Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00167-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00167-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00167-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
19 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 19 de agosto de 2025
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00167-00 (70502)
Demandante: Corporación Educativa Centro de Educación en
Tecnología - CENTEC
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Nulidad originada en la sentencia –
Interpretación restrictiva de la causal – Congruencia de la sentencia.
Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con fundamento en la causal de revisión
de nulidad originada en la sentencia; se alega que el juez de instancia incurrió en una
violación directa de la Constitución por vulneración al principio de congruencia.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 11 de octubre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Trámite relevante, 1.3. Sentencia de
primera instancia; 1.4. Sentencia de segunda instancia; 1.5. Recurso extraordinario de
revisión y trámite relevante.
1.1 Posición de la parte demandante
1. La Corporación Educativa Centro de Educación en Tecnología (en
adelante CENTEC), presentó demanda de controversias contractuales
contra el Municipio de Santiago de Cali para que se le condenara (según
se desprende del escrito de subsanación de la demanda) a:
“…repa[rar] el daño ocasionado [y] pagar a la CORPORACIÓN EDUCATIVA CENTRO
DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA CENTEC, (…) los perjuicios ocasionados por la
reliquidación y que se ordene el pago de la diferencia del valor del contrato 2011 y el
verdadero valor según tipología de los 733 alumnos atendidos por la CORPORACION
EDUCATIVA CENTRO DE EDUCACION EN TECNOLOGIA – CENTEC, período lectivo 2011,
según tipología asignada y establecida por la Nación para todos los alumnos del país
según Ley 715 articulo 16.11 y 16.12, reconocida por el Conpes 137-2011 y recursos
girados completamente a la Secretaría de Educación del Municipio de Cali. Valor
establecido en $247.003.315”1 -se resalta-.
2. Como fundamentos de hecho expuso que:
3. 1) En enero de 2011, la Secretaría de Educación del Municipio de
Santiago de Cali y CENTEC suscribieron el contrato de prestación de servicio
1 Folio 62 del documento “ED_DTECENTECDDOTAVR(.pdf) NroActua 2”, disponible en el índice 2 SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00167-00 (70502)
Demandante: CENTEC
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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formal educativo SEMP-PS 4143.0.26-59-2011, que tuvo como objeto “la
prestación del servicio educativo formal de 733 estudiantes pertenecientes
a los estratos socioeconómicos 1 y 2 o nivel 1,2 y 3 del Sisben” para el año
lectivo de 2011. El valor del contrato se pactó en $647’198.685, y por cada
estudiante se asignó la suma de $882.945.
4. 2) En dicho negocio jurídico no se tuvieron en cuenta las diferentes
tipologías de alumnos establecidos en la Ley 715 de 2001, asignadas por el
nivel académico (transición, primaria, secundaria y media), razón por la cual
“el valor del contrato era mayor”. Señaló que, el resultado entre lo
contratado y lo que “verdaderamente debió pagar” la Secretaría de
Educación Municipal de Cali, en el periodo lectivo 2011, arrojaba una
diferencia de $247’003.315, atendiendo a lo dispuesto en el Conpes 137, el
Acto Legislativo 004 de 2007 y los artículos 16 y 17 de la Ley 715 de 2001.
Finalizó afirmando que asumió de buena fe los gastos para la atención de
773 estudiantes “con la expectativa de la reliquidación del contrato en
mención”.
1.2. Trámite relevante
5. El 29 de abril de 2014, el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito
de Santiago de Cali inadmitió la demanda y concedió el término de diez
días para que la parte demandante “aclar[ara] cuál e[ra] el medio de
control que permit[ía] desarrollar y si e[ra] el de controversias contractuales,
proced[iera] a adecuar la demanda”, en atención a que “la parte
demandante dentro de su escrito (…) invocó que el enriquecimiento sin
causa e[ra] un componente supletorio de las disposiciones formales, que
provee soluciones justas en eventos de desequilibrio patrimonial justificado”,
y que frente a procesos donde se discutía esa figura “el Consejo de Estado
en unificación jurisprudencial ha mencionado que es la reparación directa
la vía adecuada”2.
6. En el escrito que la parte actora presentó para subsanar la demanda, en
el que identificó el asunto como “CONTROVERSIA CONTRACTUAL”, reafirmó
que ese era el medio de control que procuraba promover, en vista de que
su pretensión buscaba la indemnización de perjuicios “ocasionados por la
re liquidación” del contrato, para que se le reconociera una diferencia
económica a la que alegó tener derecho, representada en el valor del
servicio recibido y el valor cancelado por la entidad territorial, “ocasionado
por circunstancias atribuibles a la Administración y por circunstancias
atribuibles a la Ley 715”. En ese escrito incluyó un capítulo denominado
“CONTROVERSIA CONTRACTUAL”, en el que expuso:
“La Revisión del contrato implica pretensiones de sentido económico, pues la revisión
se encamina a determinar la existencia de situaciones de alteración del equilibrio
económico contractual que generan afectación económica para una de las partes,
por circunstancias no atribuibles a la otra parte. Es decir, que se presenta
indemnización o compensación por alteración económica, sin culpa de la otra parte
del contrato. Entonces, lo que en ultimas se pretende con esta revisión del contrato,
2 Folios 59 y 61 del documento “ED_DTECENTECDDOTAVR(.pdf) NroActua 2”, disponible en el índice 2 SAMAI.
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Demandante: CENTEC
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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es restablecer un equilibrio financiero del contrato ocasionado por circunstancias
atribuibles a la Administración y por circunstancias atribuibles a la Ley 715” 3.
7. Por Auto de 10 de junio de 2014 el Juzgado 17 Administrativo de Cali, sin
que mediara ningún tipo de razonamiento, admitió “el presente medio de
control de reparación directa”. Sin embargo, en el encabezado de esa
providencia, el asunto fue referenciado como un “Medio de Control:
CONTRACTUAL”4.
8. En audiencia inicial del 3 de marzo de 20165, se fijó el litigio en los siguientes
términos: “(…) se contrae a determinar, si a la entidad le asiste el derecho o
no, al reconocimiento de la diferencia del valor del contrato suscrito en el
año 2011, según la tipología de los 733 alumnos supuestamente atendidos
en el periodo lectivo del 2011, conforme a la Ley 715 del 2001”.
1.3. Sentencia de primera instancia
9. El Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito de Cali profirió Sentencia el
30 de julio de 20186, en la que negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que no se cumplían los requisitos jurisprudenciales para
demandar la indemnización de perjuicios en este caso, en la medida en que
la liquidación del contrato de prestación de servicios educativos se efectuó
de manera bilateral, de manera que podía acudirse ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo únicamente en el evento en que las
inconformidades hubieran sido manifestadas oportunamente en el acta de
liquidación, lo cual no ocurrió. En línea con lo anterior expuso que, aunque
figuraba una observación en el acta de liquidación, en la que CENTEC
manifestaba su inconformidad frente a la falta de pago de 148 estudiantes,
a los cuales les prestó el servicio educativo, ésta fue extemporánea y, en
todo caso, no guardaba relación alguna con lo pretendido a través de ese
proceso, en el que lo que se discutía era la procedencia de la reliquidación
del contrato con el fin de que se tuvieran en cuenta unos subsidios.
10. Contra esta providencia, el extremo demandante presentó recurso de
apelación. Indicó que al proceso se le impartió un “trámite” que no
correspondía, pues la demanda fue admitida como una reparación directa
y no como una controversia contractual. Alegó que se presentó una
incongruencia, ya que la fijación del litigio difería del problema jurídico
planteado en el fallo de primera instancia, lo cual incidió de manera
drástica el estudio del caso, pues se resolvió un asunto que no fue el
planteado por las partes, con lo que se desconoció lo previsto en el artículo
171 del CPACA7.
1.3. Sentencia de segunda instancia
3 Folios 62 a 71 del documento “ED_DTECENTECDDOTAVR(.pdf) NroActua 2”, disponible en el índice 2 SAMAI.
4 Folios 72 y 73 del documento “ED_DTECENTECDDOTAVR(.pdf) NroActua 2”, disponible en el índice 2 SAMAI.
5 Folios 74 a 80 del documento “ED_DTECENTECDDOTAVR(.pdf) NroActua 2”, disponible en el índice 2 SAMAI..
6 Folios 89 a 97 del documento “ED_DTECENTECDDOTAVR(.pdf) NroActua 2”, disponible en el índice 2 SAMAI.
7 Folios 103 a 114 del documento “ED_DTECENTECDDOTAVR(.pdf) NroActua 2”, disponible en el índice 2 SAMAI.
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11. En Sentencia de 11 de octubre del 2022, el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca confirmó el fallo de primera instancia8. Consideró que el
objeto del recurso estaba limitado a establecer si se incurrió en una
equivocación al estudiar el caso como una controversia contractual. Al
respecto, encontró demostrado que el poder conferido, la demanda inicial
y el ajuste que esta recibió con el fin de ser admitida, así como la fijación del
litigio, ponían de presente la existencia de una controversia sobre la
reliquidación de un contrato, a partir de un desequilibrio causado por no
aumentar o reajustar su valor, aspecto que tenía naturaleza contractual.
12. Sentado lo anterior, el Tribunal concluyó que la parte demandante “no
objetó ninguno de los argumentos que tuvo en cuenta el juez de primera
instancia para denegar las pretensiones (...), sino que (…) se enfocó en
cuestionar el trámite impartido”. Sobre esto último, indicó que no era
“acertado que luego de haber precluido cada una de las etapas del
proceso y de haberse proferido sentencia de primera instancia, la parte
demandante en el recurso de alzada pretenda conducir su demanda de
una forma distinta [reparación directa] a la inicialmente planteada por ese
mismo extremo [controversias contractuales]”.
1.4. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante
13. CENTEC presentó recurso extraordinario de revisión contra el fallo de
segunda, con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA9.
14. Argumentó que las providencias que negaron las pretensiones
desconocieron el principio de congruencia10 al modificar, en ambas
instancias, el trámite que debió impartírsele al asunto primigenio [reparación
directa], y la causa petendi alegada por CENTEC, que ya había sido
delimitada cuando se fijó el litigio en el trámite de la audiencia inicial.
15. Al respecto, explicó que la demanda fue admitida para estudio bajo el
medio de control de reparación directa, y no como una controversia
contractual, por lo que “nada se estaba discutiendo con respecto al
Contrato SEMPPS 4143.0.26-59-2011, pues no se está cuestionando [algo]
relacionado con su objeto, valor, forma de pago ni plazo, sino los perjuicios
causados con ocasión al desconocimiento por parte del demandado de lo
regulado en la Ley 715 de 2001”; así pues, estimó que “tenía derecho a que
se dictara decisión de mérito, con relación a las pretensiones formuladas en
la demanda y con respecto a la fijación del litigio planteado por las partes”.
16. Señaló que el fallo de primera instancia empleó un argumento para
negar las pretensiones de la demanda “propio del medio de control de
8 Folio 115 del documento “ED_DTECENTECDDOTAVR(.pdf) NroActua 2”, disponible en el índice 2 SAMAI.
9 Folios 1 a 27 del documento denominado “ED_DTECENTECDDOTAVR(.pdf) NroActua 2” disponible en el índice 2
SAMAI.
10 “Como resultado del errado problema jurídico planteado por el Despacho, se hizo un estudio que careció del
análisis probatorio y jurídico de otros aspectos que también fueron mencionados en la demanda y que, por
supuesto no fueron ni siquiera sugeridos los fallos aquí controvertidos, incurriendo con ello en violación al principio
de congruencia procesal que implica que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en cosa
distinta a lo alegado por las partes” -se resalta-
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controversias contractuales y no del de reparación directa”, que es como
realmente se tramitó el proceso y que, además, planteó un problema
jurídico que no coincidía con el dispuesto en la audiencia inicial, cuando se
fijó el litigio11.
17. Por último, puso de presente que el Tribunal Contencioso Administrativo
de Valle del Cauca, al confirmar la sentencia de primera instancia,
convalidó “la premisa errada del medio de control de controversia
contractual por considerar que el perjuicio causado en el marco de una
relación contractual debía resolverse bajo dicha acción”. Agregó que esta
sentencia no hizo una revisión acerca de la “adecuación irregular del medio
de control”, desconociendo el auto admisorio de la demanda (acto que
define “el medio de control, la vía procesal y el trámite a impartir”), así como
el origen del daño allí planteado, “el cual evidentemente no proviene de la
relación contractual celebrada entre las partes, sino que emerge de la
ejecución de la prestación de servicios que no fueron contempladas en
dicho contrato y que resultan de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001”.
18. En los fundamentos de derecho del recurso, insistió en que se varió la
fijación del litigio, lo que condujo a que el problema jurídico de la
controversia se estructuró bajo una premisa errada; agregó el recurrente
que, en esas condiciones, de nada sirvió que se hubiera ordenado subsanar
la demanda, cuando el juez notó que la “presentada como controversia
contractual no era el medio de control procedente, pues, aunque [se]
admitió como reparación directa [se] terminó dirimiendo una supuesta
‘controversia contractual’”.
19. Trámite relevante. La demanda fue admitida por Auto de 9 de julio de
2024 . El Ministerio Público emitió concepto en el que pidió declarar
12
infundado el recurso extraordinario de revisión. Planteó que la causal
alegada exige que la nulidad tenga origen en una sentencia frente a la cual
no procedan recursos; sin embargo, en este caso el presunto vicio de
incongruencia se presentó en el curso de un trámite judicial, pues se predicó
del fallo de primera instancia y fue cuestionado en el recurso de apelación
interpuesto contra ese fallo13, circunstancia que hacía improcedente el
recurso de revisión, el cual no está previsto como una tercera instancia para
que las partes insistan en sus planteamientos y alegaciones14. Ni la parte
demandada ni la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se
pronunciaron sobre el recurso extraordinario.
11 Al respecto, indicó: “…el litigio se fijó partiendo de la base de una diferencia del valor del contrato según la
tipología conforme a la Ley 715 de 2001, dando lugar a ello al restablecimiento patrimonial por el enriquecimiento
sin causa de la administración ante la prestación de servicios sin contrato estatal que se enmarca dentro de una
actio In Rem verso (reparación directa). Mientras tanto, en la sentencia de primera instancia, el operador judicial
extrañamente determinó el problema jurídico bajo la premisa errada de una reliquidación contractual lo cual
incidió en la decisión de fondo, al modificar la causa petendi y enfocar el estudio de la misma en una acción
contractual”.
12 Índice 12 de SAMAI.
13 En esas condiciones, a juicio del Ministerio Público,“…lo que se observa es que dicha situación se presentó en el
curso del trámite judicial y que la pudo controvertir por medio del recurso de apelación, solo que no con el
resultado esperado”.
14 Índice 16 de SAMAI.
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20. Por Auto de 6 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador decretó
como prueba documental el expediente del medio de control de
controversias contractuales No. 76001-33-33-017-2014-00081-00/01 y ordenó
al Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Cali enviar en medio digital ese
proceso15. El 22 de enero de 2025, se allegó la prueba solicitada16 y de la
misma se corrió traslado a las partes, las que guardaron silencio17.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Oportunidad en el ejercicio de la acción y decisiones que se adoptarán,
2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada, y, 2.4.
Costas.
2.1. Oportunidad en el ejercicio de la acción y decisiones que se adoptarán
21. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad18 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 11 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, porque no se configura la causal invocada por las
siguientes razones: 1. El demandante no identificó un supuesto legal o
constitucional de nulidad originada en la sentencia. 2. La irregularidad por
la que se pide dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia (un
presunto vicio de incongruencia), fue materia de análisis dentro de la
actuación respectiva, comprobación que impedía activar este mecanismo
extraordinario para reabrir esa discusión, pues no está previsto como una
instancia adicional.
2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión
22. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar la fuerza de la cosa juzgada, ya que permite
controvertir fallos ejecutoriados19, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador20 o por el constituyente.
23. Como medio de impugnación extraordinario, no está previsto como una
oportunidad procesal para reabrir el debate propio de las instancias21, ni
para suplir las deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido
presentarse durante el trámite del proceso. El recurso exige el cumplimiento
de una particular carga argumentativa del recurrente, que debe sustentarlo
de manera técnica, precisa y razonada. Tampoco sirve como un
15 Índice 22 de SAMAI
16 Índice 28 de SAMAI
17 Índice 32 de SAMAI
18 La sentencia objeto del recurso quedó ejecutoriada el 20 de octubre de 2022, de tal manera que, el recurso
podía presentarse hasta el 23 de octubre de 2023; como se interpuso el 6 de octubre del mismo año, se tiene que
fue oportuno.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de
2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
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Decisión: Declara infundado el recurso
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instrumento procesal para cuestionar la actividad interpretativa del juez22, ni
para corregir los errores por la inadecuada valoración de las pruebas o por
la indebida aplicación del derecho.
2.3. Análisis de la causal invocada
24. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
25. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insaneable. En principio, no es
posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad acaecida
con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que la nulidad no
hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En este caso, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes
puedan subsanar sus omisiones23.
26. Definido lo anterior, en el caso concreto, la Sala observa que:
27. El demandante no identificó un supuesto legal o constitucional de nulidad
originada en la sentencia. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo
ha interpretado la causal invocada de manera abundante debido a que el
CPACA no definió su alcance. Por esta razón, se acudió al régimen de
nulidades del artículo 140 del CPC (hoy 133 del CGP) y se interpretó el
artículo 29 constitucional24 para dotarla de contenido.
28. El Consejo de Estado ha considerado que las hipótesis de creación
jurisprudencial (dentro de las que se ha contemplado faltar al principio de
congruencia) también configuran causales de revisión, a partir de una
interpretación extensiva del derecho al debido proceso, contemplado en el
artículo 29 constitucional25.
22 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-
2008-00480-00 (REV).
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado
2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de
junio de 2021, Radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Radicado 50428.
25 “Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta indispensable que se funde en la
ocurrencia de: i) un supuesto configurativo de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el
artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia; ii) las hipótesis creadas
jurisprudencialmente que comportan la violación del derecho fundamental al debido proceso, tales como:
-Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido proceso.
-Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada al proceso.
-Proferir una sentencia sin motivarla.
-Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
-Faltar al principio de congruencia.
-Vulnerar el principio de la “non reformatio in pejus”
Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado determinó que igualmente podrían
existir otros supuestos en que la configuración de la causal de nulidad originada en sentencia por violación a la
garantía constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que no necesariamente se agotan de manera
exhaustiva en los eventos señalados. (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión No. 25, sentencia del 28 de junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03697-00;
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia de
7 de octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-07530-00 (REV). También, ver Sala Quince Especial de
Decisión, Sentencia de 22 de noviembre de 2023, Radicado 11001-03-15-000-2023-04579-00, Sala 21 Especial de
Decisión, Sentencia de 31 de enero de 2024, Radicado 11001-03-15-000-2020-04417-00. En particular, se destacan
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Demandante: CENTEC
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Decisión: Declara infundado el recurso
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29. No obstante, esta Subsección ha diferido y se ha apartado de la
interpretación anterior porque entiende que los supuestos de nulidad de las
sentencias no pueden crearse jurisprudencialmente, pues se requiere de
una norma legal o constitucional que los contemple; también, porque
comprende que las causales de nulidad no son enunciativas sino taxativas26.
30. De conformidad con la referida interpretación restrictiva del supuesto de
revisión, este no puede entenderse configurado si, como en este caso, la
parte recurrente no refirió la causal de nulidad legal en la que habría
incurrido la Sentencia controvertida. En efecto, el recurso mencionó la
violación por parte del Tribunal del principio de congruencia, mas no
determinó la causal legal o constitucional de nulidad en la que
supuestamente incurrió la decisión.
31. Esta Subsección ha aplicado la interpretación anterior en casos
similares27 en los que se ha alegado la violación del principio de congruencia
como un supuesto de nulidad de la sentencia y ha declarado infundados
los recursos extraordinarios de revisión por no constituir una verdadera causal
de nulidad legal y/o constitucional de los fallos.
32. También ha considerado que no toda violación del debido proceso
genera nulidad, porque será el legislador, de manera principal, o el
constituyente, de forma excepcional, quienes definan previamente cuáles
son las irregularidades que producen la nulidad de los actos procesales.
33. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que, a partir de la
interpretación restrictiva de la causal invocada, propia del carácter
extraordinaria del recurso de revisión, la incongruencia no es un supuesto de
nulidad consagrado en la ley o la Constitución Política, por lo que, se reitera,
no cualquier afectación al debido proceso configura una nulidad originada
en la sentencia.
las providencias relacionadas con el principio de congruencia, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de
abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV), Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de febrero de 2016,
Radicado 2015-02342-00(REV), Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 20 de marzo de 2018, Radicado
2013-01303-00[3318-13]).
26 “(…) Que las causales del recurso de revisión son taxativas y de interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo,
no pueden ser interpretadas de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de esta Sala, la causal 5
del artículo 250 del CPACA que se refiere a la “nulidad originada en la sentencia” debe, también, ser interpretada
de manera restrictiva. En ese sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso extraordinario de revisión
cuando se origine en la Sentencia alguna de las causales de nulidad previstas en la legislación.
La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el recurso extraordinario de revisión tiene causales
taxativas, por lo que, interpretar el artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de revisión las convertiría
en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier violación del debido proceso constituiría una causal para
considerar procedente el recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el juez de la revisión.
De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad procesal son de origen legal. El legislador, en
ejercicio de la libertad de configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles irregularidades
procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar a la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva
a que otras irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor entidad por el legislador,
queden sin sanción de nulidad. Lo anterior en una lógica expressio unius est exclusio alterius.
En lo que concierne al punto recién advertido, la Corte Constitucional en las Sentencia C-491 de 1995 y C-217 de
1996, manifestó que la nulidad consagrada en el artículo 29 constitucional no eliminaba la taxatividad de las
nulidades procesales, toda vez que fue adicionada constitucionalmente.
Como ya se dijo, no toda violación del debido procesal genera nulidad, porque será el legislador de manera
principal o el constituyente de forma excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades que
producen la nulidad de los actos procesales”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de agosto de 2022, Radicado 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de
enero de 2023, Radicado 53332 y Sentencia de 23 de noviembre de 2022, Radicado 66289.
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00167-00 (70502)
Demandante: CENTEC
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
34. Sin perjuicio de que la parte actora no identificó un motivo legal o
constitucional que determinara la nulidad de la sentencia proferida el 11 de
octubre de 2022, la Sala advierte que los elementos de juicio del proceso de
controversias contractuales permiten constatar que, en su trámite, no se
incurrió en una afectación al debido proceso28; adicionalmente, la
Subsección considera que en el hipotético supuesto de que así hubiera sido,
la misma fue discutida y definida al interior de la causa, como se estudiará
a continuación, comprobación que solo reafirma la improcedencia del
recurso de revisión en este caso.
35. 2. La presunta irregularidad fue discutida al interior del proceso. La
falencia por la que se demandó la revisión de la Sentencia de 11 de octubre
de 2022 fue ventilada en la actuación desde antes de que fuera proferido
el fallo de segunda instancia que se cuestiona; de hecho, fue materia de
pronunciamiento expreso en este último.
36. En el recurso de apelación que el demandante interpuso contra la
sentencia de 30 de julio de 2018, alegó que la decisión de primera instancia
había desconocido el contenido del auto admisorio de la demanda, la
fijación del litigio y, en general, que los problemas jurídicos identificados por
el Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito no estaban en consonancia
con los asuntos que, verdaderamente, debían ser materia de
pronunciamiento judicial. El entonces recurrente entendió que la
controversia estaba enmarcada en el medio de control de reparación
directa, no en el de controversias contractuales por vicisitudes atañederas
a la ejecución y terminación de un contrato, que fue como el caso terminó
siendo definido en forma adversa a sus intereses.
37. La sentencia que desató ese recurso se pronunció, precisamente, sobre
los motivos de inconformidad del apelante, quien, de manera exclusiva,
alegó falta de coincidencia entre la posición general de las partes frente al
litigio y la forma en la que este había sido resuelto por el Juzgado
Administrativo en el fallo de primera instancia. Al resolver la apelación, el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca dejó claro que el recurrente no
elevó reparos concretos contra las conclusiones a las que había llegado el
juez de instancia, y que se limitó a plantear una irregularidad procesal
(incongruencia). En esas condiciones, el Tribunal descartó que la decisión
apelada hubiera incurrido en esa falencia, pues el propio demandante,
28 La Sala corrobora que, a pesar de que la demanda fue admitida como “reparación directa”, ello
probablemente fue un lapsus del juzgado, del que no podía sacar provecho posteriormente la parte demandante,
al punto de alegar que el proceso fue abordado y decidido con un régimen jurídico que no le correspondía. No
solo no es cierto que al inadmitir la demanda el juzgado hubiera ordenado que el medio de control se adecuara
a controversias contractuales, como lo alegó la parte actora; simplemente se le solicitó hacer claridad al respecto,
frente a lo cual, como quedó resumido en los antecedentes xxxxx , el entonces demandante insistió en que la
controversia buscaba la revisión de un contrato. Por lo demás, se observa que en la audiencia inicial el proceso
fue identificado como una controversia contractual, y que la fijación del litigio estuvo en línea con los hechos y
pretensiones elevadas por el extremo actor, quien no podía, so pretexto del lapsus indicado, desconocer con
posterioridad, puntualmente, cuando el asunto le fue resuelto en forma adversa en la primera instancia, que fue
él propio demandante quien fijó en sus actos procesales (en particular en la demanda y en su subsanación), el
marco dentro del cual habría de definirse la controversia. En cualquier caso, la Sala detecta que el litigio fue
decidido como un asunto contractual (y conforme a su régimen jurídico) porque esa era la calificación jurídica
que admitían los fundamentos de hecho y las pretensiones de la demanda, pues las reclamaciones económicas
reconducían a la celebración, ejecución y terminación de un contrato con el municipio de Santiago de Cali.
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00167-00 (70502)
Demandante: CENTEC
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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tanto en la demanda inicial como en el escrito que la subsanó, puso de
presente que su reclamación estaba relacionada con un asunto
contractual, que versaba sobre la ejecución de un contrato y su
“reliquidación”.
38. En ese contexto, para la Sala es notorio que el recurso de revisión
promovido por CENTEC era improcedente, pues su naturaleza impide
activarlo en los casos en los que, como en el presente, el defecto
procedimental fue discutido en las respectivas instancias; como se indicó,
este instrumento no está previsto como una herramienta para reabrir los
debates que han quedado definidos en providencias en firme al interior del
respectivo proceso.
39. En cualquier caso, lo que se aprecia es que el fallo de segunda instancia
contra el que, ciertamente, no procedían recursos, de ninguna forma violó
la regla de congruencia; al contrario, a partir de los argumentos expuestos
por el entonces recurrente, determinó que la alegada sustitución del medio
de control, la variación de la fijación del litigio y de los problemas jurídicos a
resolver no se habían presentado, en la medida en que la acción promovida
sí correspondía a una de controversias contractuales. La decisión, entonces,
fue coherente con el recurso de apelación y, en general, con el
perfilamiento que desde un comienzo tuvo la actuación. El hecho de que la
apelación no haya resultado favorable a los intereses de la parte actora no
permitía razonar que la Sentencia de 11 de octubre de 2022 adolecía del
mismo defecto que se predicó del fallo de primera instancia.
40. La Sala concluye, tal y como lo puso de presente el Ministerio Público en
su concepto, que no existía posibilidad de que el debate sobre la
congruencia se trasladara a este recurso extraordinario, en vista de que la
situación de la que se queja el demandante contó con la posibilidad de ser
abordada y definida al interior del proceso y, por lo mismo, este remedio
judicial no podía ser utilizado para reabrir discusiones allí agotadas.
2.4 Costas
41. De conformidad con el artículo 255 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso, la Sala condenará en costas a la parte
recurrente porque el recurso extraordinario de revisión se declarará
infundado, las cuales se liquidarán en los términos del artículo 366 del CGP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00167-00 (70502)
Demandante: CENTEC
Demandado: Municipio de Cali
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 11 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, dentro del proceso de controversias
contractuales.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales se
liquidarán en los términos del artículo 366 del CGP
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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