Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00248-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00248-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00248-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Demandante: JOSÉ GABRIEL CASTAÑEDA
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA
TRADICIONAL
Síntesis del caso: se pretende la nulidad de las Resoluciones números VCT 001002 de
27 de agosto de 2020 y VCT 000343 de 7 de mayo de 2021, ambas expedidas por la
Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante las cuales se dio por terminada la petición
de formalización de minería tradicional no. LPB-14101X, por ser contrarias al artículo 29
de la Constitución Política.
Temas: trámite de formalización de minería tradicional – superposición con otras áreas
– consecuencias de llevar a cabo actividad minera fuera del área objeto de formalización
• derechos no consolidados hasta la suscripción del correspondiente contrato de
concesión minera.
Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho formulada el 3 de septiembre de 2021 por el señor José Gabriel
Castañeda en contra de las Resoluciones números VCT 001002 de 2020 y VCT
000343 de 2021 proferidas por la Agencia Nacional de Minería (ANM)1
(documento no. 3 – expediente digital), con las siguientes súplicas:
“Pretensión principal.
DECLARAR, la nulidad de las Resoluciones N° VCT-001002 de 2020
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DA POR TERMINADA LA SOLICITUD
DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES N° LPB-14101X” y VCT-000343 de
2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN DENTRO DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE
FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL N° LPB-14101X”
emanadas de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación
Minera de la Agencia Nacional de Minería,
1 La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación que por
auto de 5 de noviembre de 2021 declaró la falta de competencia y remitió el proceso al Consejo
de Estado (documento no. 8 – expediente digital). Por auto del 25 de febrero de 2022, la demanda
fue admitida (índice no. 4 SAMAI).
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
RESTABLECER EL DERECHO al debido proceso del accionante,
dentro del proceso administrativo de la Solicitud de Formalización de
Minería Tradicional N° LPB-14101X.
Pretensiones consecuenciales
ORDENAR retrotraer el proceso de Formalización de Minería
Tradicional con N° LPB-14101X, frente a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería
hasta el momento en que se realizó la migración a de expedientes a la
Plataforma “ANNAMINERÍA” sin que se reduzca el área de solicitud de
formalización y que traslade la información respetando los derechos
adquiridos.
ORDENAR a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la
Agencia Nacional de Minería para que a través del Grupo
correspondiente, realice la visita técnica y demás requisitos del Artículo
2.2.5.4.1.1.1.6. y de acuerdo con el auto GLM 129 de 2016
ORDENAR a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la
Agencia Nacional de Minería para que a través del Grupo
correspondiente, realice el Informe de Viabilidad Técnica de la Solicitud
de formalización de Minería Tradicional N° LPB-14101X, sobre el área
de solicitada y de conformidad con la visita del Artículo 2.2.5.4.1.1.1.6.
CONDENAR en costas a la Agencia Nacional de Minería por el
desgaste judicial ocasionado por la vulneración de los derechos del
accionante.” (fl. 1 documento no. 3 – expediente digital – mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1) El señor José Gabriel Castañeda, el 25 de febrero de 2010 presentó ante el
Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), hoy Agencia Nacional
de Minería (ANM), una petición de formalización de minería tradicional para la
exploración y explotación de un yacimiento de material de construcción (arena y
grava de río) ubicado en el cauce del río Risaralda, entre los municipios de
Viterbo y Belalcázar de Departamento de Caldas, trámite al cual se le asignó la
radicación no. LH0329-17 y posteriormente se le asignó la placa no. LPB-14101X
para una extensión de 124 hectáreas y 92695 metros cuadrados, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010.
2) En el mes de agosto del año 2010, la apoderada del actor radicó ante la
delegación minera del Departamento de Caldas el comprobante del pago de la
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
contraprestación por el segundo trimestre del año 2010.
3) El 21 de diciembre de 2011, la secretaría jurídica de la gobernación del
Departamento de Caldas emitió concepto favorable al proyecto de resolución por
la cual se rechaza la solicitud de formalización de minería tradicional identificada
con la radicación no. LH-0329-17.
4) La secretaría de gobierno del Departamento de Caldas por auto no. 105 de
2012 ordenó la creación de la placa no. LPB-14101X en el sistema de catastro
minero, antes identificada con la radicación no. LH-0329-17.
5) El 20 de mayo de 2013, la delegación minera del Departamento de Caldas
emitió evaluación técnica de la solicitud no. LPB-14101X, análisis en el que se
concluyó que el peticionario no había anexado la totalidad de los documentos
requeridos para el correspondiente estudio.
6) El 16 de septiembre de 2013, a través de auto no. 000007 la ANM avocó
conocimiento del expediente contentivo de la solicitud LPB-14101X que ante la
delegación minera del Departamento de Caldas se identificó con la placa no. LH-
0329-17.
7) El 7 de noviembre de 2013, la ANM por auto GML 384 requirió al actor para
que en el término de dos (2) meses subsanara los defectos con el aporte de los
documentos faltantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
0933 de 2013, requerimiento que fue cumplido por el actor a través del registro
no. 20149090030912 de 2 de mayo de 2014.
8) El 24 de agosto de 2015, la ANM mediante la Resolución no. 1811 negó las
oposiciones presentadas por parte del señor Francisco José Barbier López en el
trámite del expediente no. LPB-14101X.
9) El 1° de febrero de 2016, el grupo de formalización minera de la ANM emitió
evaluación jurídica a la petición no. LPB-14101X, ejercicio que arrojó como
resultado la viabilidad jurídica y cumplimiento de la normatividad aplicable.
10) El 15 de febrero de 2016, el grupo de formalización minera de la ANM a través
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
de auto GLM00129 ordenó la visita técnica y requirió al titular de la solicitud.
11) El 20 de abril de 2016, mediante providencia proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente con radicación no.
11001-03-26-000-2014-00156-00 (52506) suspendió provisionalmente los
efectos del Decreto 0933 de 2013, lo que implicó que hasta tanto no se resolviera
sobre la solicitud de formalización no se podían adelantar las actividades de
explotación sobre las áreas objeto de la referida petición.
12) El 25 de mayo de 2016 con la promulgación del artículo 325 de la Ley 1955
por medio de la cual se emitió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”, normatividad que dispuso que los trámites
de las solicitudes de formalización de minería tradicional que fueron presentados
hasta el 10 de mayo de 2013 y que para esa fecha se encontraran vigentes no
tienen restricción para su actividad.
13) Con ocasión de la Resolución no. 505 de 2 de agosto de 2019, la solicitud de
formalización de minería tradicional no. LPB-14101X migró al sistema integral de
gestión minera AnnaMinería.
14) El 30 de diciembre de 2019, la compañía Emdelcaldas SAS, en condición de
titular del contrato de concesión minera no. 583-17, presentó oposición a la
petición de formalización de minería tradicional no. LPB-14101X por cuanto el
área objeto de la misma estaba superpuesta con el contrato del cual es titular.
15) El 19 de febrero de 2020, por auto GLM 0284 la coordinadora de
formalización minera de la ANM emitió concepto de viabilidad jurídica a la
solicitud no. LPB-14101X y recomendó proceder con la visita técnica porque en
el sistema Anna Minería la petición tenía libertad de seguimiento en 2.4552
hectáreas.
16) El 16 de julio de 2020 el grupo de formalización minera de la ANM emitió
concepto técnico a la solicitud de formalización de minería tradicional no. LPB-
14101X, en el que señaló que “una vez correlacionada esta información con las
imágenes satelitales para la LBP-14101X se observa que hay cambios en la
cobertura vegetal asociado a presencia de posible actividad minera por fuera del
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
área susceptible. Se determina que la declaración y pago de regalías allegadas
relacionan una posible actividad minera desarrollada fuera del área de la solicitud
LBP- 14101X, por lo que no se puede determinar la presencia de posible actividad
mineral en el área de interés. (…).” (fl. 11 documento no. 4 – índice no. 2 SAMAI).
17) El 27 de agosto de 2020, la vicepresidencia de contratación y titulación minera
de la ANM a través de la Resolución no. VCT-001002 dio por terminada la
solicitud de formalización de minería tradicional no. LPB-14101X por cuanto se
identificó que había actividad minera por fuera del área objeto de la referida
petición, razón por la cual no se avaló técnicamente.
18) El 7 de mayo de 2021, la vicepresidencia de contratación y titulación minera
de la ANM con la Resolución no. VCT-000343 resolvió el recurso de reposición
formulado en contra de la Resolución no. VCT 001002 en el sentido de confirmar
en su integridad la decisión recurrida.
2. Fundamento de demanda
En los términos aducidos por la parte actora, las Resoluciones números VCT
001002 de 27 de agosto de 2020 y VCT 000343 de 7 de mayo de 2021, ambas
proferidas por la Agencia Nacional de Minería (ANM), son nulas por el hecho de
desconocer las normas en que debían fundarse por razón de los cargos de
nulidad que se resumen a continuación.
2.1 Vulneración de la confianza legítima
La ANM con la expedición de las resoluciones demandadas desconoció lo
establecido en el auto GLM00126 de 2016 mediante el cual determinó viable la
petición y ordenó realizar la visita técnica al área objeto de la solicitud de minería
tradicional no. LPB-14101X, en claro desconocimiento de lo dispuesto en el
artículo 2.2.5.4.1.1.1.5 del Decreto 1073 de 20152;
2 En el escrito de la demanda, la parte actora fundamentó este reproche de nulidad en la sentencia
de tutela T-204 de 2014 de la Corte Constitucional y en la sentencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 14 de marzo de 2019, sin que hubiera indicado el número de radicación e
identificación de la referida providencia ni se detallara en que consistió la vulneración que
pretendía probar con tales decisiones.
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Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
2.2 Excepción de inconstitucionalidad
El actor sostiene que la decisión adoptada por la ANM en las resoluciones
demandadas desconoce la protección del derecho constitucional fundamental a
la igualdad enmarcado en el deber de valorar las condiciones artesanales (con
balde, pala y canoa) que utilizaba para su labor de extracción de material de
construcción (arena y grava de río) y, en segundo término, porque de acuerdo
con lo estipulado en el artículo 2.2.5.4.1.1.1.5 del Decreto 1073 de 2015
Reglamentario del sector Minas y Energía se creó una situación jurídica
consolidada para quienes para esa época tenían una solicitud de formalización
de minería tradicional y cumplían con los requisitos propios de ley, esto aunado
al hecho de que la ANM a través del auto GLM000129 de febrero de 2016 ya
había determinado el área sobre el cual debía realizarse la visita correspondiente.
2.3 Violación del principio de legalidad
Las resoluciones acusadas de nulidad fueron expedidas con base en un informe
técnico que no siguió los parámetros previstos en el Decreto 1073 de 2015 para
el trámite de las peticiones de formalización minera, no se decretaron y
practicaron las pruebas pertinentes, la visita al área de explotación se realizó de
manera virtual en contravía de lo dispuesto en la normatividad en la materia y el
informe técnico fue rendido por la misma entidad.
2.4 Violación del derecho del debido proceso
Con la emisión de los actos administrativos demandados la ANM infringió el
artículo 29 constitucional, por cuanto omitió dar curso a las formalidades propias
de la solicitud de formalización de minería tradicional conforme lo dispuesto en
los artículos 2.2.5.4.1.1.1.6 y 2.2.5.4.1.1.1.7 del Decreto 1073 de 2015, pues, el
informe técnico no. GLM 452 de 2020 en modo alguno fue llevado a cabo con el
conocimiento del titular de la petición.
De otra parte, la ANM omitió cumplir las fases probatorias a las que se refieren
los artículos 169 a 174 del Código General del Proceso, infracciones que
conllevan a la nulidad del informe elaborado por los profesionales de la ANM.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
2.5 Indebida motivación del acto administrativo
Las resoluciones objeto de demanda se fundaron en hechos que no estuvieron
debidamente probados y las decisiones en ellas adoptadas no cumplieron con
las formalidades propias del procedimiento aplicable.
3. Contestación de la demanda
Mediante escrito radicado el 10 de junio de 2022 la Agencia Nacional de Minería
(ANM) presentó contestación de la demanda (índice no. 20 SAMAI) con oposición
a las pretensiones, solicitó que estas fueran negadas y propuso excepciones con
fundamento en los siguientes argumentos:
1) El área solicitada por la parte actora ante la ANM era diferente al lugar de
ejercicio de la explotación minera puesto que, una vez correlacionada la
información con las imágenes satelitales correspondientes a la petición de
formalización de minería tradicional no. LBP-14101X se observó que había
cambios en la cobertura vegetal asociado a la actividad minera por fuera del área
objeto de la solicitud.
2) Contrario a lo pretendido con la demanda, la radicación de la petición de
formalización de minería tradicional solo otorga al peticionario una mera
expectativa, pues, para que sean consolidados los derechos debe suscribirse el
correspondiente contrato de concesión minera.
3) En efecto, por auto de 1 de febrero de 2016 la ANM concluyó que la petición
de formalización de minería tradicional no. LBP-14101X cumplía con los
requisitos exigidos; no obstante, con posterioridad a la obtención de las imágenes
satelitales se logró corroborar que la solicitud no era técnicamente viable, toda
vez que se había encontrado que la actividad minera desarrollada por el
peticionario estaba por fuera del área objeto de la solicitud.
4) Propuso como excepciones las que se relacionan a continuación:
a) “Caducidad de la acción”, por cuanto la Resolución no. VCT-000343 de 7 de
mayo de 2021 a través de la cual la ANM resolvió el recurso de reposición
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propuesto en contra de la Resolución no. VCT 001002 del 27 de agosto de 2020
fue notificada el 14 de mayo de 2021, razón por la cual la parte actora podía
ejercer el medio de control judicial a más tardar el 14 de septiembre de 2021,
pero como la demanda fue radicada el 1° de diciembre de 2021 esta fue
presentada en forma extemporánea.
b) “Inepta demanda”, debido a que la parte actora no agotó el requisito de
procedibilidad de la conciliación prejudicial a la que se refiere el artículo 3 del
Decreto 1716 de 2009.
c) “Carencia de presupuestos para la aprobación de la solicitud de la propuesta
de contrato de concesión no. LBP-14101X”, “inexistencia de explotación minera
en el área de interés”, “procedencia en la expedición de las resoluciones (…) y
su consecuente presunción de legalidad”, en la medida en que las decisiones
adoptadas por la ANM estuvieron fundamentadas en el ordenamiento minero
vigente, con apego a la Constitución y a la ley aplicable al caso concreto.
d) “Genérica”, según la cual el juez puede declarar las excepciones que de oficio
encuentre probadas.
4. Trámite procesal
1) El 2 de mayo de 2022, mediante escrito la parte actora solicitó la suspensión
provisional de las resoluciones acusadas por considerar que con su expedición
se desconoció la decisión adoptada por la misma ANM en el auto GLM00129 de
2016, así como también los artículos 2.2.5.4.1.1.1.5 y 2.2.5.4.1.1.1.6 del Decreto
1073 de 2015, los artículos 4, 6 y 29 de la Constitución Política, los artículos 3,
40, 42 y 137 del CPACA y el artículo 165 del Código General del Proceso (índice
no. 14 SAMAI).
La petición de la medida cautelar de suspensión se sustentó con los
cuestionamientos que se relacionan a continuación:
a) Principio a la confianza legítima, porque la ANM omitió fundamentar la
reducción del área de la solicitud de formalización minera número LPB-14101X
en un acto administrativo.
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Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
b) Principio de igualdad, por cuanto la ANM con la expedición de las resoluciones
demandadas debió proveer protección especial a quienes ostentan una condición
de debilidad manifiesta, en este caso, el minero tradicional frente al titular del
contrato de concesión minera, pues, como se evidencia, la capacidad técnica,
económica y financiera es un requisito para la prosperidad de la petición de
formalización de minería tradicional.
c) Situaciones jurídicas consolidadas, pues, debe reconocerse el derecho de los
mineros tradicionales sobre las reducciones que se pueden realizar en el marco
de las solicitudes de formalización minera.
d) Principio de legalidad sobre los trámites de formalización minera tradicional,
por el hecho de que no se tuvo en cuenta la superposición identificada
correspondiente a un 5% de un contrato de concesión minera, y se omitió que en
el área que fue sujeta de la reducción se encuentra el frente de trabajo principal
del accionante correspondiente a la ribera del río Risaralda.
e) Garantía del debido proceso, ya que el informe técnico número GLM no. 452
de 2020 de la ANM no fue realizado con observancia de los parámetros
establecidos en el artículo 2.2.5.4.1.1.1.6 del Decreto Reglamentario 1073 de
2015 pues, la revisión del área si bien se surtió a cielo abierto, lo cierto es que,
no se profirió por parte de la autoridad minera un acto administrativo en el que se
ordenara la visita de viabilidad técnica, lo cual generó que no hubiera ninguna
comunicación al demandante ni se realizara el respectivo traslado a las partes
involucradas; además, dicha observación se hizo de manera virtual a través de
la plataformas “PlanetScope” y “Secure Watch”, herramientas relativamente
nuevas utilizadas para realizar verificaciones de minería hecha a cielo abierto,
mas no para realizar verificaciones subterráneas, por lo que su utilización
conlleva nulidad de pleno derecho y genera que los actos demandados se
encuentren indebidamente motivados.
2) El 11 de mayo de 2022, la Agencia Nacional de Minería (ANM) se opuso a la
medida cautelar, por cuanto, en su criterio, la solicitud no cumple con el requisito
de estar fundada razonablemente en derecho; es decir, la parte demandante no
justificó jurídicamente la razón por la cual procedería la medida deprecada, lo
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Nulidad y restablecimiento del derecho
cual resulta insuficiente para que prospere la decisión cautelar (índice no. 17
SAMAI).
3) Por auto de 2 de junio de 2023 se negó la medida cautelar de suspensión
provisional de las Resoluciones números VCT 001002 de 2020 y VCT 000343 de
2021 emitidas por la Agencia Nacional de Minería (ANM), porque en su revisión
y análisis no se advirtió una violación evidente de las normas sobre las cuales
debía fundarse (índice no. 35 SAMAI).
4) Mediante auto de 11 de julio de 2024, con ocasión de resolver la excepción
previa de “ineptitud de la demanda” por incumplimiento del requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial, se dispuso: i) declarar la
terminación del proceso de la referencia y, ii) el archivo del proceso (índice no.
44 SAMAI).
5) Contra el referido auto del 11 de julio de 2024 la parte demandante interpuso
recurso de reposición y en subsidio el de “apelación” (índice no. 51 SAMAI); a
través de providencia del 11 de marzo de 2025 el magistrado conductor resolvió
i) no reponer la decisión adoptada el 11 de julio de 2024; ii) adecuar el recurso
subsidiario de apelación al de súplica y, iii) ordenar que por Secretaría se diera
el trámite correspondiente al recurso de súplica y remitiera el expediente al
magistrado que sigue en turno a fin de que resolviera lo pertinente (índice no. 58
SAMAI).
6) Los demás integrantes de la Sala3 por auto de 18 de julio de 2025 (índice no.
74 SAMAI) revocaron la decisión adoptada el 11 de julio de 2024 y ordenaron la
continuación del trámite pertinente, por estimar que el “requisito de procedibilidad
no resulta exigible en este caso porque la parte no registró en su demanda una
pretensión económica expresa, clara y específica sobre la cual debía haber
intentado conciliar” (fl. 5 índice no. 74 SAMAI).
7) El 20 de noviembre de 2025 se prescindió de la realización de la audiencia
inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, se dispuso tener como
3 Conformada por los señores consejeros Alberto Montaña Plata, Fernando Alexei Pardo Flórez
y José Roberto Sáchica Méndez.
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pruebas los documentos aportados con la demanda y con la contestación a la
misma y, se corrió traslado para alegaciones finales (índice no. 79 SAMAI).
5. Alegatos de conclusión
En la oportunidad procesal correspondiente únicamente concurrió la parte actora
e insistió en los argumentos de la demanda (índice no. 84 SAMAI), según los
cuales las resoluciones acusadas, por las cuales se dio por terminado el trámite
administrativo adelantado con ocasión de la petición de formalización de minería
tradicional no. LBP-14101X, se fundamentaron en hechos que no estuvieron
debidamente probados, motivo por la cual las súplicas de la demanda deben
prosperar y las excepciones propuestas por la autoridad minera denegarse.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración, con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis del caso concreto, 3) conclusión y, 4) costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La demanda se dirige a obtener la declaración de nulidad de las Resoluciones
números VCT 001002 de 27 de agosto de 2020 y VCT 000343 de 7 de mayo de
2021, ambas expedidas por la Agencia Nacional de Minería (ANM), por cuanto,
en criterio de la parte demandante, fueron proferidas con desconocimiento del
derecho del debido proceso del actor y, en consecuencia, solicita se retrotraiga
el proceso de formalización de minería tradicional no. LPB-14101X hasta el
momento en que se realizó la migración del expediente a la plataforma “ANNA
MINERÍA”, sin que se reduzca el área objeto de la referida petición de
formalización y que traslade la información con respeto de los derechos
adquiridos.
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La Sala abordará el análisis de legalidad las Resoluciones números VCT 001002
de 27 de agosto de 2020 y VCT 000343 de 7 de mayo de 2021 proferidas por la
Agencia Nacional de Minería (ANM) para concluir con decisión de declarar no
probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada,
declarar probada, en forma parcial y de oficio la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda por la indebida sustentación del cargo de nulidad denominado
“indebida motivación del acto administrativo” y, de mantener la legalidad de los
referidas resoluciones debido a que ninguno de los cargos de nulidad formulados
en su contra tiene vocación de prosperidad.
2. Análisis del caso concreto
2.1 Aspecto preliminar
1) El Ministerio de Minas y Energía, en la condición de autoridad minera, a través
de la Resolución no. 180074 de 27 de enero de 2004 delegó en el Instituto
Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) las funciones de administración
de los recursos mineros, la titulación, el registro, asistencia técnica y fomento de
los recursos naturales no renovables, manteniendo para sí las funciones
ministeriales que le son propias4.
2) A través del Decreto 4131 de 3 de noviembre de 2011, Ingeominas cambió su
naturaleza jurídica de establecimiento público a instituto científico y técnico con
la denominación de Servicio Geológico Colombiano adscrito al Ministerio de
Minas y Energía.
4 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la autoridad minera es el
“Ministerio de Minas y Energía o en su defecto a la autoridad nacional, que de conformidad con
la organización de la administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la
integran, tenga a su cargo la administración de los recursos mineros, la promoción de los aspectos
atinentes a la industria minera, la administración del recaudo y distribución de las
contraprestaciones económicas señaladas en este Código, con el fin de desarrollar las funciones
de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y vigilancia de las obligaciones
emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras.”.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
3) Con la expedición del Acto Legislativo no. 5 de 20115 y desarrollado con la Ley
1530 de 2012 es función del Ministerio de Minas y Energía fiscalizar la
exploración y explotación de los recursos naturales no renovables6.
4) El 3 de noviembre de 2011, a través del Decreto número 4134 se creó la
Agencia Nacional de Minería (ANM) como agencia de naturaleza especial, del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera,
adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
5) En los términos de los artículos 3 y 4 del Decreto 4134 de 2011 la ANM tiene
por objeto la administración integral de los recursos mineros de propiedad del
Estado y, entre otras funciones, “ejercer las de autoridad minera o concedente en
el territorio nacional”7.
6) El 22 de diciembre de 2011, el Ministerio de Minas y Energía mediante la
Resolución no. 18 2306 reasumió la función de fiscalización, seguimiento y
control de los títulos mineros otorgada por la Resolución no. 180074 de 2004 a
Ingeominas y delegó en la ANM dicha función con excepción “en la jurisdicción y
competencia que por delegación se ha efectuado en los Gobernadores de
Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de Santander”8.
7) Posteriormente, con la Resolución no. 9-1818 de 13 de diciembre de 2012 el
Ministerio de Minas y Energía mantuvo en la ANM la función de fiscalización “de
todos los títulos mineros y autorizaciones temporales administrados por la
5 El artículo 2 del Acto Legislativo no. 5 de 2011 es como sigue: “Artículo 2°. El artículo 361 de
la Constitución Política quedará así: Artículo 361. Los ingresos del Sistema General de Regalías
se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de
las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en
educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro
público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y
cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía
buscando mejorar las condiciones sociales de la población. (…)”. (negrillas del original).
6 En los precisos términos del numeral 3 del artículo 7 de la Ley 1530 de 2012, son funciones del
Ministerio de Minas y Energía “3. Fiscalizar la exploración y explotación de los recursos naturales
no renovables”.
7 Numeral 1 del artículo 4 del Decreto 4134 de 2011.
8 El artículo 2 de la Resolución 18 2306 de 2011 es el siguiente: “Artículo 2º. Delegar en la
Agencia Nacional de Minería (ANM), la función de fiscalización, seguimiento y control de los
títulos mineros para la exploración y explotación de yacimientos minerales en el territorio nacional
excepto en la jurisdicción y competencia que por delegación se ha efectuado en los Gobernadores
de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de Santander.” (negrillas del original).
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
mencionada Agencia, función que fue delegada mediante Resoluciones números
18 0876 de 7 de junio de 2012 y 18 1016 de 28 de junio de 2012”9, y modificó la
delegación realizada al Departamento de Antioquia por el término de un (1) año
contado a partir de la publicación de referida resolución.
8) El 18 de noviembre de 2019, con el Decreto 2078 el Presidente de la República
estableció el Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM) “como la única
plataforma tecnológica para la radicación y gestión de los trámites a cargo de la
autoridad minera”10.
9) El Ministerio de Minas y Energía, a través de las Resoluciones números 504
de 18 de septiembre de 2018, 505 de 2 de agosto de 2019 y 703 de 31 de octubre
de 2019 adoptó el Sistema de Cuadrícula para la ANM, fijó los lineamientos para
la migración de los títulos mineros y demás información cartográfica al Sistema
de Cuadrícula para la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Gestión
Minera (SIGM), y estableció un periodo de transición contado desde el 2 de
agosto de 2019 hasta la entrada en funcionamiento de este último sistema.
10) En cumplimiento de los anteriores actos administrativos y disposiciones la
Agencia Nacional de Minería el 13 de diciembre de 2019 puso en funcionamiento
el sistema denominado “´AnnA Minería´, plataforma digital que unifica la
información minero ambiental”11, a través del cual se cuenta con una cédula
catastral actualizada que permite un mejor control de las áreas adjudicadas para
la explotación y exploración de recursos no renovables.
2.2 Excepciones propuestas
1) La Agencia Nacional de Minería (ANM) esgrimió la excepción de “caducidad
de la acción”, sobre la base de argüir que la Resolución no. VCT-000343 de 7 de
mayo de 2021, con la cual la ANM resolvió el recurso de reposición propuesto en
contra de la Resolución no. VCT 001002 del 27 de agosto de 2020 fue notificada
el 14 de mayo de 2021, razón por la cual la parte actora podía ejercer el medio
9 Artículo 1 de la Resolución 9-1818 de 13 de diciembre de 2012.
10 Artículo 2.2.5.1.2.1 del Decreto 2078 de 2019.
11 Comunicado de prensa de 13 de diciembre de 2019, tomado de la página electrónica de la
propia entidad: https://www.anm.gov.co/?q=entra-en-operacion-nuevo-catastro-minero-que-
fortalece-la-proteccion-del-medio-ambiente-la-legalidad-y-la-transparencia.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
de control judicial a más tardar el 14 de septiembre de 2021, pero como la
demanda fue radicada el 1° de diciembre de 2021 esta fue presentada en forma
extemporánea.
2) Precisado el argumento de oposición al caso concreto, se advierte que el
fundamento con el que sustentó la excepción la entidad demandada no responde
a la realidad con la que se adelantó el proceso, en forma previa a la admisión de
la demanda, pues, el medio de control judicial fue radicado mediante el envío de
mensaje de datos a la dirección electrónica del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 2 de septiembre de 2021 (documento no. 5 – expediente digital),
esto es, antes de que fenecieran los cuatro (4) meses de que trata el literal d) del
artículo 164 del CPACA.
3) En efecto, la demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, órgano judicial que por auto de 5 de noviembre de 2021 declaró
la falta de competencia y remitió el proceso al Consejo de Estado (documento
no. 8 – expediente digital), corporación que finalmente por auto del 25 de febrero
de 2022 admitió la demanda (índice no. 4 SAMAI).
4) Por consiguiente, este medio exceptivo deberá denegarse por no encontrarse
probados los supuestos fácticos y jurídicos que lo sustentan.
Definida la procedibilidad formal del medio de control jurisdiccional ejercido con
la demanda en el asunto de la referencia corresponde ahora determinar el mérito
de los cargos de nulidad propuestos por la parte actora del proceso.
2.3 Hechos probados
Analizadas las pruebas que obran en el proceso se encuentran probados los
siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión de la controversia
objeto de juzgamiento:
1) El 25 de febrero de 2010, el señor José Gabriel Castañeda presentó ante la
unidad de delegación minera de la Gobernación de Caldas, una petición de
formalización de minería tradicional para la exploración y explotación de un
yacimiento de material de construcción (arena y grava de río), situado en el cauce
16
Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
del río Risaralda, entre los municipios de Viterbo y Belalcázar de Departamento
de Caldas, identificada con el número de radicación LH-0329-17 (documento no.
1.1.12 – carpeta no. 2 pruebas - índice no. 2 SAMAI).
2) Por auto no. 7098 de 26 de septiembre de 2011 la Gobernación de Caldas
requirió al titular de la petición de formalización para que en el término de diez
(10) días presentara la documentación exigida en los artículos 4 y 5 del Decreto
2715 de 28 de julio de 2010 (documento no. 1-53-55 – ibidem).
3) El 14 de octubre de 2011, la apoderada del titular de la referida petición de
formalización con radicación no. LH-0329-17 en cumplimiento del requerimiento
realizado aportó constancia de pago por concepto de regalías y demás
documentos indispensables para el trámite administrativo (documentos números
1-56-57 y 1-58 – carpeta no. 2 pruebas - índice no. 2 SAMAI).
4) El 21 de diciembre de 2011, la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Caldas
a través de la comunicación identificada con el no. SJ 3838 remitió al secretario
de gobierno y a la unidad de delegación minera de la misma gobernación un
concepto de viabilidad jurídica al proyecto de resolución minera “por medio de la
cual se rechaza la solicitud de legalización, radicada internamente por esta
delegada con el no. LH-0329-17” (documentos números 1-61 y 1-124-13712
ibidem).
5) El 15 de septiembre de 2010 la Corporación Autónoma Regional de Caldas
(Corpocaldas) emitió el informe técnico no. 500-13 por los presuntos impactos
ambientales asociados a explotación de materiales de arrastre ocasionados por
el señor José Gabriel Castañeda titular de la petición de formalización de minería
tradicional no. LH-0329-17, documento en el que se formularon las siguientes
recomendaciones:
“Solicitar la suspensión de la explotación mecanizada de materiales de
arrastre efectuada por el señor José Gabriel Castañeda en el río
12 En el texto del proyecto de resolución se advierte que la decisión se fundamentó en la evidencia
de la existencia de explotación mecanizada de materiales de arrastre efectuada por el titular de
la petición en el río Risaralda y “por tratarse de un frente nuevo de explotación en el cual no se
siguen los parámetros técnicos minero – ambientales y por consiguiente se están generando
impactos sobre los recursos naturales y el medio ambiente” (fl. 5 del documento no. 1-124-137
de la carpeta no. 2 pruebas – índice no. 2 SAMAI).
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
Risaralda, por tratarse de un frente nuevo de explotación en el cual no
se siguen parámetros técnicos minero – ambientales, y por
consiguiente se están generando impactos sobre los recursos
naturales t el medio ambiente.
Solicitar al señor José Gabriel Castañeda la restauración de la franja
forestal en el área intervenida para conformar un nuevo acceso al
cauce del río Risaralda (…).
Solicitar al señor José Gabriel Castañeda el abstenerse de intervenir la
franja forestal protectora del río Risaralda durante el desarrollo de la
actividad de explotación manual de materiales de arrastre (…).” (fl. 5
documento no. 1-119-123 – carpeta no. 2 pruebas - índice no. 2
SAMAI).
6) El 7 de octubre de 2011 la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de
Caldas practicó visita al área de ejecución de la petición de formalización no. LH-
0329-17 a nombre del señor José Gabriel Castañeda, oportunidad en la que
concluyó que en el área se realizaba explotación mecanizada con
retroexcavadora, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1450 de
2011, por lo que se calificó como explotación ilegal, debido a que en el área solo
se podía realizar explotación tipo manual (documento no. 1-146-150 ibidem).
7) El 25 de abril de 2012, la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caldas
por auto no. 105 ordenó la creación de la placa no. LPB.14101X en el sistema de
catastro minero, antes identificada con la radicación no. LH-0329-17 (documento
no. 1-156 – carpeta no. 2 pruebas - índice no. 2 SAMAI).
8) El 20 de mayo de 2013, el grupo técnico de contratación y evaluación técnica
de solicitud de legalización de minería tradicional de la delegación minera de
Caldas identificó superposiciones en el área objeto de la petición no. LPB-
14101X, como se observa en el siguiente cuadro:
“(…).
MATERIAL (ES) / SUPERPOSICIÓN
CAPA EXPEDIENTE/NOMBRE
DESCRIPCIÓN (%)
583-17; Cod. RMN: HCMK-01 MATERIALES DE 40,0397
CONSTRUCCIÓN
TÍTULOS
645-17; Cod. RMN: 645-17 MATERIALES DE 59,5273
CONSTRUCCIÓN
PAISAJE CULTURAL
CAFETERO
• - ÁREA DE
PAISAJE CULTURAL
ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO
CAFETERO – ÁREA DE 35,917
RESTRICCIÓN - - RESOLUCIÓN 2962
AMORTIGUAMIENTO
DE 2012 –
MINISTERIO DE
CULTURA (…).
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
(…).” (fl. 73 documento no. 2 – ibidem).
Adicionalmente, en el referido auto se dispuso que “[u]na vez realizada la
evaluación técnica de la solicitud de legalización de minería tradicional (artículo
12 Ley 13382 de 2010) LPB-14101X, se remite al área jurídica para lo de su
competencia. La presente evaluación técnica producirá algún efecto, una vez
debidamente acogida por el área jurídica de esta Unidad, mediante acto
administrativo” (fl. 78 documento no. 2 - – carpeta no. 2 pruebas - índice no. 2
SAMAI).
9) El 16 de septiembre de 2013, a través del auto no. 000007 la ANM avocó
conocimiento, entre otros, del expediente contentivo de la solicitud LPB-14101X
(documento no. 2-79-96 ibidem).
10) El 7 de noviembre de 2013, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación
del Grupo de Legalización Minera de la ANM determinó que como la petición de
formulación minera no. LPB-14101X había sido radicada en vigencia del artículo
12 de la Ley 1382 de 2010, declarada inexequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-336 del 11 de mayo de 2013, situación por la que se profirió el
Decreto 0933 de 2013 mediante el cual se estableció el marco normativo para
adelantar el estudio y resolver este tipo de solicitudes, se hizo necesario
reevaluar técnicamente la petición a la luz de la nueva normatividad vigente,
ejercicio que concluyó lo siguiente:
“Teniendo en cuenta que la solicitud de formalización de minería
tradicional LBP-14101X No Cumple con lo establecido en los Articulo
6 y 7 de¡ Decreto 0933 de 2013; se considera que es necesario requerir
al interesado en dicha solicitud para que subsane las deficiencias
referenciadas en los numerales 2.9, 3.3 del presente concepto técnico,
además muestre los frentes de explotación activos e inactivos, los años
en los cuales ha venido ejecutando las actividades mineras y adicione
documentos técnicos que muestren el ejercicio de dicha actividad
desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001 en relación con la
solicitud en estudio.” (fl. 111 documento no. 2 – carpeta no. 2 pruebas
• índice no. 2 SAMAI – negrillas del original).
11) El 18 de noviembre de 2013 la Vicepresidencia de Contratación y Titulación
del Grupo de Legalización Minera de la ANM determinó que se evidenciaba la
acreditación de los trabajos mineros en el especto comercial y tradicionalidad; no
obstante, que el interesado debía subsanar las deficiencias del plano según lo
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
dispuesto en el artículo 6, numeral 2 del Decreto 0933 de 2013 (fls. 112 a 117
ibidem).
12) El 18 de noviembre de 2013, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación
del Grupo de Legalización Minera de la ANM a través de auto no. GLM 384
requirió al señor José Gabriel Castañeda, titular de la petición no. LPB-14101X,
para que en un término no mayor a un (1) mes allegara el plano de delimitación
del polígono conforme a las exigencias del artículo 6, numeral 2 del Decreto 0933
de 2013 (fls. 119 a 127 documento no. 2 – carpeta no. 2 pruebas – índice no. 2
SAMAI)13.
13) El 2 de mayo de 2014, el titular de la petición de formalización de minería
tradicional dio cumplimiento al referido requerimiento documental y aportó
formularios de declaración de pago de regalías y el plano de delimitación del
polígono conforme las exigencias establecidas en el artículo 6, numeral 2 del
Decreto 0933 de 2013 (fls. 132 y 133 ibidem).
14) El 9 de julio de 2014, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación del
Grupo de Legalización Minera de la ANM constató el titular de la petición no. LBP-
14101X subsanó parcialmente el requerimiento, “toda vez que no allegó los
formularios para declaración de producción y liquidación de regalías con sus
respectivos recibos de pago” (fls. 144 y 145 documento no. 2 – carpeta no. 2
pruebas – índice no. 2 SAMAI).
15) El 24 de agosto de 2015 la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de
la ANM mediante la Resolución no. 001811 negó las oposiciones presentadas en
contra del trámite administrativo de formalización de minería tradicional no. LBP-
14101X (fls. 158 a 166 ibidem).
16) El 11 de septiembre de 2015, la ANM hizo una revisión de la totalidad de los
trámites administrativos adelantados a nombre del señor José Gabriel
Castañeda, de lo cual se extrae especialmente lo siguiente:
13 El auto no. GLM 384 de la ANM fue notificado por estado, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 269 del Código de Minas (fl. 129 documento no. 2 – índice no. 2 SAMAI).
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
a) El señor José Gabriel Castañeda el 8 de septiembre de 2004 presentó una
solicitud de formalización de minería tradicional con radicación no. LH0191-17
para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción ubicado en
jurisdicción de los municipios de Belalcázar y Viterbo del Departamento de
Caldas, trámite que culminó con el rechazo y archivo de la petición, en atención
a que al momento de realizar “la evaluación técnica de fecha 5 de octubre de
2010 y efectuar los recortes de área pertinentes de acuerdo a lo contemplado en
la normativa minera a la solicitud no le quedaba área libre de ser otorgada” (fl. 1
documento no. 1-234-235 – carpeta no. 2 pruebas – índice no. 2 SAMAI).
b) Posteriormente, el 25 de febrero de 2010 el señor José Gabriel Castañeda
presentó una petición de formalización de minería tradicional la cual fue
registrada con el número de radicación LPB-14101X, trámite en el que se
rechazaron las oposiciones presentadas a través de la Resolución no. 001811 de
14 de agosto de 2015 (fl. 2 ibidem).
17) El 1° de febrero de 2016, la Coordinación de Legalización Minera emitió
evaluación jurídica a la petición de formalización de minería tradicional no. LPB-
14101X, concepto en el que concluyó lo siguiente:
“Evaluada la documentación allegada por el interesado en la solicitud
de formalización de minería tradicional no. LPB-14101X, se concluye
que esta CUMPLE con lo establecido en el artículo 2.2.5.4.1.1.1.2
literal a) del Decreto 1073 de 2015, en el aspecto comercial, toda vez
que se acredita el ejercicio de la actividad minera desde antes de la
vigencia de la Ley 685 de 2001.
Adicional a lo anterior, en Evaluación técnica del 9 de julio de 2014,
se consideró que el plano de delimitación aportado por el interesado
cumple con los requisitos exigidos. Por lo tanto, es procedente
continuar con el trámite, ordenando mediante acto administrativo la
VISITA DE VIABILIZACIÓN.
EL PRESENTE CONCEPTO JURÍDICO PRODUCIRÁ LOS
EFECTOS MENCIONADOS, HASTA TANTO SEA DEBIDAMENTE
ACOGIDO POR MEDIO DE ACTO ADMINISTRATIVO.” (documento
no. 1-254-259 – carpeta no. 2 pruebas – índice no. 2 SAMAI –
mayúsculas fijas y negrillas del original).
18) El 15 de febrero de 2016, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de
la ANM a través de auto no. GLM00129 ordenó “la visita de viabilización conforme
a lo establecido en el artículo 2.2.5.4.1.1.1.6 del Decreto 1073 de 2015, al sitio
donde se desarrollar la explotación de la Solicitud de Formalización de Minería
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
Tradicional no. LBP-14101X” (fls. 185 a 190 documento no. 2 – carpeta no. 2
pruebas – índice no. 2 SAMAI).
19) En cumplimiento del referido auto no. GLM00129, a través de comunicación
del 14 de abril de 2016 con radicación no. ANM 201620110128711 el coordinador
del grupo de legalización minera de la ANM informó al particular titular de la
petición no. LBP-14101X, por intermedio de su apoderada, que la visita de
viabilización se programó para el 12 de mayo de 2016 (fls. 181 a 184 ibidem).
20) El 27 de julio de 2017, el vicepresidente de contratación y titulación minera
de la ANM por oficio con radicación no. 20172110200851 informó al titular de la
petición de formalización de minería tradicional no. LBP-14101X que con ocasión
de la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0933 de 2013 decretada
por parte del Consejo de Estado, las solicitudes “ya no cuentan con prerrogativa
de explotación que otorgaba la norma para estas solicitudes de formalización, por
tal motivo hasta tanto no se decida sobre la misma, no se podrán desarrollar
actividades de explotación sobre las áreas objeto de formalización, so pena de
las sanciones previstas en la Ley penal por explotación ilícita de yacimiento
minero” (fls. 194 y 195 documento no. 2 – carpeta no. 2 pruebas – índice no. 2
SAMAI).14
21) El 31 de agosto de 2017, el vicepresidente de contratación y titulación minera
de la ANM mediante comunicación con radicación no. 20172110245021 dirigida
al alcalde municipal de Belalcázar (Caldas) le solicitó la remisión del mapa del
municipio con información de la petición de formalización de minería tradicional
no. LBP-14101X, y le informó que en atención a la suspensión del Decreto 0933
de 2013 ordenada por el Consejo de Estado los trámites administrativo de
formalización se encontraban suspendidos, razón por la cual “en el evento de que
dentro del área de las solicitudes de formalización de minería tradicional se
encuentren realizando actividades de explotación, el Alcalde, como primera
autoridad del municipio deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 159, 160, 161 y 306 de la Ley 685 de 2001”. (fl. 4 documento no. 2-201-
203 – índice no. 2 SAMAI).
14 Auto de 20 de abril de 2016 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente con
radicación no. 11001-03-26-000-2014-00156-00.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
22) El 19 de febrero de 2020, la Coordinación de Legalización Minera emitió
concepto jurídico a la petición de formalización de minería tradicional no. LBP-
14101X, documento en el que recomendó proceder a la programación de la visita
de verificación al área objeto de la petición (documento no. 2-289-293 – índice
no. 2 SAMAI).
23) El 16 de julio de 2020 el Grupo de Formalización Minera de la ANM emitió
concepto técnico a la solicitud de formalización de minería tradicional no. LPB-
14101X, en el que señaló que “una vez correlacionada esta información con las
imágenes satelitales para la LBP-14101X se observa que hay cambios en la
cobertura vegetal asociado a presencia de posible actividad minera por fuera del
área susceptible. Se determina que la declaración y pago de regalías allegadas
relacionan una posible actividad minera desarrollada fuera del área de la solicitud
LBP- 14101X, por lo que no se puede determinar la presencia de posible actividad
mineral en el área de interés. (…).” (fl. 11 documento no. 3 – índice no. 2 SAMAI).
24) El 27 de agosto de 2020, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación
Minera de la ANM mediante la Resolución no. VCT-001002 dio por terminada la
solicitud de formalización de minería tradicional no. LPB-14101X por cuanto se
identificó que había actividad minera por fuera del área objeto de la referida
petición, razón por la cual no se avaló técnicamente (documento no. 3-9-11 –
carpeta no. 2 pruebas – índice no. 2 SAMAI).
25) El 7 de mayo de 2021, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera
de la ANM a través de la Resolución no. VCT-000343 resolvió el recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución no. VCT 001002 en el sentido
de confirmar en su integridad la decisión recurrida (documento no. 3-29-64 –
carpeta no. 2 pruebas – índice no. 2 SAMAI).
En ese contexto, según lo acreditado en el expediente procede la Sala a resolver
el problema jurídico consistente en determinar si con las pruebas que conforman
el expediente está acreditada la violación del derecho del debido proceso de la
parte actora y, en consecuencia, establecer si resulta procedente retrotraer el
proceso hasta antes de la migración de la petición de formalización minera
tradicional, realizar la visita de viabilización y continuar con el trámite
administrativo.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
De acuerdo con lo probado en el proceso, procede entonces la Sala a resolver el
fondo de la controversia propuesto con base en las consideraciones que se
detallan a continuación.
2.4 Vulneración de la confianza legítima
1) La parte demandante sostiene que la autoridad minera con la expedición de
las resoluciones demandadas desconoció lo establecido en el auto GLM00129
de 1° de febrero de 2016 mediante el cual la ANM determinó viable la petición y
ordenó realizar la visita técnica al área objeto de la solicitud de minería tradicional
no. LPB-14101X, decisiones que resultan anulables por resultar violatorias de lo
dispuesto en el artículo 2.2.5.4.1.1.1.5 del Decreto 1073 de 2015.
2) A su turno, la Agencia Nacional de Minería (ANM) manifestó que, una vez
correlacionada la información con las imágenes satelitales accesibles mediante
la herramienta “PlanetScope y SecureWatch”, se observó que habían cambios
en la cobertura vegetal asociado a la actividad minera por fuera del área objeto
de la petición no. LBP-14101X.
3) En este primer escenario advierte la Sala que no es de recibo la
fundamentación del cargo de nulidad en la supuesta violación de lo previsto en
el artículo 2.2.5.4.1.1.1.5 del Decreto 1073 de 2015, en la medida en que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, este cuerpo
normativo rige a partir de su publicación la cual tuvo lugar el 25 de mayo de 2019
a través del Diario Oficial no. 50964 y, al propio tiempo, derogó todas las
disposiciones que le sean contrarias.
4) Con la promulgación de la Ley 1955 de 2019 se dispuso que i) la
implementación del sistema de cuadrícula se llevaría a cabo de acuerdo con los
lineamientos que definiera la autoridad minera nacional, con indicación de que
todas las solicitudes y propuestas en curso se evaluarían con base en este
sistema15 y, ii) las solicitudes de formalización de minería tradicional presentadas
15 “ARTÍCULO 24. SISTEMA DE CUADRÍCULA EN LA TITULACIÓN MINERA. La
implementación del sistema de cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de
información geoespacial vigentes y los lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera
nacional. // Todas las solicitudes y propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la
fecha de promulgación de dicha ley se encontraran vigentes y en área libre
continuarían su trámite16.
5) En atención a lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 la ANM
expidió la Resolución no. 505 de 2 de agosto de 201917 en la que se adoptaron
los lineamientos técnicos para la evaluación de los trámites y solicitudes mineras
a partir del «sistema de cuadrícula minera», contenidos en el documento
denominado «Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes
Mineras a Partir del Sistema de Cuadrícula Minera y Metodología para la
Migración de los Títulos Mineros al Sistema de Cuadrícula» y, al propio tiempo,
i) definió como área mínima para el otorgamiento de un título minero la
correspondiente a una celda de la cuadrícula minera de que trata la Resolución
no. 504 de 2018 proferida esta misma entidad y, ii) estableció el 31 de octubre
de 2019 como fecha límite para la transformación y evaluación de las propuestas
de contratos de concesión y solicitudes mineras en trámite con base en el sistema
de cuadrícula minera.
6) De otro lado, la parte actora reprocha de la actuación administrativa adelantada
por la ANM el hecho de que hubiera, en su criterio, desatendido lo establecido y
ordenado por ella misma en el auto GLM00126 de 1° de febrero de 2016
mediante el cual determinó viable la petición de formalización de minería
minera implementado por la autoridad minera nacional. Por lo anterior no se permitirá la
superposición de propuestas sobre una misma celda, con excepción de las concesiones
concurrentes. Se entiende por celda el cuadro definido por la autoridad minera nacional como
una unidad de medida para la delimitación del área de las solicitudes y contratos de concesión
minera. // Los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación del sistema
de cuadrícula o el que haga sus veces, migrará a este sistema manteniendo las condiciones y
coordenadas en las fueron otorgados, para lo cual se atenderá la metodología que para el efecto
establezca la autoridad minera nacional”.
16 “ARTÍCULO 325. TRÁMITE SOLICITUDES DE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA
TRADICIONAL. Las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de
formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera
competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre,
continuarán su trámite con el fin de verificar la viabilidad técnica del desarrollo del proyecto minero
de pequeña minería. Si la solicitud no se encuentra en área libre esta se rechazará salvo lo
dispuesto en el inciso tercero del presente artículo. En caso de que la superposición sea parcial
se procederá a los recortes respectivos. La autoridad minera resolverá estas solicitudes en el
término de un (1) año contado a partir de la viabilidad técnica de la solicitud”.
17 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para la migración de los títulos mineros y demás
capas cartográficas al sistema de cuadrícula, se establece la metodología para la evaluación de
los trámites y solicitudes mineras en cuadrícula y se implementa el periodo de transición para la
puesta en producción del Sistema Integral de Gestión Minera”.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
tradicional y ordenó realizar la visita técnica al área objeto de la solicitud de
minería tradicional no. LPB-14101X
7) No obstante lo anterior, la ANM el 16 de julio de 2020 a través del informe GLM
no. 0452 emitido con el objeto de “[v]erificar la existencia del desarrollo de una
actividad minera en el área del polígono de la solicitud susceptible a formalizar a
través de imágenes de sensores remotos obtenidas de las plataformas
PlanetScope y SecureWatch y soportadas en la documentación que registra en
el Sistema de Gestión Documental de la entidad que permitan determinar la
viabilidad técnica del proceso de formalización en los términos del artículo 325
de la Ley 1955 de 2019” (fl. 2 documento no. 3 – carpeta no. 2 pruebas – índice
no. 2 SAMAI), concluyó que no era viable técnicamente continuar con el trámite
de formalización.
8) La ANM en la Resolución no. VCT 001002 de 27 de agosto de 2020 determinó
que, en virtud de los dispuesto en el artículo 3 (numeral 13) de la Ley 1437 de
2011 y en el artículo 5 de la Ley 1978 de 2019, para el desarrollo de su objeto
cuenta “con los aplicativos PlanetScope y SecureWatch, herramientas estas que
proveen el acceso a imágenes satelitales de resolución espacial que permiten
ver en gran detalle la superficie terrestre que comprende el territorio colombiano”
(fl. 2 documento no. 3-911 ibidem).
9) Con apoyo en las herramientas tecnológicas referidas la ANM pudo constatar
“que durante el periodo analizado no se observan cambios en la superficie que
se puedan asociar a remoción de las coberturas vegetales, o a una posible
actividad minera y teniendo en cuenta que aunque existe documentación en el
sistema de gestión documental (formularios de declaración de regalías), las
actividades e realizan por fuera de área de la solicitud , por lo que se determina
que NO ES TÉCNICAMENTE VIABLE continuar con el proceso de la solicitud de
formalización minera.” (fl. 8 documento no. 3 – carpeta no. 2 pruebas – índice no.
2 SAMAI).
10) Por lo tanto, en el contexto en el que se desarrolló el ejercicio de verificación
del área objeto de la petición de formalización de minería tradicional no. LBP-
14101X, para la Sala es claro que se trata de una metodología mediante la cual
se optimizan los recursos públicos y se garantiza el cumplimiento de los principios
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
administrativos, tales como la eficiencia, economía y celeridad, en los términos
del artículo 3 de la Ley 1437 de 201118.
11) En ese sentido, contrario a lo alegado y pretendido por la parte actora, la
ANM con la expedición de las resoluciones demandadas no desconoció lo
determinado por ella misma en el auto GLM00126 de 1° de febrero de 2016
puesto que, si bien no se llevó a cabo la visita in situ al área objeto de la petición
de formalización de minería tradicional, lo cierto es que, el resultado de ella se
obtuvo a través de la implementación y uso de tecnologías de la información; es
decir, de manera idónea y técnica se logró la verificación de la existencia de
actividad por fuera del área objeto de la petición de formalización objeto de
análisis.
12) Por consiguiente, en los precisos términos en que la parte actora fundamentó
el presente cargo de nulidad para la Sala no es posible acceder a su declaración
por cuanto carece de respaldo fáctico y jurídico válido.
2.5 Excepción de inconstitucionalidad
1) La parte demandante sostiene que la decisión adoptada por la ANM en las
resoluciones demandadas desconoce la protección del derecho constitucional
fundamental a la igualdad enmarcado en el deber de valorar las condiciones
artesanales (con balde, pala y canoa) que utilizaba para su labor de extracción
de material de construcción (arena y grava de río) y, en segundo término, porque
18 “ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las
leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. (…).
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y
sin dilaciones injustificadas.”.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.5.4.1.1.1.5 del Decreto 1073 de
2015 Reglamentario del sector Minas y Energía se creó una situación jurídica
consolidada para quienes para esa época tenían una solicitud de formalización
de minería tradicional y cumplían con los requisitos propios de ley, aunado al
hecho de que la ANM a través del auto GLM00129 de febrero de 2016 ya había
determinado el área sobre el cual debía realizarse la visita correspondiente.
2) En oposición a la demanda, la entidad demandada sostiene que el ejercicio de
radicación de la petición de formalización de minería tradicional solo otorga al
peticionario una mera expectativa, pues, para que sean consolidados los
derechos debe suscribirse el correspondiente contrato de concesión minera.
3) En la misma línea de decisión adoptada para resolver el cargo denominado
“vulneración a la confianza legítima”, insiste la Sala en que no es jurídicamente
atendible la fundamentación del cargo de nulidad en la supuesta violación de lo
previsto en el artículo 2.2.5.4.1.1.1.5 del Decreto 1073 de 2015, en la medida en
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, este
cuerpo normativo rige a partir de su publicación la cual tuvo lugar el 25 de mayo
de 2019 a través del Diario Oficial no. 50964 y al propio tiempo, derogó todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Adicionalmente, se reitera la conclusión a la que se llegó con la solución del
mencionado reproche de nulidad nominado “vulneración a la confianza legítima”,
por el hecho de que la ANM haya atendido la verificación del área mediante la
aplicación de herramientas tecnologías en lugar de que funcionarios de la entidad
se desplazaran hasta el lugar del área objeto de la petición no conlleva a su
nulidad, como erróneamente lo pretende la parte actora.
4) El derecho a la igualdad esta previsto en el artículo 13 de la Constitución
Política, en los términos que se trascriben a continuación:
“ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.” (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
5) Argumenta la parte actora que las decisiones adoptadas por la ANM con la
expedición de las resoluciones demandadas violan el derecho fundamental a la
igualdad, porque, en su criterio, no se valoraron las condiciones artesanales con
las que el actor adelantaba la labora de extracción de material de construcción.
Al respecto, es necesario precisar lo siguiente:
a) En relación con el derecho y principio de igualdad, la Corte Constitucional con
ocasión de decidir sobre la exequibilidad del artículo 320 parcial de la Ley 685 de
200119 puso de presente que, si bien el artículo 13 de la Constitución Política
propende por la igualdad ante la ley de todas las personas, lo cierto es que,
distinguir las diferentes situaciones que permite el legislador no implica
necesariamente que la actuación sea arbitraria20.
b) Desde otra perspectiva, en los términos definidos por la Corte Constitucional,
la igualdad “tiene una naturaleza triple, pues se considera de manera simultánea
como valor, principio y derecho fundamental. El principal rasgo es su carácter
relacional. El artículo 13 de la Carta consagró la igualdad y estableció los
mandatos que lo componen, los cuales se sintetizan como el deber de igual trato
a situaciones idénticas y diferenciado ante circunstancias que no son asimilables,
la prohibición de cualquier consideración discriminatoria y finalmente, la
responsabilidad de adoptar acciones positivas que permitan alcanzar la igualdad
material, especialmente en grupos marginados y en situación de debilidad
manifiesta”21.
19 “ARTÍCULO 320. DELEGACIÓN EXTERNA. La autoridad minera, previa reglamentación, podrá
delegar en forma permanente, temporal u ocasional, sus funciones de tramitación y celebración
de los contratos de concesión, así como la vigilancia y control de su ejecución, en los
gobernadores de departamento y en los alcaldes de ciudades capitales de departamento.".
20 Sentencia C-036 de 25 de enero de 2005, MP Humberto Antonio Sierra Porto.
21 Sentencia C-084 de 27 de febrero de 2020, MP Glora Stella Ortíz Delgado.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
c) En el presente asunto, la ANM arribó a la conclusión de la inviabilidad técnica
de la petición de formalización de minería tradicional con fundamento en la
verificación del área mediante la implementación y uso de tecnologías de la
información, sin que en modo alguno las herramientas y desarrollo de la actividad
adelantada por parte del titular de la referida petición de formalización fuera
determinante, pues, su imposibilidad de continuación obedeció a que de encontró
actividad por fuera del área delimitada con la petición de formalización no. LBP-
14101X.
d) Ahora bien, en relación con la creación de una situación jurídica consolidada,
es menester precisar que el concepto de derecho adquirido corresponde a
aquella situación de carácter subjetivo predicable respecto de una persona
natural o jurídica que, de conformidad con la normatividad que regula la materia,
se encuentra perfectamente definida o consolidada; en cambio, la mera
expectativa es aquella situación subjetiva que se busca o espera obtener, pero
que aún se encuentra en trámite o que apenas se tiene proyectada, vale decir,
que no ha alcanzado a perfeccionarse, es decir, que no es parte o no ha
ingresado como derecho al patrimonio de la persona.
e) Para este caso concreto, la sola presentación de la petición de formalización
de minería tradicional no. LBP-14101X de 25 de febrero de 2010 no generó una
situación jurídica consolidada en favor del demandante, dado que esta no
confiere, ni necesaria y menos automáticamente, el derecho a la celebración del
contrato ni la obtención de los derechos subjetivos propios del título minero sobre
el área objeto de la referida petición.
f) En suma, la radicación de la petición de formalización de minería tradicional
únicamente confiere al particular interesado un derecho de prelación o
preferencia para celebrar el contrato de concesión en atención a lo preceptuado
en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001.
g) Para tal efecto, el señalado contrato debe haberse redactado en idioma
castellano, ser suscrito por las partes y encontrarse debidamente inscrito en el
Registro Minero Nacional, entendido este último requisito como ad substantiam
actus, pues, como lo ha sostenido esta corporación, no solo corresponde a un
instrumento de publicidad que fija la oponibilidad del negocio jurídico frente a
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
terceros, sino que, igualmente es un elemento sustantivo que determina la
existencia misma del contrato22.
h) De acuerdo con lo anterior, este preciso cargo de nulidad tampoco tiene
vocación de prosperidad por orfandad probatoria respecto de la acusación de
nulidad elevada con la demanda.
2.6 Violación del principio de legalidad
1) Según la parte actora, las resoluciones acusadas de nulidad fueron expedidas
con base en un informe técnico que no siguió los parámetros previstos en el
Decreto 1073 de 2015 para el trámite de las solicitudes de formalización minera,
no se decretaron y practicaron las pruebas pertinentes y la visita al área de
explotación se realizó de manera virtual en contravía de lo dispuesto en la
normatividad en la materia y el informe técnico fue rendido por la misma entidad.
2) Por su parte, la ANM adujo en el escrito de contestación de la demanda que
mediante auto de 1 de febrero de 2016 se concluyó que la petición de
formalización de minería tradicional no. LBP-14101X cumplía con los requisitos
exigidos; no obstante, que con posterioridad a la obtención de las imágenes
satelitales se logró corroborar que la petición no era técnicamente viable, toda
vez que se había encontrado que la actividad minera desarrollada por el
peticionario estaba fuera del área objeto de la solicitud.
3) En este preciso punto de la controversia advierte la Sala que el cargo de
nulidad solo incorpora dos elementos diferentes a lo ya determinado en esta
providencia y, consistentes precisamente en el hecho de que, en su criterio, no
se decretaron y practicaron las pruebas pertinentes y que el informe fue rendido
por la misma entidad.
4) En relación con el argumento que propone como fundamento del cargo de
nulidad, esto es, la supuesta violación del Decreto 1073 de 2015 reitera la Sala
que no es posible pronunciarse sobre el particular en la medida en que el
22 Al respecto puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, de 25 de octubre de 2024, en el expediente con radicación no. 2021-00071-00
(66.795), MP José Roberto Sáchica Méndez.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
procedimiento adelantado con ocasión de la petición de formalización de minería
tradicional no. LBP-14101X de 25 de febrero de 2010, se desarrolló y decidió con
fundamento en la Ley 1955 de 2019, por el hecho de que con la entrada en
vigencia de este cuerpo normativo se derogaron todas las disposiciones que le
eran contrarias, entre ellas, el Decreto 1073 de 2015.
5) De otra parte, como se determinó en la solución del ya examinado cargo de
nulidad nominado “vulneración a la confianza legítima”, el hecho de que la ANM
haya atendido la verificación del área mediante la aplicación de herramientas
tecnologías en lugar de que funcionarios de la entidad se desplazaran hasta el
lugar del área objeto de la petición no implica que la decisión resulte contraria a
la normatividad que rige la materia, pues, precisamente “el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones , a efectos de que los procedimientos se
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas” constituye un mandato derivado del numeral 13 del artículo 3 de la
Ley 1437 de 2001, en virtud del desarrollo del principio de celeridad.
6) Al respecto, es preciso recordar el contenido del artículo 325 de la Ley 1955
de 2019, cuyo contenido es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO 325. TRÁMITE SOLICITUDES DE FORMALIZACIÓN
DE MINERÍA TRADICIONAL. Las personas naturales, grupos o
asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería
tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera
competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran
vigentes y en área libre, continuarán su trámite con el fin de verificar la
viabilidad técnica del desarrollo del proyecto minero de pequeña
minería. Si la solicitud no se encuentra en área libre esta se rechazará
salvo lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo. En caso de
que la superposición sea parcial se procederá a los recortes
respectivos. La autoridad minera resolverá estas solicitudes en el
término de un (1) año contado a partir de la viabilidad técnica de la
solicitud.
Una vez verificada la viabilidad de la solicitud, la autoridad minera
requerirá al solicitante para que presente en un plazo máximo de cuatro
(4) meses el Programa de Trabajos y Obras (PTO) a ejecutar y la
licencia ambiental temporal para la formalización en los términos del
artículo 22 de esta ley, so pena de entender desistido el trámite de
formalización. En caso de que se formulen objeciones al PTO y estas
no sean subsanadas se procederá al rechazo de la solicitud. Una vez
aprobado el PTO y el Plan Manejo Ambiental (PMA) o licencia
ambiental temporal se procederá con la suscripción del contrato de
concesión.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
En el evento en que las solicitudes de formalización de minería
tradicional se hayan presentado en un área ocupada totalmente por un
título minero y se encuentre vigente a la fecha de promulgación de la
presente ley, la autoridad minera procederá a realizar un proceso de
mediación entre las partes. De negarse el titular minero a la mediación
o de no lograrse un acuerdo entre las partes, se procederá por parte
de la autoridad minera al rechazo de la solicitud de formalización.
A partir de la promulgación de esta ley y mientras no se resuelva de
fondo el trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional
no habrá lugar a la aplicación de las medidas previstas en los
artículos 161 y 306 de la Ley 685 de 2001, ni a proseguir las acciones
penales señaladas en los artículos 159 y 160 de esta misma ley, sin
perjuicio de la aplicación de las medidas preventivas y sancionatorias
de carácter ambiental, así como las relacionadas con la seguridad
minera.” (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
7) En los términos del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 trascrito para la Sala
es claro que, verificada la existencia de área libre en el área objeto de la petición
de formalización de minería tradicional no. LBP-14101X, lo que a continuación
debe adoptar la autoridad minera es, precisamente, “continuar [el] trámite con el
fin de verificar la viabilidad técnica del desarrollo del proyecto minero”.
8) En ese sentido, lo correcto fue adelantar la verificación técnica para efectos de
continuar con el trámite de formalización, como en efecto sucedió en el presente
asunto, sin que en modo alguno la parte actora haya solicitado medio de prueba
distinto o complementario a los adelantados por la autoridad minera no resulta
de recibo su argumento de nulidad.
9) De igual manera, el hecho de que funcionarios de la entidad demandada
realizaran el informe técnico no conlleva a su invalidez, salvo que en la demanda
se hubiese argumentado y sustentado un error o infracción que conlleve a su
invalidez, lo cual no aconteció.
10) De acuerdo con lo anterior, este otro cuestionamiento de nulidad tampoco
tiene vocación de prosperidad y habrá de negarse.
2.7 Violación del derecho del debido proceso
1) La parte actora afirma que las resoluciones demandadas deben ser declaradas
nulas por cuanto la ANM con su expedición se infringió lo dispuesto en el artículo
29 constitucional, por el hecho de haber omitido las formalidades propias del
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Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
trámite de formalización de minería tradicional conforme lo dispuesto en los
artículos 2.2.5.4.1.1.1.6 y 2.2.5.4.1.1.1.7 del Decreto 1073 de 2015, pues, el
informe técnico no. GLM 452 de 202 en modo alguno fue llevado a cabo con el
conocimiento del titular de la petición, y por no haber dado cabida a las fases
probatorias en los términos de los artículos 169 a 174 del Código General del
Proceso, infracciones que conllevan a la nulidad del informe elaborado por los
profesionales de la ANM
2) Para efectos de una mejor compresión del punto objeto de debate, a
continuación se transcriben las normas con las que se sustenta el presente cargo
de nulidad:
• Artículo 29 de la Carta Política:
“ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de
la plenitud de las formas propias de cada juicio.” (mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).
• Artículos 169 a 174 del Código General del Proceso:
“ARTÍCULO 169. PRUEBA DE OFICIO YA PETICIÓN DE
PARTE. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de
oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos
relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para
decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos
aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal
de las partes.
Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso.
Los gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes, por
igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.
ARTÍCULO 170. DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBA DE
OFICIO. El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las
oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de
fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la
controversia.
Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de
las partes.
ARTÍCULO 171. JUEZ QUE DEBE PRACTICAR LAS PRUEBAS. El
juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiere
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Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
hacer por razón del territorio o por otras causas podrá hacerlo a través
de videoconferencia, teleconferencia o de cualquier otro medio de
comunicación que garantice la inmediación, concentración y
contradicción.
Excepcionalmente, podrá comisionar para la práctica de pruebas que
deban producirse fuera de la sede del juzgado y no sea posible emplear
los medios técnicos indicados en este artículo.
Es prohibido al juez comisionar para la práctica de pruebas que hayan
de producirse en el lugar de su sede, así como para la de inspecciones
dentro de su jurisdicción territorial.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia podrá comisionar cuando lo
estime conveniente.
Las pruebas practicadas en el exterior deberán ceñirse a los principios
generales contemplados en el presente código, sin perjuicio de lo
dispuesto en los tratados internacionales vigentes.
PARÁGRAFO. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura podrá autorizar a determinados jueces del circuito para
comisionar a jueces municipales para practicar la inspección judicial
que deba realizarse fuera de su sede, por razones de distancia,
condiciones geográficas o de orden público.
ARTÍCULO 172. PRUEBAS EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. El juez
o el comisionado, si lo cree conveniente y con conocimiento de las
partes, podrá practicar pruebas en días y horas inhábiles, y deberá
hacerlo así en casos urgentes o cuando aquellas lo soliciten de común
acuerdo.
ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean
apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades
señalados para ello en este código.
En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas
formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente
sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas
hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las
pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera
podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no
hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.
Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las
partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades
públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán
tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los
requisitos legales para su práctica y contradicción.
ARTÍCULO 174. PRUEBA TRASLADADA Y PRUEBA
EXTRAPROCESAL. Las pruebas practicadas válidamente en un
proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más
formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren
practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con
audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción
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Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a
las pruebas extraprocesales.
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la
definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante
quien se aduzcan.” (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
De las normas antes transcritas se advierte lo siguiente:
a) El debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
b) De otra parte, los artículos del CGP trascritos regulan el régimen de las
pruebas de oficio y su decreto; en estas normas, además, se determina que las
pruebas deben ceñirse al objeto del proceso, la carga de la prueba puede ser
distribuida por el juez según quién esté en mejor posición de aportarla y cualquier
medio probatorio deberá ser útil, pertinente y conducente para ser admitido en el
curso de un proceso judicial.
3) En ese contexto normativo, este otro motivo de cuestionamiento tampoco está
llamado a prosperar, por las siguientes razones:
a) Con el mismo sentido y fundamentación con el que se ha determinado en esta
providencia la inaplicación del Decreto 1073 de 2015, para el desarrollo de este
preciso cargo de apelación se reitera que el trámite de la petición de formalización
de minería tradicional no. LBP-14101X debió ser adelantado conforme lo
dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, como en efecto sucedió, en
la medida en que para el 10 de mayo de 2013 la petición no había sido resuelta.
b) De esta manera, el hecho de haberse dado aplicación a la Ley 1955 de 2019
y demás normas vigentes al momento de la adopción de la decisión
administrativa no. LBP-14101X no desconoció en modo alguno lo dispuesto en
el artículo 29 constitucional ni tampoco vicia las pruebas con las que se sustentó
la decisión adoptada en los actos administrativos demandados, toda vez que, al
momento de decidir la petición de formalización de minería tradicional con
radicación número LBP-14101X de 25 de febrero de 2010 no existía un derecho
adquirido en favor de la parte actora por efecto de la declaración de
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Actor: José Gabriel Castañeda
Nulidad y restablecimiento del derecho
inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 contenida en la sentencia C-366 de 2011
proferida por la Corte Constitucional, como se explica a continuación.
c) Para este caso concreto, la Sala advierte que no le asiste la razón a la parte
demandante en afirmar que para la determinación de los medios probatorios
conducentes al momento de la adopción de la decisión administrativa que le
compete a la autoridad minera debía dar aplicación a lo dispuesto en los artículos
169 a 174 del Código General del Proceso, por cuanto con ello se desconoce lo
previsto en los artículos 3 y 4 de la Ley 685 de 2001.
d) Es del caso precisar que la Ley 685 de 2001 es la ley especial en materia
minera, cuerpo normativo que regula en forma “completa, sistemática, armónica
y con el sentido de especialidad y de aplicación preferente” los asuntos mineros
de su competencia; en ese sentido, “[l]os requisitos, formalidades, documentos y
pruebas que señala expresamente este Código para la presentación, el trámite y
resolución de los negocios mineros en su trámite administrativo hasta obtener su
perfeccionamiento, serán los únicos exigibles a los interesados”.
e) En ese sentido, este otro reproche de nulidad tampoco está llamado a
prosperar y por tanto se denegará.
2.7 Indebida motivación del acto administrativo
1) En criterio de la parte actora del proceso de la referencia, las resoluciones
objeto de demanda se fundaron en hechos que no estuvieron debidamente
probados y las decisiones en ellas adoptadas no cumplieron con las formalidades
propias del procedimiento aplicable.
2) En relación con la ausencia de motivación esta corporación ha precisado que,
por regla general, “los actos administrativos deben revelar las razones de su
expedición, la fundamentación jurídica y la valoración fáctica que sustenta tales
decisiones, so pena de originar la causal de nulidad del acto por expedición
irregular”23, con la indicación de que “no hay falta de motivación del acto principal,
23 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 1º de junio de 2016, expediente no. 2012-00283-01 (21.702), MP Martha Teresa
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Actor: José Gabriel Castañeda
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cuando al menos en forma sumaria, se dan las razones o fundamentos de la
decisión, lo que debe resultar suficiente para que la demandante entienda el
punto de la controversia lo que permite incluso el examen contextual del
procedimiento administrativo previo al acto”24.
3) De igual forma, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la
causal de nulidad de ausencia de motivación difiere de la denominada falsa
motivación, en los siguientes términos:
“(…) una cosa es la falsa motivación y otra la falta de motivación:
la primera, es un evento sustancial, que atañe a la realidad fáctica
y jurídica del acto administrativo, y la segunda, es un aspecto
procedimental, formal, ya que ésta es la omisión en hacer
expresos o manifiestos en el acto administrativo los motivos del
mismo. La falsa motivación plantea para el juzgador un problema
probatorio, de confrontación de dos extremos, como son lo dicho en el
acto y la realidad fáctica atinente al mismo, con miras a comprobar la
veracidad; también plantea un juicio lógico de correspondencia entre la
realidad constatada y la consecuencia jurídica que se pretende
desprender de ella, cuando la primera resulta demostrada. De otro
lado, la falta de motivación le significa un problema de valoración
directa del cuerpo o contenido del acto sobre si se expresan o
indican razones para su expedición, y si lo dicho es suficiente
como para tenerse como motivación”25 (resalta la Sala).
4) En ese orden, es claro que cuando se alega la indebida motivación es
menester acreditar que el acto se fundamentó en hechos ajenos a la realidad o
que no guardan coherencia con la decisión a adoptar.
5) En relación con este preciso punto de análisis, la Sala enfatiza el hecho de
que, en modo alguno, se precisaron las normas, así como tampoco se indicaron
las razones por las cuales las Resoluciones números VCT 001002 de 2020 y VCT
Briceño de Valencia; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia de 6 de octubre de 2022, expediente no. 2019-00095-01 (26.323), MP Julio
Roberto Piza Rodríguez; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, auto de 24 de marzo de 2023, expediente no. 2020-00112-00, MP Roberto Augusto
Serrato Valdés y, iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 9 de noviembre de 2023, expediente no. 2018-00680-01 (27.761), MP Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 1º de
agosto de 2019, expediente no. 2013-00904-01 (21.826), MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 13 de
junio de 2013, expediente no. 2007-00169-01 (17.495), MP Martha Teresa Briceño de Valencia.
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Actor: José Gabriel Castañeda
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000343 de 2021 proferidas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) debían
anularse por cuenta de la supuesta indebida motivación.
6) Al respecto, el numeral 4 del artículo 162 del CPACA prevé que toda demanda
deberá indicar “[l]os fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se
trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas
violadas y explicarse el concepto de su violación.”.
7) Por consiguiente, como el escrito de la demanda omitió desarrollar el
fundamento y concepto con el que a juicio de la parte actora la ANM infringió el
ordenamiento jurídico con la expedición de las Resoluciones números VCT
001002 de 2020 y VCT 000343 de 2021 proferidas por la Agencia Nacional de
Minería (ANM), por el hecho de emitir, supuestamente, una decisión con indebida
motivación, la demanda que ocupa la atención de la Sala en este preciso aspecto
del cargo de nulidad propuesto es sustantivamente inepta.
8) Esta Corporación en otras decisiones ha precisado que el juez de legalidad no
puede complementar, variar ni suplir la demanda para interpretar o adicionar los
cargos de nulidad propuestos en contra de los actos administrativos objeto de
control judicial y, en esa medida, no le es posible efectuar un control abstracto de
legalidad frente a los actos impugnados26 en atención a lo dispuesto expresa y
puntualmente en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA27 y la aplicación del
principio de justicia rogada que inspira y rige, por regla general, el funcionamiento
de la jurisdicción contencioso administrativa.
Por lo tanto, la Sala procede a declarar probada, en forma parcial y de oficio, la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda en cuanto se refiere al cargo
sobre la indebida motivación del acto administrativo y, en consecuencia, se
26 Sobre este preciso punto, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado de la Sección
Tercera, de 7 de julio de 2022, expediente no. 11001-03-26-000-2016-00140-00 (57.819), MP
José Roberto Sáchica Méndez.
27 El artículo en comento es del siguiente tenor: “4. Los fundamentos de derecho de las
pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán
indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación” (se destaca).
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
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inhibirá de resolver el fondo de la controversia en este aspecto28, por el hecho de
que la parte actora no estructuró en debida forma las censuras de nulidad,
circunstancia por la cual, por ausencia de materia, no es posible hacer un
pronunciamiento de fondo sobre esos cuestionamientos.
9) En otros términos, como la parte actora no logró acreditar la nulidad de las
Resoluciones números VCT 001002 de 2020 y VCT 000343 de 2021 proferidas
por la Agencia Nacional de Minería (ANM) habrán de desestimarse las súplicas
de la demanda.
3. Conclusión
1) La parte actora pretendió la nulidad de las Resoluciones números VCT 001002
de 2020 y VCT 000343 de 2021 proferidas por la Agencia Nacional de Minería
(ANM), sin que en el proceso lograra acreditar que estas fueran proferidas con
desconocimiento del derecho del debido proceso del accionante y, en
consecuencia, no procede la petición de retrotraer el proceso de formalización de
minería tradicional no. LPB-14101X hasta el momento en que se realizó la
migración del expediente a la plataforma “ANNAMINERÍA”, con salvedad de la
violación de la indebida motivación de los actos administrativos acusados de
nulidad, oposición sobre la cual se declarará probada en forma parcial y de oficio
la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de fundamento
y concepto de violación, y se inhibirá de resolver el fondo de la controversia en
relación en ese preciso aspecto.
2) En consonancia con lo expuesto, la Sala denegará las súplicas de la demanda.
28 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de esta Corporación: (i) Sección
Primera de 5 de mayo de 2016, expediente con radicación no. 25000232400020100026001, MP
Guillermo Vargas Ayala; (ii) Sección Primera de 21 de octubre de 2022, expediente con radicación
no. 11001032400020100046600, MP Hernando Sánchez Sánchez; (iii) Sección Tercera
Subsección A de 27 de agosto de 2021, expediente con radicación no. 05001-23-33-000-2015-
02267-01 (66268), MP Marta Nubia Velásquez Rico; (iv) Sección Tercera Subsección B de 1° de
diciembre de 2025, expediente con radicación no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891), MP
Fredy Ibarra Martínez y (v) Sección Tercera Subsección B de 3 de junio de 2025, expediente con
radicación no. 54001-23-31-000-2010-00106-01 (68.290), MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2021-00248-00 (67.817)
Actor: José Gabriel Castañeda
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4. Costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del CGP, como
no procedieron las súplicas de la demanda se condenará a la parte vencida, esto
es a la parte demandante, señor José Gabriel Castañeda quien deberá asumir
las costas que se liquidarán en forma concentrada por la Secretaría de la Sección
Tercera de esta Corporación según dispone el artículo 366 del Código General
del Proceso. Las costas incluyen las agencias en derecho que serán fijadas en
proveído posterior a esta decisión judicial.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
1º) Declárase no probada la excepción de caducidad del medio de control
jurisdiccional ejercido con la demanda propuesta por la entidad demandada
Agencia Nacional de Minería (ANM).
2º) Declárase probada, en forma parcial y de oficio, la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, en cuanto se refiere a la ausencia de fundamento y
concepto de violación respecto del cargo de nulidad denominado “indebida
motivación del acto administrativo”, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
3°) En consecuencia de lo anterior, inhíbese de resolver el fondo de la
controversia en relación con el cargo de nulidad denominado “indebida
motivación del acto administrativo”.
4°) Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.
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5º) Condénase en costas a la parte demandante, señor José Gabriel Castañeda.
6°) En firme esta providencia archívese el expediente previas las
correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Salva el voto
(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Ponente Magistrado
Presidente de la Subsección
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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