicho requisito y
(3) el concepto técnico identificó que la explotación superaría dicho monto
a partir de determinado año y que, incluso, en el año quinto llegaría a
310.000 m3. Es decir que, en los términos planteados en la demanda, no
existió la falsa motivación alegada.

17 concepto técnico 6335, base para la resolución cuestionada p. 24 CD anexos de la
demanda.
18 Concepto técnico cit. p. 46.
19 Concepto técnico cit. p. 47.
20 Concepto técnico cit. p. 52.
21 Concepto técnico cit. p. 347.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
________________________________________________________________________________
33. En realidad, teniendo en cuenta que la demanda alegó que lo previsto
en el literal b) del artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 de 2015 se cumplía
solo parcialmente, la única manera de entender el cuestionamiento del
demandante consistiría en interpretar que, cuando la norma exige que la
explotación supere determinados metros cúbicos anuales, se exigiría que
dicho monto de extracción se logre durante cada uno de los años del
proyecto. Esta interpretación no solo contradice el tenor literal de la norma
superior sino que, adicionalmente, no responde a la realidad de los
proyectos mineros en los que, existen varias etapas, como en este caso, de
construcción y montaje (3 años), operación (13 años) y abandono, cierre y
post cierre (11 años), por lo que la producción anual exigida sería un
requisito de imposible cumplimiento. Por todo lo anterior, se descarta la falsa
motivación y se abunda en razones para negar la acusación de falta de
competencia.

34. El demandante alegó que la licencia ambiental incurrió en una causal
adicional de falsa motivación por no haber analizado los impactos
ambientales que generaba el material adicionado al proyecto. La falsa
motivación es un vicio ontológico que exige el contraste entre motivos
expuestos y su realidad fáctica o jurídica por lo que, salvo que la demanda
argumente y demuestre que la no consideración de un elemento constituye
un ocultamiento o deformación de la realidad, la omisión no podría
materializar una falsedad en la motivación. Ahora bien, este
cuestionamiento fue reiterado como violación de normas superiores y así se
estudiará.

35. (3) La verificación de la causa para la modificación de la licencia
ambiental: finalmente, habría infracción del artículo 62 de la Ley 685 de
2001, al no haber sido aplicado al caso concreto, porque allí se dispone que
la adición del objeto de la concesión únicamente exigirá la ampliación o
modificación de la licencia ambiental cuando los impactos ambientales
son diferentes de los de la explotación original, pero la resolución de la ANLA
habría omitido estudiar esta condición. Por esta vía, se habría desconocido,
igualmente, el numeral 1 del artículo 2.2.2.3.7.1, que dejó de aplicarse para,
en su lugar, aplicar el numeral 5.

36. Constata la Subsección que durante la instrucción de la solicitud de
modificación de la licencia ambiental la ANLA le solicitó a Continental
información adicional para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto
(Acta 44 del 11 de agosto de 2016) y dicha información se allegó el 9 de
septiembre de 2016 (radicado VITAL 2016056690-1-000). Los impactos
ambientales del proyecto fueron examinados en el concepto técnico 6335
del 29 de noviembre de 2016 a partir de la página 206 y, por ello, se sugirió
la imposición de obligaciones ambientales para la ejecución del proyecto
(p. 396 y siguientes). Por su parte, la resolución demandada realizó un
análisis concreto de las condiciones de la actividad de extracción de
materiales de construcción. Los impactos positivos y negativos del
aprovechamientos de materiales de construcción en los medios físico,
biótico y social fueron expresamente analizados por la resolución
cuestionada22 sin que, de manera alguna, coincidan con los impactos

22 Folios 164 y siguientes c. 1.

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Radicación: 11001-03 26-000-2017- 00152-00 (60251)
Demandante: Jorge Alberto Gómez Gallego
Demandada: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Negar la nulidad del acto demandado
________________________________________________________________________________
inicialmente previstos para el proyecto antes de la inclusión de la
explotación de materiales de construcción y, por ello, se impusieron
obligaciones en la licencia. Esta constatación es suficiente para descartar
las normas que se indican como desconocidas ya que el acto
administrativo sí estudió, de manera individual, los impactos ambientales
que generaba la actividad de explotación de materiales de construcción y
la decisión se fundó en análisis técnicos de la información requerida para
pronunciarse respecto de la solicitud de licencia. Adicionalmente, de
acuerdo con lo analizado en esta sentencia, sí se requería la modificación
de la licencia ambiental por dos causas: por una parte, porque la
modificación del proyecto generaba impactos ambientales adicionales,
que fueron efectivamente estudiados (numeral 1 del artículo 2.2.2.3.7.1 del
Decreto 1076 de 2015) y, por otra parte, por el cambio de autoridad
competente, de Corantioquia a la ANLA (numeral 5 del mismo artículo).

37. Así las cosas, por no haberse configurado ninguna de las causas de
nulidad alegadas en la demanda, ni encontrar esta Subsección motivos de
nulidad de orden público, que deban ser reconocidos de oficio, se negarán
las pretensiones de la demanda.

38. Al ser la acción de simple nulidad un mecanismo de interés público y, a
la vez, su ejercicio un derecho político previsto en el artículo 40.6 de la
Constitución Política, no se condenará en costas.

3. DECISIÓN

39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR LA NULIDAD de la Resolución 1443 del 30 de noviembre de
2016, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA,
respecto de los cargos de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

-Firmado electrónicamente- -Firmado electrónicamente-
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
-Aclaración de voto-

-Firmado electrónicamente-
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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