RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2021-00253-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00253-00

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00253-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión Sentencia de 19 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de reparación directa. SEGUNDA: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales se liquidarán en los términos del artículo 366 del CGP. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00253-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2024

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00253-00 (67862)
Demandante: Edwin Ramiro Torrado Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Nulidad originada en la sentencia –
Interpretación restrictiva de la causal – Congruencia de la sentencia

Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con base en la causal de revisión de
nulidad originada en la sentencia, porque el juez de instancia desconoció el principio de
congruencia y el debido proceso.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 19 de noviembre de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, 1.4. Sentencia de segunda
instancia, y 1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 25 de noviembre de 2015, Edwin Ramiro Torrado Martínez presentó
acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, para que se hiciera la siguiente declaración (se
trascribe):

“Primera. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la
[demandada] por los perjuicios morales, materiales y, fisiológicos causados
al accionante por las lesiones, daño a la salud y pérdida de capacidad
laboral sufridos por éste, al ser sometido a desempeñar funciones diferentes
a las correspondientes e inherentes al cargo para el cual fue nombrado, de
tal manera que de funcionario de oficina lo expuso a controlar disturbios
públicos, sin ninguna instrucción, violando el principio de que los funcionarios
solo pueden hacer lo que la Constitución, la ley y el reglamento le permiten,
falla en el servicio, que compromete la responsabilidad extralaboral y plena
del Estado (…)”

2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: el 3 de
octubre de 2013, Edwin Ramiro Torrado Martínez, subteniente del Centro
Automático de Despacho (CAD), por instrucción de un superior acudió a la
Universidad Industrial de Santander (UIS), con el objetivo de restablecer el
orden público perturbado por los disturbios generados por personas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00253-00 (67862)
Demandante: Edwin Ramiro Torrado Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
________________________________________________________________________________________
“encapuchadas” durante la jornada de manifestación de la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil (MANE).

3. El capitán Félix Ramón Clavijo Ortega ordenó al demandante, junto con
otros compañeros, dirigirse a la portería de la UIS, a pesar de las advertencias
del coronel Reynaldo Rojas sobre los riesgos de esa acción. Esta decisión fue
tomada sin tener en cuenta que los agentes de policía no contaban con la
capacitación adecuada ni con los elementos de protección necesarios
para enfrentar la situación que se desarrollaba en la universidad.

4. El demandante sufrió lesiones causadas por un artefacto explosivo tipo
"papa bomba", que le provocó traumatismos en varios tendones y músculos
extensores de la muñeca y la mano. Por estos hechos, el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía determinó una disminución de su
capacidad laboral del 17.19%, atribuida a razones del servicio.

1.2. Posición de la parte demandada

5. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que debido a la alteración de orden público y por necesidades del servicio,
la entidad le ordenó al demandante ayudar a controlar la perturbación en
la UIS. Indicó que le suministró los elementos adecuados para la prestación
del servicio y mencionó que los agentes estaban instruidos en el manejo de
multitudes.

6. Afirmó que la entidad no desobedeció las órdenes impartidas por el
comandante operativo de seguridad. Además, indicó que los uniformados
del ESMAD no eran los únicos capacitados para controlar disturbios, ya que
todos los agentes de policía recibían formación para intervenir en
situaciones que surgieran durante el servicio. Resaltó que el accionante
contaba con conocimientos en manejo de multitudes, uso de máscaras
antigases y granadas de gases y fragmentación. Por último, argumentó la
existencia de un hecho de un tercero, pues señaló que las lesiones fueron
causadas por los "encapuchados”.

1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante

7. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
dictó la Sentencia de 20 de marzo de 2018. Accedió a las pretensiones de
la demanda y condenó a la Policía Nacional, por las lesiones que sufrió el
demandante.

8. Concluyó que la entidad demandada era responsable porque el
demandante “fue sometido a un riesgo que excedió el que le correspondía
en razón de sus funciones como miembro de la Policía Nacional, lo que da
lugar a la declaratoria de responsabilidad a la entidad demandada por el
daño acaecido en este”. Determinó que la conducta de la entidad
demandada fue “negligente, desprevenida, absurda y fuera de todo
sentido común, que puso al [accionante] en una situación de indefensión
que configura una falla en la prestación del servicio, pues posibilitó en mayor
grado que el ataque al policial causara un daño en este”.

2 de 10

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00253-00 (67862)
Demandante: Edwin Ramiro Torrado Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
________________________________________________________________________________________
9. Sostuvo que el accionante no tenía el conocimiento suficiente para
enfrentar ese tipo de situaciones, porque trabajaba en la parte
administrativa de la entidad. Esta situación de indefensión se agravó “al
enviarlo sin la protección corporal adecuada para esos eventos, lo que para
el despacho resulta ser la segunda omisión de la demandada”. Encontró
que al demandante “solo se le entregó escudo protector y casco para que
hiciera frente a los disturbios (…) pese a la existencia del traje corporal,
conformado este por un protector para la parte superior que se compone
de protector pectoral, dorsal y de hombro, de brazo, antebrazo y dorso de
la mano”. Este traje era obligatorio de conformidad con la Resolución 3516
de 2019.

10. Contra esta providencia, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. Solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales y pidió
aumentar el monto de los perjuicios inmateriales.

11. También, la entidad demandada presentó recurso de apelación porque
el fallo de primera instancia desconoció que todos los agentes de la Policía
Nacional tenían la misión institucional de mantener las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades de las personas, por
lo que era una función genérica de todo el personal uniformado. El
demandante estaba obligado a apoyar la contención de los disturbios,
pues el artículo 8 de la Ley 62 de 1993, establece que el personal uniformado
debe intervenir frente a “los casos de policía”, con independencia de su
especialidad.

12. Afirmó que el demandante no fue sometido a un riesgo superior, porque
ostentaba un cargo que exigía tener esas habilidades, tenía más de 10 años
de experiencia y porque cursó todas las materias de formación del curso de
ascenso para ingresar al nivel ejecutivo. Respecto de los elementos de
protección, la entidad demandada sostuvo que el casco y el escudo eran
los elementos para proteger la integridad del personal uniformado. Por lo
tanto, solicitó la exoneración de la entidad.

1.4. Sentencia de segunda instancia

13. El Tribunal Administrativo de Santander profirió la Sentencia de 19 de
noviembre de 2020. Revocó el fallo de primera instancia y negó las
pretensiones de la demandada.

14. Concluyó que, según “la Resolución 03514 de 2009, el demandante,
como miembro de las unidades policiales, se encontraba en la obligación
de concurrir al control de las manifestaciones (…) pues su apoyo fue
solicitado, como se dijo, para el control y prevención de actos vandálicos
en torno de una manifestación y no de un disturbio. Acorde con lo indicado,
no resulta acertado exigir de la entidad demandada el adelantamiento de
una capacitación previa antidisturbios, más allá de las brindadas al
demandante en los cursos de ingreso a la escuela policial, como tampoco
era posible exigir la entrega de dotación especial antidisturbios propia del
personal del ESMAD, pues como se ha indicado –sin que haya sido

3 de 10

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00253-00 (67862)
Demandante: Edwin Ramiro Torrado Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
________________________________________________________________________________________
desvirtuado probatoriamente– el actor concurrió en una etapa primaria de
la manifestación”.

15. Determinó que la entidad demandada no desconoció el ordenamiento
jurídico “al no dotar al demandante de la totalidad de los elementos de
protección establecidos por la Resolución 03514 de 2009, pues como quedó
reseñado con anterioridad, los mismos solo son exigidos respecto del
personal designado para hacer frente a los motines o disturbios que han
superado la capacidad de reacción y control de las unidades de policía
con jurisdicción en el lugar de los hechos (…) en el presente caso, el actor
no fue enviado a la atención de la manifestación desprovisto de cualquier
elemento de protección. Por el contrario, las pruebas allegadas al proceso
y en especial las declaraciones vertidas en curso del mismo dan cuenta de
habérsele suministrado chalecos y escudos, los cuales resultaban acordes,
no solo para las características iniciales de la manifestación, sino para la
labor primaria que se debía adelantar por parte de las Unidades de Policía,
previamente a determinar la necesidad o no de contar con la intervención
de las fuerzas especiales antidisturbios”. En consecuencia, el demandante
no estuvo sometido a un riesgo excesivo e innecesario, por lo que debía
asumir los riesgos normales de su labor policial.

1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante

16. El 30 de noviembre de 2021, Edwin Ramiro Torrado interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, con
fundamento en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, que alude a la
causal de nulidad originada en la sentencia.

17. Sostuvo que la providencia recurrida violó el principio de congruencia y
el debido proceso “por cuanto la argumentación expuesta en la parte
motiva, soporte de la decisión del fallo, que revocó la primera instancia,
incurre en errores de incongruencia, parcialidad y contradicciones, porque
el supuesto de hecho demostrado en el proceso fue que el actor tuvo que
enfrentar disturbios, sin elementos de protección personal, contemplados en
el Manual del Servicio de Policía para el Control de Multitudes contenido en
la Resolución No. 3516 de 2009, pero estos supuestos no tuvieron conexidad
con los presupuestos normativos utilizados en la sentencia, pues ésta se
fundamentó en la normativa de manifestación, dejando de aplicar la
normativa de disturbio, también contenidos en el mismo Manual, por tanto
se ha realizado una interpretación contraevidente, contra ley, irrazonable
para los hechos demostrados y desproporcionada a más de que se aparta
del precedente judicial sin justificación suficiente”.

18. Manifestó que no fue una simple manifestación, “como lo pretendió ver
el fallador de segunda instancia, las (…) pruebas evidencian que el
accionante (…) se encontraba apoyando el control de disturbios generados
por un grupo de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y que
la manifestación pasó a ser violenta en el sector”. Indicó que el juez de
segunda instancia no valoró el material probatorio, aspecto que “constituye
un vicio de hecho”.

4 de 10

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00253-00 (67862)
Demandante: Edwin Ramiro Torrado Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
________________________________________________________________________________________
19. Sostuvo que “el conjunto de pruebas aportadas al medio de control
demuestran que el accionante era un miembro de la Policía Nacional, que
desarrollaba funciones de oficina o administrativas (…) donde se
centralizaba la vigilancia a través de las cámaras de vídeo (…) y se le
ordenó apoyar a algunos compañeros que atendían un disturbio en la
Universidad Industrial de Santander, para lo cual tan solo se le suministró un
escudo y un casco, y resultó herido por la explosión de un artefacto que le
generó lesiones físicas en su brazo”.

20. Afirmó que el demandante fue sometido a un riesgo que “excedió el que
le correspondían en razón de sus funciones, pues fue enviado a apoyar a sus
compañeros en un amotinamiento de personas encapuchadas en
inmediaciones de la Universidad (…) y no, como sostuvo el Tribunal
Administrativo de Santander, a evaluar la situación y determinar la
necesidad de convocar al ESMAD, en cumplimiento de la Resolución 3514
de 2009, por la cual se expide el manual para el servicio de policía en
atención, manejo y control de multitudes, al punto que en desarrollo de la
supuesta etapa inicial resultó herido con un artefacto explosivo lanzado por
los manifestantes”.

21. También, manifestó que “el fallo del ad-quem adolecía de vicio
sustancial, por falta de aplicación de la normativa antes descrita, marco
legal dentro del cual, la institución policial debía aplicar el procedimiento
correspondiente, según el nivel de peligrosidad del conglomerado a
controlar, según la orden de servicios No. 434 de 2013. El fallo del ad-quem
nada dice del cumplimiento de estos deberes, en el expediente no hay
evidencia de controles durante la realización de la manifestación, para
planear el servicio de policía y las acciones de control a seguir en caso de
tornarse violenta la manifestación, como en efecto ocurrió”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada, y, 2.4. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

22. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad1 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 19 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, porque no se acreditaron los elementos de la
causal invocada.

2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión

23. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar la fuerza de la cosa juzgada, porque permite

1La sentencia recurrida quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2020 y el recurso fue presentado el 30 de
noviembre de 2021, es decir, dentro del término de un año del artículo 251 del CPACA.

5 de 10

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00253-00 (67862)
Demandante: Edwin Ramiro Torrado Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
________________________________________________________________________________________
controvertir fallos ejecutoriados2, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador3 o por el constituyente.

24. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias4, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez5, ni para corregir los errores por
la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del
derecho.

2.3. Análisis de la causal invocada

25. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.

26. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insubsanable. En principio, no es
posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad acaecida
con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que la nulidad no
hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En este caso, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes
puedan subsanar sus omisiones6.

27. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CPACA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140
del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional7 para
dotar de contenido a la causal.

28. El Consejo de Estado ha considerado que las hipótesis de creación
jurisprudencial también configuran causales de revisión, a partir de una
interpretación extensiva del derecho al debido proceso, contemplado en el
artículo 29 constitucional (se trascribe):
“Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta
indispensable que se funde en la ocurrencia de: i) un supuesto configurativo
de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado

11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de

2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de

abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
5 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-

2008-00480-00 (REV).
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado

2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de

junio de 2021, Radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Radicado 50428.

6 de 10

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00253-00 (67862)
Demandante: Edwin Ramiro Torrado Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
________________________________________________________________________________________
133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia;
ii) las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del
derecho fundamental al debido proceso, tales como:

• Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida
con violación al debido proceso.
• Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso.
• Proferir una sentencia sin motivarla.
• Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
• Faltar al principio de congruencia.
• Vulnerar el principio de la “non reformatio in pejus”

Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado determinó que igualmente podrían existir otros supuestos en que la
configuración de la causal de nulidad originada en sentencia por violación
a la garantía constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que
no necesariamente se agotan de manera exhaustiva en los eventos
señalados8”9.

29. No obstante, esta Subsección ha diferido y se ha apartado de la
interpretación anterior porque entiende que los supuestos de nulidad de las
sentencias no pueden crearse jurisprudencialmente, pues se requiere de
una norma legal o constitucional que la contemple. Comprende que las
nulidades no son enunciativas sino taxativas (se trascribe):
“(…) Que las causales del recurso de revisión son taxativas y de
interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser interpretadas
de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de esta Sala, la
causal 5 del artículo 250 del CPACA que se refiere a la “nulidad originada en
la sentencia” debe, también, ser interpretada de manera restrictiva. En ese
sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso extraordinario de
revisión cuando se origine en la Sentencia alguna de las causales de nulidad
previstas en la legislación.

La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el recurso
extraordinario de revisión tiene causales taxativas, por lo que, interpretar el
artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de revisión las
convertiría en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier violación
del debido proceso constituiría una causal para considerar procedente el
recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el juez de la
revisión.

De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad
procesal son de origen legal. El legislador, en ejercicio de la libertad de
configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles
irregularidades procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar a
la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva a que otras
irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor
entidad por el legislador, queden sin sanción de nulidad. Lo anterior en una
lógica expressio unius est exclusio alterius.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia del

28 de junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03697-00.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia

de 7 de octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-07530-00 (REV). También, ver Sala Quince Especial de
Decisión, Sentencia de 22 de noviembre de 2023, Radicado 11001-03-15-000-2023-04579-00, Sala 21 Especial de
Decisión, Sentencia de 31 de enero de 2024, Radicado 11001-03-15-000-2020-04417-00. En particular, se destacan
las providencias relacionadas con el principio de congruencia, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de
abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV), Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de febrero de 2016,
Radicado 2015-02342-00(REV), Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 20 de marzo de 2018, Radicado
2013-01303-00(3318-13).

7 de 10

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00253-00 (67862)
Demandante: Edwin Ramiro Torrado Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
________________________________________________________________________________________
En lo que concierne al punto recién advertido, la Corte Constitucional en las
Sentencia C-491 de 199510 y C-217 de 199611, manifestó que la nulidad
consagrada en el artículo 29 constitucional no eliminaba la taxatividad de
las nulidades procesales, toda vez que fue adicionada constitucionalmente.

Como ya se dijo, no toda violación del debido procesal genera nulidad,
porque será el legislador de manera principal o el constituyente de forma
excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales12”.

30. De conformidad con la referida interpretación restrictiva de la causal,
esta no puede entenderse configurada si, como en este caso, los
recurrentes no se refirieron a ninguna causal de nulidad en la que habría
incurrido la Sentencia controvertida. En efecto, el recurso mencionó la
violación por parte del Tribunal del principio de congruencia de la
sentencia, mas no determinó la causal legal o constitucional de nulidad en
la que supuestamente incurrió la decisión.

31. Esta Subsección ha aplicado la interpretación anterior en casos
similares13 en los que se ha alegado la violación del principio de congruencia
como un supuesto de nulidad de la sentencia y ha declarado infundados
los recursos extraordinarios de revisión por no constituir una verdadera causal
de nulidad legal y/o constitucional de las sentencias.

32. Por lo tanto, no toda violación del debido proceso genera nulidad,
porque será el legislador, de manera principal, o el constituyente, de forma
excepcional, quienes definan previamente cuáles son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales.

33. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que, a partir de la
interpretación restrictiva de la causal invocada, la incongruencia no es un
supuesto de nulidad consagrado en la ley o la Constitución Política, por lo
que se reitera que no cualquier afectación al debido proceso configura una
nulidad originada en la sentencia.

34. La entidad recurrente enfocó sus objeciones en cuestionar la valoración
de las pruebas y el razonamiento adoptado por el juez de segunda
instancia, lo que evidencia una falta de técnica en la interposición del
recurso, ya que dicho debate corresponde al proceso ordinario. Además,

10 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995. “Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a

los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos
procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar que en los casos
allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que
además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la
Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso",
esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia”.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-217 de 1996. “Todo lo anterior indica que el debido proceso en materia civil

está plasmado en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y en las normas que lo complementan y
reforman, pero la garantía constitucional en cuya virtud toda prueba practicada en violación de tales reglas es
nula de pleno derecho no puede ser limitada, recortada o desconocida por normas de rango legal que hagan
nugatoria la eficacia de dicha nulidad, pues ésta no proviene de la ley ni depende de ella, en cuanto implica la
seguridad constitucional -ontológicamente anterior a la legislación que fija las reglas de cada proceso- de que
toda prueba, para ser constitucionalmente válida, debe respetar íntegramente el enunciado derecho
fundamental”.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de

agosto de 2022, Radicado 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de

junio de 2024, Radicado 63829, Sentencia de 26 de enero de 2023, Radicado 53332 y Sentencia de 23 de
noviembre de 2022, Radicado 66289.

8 de 10

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00253-00 (67862)
Demandante: Edwin Ramiro Torrado Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
________________________________________________________________________________________
reiteró argumentos planteados en el proceso de reparación directa, una
estrategia que pone en evidencia su clara intención de convertir el recurso
extraordinario de revisión en una tercera instancia.

35. El recurrente instrumentalizó la impugnación extraordinaria como si se
tratara de un recurso de apelación, porque en su escrito hizo una valoración
extensa del material probatorio para acreditar los elementos de la
responsabilidad y reprochó el análisis normativo que realizó el Tribunal. Al
respecto, se recuerda que la impugnación extraordinaria no es un medio de
defensa que sirva para corregir las falencias argumentativas y/o probatorias
de las partes.

36. Sin que sus argumentos correspondieran a una causal de nulidad prevista
constitucional o legalmente, el recurso pretendía reabrir el debate
probatorio y jurídico de las instancias ordinarias para que se produjera una
decisión favorable a sus pretensiones. Esta estrategia de litigio desborda la
naturaleza extraordinaria del recurso de revisión.

37. Por otra parte, la recurrente alegó la configuración de un vicio sustancial
“por falta de aplicación de la normativa antes descrita, marco legal dentro
del cual la institución policial debía aplicar el procedimiento
correspondiente”, como si se tratara de una acción de tutela. La Sala reitera
que el recurso extraordinario de revisión tampoco constituye una acción de
tutela contra providencia judicial, ni permite realizar una revisión oficiosa del
proceso ordinario cuestionado, pues se somete a la rigurosidad de la causal
invocada y a los requisitos que ella exige.

38. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso de revisión,
porque la recurrente no invocó un supuesto de nulidad de las sentencias
reconocido legal o constitucionalmente.

2.4 Costas

39. De conformidad con el artículo 255 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso, la Sala condenará en costas a la parte
recurrente porque el recurso extraordinario de revisión se declarará
infundado, las cuales se liquidarán en los términos del artículo 366 del CGP.

3. DECISIÓN

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

9 de 10

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00253-00 (67862)
Demandante: Edwin Ramiro Torrado Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
________________________________________________________________________________________
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
Sentencia de 19 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del proceso de reparación directa.

SEGUNDA: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales se
liquidarán en los términos del artículo 366 del CGP.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

10 de 10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.