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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00054-00

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00054-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, según lo expuesto. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. TERCERO: CONDENAR en costas al señor Andrés Ribero García, en favor de la Nación – Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería, para lo cual se fijan agencias en derecho por la suma total equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 60 Aplicable para el 12 de enero de 2021, cuando se radicó la demanda. “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. En única instancia. […]. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.L.M.V.”. 28 Radicado: 110010326000202100054-00 (66716) Demandante: Andrés Ribero García CUARTO: por Secretaría de la Sección Tercera, LIQUIDAR las costas del proceso y proceder a la devolución del remanente de lo consignado por concepto de gastos del proceso, si lo hubiere.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00054-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

23 de febrero de 2026

Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00054-00 (66716)
Demandante: ANDRÉS RIBERO GARCÍA
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y OTRO

TEMAS: ACTO ADMINISTRATIVO – Es toda declaración de voluntad unilateral, que puede ser
general o particular, con efectos jurídicos directos, en ejercicio de la función administrativa, expedido
por una entidad pública o un particular que ejerce potestades administrativas. COMPETENCIA – Es
un elemento de validez de los actos administrativos – Consiste en aquella circunstancia en la cual
se profieren esas decisiones sin contar con la atribución para tal efecto. – Debe ser previa, expresa
y clara. FALTA DE COMPETENCIA – Es un vicio de legalidad de los actos administrativos y debe
ser debidamente demostrada, lo que trae consigo un estudio de las atribuciones asignadas por el
ordenamiento jurídico a la entidad que emitió la decisión. – No se puede declarar de oficio. AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA – Tiene el rol de autoridad minera a partir del Decreto Ley 4134 de 2011.
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN – Dependencia de la Agencia Nacional
de Minería. – Está facultada para resolver sobre las solicitudes de prórroga, cesión e integración de
títulos en materia minera.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por el señor Andrés Ribero García contra la Nación – Ministerio
de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, en la que se pretendió la
nulidad de múltiples resoluciones mediante las cuales se negó una solicitud de
prórroga, cesión e integración de áreas frente a la licencia de explotación No. 16578.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante la Resolución No. 992079 del 18 de junio de 1996, el Ministerio de Minas
y Energía le otorgó al señor Hernando Carlier Rúgeles la licencia de explotación No.
16578 para la extracción de caliza y arenisca, por el término de 10 años, decisión
que fue precisada en cuanto al área asignada mediante la Resolución No. 992134
del 9 de octubre de 1996 y que se inscribió en el Registro Minero Nacional el 1° de
octubre de 2002. Posteriormente, el 30 de junio de 2005 el título en cuestión fue
cedido al señor Andrés Ribero García, quien luego afirmó haber solicitado a la

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Demandante: Andrés Ribero García

autoridad minera la prórroga del plazo para la actividad minera, una cesión parcial
y la integración con el contrato de concesión CLR-081.

Así pues, por medio de la Resolución No. VCT-00333 del 9 de abril de 2018, la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería
negó las solicitudes incoadas por el señor Andrés Ribero García, pues, entre otros,
consideró que el plazo de la autorización minera ya había fenecido. El titular minero
interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, que fue resuelto
desfavorablemente mediante la Resolución No. VCT-349 del 13 de abril de 2020.

Inconforme con lo anterior, el señor Andrés Ribero García presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores decisiones, con el fin
de que fueran anuladas y, en su lugar, se ordenara a la autoridad minera acceder a
sus solicitudes, con sustento en que, a su juicio, fueron producto de una falta de
competencia, por cuanto la dependencia que debía dictarlas era la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera y no la Vicepresidencia de Contratación
y Titulación de la Agencia Nacional de Minería.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda y la medida cautelar solicitada

1.1. El 12 de enero de 20211, el señor Andrés Ribero García presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la
Nación - Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, con el fin
de que se anularan las Resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-
349 del 13 de abril de 2020, mediante las cuales se negó: i) la solicitud de prórroga
de la licencia de explotación No. 16578, ii) el trámite de cesión de derechos y
obligaciones del titular de la misma a favor de la empresa Emprecal Ltda., y iii) el
trámite de integración de áreas de los títulos Nos. 16578 y CLR-081. Como

1 Índice 2 del expediente digital en SAMAI. La demanda fue inadmitida mediante proveído del 3 de

mayo de 2023 -obrante en el índice 4 de SAMAI-, debido a que no se enunciaron las normas que se
consideraron vulneradas con la expedición de las resoluciones demandadas, así como la explicación
del concepto de su violación. Posteriormente la parte actora subsanó la demanda, en los términos
reseñados en la presente providencia, como obra en el índice 8 del expediente digital en SAMAI.

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Demandante: Andrés Ribero García

consecuencia, pidió que se ordenara al extremo demandado proferir decisión en la
que se accediera a las aludidas solicitudes.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):

“Primero: Revocar las resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril de 2018
y la VCT-349 del 13 de abril de 2020, por medio de las cuales se negó el
cambio de modalidad de licencia de explotación y se tomaron otras
decisiones.

Segunda: Ordenar a la Agencia Nacional de Minería proferir acto
administrativo por medio del cual la autoridad minera, acepta el cambio
de modalidad para suscribir contrato de concesión, y además se consolide
el trámite de la integración de áreas de los títulos mineros 16578 y CLR-
08”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante
formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Afirmó que, mediante la Resolución No. 5-2640 del 10 de diciembre de 1992,
el Ministerio de Minas y Energía le otorgó al señor Fabio Hernando Carlier Rúgeles
la licencia de exploración No. 16578 para la exploración técnica de un yacimiento
de caliza – arenisca por el término de 2 años, acto administrativo que, a su juicio,
se inscribió en el Registro Minero Nacional el 8 de febrero de 1993.

1.3.2. Argumentó que el titular minero Hernando Carlier Rúgeles cumplió las
obligaciones derivadas del título homónimo, motivo por el cual el Ministerio de Minas
y Energía le otorgó, mediante la Resolución No. 992079 del 18 de junio de 1996, la
licencia de explotación No. 16578 por el término de 10 años, decisión que, junto con
la Resolución No. 992134 del 9 de octubre de 1996 que precisó el área, fue inscrita
en el Registro Minero Nacional el 1° de octubre de 2002.

1.3.3. Arguyó que, por medio de la Resolución No. GTRB-013 del 30 de junio de
2005, el entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería -en lo sucesivo
Ingeominas- avaló la cesión total de los derechos y obligaciones derivados de la
licencia de explotación No. 16578 en favor del señor Andrés Ribero García. Al punto,

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Demandante: Andrés Ribero García

precisó que el área minera se encuentra ubicada en los municipios de Pinchote y
Socorro en el departamento de Santander, con una extensión de 92,57 hectáreas.

1.3.4. Anotó que, en el marco de la licencia de explotación No. 16578, la
Corporación Autónoma Regional de Santander otorgó licencia ambiental para la
explotación de caliza arenisca a través de la Resolución No. 001310 del 12 de
diciembre de 2006 y, mediante el acto No. GTRB-548 del 17 de diciembre de 2009,
la autoridad minera aprobó la actualización del Programa de Trabajo e Inversiones
– PTI.

1.3.5. Adujo que los días 2 de julio y 2 de septiembre de 2008, la autoridad minera
le sugirió al titular minero realizar la integración de las operaciones mineras de los
títulos CLR-081 y 16578, por ser colindantes entre ellos y por pertenecer al mismo
titular.

1.3.6. Consideró que el 7 de febrero de 2012 el titular minero pidió la integración del
título No. 16578 con el contrato de concesión No. CLR-081, solicitud que fue
reiterada mediante proveídos Nos. 20169040018862 y 20165510188592 del 15 de
junio de 2016.

1.3.7. Aseveró que, el 23 de abril de 2013, la autoridad minera le informó a la
autoridad ambiental que la licencia de explotación No. 16578 venció el 30 de
septiembre de 2012; empero, se encontraba pendiente de resolver una solicitud de
integración de áreas.

1.3.8. Estimó que la autoridad minera emitió el concepto técnico PARB-117, en
virtud del cual realizó la evaluación del expediente minero y concluyó que era viable
aceptar la prórroga e integración de la licencia de explotación No. 16578, pero
supeditada a la entrega inmediata de un nuevo PTO y su aprobación por la autoridad
minera.

1.3.9. Sostuvo que la autoridad minera, mediante el concepto técnico PARB-00128
del 24 de marzo de 2017, realizó la evaluación del Programa Único de Exploración
y Explotación de los títulos mineros 16578 y CLR-081, dando viabilidad para su
aprobación.

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Demandante: Andrés Ribero García

1.3.10. Señaló que, una vez aprobado el concepto técnico, el 30 de mayo de 2017
la autoridad minera profirió el auto PARB-0326, en la que dispuso aprobar el
programa único exploratorio y de explotación -PUEE- para la integración de áreas
de los títulos mineros Nos. 16578 y CLR-081.

1.3.11. Apuntó que, el 9 de abril de 2018, la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación de la Agencia Nacional de Minería emitió la Resolución No. VCT-00333,
mediante la cual negó la solicitud de prórroga de la licencia de explotación, así como
rechazó por improcedente una solicitud de cesión del 10% de los derechos y
obligaciones contenidos en el título minero, y también rechazó por improcedente la
integración de áreas de los títulos mineros 16578 y CLR-081.

1.3.12. Advirtió que la anterior decisión fue confirmada, en sede de reposición,
mediante la Resolución No. VCT-349 del 13 de abril de 2020.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que con las
resoluciones cuestionadas la demandada desconoció el ordenamiento jurídico e
incurrió en una “falta de competencia”.

En sustento de lo anterior, la actora manifestó que la Agencia Nacional de Minería,
mediante la Resolución 206 del 22 de marzo de 2013, conformó grupos internos de
trabajo, entre ellos la Vicepresidencia de Contratación y Titulación y la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera y, en particular, por
medio del numeral 6.1. del artículo 6 de la referida disposición jurídica se le atribuyó
a la segunda dependencia en comento la función de declarar la caducidad, cancelar,
terminar y liquidar los contratos mineros.

En tal contexto, consideró que la competencia para proferir los actos administrativos
demandados era de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
y no de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, quien fue la dependencia
que resultó emitiendo las resoluciones cuestionadas en forma “ilegal”.

En tal contexto, el señor Andrés Ribero García argumentó que, con la expedición
de los actos administrativos cuestionados, carentes de competencia, perdió el

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Demandante: Andrés Ribero García

derecho de explotación otorgado por la autoridad minera, lo que a su juicio devino
en pérdidas económicas.

1.5. Finalmente, el señor Andrés Ribero García solicitó, a título de medida cautelar,
que se ordenara a la Agencia Nacional de Minería abstenerse de dar por terminada
la licencia de explotación No. 16578 y de desanotar el área de la licencia de
explotación del Registro Minero Nacional, así como inaplicar los actos
administrativos demandados hasta que se resuelva la demanda presentada.

2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones

2.1. El 28 de octubre de 20242, el Despacho sustanciador admitió la demanda, por
encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada en debida forma
a las partes y al Ministerio Público.

2.1.1. El 27 de enero de 20253, la Agencia Nacional de Minería contestó la
demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar que las Resoluciones Nos.
VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349 del 13 de abril de 2020 se ajustaron
a derecho, dado que se dictaron con competencia y, además, por no ser
procedentes las solicitudes de prórroga, cesión e integración del título minero No.
16578 con un contrato de concesión, pues su vigencia ya había fenecido.

Como primera excepción, formuló la de “legalidad de los actos administrativos”, con
sustento en que la Agencia Nacional de Minería dictó los actos administrativos
acusados con competencia, por cuanto, a su juicio, a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación de la entidad se le asignó, mediante la Resolución 206 del
22 de marzo de 2013, la facultad de proyectar las actuaciones relacionadas con la
actividad minera, entre ellas, las de prórroga, integración de áreas y cesión de
derechos.

Como segunda excepción, alegó la de “incumplimiento de las obligaciones de orden
legal y contractual por parte del ahora demandante”, para lo cual sostuvo que las

2 Índice 14 del expediente digital en SAMAI.
3 Índice 40 del expediente digital en SAMAI.

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Demandante: Andrés Ribero García

solicitudes incoadas por el señor Andrés Ribero García en relación con el título
minero No. 16578 se deprecaron desfavorablemente debido a que “no presentó
dentro del término legal la solicitud de prórroga de la licencia de explotación No.
16578”.

Finalmente consideró que, dado que los actos administrativos reprochados se
ajustaron a derecho, con menor razón se causaron perjuicios con aquellas, por lo
que formuló la excepción de “inexistencia de daños y perjuicios económicos”.

2.1.2. El Ministerio de Minas y Energía no contestó la demanda.

2.1.3. El 17 de febrero de 20254, el señor Andrés Ribero García descorrió las
excepciones formuladas por la Agencia Nacional de Minería y argumentó que no
tenían la vocación de prosperar, habida cuenta que en la demanda se plasmaron
las razones que evidencian la ilegalidad de las resoluciones acusadas.

3. Decisión de medidas cautelares

El 9 de diciembre de 20245 se denegó la medida cautelar solicitada por el señor
Andrés Ribero García, por considerar que la normativa en virtud de la cual se alegó
una falta de competencia -Resolución No. 223 del 29 de abril de 2021- fue posterior
a los actos administrativos acusados.

A lo anterior se sumó que al Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos
Mineros de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional
de Minería se le atribuyó la función de proyectar actos administrativos relacionados
con las solicitudes de modificación que afecten la titularidad o prórroga de los títulos
mineros y los recursos de reposición contra aquellas, así como se le delegó la
facultad de proferir dichas decisiones cuando se relacionaran con las prórrogas de
los títulos mineros, las cesiones y la integración de áreas y, como las resoluciones
demandadas versaron sobre dichos temas y fueron emitidas por tal dependencia,

4 Índice 43 del expediente digital en SAMAI.
5 Índice 35 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

no se avizoró ninguna irregularidad que, prima facie, justificara la alegada falta de
competencia.

4. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

El 21 de julio de 20256, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -en
adelante ANDJE- solicitó intervenir en el presente proceso, motivo por el cual este
se suspendió mediante proveído del 25 de julio de 20257, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 611 del CGP y, en el plazo fijado para tal fin, la solicitante
en comento se pronunció sobre la controversia, en el sentido de solicitar que se
negaran las pretensiones de la demanda, pues en su criterio los actos
administrativos demandados se ajustaron al ordenamiento jurídico8.

Como sustento de lo anterior, anotó que la demandada dictó en derecho las
decisiones acusadas, no solo porque de manera general el Decreto Ley 4134 de
2011 le atribuyó a la Agencia Nacional de Minería la labor de gestión de los títulos
mineros en el país, sino porque a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de
esa entidad se le asignó, mediante las Resoluciones ANM 206 del 22 de marzo de
2013 y 319 del 14 de junio de 2017, entre otros, la competencia de dirigir el proceso
de titulación y aprobar o rechazar las solicitudes mineras, entre ellas, aquellas
referidas a la modificación y/o prórroga de los títulos mineros, como en efecto lo
hizo mediante las Resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349
del 13 de abril de 2020.

A lo anterior sumó que, tras expedirse los actos administrativos impugnados, la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería
remitió el procedimiento a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
de dicha entidad para que, de ser el caso, evaluara la procedencia o no de la
caducidad y/o terminación del título No. 16578 lo que, una vez más, en su criterio
reafirma que la demandada se atuvo a las atribuciones a su cargo y las gestionó
internamente según lo dictaminó el ordenamiento jurídico.

6 Índice 56 del expediente digital en SAMAI.
7 Índice 58 del expediente digital en SAMAI.
8 Índices 62 y 63 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

A su vez, consideró que, en todo caso, no se presentó ninguna solicitud de prórroga
del título minero No. 16578 oportunamente, lo que justificó que la autoridad minera
rechazara tanto esa petición como las de cesión e integración efectuadas por el
señor Andrés Ribero García. Bajo la misma senda argumentativa, sostuvo que no
podía entenderse dicha petición como equivalente con las de cesión e integración
de títulos mineros.

5. Trámite de sentencia anticipada

5.1. El 22 de septiembre de 20259 se prescindió de la audiencia inicial para dictar
sentencia anticipada, con base en el numeral 1° del artículo 182A del CPACA,
adicionado por la Ley 2080 de 2021, debido a que no restaban pruebas por
practicar, por cuanto se aportaron todas las documentales enunciadas en la
demanda y su contestación, y sobre ellas no se formuló tacha de desconocimiento.

En la decisión en comento se fijó el litigio, en el entendido de establecer si: i) las
Resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349 del 13 de abril de
2020, emitidas por la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia
Nacional de Minería adolecen de nulidad por falta de competencia y, de ser así, si
ii) es procedente ordenar a la demandada aceptar el cambio de modalidad para
suscribir contrato de concesión y consolidar el trámite de integración de áreas de
los títulos mineros 16578 y CLR-08.

Por último, se decretaron como pruebas los documentos allegados con la demanda
y su contestación. Por su parte, se denegó el decreto de: i) un informe técnico
económico presentado, por no haber pretensiones indemnizatorias en la
controversia; ii) varias resoluciones posteriores sobre la licencia No. 16578, por no
guardar relación con la disputa; y iii) un interrogatorio de parte, por carecer de
idoneidad y pertinencia para el estudio de la legalidad de los actos demandados.

5.2. El 10 de octubre de 202510 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

9 Índice 68 del expediente digital en SAMAI.
10 Índice 73 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

5.2.1. La Agencia Nacional de Minería reafirmó que, en su opinión, las
resoluciones reprochadas fueron afines al ordenamiento jurídico, por cuanto se
dictaron por la dependencia competente, a saber, la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación de la entidad, así como se motivaron adecuadamente en
la realidad fáctica relacionada con el título minero No. 16578, considerando que no
era dable acceder a las solicitudes de cesión e integración de áreas, pues no existió
una petición expresa y oportuna de prórroga de la licencia minera y aquella ya había
vencido. A su vez, desestimó que los conceptos otorgados por la autoridad minera
fueran vinculantes, por estimar que eran simples opiniones técnicas -que no
definitivas-11.

5.2.2. El Ministerio de Minas y Energía sostuvo que no podía declararse ninguna
responsabilidad en su contra con ocasión de la controversia, por cuanto “no
desarrolla función alguna como autoridad minera” y, por tanto, no se encuentra
legitimada en la causa por pasiva12.

5.2.3. La ANDJE reiteró que, a su juicio, las decisiones demandadas se ajustaron
a derecho, por cuanto: i) se dictaron con competencia, pues la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería estaba investida para
dictar actos administrativos sobre las prórrogas, cesiones, integraciones de áreas y
demás actuaciones sobre la materia; y ii) se motivaron adecuadamente, ya que no
hubo una solicitud de prórroga expresa y oportuna del título y, como su duración ya
había fenecido, no era dable acceder a lo solicitado por el titular minero 13.

5.2.4. El Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda, por considerar que las resoluciones cuestionadas se ajustaron a derecho,
por cuanto: i) se profirieron con competencia por la Vicepresidencia de Contratación
y Titulación de la Agencia Nacional de Minería, pues aquella tiene la atribución de
realizar la evaluación técnica y jurídica de los contratos mineros y sus
modificaciones; y ii) el plazo del título minero feneció sin que se pidiera una
ampliación expresa y clara de su duración, así como los conceptos que la autoridad

11 Índices 84 y 89 del expediente digital en SAMAI.
12 Índice 87 del expediente digital en SAMAI.
13 Índices 82 y 83 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

minera emitió durante el iter minero no resultaron vinculantes, pues eran simples
opiniones de trámite, a diferencia de la decisión definitiva contenida en las
decisiones acusadas14.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver la demanda interpuesta por el señor Andrés Ribero García, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) procedencia del medio de control, (3)
oportunidad de la demanda, (4) legitimación en la causa, (5) problemas jurídicos,
(6) solución a los problemas jurídicos y (7) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con base en el artículo 10415 del CPACA, pues las Resoluciones Nos. VCT-
00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349 del 13 de abril de 2020 cuya ilegalidad se
alegó fueron dictadas por la Agencia Nacional de Minería16, en tanto entidad pública
del orden nacional, en ejercicio del rol de autoridad minera.

El Consejo de Estado también es competente para resolver la demanda interpuesta
por el señor Andrés Ribero García, de conformidad con los artículos 149 del

14 Índice 80 del expediente digital en SAMAI.
15 Al sub judice le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación

de la demanda -12 de enero de 2021- es decir, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, incluyendo las
modificaciones de la Ley 2080 de 2021 -salvo las modificaciones atinentes a la competencia, que
comenzaron a regir hasta el 26 de enero de 2022 para los nuevos asuntos- y la Ley 1564 de 2012 -
CGP-, en los aspectos no contemplados en el primero, por virtud de la remisión efectuada en el
artículo 306 del primer estatuto procesal. // “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además
de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios
originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo,
en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa”.
16 Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011. “Artículo 1°. Creación y naturaleza jurídica de la Agencia

Nacional de Minería, ANM. Créase la Agencia Nacional de Minería ANM, como una agencia estatal
de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al
Ministerio de Minas y Energía”.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

CPACA17 y 295 de la Ley 685 de 200118, considerando que dicha normativa asignó
en única instancia a esta Corporación el conocimiento de los asuntos mineros
distintos de los contractuales en los que sea parte una entidad nacional, como lo es
la Agencia Nacional de Minería.

2. Procedencia del medio de control

En virtud del artículo 138 del CPACA19, toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica con ocasión de un acto
administrativo particular podrá pedir que se declare su nulidad y se le restablezca el
derecho y/o se le repare el daño.

Comoquiera que el señor Andrés Ribero García presentó demanda contra la Nación
– Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, con el fin de que:
i) se anularan las Resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349
del 13 de abril de 2020, mediante las cuales se negó una prórroga de la licencia No.
1657820, su cesión parcial y su integración con el contrato de concesión minera
CLR-08 y, ii) como consecuencia de ello, se ordenara a la demandada acceder a
tales solicitudes, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento
del derecho.

17 “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o
Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos: 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por
las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando
cumplan funciones administrativas del mismo orden […]”.
18 “Artículo 295. Competencia del Consejo de Estado. De las acciones que se promuevan sobre

asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional
sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia”.
19 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior. // Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo
general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.
Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel”.
20 En efecto, vale precisar que la licencia minera No. 16578 no fue propiamente un contrato de

concesión, sino una autorización para llevar a cabo labores extractivas, otorgada a la luz del Decreto
2655 de 1988.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

3. Oportunidad del medio de control

El literal d) del numeral 221 del artículo 164 del CPACA previó que, en las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos,
el término para ejercer el derecho de acción será de 4 meses, contados a partir del
día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el
caso.

Así las cosas, como la Resolución No. VCT-349 del 13 de abril de 2020, mediante
la cual se confirmó la Resolución No. VCT-00333 del 9 de abril de 2018, fue
notificada al señor Andrés Ribero García el 13 de mayo de 202022, los 4 meses para
ejercer el derecho de acción en principio habrían corrido entre el 14 de mayo y el 14
de septiembre de 2020; sin embargo, los términos judiciales fueron suspendidos
entre el 16 de marzo y el 1° de julio de 2020, con ocasión de la expedición por parte
del Gobierno Nacional del Decreto 564 de 2020 por el COVID-19. Como
consecuencia, el término para demandar inició a correr el 2 de julio de 2020 y se
extendió hasta el 2 de noviembre de 2020.

Con todo, la oportunidad para ejercer el derecho de acción también se suspendió
cuando faltaban 2 meses y 19 días para que venciera el plazo, por virtud del trámite
de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 13 de agosto y el 12 de enero
de 202123, por lo que el interregno en cuestión se reanudó a partir del 13 de enero
de 2021 y transcurrió en principio hasta el 1° de abril de 2021; empero, se amplió
hasta el 5 de abril con ocasión de la vacancia judicial24 y, como la demanda se

21 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] d) Cuando se pretenda la
nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro
(4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales”.
22 Archivo 24 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
23 Plazo que se encontraba dentro de los 5 meses para tal fin previstos por el artículo 9 del Decreto

491 de 2020, a cuyo tenor se expone: “Artículo 9. […] Modifíquese el plazo contenido en los
artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales en
materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría
General de la Nación, el cual será de cinco (5) meses. Presentada copia de la solicitud de
convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos ante la entidad
convocada, el Comité de Conciliación contara con treinta (30) a partir de su recibo para tomar la
correspondiente decisión. […] Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social”.
24 Que transcurrió entre el 28 de marzo y el 4 de abril de 2021.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

presentó el 12 de enero del mismo año, no cabe duda de que fue allegada en
tiempo.

4. Legitimación en la causa

El señor Andrés Ribero García y la Agencia Nacional de Minería se encuentran
legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, ya que: i) el
primero fue destinatario de las Resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril de 2018
y VCT-349 del 13 de abril de 2020 y ii) la segunda profirió dichas decisiones.

Por el contrario, tal y como fue advertido por el Ministerio de Minas y Energía en los
alegatos de conclusión, se evidencia que dicha cartera no se encuentra legitimada
en la causa por pasiva, no solo porque delegó la función de autoridad minera en la
Agencia Nacional de Minería, sino porque no profirió las decisiones acusadas, ni
existe reproche alguno en su contra en la demanda por su actuar. Como
consecuencia, se declarará tal aspecto en la parte resolutiva de la decisión.

5. Problemas jurídicos

El marco fundamental para la competencia del juez de única instancia lo constituyen
los cargos planteados en la demanda, en virtud del principio de congruencia, que lo
ata a resolver únicamente lo que la parte actora le formule y lo esbozado en la
contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo
anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde
verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello
considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado25.

Precisado lo anterior, y en línea con la demanda -así como su subsanación- y la
fijación del litigio efectuada durante el trámite de única instancia, a la Sala le
corresponde determinar si la autoridad minera, encabezada por la Agencia Nacional
de Minería, incurrió en una falta de competencia al expedir las Resoluciones Nos.
VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349 del 13 de abril de 2020 a través de la

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado

18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

Vicepresidencia de Contratación y Titulación en lugar de la de Seguimiento, control
y Seguridad Minera y, de ser así, si corresponde ordenar a la demandada que
acceda a las solicitudes de prórroga, cesión e integración del título minero No.
16578.

6. Solución a los problemas jurídicos

A efectos de determinar si los actos administrativos enjuiciados adolecen de una
falta de competencia y, de ser así, si corresponde ordenar a la demandada gestionar
favorablemente las solicitudes presentadas por el demandante en el iter minero,
corresponde verificar los sucesos alrededor de su expedición, para lo cual se
analizarán las pruebas relevantes incorporadas en el trámite de única instancia,
incluidos los documentos aportados al proceso, de conformidad con lo previsto en
el artículo 24626 del CGP. Luego, se retomarán los cargos de la demanda, a efectos
de determinar si hay lugar a acceder a lo señalado en el escrito inicial.

6.1. Actuaciones en torno a la licencia de explotación minera No. 16578 y
contexto de las resoluciones acusadas27

6.1.1. El 10 de diciembre de 199228, el Ministerio de Minas y Energía profirió la
Resolución No. 52640, mediante la cual otorgó al señor Fabio Hernando Carlier
Rúgeles la licencia de exploración No. 16578 para la exploración técnica de un
yacimiento de caliza – arenisca entre los municipios de Pinchote y Socorro del
departamento de Santander, con un plazo de 2 años, contados a partir de la fecha
de su registro, prorrogable por un año más.

6.1.2. El 18 de julio de 199629, el Ministerio de Minas y Energía otorgó al señor Fabio
Hernando Carlier Rúgeles la licencia de explotación No. 16578, para la extracción

26 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
27 La Sala precisa que los hechos que a continuación se reseñan están fundados en las pruebas

obrantes en el índice 2 del expediente digital en SAMAI, que se encuentran repetidas con las
contenidas en el índice 53 ibidem.
28 Archivo 8 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
29 Archivo 9 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

de un yacimiento de caliza – arenisca, entre los municipios de Pinchote y Socorro
del departamento de Santander, con un plazo de 10 años, contados a partir de su
inscripción en el registro minero, acto que fue inscrito en el Registro Minero Nacional
el 1° de octubre de 2002.

La anterior decisión fue modificada parcialmente mediante la Resolución No.
992134 del 9 de octubre de 199630, en el sentido de precisar el área otorgada para
la extracción minera en 92,77 hectáreas, ajuste que fue anotado en el Registro
Minero Nacional el 1° de octubre de 2002.

6.1.3. El 30 de junio de 200431, el Ingeominas autorizó la cesión de los derechos y
obligaciones derivados de la licencia de explotación No. 16578 en favor del señor
Andrés Ribero García, por lo que este pasó a ser el titular de aquella. La anterior
decisión fue anotada en el Registro Minero Nacional el 5 de octubre de 2004.

6.1.4. El 12 de diciembre de 2006, la Corporación Autónoma Regional de Santander
“CAS” otorgó en favor del señor Andrés Ribero García una licencia ambiental en
relación con el área de la licencia de explotación No. 16578.

6.1.5. El 23 de julio de 200832, el Ingeominas realizó una visita de verificación y,
teniendo en cuenta que los títulos CLR-081 y 16578 eran colindantes en sus áreas
y versan sobre el mismo mineral, se recomendó, eventualmente, que se hiciera uso
de la opción de realizar la integración de operaciones mineras.

6.1.6. El 17 de diciembre de 200933, el Ingeominas emitió el concepto técnico GTRB-
548, mediante el cual, entre otros, se aprobó la actualización del Programa de
Trabajos e Inversiones PTI y se requirió al titular minero para que hiciera varias
correcciones.

6.1.7. El 2 de septiembre de 201034, el Ingeominas efectuó una nueva visita técnica
de seguimiento, control, en la cual se reafirmó que, dado que los títulos mineros

30 Archivo 10 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
31 Archivo 11 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
32 Archivo 14 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
33 Archivo 13 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
34 Archivo 15 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

CLR-081 y 16578 pertenecen al mismo titular y versan sobre el mismo mineral, “el
titular tiene la opción de tramitar ante Ingeominas la integración de áreas de estos
dos títulos mineros que resultaría en un solo contrato”. Alternativamente, también
se puso de presente que el señor Andrés Ribero García podría optar por la
integración de operaciones, para lo cual debería presentar un nuevo Programa de
Trabajos y Obras – PTO.

6.1.8. El 6 de febrero de 201235, el señor Andrés Ribero García entregó al Servicio
Geológico Colombiano el “programa conjunto de integración de las áreas”, como
requisito para la integración de los títulos Nos. 16578 y CLR-081.

6.1.9. El 11 de abril de 201336, la Corporación Autónoma Regional de Santander
solicitó a la Agencia Nacional de Minería información del estado del título No. 16578,
la cual fue resuelta el 23 de abril del mismo año, en el sentido de indicarse que “el
título venció el día treinta (30) de septiembre de 2012”; empero, mediante oficio del
14 de febrero de 2012, el señor Andrés Ribero García allegó el programa conjunto
de integración de las áreas de la licencia de explotación No. 16578 y contrato de
concesión No. CLR-081, que se encuentra pendiente de evaluación técnico-jurídica.

6.1.10. El 4 de mayo de 201337, el señor Andrés Ribero García le informó a la
Agencia Nacional de Minas que, ante la falta de pronunciamiento frente a la solicitud
de integración de áreas, desistía de la solicitud; sin embargo, el 6 de mayo
siguiente38 se retractó y se reafirmó en que se diera trámite inmediato a dicha
petición.

6.1.11. El 8 de mayo de 201339, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad de la Agencia Nacional de Minería emitió el concepto técnico PARB N°
117, mediante el cual se recomendó acoger favorablemente la solicitud de
integración de áreas, supeditada a la entrega de un nuevo PTO y su aprobación por
la autoridad minera.

35 Archivo 17 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
36 Archivo 16 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
37 Archivo 18 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
38 Archivo 19 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
39 Archivo 20 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

17

Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

6.1.12. El 24 de marzo de 201740, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera expidió el concepto técnico PARB-0128, consistente en la
evaluación técnica del programa único de exploración y explotación para los títulos
Nos. CLR-081 y 16578, donde se recomendó aprobar el Programa Único de
Exploración y Explotación – PUEE y se informó al titular minero que hasta tanto no
se perfeccionara el contrato de integración de áreas o se rechazara la solicitud,
debía cumplir con las obligaciones contractuales en la forma establecida en cada
título minero.

6.1.13. El 30 de mayo de 201741, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería dictó el auto PARB No. 326,
mediante el cual efectuó la “evaluación del programa único de explotación para la
integración de área con los títulos CLR-081 y 16578”, y resolvió aprobar el PUEE
para la integración de áreas.

6.1.14. El 9 de abril de 201842, la Vicepresidencia de Contratación de la Agencia
Nacional de Minería profirió la Resolución No. 00333, mediante la cual: i) negó la
solicitud de prórroga de la licencia de explotación No. 16578, ii) rechazó por
improcedente el trámite de cesión del 10% de derechos y obligaciones de título
minero en favor de la empresa Emprecal LTDA., y iii) desestimar el trámite de
integración de áreas de los títulos 16578 y CLR-081.

Como sustento de lo anterior, la autoridad minera consideró que “el señor Andrés
Ribero García no presentó dentro del término legal la solicitud de prórroga del título
minero No. 16578, toda vez que dos meses antes del vencimiento se ubican en la
fecha del 1 de julio de 2012, para lo cual no obra manifestación expresa de solicitud
de prórroga como se corrobora con la documentación adjunta al expediente”.

En tal sentido, concluyó que como el título minero feneció en su plazo, no era dable
acceder a su prórroga, ni tampoco a la cesión de derechos y/o la integración de
áreas.

40 Archivo 21 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
41 Archivo 22 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
42 Archivo 23 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

18

Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

6.1.15. El 13 de abril de 202043, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de
la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución No. VCT-000349, mediante
la cual resolvió no reponer la Resolución No. 00333 del 9 de abril de 2018 y
confirmar dicha decisión.

Como justificación de la anterior determinación, la autoridad minera reiteró que “el
señor Andrés Ribero García no presentó dentro del término legal la solicitud de
prórroga del título minero No. 16578, toda vez que no obra manifestación expresa y
clara de la misma”, argumento que la llevó a confirmar en todas sus partes el acto
administrativo cuestionado en sede de reposición.

La Resolución VCT-000349 del 13 de abril de 2020 fue notificada al señor Andrés
Ribero García el 13 de abril de 2020, quedando en firme al día siguiente44.

6.2. Las Resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349 del 13
de abril de 2020 se ajustaron a derecho

En el asunto de estudio, el señor Andrés Ribero García consideró que las
Resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349 del 13 de abril de
2020, mediante las cuales se negaron sus solicitudes de prórroga, cesión e
integración de la licencia de explotación No. 16578, fueron producto de una falta de
competencia, por cuanto, a su juicio, los actos administrativos en comento debieron
ser dictados por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera en
lugar de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, que fue la dependencia
que a la postre terminó expidiéndolos.

Al punto, el demandante estimó que con la expedición de los actos cuestionados
perdió el derecho de explotación minera con el que contaba, motivo por el cual
solicitó que, una vez que se anularan las resoluciones cuestionadas, se ordenara a
la autoridad minera acceder a las solicitudes de prórroga e integración de áreas.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería se opuso a las anteriores pretensiones
pues, en su criterio, los actos administrativos acusados se profirieron con

43 Archivo 31 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
44 Archivo 24 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

19

Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

competencia, por cuanto la Vicepresidencia de Contratación y Titulación estaba
investida para el efecto, en los términos de la Resolución 206 del 22 de marzo de
2013.

La ANDJE coincidió con la anterior postura, al aducir que el Decreto Ley 4134 de
2011 le atribuyó a la Agencia Nacional de Minería la labor de gestión de los títulos
mineros en el país y, específicamente, dicha disposición y las Resoluciones ANM
206 del 22 de marzo de 2013 y 319 del 14 de junio de 2017 le asignaron a la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación la atribución de resolver sobre
aspectos como la modificación, cesión y/o prórroga de títulos mineros, como en
efecto lo realizó la demandada mediante las decisiones administrativas
reprochadas.

Bajo el anterior contexto, de entrada, la Sala advierte que no se avizora una falta de
competencia con la expedición de las Resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril
de 2018 y VCT-349 del 13 de abril de 2020, pues la Vicepresidencia de Contratación
y Titulación de la Agencia Nacional de Minería estaba plenamente investida para
emitir tales decisiones, como se pasa a exponer.

6.2.1. Previo a la solución del cargo de la demanda, cabe comenzar por precisar
que la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que es acto administrativo
toda declaración de voluntad unilateral, que puede ser general o particular, con
efectos jurídicos directos, en ejercicio de la función administrativa, expedido por una
entidad pública o un particular que ejerce potestades administrativas, elementos sin
los cuales este no existe y/o no nace a la vida jurídica, o deviene en una figura
distinta, sin que ello necesariamente requiera de una declaración45.

Por su parte, son elementos de la validez del acto administrativo que se emita con
competencia, motivación, una finalidad pública y un objeto y causa lícitos, en
garantía del debido proceso y con respeto de la normativa superior, aspectos sin los
cuales, aunque esa declaración de la Administración hubiera nacido a la vida
jurídica, se encontraría viciado en su legalidad, circunstancia que podría ponerse de

45Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024.
Radicado 11001-03-26-000-2015-00098-00 (54485).

20

Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

presente en la sede administrativa al recurrir la decisión, o ante el juez contencioso
administrativo46.

En cuanto a la falta de competencia como vicio de legalidad de los actos
administrativos, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que consiste en
aquella circunstancia en la cual una entidad -del Estado o que está investida para
ejercer labores públicas- profiere ese tipo de decisiones sin contar con la atribución
para tal efecto, considerando que, en virtud del artículo 6 de la Constitución de
199147, los servidores del Estado y sus entidades están sujetas estrictamente a las
funciones que el ordenamiento jurídico les asigne, sin poder desbordarlas48.

En tal sentido, la doctrina especializada ha indicado que la competencia para proferir
y ejecutar actos administrativos es inherente a la capacidad, en tanto aptitud
atribuida por el ordenamiento jurídico a entes públicos o particulares para que
manifiesten válidamente la voluntad estatal por vía administrativa, que no puede ser
posterior, sino previa a la función ejercida y que debe existir en el ordenamiento
jurídico en forma expresa49.

La falta de competencia, de acreditarse ante el juez contencioso administrativo, lleva
a que se desvirtúe la presunción de legalidad del acto que adolezca de tal falencia
y, a la postre, deviene en la anulación de dicha decisión, aspecto frente al cual la
jurisprudencia ha enfatizado en que corresponde analizar tal vicio en el marco de lo

46 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 31 de enero de 2019. Radicado 11001-03-

25-000-2016-01017-00 - 4574-2016.
47 “Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución

y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones”.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de marzo de 2025. Radicado

25000-23-36-000-2012-00501-01 (67190). // Lo propio ha sostenido la doctrina foránea, al
sostenerse, en el caso francés que: «L’acte administratif unilatéral doit émaner d’une autorité
compétente. Il doit également respecter des règles de procédure et des règles de forme […] La
violation des règles de compétence est sévèrement sanctionnée par le juge administratif. En effet, il
s’agit de règles d’ordre public, ce qui signifie que l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté est un
moyen d’annulation […] », lo que traducido al castellano quiere decir que “El acto administrativo
unilateral debe emanar de una autoridad competente. Asimismo, debe respetar las reglas de
procedimiento y las reglas de forma […] La violación de las reglas de competencia es severamente
sancionada por el juez administrativo. En efecto, se trata de reglas de orden público, lo que significa
que la incompetencia del autor del acto impugnado constituye un motivo de anulación”. TIFINE,
Pierre. Droit administratif français. Disponible dans : Revue générale du droit online. Saarbrücken :
2019. Numéro 40524. Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2.
49 SANTOFIMIO, Jaime Orlando. Compendio de Derecho Administrativo. Bogotá: 2023. Editorial

Tirant Lo Blanch. Segunda edición. P. 692-693.

21

Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

estrictamente cuestionado por el demandante, sin que corresponda hacer
inferencias o deducciones, ni mucho menos elaborar un estudio oficioso, en
concordancia con el principio de justicia rogada propio del procedimiento judicial
regido por el CPACA50.

De ese modo, la falta de competencia es un vicio de validez de todo acto
administrativo que, de invocarse en sede judicial, debe estudiarse con estricto
apego a los cuestionamientos presentados por la parte demandante y en línea con
las atribuciones asignadas por el ordenamiento jurídico a la entidad que emitió la
decisión, de ahí que, a continuación, se pase a estudiar si las Resoluciones Nos.
VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349 del 13 de abril de 2020 se profirieron
en consonancia con las funciones de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación
de la Agencia Nacional de Minería.

6.2.2. En virtud de lo anterior, se encuentra acreditado que el 10 de diciembre de
1992, la autoridad minera otorgó al señor Fabio Hernando Carlier Rúgeles la licencia
de exploración de caliza - arenisca No. 16578, que para el 18 de julio de 1996 fue
transformada en una licencia de explotación y, a su vez, el 30 de junio de 2004 se
cedió al señor Andrés Ribero García (hechos probados 6.1.1. a 6.1.3.).

Posteriormente, el título minero de explotación comenzó a ser ejecutado y, el 23 de
julio de 2008, se sugirió hacer uso de la integración entre la licencia No. 16578 y el
contrato de concesión CLR-081, por ser colindantes y pertenecer al mismo sujeto,
recomendación que fue reiterada el 2 de septiembre de 2010 y que comenzó a
tramitar el señor Andrés Ribero García (hechos probados 6.1.5., 6.1.7., y 6.1.8. a
6.1.13).

El 9 de abril de 2018, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia
Nacional de Minería profirió la Resolución No. VCT-00333, mediante la cual negó la
solicitud de integración de áreas presentada por el titular minero, así como otras
peticiones de prórroga y cesión, decisión que fue confirmada mediante la

50Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 21 de octubre de 2025.
Radicado 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636).

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

Resolución No. VCT-000349 del 13 de abril de 2020, proferida por la misma
dependencia (hechos probados 6.1.14 y 6.1.15).

6.2.3. Bajo el panorama fáctico expuesto, cabe comenzar por señalar que el artículo
317 de la Ley 685 de 200151 estableció que se entendería por autoridad minera al
Ministerio de Minas y Energía o, en su defecto, a la autoridad nacional que de
conformidad con la organización de la administración pública y la distribución de
funciones entre los entes que la integran tuviera a su cargo la gestión de los asuntos
mineros en cuanto a su promoción, la administración del recaudo y la titulación,
registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y vigilancia.

Es así como, mediante el Decreto Ley 4134 de 2011 se creó la Agencia Nacional
de Minería como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, adscrita al Ministerio de
Minas y Energía52, y le asignó la función general de autoridad minera, con la facultad
de administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para su
exploración y explotación53. A su vez, se otorgó al presidente de la entidad, la de
crear con carácter permanente o transitorio grupos internos de trabajo, suscribir los
actos administrativos que declaren la caducidad, cancelación o terminación de los
títulos mineros y distribuir entre las diferentes dependencias las funciones y
competencias otorgadas por la ley salvo que estén asignadas expresamente a
alguna de ellas54.

51 “Artículo 317. Autoridad minera. Cuando en este Código se hace referencia a la autoridad minera

o concedente, sin otra denominación adicional, se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía
o en su defecto a la autoridad nacional, que de conformidad con la organización de la administración
pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo la
administración de los recursos mineros, la promoción de los aspectos atinentes a la industria minera,
la administración del recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas señaladas en este
Código, con el fin de desarrollar las funciones de titulación, registro, asistencia técnica, fomento,
fiscalización y vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras”.
52 “Artículo 1. Creación y naturaleza jurídica de la agencia nacional de minería, ANM. Créase la

Agencia Nacional de Minería ANM, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio
y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía”.
53 “Artículo 4. Funciones. Son funciones de la Agencia Nacional de Minería, ANM las siguientes: 1.

Ejercer las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional. 2. Administrar los
recursos minerales del Estado y conceder derechos para su exploración y explotación 3. Promover,
celebrar, administrar y hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para
la exploración y explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta
función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley […]”.
54 “Artículo 10. Funciones del presidente de la agencia. Son funciones del Presidente de la Agencia

Nacional de Minería, ANM, las siguientes: […] 10. Crear y organizar con carácter permanente o
transitorio grupos internos de trabajo […] 12. Celebrar los contratos de concesión minera,

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

De acuerdo con los anteriores mandatos, la Agencia Nacional de Minería emitió la
Resolución No. 206 del 22 de marzo de 2013 -invocada por el actor en su demanda-
, por medio de la cual se crearon grupos de trabajo interno dentro de la entidad y se
asignaron sus funciones55 y, dentro de ello, se atribuyó al Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación
la función de proyectar actos administrativos: i) relacionados con las solicitudes de
modificación que afecten la titularidad o prórroga de los títulos mineros y ii) los que
resuelvan los recursos de reposición interpuestos ante las decisiones proferidas en
el marco de su competencia56.

Adicionalmente, mediante el artículo 3 de la Resolución No. 310 del 5 de mayo de
201657, la Agencia Nacional de Minería delegó en el Vicepresidente de Contratación
y Titulación la función de otorgar las autorizaciones temporales y suscribir los
contratos o actos administrativos de prórrogas de los títulos mineros, cesiones de
derechos, renuncias parciales o desistimientos, cesiones de áreas, integración de
áreas, devolución de áreas, concesiones concurrentes, y las demás que afecten la
titularidad de los títulos mineros, que no estén asignados expresamente a otra
dependencia.

autorizaciones temporales, contratos especiales de concesión en las zonas declaradas de minería
tradicional y de las zonas mineras de grupos étnicos de acuerdo con lo previsto en la ley, además
de efectuar el seguimiento de los demás contratos mineros. 13. Suscribir los actos administrativos
que declaran la caducidad, cancelación o terminación de los títulos mineros, de conformidad con la
normativa vigente. […] 20. Distribuir entre las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de
Minería, ANM, las funciones y competencias que la ley le otorgue a la entidad cuando las mismas
no estén asignadas expresamente a alguna de ellas”.
55 Artículo 1. Grupos internos de trabajo. Conformar en la Agencia Nacional de Minería, ANM, los

siguientes Grupos Internos de Trabajo: […] 2. Vicepresidencia de Contratación y Titulación. 2.1.
Grupo de contratación minera. 2.2. Grupo de catastro y registro minero nacional. 2.3. Grupo de
legalización minera. 2.4. Grupo de información y atención al minero. 2.5. Grupo de evaluación de
modificaciones a títulos mineros.
56 “Artículo 11. Grupo de evaluación de modificaciones a títulos mineros. Son funciones de este

Grupo de Trabajo las siguientes: […] 4. Proyectar los actos administrativos relacionados con las
solicitudes de modificación que afecten la titularidad y/o prórroga de los títulos mineros. 5. Proyectar
los actos administrativos que resuelvan los recursos de reposición interpuestos ante las decisiones
proferidas en el marco de su competencia”.
57 “Artículo 3. Delegar en el Vicepresidente de Contratación y Titulación las siguientes funciones: 3.1

Otorgar las autorizaciones temporales de que tratan los artículos 116 y siguientes del Código de
Minas, la Ley 1682 de 2014 y las que la modifiquen, adicionen complementen. 3.2 Suscribir los
contratos o actos administrativos de prórrogas de los títulos mineros, cesiones de derechos,
renuncias parciales o desistimientos, cesiones de áreas, integración de áreas, devolución de áreas,
concesiones concurrentes, y las demás que afecten la titularidad de los títulos mineros, que no estén
asignados expresamente a otra dependencia”.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

Como se observa, de manera general a la Agencia Nacional de Minería se le asignó
el rol de autoridad minera y, por consiguiente, se le atribuyó la función de gestión
de dichos asuntos, desde las fases de prospección y exploración de minerales,
hasta su explotación y el abandono de la mina, incluyendo el otorgamiento del título
minero correspondiente y la emisión de los actos administrativos que fuera
necesario dictar en el marco de aquel.

En congruencia con ello, mediante las Resoluciones Nos. 206 del 22 de marzo de
2013 y 310 del 4 de mayo de 2016 la Agencia Nacional de Minería creó la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación y le atribuyó la función de resolver
sobre las solicitudes que afecten la titularidad de los derechos mineros y, entre ello,
las peticiones de modificación, cesión e integración de áreas, de ahí que, de
entrada, se avizore que la demandada emitió los actos administrativos demandados
con competencia.

En efecto, considerando que la Agencia Nacional de Minería ya contaba con el rol
de autoridad minera para el momento en que emitió las Resoluciones Nos. VCT-
00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349 del 13 de abril de 2020, es claro que era
competente, en general, para resolver sobre todos los asuntos en materia minera,
incluyendo el presentado por el señor Andrés Ribero García respecto a la licencia
de explotación No. 16578.

A lo anterior se suma que las resoluciones mediante las cuales se le atribuyó a la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería la
función de resolver sobre las peticiones de prórroga, cesión e integración de áreas
en materia minera estaban vigentes y fueron anteriores a los actos administrativos
demandados, circunstancia que revela que esa dependencia estaba plenamente
facultada para emitir las decisiones demandadas, como en efecto lo hizo, sin que
por tanto se configure una falta de competencia como erradamente lo advirtió la
parte actora.

Expresado en otros términos, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la
Agencia Nacional de Minería de la Agencia Nacional de Minería contaba con una
capacidad expresa, clara y asignada previamente por el ordenamiento jurídico para
expedir las Resoluciones Nos. VCT-00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349 del 13

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

de abril de 2020, sin que el señor Andrés Ribero García hubiera desvirtuado tal
situación con los reproches de su demanda.

Por otra parte, de la revisión de la normativa anteriormente referenciada no se
encuentra que la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
estuviera investida para resolver los asuntos objeto de los actos administrativos
acusados, como se afirmó en el escrito inicial, por cuanto, en las Resolución Nos.
206 de 2013 y 310 de 201658 -a las que se hizo referencia apartes atrás- se le
asignaron funciones tales como la gestión de la fiscalización, emitir actos de trámite,
y realizar inspecciones técnicas a las zonas mineras, así como declarar la
caducidad, cancelación o terminación de títulos, entre otros, razón por la cual no es
dable que, como el demandante lo afirmó, tal órgano interno estuviera habilitado
para resolver sobre sus solicitudes de prórroga, cesión e integración de áreas en
relación con la licencia No. 16578.

Se recuerda que la competencia como elemento de validez de todo acto
administrativo no puede ser objeto de suposiciones, sino que debe obrar
expresamente en la norma respectiva, ser previa y expresa, por lo que naturalmente
no está supeditada a la discrecionalidad, motivo por el cual no es consistente que
el demandante le atribuya a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
de la Agencia Nacional de Minería la facultad de resolver sobre la prórroga, cesión
e integración de áreas cuando la normativa sobre la materia no le asignó tal función.

Ciertamente, el demandado no elaboró una explicación detallada de cuáles apartes
de la Resolución No. 206 de 2013 de la Agencia Nacional de Minería se
desconocieron con la supuesta falta de competencia invocada y, por el contrario, en
la aludida norma se encontró una asignación clara de funciones entre las distintas
dependencias de la entidad demandada y, en especial, la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación que, una vez más, estaba plenamente investida para
proferir los actos administrativos enjuiciados.

58 “Artículo 4. Delegar en el Vicepresidente de Seguimiento y Control y Seguridad Minera, la función

de suscribir los documentos o actos administrativos, por medio de los cuales se declare la caducidad,
cancelación o terminación de títulos mineros”.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

A partir de las consideraciones expuestas, para la Sala no cabe duda de que las
pretensiones de nulidad formuladas en la demanda no están llamadas a prosperar,
habida cuenta que la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia
Nacional de Minería sí era competente para expedir las Resoluciones Nos. VCT-
00333 del 9 de abril de 2018 y VCT-349 del 13 de abril de 2020.

Dada la improsperidad del cargo anulatorio, la Sala se encuentra relevada de
estudiar si procedía ordenar a la demandada que accediera a las solicitudes de
prórroga, cesión e integración de áreas, pues precisamente tales peticiones fueron
denegadas mediante los actos administrativos enjuiciados, cuya legalidad no se
desvirtuó, por lo que sería inane pronunciarse al respecto.

7. Costas

El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. El numeral 1° del artículo 365 ejusdem, dispone que se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso. Como consecuencia, en el presente caso
se condenará en costas, por concepto de agencias en derecho, al señor Andrés
Ribero García, vencido en el sub-lite.

Las agencias en derecho en única instancia se fijarán con observancia de las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del
artículo 366 del CGP59. Para esos efectos deberá atenderse a la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.

En el caso concreto, la Nación – Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional
de Minería adelantaron gestiones de manera activa, pues ambas acudieron al
proceso con apoderado y i) mientras la primera presentó alegatos de conclusión, ii)
la segunda contestó la demanda y formuló alegaciones conclusivas, motivo por el

59 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las

tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

cual la Sala fijará las agencias en derecho atendiendo a los parámetros que
establece el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201660, el cual dispuso
que en las sentencias dictadas en procesos declarativos en única instancia se
estimarían entre 1 a 8 SMLMV cuando los asuntos carezcan de cuantía o de
pretensiones pecuniarias, como sucede en el caso concreto.

Con base en lo anterior, la Subsección procede a fijar tres (3) SMLMV a la fecha de
ejecutoria de esta providencia por concepto de agencias en derecho, que serán
pagadas por el extremo activo de la litis a la Nación – Ministerio de Minas y Energía
-sin perjuicio de la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva de
que será objeto- y a la Agencia Nacional de Minería en partes iguales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Nación – Ministerio de Minas y Energía, según lo expuesto.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: CONDENAR en costas al señor Andrés Ribero García, en favor de la
Nación – Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería, para
lo cual se fijan agencias en derecho por la suma total equivalente a 3 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

60 Aplicable para el 12 de enero de 2021, cuando se radicó la demanda. “Artículo 2. Criterios. Para

la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las
tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan
valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos
límites.
“Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. En
única instancia. […]. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias,
entre 1 y 8 S.M.L.M.V.”.

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Radicado: 110010326000202100054-00 (66716)
Demandante: Andrés Ribero García

CUARTO: por Secretaría de la Sección Tercera, LIQUIDAR las costas del proceso
y proceder a la devolución del remanente de lo consignado por concepto de gastos
del proceso, si lo hubiere.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

VF

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