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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00175-00

Fecha
14 de julio de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00175-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 47001-33-31-001-2012-00343-01. SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente, que serán liquidadas, en la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Fiscalía General de la Nación por un (1) salario mínimo mensual legal vigente. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2019-00175-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

14 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia
adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – son
taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 1ª del ARTÍCULO 250 DEL CPACA –
documento decisivo recobrado o encontrado con posterioridad al fallo enjuiciado – presupuestos
para su configuración. CAUSAL 5ª DEL ARTÍCULO 250 DEL CPACA - nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso – presupuestos para su configuración. NULIDAD ORIGINADA
EN LA SENTENCIA POR FALTA DE MOTIVACIÓN – se presenta en caso de carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento
a la decisión, o cuando esta se sustente en circunstancias manifiestamente erróneas, arbitrarias
o caprichosas. DECLARA INFUNDADO - no se aportó un documento recobrado, ni se acreditó
la falta de motivación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Orlando José Moscarella Rodríguez y otros contra la sentencia proferida el 24
de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso
de reparación directa identificado con radicado núm. 47001-33-31-001-2012-00343-
01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 26 de julio de 2009, Kelvyn Orlando José Moscarella Tete fue ultimado, en sentir
de su grupo familiar, por una omisión en el deber de protección a cargo del Estado,
consecuencia de lo cual ejercieron la acción de reparación directa contra la Nación
– Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

1 Artículos 243, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones
procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -8 de
noviembre de 2019-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a
las disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del
primero de los estatutos mencionados.
1

Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

El 30 de junio de 2015, el Juzgado 1° Administrativo de Descongestión del Circuito
de Santa Marta declaró la responsabilidad administrativa de la Nación – Fiscalía
General de la Nación, y el 24 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo del
Magdalena revocó esta decisión y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda.

Los aquí recurrentes interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, afirmando que se
materializaron las causales 1ª y 5ª de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo
CPACA), es decir, “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria” y “[e]xistir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso”, respectivamente. En sustento, adujeron:
(i) como documento recobrado dos declaraciones extrajuicio que no fueron
allegadas al proceso ordinario porque el juez no decretó pruebas de oficio; y (ii) falta
de motivación por indebida valoración probatoria.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión

Los recurrentes narraron que el 21 de junio de 2009 Kelvyn Orlando José Moscarella
Tete fue víctima de un atentado y, pese a ello, las autoridades no adoptaron medida
de protección alguna.

Refirieron que, como consecuencia de esta omisión en el servicio de seguridad y
protección, el 26 de julio de 2009 Kelvyn Orlando José Moscarella Tete fue
asesinado.

Sostuvieron que, por tal motivo, el 1 de septiembre de 2011 presentaron demanda
de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama
Judicial, para que se declarara su responsabilidad por la muerte de Kelvyn Orlando
José Moscarella Tete2.

Indicaron que, mediante sentencia del 30 de junio de 2015, el Juzgado 1°
Administrativo de Descongestión del Circuito de Santa Marta declaró la
responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación, porque
consideró que esta entidad omitió proteger a Kelvyn Orlando José Moscarella Tete3.

2 Documentos contenidos en el expediente digitalizado con certificados E8466B636987A1A2
C54343DFB629ECF5 A5F6354A2588368E BF167A1E2FFBBE2F y F8A42CE3F5CC2147
7643D1B197E9150B FEAADE435BD63787 E8B84FFA97DB7854, ubicado en el índice 15 de
SAMAI.
3 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado E090DF72FDD5843A

872DFAB0385BD2D4 6F994A439500DFC0 EE471A00B8E087F, ubicado en el índice 15 de SAMAI.
2

Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

Afirmaron que el 15 de julio de 2015 apelaron la decisión, por inconformidad con la
falta de reconocimiento de perjuicios morales4.

Adujeron que el 22 de julio de 2015 la Nación – Fiscalía General de la Nación
formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
argumentando que la guarda y seguridad de los ciudadanos no hacía parte de sus
funciones5.

Señalaron que el 24 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo del Magdalena
revocó la decisión del Juzgado 1° Administrativo de Descongestión de Santa Marta
y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda al estimar que no se acreditó que
Kelvyn Orlando José Moscarella Tete hubiera solicitado protección a la Fiscalía
General de la Nación6.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 8 de noviembre de 2019, Orlando José Moscarella Rodríguez, Fanny Tete de
Moscarella, Karina Cecilia Moscarella Tete, Orlando José Contreras Moscarella,
María Camila Contreras Moscarella, Jesús Alberto Moscarella Avendaño, Dannys
Daniel Ortiz Tete, Sonia Esther Tete de La Hoz, Karinton Alberto Gutiérrez Tete,
Beatriz Tete de La Hoz, Alfredo Tete Romero, Ana Cecilia de La Hoz, María Angelica
Ortiz Tete y Milco Miguel Echeverria Tete formularon recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia proferida el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena7.

Invocaron las causales 1ª y 5ª del artículo 250 del CPACA, es decir, “[h]aberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria” y “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”, respectivamente.

En sustento de la causal 1ª, adujeron como documento recobrado las declaraciones
extrajuicio rendidas el 6 de noviembre de 2019 ante la Notaría Tercera del Círculo
de Santa Marta por la funcionaria del CTI, Yuritza Avendaño Ramírez, y la
progenitora de la víctima, Fanny Tete de Moscarella.

4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 7FF88243C6C89128
3A37391B76165414 ABF6D7503830BB13 4149B59D9BDA1520, ubicado en el índice 15 de SAMAI.
5 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 31570E3AE376F3FA

5CE000232B7023CE 5FE5CD58E8CA641E 3FC23C741CE70BA4, ubicado en el índice 15 de
SAMAI.
6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 275726C39C17A08C

A0528D2727C991F1 5D4EA065F063E0A7 B03A86F876651424 , ubicado en el índice 15 de
SAMAI.
7 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado C9D2E4D16F24BECC

E587F84BBD94E119 6E7EAB355A220EC9 6F9AE39B1CC7DC83, ubicado en el índice 15 de
SAMAI.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

Precisaron que, si bien la causal 1ª se refiere expresamente a “documentos
decisivos”, los testimonios también integran la categoría general de medios de
prueba. Por lo tanto, limitar su interpretación a una noción estrictamente documental
resulta inviable, especialmente a la luz del principio de acceso a la administración
de justicia.

Añadieron que estos testimonios no fueron incorporados al proceso por fuerza
mayor, en tanto correspondía a la autoridad judicial decretar las pruebas de oficio,
no solo a efectos de esclarecer la verdad, sino en cumplimiento del principio iura
novit curia.

Con relación a la configuración de la causal 5ª, alegaron que la sentencia
cuestionada adolece de deficiencias argumentativas, probatorias, estructurales y
sustanciales que la vician de falta de motivación, en consideración a que el ad quem
no realizó una valoración integral, objetiva y coherente del acervo probatorio.

Aseguraron que esta omisión llevó al juzgador a incumplir su deber de búsqueda de
la verdad material, con la consecuente afectación de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de las víctimas.

Concretamente, censuraron la apreciación de los testimonios rendidos por Carlos
Alberto Ternera, Elizabeth Tete Romero, Jonathan Tete Cotes y Deisy Blanco
Bonilla, así como la valoración parcial del oficio DSFSM OR No. 239 de la Fiscalía
General de la Nación. Estimaron que el ejercicio valorativo de estos medios de
prueba llevó a conclusiones opuestas a la realidad.

Además, sostuvieron la falta de práctica de pruebas, porque el Tribunal no citó a
declarar a los funcionarios del CTI Yolanda Mozo, Jader Arellano y Eliecer Royero,
según señalaron, presentes en el lugar del atentado del 21 de junio de 2009.

Asimismo, advirtieron una deficiencia en el deber judicial de búsqueda de la verdad,
en tanto el juez administrativo no ejerció su facultad probatoria oficiosa, dejando
hechos relevantes sin esclarecer, frente a lo cual solicitaron, en sede de revisión
extraordinaria, que se practicaran varias pruebas para demostrar que la Fiscalía
General de la Nación sí tuvo conocimiento del atentado previo al homicidio de
Kelvyn Orlando José Moscarella Tete y que omitió actuar para protegerlo. Entre las
pruebas peticionadas se encuentra la declaración jurada de una funcionaria del CTI
y de la progenitora de la víctima, así como la solicitud de informes y certificaciones
al CTI y la Fiscalía, para identificar a los funcionarios de turno el 21 de junio de 2009
y establecer si en esa fecha realizaron alguna actuación. También, requirieron una
inspección judicial de los registros oficiales para verificar si el mencionado atentado
fue documentado, y la citación de los funcionarios que habrían atendido este
incidente, con el fin de esclarecer por qué no se activaron mecanismos de
protección.

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Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

Finalmente, solicitaron que se “revoque” la decisión del Tribunal Administrativo del
Magdalena y se acceda a las pretensiones de la demanda de reparación directa,
toda vez que, “con los testimonios obrantes y los que se escucharán con la presente
demanda de revisión, se justifica la decisión en el sentido indicado”.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 19 de abril de 2021 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó
notificar a la Nación – Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado8.

3.1. La Procuraduría General de la Nación estimó que el recurso extraordinario de
revisión no está llamado a prosperar, por cuanto: (i) las pruebas que se pretende
incorporar al proceso como documento recobrado no cumplen con esta
característica; y (ii) no se advierte la configuración de una nulidad originada en la
sentencia, sino simplemente la inconformidad de los recurrentes con la valoración
probatoria realizada por la autoridad judicial9.

3.2. La Nación – Fiscalía General de la Nación consideró que los medios de
convicción que sirven de sustento a la causal 1ª no existían al momento de proferirse
la sentencia cuestionada, por lo que no se satisfacen los requisitos exigidos frente
al documento recobrado. Además, destacó que los recurrentes intentan convertir la
revisión en una tercera instancia orientada a revalorar las pruebas del proceso
ordinario10.

3.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados,
(4) análisis de configuración de las causales de revisión extraordinaria, (5)
conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24911 del CPACA, en

8 Índice 5 de SAMAI.
9 Índice 8 de SAMAI.
10 Índice 13 de SAMAI.
11 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
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Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

concordancia con el artículo 1312 del Acuerdo 080 de 201913, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo 434 de 202414, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

1.2. De acuerdo con el artículo 24815 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso
extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión
de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena que se
encuentra debidamente ejecutoriada.

1.3. De conformidad con el artículo 25116 del CPACA, el recurso extraordinario de
revisión se formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 16 de noviembre de
2018 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.7.); y (ii) el 8 de
noviembre de 2019 los recurrentes interpusieron el recurso extraordinario de
revisión, es decir, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia
impugnada.

1.4. Orlando José Moscarella Rodríguez, Fanny Tete de Moscarella, Karina Cecilia
Moscarella Tete, Orlando José y María Camila Contreras Moscarella, Jesús Alberto
Moscarella Avendaño, Dannys Daniel Ortiz Tete, Sonia Esther Tete de La Hoz,
Karinton Alberto Gutiérrez Tete, Beatriz Tete de La Hoz, Alfredo Tete Romero, Ana
Cecilia de La Hoz, María Angelica Ortiz Tete y Milco Miguel Echeverria Tete se
encuentran legitimados en la causa para interponer el recurso extraordinario de
revisión, pues fungieron como parte activa en la demanda de reparación directa
resuelta el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

2. Problema jurídico

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configuran las causales de revisión
establecidas en los numerales 1° y 5º del artículo 250 del CPACA, es decir, si

12 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos

de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
14 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
15 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
16 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año

siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocaron las causales 1°
y 5°, los recurrentes contaban con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
6

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Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

después de dictado el fallo fueron encontrados o recobrados documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido adoptar una decisión diferente, y si existe nulidad
originada en la sentencia proferida el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, derivada de una deficiente motivación suscitada en
una indebida valoración probatoria, respectivamente.

3. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:

3.1. El 26 de julio de 2009, Kelvyn Orlando José Moscarella Tete falleció producto
de “múltiples impactos de proyectil de arma de fuego”17.

3.2. El 1 de septiembre de 2011, Orlando José Moscarella Rodríguez, Fanny Tete
de Moscarella, Jesús Alberto Moscarella Avendaño, Karina Cecilia Moscarella Tete,
Orlando José y María Camila Contreras Moscarella, Dannys Daniel Ortiz Tete, María
Angelica Ortiz Tete, Sonia Ester Tete de La Hoz, Karinton Alberto Gutiérrez Tete,
Beatriz Tete de La Hoz, Ana Cecilia Tete de La Hoz, Milco Miguel Echeverria Tete,
Alfredo Tete Romero y Álvaro Alfonso Moscarella Rodríguez, en ejercicio de la
acción de reparación directa, presentaron la demanda radicada con el número 47-
001-33-31-001-2012-00343-00/01, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación
y Rama Judicial, para que fuera declarada patrimonialmente responsable por el
deceso de Kelvyn Orlando José Moscarella, por omisión en el deber de protección
a cargo del Estado18. Solicitaron el reconocimiento de perjuicios materiales y
morales a favor de los padres, el hijo, la hermana, los sobrinos, los primos y los tíos
de la víctima.

3.3. El 30 de junio de 2015, el Juzgado 1° Administrativo de Descongestión del
Circuito de Santa Marta declaró administrativamente responsable a la Nación –
Fiscalía General de la Nación. En sustento, concluyó que la omisión de esta entidad
en el deber de protección fue determinante en el fallecimiento de Kelvyn Orlando
José Moscarella, máxime si tenía conocimiento del riesgo que corría, con ocasión
del atentado sufrido un mes antes de su muerte. Así, reconoció perjuicios a favor de
los padres, el hijo y la hermana de la víctima19.

17 Registro civil de defunción e informe pericial de necropsia, documentos contenidos en el
expediente digitalizado con certificado 6E216CC571794969 E23FD39FC43FAE7D
881C0695D5F79B43 7B60F455B9EF2423, ubicado en el índice 15 de SAMAI, archivo “Archivo 1”,
páginas 52 y 85 a 90.
18 Escrito de demanda, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

6E216CC571794969 E23FD39FC43FAE7D 881C0695D5F79B43 7B60F455B9EF2423, ubicado en
el índice 15 de SAMAI, archivo “Archivo 1”, páginas 20 a 39.
19 Sentencia de primera instancia, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

6E216CC571794969 E23FD39FC43FAE7D 881C0695D5F79B43 7B60F455B9EF2423, ubicado en
el índice 15 de SAMAI, archivo “Archivo 1”, páginas 330 a 353.
7

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Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

3.4. El 15 de julio de 2015, los demandantes interpusieron recurso de apelación,
argumentando que el reconocimiento de perjuicios morales debía extenderse a los
tíos, sobrinos y primos de la víctima20.

3.5. El 22 de julio de 2015, la Nación – Fiscalía General de la Nación formuló recurso
de apelación. Adujo, en síntesis, que el daño alegado no le era atribuible21.

3.6. El 24 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la
decisión del Juzgado 1° Administrativo de Descongestión del Circuito de Santa
Marta y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento,
explicó que no se encontraba acreditado que Kelvyn Orlando José Moscarella Tete
hubiera sido víctima de un atentado criminal previo y, menos aún, que este hubiera
informado a las autoridades que temía por su vida. Coligió que no se demostró la
existencia de una solicitud de protección por parte de la víctima, ni se allegaron
elementos probatorios que permitieran inferir la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación22.

3.7. El 16 de noviembre de 2018 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 24 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena23.

4. Análisis de configuración de las causales de revisión extraordinaria

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por
Orlando José Moscarella Rodríguez y otros contra la sentencia proferida el 24 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, con fundamento en
las causales consagradas en los numerales 1° y 5º del artículo 250 del CPACA, por
las siguientes razones:

4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

20 Escrito de apelación, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
6E216CC571794969 E23FD39FC43FAE7D 881C0695D5F79B43 7B60F455B9EF2423, ubicado en
el índice 15 de SAMAI, archivo “Archivo 1”, páginas 386 a 391.
21 Escrito de apelación, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

6E216CC571794969 E23FD39FC43FAE7D 881C0695D5F79B43 7B60F455B9EF2423, ubicado en
el índice 15 de SAMAI, archivo “Archivo 1”, páginas 392 a 400.
22 Sentencia de segunda instancia, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

6E216CC571794969 E23FD39FC43FAE7D 881C0695D5F79B43 7B60F455B9EF2423, ubicado en
el índice 15 de SAMAI, archivo “Archivo 1”, páginas 486 a 509.
23 El fallo fue notificado mediante edicto que fue fijado desde el 8 hasta el 13 de noviembre de 2018,

por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, quedó
ejecutoriado 3 días después de surtida la notificación, esto es, el 16 de noviembre siguiente.
Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 6E216CC571794969
E23FD39FC43FAE7D 881C0695D5F79B43 7B60F455B9EF2423, ubicado en el índice 15 de
SAMAI, archivo “Archivo 1”, página 511.
8

Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in iudicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que
sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.

Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que
no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.

Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”24.

En la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la
procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.

A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y
formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y
una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración.

24 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna
una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con
precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se
reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el
debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo excepcional y
limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual
refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.

4.2. En el presente caso, los recurrentes fundamentan su solicitud de revisión
extraordinaria en dos causales distintas, previstas en el artículo 250 del CPACA.
Por un lado, invocan lo dispuesto en el numeral 1° que permite la revisión cuando,
con posterioridad a la sentencia, se encuentran o recobran documentos decisivos,
que habrían conducido a una decisión distinta a la adoptada, siempre que el
interesado no hubiera podido aportarlos oportunamente por fuerza mayor, caso
fortuito o por obra de la parte contraria. Por otro, invocan la causal del numeral 5°,
relativa a la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso, en los casos en los que contra dicha sentencia no procedía el recurso de
apelación.

4.2.1. Con relación a la causal 1ª, es de advertir que esta exige el cumplimiento de
varios requisitos para su configuración, los cuales deben acreditarse en debida
forma, para la prosperidad del recurso, a saber, los siguientes:

(i) Que la prueba que fue recobrada o encontrada sea de tipo documental. De
manera que no es admisible invocar esta causal cuando se trate de medios de
convicción distintos a los documentos, como testimonios, dictámenes periciales,
inspecciones judiciales, entre otros;

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que, atendiendo al criterio restrictivo del
recurso extraordinario de revisión, el juez no tiene la atribución de darle un mayor
alcance al vocablo “documentos”, razón por la cual su prosperidad está atada a que
las pruebas que se aducen como recobradas sean de tipo documental,
exclusivamente25. Inclusive, se ha precisado que, aun cuando se consigne por
escrito el contenido originado en otros medios de prueba, ello no cambia su
naturaleza26.

(ii) Que los documentos sean encontrados o recobrados después de dictada la
sentencia, lo cual implica que existieran al momento de proferirse el fallo enjuiciado,

25 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 26

Especial de Decisión, sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-1997-00138-
00.
26 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencias del 26 de febrero y del 7 de mayo de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2008-00638-00
y 1101-03-15-000-2006-00085-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

pero se acredita que el recurrente no los tuvo en su poder o que fueron conocidos
con posterioridad27;

En este sentido, se ha dicho que la autoridad judicial debe ser minuciosa al analizar
las circunstancias que sustentan la causal 1ª, toda vez que los documentos que se
pretenden hacer valer no pueden ser aquellos que los recurrentes tuvieron todo el
tiempo a su disposición y que no aportaron al proceso ordinario debido a su
negligencia, así como tampoco es dable valorar pruebas que fueron expedidas con
posterioridad a la sentencia28. En otras palabras, está vedado que so pretexto del
supuesto de revisión se aspire a integrar debidamente el acervo probatorio fuera de
las oportunidades que establece la ley, o a subsanar yerros atribuibles a las partes.

(iii) Que de haber obrado los documentos en el proceso la decisión hubiese sido
distinta. En cuanto al carácter decisivo de la prueba, esta Corporación ha precisado
que el documento encontrado o recobrado debe ser de tal entidad que, habiéndose
aportado al proceso primigenio, la sentencia hubiere variado su sentido. Entonces,
el elemento debe poseer la fuerza suficiente para cambiar la convicción del juez, lo
que en últimas implica que los documentos aporten nuevo conocimiento al fallador,
y no que se trate de una aclaración o complementación de lo que se intentó probar
a lo largo del proceso29.

(iv) Que el recurrente no haya podido aportar los documentos al proceso por “fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”,

Frente a la imposibilidad de aportar los documentos antes de proferida la decisión
objeto de análisis, no basta con aducir una dificultad cualquiera, sino que la
ausencia del elemento en el expediente debe estar cimentada en cuestiones de
fuerza mayor, caso fortuito o actuaciones de la parte contraria. Así, resultan
excluidas la culpa, la ignorancia, el descuido y la negligencia de la parte afectada
con la decisión, de manera que el no aporte de la prueba debe obedecer a hechos
ajenos a la parte que interpone el recurso extraordinario de revisión30.

27 “[…] esta Corporación ha determinado que el término “recobrar” se entiende como volver a tomar

o adquirir lo que antes se poseía o se tenía, es decir, que existió en la época en la que se tramitó el
proceso, pero estuvo refundida o extraviada. Por otra parte, el término “encontrar”, alude
semánticamente a algo que se halla y sobre lo cual no se estaba consciente de su existencia; es
decir, para la causal específica se refiere a aquella prueba documental que nunca se había tenido o
poseído, o nunca se supo de su existencia, y que se localizó o ubicó con posterioridad al fallo, por
quien alega la causal. […]”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
19 Especial de Decisión, sentencia del 4 de junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-02494-
00. También, pueden consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 27 de abril de 2017 y del 12 de julio de 2017, Rad.
Nos. 05001-23-31-000-2002-00574-01 y 25000-23-25-000-2008-01006-02.
28 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

del 18 de octubre de 2005, Rad. No. 11001-03-15-000-1999-00226-01.
29 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 20

Especial de Decisión, sentencia del 7 de junio de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2007-00958-00.
30 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

del 8 de noviembre de 2005, Rad. No. 11001-03-15-000-1999-00218-01.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

4.2.2. Ahora, en lo atinente a la demostración de la causal 5ª, esta impone acreditar:
(i) que la revisión se formule contra una sentencia31; (ii) que la sentencia ponga fin
al proceso, de manera que contra ella no proceda el recurso de apelación; y (iii) que
el vicio alegado haya surgido en la propia decisión judicial o que se haya
materializado en el momento en que se profirió la providencia y no en una etapa
previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad que configure
un defecto insubsanable en la actuación, de manera que, de no haberse producido
dicho yerro, la decisión adoptada habría sido sustancialmente distinta 32.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado33 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que tienen origen en la sentencia, pues las primeras se estructuran en los supuestos
taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), al
paso que las segundas, al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse
restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia
de esta Corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden
nulidades procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal 5ª de
revisión: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o
de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso
que terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez
profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el
fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es condenado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la
invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha sido parte en el
proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia después de
ocurrida la interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad debida;
(viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece

31 En la jurisprudencia de la Corporación no existe unanimidad respecto a estos dos primeros
elementos, pues mientras que un sector acepta la procedencia del recurso extraordinario de revisión
contra autos que pongan fin al proceso, la postura mayoritaria se inclina por mantener la procedencia
del recurso exclusivamente respecto de sentencias, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del
CPACA. Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2025, 11001-03-26-000-2022-00121-00
(68506).
32 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-
00084-00.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa34.

Además, esta Corporación35 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que
generan nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis en
la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. En este sentido, ha
señalado que la violación al debido proceso en el fallo habilita la formulación del
recurso extraordinario de revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA,
siempre y cuando su motivación revele la inobservancia de aspectos procesales
trascendentales y no cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la
valoración probatoria de la providencia. También, por ejemplo, cuando se profiere
sentencia inhibitoria sin fundamento válido, caso en el cual debe estudiarse si la
decisión se encuentra justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso
concreto.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación36, recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.“[L]o que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada [250.5 del CPACA]”.

Igualmente, en algunos casos se ha aceptado como configurativa de la causal 250.5
del CPACA la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso. Sin embargo, en este caso, la parte actora debe probar que
efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso 37,
evitándose con ello que la revisión extraordinaria se convierta en un mecanismo
para que las partes puedan subsanar sus omisiones.

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de

2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-
2008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-
01278-02.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
37 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, sentencia de 17 de marzo de 2025, Rad. No.

11001-03-15-000-2024-04477-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia38 aquellas irregularidades que
constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 superior39.

Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en el
Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia, así como a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 40, lo que
excluye la posibilidad de plantear en sede de revisión extraordinaria
cuestionamientos atinentes al contenido de la motivación, a la valoración de las
pruebas o a la forma de aplicación de una determinada norma.

4.3. En el asunto de la referencia, se encuentra acreditado que, con ocasión del
fallecimiento de Kelvyn Orlando José Moscarella, los recurrentes ejercieron la
acción de reparación directa para que el Estado fuera declarado responsable y
condenado al pago de los perjuicios reclamados. En el curso del trámite, el Juzgado
1° Administrativo de Descongestión del Circuito de Santa Marta accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, al resolver los recursos de
apelación interpuestos por las partes, el Tribunal Administrativo del Magdalena
revocó la decisión anterior y negó las pretensiones de la demanda (hechos
probados 3.2. a 3.6.).

Así, el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado el 24 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena se dirige,
efectivamente, contra la decisión que puso fin al proceso de reparación directa y
respecto de la cual no procede el recurso de apelación.

En consecuencia, de conformidad con la demanda de revisión extraordinaria, resta
determinar si se configuran las causales 1ª y 5ª de revisión: (i) con las declaraciones
extraproceso de la funcionaria del CTI, Yuritza Avendaño Ramírez, y de la
progenitora de la víctima, Fanny Tete de Moscarella, que, en decir de los
recurrentes, no fueron allegados al proceso porque el juez no los decretó como

38 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad.

Nos.11001-03-15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No.

11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión 10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
40 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.

No. 11001-03-15-000-2018-01415-00.
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pruebas de oficio; y (ii) por nulidad derivada de la falta de motivación suscitada en
una indebida valoración probatoria.

4.3.1. En lo que respecta a la causal 1ª del artículo 250 del CPACA, las pruebas
aportadas en esta instancia extraordinaria no cumplen con los requisitos exigidos
por la norma, pues los recurrentes aducen como encontradas o recobradas las
declaraciones de la funcionaria del CTI, Yuritza Avendaño Ramírez, y de la
progenitora de la víctima, Fanny Tete de Moscarella, contenidas en dos actas de
declaraciones extrajuicio rendidas el 6 de noviembre de 2019 ante la Notaría
Tercera del Círculo de Santa Marta41.

Como antes se dijo, la primera condición que debe verificarse para establecer la
configuración de la causal en comento consiste en que los elementos recobrados o
encontrados revistan naturaleza documental, requisito que no se cumple en el caso
de autos.

Sobre este aspecto, la Corporación ha dicho que “la causal [1ª] solo se configura,
hoy y antes, respecto a la prueba documental, que […] es “toda cosa que sea
producto de un acto humano, perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, que
sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera”. Sin
embargo, dada la naturaleza escrita el proceso contencioso administrativo […] era
necesario que algunos medios de prueba se consignaran por escrito, pero ello no
cambiaba su naturaleza, por ejemplo, los testimonios no dejaban de serlo porque
se plasmaran en papel para formar parte del expediente, en esos términos,
quedaban excluidos de la causal de revisión. […]42”.

Esta hermenéutica tiene una finalidad clara: evitar que el recurso extraordinario de
revisión se utilice como una instancia adicional para subsanar deficiencias
probatorias del proceso ordinario, como ocurre cuando se pretende incorporar
testimonios de personas que estuvieron disponibles desde el inicio del proceso y
cuya declaración no fue solicitada oportunamente43.

Ahora, resulta oportuno precisar que el artículo 243 del Código General del Proceso
estatuye que “son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros,
mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones
magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones,
etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo
o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares”.

41 Documentos contenidos en el expediente digitalizado con certificado 6E216CC571794969
E23FD39FC43FAE7D 881C0695D5F79B43 7B60F455B9EF2423, ubicado en el índice 15 de
SAMAI, archivo “Archivo 2 […]”, páginas 29 a 33.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 26 Especial de Decisión,

sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-1997-00138-00.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 26 de febrero de

1986 y del 18 de junio de 1991, Rad. Nos. 004 y 016.
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Por su parte, el testimonio se define como “un medio de prueba que consiste en la
declaración representativa que una persona, que no es parte en el proceso en que
se aduce, hace a un juez, con fines procesales, sobre lo que sabe respecto a un
hecho de cualquier naturaleza”44.

En ese contexto, aunque la declaración de un tercero se documente, conste por
escrito y sea aportada al expediente en dicha forma, ello no modifica su naturaleza
probatoria, pues lo determinante es establecer el origen de la información. Esto, se
armoniza con lo dispuesto en el artículo 18845 del CGP, el cual preceptúa que los
testimonios destinados a servir como prueba sumaria en actuaciones judiciales
pueden ser practicados ante notario y deben constar por escrito, sin que ello
implique una alteración en el tipo de prueba.

En este caso, las versiones consignadas en las actas provienen de unas
manifestaciones personales rendidas ante notario, de conformidad con el artículo
146 del Decreto 1557 de 1989. Es así como, contrario a lo reseñado por los
recurrentes, el material probatorio allegado en esta instancia extraordinaria no
puede ser considerado de índole documental, pese a que consten por escrito, ya
que asignarles a estos testimonios una connotación distinta desnaturalizaría la
categorización de los medios de prueba47.

Aunque este incumplimiento resulta suficiente para desestimar el primer cargo del
recurso extraordinario de revisión, cabe mencionar que, incluso aceptando la
interpretación amplia del término “documento” propuesta por los recurrentes, los
elementos traídos en esta oportunidad no existían al momento de dictarse la
sentencia enjuiciada (24 de octubre de 2018), sino que fueron producidos el 6 de
noviembre de 2019. Esto evidencia el desconocimiento de otro de los requisitos

44 Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Jurídica, Tomo II, Quinta Edición. Editorial

Temis, Bogotá, 2002, pág. 27.
45 “Artículo 188. Testimonios sin citación de la contraparte. Los testimonios anticipados para fines

judiciales o no judiciales podrán recibirse por una o ambas y se entenderán rendidos bajo la gravedad
del juramento, circunstancia de la cual se dejará expresa constancia en el documento que contenga
la declaración. Este documento, en lo pertinente, se sujetará a lo previsto en el artículo 221. Estos
testimonios, que comprenden los que estén destinados a servir como prueba sumaria en actuaciones
judiciales, también podrán practicarse ante notario o alcalde. A los testimonios anticipados con o sin
intervención del juez, rendidos sin citación de la persona contra quien se aduzcan en el proceso, se
aplicará el artículo 222. Si el testigo no concurre a la audiencia de ratificación, el testimonio no tendrá
valor”.
46 “Artículo 1º. Podrán presentarse ante notario bajo la gravedad del juramento, declaraciones para

fines extraprocesales, las cuales tendrán el alcance de las rendidas ante juez civil, sin perjuicio de la
competencia asignada a este último funcionario. La declaración se hará constar en acta que
suscribirán el declarante y el respectivo notario. El interesado podrá elaborar el acta y presentarla
ante notario, quien constatará que cumple los siguientes requisitos: Los generales de la ley, la
manifestación de que declara bajo la gravedad del juramento, la explicación de las razones de su
testimonio y que éste versa sobre hechos personales del declarante o de que tenga conocimiento.
Si el acta reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, será suscrita por el declarante y el
notario. En uno y otro caso, el acta se entregará al interesado para los fines pertinentes”.
47 Al respecto, consultar, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2022, Rad. No. 11001-03-26-
000-2019-00087-00.
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legales y la intención de los actores de complementar el acervo probatorio una vez
que el ad quem negó las pretensiones por falta de demostración de los hechos
alegados en la demanda. Sobre esta base, se observa que los actores pudieron
solicitar desde el principio del proceso el decreto de los testimonios que ahora
invocan. Por esta razón, debe reiterarse que la causal 1ª no puede ser utilizada para
remediar los errores que pudieron suscitarse en el curso del proceso ordinario, y
mucho menos para que, una vez la autoridad judicial devele las falencias
probatorias, el afectado intente producir los elementos que el fallador echó de
menos en su decisión.

Adicionalmente, en relación con el reproche por la supuesta omisión en el decreto
oficioso de pruebas, conviene precisar que tal circunstancia no configura la causal
1ª del artículo 250 del CPACA, y que las facultades oficiosas del juez para decretar
pruebas no pueden, en ningún caso, utilizarse para suplir las cargas probatorias que
corresponden a las partes, ya que ello alteraría el equilibrio procesal entre los
extremos del litigio. En consecuencia, el juez debe mantener una posición de
neutralidad durante el trámite, salvo que concurran circunstancias excepcionales
que justifiquen el uso de sus atribuciones oficiosas en materia probatoria, con el fin
de esclarecer aspectos oscuros o ambiguos del proceso. Así, frente a un hecho no
probado por los demandantes, no le corresponde al operador judicial remediar la
incuria de estos en la adecuada integración del acervo probatorio48.

En el mismo sentido, debe precisarse que el principio iura novit curia no habilita al
juez para reemplazar la actividad probatoria de las partes. Por el contrario, su
aplicación implica que aquel tiene la posibilidad de determinar la norma o el régimen
aplicable al caso, con base en los hechos alegados y debidamente probados por la
parte demandante. Por lo tanto, carece de fundamento afirmar que el Tribunal
Administrativo del Magdalena incurrió en alguna irregularidad por no suplir la

48 “Ha de recordarse que este auto está sometido al arbitrio del juez pues hace parte de su poder

instructivo facultativo, en contraste con el impositivo que propende por el esclarecimiento de la
verdad dentro de las instancias y bajo el iter de la facultad instructiva propiamente dicha (…). Por
eso, ante hecho o supuesto fáctico no planteado, no probado o inexistente, lo procedente es negar
las súplicas de la demanda, porque con el auto de mejor proveer no se puede pretender integrar o
completar el acervo probatorio. (…) Esa diferencia de propósito, que por regla general pasa
desapercibida, tiene un efecto procesal determinante para fijar y tener claro el pequeño límite del
poder instructivo del juez dentro de las dos modalidades de prueba de oficio, a fin de que el juez no
termine completando o ampliando lo que las partes estaban obligadas a cumplir conforme a la carga
probatoria que les correspondía. (…) De tal suerte, que el operador jurídico para dictar auto de mejor
proveer, no puede ni debe retrotraerse a su potestad instructiva propiamente dicha que ejerce
durante las instancias y en forma paralela con la postulación de las partes, con el argumento de
esclarecer la verdad, porque no le es permitido y se excedería en su labor, afectando el debido
proceso y el derecho de defensa, dado que la facultad instructiva que debe ejercer con parámetros
de excepcionalidad, en el auto de mejor proveer, pues con ella no está llamado a suplir la incuria del
interesado en probar. Además, el punto oscuro y difuso responde al concepto de vaguedad o
imprecisión, lo que supone que el hecho o supuesto fáctico que se busca clarificar siempre ha estado
en el proceso – no es el oculto ni el inexistente – sino el impreciso (…)”. Consejo de Estado – Sala
de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil
diecisiete (2017), radicación número 41001-23-33-000-2016-00080-01.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

insuficiencia probatoria atribuible a los actores y, más aún, sugerir que esta
circunstancia podría configurar la causal 1ª del artículo 250 del CPACA.

Por lo expuesto, el cargo relacionado con la existencia de un documento decisivo
recobrado o encontrado con posterioridad a la sentencia enjuiciada no está llamado
a prosperar y, en tal sentido, debe declararse infundado el recurso extraordinario de
revisión.

4.3.2. De otro lado, frente a la nulidad de la sentencia, los recurrentes aducen falta
de motivación configurada en la apreciación deficiente y fragmentada del acervo
probatorio, porque, en su sentir, el ad quem no realizó una valoración adecuada de
los testimonios de Carlos Alberto Ternera, Elizabeth Tete Romero, Jonathan Tete
Cotes y Deisy Blanco Bonilla, así como hizo una evaluación parcial del oficio
DSFSM OR No. 239 expedido por la Fiscalía General de la Nación, en el que
informaba que no tenía noticia criminal registrada por los hechos del 21 de junio de
2009.

Igualmente, como se vio, este cargo se sustentó en que el Tribunal no citó a declarar
a los funcionarios del CTI que presuntamente estuvieron en el lugar del atentado
del 21 de junio de 2009, Yolanda Mozo, Jader Arellano y Eliecer Royero. Los
recurrentes consideraron que esta situación y la omisión en el ejercicio de la facultad
oficiosa del juez para decretar pruebas y esclarecer la verdad, condujeron a
conclusiones contrarias a la realidad y vulneraron los derechos fundamentales de
las víctimas al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Así, mediante la solicitud de algunos medios de prueba, que no fueron allegados ni
peticionados en el proceso ordinario, en sede de revisión extraordinaria se quiso
demostrar que la Fiscalía sí tuvo conocimiento del atentado previo al homicidio de
Kelvyn Orlando José Moscarella Tete y que omitió actuar para protegerlo.

Ahora bien, sobre la falta de motivación como originaria de nulidad de la sentencia
recurrida en revisión extraordinaria, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
ha distinguido la ausencia absoluta de motivación de aquella que se considera
deficiente o errada. En ese sentido, ha dicho que únicamente la carencia total de
pronunciamiento por parte del juez sobre las razones de hecho y de derecho que le
permiten arribar a una decisión es motivo de revisión bajo la causal 5ª de revisión
del CPACA.

En línea con lo anterior, la Corporación ha insistido en que es improcedente, “con
fundamento en dicha causal [nulidad originada en la sentencia], alegar situaciones
relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación errada de los
hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con la
falta de consideración de alguna de las pruebas, etc., porque de admitir tales

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Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter extraordinario del
recurso, convirtiéndolo en otra instancia (…)”49.

Así, la jurisprudencia ha sido constante al establecer que la falta de motivación es
un supuesto que encuadra en la causal de nulidad originada en la sentencia, pero
que requiere una ausencia total de ese presupuesto para infirmar el fallo, aunado a
lo cual admite que puede incurrirse en este vicio cuando la providencia se sustenta
en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o que evidencian
actitudes dolosas50.

Bajo ese entendimiento, debe tenerse en cuenta que, independientemente del
camino interpretativo escogido por el juez, la apreciación o valoración probatoria
que se efectúe en la sentencia no puede ni debe considerarse como violación al
debido proceso, salvo que se trate de una evidente arbitrariedad o de una ausencia
total de motivación. Ello es así, porque dicho análisis es una actividad propia de la
labor de juzgamiento del fallador de instancia, que se encuentra amparada por los
principios de autonomía e independencia del juez natural de la causa, sana crítica
y cosa juzgada51.

En suma, no es dable controvertir por vía del recurso extraordinario de revisión, ni
con fundamento en la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, las razones del fallo ni
la apreciación que de los hechos y de las pruebas haya hecho la autoridad
competente52.

Descendiendo al caso concreto, se advierte que en la sentencia proferida el 24 de
octubre de 2018 el Tribunal Administrativo del Magdalena expuso ampliamente los
motivos que sustentaron la decisión de revocar el fallo del Juzgado 1° Administrativo
de Descongestión del Circuito de Santa Marta, para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda de reparación directa.

49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de

2009, Rad. No. 2003-00133-00; reiterada en sentencia del 7 de mayo de 2013, Rad. No. 2003-00858-
01.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 29 de septiembre de 2015, expediente 35824; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 1 Especial de Decisión, sentencia del 25 de octubre de 2021, Rad.
No. 2020-03995-00.
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de octubre de

2005 y del 20 de octubre de 2009 Rad. Nos. 2003-00794-01 y 2003-00133-00, respectivamente;
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,
sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad. No. 2012-01026-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, Rad.
No. 2013-02724-00; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2015, Rad. No. 2002-00975-01.
52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de octubre de

2005, Rad. No. 2003-00676-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de agosto de 2018, Rad. No. 2007-00107-01; y Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de
junio de 2019, expediente 43992.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

En su análisis, mediante unas consideraciones generales, el ad quem comenzó por
establecer los requisitos de configuración de la responsabilidad patrimonial del
Estado. A la luz del artículo 90 de la Constitución Nacional reseñó la necesaria
acreditación del daño antijuridico y de su imputación al Estado, bajo los criterios de
falla en el servicio, daño especial o riesgo excepcional.

Para el caso concreto, advirtió que, cuando incumple el deber constitucional de
protección de las personas, el Estado es responsable por falla del servicio por
omisión, siempre que se demuestre: (a) la obligación legal de la entidad de actuar
para evitar el daño; (b) la ausencia o deficiencia en la prestación del servicio; (c) el
daño causado a un bien jurídico protegido; y (d) el nexo causal entre la omisión y el
daño sufrido.

Sin embargo, anotó que el Estado puede eximirse si demuestra una causa que lo
exonere, como el hecho exclusivo de un tercero, y que la responsabilidad estatal es
relativa, pues las autoridades no responden por todos los daños causados por
terceros, ni están obligadas a lo imposible.

En función del antedicho marco normativo y fáctico, el juzgador de segunda
instancia refirió que: (i) la demanda sostenía que la Fiscalía General de la Nación,
a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones, conocía el atentado sufrido por
Kelvyn Orlando José Moscarella Tete el 21 de junio de 2009, pero no tomó las
medidas necesarias para evitar el desenlace fatal; (ii) el juez de primera instancia
concluyó que, aunque la Fiscalía no tenía funciones de protección directa, sí omitió
actuar para proteger la vida de Moscarella, especialmente porque había testimonios
que evidenciaban el riesgo que enfrentaba. Además, la Fiscalía no presentó
pruebas de haber iniciado alguna investigación o de haber solicitado a la Policía
Nacional medidas de protección o evaluación de riesgo tras el atentado; y (iii) que
en su apelación la Fiscalía argumentó que la muerte no le era atribuible por cuanto
esta entidad no tenía la obligación legal de garantizar la seguridad de los
ciudadanos, salvo en casos específicos como víctimas, testigos o intervinientes en
procesos penales.

Sobre esa base, dio paso al estudio de la responsabilidad administrativa. Encontró
acreditado el daño antijurídico alegado en la demanda -la muerte de Kelvyn Orlando
José Moscarella- mediante el registro civil de defunción, el informe de necropsia, el
acta de inspección de cadáver y el proceso penal adelantado por su fallecimiento.

Seguidamente, abordó el análisis de la imputación, en el que nuevamente resaltó
que la demanda se sustentaba en la supuesta omisión de la Fiscalía General de la
Nación de adoptar medidas de protección de la víctima tras un atentado ocurrido el
21 de junio de 2009 y, luego de identificar los fundamentos fácticos sobre los que
debía gravitar la imputación, procedió a examinar las pruebas que obraban en el
expediente, entre ellas, la prueba trasladada del proceso penal (Radicado
47001600108200900946), compuesta por las diligencias de investigación que
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

cumplían con los requisitos legales para su valoración (art. 185 CPC), por haber
sido allegadas con la posibilidad de contradicción y por no haber sido tachadas.
Entre estas pruebas se valoraron el informe del acto urgente, las actas de
inspección técnica del cadáver, las declaraciones de testigos, la cadena de custodia
y recolección de vainillas, las entrevistas realizadas a familiares y testigos y el
informe de necropsia.

De igual forma se estudiaron los medios de prueba practicados en el proceso de
reparación directa, especialmente, los testimonios de:

(i) Carlos Alberto Ternera Pérez, quien afirmó que Kelvyn Orlando José Moscarella
Tete fue víctima de un atentado el 21 de junio de 2009 y que pidió protección al CTI.
Detalló que Kelvyn llamó al CTI tras el atentado, los funcionarios recogieron vainillas
y colocaron conos de marcación, y que la víctima expresó temor por su vida;

(ii) Elizabeth Tete Romero, quien coincidió con la versión del atentado del 21 de
junio de 2009, declaró que Kelvyn Orlando José Moscarella Tete expresó miedo por
su vida, y que los agentes del CTI tomaron su declaración y recogieron evidencia.
Agregó que uno de los funcionarios del CTI conocía personalmente a la víctima y
aun así no hicieron nada para protegerlo; y

(iii) Jonathan Alfredo Tete Cotes, quien corroboró el hecho del atentado del 21 de
junio de 2009 y la actuación posterior del CTI, informando que estos inspeccionaron
el lugar y tomaron evidencia, pero no ofrecieron protección a la víctima.

Sin embargo, el Tribunal hizo un análisis conjunto de los testimonios y, aunque los
encontró coherentes entre sí, los contrastó con la declaración rendida en la
investigación penal por la compañera permanente de la víctima, Deisy Esthela
Blanco, quien afirmó que la víctima solo le informó de una discusión verbal en una
reunión familiar anterior.

En consecuencia, el ad quem consideró que la compañera sentimental de la víctima
no mencionó la existencia de un atentado armado previo contra Kelvyn Orlando
José Moscarella, ni advirtió que este hubiera temido por su vida. Lo único que refirió
fue una discusión verbal con una persona desconocida, lo cual consideró que difería
radicalmente de los relatos de Carlos Alberto Ternera Pérez, Elizabeth Tete Romero
y Jonathan Alfredo Tete Cotes. Al respecto, destacó que, siendo Deisy Esthela
Blanco la pareja cercana de la víctima, era razonable pensar que Kelvyn Orlando
José Moscarella Tete le habría comentado un hecho tan grave como un atentado
con arma de fuego si realmente hubiera ocurrido. De modo que el tribunal consideró
que esta declaración le restaba credibilidad a la versión de los testimonios rendidos
dentro del contencioso.

Asimismo, es decir, bajo el mismo ejercicio valorativo, el Tribunal contrastó el dicho
de los testigos con el único documento que refería la existencia de un proceso penal
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

en el que se tenía como víctima a Kelvyn Orlando José Moscarella, esto es, con el
Oficio DSFSM OR N° 239 expedido por la Fiscalía General de la Nación, que
reportaba la existencia de la investigación por el homicidio ocurrido el 26 de julio de
2009, sin que constara la existencia de proceso alguno o solicitud del interesado por
el atentado del 21 de junio de 2009.

Por el contrario, el Tribunal puso de presente que el mismo oficio advertía que la
información sobre los presuntos hechos ocurridos el 21 de junio de 2009 debía
consultarse a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la
Fiscalía General de la Nación o a la fiscalía de conocimiento, pero que “en el
paginario” no obraba requerimiento alguno por parte de los demandantes para
constatar esta situación, pese a que estos tenían la carga de la prueba.

Ante estos elementos, el juez de segunda instancia reforzó la conclusión de que no
había certeza, ni prueba documental, que corroborara que Kelvyn Orlando José
Moscarella Tete fue objeto de un atentado el 21 de junio de 2009 o que este le había
solicitado formalmente protección a la Fiscalía General de la Nación o al CTI. En
este sentido, estimó que no se constató que esta entidad tuviera una obligación
concreta de proteger la vida de la víctima.

Textualmente, el Tribunal consideró “no es claro que haya existido un atentado
criminal contra el señor Moscarella Tete y mucho menos que este les hubiera
manifestado a los agentes de Policía Judicial que temía por su vida”.

Bajo ese contexto, el Tribunal Administrativo del Magdalena estimó que la Fiscalía
General de la Nación no era responsable de la muerte de Kelvyn Orlando José
Moscarella Tete y, para ahondar en razones, la autoridad judicial explicó que, desde
la fecha del presunto atentado hasta el día del homicidio, Moscarella Tete tuvo la
oportunidad de ratificar o ampliar su denuncia por el atentado o, inclusive, de reiterar
su petición de protección, si esta no había sido atendida. Sin embargo, no existía
constancia de que la víctima hubiera ejercido denuncia o solicitud alguna.

El anterior recuento autoriza a colegir que el Tribunal Administrativo del Magdalena
motivó su decisión del 24 de octubre de 2018 y que sus conclusiones provienen de
un análisis de las pruebas allegadas al expediente de reparación directa, entre otras,
de las declaraciones de Carlos Alberto Ternera, Elizabeth Tete Romero, Jonathan
Tete Cotes y Deisy Blanco Bonilla, así como del oficio remitido por la Fiscalía
General de la Nación.

En línea con lo expuesto, la Sala considera infundado el cargo de nulidad originada
en la sentencia por deficiente motivación o indebida valoración probatoria, pues no
resulta admisible, en el marco del recurso extraordinario de revisión, controvertir la
valoración de las pruebas o cuestionar los argumentos expuestos en torno a lo
acreditado en el proceso para reabrir, por esta vía, aspectos que fueron abordados
por el juez de instancia.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

En este punto, la Subsección reitera que la falta de motivación configura la causal
5ª de revisión en los eventos de carencia absoluta de pronunciamiento sobre las
razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando
se sustenta en circunstancias manifiestamente erróneas, arbitrarias o caprichosas,
sin que resulte procedente, con fundamento en dicha causal, controvertir la
apreciación de los hechos por parte del juez o la falta de consideración de alguna
de las pruebas, pues el recurso extraordinario de revisión no constituye una
oportunidad adicional para controvertir las motivaciones jurídicas y probatorias que
soportaron la decisión del juez natural de la causa.

Por otra parte, corresponde señalar que era deber de los demandantes, dentro del
proceso de reparación directa, solicitar oportunamente las pruebas que hoy alegan
como no practicadas, verificar su incorporación durante la etapa probatoria y, en
caso de omisión, formular los reclamos pertinentes en la oportunidad procesal
correspondiente.

En el mismo sentido, se reitera que, si bien el juez contencioso administrativo cuenta
con la facultad de decretar pruebas de oficio en virtud del principio de búsqueda de
la verdad material, dicha facultad no exime a las partes del deber de impulsar
activamente la etapa probatoria. La prueba de oficio es un mecanismo subsidiario,
no un sustituto de la carga procesal de las partes. Por tanto, no puede alegarse su
omisión como causal autónoma para reabrir el debate probatorio mediante un
recurso extraordinario, especialmente cuando existieron oportunidades procesales
previas para solicitar y controvertir la práctica de dichas pruebas.

Para el efecto, se resaltan los argumentos expuestos en el auto de 18 de febrero de
2022, que denegó las pruebas peticionadas en sede de revisión extraordinaria, en
donde, entre otras, se señaló:

“Las pruebas solicitadas, […] no son pertinentes, pues si bien tienen relación con
los hechos que fueron objeto de debate en primera instancia en el proceso
ordinario en el que se profirió la sentencia cuestionada por medio de este
extraordinario de revisión, son pruebas que bien pudo la parte solicitar su práctica
en el proceso primigenio y sin embargo no lo hizo, tal y como se puede apreciar
con la copia de la demanda que se presentó en ese entonces. […] En esa
oportunidad la parte interesada se limitó a solicitar lo siguiente: “se oficie a la
Dirección Seccional de Fiscalía en Santa Marta, a efectos de que informe con
destino al presente proceso, si se adelanta investigación con ocasión de la noticia
criminal que el Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. registrara como
consecuencia del atentado criminal de que fue víctima el señor KELVIN (sic)
ORLANDO JOSÈ MOSCARELLA TETE …”. Solicitó, también, que en caso de que
no se adelantara ninguna investigación por dicho hecho, se informara si existía
alguna indagación como consecuencia de los hechos ocurridos el 21 de junio de
2009. Junto a lo anterior, pidió se decretaran los testimonios de Carlos Alberto
Ternera Perea y Elizabeth Tete Romero, para que dieran cuenta de lo ocurrido el
día 21 de junio de 2009, cuando Kelvin (sic) Moscarella Tete fue víctima de un
atentado. Según se lee en la copia de la demanda que reposa en el expediente
tramitado bajo el número 47-00013331001-2012-00343-00, que la parte allegó

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

junto con el recurso, esas fueron las únicas pruebas solicitadas para probar los
hechos que fueron objeto de debate en el proceso primigenio […]”.

Así, se insiste que el recurso extraordinario de revisión, y en particular la causal 5ª
del artículo 250 del CPACA, no constituyen un medio para reabrir la etapa probatoria
del proceso ordinario ya concluido. Por lo tanto, no es procedente utilizar esta vía
excepcional para solicitar la práctica de nuevas pruebas, como lo pretendieron los
recurrentes, pues ello desnaturaliza la finalidad restrictiva y excepcional del
mecanismo de revisión. Por lo demás, conviene recordar que, en relación con la
obligación de fundamentar las sentencias, esta Corporación ha precisado que “no
se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa,
exhaustiva o pormenorizada que vaya respondiendo, punto por punto, a cada una
de las alegaciones de las partes, ni impedir la fundamentación concisa o escueta
que en cada caso estimen suficiente quienes ejercen la potestad jurisdiccional; se
trata de que la tutela judicial efectiva se anude con los extremos sometidos por las
partes a debate. (…) por ello, la exigencia de motivación no implica necesariamente
una contestación judicial expresa a todas y cada una de las alegaciones de las
partes (…)”53.

Así las cosas, en el caso de autos no se configura la falta de motivación esgrimida
como sustento de la configuración de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA. Por
el contrario, es evidente que los recurrentes, a través de este mecanismo
excepcional, pretenden que se efectúe una nueva valoración de los elementos
suasorios que, en su criterio, demuestran la falla en el servicio de la Fiscalía General
de la Nación, ejercicio vedado para el juez extraordinario.

De suerte que, lejos de sustentar una irregularidad procesal que habilite la
posibilidad de invalidar el fallo por vicios in procedendo, la formulación del recurso
extraordinario de revisión se presenta como una especie de recurso de apelación
para que el juez de revisión extraordinaria revise la sentencia desde el punto de
vista probatorio y no para que examine una eventual nulidad originada en el fallo.

Bajo esta óptica, no queda duda de que los reparos expuestos por los actores no
demuestran una anomalía en la sentencia que constituya un vicio de nulidad y afecte
el debido proceso. En cambio, se establece el desacuerdo de los recurrentes con la
valoración de los medios de convicción efectuada por el Tribunal Administrativo del
Magdalena.

Al respecto, ha de recordarse que la formulación de la revisión extraordinaria exige
una especial carga argumentativa, esto es, que sea técnica, rigurosa y

53 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de

2009, Rad. No. 2003-00133-00; reiterada en sentencia del 7 de mayo de 2013, Rad. No. 2003-00858-
01.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
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fundamentada54. Esta obligación se desprende del artículo 252 del CPACA, que
dispone que el recurso debe contener la indicación precisa y razonada de la causal
invocada y, adicionalmente, los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento,
los cuales, en orden a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con
el vicio alegado55. Esto, teniendo como punto de partida que este recurso no
constituye una instancia adicional ni fue concebido para revivir etapas procesales
de la acción de reparación directa. Por tal motivo, no es posible que el juez de la
revisión valore nuevamente las pruebas que los recurrentes consideran
desconocidas o incorrectamente apreciadas, pues se vulnerarían los principios de
autonomía e independencia del juez natural de la causa, sana crítica y cosa juzgada.

En consecuencia, comoquiera que no se configuran los presupuestos de las
causales 1ª y 5ª del artículo 250 del CPACA, planteadas por los recurrentes, la Sala
declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.

5. Conclusión

No se configuran las causales de revisión establecidas en los numerales 1° y 5º del
artículo 250 del CPACA, es decir, no se aportaron documentos recobrados o
encontrados con posterioridad al fallo enjuiciado y no existe nulidad originada en la
sentencia proferida el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de
la demanda de reparación directa promovida por los recurrentes contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, radicado núm. 47001-33-31-001-
2012-00343-01.

En cuanto a la causal 1ª, las declaraciones extrajuicio presentadas no pueden
considerarse prueba documental, sino testimonios tardíamente recabados, lo que
impide su valoración en esta sede. Además, su contenido no corresponde a
elementos encontrados o recobrados con posterioridad a la sentencia, sino a
manifestaciones que pudieron y debieron ser solicitadas oportunamente en el
proceso ordinario.

Respecto de la causal 5ª, no se acreditó una falta absoluta de motivación en la
sentencia, sino una discrepancia de los recurrentes con la valoración probatoria
realizada por el juez natural de la causa, quien analizó de forma razonada y
suficiente los medios de prueba disponibles, descartando la certeza de un atentado
previo y de una solicitud formal de protección. En este contexto, no se configura una
nulidad originada en la sentencia, y el recurso no puede utilizarse como una
instancia adicional para reabrir el debate probatorio ni suplir la inactividad procesal

54 Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 2003; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, Rad.
No. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 6 de mayo de 2024, expediente 66195.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
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de las partes. Por ello, no se advierte vicio que justifique la invalidez del fallo
recurrido.

6. Costas

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe darse aplicación al
texto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
sin la modificación introducida por dicha ley56.

El artículo 188 del CPACA dispone que, salvo en aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código General del Proceso.

A su turno, el numeral 157 del artículo 365 del Código General del Proceso estatuye
la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
revisión.

Bajo ese entendido, esta Subsección condenará en costas a la parte recurrente y
ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva
liquidación, ejercicio que tendrá que observar las reglas prescritas en los artículos
365 y 366 del Código General del Proceso.

Al encontrarse acreditada la labor defensiva en la que incurrió la Nación – Fiscalía
General de la Nación, la Sala condenará a los recurrentes al pago de 1 salario
mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho, de
conformidad con lo establecido en el artículo 558 del Acuerdo No. PSAA16-10554
de 201659.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

56 Ley 2080 de 2021. “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige

a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los
juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto
de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. […] De conformidad con
el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso,
las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de
procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites
iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En estos mismos procesos, los recursos
interpuestos, […] se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos […]”
(negrita fuera del texto).
57 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto”.
58 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre

1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
59 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00175-00 (65275)
Demandante: Orlando José Moscarella Rodríguez y otros

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de reparación directa identificado
con radicado núm. 47001-33-31-001-2012-00343-01.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente, que serán liquidadas, en la
medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta
la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Fiscalía General de la
Nación por un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SP1

27

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