Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00087-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 11001-03-26-000-2019-00087-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00087-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2019-00087-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
12 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / estudio de la causal prevista en
el numeral 1 del artículo 250 del CPACA - no se configuró en el presente asunto – esta
causal se restringe a la prueba documental / DECLARACIÓN EXTRAJUICIO: el hecho de
que conste en un acta no muta la naturaleza de la prueba testimonial en una documental.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
Leonardo Fabio Zabala Arce contra la sentencia proferida el 10 de mayo de 2018,
por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 4, mediante la cual
revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda1.
Como fundamento del recurso, la parte actora planteó la configuración de la
causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
I. ANTECEDENTES
Demanda inicial
1. Los señores Isabel Arce Barón, Rubén Darío, Leonardo Fabio y Luis Carlos
Zabala Arce instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara
patrimonialmente responsable de los perjuicios causados por la ejecución
extrajudicial del señor Manuel Antonio Zabala Moreno, en hechos ocurridos el 17
de abril de 2007, en la vereda Angostura del municipio de Piamonte (Cauca).
2. Como soporte fáctico de sus pretensiones, indicaron que el 17 de abril de 2007,
el señor Manuel Antonio Zabala Moreno se dirigía a la vereda Angostura a purgar,
marcar y lavar un ganado y a cobrar un dinero; para ello, se trasladaba en lancha,
la cual hizo una parada en el puerto El Aventurero, donde había una tienda de
propiedad de los señores Luz Mary Montiel Lozano y Jorge Alfonso Chavarro
Hernández.
1 Folios 24 a 43 del cuaderno principal.
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
3. Señalaron que el señor Zabala Moreno entró a esa tienda y allí se encontraban
unos militares, quienes le hicieron varias preguntas y, posteriormente lo golpearon
y se lo llevaron para fusilarlo. Luego, el Batallón de Infantería No. 25 “General
Roberto Domingo Rico Díaz” lo presentó como un guerrillero dado de baja en un
supuesto enfrentamiento y reportaron que fue encontrado con armas para justificar
su muerte2.
Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
4. Corresponde a la decisión adoptada el 10 de mayo de 2018, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 4, decidió revocar la sentencia
de primera instancia dictada por el Juzgado Octavo Administrativo de
Descongestión del Circuito de Popayán y, en su lugar, negar las súplicas de la
demanda.
5. Para adoptar la anterior decisión, el Tribunal sostuvo que se acreditó que el día
que asesinaron al señor Manuel Antonio Zabala Moreno, el Ejército Nacional se
encontraba en el municipio de Piamonte en desarrollo de la denominada misión
“Winchester 34”, cuyo objetivo era neutralizar los grupos al margen de la ley,
especialmente a las FARC, que operaban en algunos sectores del referido
municipio. El día del suceso -17 de abril de 2007-, mientras el soldado Jairo Díaz
Cerón y otros cuatro uniformados estaban realizando un registro en la vereda
Angosturas fueron objeto de un ataque armado por parte de un número
indeterminado de guerrilleros, a lo cual reaccionaron accionando sus armas,
combate que duró aproximadamente 30 minutos.
6. Adujo que con las probanzas recaudadas no se pudo justificar la presencia del
occiso en la zona de enfrentamiento y que la parte actora no logró demostrar los
hechos en que soportó sus pretensiones, esto es, que el señor Zabala Moreno
estaba en un establecimiento público y que miembros del Ejército lo retuvieron
para seguidamente ajusticiarlo. Agregó que echaba de menos la declaración de
algún testigo, ya que se indicó la presencia de los mismos, o cualquier otra prueba
tendiente a demostrar que los hechos sucedieron en la forma expuesta en la
demanda y, en consecuencia, el daño no resultaba imputable a la entidad
demandada, en tanto, se podía inferir razonadamente, que la víctima murió con
ocasión de las heridas causadas con las armas de fuego que el la fuerza pública
utilizó legítimamente dentro de un enfrentamiento; circunstancias que permitían
descartar la ocurrencia de una ejecución extrajudicial3.
El recurso extraordinario de revisión
2 Información tomada de la sentencia recurrida y de la demanda de revisión, ya que no se allegó el expediente
ordinario.
3 Folios 24 a 44 del cuaderno principal.
2
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
7. En el escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión, la parte actora
solicitó dejar sin efectos la sentencia del 10 de mayo de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, para lo cual invocó la causal contemplada en el
numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, por “[h]aberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria”.
8. Indicó que el día que ejecutaron al señor Manuel Antonio Zabala Moreno,
existieron 2 testigos presenciales, cuyos testimonios eran determinantes para
probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que lo asesinaron, los cuales
revelan que sí fue una ejecución extrajudicial y que de haber obrado en el plenario
la decisión hubiera sido diferente.
9. Señaló que se trataba de los relatos de los señores Luz Mary Montiel Lozano y
Jorge Alfonso Chavarro Hernández, los cuales obraban en dos declaraciones
extrajuicio que se allegaron al proceso, quienes fueron testigos de los hechos
narrados en la demanda de reparación directa y que por circunstancias de fuerza
mayor y “por obra de la parte contraria” no fueron aportados en la debida etapa
probatoria, pues fue imposible su localización para que rindieran testimonio, dado
que fueron víctimas de desplazamiento forzado.
10. Finalmente, sostuvo que la prueba existía desde el mismo momento en que
ocurrieron los hechos, porque los señores Montiel Lozano y Chavarro Hernández
presenciaron cuando los militares torturaron al señor Zabala Moreno, se lo llevaron
para un lugar boscoso, oyeron los disparos cuando lo fusilaron y vieron su cadáver
cuando los militares lo regresaron vestido de camuflado, solo que no se pudo
documentar porque habían perdido todo contacto con aquéllos4.
11. La parte demandada, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio5.
Periodo probatorio
12. En proveído del 9 de septiembre de 2020 6 se incorporó como prueba la
sentencia objeto de revisión allegada con la demanda.
13. De otro lado, se negó el decreto de las demás pruebas solicitadas por el
impugnante, las referentes a dos declaraciones extrajuicio y dos testimonios, por
cuanto no eran medios probatorios conducentes ni pertinentes para demostrar la
causal invocada y, respecto del Registro Único de Víctimas no se demostró un
4 Folios 1 a 17 del cuaderno principal.
5 Folio 61 del cuaderno principal.
6 Folio 62 a 64 del cuaderno principal.
3
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
impedimento de fuerza mayor u obra de la parte contraria que hubiera impedido
aportarlos al proceso ordinario.
II. CONSIDERACIONES
Competencia de la Sala para conocer del recurso extraordinario de revisión
14. Mediante auto admisorio proferido el 26 de agosto de 2019, se constató que
el recurso fue presentado en oportunidad7 –el 4 de junio del mismo año– y, de
conformidad con las normas de competencia definidas en el artículo 249 del
CPACA, se concluyó que esta Corporación es competente para conocer del
recurso de revisión de la referencia interpuesto contra una sentencia ejecutoriada
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.
Objeto del recurso extraordinario formulado
15. Planteados los términos del asunto a decidir, el problema jurídico que debe
ser resuelto en esta oportunidad se contrae en determinar si la sentencia del 10
de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, está incursa
en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
El recurso extraordinario de revisión: naturaleza, objeto y alcance
16. Se trata de un medio de impugnación excepcional que permite cuestionar las
sentencias ejecutoriadas y en firme de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, bajo especiales circunstancias definidas taxativamente en la ley –
art. 250 del CPACA-, con miras a procurar el restablecimiento de la justicia
material, ya sea por advertir vicios o conductas ilegales que afectan la base de la
decisión, o por situaciones desconocidas al momento de ser dictada, entre otros
eventos.
17. Su trascendencia en el marco constitucional y legal que inspira el valor de la
justicia, permite la ruptura excepcional de principios derivados del carácter
ejecutorio que acompaña a las sentencias, en punto a la firmeza que adquieren
en el ordenamiento jurídico procesal, de manera que por esta vía la ley autoriza,
de forma extraordinaria, a quebrantar la intangibilidad que caracteriza a las
sentencias ejecutoriadas amparadas por la cosa juzgada material –res iudicata
proveritate habetur-, de modo que puede llegar a configurar –si prospera- una
excepción al principio de la cosa juzgada.
7 Según el artículo 251 del CPACA, el recurso de revisión podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. La decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca, objeto
del recurso, cobró firmeza el 31 de mayo de 2018 (folio 52 del cuaderno principal). La demanda se presentó el
4 de junio de 2019, es decir, dentro del término de que trata el citado artículo 251. El término para interponer
el recurso iba hasta el 1 de junio de 2019; sin embargo, esta última fecha coincidió con un día no hábil
(sábado), por lo que el plazo se corrió hasta el día hábil siguiente, esto es, el 4 del mismo mes y año (el 3 de
junio fue festivo).
4
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
18. Lo anterior implica que las facultades del juez que conoce de este recurso se
reducen al estudio de los planteamientos esgrimidos por el recurrente, que deben
dirigirse a la construcción dialéctica del supuesto que da lugar a la causal
aducida, impidiendo de contera considerar argumentos tendientes a revivir la
controversia acerca de las razones fácticas o jurídicas que dieron lugar a la
decisión cuya revisión se depreca, pues, en últimas, la finalidad de este medio de
impugnación es reconocer y corregir las inequidades que se produjeron como
consecuencia de un fallo irregular, revestido de fuerza vinculante, en grave
detrimento de la confianza en la administración de justicia8.
19. En ese contexto, para que resulte procedente el referido mecanismo, su
técnica exige la correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta, la
causal invocada y las alegaciones expuestas por el recurrente, en tanto este
mecanismo de impugnación no es el medio idóneo para subsanar o corregir
errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción
y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa.
20. Así, únicamente procederá por situaciones exógenas que no pudieron
plantearse en el proceso correspondiente, aspecto que excluye la posibilidad de
soportarse en cuestionamientos sobre el criterio con que el operador judicial
interpretó o aplicó la ley o la jurisprudencia en la sentencia, razón por la cual, las
causales que estructuran el recurso no pueden ser imputables al propio recurrente
y no comporta una nueva instancia ni prevé oportunidades para que las partes
subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir
durante el trámite del proceso.
21. Establecidos los aspectos generales del recurso de revisión y la técnica para
su configuración, procede la Sala a analizar la causal invocada por el recurrente.
La causal de revisión consagrada en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA
22. La causal 1° de revisión aludida por el impugnante, establece la procedencia
del recurso extraordinario, por “[h]aberse encontrado o recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
23. Los requisitos o presupuestos que deben concurrir para la prosperidad de la
causal invocada consisten en:
(i) La prueba debe ser documental, de modo que queda excluida la posibilidad de
estructurar la causal con fundamento en otros medios probatorios.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de
2022, expediente: 63.100 (RER), ponencia del suscrito magistrado.
5
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
(ii) La prueba documental debió ser recobrada9 después de dictada la sentencia,
es decir, que la prueba existía al tiempo de dictarse el fallo, pero no se pudo
aportar oportunamente por las razones definidas en la ley y, luego de terminado el
proceso, llegó al poder del recurrente10; en ese sentido, son inadmisibles los
documentos fechados con posterioridad al fallo 11 y los que, aun siendo anteriores
a esa providencia, claramente pudieron haber sido aportados o solicitados en las
oportunidades procesales correspondientes.
Lo anterior, sin perjuicio de que la causal, excepcionalmente, se extienda a
documentos generados con posterioridad al vencimiento de la respectiva
oportunidad probatoria, siempre que versen sobre hechos sobrevinientes, y
aparezcan luego de la sentencia, situación susceptible de ser analizada en
concordancia con lo previsto en los artículos 305 del CPC y 281 del CGP, según el
caso.
(iii) Las razones para no aportar la prueba documental durante el proceso son
expresamente las que dice la ley, esto es, fuerza mayor, caso fortuito u obra de la
parte contraria. En cuanto a la primera circunstancia, es decir, la fuerza mayor o el
caso fortuito, debe anotarse que para la legislación colombiana se trata de
expresiones que, conforme al artículo 1 de la Ley 95 de 189012 se configuran
cuando un hecho concurrentemente contempla las características de ser
imprevisible e irresistible, esto es, que se trate de “de un acontecimiento súbito,
sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”13 –imprevisibilidad– y que resultara
imposible evitarlo -irresistibilidad-.
La segunda causa -obra de la parte contraria- se ha entendido como la conducta
de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el
documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar al
expediente debido a que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de que
no sirviera como prueba14
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de noviembre de 2017, expediente:
44001-33-31-002-2005-00969-01(47691): “(…) es viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente
se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones
de aportarla al proceso. El verbo ‘recobrar’ implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera”.
10 La existencia previa del documento exhibido como requisito de la revisión, fue destacada por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en los siguientes términos:“ a prueba recobrada es un
elemento probatorio nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la
decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente
dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la sentencia. Esto implica, que el elemento
probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque sólo
llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello” (se destaca). Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de julio de 2005, rad. 1997-00143-02.
11 Al respecto, ver sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 12 de
julio de 2005, rad. 2000-00236 (REV).
12 Según el cual “es el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de
2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, exp. 16.530.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005,
radicado: 1999-00218.
6
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
(iv) Finalmente, la prueba documental debe tener un carácter decisivo para
resolver la contienda, pues debe ser de tal entidad que, de haber obrado en el
expediente y valoradas en conjunto con el total del acervo probatorio, el sentido de
la decisión hubiera sido diferente, es decir, que dé lugar a una decisión distinta a
la impugnada.
24. Así, en síntesis, esta causal procede cuando se aporta un documento que
existía previamente a la expedición del fallo y hubiere estado refundido por un
actuar atribuible a la contraparte, orientado a que la prueba no pudiera ser
arrimada al proceso, o por una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito y que
dicho documento tenga la entidad suficiente para cambiar el sentido de la decisión
recurrida.
Caso concreto - análisis de la causal invocada
25. Ab initio, la Sala anuncia que declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión, dado que la parte actora no demostró los elementos o presupuestos
necesarios para la configuración de la causal prevista en el numeral 1 del artículo
250 del CPACA.
26. En efecto, conforme se ha reseñado, el impugnante aduce que la referida
causal se configura, por cuanto recobró unos documentos consistentes en las
declaraciones extrajuicio de dos personas que presenciaron el asesinato de
Manuel Antonio Zabala Moreno a manos del Ejército Nacional, con los cuales la
decisión proferida por el Tribunal hubiera sido distinta; sin embargo, como se
expuso previamente, para que resulte procedente el referido mecanismo, su
técnica exige la correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta la
causal invocada y las alegaciones expuestas por el recurrente.
27. En el presente asunto, la parte actora pretende soportar la procedencia de la
causal alegada en pruebas distintas a las expresamente señaladas en la norma 15,
pues, como viene de explicarse, el primero de los requisitos para que prospere
dicha causal es que la prueba sea documental, sin que sea viable extenderse a
otros medios de prueba, tales como la declaración de parte, la confesión, el
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial y la inspección judicial -
artículo 165 del CGP-.
28. El Código General del Proceso en su artículo 243, relaciona las clases de
documentos, en los siguientes términos:
“Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de
datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y,
en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y
las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
15 Así se señaló en el auto que negó el decreto de las mencionadas declaraciones extrajuicio, dado que no se
consideraban una prueba documental y, por ello, no estaban relacionadas con la causal invocada.
7
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el
funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo,
es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones
públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito
por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un
notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se
denomina escritura pública”.
29. Así, entonces, aunque la declaración de un tercero se documente, conste por
escrito y se aporte así al expediente, lo relevante es la información declarada por
el testigo en relación con los hechos sobre los que da su versión y, por tanto, la
forma de materializar ese testimonio no lo convierte en una prueba documental.
30. Lo anterior concuerda con la definición que de testimonio ofrece la doctrina,
esto es, “un medio de prueba que consiste en la declaración representativa que
una persona, que no es parte en el proceso en que se aduce, hace a un juez, con
fines procesales, sobre lo que sabe respecto a un hecho de cualquier
naturaleza”16 y, en ese sentido, se descarta la posibilidad de que las
declaraciones provenientes de los señores Luz Mary Montiel Lozano y Jorge
Alfonso Chavarro Hernández, puedan servir de fundamento para que prospere la
causal alegada por el recurrente, en la medida en que materialmente son
verdaderas pruebas testimoniales17.
31. En un caso similar al que aquí se resuelve, esta Corporación sostuvo:
“Propuesto así el cargo, nuevamente advierte la Sala que no se ajusta del todo a
los requerimientos de la norma que consagra la causal pues, según se precisó
antes en este capítulo de consideraciones, se estructura sobre ‘documentos
recobrados’ ‘con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que
el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.’ (C.C.A., artículo 188, numeral 2). Es decir, el medio de
prueba que debe aducirse en sede de revisión extraordinaria como recobrado
es documental, así que ningún otro podría configurar esta causal. Por
consiguiente, las declaraciones y la inspección judicial que ahora trae el actor
resultan irrelevantes para decidir el asunto”18 (negrilla fuera del texto).
32. En este contexto, las declaraciones extrajuicio allegadas con el recurso
extraordinario de revisión, tal y como se indicó en el auto que decidió sobre las
pruebas, resultan inconducentes e impertinentes para estructurar la causal
16 Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Jurídica, Tomo II, Quinta Edición. Editorial Temis,
Bogotá, 2002, pág. 27.
17 Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de febrero de 2013, señaló: “Ahora,
aunque a la larga los testimonios consten por escrito y se aporten al expediente como tales, la forma de
materializarlos no los convierte en una prueba documental, pues lo relevante es la información declarada por
el testigo con relación a los hechos sobre los que se le indaga. Entonces, al restringir expresamente el
numeral 1 del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil la causal de revisión a ‘documentos falsos o
adulterados,’ queda descartada su configuración por posible falsedad o adulteración de pruebas de naturaleza
distinta, como los testimonios o declaraciones de terceros, en el caso concreto” (se subraya).
18 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 26 de febrero de 2013, expediente: 11001-03-15-000-2008-
00638-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
8
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
invocada -ver párrafo 13-, toda vez que el hecho de constar en actas no muta la
naturaleza de la prueba testimonial en prueba documental y la causal de revisión
invocada por el demandante se restringe a “haberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos…”, razón por la cual
habrá lugar a declararse infundado el presente medio de impugnación.
33. Ahora, si en gracia de discusión se admitiera que dichas declaraciones
también tienen la naturaleza de pruebas documentales, comoquiera que se trata
de escritos declarativos19 que se suscriben bajo la gravedad de juramento ante un
notario público, lo cierto es que en el sub examine tampoco se acreditó alguna de
las hipótesis que señala el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que
justifican no haberlos aportado oportunamente al proceso, a saber, fuerza mayor,
caso fortuito u obra de la parte contraria, pues aunque se aduce que la “fuerza
mayor” consistió en el hecho de que los declarantes habían sido desplazados
forzosamente de su residencia y decidieron ocultarse y perder contacto con las
personas de la vereda debido a las amenazas de muerte de las que fueron
víctimas, por manera que fue imposible contactarlos, lo cierto es que se
desconoce si en el escrito inicial del proceso ordinario se solicitó como prueba
testimonial la declaración de estos señores, lo cual denotaría, por lo menos, la
intención y diligencia de la parte actora para probar los supuestos de hecho que
narró en la demanda; no obstante, como no se allegó ni se pidió como prueba el
expediente ordinario -carga que se atribuye al demandante- no es posible
corroborar sí, en realidad, se solicitaron las declaraciones de los señores Montiel
Lozano y Chavarro Hernández, pero fue imposible contactarlos, lo que de contera
impide verificar la configuración o no de una fuerza mayor en este caso.
34. Al lado de lo anterior, se advierte que para la fecha en que se instauró la
demanda de reparación directa -13 de julio de 200920- ya existía información
sobre los referidos señores, puesto que con el recurso se aportó copia de su
Registro Único de Víctimas, signado con radicado 528047 del 26 de abril de 2007
(prueba que no se decretó, precisamente por no cumplir con los supuestos
previstos en el num. 1 del art. 250), lo que supone que, de haberse solicitado por
vía judicial información a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas -UARIV-, con fines de recibir sus testimonios, ésta podría haberse
obtenido, lo que deja sin sustento la configuración de una fuerza mayor.
35. En ese sentido, unas declaraciones extraprocesales, con el contenido que
revelan las aportadas por el recurrente, no permiten acreditar los supuestos
establecidos en el numeral 1 del artículo 250, lo que refuerza la exigencia directa
y material que hace la ley, en relación con documentos que no pudieron ser
aportados por las circunstancias descritas.
36. Así las cosas, se evidencia una falta de técnica que supera los márgenes
19 Postura adoptada en por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de
septiembre de 2015, exp. 37.939, C.P. Danilo Rojas Betancourth, la cual no comparte el suscrito magistrado.
20 Información obtenida de la página oficial de la Rama Judicial, consulta de procesos.
9
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
necesarios para la procedencia de la causal consagrada en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA, pues adolece de varios de los presupuestos señalados
en el referido artículo, los cuales son imprescindibles para que prospere el
mencionado recurso, razón por la cual la Sala declarará infundado.
Costas
37. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
202121, establece que “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en
costas y perjuicios al recurrente”. Por su parte, el artículo 365 del Código General
del Proceso (aplicable por remisión expresa del art. 188 del CPACA22) prevé que
se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, siempre y cuando se
demuestren causadas y, en la medida de su comprobación.
38. Como en este asunto la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional -
entidad demandada- no se hizo parte en el proceso, a pesar de haber sido
notificada de la demanda, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
impugnante, toda vez que no se causaron expensas ni gastos que deban
liquidarse.
III. PARTE RESOLUTIVA
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Leonardo Fabio Zabala Arce contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 10 de mayo de 2018, dentro del
expediente radicado bajo número 19001-33-31-007-2009-00322-01.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
21 Si bien el asunto de la referencia se formuló con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, lo cierto
es que la misma es una norma de aplicación inmediata y a futuro, sin que se configure alguno de los
supuestos contemplados en el artículo 86 de esta ley para aplicar la norma anterior a la reforma.
22 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil” (se resalta)
10
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00087-00 (64.087)
Actor: Leonardo Fabio Zabala Arce
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.