Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00202-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00202-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00202-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
3 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 3 de junio de 2025
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Nulidad originada en la sentencia –
Interpretación restrictiva de la causal – Congruencia de la sentencia.
Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con fundamento en la causal de revisión
de nulidad originada en la sentencia, porque el juez de instancia incurrió en una violación
directa de la Constitución por vulneración al principio de congruencia, desconoció el
derecho a la igualdad y la decisión se adoptó sin que fuera discutida en sala conjunta.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 28 de mayo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, 1.4. Sentencia de segunda
instancia, 1.5. Acción de tutela y trámite relevante, y, 1.6. Recurso extraordinario de revisión
y trámite relevante.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 18 de junio de 2015, Alexander y Albeiro Silva Hernández, con su grupo
familiar, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se hiciera la
siguiente declaración (se trascribe):
“Primero: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la
Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causado a los demandantes
con motivo de la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD de que fueron objeto
los hermanos Albeiro y Alexander Silva Hernández por parte de las entidades
demandadas (…) que recobraron su libertad por sentencia absolutoria (…)”.
2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: Alexander
y Albeiro Silva Hernández fueron capturados el 6 de abril de 2011, en
cumplimiento de las órdenes de captura libradas por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Cáchira (Norte de Santander) dentro del proceso penal
adelantado por el homicidio de Fabio Ernesto Roa Zea, ocurrido el 4 de
octubre de 2009. Los procesados fueron acusados por las conductas de
homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El proceso finalizó con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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Sentencia absolutoria proferida el 21 de junio de 2013, sin que se
interpusieran recursos en su contra.
3. Señalaron que la responsabilidad estatal tenía sustento en “las
deficiencias en la actividad investigativa, y de la valoración probatoria por
parte de las autoridades judiciales intervinientes, especialmente por parte
de la Fiscalía como ente persecutor penal”.
1.2. Posición de la parte demandada
4. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda1. Sostuvo
que la medida de aseguramiento se impuso debido a la solicitud formulada
por la Fiscalía, con sustento en los elementos materiales probatorios y la
evidencia física que la acompañaron y del cumplimiento de los fines legales
y constitucionales. Sin embargo, la sentencia absolutoria reveló deficiencias
en la labor investigativa y probatoria del ente acusador que no logró probar,
más allá de toda duda razonable, la participación de los acusados en la
conducta que se investigaba; por lo que, de hallarse configurada la
responsabilidad administrativa, debía atribuírsele a aquella entidad.
5. La Fiscalía General de la Nación también se opuso a las pretensiones de
la demanda2. Adujo que su actuación fue legítima, pues la detención
preventiva observó los requisitos legales para su procedencia y no se
evidenció una falla en el servicio. Negó que se hubiera causado un daño
antijurídico a los demandantes porque la decisión no fue arbitraria ni
contraria a derecho, como tampoco vulneró sus derechos fundamentales.
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante
6. El Juzgado 5 Administrativo oral de Bucaramanga dictó Sentencia el 2 de
diciembre de 2016, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda3. Concluyó que la detención de Alexander y Albeiro Silva
Hernández fue injusta debido a que no se logró desvirtuar la presunción de
inocencia que los amparaba, la medida de aseguramiento no fue
razonable ni ponderada y “resultó manifiestamente desproporcionada, de
manera que supuso un sacrificio especial para el particular, que supera -con
mucha diferencia- las molestias o cargas que cualquier individuo ha de
asumir por el hecho de vivir en comunidad”.
7. Por lo anterior, declaró la responsabilidad estatal y accedió al
reconocimiento de la indemnización que distribuyó entre las demandadas:
a la Fiscalía General de la Nación le asignó el 80% de los montos tasados en
su calidad de acusador, porque adelantó la persecución penal “pero no
allegó el material probatorio suficiente para tal condena”, y a la Rama
Judicial el 20% restante, porque tenía a su cargo la conducción de las
audiencias en las que fue impuesta la medida que restringió la libertad de
los entonces procesados.
1 Índice 29 SAMAI
2 Índice 29 de SAMAI
3 Folios 59 a 87 del documento: 74_RECIBEMEMORIAL_32Memorialdel1607202_34_20241029070939302.pdf, índice 29
de SAMAI
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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8. Contra esta providencia, las demandantes presentaron recurso de
apelación. La Fiscalía indicó que, de acuerdo con el sistema penal
acusatorio, la decisión definitiva sobre la adopción de una medida privativa
de la libertad era competencia del juez de control de garantías, de modo
que no incurrió en una falla en el servicio o un “error judicial inexcusable”
imputable a la entidad; en todo caso, indicó que la decisión no fue
“arbitraria, desproporcionada, [o] violatorias de la ley”4. Por su parte, la
Rama Judicial insistió en los argumentos expuestos en su contestación de la
demanda5.
1.4. Sentencia de segunda instancia
9. El Tribunal Administrativo de Santander profirió la Sentencia de 28 de mayo
de 2020 que revocó el fallo de primera instancia. En su criterio, cuando la
absolución penal se presentaba como consecuencia de la aplicación del
principio de in dubio pro reo, el asunto no podía resolverse bajo un régimen
objetivo de responsabilidad, según lo sostuvo la Corte Constitucional en la
SU 072 de 2018.
10. En este sentido, debía probarse la falla del servicio en que habrían
incurrido las demandadas, deber que la parte demandante incumplió pues
olvidó indicar las razones que fundaron la injusticia de la medida adoptada,
además que no resultaba exigible para las demandadas “al momento de
imponer la detención preventiva prever el resultado de la investigación
penal, en especial cuando, como advierte la parte demandante, la
absolución se sustenta en indicios que surgen con la prueba testimonial y
documental recaudada en el juicio oral”.
1.5. Acción de tutela y trámite relevante
11. El 26 de noviembre de 2020, la parte actora promovió acción de tutela6
contra la providencia de segunda instancia, por la indebida valoración del
material probatorio, el desconocimiento del precedente vertical al “omitir el
estudio de la culpa grave o dolo en que pudieron haber incurrido o no los
hermanos Albeiro y Alexander Silva Hernández” y vulnerar el principio de
congruencia, pues “sorprendió a la defensa” con un cambio de régimen de
responsabilidad estatal cuando se tramitaba la segunda instancia: del
régimen objetivo al régimen de falla en el servicio.
12. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió Sentencia el 21 de enero
de 20217 en la que amparó los derechos al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la igualdad de los
accionantes y, en consecuencia, dejó sin efectos la aludida sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y ordenó se dictara
sentencia de reemplazo.
13. Si bien descartó defectos en la valoración probatoria desplegada por el
Tribunal, encontró que la decisión desconoció el precedente ya que “la
4 Documento 55_RECIBEMEMORIAL_13Recursoapelacionfi_13_20241029070934771.pdf, índice 29 de SAMAI
5 Documento 54_RECIBEMEMORIAL_12RecursoapelacionCS_12_20241029070934380.pdf, índice 29 de SAMAI
6 Folios 60 a 72 del cuaderno del Consejo de Estado.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 21 de enero de 2021,
Radicado 11001-03-15-000-2020-04917-00.
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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autoridad judicial accionada debió analizar la antijuridicidad del daño de
acuerdo con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, a saber, legalidad, necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la medida de detención preventiva, pero no solo de
manera abstracta, sino de acuerdo con las circunstancias fácticas y
jurídicas del caso concreto”, en los términos de la SU-072 de 2018 dictada
por la Corte Constitucional y la Sentencia de 28 de febrero de 2020 proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado8.
14. Frente al cargo relativo al cambio intempestivo de régimen de
imputación, precisó que la escogencia del título de imputación no estaba
restringida al juez de la primera instancia o al agotamiento del debate
probatorio, por lo que dicho reparo no estaba llamado a prosperar.
15. El 2 de febrero de 2021, la accionante y la Fiscalía General de la Nación
presentaron impugnación9 contra el fallo de tutela de primera instancia. La
parte accionante, pretendió que se concediera el amparo por 1) defecto
fáctico y se ordenara al tribunal que valore correctamente las pruebas del
proceso penal y, 2) con fundamento en el defecto sustantivo, se estudiara si
Alexander y Albeiro Silva Hernández actuaron con culpa grave o dolo en la
producción del daño, y si la duración de la medida de aseguramiento fue
excesiva.
16. La Fiscalía alegó el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad de la acción de tutela, así como la ausencia de sustentación
de acuerdo con las causales específicas para su procedencia. Además,
negó el desconocimiento del precedente jurisprudencial.
17. La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 16 de
abril de 202110, revocó la decisión de primera instancia y declaró
improcedente la acción debido a la 1) ausencia de relevancia
constitucional frente al cargo de inadecuada valoración probatoria por
tratarse de “una formulación genérica sin mostrar su trascendencia en la
decisión judicial” y la omisión en identificar la regla jurisprudencial
desconocida, que resultaba vinculante y de la cual el Tribunal se apartó de
manera caprichosa e irrazonable; y 2) el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, porque la violación del principio de congruencia es uno de
los supuestos que configuran la causal de nulidad de la sentencia.
1.6. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante
18. El 16 de julio de 2021, Alexander y Albeiro Silva Hernández con su grupo
familiar presentaron recurso extraordinario de revisión contra el fallo de
segunda instancia, con fundamento en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, que alude a la causal de nulidad originada en la sentencia.
19. La parte recurrente manifestó que la providencia que negó las
pretensiones formuladas incurrió en una violación directa a la Constitución
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 28 de
febrero de 2020, radicado 170012331000200800255 01 (50.501).
9 Folios 84 a 86 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 16 de abril de 2021
Radicado 11001-03-15-000-2020-04917-01.
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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por el desconocimiento del principio de congruencia al modificar, en
segunda instancia, el régimen objetivo de responsabilidad con el que se
surtió la actuación en el proceso de reparación directa, se desconoció el
derecho de igualdad y la decisión fue proferida sin surtir la discusión en Sala.
20. Señaló que el fallo de segunda instancia, “al hacer el cambio de régimen
de responsabilidad al momento de proferir sentencia de segunda instancia,
vulneró el principio de congruencia, el derecho de defensa y contradicción,
presupuesto que compone el debido proceso, consagrados en el artículo
29 de la Constitución Política, puesto que sorprendió a la parte accionante
y no le dio oportunidad de defender sus derechos”, consecuentemente, su
esfuerzo probatorio y argumentativo se dirigió a probar los supuestos de la
responsabilidad objetiva. También puso de presente que esta corporación,
cuando declaró la improcedencia de la acción de tutela, afirmó que la
inobservancia del principio de congruencia constituía una causal de
nulidad en la sentencia.
21. Respecto de la vulneración al derecho a la igualdad, cuestionó que, en
un caso similar al propuesto, analizado por la misma Sala del Tribunal
Administrativo de Santander, no se consideró la decisión que impuso la
medida de aseguramiento y los requisitos para su procedencia, lo que se
tradujo en un “trato procesal desigual” y en ella sólo “se tuvo en cuenta la
detención preventiva”.
22. Finalmente, manifestó que, “al parecer”, los magistrados de ese Tribunal
“no se reunieron a discutir la sentencia atacada [porque] en dicha
providencia al momento de referirse a la fecha en que la sentencia es
sometida a estudio por la sala de decisión, llenan el espacio de la fecha con
XXXXXs, desconociéndose hasta el momento la fecha de la reunión”.
23. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las
peticiones y advirtió que el recurso extraordinario de revisión no podía ser
utilizado para revivir el debate sobre la responsabilidad estatal de un asunto
que ya surtió las dos instancias11. Por ello, las causales previstas, además de
taxativas, debían ser interpretadas en sentido restringido. Tampoco podía
aprovecharse para atacar motivaciones jurídicas o juicios de valor que
soportaron la decisión recurrida, así como corregir errores y omisiones de la
propia parte.
24. La Rama Judicial pese a que intervino en el proceso, presentó un
escrito que no guarda relación con los supuestos fácticos del asunto que se
revisa12.
25. Mediante Auto de 30 de septiembre de 2024, el despacho
sustanciador decretó, como prueba documental, el expediente del medio
de control de reparación directa identificado con el radicado No. 68001-33-
33005-2015-00197-00/01 y ordenó al Tribunal Administrativo de Santander
11 Índice 18 de SAMAI
12 Índice 19 de SAMAI
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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enviar en medio digital este proceso13. El 17 de octubre de 2024, el Tribunal
allegó lo solicitado14 y se corrió traslado a las partes15.
26. El Ministerio Público emitió concepto en el que pidió declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión porque 1) la sentencia atacada guarda
correlación no solo entre lo resuelto y las pretensiones, sino también respecto
de los recursos de apelación, así, era factible concluir que la decisión definió
que la medida privativa de la libertad no fue injusta, aspecto que constituía
el eje central del juicio de la responsabilidad; 2) el reproche no responde a
“un error in procedendo sino uno in iudicando”, por lo que pretende
cuestionar las consideraciones del juez y su valoración probatoria, cuestión
que desborda el propósito del recurso de revisión; y 3) la aludida falta de
discusión del asunto por parte de la Sala no se basa en un hecho real y
probado16.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada, y, 2.4. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
27. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad17 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 28 de mayo de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander, porque no se acreditaron los elementos de la causal invocada.
2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión
28. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar la fuerza de la cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados18, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador19 o por el constituyente.
29. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias20, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez21, ni para corregir los errores
13 Índice 24 de SAMAI
14 Índice 27 y 29 de SAMAI
15 Índice 30 de SAMAI
16 Índice 21 de SAMAI
17La sentencia recurrida quedó ejecutoriada el 3 de agosto de 2020 y el recurso extraordinario de revisión se
interpuso el 16 de julio de 2021, es decir, dentro del término de un año del artículo 251 del CPACA.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de
2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
21 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-
2008-00480-00 (REV).
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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por la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación
del derecho.
2.3. Análisis de la causal invocada
30. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
31. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insaneable. En principio, no es
posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad acaecida
con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que la nulidad no
hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En este caso, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes
puedan subsanar sus omisiones22.
32. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CPACA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140
del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional23 para
dotarla de contenido..
33. El Consejo de Estado ha considerado que las hipótesis de creación
jurisprudencial también configuran causales de revisión, a partir de una
interpretación extensiva del derecho al debido proceso, contemplado en el
artículo 29 constitucional (se trascribe):
“Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta
indispensable que se funde en la ocurrencia de: i) un supuesto configurativo
de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo
133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia;
ii) las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del
derecho fundamental al debido proceso, tales como:
• Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida
con violación al debido proceso.
• Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso.
• Proferir una sentencia sin motivarla.
• Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
• Faltar al principio de congruencia.
• Vulnerar el principio de la “non reformatio in pejus”
Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado determinó que igualmente podrían existir otros supuestos en que la
configuración de la causal de nulidad originada en sentencia por violación
a la garantía constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que
no necesariamente se agotan de manera exhaustiva en los eventos
señalados24”25.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado
2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de
junio de 2021, Radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Radicado 50428.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia del
28 de junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03697-00.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia
de 7 de octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-07530-00 (REV). También, ver Sala Quince Especial de
Decisión, Sentencia de 22 de noviembre de 2023, Radicado 11001-03-15-000-2023-04579-00, Sala 21 Especial de
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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34. No obstante, esta Subsección ha diferido y se ha apartado de la
interpretación anterior porque entiende que los supuestos de nulidad de las
sentencias no pueden crearse jurisprudencialmente, pues se requiere de
una norma legal o constitucional que los contemple. Comprende que las
nulidades no son enunciativas sino taxativas (se trascribe):
“(…) Que las causales del recurso de revisión son taxativas y de
interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser interpretadas
de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de esta Sala, la
causal 5 del artículo 250 del CPACA que se refiere a la “nulidad originada en
la sentencia” debe, también, ser interpretada de manera restrictiva. En ese
sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso extraordinario de
revisión cuando se origine en la Sentencia alguna de las causales de nulidad
previstas en la legislación.
La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el recurso
extraordinario de revisión tiene causales taxativas, por lo que, interpretar el
artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de revisión las
convertiría en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier violación
del debido proceso constituiría una causal para considerar procedente el
recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el juez de la
revisión.
De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad
procesal son de origen legal. El legislador, en ejercicio de la libertad de
configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles
irregularidades procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar a
la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva a que otras
irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor
entidad por el legislador, queden sin sanción de nulidad. Lo anterior en una
lógica expressio unius est exclusio alterius.
En lo que concierne al punto recién advertido, la Corte Constitucional en las
Sentencia C-491 de 199526 y C-217 de 199627, manifestó que la nulidad
consagrada en el artículo 29 constitucional no eliminaba la taxatividad de
las nulidades procesales, toda vez que fue adicionada constitucionalmente.
Como ya se dijo, no toda violación del debido procesal genera nulidad,
porque será el legislador de manera principal o el constituyente de forma
excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales 28”.
Decisión, Sentencia de 31 de enero de 2024, Radicado 11001-03-15-000-2020-04417-00. En particular, se destacan
las providencias relacionadas con el principio de congruencia, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de
abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV), Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de febrero de 2016,
Radicado 2015-02342-00(REV), Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 20 de marzo de 2018, Radicado
2013-01303-00(3318-13).
26 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995. “Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos
procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar que en los casos
allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que
además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la
Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso",
esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia”.
27 Corte Constitucional, Sentencia C-217 de 1996. “Todo lo anterior indica que el debido proceso en materia civil
está plasmado en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y en las normas que lo complementan y
reforman, pero la garantía constitucional en cuya virtud toda prueba practicada en violación de tales reglas es
nula de pleno derecho no puede ser limitada, recortada o desconocida por normas de rango legal que hagan
nugatoria la eficacia de dicha nulidad, pues ésta no proviene de la ley ni depende de ella, en cuanto implica la
seguridad constitucional -ontológicamente anterior a la legislación que fija las reglas de cada proceso- de que
toda prueba, para ser constitucionalmente válida, debe respetar íntegramente el enunciado derecho
fundamental”.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de
agosto de 2022, Radicado 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097).
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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35. De conformidad con la referida interpretación restrictiva de la causal,
esta no puede entenderse configurada si, como en este caso, la recurrente
no se refirió a la causal de nulidad en la que habría incurrido la Sentencia
controvertida. En efecto, el recurso mencionó la violación por parte del
Tribunal del principio de congruencia de la sentencia, mas no determinó la
causal legal o constitucional de nulidad en la que supuestamente incurrió la
decisión.
36. Esta Subsección ha aplicado la interpretación anterior en casos
similares29 en los que se ha alegado la violación del principio de congruencia
como un supuesto de nulidad de la sentencia y ha declarado infundados
los recursos extraordinarios de revisión por no constituir una verdadera causal
de nulidad legal y/o constitucional de los fallos.
37. Por lo tanto, no toda violación del debido proceso genera nulidad,
porque será el legislador, de manera principal, o el constituyente, de forma
excepcional, quienes definan previamente cuáles son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales.
38. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que, a partir de la
interpretación restrictiva de la causal invocada, la incongruencia no es un
supuesto de nulidad consagrado en la ley o la Constitución Política, por lo
que, se reitera, no cualquier afectación al debido proceso configura una
nulidad originada en la sentencia. En efecto, los insumos aportados con el
proceso de reparación directa permiten constatar que, si bien la parte
actora no acudió a un título de atribución de responsabilidad en particular,
sí señaló que la arbitrariedad de la restricción de la libertad de los
demandantes reside en las “deficiencias en la actividad investigativa, y de
la valoración probatoria por parte de las autoridades judiciales
intervinientes” en el proceso penal, con clara alusión a un régimen subjetivo
de falla en el servicio. Es decir, desde el inicio del proceso tuvo la posibilidad
de argumentar probatoria y jurídicamente la prosperidad de sus
pretensiones con fundamento en las falencias referidas, sin perjuicio de que,
como ocurrió en el fallo de primera instancia, el juez optara por la aplicación
de un régimen objetivo de responsabilidad. A partir de lo expuesto, la
aludida infracción al debido proceso tampoco resulta diáfana.
39. Se advierte que el recurso de revisión no es una tercera instancia en la
que se pueda auscultar el razonamiento que adoptó el juez para fallar
desde una perspectiva jurídica y/o fáctica. No obstante, sin que sus
argumentos correspondieran a una causal de nulidad prevista
constitucional o legalmente, el recurso pretendía reabrir el debate jurídico
de las instancias ordinarias para que se produjera una decisión favorable a
sus pretensiones. Como se expuso, la aplicación de un título de atribución
de responsabilidad de falla, con las exigencias probatorios que de él se
derivaban, no fue sorpresivo ni intempestivo para el recurrente pues, aunque
su invocación no fue expresa, la parte demandante contempló la
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de
enero de 2023, Radicado 53332 y Sentencia de 23 de noviembre de 2022, Radicado 66289.
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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pertinencia de su aplicación, incluso, desde la presentación de la
demanda.
40. En este punto, conviene precisar que en la SU 072 de 5 de julio de 201830,
la Corte Constitucional no privilegió un título específico de imputación para
definir los casos en que se discute la privación injusta de la libertad, sino que,
por el contrario, de la interpretación de los artículos 90 constitucional y 68 de
la Ley 270 de 1996, afirmó la facultad del juez administrativo para escoger el
“título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido
por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse (…) sin que
ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones
del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en
aplicación del principio iura novit curia31”.
41. Ahora, respecto de la vulneración del principio de igualdad, se observa
que, lo pretendido por el demandante es que su caso tenga la misma
conclusión que el de otras controversias, en abierto desconocimiento de la
independencia judicial y sin consideración de que cada proceso implica un
estudio de los planteamientos y las pruebas de manera particular y
diferente. Además, el recurrente olvida identificar los supuestos fácticos de
la decisión que estima que debía ser aplicada como precedente, así como
la regla jurídica contenida en él para resolver su caso. La Sala desestimará
el argumento expuesto pues, de conformidad con lo sostenido por esta
corporación32, no configura una causal de nulidad originada en la
sentencia.
42. Por último, el recurrente expresó que la ausencia de la información sobre
el día en que este asunto fue discutido en Sala sugería que su estudio
conjunto no ocurrió, sin embargo, debe precisarse que la misma providencia
dejó constancia que la decisión fue aprobada en Sala virtual y fue firmada
electrónicamente. Esto es así, porque para el momento en que fue
proferida, el artículo 11 del Decreto 491 de 2020 permitió la suscripción de
documentos mediante firma electrónica y, además, este acto podría ser
realizado través del aplicativo para la firma electrónica introducido por el
Consejo Superior de la Judicatura, y reglamentado por los acuerdos
PCSJA20-11567 y PCSJA20-11840 (artículos 22 y 9, respectivamente).
Asimismo, se descarta que la argumentación propuesta aludiera a que el
fallo se hubiese firmado por un número menor o mayor de magistrados que
debía componer la Sala, o que hubiese sido adoptado con un número de
votos diferente al previsto en la ley, estos sí, con implicaciones sobre la
validez de la decisión adoptada, por lo que se concluye que el cargo
formulado por este aspecto tampoco prosperará.
30 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018.
31 El juez conoce el derecho. En la sentencia T-577 de 2017 se entendió que: “corresponde al juez la aplicación del
derecho con prescindencia del invocado por las partes (…) la determinación correcta del derecho”.
32 Al respecto, ver, entre otras providencias del Consejo de Estado: Sala Especial de Decisión No. 2, Sentencia de
4 de agosto de 2020, rad. 11001-03-15-000-2016-03553-00(REV); Sala Especial de Decisión No. 13, Sentencia de 7 de
abril de 2015 Rad. 11001-03-15-000-2013-02724-00 REV; y, Sección Quinta, Sentencia de 19 de julio de 2012 (13001-
23-31-000-2007-00173-01 REV).
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Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00202-00 (69230)
Demandante: Alexander Silva Hernández y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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43. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso de revisión,
porque el recurrente no invocó un supuesto de nulidad de las sentencias
reconocido legal o constitucionalmente33.
2.4 Costas
44. De conformidad con el artículo 255 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso, debería condenarse en costas a la parte
recurrente porque el recurso extraordinario de revisión se declarará
infundado. No obstante, considerando las particularidades del caso, la Sala
se abstendrá de imponer costas, porque la decisión de presentar el recurso
extraordinario de revisión se basó en la providencia de tutela que declaró
improcedente la acción, entre otras razones, por no haberse agotado el
requisito de subsidiariedad, esto es, no haber sido interpuesto previamente
el recurso extraordinario de revisión. La Sala ha adoptado este razonamiento
en casos anteriores34.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 28 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, dentro del proceso de reparación directa.
SEGUNDA: Sin condena en costas
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
33 El ponente de la sentencia aclara que esta providencia configura un hecho nuevo que permitiría presenta una
nueva acción de tutela.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 19 de
abril de 2023, Radicado 66187.
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