Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-33-31-002-2007-00351-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-33-31-002-2007-00351-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-33-31-002-2007-00351-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
16 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 16 de agosto de 2022
Radicación: 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097)
Demandante: María Elizabeth Patarroyo de Nieto
Demandado: Instituto de Seguros Sociales (ISS)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN– Nulidad originada en la sentencia –-
causales taxativas – fallos Inhibitorios – REPARACIÓN DIRECTA - cesantías – pago tardío
Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal
de nulidad originada en la sentencia
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 30 de agosto de 2012, proferida por el
Tribunal Administrativo de Quindío, que confirmó la providencia de primera
instancia.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámites relevantes, 1.4. Sentencia de segunda
instancia, y 1.5. Recurso de extraordinario de revisión
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 9 de noviembre de 2007, María Elizabeth Patarroyo de Nieto presentó
acción de reparación directa contra el Instituto de Seguros Sociales (ISS), con
fundamento en las siguientes pretensiones:
“Primera. Declare administrativa y extracontractualmente que el Instituto de
Seguros Sociales es responsable por la falta o falla del servicio, presentada
en la mora y tardanza en la operación administrativa para el
reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones sociales causadas a la
actora.
Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la
demandada a pagar a la actora o a quien represente sus derechos, las
siguientes cantidades (…)”
2. Solicitó por perjuicios materiales la indexación de las prestaciones sociales
por la mora en su pago, un salario mínimo por cada día de retardo, los
intereses sobre el capital, la indexación de los intereses, 100 salarios mínimos
por perjuicios morales y la diferencia por “concepto de cesantías e intereses
de las mismas, objeto del recurso de reposición que fue rechazado por esta,
así como por los intereses moratorios que pueda corresponder”.
3. Las afirmaciones que fundamentan las pretensiones se resumen así: María
Elizabeth Patarroyo de Nieto estuvo vinculada al ISS, porque trabajó como
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación número: 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097)
Demandante: Berta Luz Herrera Sabas y otros.
Demandado: Instituto de Seguros Sociales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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enfermera en la ESE Rita Arango Álvarez del Pino desde el 1 de febrero de
1993 hasta el 25 de junio de 2003.
4. El 13 de febrero de 2004, la entidad certificó que le debía por cesantías la
suma de $24.696.340 y por intereses la suma de $3.666.745. El 25 de febrero
de 2004, el gerente de la ESE le envió una comunicación al grupo de escisión
del ISS con la certificación de la deuda.
5. La Resolución 2058 de 13 de junio de 2005, proferida por la
Vicepresidencia Administrativa del ISS, reconoció y ordenó el pago de las
cesantías y sus intereses por $26.517.23. El 11 de junio de 2005, la
demandante interpuso recurso de reposición, sin embargo, mediante la
Resolución 3397 de 26 de julio de 2005 se rechazó el recurso. El 25 de octubre
de 2005, la demandante solicitó la revocatoria directa, que fue resuelta
negativamente por medio del oficio de 25 de octubre de 2005. Ante esta
situación, inició “la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la cual
está en curso de ser admitida en recurso de apelación del auto de rechazo
de la demanda”.
6. El 6 de diciembre de 2005, la entidad consignó la suma ordenada, es
decir, 6 meses después de la expedición de la Resolución 2058 de 13 de junio
de 2005. En consecuencia, “la entidad demandada es responsable de los
perjuicios ocasionados por la falla del servicio, presentada en la mora y
tardanza en la operación administrativa para el reconocimiento y pago
oportuno de las prestaciones sociales, objeto de la relación laboral”.
7. La demandada incurrió en una falla del servicio, porque “no tuvo en
cuenta la Ley 244 de 1995, vigente para la época en que causó el derecho
de la exempleada, que concede 15 días hábiles para el reconocimiento y
35 hábiles para el pago”.
8. Manifestó como “concepto de la violación (…) la actuación irregular de
la entidad demandada, reflejada en el incumplimiento de sus deberes”.
Sostuvo que la reparación directa era procedente porque lo pretendido
“constituye la omisión de la administración en el reconocimiento legal de las
prestaciones sociales (…) acreencias laborales que no requerían de petición
previa a la entidad”, pues debía efectuar el pago de las prestaciones
sociales reconocidas por acto administrativo.
1.2. Posición de la parte demandada
9. El ISS se opuso a todas las pretensiones de la demanda y manifestó que
la acción procedente era la nulidad y el restablecimiento del derecho. “El
demandante en un inexacto razonamiento pretende hacernos creer que la
negativa que le dio el ISS por medio de dos actos administrativos a sus
pretensiones, son demandables como operación administrativa”.
10. Señaló que “el Consejo de Estado manifestó que ello no era viable
cuando se trataba de demandar perjuicios por pago tardío de prestaciones
sociales, pues el demandante debe primero hacer la petición a la entidad
pública una vez realizado el pago, para indicarle exactamente el tiempo
de mora corrido entre la expedición del acto administrativo y el pago, para
una vez proferida la respuesta, demandar la nulidad, el restablecimiento del
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Demandante: Berta Luz Herrera Sabas y otros.
Demandado: Instituto de Seguros Sociales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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derecho y/o el perjuicio sobre el punto el Consejo de Estado, Sentencia
16114 de mayo 11 de 2000”.
11. En concordancia “el demandante una vez obtuvo el pago debió haber
solicitado a la administración la aplicación de la Ley 244 de 1995, y una vez
obtenida la respuesta, de ser negativa, solicitar la nulidad del acto
administrativo, acción que permite además solicitar el pago de perjuicios,
art. 85 del CCA // Lastimosamente, la demandante al interponer los recursos
de reposición y en subsidio apelación el día 11 de julio de 2005, solicitó de
manera expresa que le aplicarán la Ley 244 de 1995, esto es, el pago de un
salario diario como indemnización por la mora en el pago de las
prestaciones, a lo que el ISS respondió negativamente, aclarando además
que el recurso de apelación no procedía, debiendo el demandante a partir
de ese momento iniciar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho antes de que corrieran los cuatro meses de que habla la ley, pero
no lo hizo, por lo que operó la caducidad con respecto a esa acción, la
única procedente”.
1.3. Sentencia de primera instancia y trámites relevantes
12. El Juzgado 2 Administrativo del Circuito de Armenia dictó la Sentencia de
27 de abril de 2011, por medio de la cual, se inhibió para resolver el fondo
del asunto por la indebida escogencia de la acción.
13. Concluyó que “la acción de reparación directa interpuesta por la parte
actora no fue la indicada, pues el daño por ellos alegado, antes que
provenir de un hecho, omisión, operación administrativa u ocupación de un
inmueble, claramente proviene de un acto administrativo emanado del
Instituto de Seguros Sociales, el que debió atacar mediante la respectiva
acción prevista en el art. 85 del CCA, o, se repite, en caso de entenderse
que el daño se causó directamente con el acto administrativo se debió
demandar su nulidad o demandar en reparación directa, pero aduciendo
como título de imputación un daño especial, del que ninguna alusión se
hace en la demanda”.
14. Contra esta providencia la parte demandante interpuso recurso de
apelación. Pidió revocar el fallo, porque la acción se encaminó a obtener
el pago de “una indemnización moratoria, derivada de la mora y tardanza
en la operación administrativa para el reconocimiento y pago de cesantías
definitivas, lo que significa que la actora inconforme o perjudicada, solicita
del juez administrativo, se declare a la demandada, extracontractualmente
responsable por la falta o falla del servicio, traducido en la omisión, y en
consecuencia, se le reconozca la indemnización moratoria al tenor de la
Ley 244 de 1995 artículos 1 y 2”.
15. En la demanda no se controvirtió la legalidad del reconocimiento y el
pago de las cesantías, sino la indemnización por mora en emitir el acto
administrativo y pagar las cesantías. Manifestó que “si se hubiera acogido la
tesis de la parte demandada y aceptada por el a quo, la demandante se
hubiera visto doblemente perjudicada, pues había tenido que devolver el
dinero recibido por concepto de cesantías y esperar uno o dos años, o tal
vez más, a que el juzgado hubiese fallado de fondo dicha controversia, la
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que muy seguramente hubiera sido negada, con un agravante más de ser
una persona que ya era desempleada y sin recibir un pesos de sus cesantías
en forma oportuna, por esta razón es que el legislador estableció un término
perentorio para el reconocimiento y pago de las cesantías a los servidores
públicos”. Cuestionó que no hubiera tenido en cuenta “el momento histórico
planteado en los hechos de la demanda y el caudal probatorio”.
1.4. Sentencia de segunda instancia
16. El Tribunal Administrativo de Quindío profirió la Sentencia de 30 de agosto
de 2012, por medio de la cual confirmó la inhibición para conocer de fondo
del asunto. Concluyó que, “la acción de reparación directa no se constituye
en el mecanismo judicial para solicitar el reconocimiento y pago de la
indemnización moratorio previsto en la Ley 244 de 1995”. Asimismo, realizó
un abundante estudio jurisprudencial sobre la acción procedente.
17. Manifestó que este tema generó “fuertes polémicas” en todo el país, por
lo que, el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación de 27 de marzo
de 2007, radicado Radicado 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ), determinó
que era procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o
la acción ejecutiva, según el caso. Sin embargo, para salvaguardar el
derecho al debido proceso, consideró que las acciones de reparación
directa instauradas con antelación al fallo debían resolverse de fondo. En el
caso concreto, la demanda se presentó “siete meses y 11 días después” del
fallo de unificación, por lo que, la acción de reparación directa no era
procedente para ese momento.
1.4. Recurso de extraordinario de revisión y trámites relevantes
18. El 1 de febrero de 2013, la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, con
fundamento en la causal en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, que
hace referencia a la causal de nulidad originada en la sentencia.
19. La recurrente manifestó que “la sentencia de segunda instancia
implica[ba] un inconveniente porque dejó la sensación de una decisión
contradictoria y que no se administró justicia. Por ello se creó una situación
viciosa en dicha sentencia”.
20. Sostuvo que “si el acto administrativo (Resolución 2058 de junio de 23 de
2005), mediante el cual la demandada, reconoció tardíamente el valor de
las cesantías definitivas y ordenó su pago, se hubiera anulado, los perjuicios
para mi mandante se hubieran aumentado, puesto que hubiera tenido que
devolver el dinero que recibió como pago de dicha prestación”.
21. El Tribunal desconoció los antecedentes del proceso, porque partir de la
Sentencia de Unificación de 27 de marzo de 2007 del Consejo de Estado1
concluyó que era procedente la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, debido a que la demanda se presentó después del fallo de
unificación. Sin embargo, “la acción de “reparación directa” esta[ba] bien
dada para el caso que nos ocupa, pues se radicó la demanda primaria o
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación de 27 de marzo de
2007, Radicado 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ).
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Demandado: Instituto de Seguros Sociales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
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inicial, mucho antes de la fecha del 27 de marzo de 2007, que en este
momento sirvió de fundamento al Tribunal Administrativo del Quindío, para
confirmar la decisión en primera instancia, razón por la cual, es al Honorable
Consejo de Estado, a quien le compete decidir esta controversia”.
22. La impugnante afirmó que ninguna de las instancias tuvo en cuenta los
antecedentes procesales, porque inicialmente se presentó la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con radicado 2005-10557 en la Subsección B de la Sección
Segunda, pero se envió por competencia territorial al Tribunal Administrativo
de Quindío.
23. El Tribunal Administrativo de Quindío le designó el radicado 63001-23-31-
000-2007-00009-00, pero fue rechazada la demanda por incumplir lo
ordenado en el auto que inadmitió la demanda. Sin embargo, el Consejo
de Estado ordenó admitir la demanda.
24. En el curso del proceso, el ISS consignó el valor de las cesantías
reconocidas, pero sin pagar la totalidad, por lo que se procedió a la
“aclaración o corrección de la demanda”. El Despacho ordenó integrar la
demanda, razón por la cual, se solicitó la nulidad parcial de la Resolución
2058 de 13 de junio de 2005, la nulidad de la Resolución 3397 de 26 de julio
de 2005, que rechazó la reposición y la nulidad del “oficio-respuesta 825-
016984 de octubre 25 de 2005” y se pidió el pago del excedente de
cesantías sin liquidar. Ese proceso “por disposición del mismo Tribunal hoy
está en curso ante el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Armenia bajo el radicado 2008-0518; así como también se remitió la parte
correspondiente a la acción que nos ocupa en este momento, denominada
reparación directa al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Armenia bajo el numero 2007-0351-00 (hoy 2007-0351-01)”.
25. En ese sentido, no podían “tener valor alguno, las razones expuestas en
la providencia, cuya acción de revisión se solicitan, para concretar los
motivos que impiden la reparación del daño causado a mi representada //
Así las cosas, se está imponiendo que no se aplique la Ley 244 de 1994, bajo
la premisa que la entidad demandada, abusando del derecho, retardo en
forma injustificada el reconocimiento y pago de unas cesantías, permitiendo
con ello, que se aplique lo que el legislador quiso dar a entender cuando
expidió dicha norma, como lo es “el desgreño administrativo de una
entidad, o más bien, impedir que se cumpliera el sentir del legislador cual,
es el garantizar la efectividad de los derechos de los trabajadores al servicio
del Estado al señalar términos perentorios para lograr dicho cometido”.
26. Señaló que “aceptar el sentir del juzgador en las providencias cuya
revisión se solicita estaríamos ante el desconocimiento de los derechos
fundamentales que nuestra constitución protege, especialmente en materia
laboral administrativa y, por el contrario, estaríamos permitiendo (…) la
inoperancia de la administración en no cancelar oportunamente unas
cesantías que, por ley, le pertenecen al exempleado”. Manifestó que la
finalidad de la Ley 244 de 1994, según la Corte Constitucional, era corregir
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Demandado: Instituto de Seguros Sociales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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injusticias históricas. Además, afirmó que no tenía que soportar la pérdida
del poder adquisitivo de las prestaciones.
27. El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales
(PARISS) contestó de forma extemporánea el recurso2.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada, y, 2.4. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptaran
28. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad3 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 30 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo
de Quindío, porque no se configuró la causal invocada.
2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión
29. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar el principio de cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados4, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador5 o por el constituyente.
30. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias6, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez7, ni para corregir los errores por
la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del
derecho.
2.3. Análisis de la causal invocada
31. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
32. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insaneable. En principio, no es
posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad acaecida
2 Se notificó el 22 de febrero de 2017 y contestó el 24 de abril de 2017, es decir, después del término de los 10 días
del artículo 253 del CPACA.
3El 12 de septiembre de 2012 quedó ejecutoria la sentencia recurrida y el recurso de revisión se interpuso el 1 de
febrero de 2013, esto es, dentro del término de 1 año del artículo 251 del CPACA.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016,
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de
2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00(REV)
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12)
7 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-
2008-00480-00 (REV),
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Radicación número: 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097)
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que la nulidad no
hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En este caso, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes
puedan subsanar sus omisiones8.
33. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CPACA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140
del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional9 para
dotar de contenido a la causal.
34. El Consejo de Estado en la Sentencia de 8 de mayo de 201810 reconoció
que una decisión inhibitoria no justificada desconoce los derechos al acceso
a la justicia y al debido proceso de las partes, por lo que su expedición
configura la causal de revisión por violación del artículo 29 constitucional (se
trascribe):
“(…) los derechos al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva generan la configuración de la causal de revisión por
violación del artículo 29 constitucional por haberse visto comprometidos
ante la existencia de una decisión inhibitoria fundada en motivos
contraevidentes.
[...] Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando
una autoridad judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una
sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de
justicia”.
35. En aplicación de la posición mayoritaria anterior, la Subsección en
Sentencia de 11 de octubre de 2021, radicado 50428 también consideró que
la inhibición injustificada constituía un supuesto de nulidad de la sentencia y
que, en caso de encontrarse acreditado, permitía revisar la providencia
recurrida.
36. Sin embargo, la Sala entiende que las causales del recurso de revisión son
taxativas y de interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser
interpretadas de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de
esta Sala, la causal 5 del artículo 250 del CPACA que se refiere a la “nulidad
originada en la sentencia” debe, también, ser interpretada de manera
restrictiva. En ese sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso
extraordinario de revisión cuando se origine en la Sentencia alguna de las
causales de nulidad previstas en la legislación.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado
2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de
junio de 2021, Radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Radicado 50428.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 8 de mayo de 2018, exp. 11001-
03-15-000-1998-00153-01(REV). Esta postura ha sido reiterada en las siguientes Sentencias: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Radicado
50428. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
Sentencia de 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV); Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, Sentencia de 1 de septiembre de 2020, exp.
11001-03-15-000-2020-00266-00(REV); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, Sentencia de 28 de febrero de 2013, exp. 54001-31-000-2000-01331-01 (1216-09).
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Demandante: Berta Luz Herrera Sabas y otros.
Demandado: Instituto de Seguros Sociales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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37. La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el
recurso extraordinario de revisión tiene causales taxativas, por lo que,
interpretar el articulo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de
revisión las convertiría en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier
violación del debido proceso constituiría una causal para considerar
procedente el recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el
juez de la revisión.
38. De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad
procesal son de origen legal. El legislador, en ejercicio de la libertad de
configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles
irregularidades procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar a
la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva a que otras
irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor
entidad por el legislador, queden sin sanción de nulidad. Lo anterior en una
lógica expressio unius est exclusio alterius.
39. A la luz de lo anterior, esta Sala entiende que solamente podrá prosperar
un recurso extraordinario de revisión cuando se funde en una nulidad
establecida en la legislación. De lo contrario, no se descargaría el deber
procesal del recurrente.
40. En lo que concierne al punto recién advertido, la Corte Constitucional en
las Sentencia C-491 de 199511 y C-217 de 199612, manifestó que la nulidad
consagrada en el artículo 29 constitucional no eliminaba la taxatividad de
las nulidades procesales, toda vez que fue adicionada constitucionalmente.
41. Como ya se dijo, no toda violación del debido proceso genera nulidad,
porque será el legislador de manera principal o el constituyente de forma
excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales.
42. Por otra parte, se pone de presente que no es cierto que la causal
creada jurisprudencialmente deba servir como un instrumento efectivo para
garantizar la protección de los derechos fundamentales, puesto que las
partes procesales pueden acudir a la acción de tutela de manera directa
cuando se expidan fallos inhibitorios injustificados.
43. La Corte Constitucional en la Sentencia T-713 de 2013 consideró que los
fallos inhibitorios injustificados no configuraban una causal de revisión, por lo
que, el recurso extraordinario de revisión no resultaba un medio idóneo de
11 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995. “Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos
procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar que en los casos
allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que
además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la
Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso",
esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia”.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-217 de 1996. “Todo lo anterior indica que el debido proceso en materia civil
está plasmado en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y en las normas que lo complementan y
reforman, pero la garantía constitucional en cuya virtud toda prueba practicada en violación de tales reglas es
nula de pleno derecho no puede ser limitada, recortada o desconocida por normas de rango legal que hagan
nugatoria la eficacia de dicha nulidad, pues ésta no proviene de la ley ni depende de ella, en cuanto implica la
seguridad constitucional -ontológicamente anterior a la legislación que fija las reglas de cada proceso- de que
toda prueba, para ser constitucionalmente válida, debe respetar íntegramente el enunciado derecho
fundamental”.
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Radicación número: 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097)
Demandante: Berta Luz Herrera Sabas y otros.
Demandado: Instituto de Seguros Sociales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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protección judicial. A pesar de que esta decisión interpretó el artículo 188
del CCA, ese criterio interpretativo no pierde vigencia respecto del artículo
250 del CPACA, pues esta disposición tampoco consagró esa situación
como una causal de revisión.
44. Asimismo, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-238 de 2019
determinó no le era exigible al accionante la interposición del recurso
extraordinario de revisión como requisito de subsidiariedad para acudir a la
tutela, porque “(i) un fallo inhibitorio, por sí mismo, no se valoró por el
Legislador como causal para el ejercicio de dicho recurso, en los términos
actualmente previstos en el artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y, (ii) aunque en algunas
oportunidades las Salas de decisión del Consejo de Estrado admitieron su
procedencia en tal supuesto, solo con la Sentencia de Unificación del 18 de
mayo de 2018, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se
consolidó un criterio al respecto. Por lo anterior, en atención a que para el
momento de la expedición de la decisión aquí cuestionada no existía dicha
claridad, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la no
interposición en este caso de tal recurso extraordinario por Comertex S.A. no
es motivo para considerar la improcedencia de la acción de tutela”.
45. En concordancia, en el caso bajo estudio, debido a que ninguna norma
de orden legal o constitucional consagraba los fallos inhibitorios como
causal de revisión, el recurso se declarará impróspero.
46. Adicionalmente, se destaca que el recurso de revisión es antitécnico e
impreciso porque hace referencia a la adecuada interpretación de la Ley
244 de 1994 y a la protección de los derechos laborales de los servidores
públicos, aspectos que desbordan el objeto de estudio de la impugnación
extraordinaria.
47. El recurso de revisión no es una tercera instancia en la que se pueda
reabrir el debate probatorio y auscultar el razonamiento que adoptó el juez
para fallar desde una perspectiva jurídica y/o fáctica. Tampoco sirve como
un mecanismo judicial para valorar la debida o indebida aplicación de las
sentencias de unificación del Consejo de Estado.
48. La Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión no puede
utilizarse de manera inadecuada para incorporar los argumentos de fondo
que fueron plasmados en la demanda, alegatos de conclusión y apelación,
pues se reitera que la revisión no es una tercera instancia que sirva para
corregir las falencias argumentativas de las partes.
49. Aunque los reproches formulados no tienen ninguna relación con las
causales taxativas de nulidad que prevé el Código General del Proceso y es
un motivo suficiente para desestimar los reproches, la Sala advierte que, en
todo caso, si hubiera comprendido que la expedición de una sentencia
inhibitoria injustificada es un supuesto de revisión tampoco hubiera
declarado fundado el recurso. Lo anterior, porque la Sala al revisar
integralmente el expediente encontró que el juez de instancia tuvo en
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Radicación número: 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097)
Demandante: Berta Luz Herrera Sabas y otros.
Demandado: Instituto de Seguros Sociales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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consideración los antecedentes procesales13 y el criterio jurisprudencial
unificado14 para sustentar la decisión inhibitoria.
50. Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión, porque los argumentos esbozados por la recurrente no configuraron
la causal de revisión invocada.
2.4 Costas
51. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso15, la Sala condenará en costas a la parte
recurrente y no fijará agencias en derecho porque la entidad demandada
no ejerció una defensa activa oportuna16, pues presentó de manera
extemporánea la oposición al recurso de revisión.
3. DECISIÓN
52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 30 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo
de Quindío, dentro del proceso de reparación directa.
SEGUNDA: condenar en costas a la parte recurrente. Por Secretaría liquidar
sin incluir agencias en derecho debido a que no se causaron.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 La Sala encuentra que el 8 de noviembre de 2007 la recurrente otorgó poder (Folio 1 del cuaderno 1) para
interponer demanda de reparación por los perjuicios causados por la mora en el reconocimiento y pago de las
cesantías y sus intereses, que el 9 noviembre de 2007 presentó la acción de reparación directa (Folios 69 a 78 del
cuaderno del Consejo de Estado y folio 60 del cuaderno 1) , que el acta individual de reparto (Folio 76 del
cuaderno del Consejo de Estado y 61 del cuaderno 1) y el oficio de la Oficina Judicial de Reparto de Quindío se
elaboró y entregó el expediente al Juzgado Segundo Administrativo de Armenia el 9 de noviembre de 2007 (Folio
80 del cuaderno del Consejo de Estado y 62 del cuaderno 1).
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 27 de marzo de 2007, Radicado
76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ) “Efectos de la presente sentencia // Como fue reseñado, en ocasiones
anteriores se ha acudido ante esta jurisdicción, mediante la acción de reparación directa, con el fin de obtener
el pago de la indemnización moratoria ante la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas, prevista en la
Ley 244 de 1995, instrumento que ahora se considera improcedente. // Sin embargo, por razones de seguridad
jurídica y por respeto al derecho de acceso a la administración de justicia, los procesos emprendidos a través de
la acción de reparación directa, que no requiere agotamiento de la vía gubernativa, deben continuar con el
trámite iniciado hasta su culminación, conforme a las tesis jurisprudenciales correspondientes. Por lo tanto, la
presente sentencia ha de ser criterio jurisprudencial a partir de su ejecutoria”.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de
octubre de 2021, Radicado 63217. “(…) los recurrentes [deberán] ser condenados en costas no con fundamento
en el artículo 255 del CPACA sino con apoyo en el artículo 188 de la misma codificación toda vez que para la
fecha de presentación del recurso -lo cual se hace a través de una nueva demanda- no había sido expedida la
Ley 2080 de 2021 que expresamente estableció que la sentencia que lo declare infundado condenará en costas
y perjuicios al recurrente”.
16En otros eventos similares esta Corporación también ha decidido no fijar agencias en derecho. Ver, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de enero de 2022,
Radicado 61283. “En este caso concreto no se fijarán agencias en derecho porque la entidad territorial
demandada ni siquiera designó apoderado para que atendiera el proceso, motivo por el cual se advierte que no
se causaron”.
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