Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00054-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00054-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2020-00054-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 110010326000-2020-00054-00 (66051)
Demandante: Luis Alberny Gutiérrez
Demandada: Agencia Nacional de Minería y otro
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Asunto: Sentencia de única instancia
TEMAS: IMPOSICIÓN DE CARGAS A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO - Aunque las víctimas de este flagelo no se encuentran eximidas de observar
las cargas, deberes, requisitos, plazos o términos fijados por el ordenamiento jurídico, las
autoridades deben establecer en cada caso atendiendo al contexto específico y sus
particularidades, si resulta viable y razonable exigirles su satisfacción con el mismo rigor
que a la generalidad de la población / VIGENCIA DE LA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN
MINERA – Corresponde a la duración o periodo de validez de estos títulos otorgados en
vigencia del Decreto 2655 de 1988, establecido por esa misma norma, en diez (10) años
contabilizados desde su inscripción en el Registro Minero Nacional.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
de nulidad de unos actos administrativos que declararon la terminación de una
licencia de explotación de recursos mineros.
Indica la demanda que los actos están viciados de nulidad, por cuanto
desconocieron su calidad de víctima de desplazamiento forzado.
I. ANTECEDENTES
La demanda y sus fundamentos
1. El 13 de julio de 20201 por intermedio de apoderado judicial, Luis Alberny
Gutiérrez, en representación de Luis Evelio Gutiérrez Betancurt2 (el demandante o
parte actora), presentó demanda3 contra la Agencia Nacional de Minería (en
adelante ANM) y el Ministerio de Minas y Energía (en adelante el Ministerio), con el
fin de que se declare la nulidad de la Resolución VSC-168 del 26 de febrero de 2019
que declaró la terminación de la licencia de explotación minera 488-17, y de la
Resolución VSC-650 del 23 de agosto de ese mismo año que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la anterior. Ambos actos administrativos fueron
emitidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la
1 SAMAI, índice 1.
2 Según poder general otorgado mediante escritura pública del 25 de enero de 2019 de la Notaria Única de
Pensilvania.
3 SAMAI, índice 12.
1
Radicación: 110010326000-2020-00054-00 (66051)
Actor: Luis Alberny Gutiérrez
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
ANM. Se solicitó a título de restablecimiento del derecho, ordenar la continuidad de
la licencia de explotación, y de accederse a las pretensiones, condenar en costas a
la entidad demandada4.
2. Como fundamento de las pretensiones, se relataron los siguientes hechos
que la Sala pasa a resumir:
(i) Mediante Resolución 01228 del 30 de mayo de 2001, el departamento de
Caldas otorgó a favor del demandante la licencia de explotación 488-17, a fin de
llevar a cabo la extracción de oro en un área de 100 hectáreas en jurisdicción del
municipio de Pensilvania, con una duración de diez (10) años contados a partir del
11 de diciembre de 2007, fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional.
(ii) En el año 2002 y hasta el año 2018, la parte actora y toda su familia, fueron
sometidos a desplazamiento forzado, ocasionado por grupos armados al margen de
la ley que tenían presencia en el municipio de Pensilvania donde se ubica el predio
que era objeto de explotación.
(iii) Mediante concepto técnico PARMZ-088, la ANM determinó que en los
informes de visita de fiscalización realizados entre el 2011 y el 2017 se evidenció
que no había actividad minera en el área de la licencia de explotación, y
consecuencialmente, profirió la Resolución VSC-1473 del 29 de noviembre de 2016
donde declaró su cancelación. Este acto administrativo fue recurrido con
fundamento en que la ausencia de actividades mineras, estaba motivada en el
desplazamiento forzado del que fue víctima la parte actora, por lo que fue revocado
mediante Resolución VSC-179 del 28 de marzo de 2017.
(iv) Posteriormente, la ANM profirió la Resolución VCS-168 del 26 de febrero de
2019, donde declaró la terminación de la licencia de explotación por vencimiento de
su término, decisión que fue confirmada mediante Resolución VSC-650 del 23 de
agosto de ese mismo año.
Los cargos de nulidad
3. Se adujo por la parte actora que las resoluciones están viciadas de nulidad
por cuanto la ANM pasó por alto su calidad de víctima del conflicto, circunstancia
que constituía una causa justificada de fuerza mayor que le impedía efectuar en
tiempo los actos jurídicos que una persona en condiciones normales hubiera podido
ejercer.
Contestación de la demanda
4. Mediante providencia del 28 de septiembre de 20215 esta Corporación
admitió la demanda y ordenó su notificación a la ANM, al Ministerio de Minas y
Energía, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
4 Textualmente solicitó: “PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución 000168 del 26 de febrero de 2019,
emitida por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la cual fue suscrita por Vicepresidente de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera el señor Javier Octavio García Granados. SEGUNDO: Declarar la nulidad de la
Resolución Numero VSC 000650 del 23 de agosto de 2019, emitida por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA,
la cual fue suscrita por Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera el señor Javier Octavio
García Granados. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
ordene la continuidad de la Licencia Especial de Exploración No. 488-17. CUARTO: se condene en costas a la
entidad demandada.”.
5 SAMAI, índice 25.
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Radicación: 110010326000-2020-00054-00 (66051)
Actor: Luis Alberny Gutiérrez
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
y concedió el término legal para su contestación. Dentro de la oportunidad
correspondiente, la demanda fue contestada por la ANM6 y el Ministerio de Minas y
Energía7, quienes se opusieron a las pretensiones.
5. La ANM indicó que sí tuvo en cuenta la calidad de víctima de desplazamiento
forzado del demandante, lo que le permitió excusarse del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la licencia de explotación por más de nueve (9) años, sin
que aquel hubiese hecho uso de las herramientas legales para situaciones de caso
fortuito y fuerza mayor, como la solicitud de revisión del contrato 8; no obstante, la
licencia terminó por vencimiento de su plazo al haber transcurrido diez (10) años
desde su inscripción, toda vez que la parte actora no solicitó la prórroga de la
licencia ni manifestó hacer uso del derecho de preferencia para suscribir un contrato
de concesión, sin que hubiese acreditado que la situación de desplazamiento se lo
hubiese impedido.
6. El Ministerio propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
7. Por auto del 8 de noviembre de 20229 se determinó prescindir de la audiencia
inicial, se incorporó al proceso la copia del expediente minero 488-17 y se ordenó
correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto. La parte actora10 reiteró los argumentos expuestos en la
demanda, mientras que la ANM11 reafirmó lo expuesto en la contestación. El
Ministerio de Minas y energía guardó silencio. Por su parte, el Ministerio Público12
solicitó negar las pretensiones de la demanda al considerar que no se advierte
irregularidad alguna en la expedición de los actos administrativos acusados.
II. CONSIDERACIONES
Legitimación en la causa
8. El demandante está legitimado en la causa por activa debido a que, en su
condición de titular de la licencia de explotación 488-17, es el destinatario de la
Resolución VSC-168 del 26 de febrero de 2019 que declaró su terminación, así
como de la Resolución VSC-650 del 23 de agosto de ese mismo año por medio de
la cual se resolvió el recurso de reposición, actos administrativos de carácter
particular cuya nulidad se solicita declarar.
9. A su vez, la ANM se encuentra legitimada en la causa por pasiva por cuanto
es la entidad pública que profirió los actos administrativos demandados en su
calidad de autoridad minera en el territorio nacional, encargada de administrar los
recursos minerales del Estado y de conceder los derechos para su exploración y
6 SAMAI, índice 42.
7 SAMAI, índice 43.
8 Se expone en los términos indicados en la contestación. Este corresponde a un error en el
planteamiento de la entidad, toda vez que la licencia de explotación no es una modalidad de titulación
minera que se haga a través de contrato como se expondrá más adelante.
9 SAMAI, índice 57.
10 SAMAI, índice 78.
11 SAMAI, índice 80.
12 SAMAI, índice 82.
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Actor: Luis Alberny Gutiérrez
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
explotación, conforme a lo establecido en el Decreto 4134 del 3 de noviembre de
2011.
10. Al Ministerio de Minas y Energía, no le asiste un interés jurídico en el presente
asunto, por cuanto no expidió o participó en la expedición de los actos
administrativos demandados, ni se le imputa algún tipo de participación con efectos
decisorios en los hechos que sustentan la acción. Se precisa, además, que según
lo establecido en el Decreto 381 de 2012 -modificado por los decretos 1617 de 2013
y 2881 de 201313- y en los artículos 3 y 4 del Decreto 4134 de 2011, esa cartera
ministerial no se encuentra vinculada funcionalmente con los hechos que dan origen
a la reclamación del demandante, pues no es la entidad competente para expedir
actos administrativos relacionados con el otorgamiento de derechos para la
explotación de los recursos mineros, función propia de la ANM como autoridad
minera o concedente.
11. En consecuencia, la Sala declarará probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Minas y Energía.
Problema jurídico
12. Corresponde a la Sala establecer si en el caso concreto, la calidad de víctima
de desplazamiento forzado del actor impedía la terminación de la licencia de
explotación otorgada a su favor por vencimiento de su vigencia.
La licencia de explotación, su duración y terminación
13. El Decreto 2655 de 1988, anterior Código de Minas, establecía que todos los
recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo pertenecen a la Nación
en forma inalienable e imprescriptible, y en ejercicio de esa propiedad, puede
explorarlos y explotarlos directamente a través de organismos descentralizados o
conferir a los particulares el derecho de hacerlo 14, de manera que la exploración
técnica por métodos de subsuelo y la explotación de depósitos y yacimientos de
propiedad nacional solamente puede adelantarse mediante un título minero15,
entendido como el acto escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y
explotar el suelo y el subsuelo mineros de propiedad del Estado 16, originado en los
derechos adquiridos, acreditados y reconocidos conforme a la ley, o en el
otorgamiento por parte del Estado de esa autorización mediante licencias de
exploración, licencias de explotación, aportes o contratos de concesión17.
14. De conformidad con sus artículos 17, 289 y 293, el perfeccionamiento de
cualquier título minero depende de su inscripción en el Registro Minero, sistema de
autenticidad y publicidad de los actos de la administración y de los particulares que
tengan por objeto o guarden relación con el derecho a explorar y explotar, de
manera que previo a esa inscripción, no se podrá alegar u oponer ninguna situación
subjetiva y concreta derivada del acto que otorgue o modifique el título frente a la
administración o terceros, ni respecto de nuevas disposiciones legales que varíen o
eliminen los sistemas de exploración y explotación mineras. En el mismo orden, la
13 Los actos demandados fueron proferidos con anterioridad a la expedición del Decreto 030 de 2022.
14 Artículo 2.
15 Sin perjuicio de la actividad minera de subsistencia conforme a lo dispuesto en la misma norma.
16 Artículo 16.
17 Artículo 17.
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extinción del título minero se formaliza mediante la cancelación de su inscripción, la
cual procede con ocasión de un acto administrativo o sentencia judicial que así lo
ordene, momento en el cual, carecerá de fuerza legal y no recuperará su eficacia,
validez y existencia, sino en virtud de providencia o sentencia judicial en firme 18.
15. Según lo dispuesto en su capítulo III19, el interesado en realizar estudios
sobre la existencia y viabilidad de minerales en un área determinada para ser
explotados, debe presentar una solicitud ante la autoridad minera con el fin de
obtener una licencia de exploración, proporcionando información sobre la
localización técnica del área a explorar y los métodos que se utilizarán, calificando
provisionalmente el proyecto dentro de los rangos de pequeña, mediana y gran
minería, e indicando los minerales que serán objeto de sus trabajos 20; otorgada la
licencia de exploración por la autoridad minera, su titular tendrá el derecho exclusivo
a realizar dentro del área correspondiente los trabajos dirigidos a establecer la
existencia de depósitos y yacimientos de minerales y sus reservas, en calidad y
cantidad comercialmente explotables21.
16. Este título minero tiene una duración limitada y definida en la norma22
dependiendo de la extensión del área a explorar: de un (1) año cuando el área
original sea hasta de cien (100) hectáreas, prorrogables hasta por otro término igual;
de dos (2) años para áreas superiores a cien (100) hectáreas prorrogables hasta
por un (1) año más, y; de cinco (5) años si el área excede las mil (1000) hectáreas.
Por su parte, la prórroga del período inicial se concede al beneficiario que la solicite
al menos dos (2) meses antes del vencimiento del término inicial y que demuestre
haber realizado la totalidad de los trabajos básicos de exploración, si la autoridad
minera no se pronuncia dentro de los treinta (30) días siguientes a la solicitud de
prórroga, se entenderá aceptada23.
17. Finalizados los trabajos autorizados al titular, este debe presentar un “Informe
Final de Exploración”, y de estar interesado en la explotación, deberá allegar una
declaración del impacto ambiental que el proyecto minero pueda causar junto con
el “Programa de Trabajos e Inversiones de Explotación” que habría de ejecutarse
bajo una eventual licencia de explotación o contrato de concesión, el cual deberá
estar fundamentado en los resultados de la exploración realizada24. Al vencimiento
de la licencia de exploración, si el titular ha dado cumplimiento a sus obligaciones y
su proyecto está clasificado en forma definitiva como de pequeña minería, tendrá
derecho a convertir su título en “licencia de explotación” y así lo declarará la
autoridad minera en el mismo acto que apruebe los informes antes indicados.
También opera dicha conversión, ipso facto, si dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la presentación de los informes éstos no son objetados. En ambos
casos, la autoridad minera deberá proceder oficiosamente a inscribir en el Registro
Minero la nueva calidad del título25.
18. Una vez inscrita, la licencia de explotación otorga al titular el derecho
exclusivo, pero también temporal, de adelantar el proyecto minero aprobado desde
la fase de exploración, así como a gravar la propiedad superficial de terceros con
18 Artículo 300.
19
Artículos 24 y ss.
20 Artículo 41.
21 Artículo 24.
22 Artículo 32.
23 Artículo 33.
24 Artículo 39.
25 Artículos 44 y 45.
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las servidumbres y usos necesarios para su ejercicio. Los trabajos, obras de
desarrollo y montaje se deben realizar dentro del primer año, aunque puede iniciarse
la explotación en cualquier tiempo dando aviso a la autoridad minera.
19. Respecto de su temporalidad, la norma establece que la licencia de
explotación tiene una duración de diez (10) años contabilizados desde su inscripción
en el Registro Minero, sin perjuicio de que el beneficiario, de continuar interesado
en las actividades de explotación, pueda dos (2) meses antes del vencimiento de
ese término: (i) solicitar la prórroga de su vigencia por una sola vez y por un término
igual al original, sin que la norma exija un requisito distinto a la manifestación de
voluntad del interesado; o (ii) hacer uso del derecho de preferencia para suscribir un
contrato de concesión, cuya duración es de treinta (30) años contados a partir de
su inscripción en el Registro Minero.
20. De conformidad con lo expuesto, la Sala resalta que:
(i) la licencia de explotación tiene un carácter dispositivo, rogado y definido en
función de una actividad económica, consistente en el aprovechamiento de los
recursos mineros de propiedad estatal; en esa medida, su otorgamiento tiene origen
en la voluntad del interesado en obtener la autorización para explotar el suelo o
subsuelo minero, inicialmente, al solicitar la licencia de exploración sobre en un área
determinada para establecer la existencia de depósitos y yacimientos de
minerales26, y posteriormente, al presentar a la autoridad minera la declaración de
impacto ambiental y el Programa de Trabajos e Inversiones (PTI) para explotarlos y
proceder con su ejecución;
(ii) es la ley quien determina la duración de los títulos mineros, en el caso de la
licencia de explotación, diez (10) años desde su inscripción en el Registro Minero,
por lo que el beneficiario y la autoridad minera no pueden disponer de ese plazo y
una vez vencido, el título perderá su vigencia por ministerio de la ley, sin perjuicio
de que corresponderá a la autoridad minera declarar tal circunstancia y ordenar la
cancelación de la inscripción del título mediante un acto administrativo conforme a
lo dispuesto en el artículo 300 del Decreto 2655 de 1988, aspecto reiterado por el
artículo 334 de la Ley 685 de 2001 -actual Código de Minas- al indicar que para
corregir, modificar o cancelar la inscripción de un acto inscrito en el Registro Minero,
se requerirá orden judicial o resolución de la autoridad concedente con remisión de
la correspondiente providencia;
(iii) aunque la autoridad minera y el beneficiario no pueden definir libremente el
término de vigencia de diez (10) años dispuesto por la ley para la licencia de
explotación, el último sí puede evitar los efectos que sobrevienen al vencimiento de
ese plazo al solicitar su prórroga por lo menos dos (2) meses antes de ese momento,
la cual será otorgada por una sola vez y por un plazo igual al inicial por la autoridad
minera, según lo dispuesto y autorizado por la misma norma. Por tanto, salvo que
medie una manifestación de voluntad del beneficiario de la licencia de explotación,
dentro del término legal, tendiente a prorrogar su duración, verificada la finalización
de su duración inicial por parte de la autoridad minera, ésta deberá proceder a
26 Como ha explicado esta Corporación, “La licencia de exploración lleva intrínseca la finalidad de llegar a
explotar; quien solicita al Estado que se le permita desarrollar una exploración, lo hace porque aspira a tener
suerte en ella y proceder a una ulterior explotación (…)”. Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2008.
C.P. Enrique Gil Botero. Exp. 16043.
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declarar su terminación y ordenar la cancelación de su inscripción en el Registro
Minero con ocasión del vencimiento de su vigencia; y
(iv) en estos casos, la manifestación de la autoridad minera sobre la finalización
de la licencia de explotación corresponde a un acto declarativo, en la medida que
se limita a acreditar o constatar un hecho o una situación jurídica ya existente sin
alterarla o incidir en ella, esto es, la terminación del título minero con ocasión del
vencimiento de su duración prevista imperativamente en la ley, en contraposición a
los actos constitutivos, donde la administración define crear, modificar o extinguir un
derecho.
El desplazamiento forzado como posible hecho justificativo del
incumplimiento de una carga
21. Conforme al artículo 1 de la Ley 387 de 1997, se entiende como desplazado
a toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional,
abandonando su localidad de residencia o su actividades económicas habituales,
porque su vida, integridad física, seguridad o libertad, han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas con ocasión de, entre otros, el conflicto
armado interno.
22. Como el desplazamiento forzado altera drásticamente las condiciones de
vida de sus víctimas al ser despojadas de sus hogares, bienes y medios de
subsistencia, conlleva una violación múltiple, masiva y continua de sus derechos,
entre otros, a la vida e integridad personal, al mínimo vital, a una vivienda digna, a
la educación, al trabajo y a escoger una profesión u oficio, quedando
consecuencialmente expuestas a un especial nivel de vulnerabilidad e indefensión.
23. Debido a las complejas condiciones que deben afrontar las personas que son
obligadas a desplazarse, y por cuanto sus derechos económicos, sociales y
culturales se ven fuertemente afectados, el desplazamiento forzado impone a sus
víctimas soportar cargas excepcionales e imprevistas que a su vez pueden impedir
el cumplimiento de otras impuestas por la ley o por una relación jurídica particular,
toda vez que al separar una persona del lugar donde desarrolla su vida, se le sustrae
también de su modo de subsistencia, de sus bienes, de su libertad de locomoción,
y en general, de su estabilidad socioeconómica.
24. Sobre este particular, la Ley 387 de 1997 al implementar medidas para la
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos, determinó, por ejemplo27, que las personas que teniendo la
obligación legal de resolver su situación militar y que por motivos relacionados con
el desplazamiento forzado no lo hubiesen hecho, pueden presentarse a cualquier
distrito militar dentro del año siguiente a la fecha en la que se produjo el
desplazamiento para resolver dicha situación, sin que se les considere remisos; así
mismo, dispuso que la perturbación de la posesión o abandono del bien mueble o
inmueble, con motivo de una situación de violencia que obliga al desplazamiento
forzado del poseedor, no interrumpe el término de prescripción a su favor.
25. En esa medida y con ocasión de la especial situación de sus víctimas, en
determinados casos podrá existir una conexión entre el desplazamiento forzado e
27 Artículos 26 y 27.
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instituciones que eximen de responsabilidad o habilitan a ser alegados como hechos
justificativos del incumplimiento de una carga, como la fuerza mayor, al tratarse de
un hecho ajeno a la voluntad de quien lo padece, irresistible (al estar inserto en el
conflicto armado o en la violencia generalizada) e imprevisible respecto de su inicio,
impacto y duración, que atendiendo al contexto de cada caso, puede impedir el
ejercicio en tiempo de los actos jurídicos que una persona en condiciones normales
hubiera podido ejecutar28.
26. Lo expuesto debe reflejarse en el manejo que las autoridades dan a las
cargas impuestas por el ordenamiento jurídico a la población desplazada, pues al
exigir su cumplimiento deberán considerar su condición de víctimas como sujetos
de especial protección, y por ende, que su diferencial situación podría llevar a que
determinados deberes, requisitos, plazos o términos, resulten desproporcionados o
de imposible cumplimiento29, reconociendo por tanto que conceptos como la fuerza
mayor no deben limitarse a su versión clásica, sino que deben entenderse bajo
criterios de interpretación más amplios y favorables en atención a la situación de
especial vulnerabilidad de esa población, y que por cuenta -o como consecuencia-
de ese flagelo, pueden estar sometidos a una fuerza que devenga en irresistible e
imprevisible frente al cumplimiento de las cargas que les son impuestas por el
ordenamiento jurídico, aspecto que habrá de analizarse en el contexto de cada caso
particular 30.
27. En todo caso, no se trata de proponer que las víctimas de desplazamiento
forzado se encuentren eximidas de observar las cargas, deberes, requisitos, plazos
o términos fijados por el ordenamiento jurídico, sino de establecer en cada
escenario, atendiendo sus particularidades, si resulta viable y razonable exigirles su
satisfacción con el mismo rigor que a la generalidad de la población, o si, por el
contrario, el desplazamiento constituye un hecho justificativo de su incumplimiento.
Caso concreto
28. Está acreditado que la autoridad minera de la época, a través de la
Resolución 01228 del 30 de mayo de 200131, otorgó licencia de explotación al ahora
demandante para la extracción de oro en un área con extensión de 100 hectáreas
ubicadas en jurisdicción del municipio de Pensilvania, departamento de Caldas.
Este título fue otorgado en vigencia del Decreto 2655 de 198832, anterior Código de
Minas, norma aplicable a sus condiciones, términos y obligaciones en virtud de lo
dispuesto por el artículo 350 de la Ley 685 de 200133.
28 Con fundamento en lo anterior la jurisprudencia ha aceptado, por ejemplo, la exoneración en el pago de los
servicios públicos de las personas que se encuentren en circunstancia de desplazamiento forzado cuando son
los suscriptores del contrato de condiciones uniformes, por cuanto el desplazamiento se configura en una
circunstancia de fuerza mayor que imposibilita al suscriptor para continuar asumiendo las obligaciones propias
del contrato de servicios públicos domiciliarios. Corte Constitucional, sentencia T-831 de 2011.
29 La Corte Constitucional ha indicado que: “(i) ser víctima del conflicto armado conlleva a ponderar el
cumplimiento de deberes que, en virtud del ordenamiento jurídico están obligados a cumplir con la imposibilidad
fáctica de su incumplimiento; (…) y iii) las instituciones, situaciones, normas y conceptos del ordenamiento
jurídico que impliquen afectaciones a las diferentes posiciones jurídicas, deben tener en cuenta la condición de
víctima del conflicto armado –sujeto de especial protección constitucional- para asignar cargas que, en el caso
concreto, pueden ser desproporcionadas”. Sentencia T-115 de 2020.
30 Sentencia C-1186 de 2008.
31 Expediente digital, archivo “70_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_1P”, pág 67.
32 La Ley 685 de 2001, actual Código de Minas, fue publicada en el Diario Oficial número 44.522 del 17 de
agosto de 2001.
33 “Condiciones y términos. Las condiciones, términos y obligaciones consagrados en las leyes anteriores para
los beneficiarios de títulos mineros perfeccionados o consolidados, serán cumplidos conforme a dichas leyes”.
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29. Conforme a lo establecido en el artículo cuarto del acto administrativo antes
referido, la licencia de explotación otorgada tenía una vigencia de diez (10) años
contabilizados desde su inscripción en el Registro Minero, acorde con lo dispuesto
en el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988 como se ha expuesto, sin perjuicio de
que su beneficiario según lo dispuesto por la misma norma, al menos dos (2) meses
antes de su vencimiento pudiera solicitar su prórroga por una sola vez y por un
término igual al original, sin que se exigiera un requisito distinto a su manifestación
de voluntad, o hacer uso del derecho de preferencia para suscribir un contrato de
concesión.
30. Conforme lo exige el régimen legal aplicable, para la efectividad del derecho
que se concede con la licencia de explotación esta debía inscribirse en el Registro
Minero por parte de la autoridad otorgante, momento en el cual iniciaba el cómputo
del plazo de vigencia del título, lo cual ocurrió el 11 de diciembre de 2007. Esto
significa que según el mandato del artículo 46 del Decreto 2655 de 1988, reiterado
en la cláusula cuarta del acto que otorgó la licencia de explotación, su vigencia
culminaba el 11 de diciembre de 2017.
31. Dan cuenta los antecedentes aportados al proceso, que mediante Resolución
1473 del 29 de noviembre de 201634, la ANM canceló la licencia de explotación por
cuanto el titular minero no aportó los formularios trimestrales para la declaración de
producción y liquidación de regalías entre los años 2007 y 2015, pese haber sido
requerido a hacerlo, so pena de cancelación, a través de los autos 357 del 3 de julio
de 201435 y 512 del 19 de agosto de 201536 en concordancia con lo establecido en
los artículos 7637 y 7738 del Decreto 2655 de 1988.
32. Surtido el trámite correspondiente, la ANM revocó la anterior decisión,
mediante Resolución 179 del 28 de marzo de 201739 que accedió al recurso de
reposición interpuesto por el titular minero, en consideración a que éste había
informado desde el 24 de noviembre de 2000 sobre problemas de orden público en
la zona que impedían la culminación de las labores de exploración, a la par que con
34 Expediente digital, archivo “71_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_1P”, págs 39 a 43.
35 “REQUERIR. Al titular, bajo causal de cancelación establecida en el numeral 4) del artículo 75 del Decreto
2655 de 1988, para que allegue los formularios para declaración de producción y liquidación de regalías,
correspondientes al IV trimestre de 2007, I, II, lIl y IV trimestre de 2008, trimestres I, II, III y IV de 2009, II, lll y lV
de 2010, II, lll y lV de 2011, II, III, y IV de 2012 y II, III y IV de 2013 y trimestre I de 2014, con su respectivo pago,
más los intereses que se causen hasta la fecha efectiva de su pago. Para tal fin se le otorga un término de un
(1) mes contado a partir de la notificación del presente proveído (…) so pena de declarar la cancelación de la
Licencia No. 488-17”.
36 “REQUERIR. Al titular, bajo causal de cancelación establecida en el numeral 4) del artículo 75 del Decreto
2655 de 1988, para que allegue los formularios para declaración de producción y liquidación de regalías,
correspondientes al II, III y IV trimestre de 2014 y I y II trimestre de 2015, con su respectivo pago, más los
intereses que se causen hasta la fecha efectiva de su pago. Para tal fin se le otorga un término de un (1) mes
contado a partir de la notificación del presente proveído para que subsane las faltas que se le imputan y formule
su defensa, respaldada con las pruebas correspondientes, so pena de declarar la cancelación de la Licencia
No. 488-17 (…)”
37 “Causales generales de cancelación y caducidad. Serán causales de cancelación de las licencias y de
caducidad de los contratos de concesión, según el caso, las siguientes, que se considerarán incluidas en la
resolución de otorgamiento o en el contrato: (…) 4. El no pago oportuno de los impuestos específicos,
participaciones y regalías establecidas en el Capítulo XXIV de este Código (…)”
38 “Términos para subsanar. Antes de declarar la cancelación o caducidad, el Ministerio pondrá en conocimiento
del interesado la causal en que haya de fundarse y éste dispondrá del término de un (1) mes para rectificar o
subsanar las faltas de que se le acusa o para formular su defensa. Esta providencia será de trámite, y en
consecuencia contra ella no procederá recurso alguno. Vencido el plazo señalado en el presente artículo, el
Ministerio se pronunciará durante los sesenta (60) días siguientes mediante providencia motivada”.
39 Expediente digital, archivo “71_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_1P”, págs 67 a 73.
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Radicación: 110010326000-2020-00054-00 (66051)
Actor: Luis Alberny Gutiérrez
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
la impugnación, aportó certificación expedida el 20 de diciembre de 2016 de la que
se acreditaba que se encontraba asentado en el Registro Único de Víctimas (REV),
especificando como hecho victimizante el desplazamiento forzado del municipio de
Pensilvania desde el 15 de abril de 2002, esto es, con posterioridad al otorgamiento
de la licencia de explotación. Para tales efectos, se refirió a pronunciamientos de la
Corte Constitucional relacionados con el estado de cosas inconstitucional en la
población desplazada y el trato preferente que debe recibir por parte del Estado 40.
En el acto, nada se indicó respecto del cumplimiento de las obligaciones legales
pendientes de ser acreditadas por la parte actora.
33. Pasados dos (2) años y sin que el demandante manifestara su intención de
continuar explotando el área, en la Resolución 168 del 26 de febrero de 2019 41, la
ANM declaró que la licencia de explotación otorgada al demandante finalizó “por
vencimiento del término originalmente pactado en el título minero”, toda vez que sus
diez (10) años de vigencia culminaron en diciembre de 2017 sin que el titular
solicitara su prórroga, ni ejercido su derecho de preferencia para la suscripción de
contrato de concesión. En consecuencia, ordenó que ejecutoriado y en firme el acto,
se remitiera el expediente al Grupo de Catastro y Registro Minero con el fin de que
se llevara a cabo la respectiva anotación, previa desanotación del área del sistema
gráfico.
34. El acto administrativo antes indicado fue objeto de recurso de reposición42
interpuesto por el ahora demandante, fundamentado en que fue víctima de
desplazamiento forzado interno desde el año 2002 hasta el año 2018, lo que
conllevó a “no poder ejecutar y cumplir en tiempo sus actividades mineras o a ejercer
su derecho a renovación”, adjuntando un certificado expedido por la Red de
Solidaridad Social de la Presidencia de la República, Unidad Territorial de Bogotá,
fechado el 28 de junio de 2002.
35. Mediante Resolución 650 del 23 de agosto de 201943 la entidad demandada
confirmó en todas sus partes la Resolución 168 del 26 de febrero del mismo año,
decisión motivada en que la Gobernación de Caldas mediante oficio del 23 de abril
de 2019 certificó que según la información extraída de los informes de sus Consejos
de Seguridad y los últimos acontecimientos en materia de orden público, el
departamento de Caldas se encontraba en fase de posconflicto y llevaba “más de
nueve años sin extorsiones, sin amenazas por parte de grupos al margen de la Ley,
sin intervenciones militares contra los mismos”, por lo que no era de recibo para la
autoridad minera que superados los problemas del conflicto armado en el municipio
de Pensilvania 7 años antes de la fecha de terminación del título minero, el titular
no hubiese podido solicitar la prórroga o hacer uso del derecho de preferencia para
suscribir contrato de concesión.
36. Como sustento de la pretensión de nulidad, la parte actora sostuvo en su
escrito de demanda que la inexistencia de solicitud de prórroga y el no ejercicio del
derecho de preferencia, no era un argumento suficiente para que la autoridad
minera resolviera de plano terminar la licencia de explotación, facultad que no podía
ejercerse ante la existencia de una amenaza y peligro en su contra que le impedían
40 Particularmente, se citó la sentencia T-025 de 2014 M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
41 Expediente digital, archivo “93_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_201”
42 Expediente digital, archivo “100_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_201”.
43 Expediente digital, archivo “105_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_201”.
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Radicación: 110010326000-2020-00054-00 (66051)
Actor: Luis Alberny Gutiérrez
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
adelantar las actividades de explotación. Por tanto, indicó que en los actos
administrativos demandados la ANM desconoció su condición de víctima del
conflicto armado por desplazamiento forzado, y por ende, que los requisitos que se
le exigieron para no dar por terminada la licencia de explotación debían valorarse
de manera flexible y no necesariamente bajo el rigor taxativo de las normas que los
contienen, por su condición de vulnerabilidad.
37. Conforme a las pruebas recaudadas, la Sala encuentra que no está llamada
a desvirtuarse la presunción de legalidad del acto demandado, por las razones que
se exponen a continuación:
(i) Como se desprende de la Resolución 01228 del 30 de mayo de 2001 y el
Decreto 2655 de 1988 respecto de la vigencia de la licencia de explotación -10 años
desde la inscripción en el Registro Minero Nacional-, de la prueba del momento de
su inscripción -11 de diciembre de 2007- y de lo dispuesto en la parte motiva y
resolutiva de los actos demandados –expedidos en 2019-, la ANM no decidió dar
por terminada la licencia por la omisión de una carga impuesta al ahora
demandante, sino que ésta finalizó al haber expirado su vigencia; en esa medida, la
extinción de los derechos derivados de la licencia de explotación a favor de la parte
actora no tuvo origen en una facultad de la autoridad minera originada en el
incumplimiento de las obligaciones que aquel título imponía a su beneficiario, como
en el caso de su cancelación44 bajo un acto constitutivo. Lo que ocurrió fue que,
verificado el vencimiento de la licencia, la entidad procedió a formalizar su
terminación mediante un acto declarativo ordenando la respectiva anotación en el
Registro Minero en atención a lo previsto en la ley45 para la liberación del área afecta
a ese título.
(ii) Por tanto, la licencia de explotación no feneció con ocasión de una decisión
de la entidad sustentada en la exigencia de unos requisitos al actor que no fueron
cumplidos, sino por ministerio de la norma que gobernaba ese título minero sin que
mediara una expresión de voluntad de su beneficiario de continuar ejerciendo los
derechos derivados del mismo.
(iii) Aunque para establecer la terminación de la licencia en el acto acusado se
indicó que, previo al vencimiento de su duración, el ahora demandante no solicitó
su prórroga ni hizo uso de su derecho de preferencia para celebrar contrato de
concesión, ello no implica que la autoridad minera impusiera su finalización por
cuenta de esa omisión, en tanto esas actuaciones correspondían a un derecho que
el beneficiario del título podía facultativa y discrecionalmente ejercer; distinto es que
de haber optado el demandante por alguna de esas opciones, el solo vencimiento
del plazo previsto en el acto que otorgó la licencia y en la norma que la regulaba no
habría conllevado al resultado que se reprocha, puesto que el beneficiario podría
tener derecho a su prórroga, o a la modificación del título mediante la celebración
de un negocio jurídico con la entidad, pero como ello no ocurrió, la consecuencia
44 Artículo 75 del Decreto 2655 de 1988: “Multas, cancelación y caducidad. El Ministerio podrá multar al
beneficiario de derechos mineros, cancelar administrativamente las licencias de exploración y de explotación e
igualmente, declarar la caducidad de los contratos de concesión, de conformidad con este Código”.
45 El artículo 334 de la Ley 635 de 2001 establece que “Para corregir, modificar o cancelar la inscripción de un
acto o contrato inscrito en el Registro Minero, se requerirá orden judicial o resolución de la autoridad concedente,
con remisión de la correspondiente providencia”. Por su parte, el artículo 300 del Decreto 2655 de 1988
establecía: “La cancelación de un registro es el acto administrativo proferido por el Ministerio por el cual se deja
sin efecto éste. El Ministerio procederá a cancelar un registro o inscripción cuando exista un acto administrativo
o judicial que así lo ordene. Se hará con referencia al acto ejecutoriado que lo ordena”.
11
Radicación: 110010326000-2020-00054-00 (66051)
Actor: Luis Alberny Gutiérrez
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
jurídica del vencimiento del término pactado en la licencia y en la norma que la
regulaba no podía ser otra distinta a la definida por la entidad demandada en los
actos acusados, esto es, la finalización del título y su desanotación del Registro
Minero.
(iv) Tampoco se observa que la entidad hubiese desconocido la calidad de
víctima del conflicto armado del demandante, de cara a las razones que lo habrían
llevado a no solicitar la prórroga de la licencia de explotación o la celebración de un
contrato de concesión. Lo cierto es que, tanto en el procedimiento administrativo
como en el proceso judicial, la parte actora omitió exponer y acreditar que la
situación de desplazamiento le impidió manifestar su voluntad de hacer uso de
alguna de esas opciones, dado que su argumentación se circunscribió a acreditar
su calidad de víctima y exigir una aplicación flexible de la normatividad minera.
(v) Aunque es cierto que la parte actora afirmó que el desplazamiento al que fue
sometido generó un ambiente de amenaza y peligro que conllevó “al cese de las
actividades de explotación so pretexto de atentar contra su vida y la de los demás
integrantes de su familia”, tal circunstancia no se relaciona directamente con los
motivos del acto acusado y las razones normativas que llevaron a la extinción de
los derechos derivados del título minero, que como se ha explicado, no transitaron
por el cese de las actividades de explotación, sino que se fundamentaron en el
verificado transcurso del tiempo definido en la ley para que su vigencia expirara.
(vi) El desplazamiento del municipio de Pensilvania donde se encontraban las
áreas objeto de la licencia y la consecuente imposibilidad de adelantar las
actividades de explotación, no justifica automáticamente la omisión de la parte
actora de solicitar a la autoridad minera la prórroga, toda vez que ello no exigía al
demandante estar, permanecer o trasladarse al municipio de Pensilvania, al tratarse
de una petición que podía efectuar por correo, postal o electrónico, desde cualquier
lugar, como en efecto lo hizo para otros asuntos, según se expondrá más adelante.
(vii) Si lo pretendido por la parte actora era indicar que el desplazamiento del que
fue víctima le impidió solicitar la prórroga de la licencia o la celebración de un
contrato de concesión ante la autoridad minera, así debía precisarlo e indicar las
razones de tal afirmación, no sólo porque de la sola naturaleza de ese flagelo no se
desprende per se una imposibilidad de exteriorizar su voluntad y darla a conocer a
la autoridad minera, sino por cuanto las pruebas evidencian -como se indicará- que
tal circunstancia no le impedía mantener comunicación directa con esa entidad.
(viii) El expediente administrativo evidencia que la condición de víctima por
desplazamiento forzado del demandante, con ocasión de hechos ocurridos en el
año 2002, no le impidió presentar quejas, peticiones e instaurar acciones con
ocasión del ejercicio de los derechos derivados de la licencia de explotación, al
menos desde el año 2008, esto es, nueve (9) años antes de que culminara la
vigencia de la licencia de explotación.
(ix) Sobre esto último, está acreditado que: (a) el 10 de marzo de 200846, solicitó
a la autoridad minera una certificación de las zonas “no libres” aledañas al área
objeto de su título minero, aspecto reiterado en oficio del día 18 del mismo mes y
46 Expediente digital, archivo “70_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_201”, pág. 106.
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Radicación: 110010326000-2020-00054-00 (66051)
Actor: Luis Alberny Gutiérrez
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
año47, donde además exigió impedirle a la Compañía Multinacional "Quedada" que
invadiera sus áreas; (b) mediante oficios 010597 y 004557 de septiembre y
noviembre de 2009, presentó derechos de petición ante la Gobernación de Caldas
aduciendo presuntas actividades mineras no autorizadas en las áreas
correspondientes a su título, los cuales fueron oportunamente respondidos
mediante oficios UMD 744 y UMD 109948; (c) el 14 de marzo de 2012, solicitó a la
Corte Constitucional informar si el expediente T-2.408.429, en el que actuaba como
demandante y Acción Social como demandado, había sido seleccionado para
revisión por parte de esa Corporación, con respuesta mediante oficio del 22 de
marzo siguiente, donde se le informó que el proceso no fue seleccionado, como
constaba en auto del 8 de octubre de 2009 49; y (d) el 19 de diciembre de 2016
presentó recurso de reposición en contra de la Resolución VSC-1473 del 29 de
noviembre anterior, lo cual reiteró en escrito del 27 de diciembre de 2016 50. A su
vez y con ocasión de ese acto administrativo, el 3 de mayo de 2017 presentó acción
de tutela en contra de la ANM, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto
Civil Municipal de Manizales51.
(x) Debe resaltarse además que desde el año 2014 -al menos tres años antes
del vencimiento del título-, tanto los escritos del titular minero, como las respuestas
de las distintas autoridades, referencian que el demandante recibía notificaciones
en el municipio de Pensilvania – Caldas (Carrera 5a Nro. 4-88, Barrio San
Fernando), aspecto que resulta coherente con lo indicado por la Gobernación de
Caldas en oficio del 23 de abril de 2019 en el sentido de que el departamento llevaba
más de nueve (9) años sin amenazas por parte de grupos al margen de la ley y sin
intervenciones militares contra los mismos, esto último, a su vez confirmado por el
Comandante del Batallón de Infantería 22 "Batalla de Ayacucho", quien en escrito
del 11 de mayo de 2019 informó que “el orden público en los corregimientos y
veredas del municipio de Pensilvania Caldas tiene una estabilidad y tranquilidad
desde el año 2009”52.
38. Por tanto, no hay elementos de prueba para afirmar como razonable que más
allá de su condición particular, el demandante tuviese algún impedimento para
informar a la autoridad minera de su intención de prorrogar la licencia de explotación
o de hacer uso del derecho de preferencia, cuando lo que se evidencia es que sí
actuó ante ésta y otras autoridades, e incluso inició procesos judiciales en contra de
la otorgante del título minero. Desde esta perspectiva, una valoración razonable,
ponderada y en clave del cumplimiento de las cargas, lo que muestra es que la parte
actora omitió ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico ponía a su
disposición para continuar con la autorización para explotar recursos mineros del
estado, sin que tal circunstancia estuviere influida, condicionada o determinada por
el desplazamiento forzado del que fue víctima.
39. Con fundamento en lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la
demanda.
47 Expediente digital, archivo “70_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_201”, pág. 108.
48 Expediente digital, archivo “70_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_201”, pág. 110 y 112.
49 Expediente digital, archivo “71_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_201”, pág. 52.
50 Expediente digital, archivo “71_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_201”, pág. 50 y 55.
51 Expediente digital, archivo “71_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_201”, pág. 84 y 85.
52 Expediente digital, archivo “103_NOTAALPROCESO_48817_PRINCIPAL_201.
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Radicación: 110010326000-2020-00054-00 (66051)
Actor: Luis Alberny Gutiérrez
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Costas
40. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la
liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas
en el procedimiento civil. En este orden de ideas, el artículo 365 del CGP en el
numeral 1 dispone que se condenará en costas a la parte vencida53, las que serán
liquidadas de manera concentrada por el juez que haya conocido del proceso en
primera o única instancia54.
41. Por su parte, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de
la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del
numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-
10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la
demanda55, el cual dispone que, en las sentencias dictadas en procesos
declarativos de única instancia en asuntos que carezcan de cuantía o de
pretensiones pecuniarias, como sucede en el caso concreto, se fijarán entre 1 y 8
SMLMV.
42. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del CGP, la condena en
costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la
parte a la que se imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se
determina con fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte a la
que no le prosperan sus pretensiones, “siempre que exista prueba de su existencia,
de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley” 56.
53 El artículo 365 CGP.: “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación
o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…)”.
54 CGP. ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por
el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez
aprobarla o rehacerla. 2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas
que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los
sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos
por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez,
aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán
incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables.
Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades
especializadas, el juez los regulará. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. 5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en
derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe
la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación
pendiente, se concederá en el suspensivo. 6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los
recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará
inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al
superior, según el caso.
55 Aplicable para el 13 de julio de 2020, por cuanto entró en vigor el 5 de agosto de 2016.
56 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe,
o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya
propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las
costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena
incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a
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Radicación: 110010326000-2020-00054-00 (66051)
Actor: Luis Alberny Gutiérrez
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
43. Atendiendo a que la entidad demandada nombró y actuó en el proceso
defendiendo sus intereses mediante apoderado judicial, la parte actora será
condenada al pago de costas y agencias en derecho, en atención a las reglas
aplicables en la materia, al haber resultado vencida en el proceso.
44. En consecuencia, en los términos del artículo 5 numeral 1 del Acuerdo
PSAA16-10554 de 2016, se fijan como agencias en derecho a cargo del
demandante, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (1
SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia y a favor de la ANM.
III. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Ministerio de Minas y Energía.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte actora; FIJAR como agencias en
derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV)
a la fecha de ejecutoria de esta sentencia en favor de la Agencia Nacional de Minería
• ANM. Por Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente.
CUARTO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez quede en firme esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al
aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una
indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción
en su contra”. Sentencia C-157/13. M.P. Mauricio González Cuervo.
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