Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00019-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-27-000-2020-00019-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Excepción de caducidad en medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: decisión en sentencia anticipada
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00019-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2020-00019-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
26 de agosto de 2021
SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Finalidad / SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Procedencia. Ley 2080 de 2021
Con ocasión de la reforma incorporada al CPACA por la Ley 2080 de 2021, el artículo 182A, entre otras cosas, estableció la figura de la sentencia anticipada para asegurar la celeridad y economía en los procesos que no requieren agotar todas las etapas del artículo 179. Según el artículo 182A, la sentencia anticipada procede en 4 eventos: i) antes de la audiencia inicial: cuando se trate de asuntos de puro derecho, cuando no haya que practicar pruebas y cuando solo se aporten pruebas en la demanda, que no se hubiesen tachado o desconocido; ii) en cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, iii) en cualquier estado del proceso, cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva, y iv) en caso de allanamiento o transacción, de conformidad con el artículo 176.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 176 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 179 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 182A / LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86
EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD EN MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Decisión en sentencia anticipada / TÉRMINOS O PLAZOS DE CADUCIDAD - Alcance. Reiteración de jurisprudencia. No impiden ni restringen el derecho de acceso a la administración de justicia / TÉRMINOS O PLAZOS DE CADUCIDAD - Finalidad. Reiteración de jurisprudencia / TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE ACCIONES O MEDIOS DE CONTROL – Análisis judicial. En principio, se deben examinar al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, pero el juez tiene competencia para revisar la oportunidad de la acción en cualquier momento / TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE ACCIONES O MEDIOS DE CONTROL - Naturaleza jurídica. Son preclusivos / NORMAS PROCESALES - Características. Obligatoriedad y cumplimiento inmediato / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Suspensión de términos por pandemia del coronavirus / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE CADUCIDAD POR PANDEMIA DEL CORONAVIRUS – Levantamiento / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD EN MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Declara probada
[L]a sala parte por reiterar que los plazos de caducidad no impiden ni restringen el derecho de acceso a la administración de justicia. Por el contrario, detrás de los términos de caducidad de las acciones existen importantes razones de fondo, relacionadas, principalmente, con la seguridad jurídica y la garantía de los derechos subjetivos de los particulares y de la propia administración. La seguridad jurídica, porque debe existir siempre un momento definitivo para que se consoliden los actos administrativos que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas de carácter particular. Y la garantía de los derechos subjetivos de los particulares y de la administración, porque los actos no pueden cuestionarse indefinidamente en sede administrativa o jurisdiccional. Ahora, es cierto que la caducidad u oportunidad para demandar (que es un presupuesto procesal de la acción) debe examinarse por el juez administrativo al momento de decidir sobre la admisibilidad de la demanda. De advertirse que la demanda se presentó por fuera del término legal, es obvio que sobrevenga el rechazo de plano (artículo 169-1), pues sería contrario a los principios de seguridad jurídica y de economía procesal que el juez tramite y decida de fondo la demanda que no se formuló oportunamente. Con todo, en cualquier momento, y con mayor razón en la sentencia, el juez tiene competencia para revisar la oportunidad de la acción, pues los plazos para acudir ante el juez (que son plazos preclusivos) están previstos en normas procesales que son de orden público, cuya característica principal es que son obligatorias y de inmediato cumplimiento. Justamente la reciente reforma al CPACA pretendió asegurar que la excepción de caducidad se resuelva oportunamente y, para tal efecto, facultó al juez administrativo para que, sin agotar todas las etapas del proceso, la decida por sentencia anticipada. 2.2. El artículo 164, numeral 2, literal d), prevé que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de los 4 meses siguientes de la notificación, publicación, ejecución o comunicación del acto particular. (…) [L]a sala constata que la demanda fue presentada por fuera del plazo previsto por el artículo 164, numeral 2, literal d), esto es, por fuera de los 4 meses siguientes a la fecha en que se produjo la notificación. En efecto, la Resolución 900001 fue notificada debidamente el 27 de enero de 2020. Luego, el término para interponer la demanda empezó a correr el 28 de enero de 2020 y, en principio, vencía el 28 de mayo siguiente. 2.5. Sin embargo, la sala no puede perder de vista que, como consecuencia del coronavirus, los términos judiciales estuvieron suspendidos, entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020. La emergencia sanitaria generada por cuenta de la Covid-19, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó pandemia, obligó al Gobierno nacional a proferir medidas extraordinarias para conjurar la grave crisis y evitar que se extiendan las consecuencias adversas de la emergencia. En el marco del estado de emergencia, en uso de las atribuciones excepcionales, el Gobierno nacional expidió el Decreto legislativo 564 de 2020, cuyo objeto general es asegurar el derecho de acceso a la administración de justicia, en tiempos de pandemia. (…) A su turno, el Consejo Superior de la Judicatura profirió diversos acuerdos para justamente suspender los términos y así evitar la confluencia masiva de usuarios a las sedes judiciales. Con todo, a partir del 2 de julio de 2020, la suspensión de términos de caducidad se levantó, tal como lo dispuso el artículo 1 del Decreto 564 de 2020. 2.6. En el caso examinado, ocurre que, entre el 28 de enero y el 15 de marzo de 2020, corrió 1 mes y 16 días, de los 4 meses que tenía el señor Cardona Duque para presentar la demanda. Entre el 16 de marzo y el 1 de julio se suspendió el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Una vez se reanudaron los términos, entre el 2 de julio y el 16 de septiembre de 2020, corrieron los 2 meses y 14 días que restaban para cumplir los 4 meses del plazo de caducidad. Es decir, el plazo para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 16 de septiembre de 2020. Como se presentó el 30 de septiembre, es evidente que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. 2.7. Por último, la sala aclara que la excepción del inciso 2 del artículo 1 del Decreto 564 no es aplicable al caso bajo estudio, pues, al momento de la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura, el plazo que restaba para presentar la demanda era superior a 30 días. En esas condiciones, se impone declarar probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la DIAN.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL D / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 169 NUMERAL 1 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 182A NUMERAL 3 / DECRETO 564 DE 2020 - ARTÍCULO 1 / ACUERDO PCSJA20-11567 DE 7 DE JUNIO DE 2020 - ARTÍCULO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-27-000-2020-00019-00(25366)
Actor: JAIME CARDONA DUQUE
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
FALLO
En los términos del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), procede la sala a dictar sentencia anticipada, en orden a resolver la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 16 de agosto de 2018, la DIAN profirió el pliego de cargos 012382018000041 y propuso sancionar al señor Jaime Cardona Duque, declarándolo proveedor ficticio, conforme con el artículo 671 del ET, por registrar, en el año 2015, compras y ventas inexistentes o simuladas de oro y platino.
El señor Cardona Duque no contestó el pliego de cargos.
Por Resolución 0131 del 1 de mayo de 2019, la DIAN impuso sanción de declaración de proveedor ficticio al señor Cardona Duque, por el término de 5 años.
Previa interposición del recurso de reconsideración, la DIAN, mediante Resolución 900001 del 16 de enero de 2020, confirmó la sanción.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
Ante esta corporación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Jaime Cardona Duque, mediante apoderado, solicitó la nulidad de las Resoluciones 0131 de 2019 y 900001 de 2020.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1.) Se declare la nulidad de la Resolución No 131 de fecha 19 de marzo del 2019.
2.) Se declare la nulidad de la resolución No 012012020900001 de fecha 16 de enero de 2020, que decide de manera desfavorable para mi representada un recurso de reconsideración.
3.-) Como consecuencia de las anteriores pretensiones y a título del restablecimiento del Derecho se declare:
A. Que se declare que el demandante NO ES UN PROVEEDOR FICTICIO.
B. Que se declare en firme la declaración de renta del periodo gravable 2015, del contribuyente JAIME CARDONA DUQUE, con domicilio en la ciudad de Armenia (Quindío), identificada con NIT No 8.762.771-9.
Como fundamento de las pretensiones, invocó vulnerados los artículos 29 y 83 de la Constitución, 650, 683, 742, 743 y 745 del ET, y 240 y 242 del CGP, habida cuenta de que la DIAN habría desconocido las pruebas aportadas por el señor Jaime Cardona Duque para demostrar la veracidad de los hechos consignados en la declaración de renta del 2015.
Previa inadmisión, por auto del 2 de diciembre de 2020, el despacho sustanciador admitió la demanda, en los términos del artículo 149-2 CPACA, ya que se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que no tiene cuantía, expedido, además, por una autoridad del orden nacional.
Además, se ordenó la notificación a la DIAN, al Ministerio Público y al director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En tiempo, la DIAN, mediante apoderada judicial, contestó la demanda y propuso la excepción de caducidad de la acción.
Frente a la caducidad, la entidad alegó: (i) que la Resolución 900001 (que resolvió el recurso de reconsideración contra el acto principal) fue notificada personalmente, el 27 de enero de 2020, a la persona designada por el señor Jaime Cardona Duque; (ii) que, al descontar la suspensión de términos por cuenta de la pandemia (16 de marzo al 30 de junio de 2020), la demanda debió presentarse a más tardar el 15 de septiembre de 2020, y (iii) que, sin embargo, la demanda se presentó el 8 de octubre siguiente, esto es, por fuera del plazo de caducidad.
La entidad aportó los antecedentes administrativos de los actos demandados, en los que obra la constancia de notificación personal de la Resolución 900001.
En cuanto a la discusión de fondo, la DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y, básicamente, alegó que en la actuación tributaria se recaudaron una serie de pruebas con las que se desvirtuó la realidad de las operaciones y se probó que el señor Jaime Cardona Duque era proveedor ficticio de NTR Metales Zona Franca.
De la excepción propuesta por la DIAN, la secretaría de la sección cuarta corrió el respectivo traslado. Sin embargo, el demandante no se pronunció.
Mediante auto del 28 de mayo de 2021, el magistrado sustanciador acogió la figura de la sentencia anticipada para resolver la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
La DIAN presentó alegatos finales e insistió en que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó extemporáneamente, en los mismos términos expuestos en la contestación ya resumida en esta providencia.
A su turno, el agente del Ministerio Público concluyó que, en efecto, operó la caducidad de la acción, toda vez que el acto que resolvió el recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio se notificó el 27 de enero de 2020 y la demanda, después de descontar los días en que se suspendieron términos judiciales por cuenta de la pandemia, debió presentarse antes del 15 de septiembre de 2020. Sin embargo, se radicó el 8 de octubre de ese mismo año.
El demandante no presentó alegatos.
CONSIDERACIONES
Con ocasión de la reforma incorporada al CPACA por la Ley 2080 de 2021, el artículo 182A, entre otras cosas, estableció la figura de la sentencia anticipada para asegurar la celeridad y economía en los procesos que no requieren agotar todas las etapas del artículo 179.
Según el artículo 182A, la sentencia anticipada procede en 4 eventos: i) antes de la audiencia inicial: cuando se trate de asuntos de puro derecho, cuando no haya que practicar pruebas y cuando solo se aporten pruebas en la demanda, que no se hubiesen tachado o desconocido; ii) en cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, iii) en cualquier estado del proceso, cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva, y iv) en caso de allanamiento o transacción, de conformidad con el artículo 176.
En lo que interesa para este caso, el magistrado sustanciador dispuso que la excepción de caducidad de la acción se resolvería por la sala mediante sentencia anticipada, en los términos del artículo 182A-3.
Para tal efecto, la sala parte por reiterar que los plazos de caducidad no impiden ni restringen el derecho de acceso a la administración de justicia. Por el contrario, detrás de los términos de caducidad de las acciones existen importantes razones de fondo, relacionadas, principalmente, con la seguridad jurídica y la garantía de los derechos subjetivos de los particulares y de la propia administración.
La seguridad jurídica, porque debe existir siempre un momento definitivo para que se consoliden los actos administrativos que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas de carácter particular. Y la garantía de los derechos subjetivos de los particulares y de la administración, porque los actos no pueden cuestionarse indefinidamente en sede administrativa o jurisdiccional.
Ahora, es cierto que la caducidad u oportunidad para demandar (que es un presupuesto procesal de la acción) debe examinarse por el juez administrativo al momento de decidir sobre la admisibilidad de la demanda. De advertirse que la demanda se presentó por fuera del término legal, es obvio que sobrevenga el rechazo de plano (artículo 169-1), pues sería contrario a los principios de seguridad jurídica y de economía procesal que el juez tramite y decida de fondo la demanda que no se formuló oportunamente.
Con todo, en cualquier momento, y con mayor razón en la sentencia, el juez tiene competencia para revisar la oportunidad de la acción, pues los plazos para acudir ante el juez (que son plazos preclusivos) están previstos en normas procesales que son de orden público, cuya característica principal es que son obligatorias y de inmediato cumplimiento.
Justamente la reciente reforma al CPACA pretendió asegurar que la excepción de caducidad se resuelva oportunamente y, para tal efecto, facultó al juez administrativo para que, sin agotar todas las etapas del proceso, la decida por sentencia anticipada.
El artículo 164, numeral 2, literal d), prevé que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de los 4 meses siguientes de la notificación, publicación, ejecución o comunicación del acto particular.
En el caso concreto, la sala encuentra probado lo siguiente:
Por Resolución 0131 del 1 de mayo de 2019, la DIAN sancionó al señor Jaime Cardona Duque, declarándolo proveedor ficticio, por el término de 5 años.
La DIAN, mediante Resolución 900001 del 16 de enero de 2020, confirmó la sanción, a instancias del recurso de reconsideración presentado por el señor Cardona Duque.
El 27 de enero de 2020, la DIAN notificó personalmente la Resolución 900001.
La notificación se practicó a la señora Laura Daniela Murillo, designada por el señor Jaime Cardona Duque, según memorial poder otorgado con la facultad expresa para notificarse de la Resolución 900001.
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó el 30 de septiembre de 2020, a través de la ventanilla virtual dispuesta en el sitio web de esta Corporación.
A partir de los anteriores hechos destacados, la sala constata que la demanda fue presentada por fuera del plazo previsto por el artículo 164, numeral 2, literal d), esto es, por fuera de los 4 meses siguientes a la fecha en que se produjo la notificación.
En efecto, la Resolución 900001 fue notificada debidamente el 27 de enero de 2020. Luego, el término para interponer la demanda empezó a correr el 28 de enero de 2020 y, en principio, vencía el 28 de mayo siguiente.
Sin embargo, la sala no puede perder de vista que, como consecuencia del coronavirus, los términos judiciales estuvieron suspendidos, entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.
La emergencia sanitaria generada por cuenta de la Covid-19, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó pandemia, obligó al Gobierno nacional a proferir medidas extraordinarias para conjurar la grave crisis y evitar que se extiendan las consecuencias adversas de la emergencia.
En el marco del estado de emergencia, en uso de las atribuciones excepcionales, el Gobierno nacional expidió el Decreto legislativo 564 de 2020, cuyo objeto general es asegurar el derecho de acceso a la administración de justicia, en tiempos de pandemia. El artículo 1 prevé:
Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.
Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal.
A su turno, el Consejo Superior de la Judicatura profirió diversos acuerdos para justamente suspender los términos y así evitar la confluencia masiva de usuarios a las sedes judiciales.
Con todo, a partir del 2 de julio de 2020, la suspensión de términos de caducidad se levantó , tal como lo dispuso el artículo 1 del Decreto 564 de 2020.
En el caso examinado, ocurre que, entre el 28 de enero y el 15 de marzo de 2020, corrió 1 mes y 16 días, de los 4 meses que tenía el señor Cardona Duque para presentar la demanda. Entre el 16 de marzo y el 1 de julio se suspendió el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Una vez se reanudaron los términos, entre el 2 de julio y el 16 de septiembre de 2020, corrieron los 2 meses y 14 días que restaban para cumplir los 4 meses del plazo de caducidad. Es decir, el plazo para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 16 de septiembre de 2020. Como se presentó el 30 de septiembre, es evidente que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea.
Por último, la sala aclara que la excepción del inciso 2 del artículo 1 del Decreto 564 no es aplicable al caso bajo estudio, pues, al momento de la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura, el plazo que restaba para presentar la demanda era superior a 30 días.
En esas condiciones, se impone declarar probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la DIAN.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Declarar probada la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por Jaime Cardona Duque contra la DIAN, por las razones expuestas.
Ejecutoriada esta providencia, archivar el expediente.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Aclara voto
ACLARACIÓN DE VOTO / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS O PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD POR PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - Operancia / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS O PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD POR PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - Levantamiento / REANUDACIÓN DE TÉRMINOS JUDICIALES SUSPENDIDOS POR PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - Reiteración de jurisprudencia. Los términos judiciales estuvieron suspendidos hasta el 30 de junio de 2020 y se reanudaron a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cesó la suspensión, esto es, el 1 de julio de 2020 / REANUDACIÓN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD SUSPENDIDOS POR PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - Regla general y excepción / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS JUDICIALES Y SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD POR PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - Diferencia / REANUDACIÓN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD SUSPENDIDOS POR PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - Excepción del inciso 2 del artículo 1 del Decreto 564 de 2020. Reiteración de jurisprudencia. Si al decretarse la suspensión de términos judiciales, el plazo que faltaba para cumplir la caducidad de la acción era inferior a 30 días, el interesado tenía 1 mes para promover la demanda, contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión de términos judiciales, lo que ocurrió el 1 de julio de 2020, de modo que en ese evento especial, el mes para demandar se cuenta desde el 2 de julio siguiente
(i) Por motivo de la pandemia, los términos judiciales y los plazos de prescripción (de derechos) y caducidad (de las acciones) se suspendieron desde el 16 de marzo de 2020. (ii) Los términos judiciales se reanudaron a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cesó la suspensión. Conforme con el Acuerdo PCSJA20-11567, los términos estuvieron suspendidos hasta el 30 de junio de 2020 y, por ende, se reanudaron el 1 de julio siguiente. (iii) Por regla general, los términos de prescripción y caducidad se reanudaron el 1 de julio de 2020, que, se insiste, corresponde al día hábil siguiente a que cesó la suspensión de términos judiciales (30 de junio de 2020). (iv) Por excepción, cuando al decretarse la suspensión de términos judiciales, el término que faltara para cumplir la caducidad de la acción fuese inferior a 30 días, el interesado tendría 1 mes para promover la demanda, contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión de términos judiciales. Para efectos de reanudar el término de caducidad, como la suspensión de términos judiciales se levantó el 1 de julio de 2020, en ese evento especial, el mes para promover la demanda se cuenta desde el 2 de julio siguiente, de conformidad con el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 564. (v) El artículo 1 del Decreto 564, para la regla general, alude a que la suspensión de los términos de caducidad y prescripción se reanudará “a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión”. Mientras tanto, cuando se establece la excepción, el artículo 1 utiliza la expresión “a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión”. Ese tratamiento diferente es el que justifica que, en uno u otro caso, los términos se reanuden el 1 o el 2 de julio de 2020, según corresponda. De hecho, considero que es diferente la suspensión de los términos judiciales de la suspensión de los términos de caducidad y prescripción, por las razones antes explicadas. 3. En el caso concreto, es cierto que no se aplica la excepción del inciso 2 del artículo 1 del Decreto 564, pues, al momento de la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura, el plazo que restaba para presentar la demanda era superior a 30 días. Sin embargo, el plazo de caducidad se reanudó el 1 y no el 2 de julio, como se dijo en la sentencia.
FUENTE FORMAL: DECRETO 564 DE 2020 - ARTÍCULO 1 / ACUERDO PCSJA20-11567 DE 7 DE JUNIO DE 2020 - ARTÍCULO 1
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Nulidad y restablecimiento del derecho (única instancia)
Radicación: 11001032700020200001900 (25366)
Demandante: Jaime Cardona Duque
Demandado: DIAN
Temas: Sentencia anticipada. Excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Suspensión de términos judiciales, por cuenta de la Covid-19
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la mayoría, enseguida presento las razones para aclarar el voto en el asunto de la referencia.
En el marco del estado de emergencia por la Covid 19, en uso de las atribuciones excepcionales, el Gobierno nacional expidió el Decreto legislativo 564 de 2020, cuyo objeto general es asegurar el derecho de acceso a la administración de justicia, en tiempos de pandemia. El artículo 1 se refirió a la suspensión de términos de prescripción y caducidad, así:
Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.
Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal.
A su turno, el Consejo Superior de la Judicatura profirió diversos acuerdos para justamente suspender los términos judiciales y así evitar la confluencia masiva de usuarios a los despachos, tal como se explicó en la sentencia que justifica esta aclaración. De todas maneras, a partir del 1 de julio de 2020, la suspensión de términos judiciales se levantó, en virtud del Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.
De las anteriores normas, es posible interpretar lo siguiente:
Por motivo de la pandemia, los términos judiciales y los plazos de prescripción (de derechos) y caducidad (de las acciones) se suspendieron desde el 16 de marzo de 2020.
Los términos judiciales se reanudaron a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cesó la suspensión. Conforme con el Acuerdo PCSJA20-11567, los términos estuvieron suspendidos hasta el 30 de junio de 2020 y, por ende, se reanudaron el 1 de julio siguiente.
Por regla general, los términos de prescripción y caducidad se reanudaron el 1 de julio de 2020, que, se insiste, corresponde al día hábil siguiente a que cesó la suspensión de términos judiciales (30 de junio de 2020).
Por excepción, cuando al decretarse la suspensión de términos judiciales, el término que faltara para cumplir la caducidad de la acción fuese inferior a 30 días, el interesado tendría 1 mes para promover la demanda, contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión de términos judiciales.
Para efectos de reanudar el término de caducidad, como la suspensión de términos judiciales se levantó el 1 de julio de 2020, en ese evento especial, el mes para promover la demanda se cuenta desde el 2 de julio siguiente, de conformidad con el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 564.
El artículo 1 del Decreto 564, para la regla general, alude a que la suspensión de los términos de caducidad y prescripción se reanudará “a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión”. Mientras tanto, cuando se establece la excepción, el artículo 1 utiliza la expresión “a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión”.
Ese tratamiento diferente es el que justifica que, en uno u otro caso, los términos se reanuden el 1 o el 2 de julio de 2020, según corresponda. De hecho, considero que es diferente la suspensión de los términos judiciales de la suspensión de los términos de caducidad y prescripción, por las razones antes explicadas.
En el caso concreto, es cierto que no se aplica la excepción del inciso 2 del artículo 1 del Decreto 564, pues, al momento de la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura, el plazo que restaba para presentar la demanda era superior a 30 días. Sin embargo, el plazo de caducidad se reanudó el 1 y no el 2 de julio, como se dijo en la sentencia.
En esos términos, dejo expuestas las razones de la aclaración de voto.
Atentamente,
(Firmado electrónicamente)
Julio Roberto Piza Rodríguez
Fecha ut supra.
La demanda se presentó antes de la reforma incorporada al CPACA por la Ley 2080 de 2021.
Aplicable al presente caso de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2080, que, en cuanto a la vigencia de la reforma, dispuso:
(…)
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
Ver, entre muchas otras, la sentencia de tutela del 16 de diciembre de 2015, expediente 11001031500020150152101, MP Hugo Bastidas Bárcenas.
La información fue corroborada en el cuaderno de antecedentes administrativos, que la DIAN habilitó para ser consultados electrónicamente por esta Corporación (fls. 157 a 160 del cuaderno 8407-8532). Consultado el 11 de agosto de 2021, a las 4:50 p.m..
En el sistema de consulta de procesos judiciales (SAMAI) se dejó la siguiente anotación: “Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud No 401, fecha de presentación: 30/09/2020 13:32:52, anexos remitidos:3 secuencia de reparto”.
Nota: el Decreto legislativo 564 se declaró ajustado a la Constitución, por sentencia C-213 del julio de 2020, proferida por la Corte Constitucional, salvo la expresión “y caducidad”, prevista en el parágrafo del artículo 1, que se declaró inexequible.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió, entre otras, las siguientes normas:
Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, que suspendió “los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el trámite de acciones de tutela”.
Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, que complementó “las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020”, y dispuso mantener, entre el 16 y el 20 de marzo de 2020, las medidas de suspensión de los términos judiciales en los juzgados, tribunales y altas cortes, con excepción de las acciones de tutela y los hábeas corpus.
Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, en el que, desde el 21 de marzo al 3 de abril de 2020, se prorrogó la suspensión de términos adoptada mediante los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 de 2020, incluidas las excepciones.
Acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020, que prorrogó la suspensión de términos, del 13 de abril al 26 de abril de 2020 y, además, se ampliaron las excepciones.
Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, cuyo artículo 1 dispuso:
Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo.
Nota: el Decreto legislativo 564 se declaró ajustado a la Constitución, por sentencia C-213 del julio de 2020, proferida por la Corte Constitucional, salvo la expresión “y caducidad”, prevista en el parágrafo del artículo 1, que se declaró inexequible.
Ver auto del 29 de abril de 2021, expediente 05001-23-33-000-2020-03611-01, MP Stella Jeannette Carvajal Basto.
Que es la que interesa en el caso examinado.
Sobre el particular, se pueden consultar providencias del 2 de julio de 2021, expediente 11001-03-26-000-2020-00054-00, MP Marta Nubia Velásquez, del 29 de abril de 2021, expediente 25000-23-41-000-2020-00428-01, MP Nubia Peña Garzón, y del 18 de diciembre de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-04975-00 (AC), MP Carmelo Perdomo Cuéter. En todos esos casos se aplicó la excepción el artículo 1 del Decreto legislativo 564.
Radicado: 111001032700020200001900 (25366)
Demandante: Jaime Cardona Duque
PAGE \* MERGEFORMAT3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.