Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00066-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00066-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2019-00066-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 17 de junio de 2024
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00066-00 (63829)
Demandante: Distrito Capital – Secretaría Distrital de Salud y otros
Demandado: María Enid Durán Olivos
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Nulidad originada en la sentencia –
Interpretación restrictiva de la causal – Congruencia de la sentencia
Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con base en la causal de revisión de
nulidad originada en la sentencia, porque el juez de instancia valoró de forma inadecuada
el material probatorio y falló de forma incongruente al no pronunciarse respecto de la
responsabilidad de una de las partes demandadas.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandada contra la Sentencia de 12 de abril de 2018, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, 1.4. Sentencia de segunda
instancia, 1.5. Acción de tutela y trámite relevante, y, 1.6. Recurso extraordinario de revisión
y trámite relevante.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 18 de agosto de 2012, María Enid Durán Olivos presentó acción de
reparación directa contra Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Salud,
Fondo Financiero Distrital de Salud y la Unión Temporal Transporte
Ambulatorio Bogotá, para que se hiciera la siguiente declaración (se
trascribe):
“Primero: se declare que (…) la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de
Salud es responsable administrativa y patrimonialmente de todos los
perjuicios materiales y morales sufridos por la señora María Enid Durán,
debido a la falla en el servicio cometida por dicha entidad, respecto de su
deber de vigilancia y control, sobre las condiciones de la ejecución del
contrato de servicios celebrado con la Unión Temporal Transporte
Ambulatorio Bogotá, ya que la misma no cumplía con los requisitos mínimos
de seguridad para cumplir la labor encomendada (…)”
2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: la
demandante trabajaba como médica de respuesta rápida (“moto-
ambulancia”) de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio (en adelante
Unión Temporal). Ella atendía las urgencias de la línea 123 de la Dirección
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación número: 11001-03-26-000-2019-00066-00 (63829)
Demandante: Distrito Capital – Secretaría de Salud y
otros
Demandado: María Enid Durán Olivos
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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3. El 29 de mayo de 2010, por la noche, fue asignada “para apoyar una
ambulancia básica que tenía un paciente con dificultad respiratoria, salió
del sitio de atención con luces y sirenas, cuando una buseta cerró la
motocicleta cayendo al otro lado de la vía y un taxi la arrolló”.
4. La demandante fue trasladada a la Clínica Country donde le
diagnosticaron politraumatismo. Esto generó secuelas y el cambio de
actividad laboral dentro de la empresa.
5. La demandante alegó que no le entregaron la dotación de seguridad
completa para desempeñar su labor, por lo que la demandada incumplió
el pliego de condiciones en lo relacionado con la dotación básica de la
tripulación. De haberse cumplido se hubiera evitado la magnitud del daño
padecido.
6. Señaló que la “falta de elementos de seguridad hizo que el accidente
sufrido (…) fuera más grave teniendo que atravesar por un proceso doloroso
y largo, viéndose afectada su vida laboral, familiar, su entorno social y su
economía”.
1.2. Posición de la parte demandada
7. El Distrito Capital de Bogotá se opuso a las pretensiones de la demanda e
invocó como excepciones la falta de legitimación pasiva en la causa por
tratarse de un accidente de trabajo y porque no estaba relacionado con la
misión esencial de la entidad. Señaló que era ajena a los hechos, pues la
demandante trabajaba para la Unión Temporal. Adicionalmente, señaló
que no existían pruebas de su responsabilidad.
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante
8. El Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá dictó la Sentencia de
31 de enero de 2017, por medio de la cual denegó las pretensiones de la
demanda1. Concluyó que no se demostró el nexo causal entre el daño
sufrido por la demandante y la omisión alegada.
9. Señaló que, “si bien es cierto que no consta entrega de peto con paneles
de policarbonato con protectores de biofam y lycra, correas de nylon,
ajustable mediante bisagras en la parte posterior; con protector de brazo
desmontable y ajustable, hombreras, coderas, rodilleras, canilleras, chaleco
reflectivo de uso obligatorio, la falta de dichos implementos no puede
tenerse como la causa eficiente del daño acaecido, pues no existe prueba
alguna que permita siquiera inferir que de contar la demandante con los
implementos faltantes el daño no se hubiera producido o el mismo hubiera
sido menor”.
10. En consecuencia, “no se demostró dentro del plenario la omisión en el
deber de vigilancia o de las atribuidas a la entidad demandada que
estructura una falla en el servicio y que imponga la reparación del daño”.
1 Folios 15 a 28 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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11. Contra esta providencia, la demandante presentó recurso de apelación,
porque la conducta omisiva de la parte demandada provocó el daño
padecido, es decir, se acreditó el nexo causalidad. En el contrato de
prestación de servicios de salud suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de
Salud (en adelante Fondo Financiero) y la Unión Temporal se estableció la
obligación del contratista de cumplir todos los requerimientos respecto de
la dotación de uniformes y elementos de protección en el trabajo del
vehículo de respuesta rápida.
12. En ese sentido, el incumplimiento de la obligación era suficiente para que
el Fondo Financiero diera por terminado unilateralmente el contrato o
forzara el cumplimiento de dicha obligación. No obstante, la Secretaría
Distrital de Salud incurrió en una falla del servicio al no haber aplicado los
correctivos por el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de
salud. Esta fue la causa por la que la demandante sufrió lesiones superiores
por no contar con los equipos y elementos de seguridad necesarios.
1.4. Sentencia de segunda instancia
13. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió la Sentencia de 12 de abril de 2018. Revocó el fallo
de primera instancia, porque a pesar de que la “entidad demandada
presentó actas de reunión, rindió informes sobre las obligaciones de la Unión
Temporal y supervisión, relacionó tablas anexas, presentaciones y demás
documentos, no cumplió a cabalidad con su función de vigilancia y control
respecto a la ejecución del contrato 1229 de 2009, suscrito con la Unión
Temporal (…) en la medida en que se limitó a hacer referencia de las
inconsistencias presentadas por parte del contratista, sin adoptar medidas
correctivas efectivas que garantizaran el cumplimiento de las obligaciones
pactadas”. No podía limitarse a dejar constancia de los incumplimientos.
14. Determinó que “si bien, no podía afirmarse que la falta de implementos
de seguridad fue la causa del accidente de tránsito (…) era claro que de
haber contado con estos en cumplimiento de las obligaciones asumidas en
el contrato 1229-2009, el resultado dañoso hubiese sido menos catastrófico,
atendiendo los fines propios de la obligación de suministro de elementos de
protección a los trabajadores, destinados para protegerlos de varios riesgos
y aumentar su seguridad o su salud y así proporcionar una barrera entre un
determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física
del trabajador y disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible
accidente sufrido por el trabajador”.
15. Por estas razones, condenó a la Secretaría Distrital de Salud porque
incumplió su función de vigilancia y control sobre la ejecución del contrato.
Sin embargo, redujo la condena en un 50% porque la demandante, a pesar
de que sabía que no contaba con los elementos de protección “completos
para ejercer su labor como médico de vehículo de respuesta rápida,
decidió desplazarse en el automotor asignado (motocicleta), asumiendo el
riesgo probable de sufrir un accidente de tránsito, tal y como ocurrió”.
1.5. Acción de tutela y trámite relevante
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16. El 10 de agosto de 2018, Bogotá Distrito Capital promovió acción de
tutela2 contra la providencia de segunda instancia, por la indebida
valoración del material probatorio, pues el accidente ocurrió por la
imprudencia del conductor de la moto. También reprochó la ausencia de
pronunciamiento respecto de la responsabilidad de la Unión Temporal.
17. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió la Sentencia de 31 de
enero de 20193. Declaró improcedente la acción de tutela respecto de la
falta de pronunciamiento de la responsabilidad de la Unión Temporal
porque “no era procedente solicitar la adición, sino el agotamiento del
recurso extraordinario de revisión”. No se cumplió con el requisito de
subsidiariedad, pues la accionante contaba con la causal de nulidad
originada en la sentencia.
18. Por otra parte, negó la acción tutela respecto del defecto fáctico
porque no se omitió la valoración del testimonio del conductor de la
motocicleta. El Tribunal realizó una valoración integral del material
probatorio y concluyó que la falta de implementos de seguridad produjo
que la demandante sufriera lesiones de mayor gravedad.
19. El Consejo de Estado resaltó “que tal como lo consideró la autoridad
judicial acusada, el hecho de que los tripulantes de la motocicleta no
llevaran sus elementos de seguridad, si tuvo incidencia en que las lesiones
sufridas por estos fueran de mayor gravedad, como sucedió”.
20. El 8 de febrero de 2019, la entidad demandada presentó recurso de
apelación4 contra el fallo de tutela de primera instancia, porque el caso
configuraba un perjuicio irremediable. Asimismo, reiteró el reproche sobre la
indebida valoración probatoria del caso, porque absolvieron de
responsabilidad a la Unión Temporal a pesar de que era el empleador de la
demandante.
21. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió la Sentencia de 22 de
mayo de 20195. Confirmó la decisión de primera instancia, porque no se
cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues la parte demandada
“contó con otro medio de defensa judicial, esto es, la solicitud de adición
prevista en el artículo 287 del CGP”. La parte demandada pudo solicitar el
pronunciamiento de la responsabilidad de la Unión Temporal, sin embargo,
“dicha solicitud no fue formulada y la acción de tutela no es un mecanismo
previsto para corregir esa omisión”.
22. Señaló que no era “clara la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, puesto que no existe una causal de nulidad asociada a la falta de
pronunciamiento sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento”.
2 Folios 60 a 72 del cuaderno del Consejo de Estado.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 31 de enero de 2019,
Radicado 11001-03-15-000-2018-02739-00.
4 Folios 84 a 86 del cuaderno del Consejo de Estado.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 22 de mayo de 2019,
Radicado 11001-03-15-000-2018-02739-01(AC).
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Demandado: María Enid Durán Olivos
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
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23. Respecto del defecto fáctico alegado, el Consejo de Estado concluyó
que “no se configuró (…) por cuanto, (…) las pruebas del proceso de
reparación directa fueron analizadas de manera conjunta y de
conformidad con el principio de la sana crítica”.
1.6. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante
24. El 22 de abril de 2019, Bogotá Distrito Capital interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, con
fundamento en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, que alude a la
causal de nulidad originada en la sentencia.
25. La recurrente manifestó que la providencia la declaró responsable de
una “pago injusto, sin tener en cuenta, además, el hecho de haber ejercido
la inspección y la vigilancia del contrato aludido”. Por el contrario, premió a
la Unión Temporal “si existe alguna responsabilidad en el marco de las
lesiones sufridas por la demandante”.
26. Señaló que el fallo de segunda instancia, “no examinó en debida forma
las pruebas, ni obviando otras, que tan solo haberlas examinado, se habría
colegido un criterio distinto, ni tampoco determinó la responsabilidad de la
otra demandada”. Señaló que el material probatorio “fue examinado en
debida forma por el a quo, el mismo estableció que la entidad (…) sí cumplió
con su obligación de control y vigilancia”.
27. Precisó que, a diferencia de lo concluido en el fallo reprochado, “el
Fondo Financiero Distrital de Salud, sí cumplió con su obligación de control y
vigilancia que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de 1993”. Para sustentar
esta afirmación, hizo un listado de las pruebas relacionadas, “que dan
muestra de la supervisión efectiva del contrato (…) eximiendo de
responsabilidad a la Secretaría de Salud y al Fondo Financiero Distrital de
Salud”, por la supuesta omisión en el control y vigilancia del contrato. En ese
sentido, “al no valorar en forma definida y conjunta las pruebas allegadas al
proceso, descarga una responsabilidad única que afecta los intereses [de
la demandada] violentando el debido proceso por un error sustancial”.
28. Manifestó que uno de los supuestos que la jurisprudencia ha considerado
como causal de revisión es “la violación del denominado principio de
congruencia de la sentencia, cuya exigencia impone la debida armonía
entre la parte considerativa y la decisión que en ella se adopta, de tal
manera que el conjunto de la providencia debe corresponder a la
exposición razonada de los argumentos del juez con fundamento en lo que
aparece probado en el proceso para efectos de sustentar la resolución del
caso concreto6”.
29. Señaló que la providencia recurrida “en ningún aparte del análisis
efectuado por el fallado de la segunda instancia, se hace referencia a la
participación y responsabilidad de la también demandada Unión Temporal
(…) en ese sentido, la sentencia no hace referencia a si la exonera de toda
6 Para sustentar su argumentó citó el siguiente caso: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de febrero de 2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (Rev).
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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responsabilidad o si, por el contrario, es solidariamente responsable de las
conductas antijurídicas endilgadas por el Tribunal Administrativo. Lo cierto es
que no se aborda la corresponsabilidad que, en últimas, representarían para
el Fondo Financiero Distrital de Salud, un alivio en el sentido de no asumir una
condena injusta de manera exclusiva”.
30. A pesar de que María Enid Durán Olivos y la Unión Temporal fueron
notificadas, no nombraron apoderado y guardaron silencio frente al recurso.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada, y, 2.4. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
31. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad7 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 12 de abril de 2018, dictada por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque no se
acreditaron los elementos de la causal invocada.
2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión
32. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar la fuerza de la cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados8, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador9 o por el constituyente.
33. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias10, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez11, ni para corregir los errores
por la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación
del derecho.
2.3. Análisis de la causal invocada
34. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
7La sentencia recurrida quedó ejecutoriada el 23 de abril de 2018 y el recurso extraordinario de revisión se interpuso
el 22 de abril de 2019, es decir, dentro del término de un año del artículo 251 del CPACA.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de
2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12)
11 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-
2008-00480-00 (REV),
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otros
Demandado: María Enid Durán Olivos
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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35. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insaneable. En principio, no es
posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad acaecida
con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que la nulidad no
hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En este caso, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes
puedan subsanar sus omisiones12.
36. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CPACA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140
del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional13 para
dotar de contenido a la causal.
37. El Consejo de Estado ha considerado que las hipótesis de creación
jurisprudencial también configuran causales de revisión, a partir de una
interpretación extensiva del derecho al debido proceso, contemplado en el
artículo 29 constitucional (se trascribe):
“Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta
indispensable que se funde en la ocurrencia de: i) un supuesto configurativo
de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo
133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia;
ii) las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del
derecho fundamental al debido proceso, tales como:
• Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida
con violación al debido proceso.
• Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso.
• Proferir una sentencia sin motivarla.
• Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
• Faltar al principio de congruencia.
• Vulnerar el principio de la “non reformatio in pejus”
Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado determinó que igualmente podrían existir otros supuestos en que la
configuración de la causal de nulidad originada en sentencia por violación
a la garantía constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que
no necesariamente se agotan de manera exhaustiva en los eventos
señalados14”15.
38. No obstante, esta Subsección ha diferido y se ha apartado de la
interpretación anterior porque entiende que los supuestos de nulidad de las
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado
2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de
junio de 2021, Radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Radicado 50428.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia del
28 de junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03697-00.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia
de 7 de octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-07530-00 (REV). También, ver Sala Quince Especial de
Decisión, Sentencia de 22 de noviembre de 2023, Radicado 11001-03-15-000-2023-04579-00, Sala 21 Especial de
Decisión, Sentencia de 31 de enero de 2024, Radicado 11001-03-15-000-2020-04417-00. En particular, se destacan
las providencias relacionadas con el principio de congruencia, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de
abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV), Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de febrero de 2016,
Radicado 2015-02342-00(REV), Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 20 de marzo de 2018, Radicado
2013-01303-00(3318-13),
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otros
Demandado: María Enid Durán Olivos
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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sentencias no pueden crearse jurisprudencialmente, pues se requiere de
una norma legal o constitucional que la contemple. Comprende que las
nulidades no son enunciativas sino taxativas (se trascribe):
“(…) Que las causales del recurso de revisión son taxativas y de
interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser interpretadas
de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de esta Sala, la
causal 5 del artículo 250 del CPACA que se refiere a la “nulidad originada en
la sentencia” debe, también, ser interpretada de manera restrictiva. En ese
sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso extraordinario de
revisión cuando se origine en la Sentencia alguna de las causales de nulidad
previstas en la legislación.
La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el recurso
extraordinario de revisión tiene causales taxativas, por lo que, interpretar el
artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de revisión las
convertiría en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier violación
del debido proceso constituiría una causal para considerar procedente el
recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el juez de la
revisión.
De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad
procesal son de origen legal. El legislador, en ejercicio de la libertad de
configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles
irregularidades procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar a
la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva a que otras
irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor
entidad por el legislador, queden sin sanción de nulidad. Lo anterior en una
lógica expressio unius est exclusio alterius.
En lo que concierne al punto recién advertido, la Corte Constitucional en las
Sentencia C-491 de 199516 y C-217 de 199617, manifestó que la nulidad
consagrada en el artículo 29 constitucional no eliminaba la taxatividad de
las nulidades procesales, toda vez que fue adicionada constitucionalmente.
Como ya se dijo, no toda violación del debido procesal genera nulidad,
porque será el legislador de manera principal o el constituyente de forma
excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales18”.
39. De conformidad con la referida interpretación restrictiva de la causal,
esta no puede entenderse configurada si, como en este caso, la recurrente
no se refirió a la causal de nulidad en la que habría incurrido la Sentencia
controvertida. En efecto, el recurso mencionó la violación por parte del
Tribunal del principio de congruencia de la sentencia, mas no determinó la
16 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995. “Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos
procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar que en los casos
allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que
además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la
Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso",
esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia”.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-217 de 1996. “Todo lo anterior indica que el debido proceso en materia civil
está plasmado en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y en las normas que lo complementan y
reforman, pero la garantía constitucional en cuya virtud toda prueba practicada en violación de tales reglas es
nula de pleno derecho no puede ser limitada, recortada o desconocida por normas de rango legal que hagan
nugatoria la eficacia de dicha nulidad, pues ésta no proviene de la ley ni depende de ella, en cuanto implica la
seguridad constitucional -ontológicamente anterior a la legislación que fija las reglas de cada proceso- de que
toda prueba, para ser constitucionalmente válida, debe respetar íntegramente el enunciado derecho
fundamental”.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de
agosto de 2022, Radicado 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097).
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Radicación número: 11001-03-26-000-2019-00066-00 (63829)
Demandante: Distrito Capital – Secretaría de Salud y
otros
Demandado: María Enid Durán Olivos
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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causal legal o constitucional de nulidad en la que supuestamente incurrió la
decisión.
40. Esta Subsección ha aplicado la interpretación anterior en casos
similares19 en los que se ha alegado la violación del principio de congruencia
como un supuesto de nulidad de la sentencia y ha declarado infundados
los recursos extraordinarios de revisión por no constituir una verdadera causal
de nulidad legal y/o constitucional de las sentencias.
41. Por lo tanto, no toda violación del debido proceso genera nulidad,
porque será el legislador, de manera principal, o el constituyente, de forma
excepcional, quienes definan previamente cuáles son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales.
42. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que, a partir de la
interpretación restrictiva de la causal invocada, la incongruencia no es un
supuesto de nulidad consagrado en la ley o la Constitución Política, por lo
que, se reitera que no cualquier afectación al debido proceso configura
una nulidad originada en la sentencia. Adicionalmente, la invocación de
una valoración indebida del material probatorio (defecto fáctico) es un
argumento propio de las acciones de tutela contra providencia judicial, mas
no corresponde a una causal de nulidad originada en la sentencia y, por el
contrario, se trata de un cuestionamiento acerca de la forma como el juez
de instancia valoró las pruebas.
43. Se advierte que el recurso de revisión no es una tercera instancia en la
que se pueda reabrir el debate probatorio y auscultar el razonamiento que
adoptó el juez para fallar desde una perspectiva jurídica y/o fáctica.
44. Sin que sus argumentos correspondieran a una causal de nulidad prevista
constitucional o legalmente, el recurso pretendía reabrir el debate
probatorio y jurídico de las instancias ordinarias para que se produjera una
decisión favorable a sus pretensiones, pues la recurrente realizó una
revaloración de las pruebas, cuestionó el razonamiento de los jueces y
reiteró los argumentos de defensa expuestos en las instancias ordinarias,
aspectos que desbordan la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión.
45. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso de revisión,
porque la recurrente no invocó un supuesto de nulidad de las sentencias
reconocido legal o constitucionalmente.
2.4 Costas
46. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso20, se condenará en costas a la parte recurrente
por cuanto el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado, las
cuales se liquidarán en los términos del artículo 366 del CGP.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de
enero de 2023, Radicado 53332 y Sentencia de 23 de noviembre de 2022, Radicado 66289.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de
octubre de 2021, Radicado 63217.
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Radicación número: 11001-03-26-000-2019-00066-00 (63829)
Demandante: Distrito Capital – Secretaría de Salud y
otros
Demandado: María Enid Durán Olivos
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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3. DECISIÓN
47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 12 de abril de 2018, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
proceso de reparación directa.
SEGUNDA: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales se
liquidarán en los términos del artículo 366 del CGP.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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