Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00158-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00158-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00158-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
10 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2024
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00158-00 (68821)
Demandante: Cruz Elena Puerto Rojo y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Nulidad originada en la sentencia –
Interpretación restrictiva de la causal – Caducidad de la acción
Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con base en la causal de revisión de
nulidad originada en la sentencia, porque el juez al declarar la caducidad de la acción
violó el debido proceso, el principio de congruencia, entre otros.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 21 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, 1.4. Sentencia de segunda
instancia, y 1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 18 de febrero de 2014, Jorge Augusto Gómez Zambrano y otros1
presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, Policía Nacional Ministerio del Interior, Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, el municipio de La Unión y el
departamento de Antioquia, para que se hiciera la siguiente declaración
(se trascribe):
“1. Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a
[las demandadas] por los daños antijurídicos ocasionados a los accionantes,
a raíz del desplazamiento forzado del cual fueron objeto en el corregimiento
Mesopotamia Veredera El Cardal del municipio de la Unión departamento
de Antioquia en el año 2002.
2. Se ordene de la anterior declaración, reparar integralmente a los
accionantes por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados por los
daños antijurídicos ocasionados a los accionantes, a raíz del desplazamiento
forzado del cual fueron objeto en el corregimiento Mesopotamia Veredera
El Cardal del municipio de la Unión departamento de Antioquia en el año
2002 (…)”.
1 Jorge Daniel Gómez Puerta y Cruz Elena Puerta Rojo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00158-00 (68821)
Demandante: Cruz Elena Puerto Rojo y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: en 1995,
Jorge Augusto Gómez Zambrano compró un terreno de 20 cuadras en
Mesopotamia, vereda El Cardal, municipio de La Unión (Antioquia). Vivía allí con su
familia, dedicados a la ganadería y agricultura. Sin embargo, en 2002, fueron
desplazados por grupos al margen de la ley. Esto les impidió cumplir
adecuadamente con sus obligaciones derivadas de créditos solicitados para sus
actividades productivas.
3. El 16 de septiembre de 2010, Jorge Augusto Gómez Zambrano denunció
el desplazamiento forzado ante la Fiscalía General de la Nación. También
acudió a Acción Social para exponer su caso y solicitar el reconocimiento
de los daños causados por los grupos armados ilegales que operaban en la
zona. Además, buscó asistencia en la Defensoría del Pueblo para obtener
un defensor de oficio que lo representara ante la Unidad Nacional de
Justicia y Paz.
1.2. Posición de la parte demandada
4. El Departamento para la Prosperidad Social y el Ministerio del Interior
alegaron la falta de legitimación pasiva en la causa.
5. El municipio de La Unión y el departamento de Antioquia se opusieron a
las pretensiones de la demanda porque no participaron en la producción
del daño. Además, el departamento invocó la caducidad de la acción,
porque debía contarse desde el momento en que cesó la conducta
vulnerante, esto es, el 17 de octubre de 2008 y 15 de noviembre de 2008,
porque pidieron financiación para proyectos agropecuarios dentro de sus
predios. Según el departamento, esto demostraba que, para esas fechas,
ya no existía ninguna perturbación que impidiera explotar la propiedad.
6. La Policía Nacional y el Ejército Nacional también invocaron la
caducidad de la acción y el hecho de un tercero.
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante
7. El Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín dictó la Sentencia de
8 de julio de 2016. Negó las pretensiones de la demanda. Aunque se
acreditó el desplazamiento forzado, consideró que las pruebas presentadas
eran insuficientes y que el daño fue causado por terceros, específicamente
grupos de autodefensa y paramilitares, por lo que se probó el hecho de un
tercero.
8. Advirtió que “con anterioridad a la denuncia por los hechos consumados
de desplazamiento y despojo, ya mencionados, los actores no habían
interpuesto denuncia que hiciera exigible de las autoridades una conducta
de protección, así como que el hecho denuncia, tan solo se presentó hasta
el año 2010. Así las cosas, para decirlo en términos del precedente en cita,
no se presenta incumplimiento a los deberes por parte de las entidades
estales, como quiera que, al desconocer la existencia de amenaza o riesgo
para los demandantes, no existía para los órganos a cargo de la seguridad,
deber de protección, pues como bien es señalado por el Alto Tribunal
Internacional, no puede construirse una cláusula general de responsabilidad
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en cabeza del Estado”. Subrayó que la seguridad no era un deber
abstracto, sino una obligación efectiva de protección ante “riesgos
concretos puestos en conocimiento de las autoridades”.
9. Contra esta providencia, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. Manifestó que el fallo de primera instancia consideró los
argumentos del Ministerio del Interior y del Departamento para la
Prosperidad Social, a pesar de haber declarado extemporánea su
contestación y probada la falta de legitimación pasiva en la causa. El juez
erró al afirmar que el desplazamiento ocurrió en 2003 cuando fue en 2002.
También reprochó el análisis de las declaraciones extraprocesales y la
posibilidad de solicitar su ratificación conforme con el CGP.
10. Manifestó que el juez fundamentó la negación de las pretensiones en la
inexistencia de responsabilidad estatal por tratarse de acciones de terceros.
Resaltó que el Estado incurrió en una omisión al retirar la subestación de
policía de la zona en 2000, lo que dejó a la población vulnerable frente a la
presencia de grupos armados ilegales. Finalmente, cuestionó la condena en
costas, calificándola de desproporcionada al no considerar la condición de
desplazados y la debilidad manifiesta de los demandantes.
1.4. Sentencia de segunda instancia
11. El Tribunal Administrativo de Santander profirió la Sentencia de 21 de julio
de 2022. Revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró probada
la excepción de caducidad.
12. Concluyó que, “al menos, desde el año 2009 el señor Jorge Augusto
Gómez Zambrano pudo retornar al sitio de donde había sido desplazado,
pues de ello da cuenta no solo la declaración rendida por él ante la UARIV
el día 9 de agosto de 2010, sino también lo expresado por el mayordomo de
la finca, el señor Esteban de Jesús Pavas Cardona en la declaración
extrajudicial del 6 de septiembre de 2010, quien señaló que, para esa fecha,
el demandante ya tenía más de un año de haber regresado a la finca”.
13. Determinó que para “2009 el señor Jorge Augusto Gómez Zambrano ya
había regresado a la finca, [por lo que] debe tenerse ese año como fecha
desde la cual se empieza a contar el término de caducidad, lo que quiere
decir que la demanda se debió presentar a más tardar al finalizar el año
2011, pero como la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General
fue presentada el 17 de octubre de 20137 , es decir, mucho tiempo después
del plazo máximo que tenían los demandantes, ha operado el fenómeno
de la caducidad”.
14. Aclaró que “si bien [el Tribunal] había decretado la caducidad (…)
control mediante auto del 2 de febrero de 2015 y esta decisión fue dejada
sin efectos mediante fallo de tutela del 17 de junio de 20159 proferido por la
Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, en esa providencia
se indicó que dicha decisión no constituía en ningún momento un
pronunciamiento definitivo sobre la ocurrencia o no de la caducidad (…)
sino que se estableció que debía continuarse el proceso hasta el fallo (…)”.
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Decisión: Declara infundado el recurso
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1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante
15. El 10 de agosto de 2022, la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, con
fundamento en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, que alude a la
causal de nulidad originada en la sentencia.
16. Sostuvo que la providencia recurrida violó el “debido proceso y el
derecho de acceso a la administración de justicia, de la tutela judicial
efectiva, de los derechos de los niños en condición de desplazamiento, de
los derechos de las mujeres en condición de desplazamiento, la falta de
perspectiva de género en la sentencia y, por no resolver de fondo la
excepción del término de caducidad que cobija a cada uno de los
accionantes”.
17. Manifestó que el Tribunal “inaplicó de forma caprichosa la excepción de
caducidad contenida en la sentencia de unificación para los casos de
desplazamiento forzado interno, incurriendo en una violación al debido
proceso y a la falta de tutela judicial efectiva”. Desconoció que la
caducidad empieza contarse desde que se garantizan “todas las
condiciones de seguridad para el retorno efectivo de los desplazados”.
18. Alegó que eran desplazados que no habían recuperado las condiciones
necesarias para un retorno efectivo y seguro. Afirmó que, pese a acudir a la
UARIV, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, no
recibieron la asesoría legal adecuada para restablecer sus derechos.
También señaló que el Tribunal no valoró las circunstancias particulares de
cada demandante y aplicó de manera general la sentencia de unificación
“RI 61033 del 29 de enero de 2020”, lo que constituyó una vulneración al
debido proceso.
19. Indicó que se omitió la posible fecha de retorno efectivo, por lo que
incurrió en una “falta de motivación por no considerar los derechos del niño,
su grupo familiar y por desconocer los derechos de las mujeres víctimas del
desplazamiento forzado. Lo que genera un fallo que desconoce la primacía
de los derechos de los niños, la falta de perspectiva de género y la falta de
resolución del caso en la sentencia”.
20. Argumentó que “decretar la caducidad de la acción (…) sin una
justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea
de aceptabilidad, puede ser válidamente catalogada como una incursión
en error jurisdiccional por parte” de la segunda instancia. Por tal motivo, los
recurrentes propusieron la interpretación correcta del fallo de unificación
del Consejo de Estado.
21. Señaló que “una vez analizado la tesis formulada por el Consejo de
Estado, sorprende comprobar que no hay una regla que mencione que el
término de caducidad empieza cuando el desplazado regrese a su tierra;
así sea de forma eventual o esporádica como se afirma en la sentencia. Lo
que sucede, es que de forma caprichosa el Tribunal Administrativo de
Antioquia copia y pega parte del análisis de la caducidad de la acción por
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la muerte del joven William de Jesús Contreras Correa realizado por el
Consejo de Estado en la sentencia del 7 de mayo de 2021 y lo acomoda al
fallo de segunda instancia por el desplazamiento forzado de la familia
Gómez Puerta; con el fin, de poder sustentar su teoría de la caducidad de
la acción incoada en contra de Jorge Gómez, para darle también
aplicación en el caso de su esposa y su hijo; sin tener presente “la condición
particular de quien acude a la administración de justicia” de cada uno de
los demandantes como lo expone la sentencia de unificación (RI 61033 del
29 de enero de 2020)”. Para sostener su argumento realizó una comparación
entre los dos casos mencionados.
22. Argumentó que los accionantes estaban en la imposibilidad material de
ejercer el derecho de acción antes de la presentación de la demanda, ya
que no se cumplían las condiciones necesarias para un retorno efectivo,
especialmente por razones de seguridad. Además, reprochó que no se
hubiera analizado de manera individual la caducidad de cada uno de los
accionantes.
23. Reiteró que “para el 18 de febrero de 2014 los accionantes todavía
estaban dentro de los términos para instaurar la demanda de reparación
directa por desplazamiento forzado y si bien, el padre de la familia
desplazaba esporádicamente se aparecía en la finca sin pasar allí un día
completo; esto no significa que él y su grupo familiar hayan realizado un
retorno efectivo o que se hayan estabilizado en su finca y que su condición
de desplazados haya terminado; menos aún, cuando para esa época no
estaban reunidas todas las condiciones de seguridad para el retorno; por
cuanto las autoridades tienen el deber de diseñar, implementar y ejecutar
medidas y programas orientados a asegurar el goce efectivo de estos
derechos a la población desplazada y de brindar información completa,
objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a
la seguridad física, material, económica, social y jurídica en sus lugares de
origen, con el fin de garantizar su retorno efectivo y así lograr que cese la
condición de desplazados”.
24. Alegó que la sentencia era nula por violar el principio de congruencia,
ya que no resolvió de fondo el caso planteado. Señaló que la caducidad
ya había sido definida en la primera instancia, por lo que no podía volverse
a pronunciar sobre ese aspecto. Además, indicó que la caducidad de la
acción en casos de desplazamiento no era un tema pacífico dentro del
Consejo de Estado, y para sustentar su postura, citó fragmentos de
salvamentos de voto y aclaraciones de la sentencia de unificación. También
destacó que las sentencias de unificación no podían aplicarse
retroactivamente sin considerar las circunstancias particulares de los
accionantes.
25. Por último, solicitó el amparo de pobreza e indicó que no podía ejercer
de manera directa la acción de tutela, porque debía primero agotar
obligatoriamente todos los recursos, según la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
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26. El Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio del Interior y el
municipio de La Unión se opusieron al recurso extraordinario de revisión
porque no se acreditó ninguna nulidad en la sentencia. También,
argumentaron que el recurso no podía ser utilizado para reabrir el debate
probatorio, cuestionar las interpretaciones que realizó el juez de instancia, ni
podía servir para suplir las deficiencias probatorias de las partes.
27. El Ministerio Público emitió un concepto en el que solicitó declarar
infundado el recurso porque no se cumplieron con los elementos de la
causal invocada. Señaló que la caducidad era un presupuesto que podía
conocerse de manera oficiosa por el juez, sin que implique la vulneración
del debido proceso. Por otra parte, la interpretación que el Tribunal realizó
respecto de la sentencia de unificación no es susceptible de ser estudiada,
porque el recurso extraordinario de revisión no es una tercera instancia.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada, y, 2.4. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
28. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad2 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 21 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, porque no se acreditaron los elementos de la causal invocada.
2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión
29. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar la fuerza de la cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados3, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador4 o por el constituyente.
30. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias5, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez6, ni para corregir los errores por
2 La sentencia objeto del recurso quedó ejecutoria el 1 de agosto de 2022, de modo que, el recurso interpuesto el
10 de agosto de 2022 resulta oportuno.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de
2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-
2008-00480-00 (REV).
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del
derecho.
2.3. Análisis de la causal invocada
31. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
32. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insubsanable. En principio, no es
posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad acaecida
con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que la nulidad no
hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En este caso, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes
puedan subsanar sus omisiones7.
33. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CPACA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140
del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional8 para
dotar de contenido a la causal.
34. El Consejo de Estado ha considerado que las hipótesis de creación
jurisprudencial también configuran causales de revisión, a partir de una
interpretación extensiva del derecho al debido proceso, contemplado en el
artículo 29 constitucional (se trascribe):
“Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta
indispensable que se funde en la ocurrencia de: i) un supuesto configurativo
de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo
133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia;
ii) las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del
derecho fundamental al debido proceso, tales como:
• Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida
con violación al debido proceso.
• Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso.
• Proferir una sentencia sin motivarla.
• Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
• Faltar al principio de congruencia.
• Vulnerar el principio de la “non reformatio in pejus”
Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado determinó que igualmente podrían existir otros supuestos en que la
configuración de la causal de nulidad originada en sentencia por violación
a la garantía constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado
2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de
junio de 2021, Radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Radicado 50428.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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no necesariamente se agotan de manera exhaustiva en los eventos
señalados9”10.
35. No obstante, esta Subsección ha diferido y se ha apartado de la
interpretación anterior porque entiende que los supuestos de nulidad de las
sentencias no pueden crearse jurisprudencialmente, pues se requiere de
una norma legal o constitucional que la contemple. Comprende que las
nulidades no son enunciativas sino taxativas (se trascribe):
“(…) Que las causales del recurso de revisión son taxativas y de
interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser interpretadas
de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de esta Sala, la
causal 5 del artículo 250 del CPACA que se refiere a la “nulidad originada en
la sentencia” debe, también, ser interpretada de manera restrictiva. En ese
sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso extraordinario de
revisión cuando se origine en la Sentencia alguna de las causales de nulidad
previstas en la legislación.
La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el recurso
extraordinario de revisión tiene causales taxativas, por lo que, interpretar el
artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de revisión las
convertiría en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier violación
del debido proceso constituiría una causal para considerar procedente el
recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el juez de la
revisión.
De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad
procesal son de origen legal. El legislador, en ejercicio de la libertad de
configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles
irregularidades procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar a
la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva a que otras
irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor
entidad por el legislador, queden sin sanción de nulidad. Lo anterior en una
lógica expressio unius est exclusio alterius.
En lo que concierne al punto recién advertido, la Corte Constitucional en las
Sentencia C-491 de 199511 y C-217 de 199612, manifestó que la nulidad
consagrada en el artículo 29 constitucional no eliminaba la taxatividad de
las nulidades procesales, toda vez que fue adicionada constitucionalmente.
Como ya se dijo, no toda violación del debido procesal genera nulidad,
porque será el legislador de manera principal o el constituyente de forma
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia del
28 de junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03697-00.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia
de 7 de octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-07530-00 (REV). También, ver Sala Quince Especial de
Decisión, Sentencia de 22 de noviembre de 2023, Radicado 11001-03-15-000-2023-04579-00, Sala 21 Especial de
Decisión, Sentencia de 31 de enero de 2024, Radicado 11001-03-15-000-2020-04417-00. En particular, se destacan
las providencias relacionadas con el principio de congruencia, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de
abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV), Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de febrero de 2016,
Radicado 2015-02342-00(REV), Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 20 de marzo de 2018, Radicado
2013-01303-00(3318-13).
11 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995. “Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos
procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar que en los casos
allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que
además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la
Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso",
esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia”.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-217 de 1996. “Todo lo anterior indica que el debido proceso en materia civil
está plasmado en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y en las normas que lo complementan y
reforman, pero la garantía constitucional en cuya virtud toda prueba practicada en violación de tales reglas es
nula de pleno derecho no puede ser limitada, recortada o desconocida por normas de rango legal que hagan
nugatoria la eficacia de dicha nulidad, pues ésta no proviene de la ley ni depende de ella, en cuanto implica la
seguridad constitucional -ontológicamente anterior a la legislación que fija las reglas de cada proceso- de que
toda prueba, para ser constitucionalmente válida, debe respetar íntegramente el enunciado derecho
fundamental”.
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00158-00 (68821)
Demandante: Cruz Elena Puerto Rojo y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales13”.
36. Por lo tanto, no toda violación del debido proceso genera nulidad,
porque será el legislador, de manera principal, o el constituyente, de forma
excepcional, quienes definan previamente cuáles son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales.
37. De conformidad con la referida interpretación estricta de la causal, esta
no puede entenderse configurada si, como en este caso, los recurrentes no
se refirieron a ninguna causal de nulidad en la que habría incurrido la
sentencia controvertida. En efecto, el recurso hace un esfuerzo
argumentativo por destacar la vulneración de derechos fundamentales
como si se tratara de una acción de tutela, entre ellos, mencionó el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva,
los derechos de los niños y mujeres en situación de desplazamiento, el
principio de congruencia y el desconocimiento del precedente, más no
determinó la causal legal o constitucional de nulidad en la que
supuestamente incurrió la decisión.
38. Asimismo, la alegación de una valoración indebida del material
probatorio (defecto fáctico) es un argumento propio de las acciones de
tutela contra providencia judicial, pero no corresponde a una causal de
nulidad de la sentencia. Por el contrario, se trata de un cuestionamiento
acerca de la forma como el juez de instancia valoró las pruebas.
39. Los recurrentes instrumentalizaron la impugnación extraordinaria como si
fuera una acción de tutela que tiene como propósito verificar la trasgresión
de derechos fundamentales. La Sala recuerda que el juez de revisión no
funge como una tercera instancia superior de corrección o verificación de
los procesos ordinarios. De igual forma, reitera que el juez de revisión no
puede reabrir el debate probatorio y auscultar el razonamiento que adoptó
el juez para fallar desde una perspectiva jurídica y/o fáctica.
40. Sin que sus argumentos correspondieran a una causal de nulidad prevista
constitucional o legalmente, el recurso pretendía reabrir el debate
probatorio y jurídico de las instancias ordinarias para que se produjera una
decisión favorable a sus pretensiones, pues los recurrentes cuestionaron el
razonamiento jurídico y probatorio que adoptó el juez de la responsabilidad.
Esta estrategia de defensa desborda la naturaleza extraordinaria del recurso
de revisión.
41. La Sala advierte que, aunque la caducidad es un fenómeno de orden
público, que debe ser examinado de oficio, tal competencia les
corresponde a los jueces de instancia, por lo que, no es el recurso
extraordinario de revisión el escenario propicio para cuestionar la forma en
que el juez de instancia aplicó el precedente. Se reitera que la indebida
aplicación del precedente y su desconocimiento no son causal de nulidad.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de
agosto de 2022, Radicado 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097).
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00158-00 (68821)
Demandante: Cruz Elena Puerto Rojo y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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2.4 Costas
42. De conformidad con el artículo 255 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso, debería condenarse en costas a la parte
recurrente porque el recurso extraordinario de revisión se declarará
infundado. No obstante, la Sala se abstendrá de imponer costas porque
desde el auto admisorio de la demanda14 se concedió el amparo de
pobreza, de conformidad con el artículo 154 del CGP.
3. DECISIÓN
43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 21 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, dentro del proceso de reparación directa.
SEGUNDA: sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 Auto de 31 de agosto de 2023, proferido por la Subsección b del Consejo de Estado, Radicado 68821. “Quinto:
Conceder el amparo de pobreza solicitado por la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.”.
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