Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00006-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00006-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2024-00006-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de julio de 2025
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00006-00 (70.796)
Demandante: José Eiver Ríos Serrano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Nulidad originada en la sentencia –
Interpretación restrictiva de la causal – la causal de nulidad invocada no se sustentó y no
está probada.
Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con base en la causal de revisión de
nulidad originada en la sentencia, para lo cual citó el numeral 1 del artículo 133 del CGP,
que dispone que el proceso es nulo, en todo o en parte, cuando el juez actúe después de
haber declarado la falta de jurisdicción o de competencia. Adicionalmente, expuso que
con la sentencia se vulneró el debido proceso, el principio de congruencia y no se motivó
la decisión.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 27 de enero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, 1.4. Sentencia de segunda
instancia, y 1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 9 de marzo de 2016, José Eiver Ríos Serrano y otros1 presentaron
demanda2, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, para que se
hicieran las siguientes declaraciones (se trascribe):
“PRIMERA. Declárese administrativamente a LA NACIÓN – MINISTERIO
DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, responsable de los
perjuicios Morales, que se ocasionaron a mis poderdantes por la
muerte injusta del Patrullero FABIAN RIOS CHARA, quien falleció el 31
de Agosto de 2014, en actos propios del servicio, adscrito al
Departamento de Policía Nariño, Estación de Policía Cumbal Nariño,
siendo abatido por subversivos que lo atacaron con armas de fuego,
en actos propios del servicio en cumplimiento de su deber, al mando
1 Romelia Chará Rosero, Ronald Ríos Chará, Angie Johana Lucumí Chará, Arianyela Lucumí Chará y Katerine Ríos
Chará.
2 Folios 1 a 26 del cuaderno ordinario. Radicado: 52001-33-33-004-2016-00051-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00006-00 (70.796)
Demandante: José Eiver Ríos Serrano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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del intendente RIGOBERTO ERASO Comandante de la Estación de
Policía Cumbal; ante la falta de previsión de personal necesario por
parte de los mandos de la Institución a órdenes de la Estación de
Policía Cumbal, para el desarrollo de las actividades propias del
servicio, siendo considerada una zona de orden público, dotados de
armas de fuego de largo alcance como es el fusil Galil,
determinándose una PROTUBERANTE FALLA DEL SERVICIO, por parte
de la entidad demandada.
SEGUNDA. Condénese a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, al pago de las
siguientes cantidades por concepto de:
A. PERJUICIOS MORALES:
Para JOSE EIVER RIOS SERRANO Y ROMELIA CHARA ROSERO, en su
condición de Padres del Occiso, el equivalente a 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, o sea
$644.350.00 x 200 = $128.870.000.00.
Para RONALD RIOS CHARA, ANGIE JOHANA LUCUMI CHARA,
ARIENYELA LUCUMI CHARA y KATERINE RIOS CHARA, en su
condición de hermanos del Occiso, el equivalente a 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos o sea
$644.350.00 x 400 = 257.740.000.00 (…)”.
2. Las afirmaciones que sustentaron las pretensiones se resumen así: el 31 de
agosto de 2014, fueron asesinados el intendente Rigoberto Erazo,
comandante de la Estación de Policía de Cumbal y el patrullero Fabian Ríos
Chara, cuando se encontraban en la plaza de mercado del municipio de
Cumbal – Nariño, al ser interceptados por sujetos pertenecientes a la
Columna Mariscal Sucre de las FARC quienes les propinaron varios disparos
y les hurtaron el armamento de dotación oficial y material de guerra: fusiles,
proveedores, municiones y grandas de fragmentación.
1.2. Posición de la parte demandada
3. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional se opuso a
las pretensiones de la demanda3 porque la muerte del patrullero ocurrió por
un ataque subversivo en el marco de un riesgo inherente a la actividad
militar, en actos especiales del servicio. Consideró que de los hechos de la
demanda no se podía concluir la existencia de la responsabilidad de la
entidad demandada, ya que no se demostró falla en el servicio, ni tampoco
que se hubiere causado el daño antijuridico que pretende endilgarse.
Invocó como excepción el hecho de un tercero y la ausencia de
responsabilidad.
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante
4. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Pasto dictó la Sentencia de 19
de febrero de 20184. Declaró no probadas las excepciones del hecho de un
tercero y ausencia de responsabilidad y declaró responsable a la entidad
demandada por los perjuicios causados al encontrar probada la falla en sus
actuaciones, por falta de previsión de personal e incumplimiento de las
3 Folios 130 a 140 del proceso ordinario.
4 Folios 227 a 246 del proceso ordinario.
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Demandante: José Eiver Ríos Serrano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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directrices impartidas por mando institucional. Además, afirmó que el
ataque pudo ser previsible, resistible o evitable.
5. Señaló que al haberse autorizado el desplazamiento de los uniformados
contrariando los instructivos sobre manejo y asignación de armas y las
circulares sobre seguridad que para tal efecto existían, se expuso a la
víctima a un riesgo excesivo, incluso para la actividad y profesión escogida.
6. Afirmó que el solo hecho de portar fusil galil por parte del patrullero sin
que existiera una prueba de la debida instrucción en su manejo y la falta de
acompañamiento mínima en el desplazamiento era suficiente motivo para
imputar responsabilidad ya que, dicha situación puso al patrullero en estado
de indefensión.
7. Contra esta providencia, la parte demandada interpuso recurso de
apelación5. Manifestó que no le asistía responsabilidad porque el patrullero
se encontraba ejerciendo funciones propias del servicio junto con el
comandante de la estación de Policía. Además, señaló que el ataque fue
sorpresivo y que en virtud de su muerte se reconoció a su compañera
permanente e hijas pensión de sobreviviente y compensación.
1.4. Sentencia de segunda instancia
8. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió la Sentencia de 27 de enero de
20236, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
se negó las pretensiones de la demanda.
9. Concluyó que la muerte de Fabián Ríos fue perpetrada por miembros de
un grupo armado ilegal, por lo que no se encontró falencias de tipo táctica
o de manejo de personal y armamento que permitieran establecer la
configuración de una falla del servicio o el incremento injustificado del riesgo
propio de la función policial.
10. Determinó que, contrario a la conclusión a la que arribó la primera
instancia, en el presente caso, no se demostró que el ataque hubiera
obedecido al porte del armamento que llevaban las víctimas, o la intención
de su hurto.
11. Respecto de los instructivos que según la parte actora no fueron tenidos
en cuenta, señaló que si bien, en efecto, estos impartían lineamientos sobre
las medidas de seguridad para el manejo del fusil galil, en el caso concreto,
no se demostró la existencia de armamento o personal adicional con el que
efectivamente contaba la estación para aquella fecha, o cualquier otra
circunstancia que conllevara a establecer una inatención por parte de la
entidad, en relación con requerimientos de seguridad de la estación de
policía.
5 Folio 250 a 253 del proceso ordinario.
6 Índice Samai 10 del proceso ordinario.
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1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante
12. El 14 de diciembre de 20237, la parte demandante8 interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, con
fundamento en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, que alude a la
causal de nulidad originada en la sentencia. Citó el numeral 1 del artículo
133 del CGP, que dispone que el proceso es nulo, en todo o en parte,
cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de
jurisdicción o de competencia y, adicionalmente, el artículo 29 de la
Constitución Política en relación con el debido proceso.
13. Se refirió puntualmente a dos cargos de violación, el primero,
“incongruencia entre el recurso de apelación y la sentencia de segunda instancia
del Tribunal Administrativo de Nariño, por la cual revoca la decisión de primera
instancia” y el segundo “falta de motivación de la sentencia de segunda instancia
del Tribunal Administrativo de Nariño, por la cual revoca la decisión de primera
instancia”.
14. Respecto del primer cargo, sostuvo que, la defensa de la entidad
demandada se convirtió en la repetición de los argumentos de las
excepciones del hecho de un tercero y ausencia de responsabilidad,
además de incurrir en errores sobre aspectos relevantes de los hechos
ocurridos, que fueron demostrados por la parte actora. Señaló que, los
argumentos planteados no atacaron las razones expuestas en la sentencia,
sino que se “propuso motivos ligeros y otros equivocados, es decir, omitió justificar
las razones de fondo por las cuales se oponía a la sentencia que reprochaba, el Ad
quem los justificó tratando de suponerlos”.
15. Afirmó que estaba probado que el 31 de agosto de 2014, el intendente
Rigoberto Erazo, comandante de la estación de policía del municipio de
Cumbal - Nariño, una vez distribuyó los servicios al personal, en compañía
del patrullero Fabian Ríos Chara, uniformados y con material de guerra se
dirigieron en motocicleta oficial a la plaza de mercado a realizar el pago de
facturas de víveres para el economato, para posteriormente acudir a
apoyar un evento que se iba a realizar en el parque Bolívar de la población,
por lo que no comparte la afirmación de que “el señor Patrullero FABIAN RIOS
CHARA (Q.E.P.D.) (Integrante de la Estación de Policía Cumbal) se dirigió junto con
el señor Intendente RIGOBERTO ERAZO (Q.E.P.D.) (Comandante de la Estación) a la
plaza de mercado del Municipio toda vez que brindarían apoyo a la comunidad
en un evento que se realizaría en ese lugar acerca del "Bono de Solidaridad" (así
quedó consignado en el Informe de Novedad)”.
16. Señaló que los proyectiles que acabaron con la vida de los policías
fueron disparados desde armas de corto alcance, lo cual quedó certificado
en los diferentes documentos elaborados por los funcionarios que realizaron
el levantamiento y la necropsia, a lo que el recurrente equivocadamente
afirmó: “(…) que se encontraban camuflados entre los pobladores y quienes con
7 Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
8 José Eiver Ríos Serrano, Romelia Chará Rosero, Ronald Ríos Chará, Angie Johana Lucumí Chará, Arianyela
Lucumí Chará y Katerine Ríos Chará.
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armas de fuego de largo alcance ultimaron al señor Intendente ERAZO y al señor
Patrullero CHARA”.
17. Sostuvo que en el presente asunto no se estaban discutiendo omisiones
en asuntos prestacionales y, por lo tanto, la entidad demandada no debía
poner de presente el acto administrativo preparatorio denominado “informe
prestacional por muerte No. 14/2014 del 10 de octubre de 2014, en el cual se
calificó el fallecimiento de los policiales como en actos especiales del servicio, para
otorgarle al núcleo familiar la indemnización establecida en las normas legales”.
18. Adujo que la demandada no desvirtuó la conclusión a la que llegó el
juez de que la muerte de los policías ocurrió con el fin de hurtarles los fusiles
galil y el material de guerra, por desconocer los instructivos No. 139/DIROP –
ASECI C/568, de 6 de diciembre de 2000, y No. 092/SEPOL -OGENSI de 5 de
septiembre de 2006, proferidos por la Dirección General de la Policía
Nacional.
19. Manifestó que “En suma, hubo un desvío de poder del juez, ante el silencio y
abandono del apelante sobre las zonas del litigio, decide involucrar su propia visión
para completar o adicionar la parte omitida, y hacerlo cuando quien no apeló ya
nada puede hacer para oponerse. En este escenario, el afectado acude al recurso
de revisión para válidamente defenderse de los argumentos que de su propio cuño
abonó el juez, para completar los silencios del apelante”.
20. Expuso que la congruencia “es uno de los elementos constitutivos del
derecho fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política y una manifestación del derecho de contradicción y
defensa de las partes, de manera que la incongruencia de la decisión
judicial general la invalidez de la decisión judicial”.
21. Concluyó que en este caso quedó demostrado que: “existe incongruencia
entre la sentencia recurrida y los motivos de inconformidad del opugnado, por
dicha la (sic) decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, quedó incursa en la
causal quinta de revisión denominada “nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación”, prevista en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la que, a su turno, está íntimamente ligada a la
causal 1ª de nulidad procesal del artículo 133 del C.G.P., aplicable por remisión
expresa del artículo 208 del CPACA y el artículo 29 de la Carta Política”.
22. Respecto del segundo cargo señaló como falencias que: 1) se valoró de
manera equivocada el informe administrativo prestacional No. 14 de 2014
donde se calificó la muerte del patrullero en actos especiales del servicio, a
pesar de tratarse de un concepto emitido dentro de un acto preparatorio
que tenía como único fin determinar si el hecho ocurrió en actividad, en
actos de servicio o en actos meritorios del servicios; 2) se le dio una indebida
apreciación al precedente aportado ya que con este no se buscaba
demostrar la igualdad en el régimen aplicable – trataba de un conscripto-,
si no la existencia de antecedentes de la falla en el servicio que originaba el
abandono de los protocolos de seguridad cuando se portaba material de
guerra; 3) indebida valoración de la Resolución 9360 de septiembre 5 de
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19949 y los Instructivos 139/DIROP – ASECI C/568 de 6 de diciembre de 200010,
041/DIPON - OGENSI de abril 23 de 200411 y 092/SEPOL -OGENSI de 5 de
septiembre de 200612, proferidos por la Dirección General de la Policía
Nacional, ya que, estas daban cuenta de que, previamente ya se habían
presentado casos similares, donde se había asesinado a policías y hurtado
sus armas de dotación, por haber incumplido las ordenes sobre el uso del
fusil galil, por lo que resultaba desproporcionada la exigencia del juez de
que la parte actora debía demostrar la existencia de un riesgo latente de
ataques en contra de uniformados o población civil en el municipio de
Cumbal; 4) se desconoció que el actuar de los grupos insurgentes es
sorpresivo y que en estos se persigue el material de guerra por su elevado
costo; 5) lo que ocasionó los hechos por los cuales se demanda fue el
desplazamiento de los uniformados con fusil galil y elementos de guerra, ya
que se contrarió lo dispuesto en el Instructivo 139 de diciembre 6 de 2000
pues, debían portar pistolas calibre 9 mm.
23. Sostuvo que “La causal propuesta por la parte demandante en este recurso
es la falta de motivación de la sentencia, toda vez que el Tribunal Administrativo
presentó falencias al valorar los medios probatorios aportados al proceso y llegó a
una conclusión totalmente contraria; ahora, la falta de motivación no se encuentra
enlistada entre las causales de nulidad del artículo 133 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 208 del CPACA, pero debe
entenderse que la falta de motivación se encuentra amparada y reconocida
dentro del derecho fundamental del debido proceso contemplado en el artículo
29 de la Carta Política”.
24. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y el
Ministerio Público guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada, y, 2.4. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
25. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad13 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 27 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, porque no se acreditaron los elementos de la causal invocada.
2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión
26. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar la fuerza de la cosa juzgada, porque permite
9 “Determina las zonas del país en las cuales se debe pagar la Prima de Orden Público al personal que presta sus
servicios en la Policía nacional”.
10 “Instrucciones sobre el uso del fusil SAR Galil”.
11 “Instructivo para evitar emboscadas”.
12 “Empleo de Fusil Sar Galil y otras armas de largo alcance”.
13 La sentencia objeto del recurso quedó ejecutoria el 6 de febrero de 2023, de modo que, el recurso interpuesto
el 14 de diciembre de 2023 resulta oportuno.
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controvertir fallos ejecutoriados14, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador15 o por el constituyente.
27. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias16, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez17, ni para corregir los errores
por la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación
del derecho.
2.3. Análisis de la causal invocada
28. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación”.
29. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insubsanable. En principio, no es
posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad acaecida
con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que la nulidad no
hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En este caso, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes
puedan subsanar sus omisiones18.
30. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CPACA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140
del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional19 para
dotar de contenido a la causal.
31. El Consejo de Estado ha considerado que las hipótesis de creación
jurisprudencial también configuran causales de revisión, a partir de una
interpretación extensiva del derecho al debido proceso, contemplado en el
artículo 29 constitucional (se trascribe):
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de
2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
17 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-
2008-00480-00 (REV).
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado
2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de
junio de 2021, Radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Radicado 50428.
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Radicación: 11001-03-26-000-2024-00006-00 (70.796)
Demandante: José Eiver Ríos Serrano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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“Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta
indispensable que se funde en la ocurrencia de: i) un supuesto configurativo
de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo
133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia;
ii) las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del
derecho fundamental al debido proceso, tales como:
• Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida
con violación al debido proceso.
• Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso.
• Proferir una sentencia sin motivarla.
• Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
• Faltar al principio de congruencia.
• Vulnerar el principio de la “non reformatio in pejus”
Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado determinó que igualmente podrían existir otros supuestos en que la
configuración de la causal de nulidad originada en sentencia por violación
a la garantía constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que
no necesariamente se agotan de manera exhaustiva en los eventos
señalados20”21.
32. No obstante, esta Subsección ha diferido y se ha apartado de la
interpretación anterior porque entiende que los supuestos de nulidad de las
sentencias no pueden crearse jurisprudencialmente, pues se requiere de
una norma legal o constitucional que la contemple. Comprende que las
nulidades no son enunciativas sino taxativas (se trascribe):
“(…) Que las causales del recurso de revisión son taxativas y de
interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser interpretadas
de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de esta Sala, la
causal 5 del artículo 250 del CPACA que se refiere a la “nulidad originada en
la sentencia” debe, también, ser interpretada de manera restrictiva. En ese
sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso extraordinario de
revisión cuando se origine en la Sentencia alguna de las causales de nulidad
previstas en la legislación.
La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el recurso
extraordinario de revisión tiene causales taxativas, por lo que, interpretar el
artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de revisión las
convertiría en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier violación
del debido proceso constituiría una causal para considerar procedente el
recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el juez de la
revisión.
De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad
procesal son de origen legal. El legislador, en ejercicio de la libertad de
configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles
irregularidades procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar a
la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva a que otras
irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor
entidad por el legislador, queden sin sanción de nulidad. Lo anterior en una
lógica expressio unius est exclusio alterius.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia del
28 de junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03697-00.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia
de 7 de octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-07530-00 (REV). También, ver Sala Quince Especial de
Decisión, Sentencia de 22 de noviembre de 2023, Radicado 11001-03-15-000-2023-04579-00, Sala 21 Especial de
Decisión, Sentencia de 31 de enero de 2024, Radicado 11001-03-15-000-2020-04417-00. En particular, se destacan
las providencias relacionadas con el principio de congruencia, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de
abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV), Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de febrero de 2016,
Radicado 2015-02342-00(REV), Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 20 de marzo de 2018, Radicado
2013-01303-00(3318-13).
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Radicación: 11001-03-26-000-2024-00006-00 (70.796)
Demandante: José Eiver Ríos Serrano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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En lo que concierne al punto recién advertido, la Corte Constitucional en las
Sentencia C-491 de 199522 y C-217 de 199623, manifestó que la nulidad
consagrada en el artículo 29 constitucional no eliminaba la taxatividad de
las nulidades procesales, toda vez que fue adicionada constitucionalmente.
Como ya se dijo, no toda violación del debido procesal genera nulidad,
porque será el legislador de manera principal o el constituyente de forma
excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales 24”.
33. De lo anterior, se puede concluir que, no toda violación del debido
proceso genera nulidad, porque será el legislador, de manera principal, o el
constituyente, de forma excepcional, quienes definan previamente cuáles
son las irregularidades que producen la nulidad de los actos procesales.
34. La parte recurrente anunció como causal de revisión el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, que alude a la nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación y,
a su vez, citó como causal de nulidad la establecida en el numeral 1 del
artículo 133 del CGP, que dispone que el proceso es nulo, en todo o en
parte, cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de
jurisdicción o de competencia. No obstante, la parte actora se limitó a
mencionar la causal, sin ningún fundamento, ni probó que dicho supuesto
se hubiera configurado en el presente caso.
35. El recurso refirió, además, que el Tribunal vulneró el principio de
congruencia de la sentencia. Al respecto, esta Subsección ha aplicado la
interpretación citada en párrafos anteriores, en casos similares25 en los que
se ha alegado la vulneración a dicho principio como un supuesto de nulidad
de la sentencia y ha declarado infundados los recursos extraordinarios de
revisión por no constituir una verdadera causal de nulidad legal y/o
constitucional de las sentencias.
36. Lo mismo ocurre, respecto de la falta de motivación de la sentencia
alegada, la cual tampoco es un supuesto de nulidad consagrado en la ley
o la Constitución Política, por lo que, se reitera que no cualquier afectación
al debido proceso configura una nulidad originada en la sentencia. No
puede pasarse por alto que la falta de motivación ha sido entendida por la
jurisprudencia constitucional como un defecto específico de las
22 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995. “Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos
procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar que en los casos
allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que
además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la
Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso",
esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia”.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-217 de 1996. “Todo lo anterior indica que el debido proceso en materia civil
está plasmado en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y en las normas que lo complementan y
reforman, pero la garantía constitucional en cuya virtud toda prueba practicada en violación de tales reglas es
nula de pleno derecho no puede ser limitada, recortada o desconocida por normas de rango legal que hagan
nugatoria la eficacia de dicha nulidad, pues ésta no proviene de la ley ni depende de ella, en cuanto implica la
seguridad constitucional -ontológicamente anterior a la legislación que fija las reglas de cada proceso- de que
toda prueba, para ser constitucionalmente válida, debe respetar íntegramente el enunciado derecho
fundamental”.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de
agosto de 2022, Radicado 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de
junio de 2024, Radicado 63829, Sentencia de 26 de enero de 2023, Radicado 53332 y Sentencia de 23 de
noviembre de 2022, Radicado 66289.
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Radicación: 11001-03-26-000-2024-00006-00 (70.796)
Demandante: José Eiver Ríos Serrano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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providencias judiciales, que el juez de tutela puede estudiar26. En ese
sentido, no le corresponde al juez de revisión desplazar las competencias del
juez de tutela para pronunciarse sobre aspectos del fondo.
37. La parte recurrente enfocó sus objeciones en cuestionar la valoración de
las pruebas y el razonamiento adoptado por el juez de segunda instancia,
lo que evidencia una falta de técnica en la interposición del recurso, ya que
dicho debate correspondía al proceso ordinario. Además, reiteró
argumentos planteados en el proceso de reparación directa, una estrategia
que pone en evidencia su clara intención de convertir el recurso
extraordinario de revisión en una tercera instancia.
38. Además, instrumentalizó la impugnación extraordinaria como si se tratara
de un recurso de apelación, porque en su escrito hizo una valoración del
material probatorio para acreditar los elementos de la responsabilidad y
reprochó el análisis que realizó el Tribunal. Al respecto, se recuerda que la
impugnación extraordinaria no es un medio de defensa que sirva para
corregir las falencias argumentativas y/o probatorias de las partes.
39. Sin que sus argumentos correspondieran a una causal de nulidad prevista
constitucional o legalmente, el recurso pretendía reabrir el debate
probatorio y jurídico de las instancias ordinarias para que se produjera una
decisión favorable a sus pretensiones. Esta estrategia de litigio desborda la
naturaleza extraordinaria del recurso de revisión.
40. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso de revisión,
porque el recurrente invocó un supuesto de nulidad de la sentencia que, si
bien se encuentra reconocido legalmente, este no se configuró en el
presente caso. Además, porque la violación al principio de incongruencia
y la falta de motivación de la sentencia no corresponden a uno de los
supuestos de nulidad reconocidos legal o constitucionalmente en el
ordenamiento jurídico vigente.
2.4 Costas
41. De conformidad con el artículo 255 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso, la Sala condenará en costas a la parte
recurrente porque el recurso extraordinario de revisión se declarará
infundado, las cuales se liquidarán en los términos del artículo 366 del CGP.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-041 de 2018. “Lo que debe tenerse en cuenta, finalmente, es que la
estipulación de la falta de motivación como causal de procedencia de la tutela contra sentencias propende por
la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
cuestión que, adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción. Así, al examinar un cargo por
ausencia de motivación de una decisión judicial, el juez de tutela deberá tener presente que el deber de presentar
las razones fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio de la función judicial que, de transgredirse,
supone una clara vulneración del debido proceso. // Por otra parte, la jurisprudencia ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino
señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal”.
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Radicación: 11001-03-26-000-2024-00006-00 (70.796)
Demandante: José Eiver Ríos Serrano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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3. DECISIÓN
42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la Sentencia de 27 de enero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso de reparación directa.
SEGUNDA: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales se
liquidarán en los términos del artículo 366 del CGP.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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