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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00055-03

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00055-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C del 9 de noviembre de 2023. 2°) Condénase en costas a la parte demandante, esto es, al señor Jaime Vargas Agudelo, tásense en forma concentrada por el tribunal de primera instancia. 25 Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891) Actor: Jaime Vargas Galindo Controversias contractuales Apelación de sentencia 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00055-03

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Demandante: JAIME VARGAS GALINDO
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONÁUTICA CIVIL (AEROCIVIL) Y MSB
SOLUTIONS SAS
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – REPRESENTACIÓN
CONSORCIAL CON PLURALIDAD DE
MANDATARIOS

Síntesis del caso: la parte actora pide que se declare la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento parcial, impuso multas, declaró
la ocurrencia de la cláusula penal pecuniaria y liquidó unilateralmente el contrato no.
15000125-Ok-2015 por cuanto, en tales decisiones se desatendió la determinación sobre
la representación del consorcio contratista dispuesto en el documento de constitución
consorcial, pedimentos estos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no encontró
probados. Inconforme con la decisión, la parte actora se opuso a la sentencia, solicito el
análisis de las pruebas aportadas al expediente e insistió en las pretensiones de la
demanda.

Temas: representación consorcial – particularidades del contrato de mandato en el Código
Civil y Código de Comercio - pluralidad de mandatarios – competencia del ad quem.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de
la sentencia de 9 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C que denegó las súplicas de la
demanda (índice no. 61 SAMAI – gestión otros despachos), en los siguientes
términos:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

2

Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría
DEVUÉLVASE al interesado sin necesidad de desglose los anexos y el
remanente de la suma que se ordenó para gastos del proceso si la
hubiere, déjese constancia de dicha entrega y ARCHÍVESE el
expediente.” (fl. 25, índice no. 61 SAMAI – gestión otros despachos –
negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 29 de enero de 2019 en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el señor Jaime Vargas Galindo, en condición de integrante del
consorcio Aeropistas, actuando por intermedio de apoderada judicial interpuso
demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias
contractuales (fls. 1 a 40 cdno. no. 1)1 con las siguientes súplicas:

“2.1 PRIMERA PRETENSIÓN DECLARATIVA

Que se declare la Nulidad del acto administrativo contractual de
suscripción del contrato de obra 1500012[5]-OK-2015, entre LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
y el CONSORCIO AEROPISTAS, cuyo objeto es ´realizar el
estudio, diseño y mantenimiento de la pista, plataforma y calle
de rodaje de los aeropuertos de GUAYMARAL, FLORENCIA Y
SAN VICENTE DEL CAGUÁN´, por indebida representación
del consorcio AEROPISTAS, reconocida por la
AERONÁUTICA.

2.2 SEGUNDA PRETENSIÓN DECLARATIVA

Que se declare la Nulidad del acto administrativo contractual,
resolución 03372 del 10 de diciembre de 2015, por medio de la
cual la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil,
multa al Consorcio Aeropistas, con ocasión del contrato de obra

1 Por auto del 28 de marzo de 2019, el magistrado conductor del proceso de primera instancia
rechazó la demanda por caducidad del medio de control jurisdiccional (fls. 47 a 51 vlto. cdno. ppal.).
En contra de la referida decisión la parte actora formuló recurso de apelación (fls. 55 a 62 ibidem),
decisión que fue revocada parcialmente con la providencia del 6 de julio de 2020, a través de la cual
esta Corporación confirmó la caducidad de la pretensión relativa a la nulidad absoluta del contrato
de obra no. 15000125-OK-2015 y ordenó continuar con el trámite judicial respecto de las demás
súplicas propuestas con la demanda (fls. 70 a 75 cdno. ppal.). Al respecto, se advierte que la
Resolución no. 03227 de 31 de octubre de 2016 mediante la cual se liquidó el contrato quedó
ejecutoriada el 2 de diciembre de 2016, la parte actora radicó solicitud de conciliación el 5 de octubre
de 2018 (fls. 24 y 25 cdno. no. 3) la cual se declaró fallida el 29 de enero de 2018 fecha en la cual
se presentó la demanda (fl. 1 cdno. no. 1), razón por lo cual es claro que el derecho de acción fue
ejercido dentro del término legal para ello (fls. 57 a 63 – disco compacto no. 8 - expediente digital).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

pública No. 1500012[5]-OK2015, por la suma de DIECINUEVE
MILLONES DE PESOS ($19.000.000,00) M/L.

2.3 TERCERA PRETENSIÓN DECLARATIVA

Que se declare la Nulidad del acto administrativo resolución
0085 del 15 de enero de 2016, por medio de la cual LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE AERONÁUTICA CIVIL, resuelve el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución 3372 del
10 de diciembre de 2015, mediante la cual se impone multa al
Consorcio Aeropistas, confirmando la multa.

2.4. CUARTA PRETENSIÓN DECLARATIVA

Que se declare la Nulidad del acto administrativo contractual,
contenido en la resolución 00868 del 4 de abril de 2016,
mediante la cual, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
AERONÁUTICA CIVIL declaró el presunto incumplimiento
parcial del contrato por parte del Consorcio Aeropistas y se
multó al mismo, por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
($2.476.161.493) M/L.

2.5 QUINTA PRETENSIÓN DECLARATIVA

Que se declare la Nulidad del acto administrativo, contenido en
la resolución 00869 del 4 de abril de 2016, mediante la cual LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AERONÁUTICA CIVIL,
resuelve recurso de reposición presentado contra la resolución
00868 del 4 de abril de 2016, confirmando la decisión.

2.6 SEXTA PRETENSIÓN DECLARATIVA

Que se declare la Nulidad del acto administrativo contractual,
que comprende la resolución 03227 del 31 de octubre de 2016,
por medio de la cual LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, liquida unilateralmente el
contrato de obra 15000121 (sic)-OK-2015, celebrado entre LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
y el CONSORCIO AEROPISTAS.

2.7 SÉPTIMA PRETENSIÓN DECLARATIVA

Que se declare responsable patrimonialmente a LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL y a MSB
SOLUTIONS S.A.S., por los perjuicios ocasionados a JAIME
VARGAS GALINDO, como integrante del Consorcio
AEROPISTAS, a causas de las actuaciones que iniciaron con
la supuesta firma del contrato de obra 1500012[5]-OK-2015,
entre LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONÁUTICA CIVIL y el CONSORCIO AEROPISTAS, los
actos intermedios, las resoluciones de multas cuya Nulidad se
impetra y que culminaron con la liquidación unilateral del

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

contrato por medio de la resolución 03227 del 31 de octubre de
2016.

II. PRETENSIONES DE CONDENA

2.1. PRIMERA PRETENSIÓN DE CONDENA.

Como consecuencia de las declaraciones precedentes, SE
CONDENEA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONÁUTICA CIVIL y a MSB SOLUTIONS S.A.S., A PAGAR
a JAIME VARGAS GALINDO como integrante del Consorcio
AEROPISTAS, las siguientes sumas de dinero, o las que
encuentre debidamente probadas la jurisdicción:

2.2. SEGUNDA PRETENSIÓN DE CONDENA

Se servirá condenar a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONÁUTICA CIVIL y a MSB SOLUTIONS S.A.S., a pagar
las sumas de dinero anteriores, debidamente actualizadas,
desde la fecha en que se hayan causado hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia.

Para efectos de la actualización, sírvase aplicar las fórmulas
establecidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
TERCERA, con consejera ponente: RUTH STELLA CORREA
PALACIO-de fecha catorce (14) de abril de dos mil diez (2010),
bajo la Radicación número: 25000-23-26-000-1997-03663-
01(17214).

2.3 TERCERA PRETENSIÓN DE CONDENA

Se ordene el cumplimiento de la sentencia de conformidad con
los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.2.4 CUARTA
PRETENSIÓN DE CONDENA. Se servirá condenar a UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL y a MSB
SOLUTIONS S.A.S., a pagar las costas del presente proceso y
las agencias en derecho.” (fls. 3 y 3 ibidem – mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 19 de junio de 2015, la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil
(Aerocivil) y el consorcio Aeropistas (integrado por Jaime Vargas Galindo y la
compañía MSB Solutions SAS) suscribieron el contrato no. 15000125-OK-2015 con
el objeto de realizar el estudio, diseño y mantenimiento de pista, plataforma y calle
de rodaje de los aeropuertos de Guaymaral, Florencia y San Vicente del Caguán de
los Departamentos de Cundinamarca y Caquetá, en un plazo de 180 días y por un
valor de $16.461.650.670 sin ajustes contractuales.

2) Durante la ejecución del referido negocio jurídico, el 18 de noviembre de 2015 la
Aerocivil convocó al consorcio Aeropistas a la audiencia de verificación del posible
incumplimiento del contrato, trámite administrativo que culminó con la expedición de
la Resolución no. 3372 de 10 de diciembre de 2015 mediante la cual se declaró el
incumplimiento parcial del contrato y se impuso una multa por el valor de
$19´000.000, decisión que posteriormente fue confirmada con la Resolución no.
00085 de 15 de enero de 2016.

3) En ese mismo año 2016, la Aerocivil convocó nuevamente al contratista a
audiencia de verificación de cumplimiento, actuación que terminó con la Resolución
no. 868 de 4 de abril de 2016 a través de la cual se declaró el incumplimiento parcial
del contrato y se hizo efectiva la cláusula penal por la suma de $2.445´180.000,
decisión que se confirmó íntegramente con la Resolución no. 869 de 4 de abril de
2016.

4) El 29 de abril de 2016, las partes terminaron en forma anticipada y de mutuo
acuerdo el contrato no. 15000125-OK-2015.

5) Luego de lo anterior, la Aerocivil a través de la Resolución no. 3227 del 31 de
octubre de 2016 liquidó unilateralmente el referido contrato.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

3. Fundamento de la demanda

En el texto de la demanda la actora presentó como fundamentos de derecho y
concepto de violación normativa, en resumen, lo siguiente:

Las Resoluciones números 3372 de 10 de diciembre de 2015, 0085 de 15 de enero
de 2016, 00868 de 4 de abril de 2016, 00869 de 4 de abril de 2016 y 03227 de 31
de octubre de 2016, mediante las cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento
parcial del contrato de obra no. 15000125-OK-2015, impuso multas, aplicó la
cláusula penal pecuniaria y liquidó unilateralmente el referido negocio jurídico
adolecen de nulidad por el hecho de haber desatendido el mandato de los
integrantes del consorcio contratista respecto de la representación del mismo, por
razón del único cargo de nulidad que se condensa a continuación.

Violación del principio de legalidad:

Con la expedición de las Resoluciones números 3372 de 10 de diciembre de 2015,
0085 de 15 de enero de 2016, 00868 de 4 de abril de 2016, 00869 de 4 de abril de
2016 y 03227 de 31 de octubre de 2016 la Aerocivil violó el principio de legalidad
por el hecho de desconocer la representación legal del consorcio determinada
expresamente en el documento de acuerdo consorcial, decisiones que violan lo
dispuesto en los artículos 4, 6, 83, 90 y 230 de la Constitución Política, 27, 63, 64,
66, 769, 16023, 1604, 1618 y 1624 del Código Civil y 3, 4 (numeral 4), 8, 25
(numerales 3, 12 y 19), 26 (numerales 1, 2, 3 y 4), 28, 60, 68 y 77 de la Ley 80 de
1993.

4. Posición de la parte demandada

4.1 Compañía MSB Solutions SAS

Por auto de 26 de abril de 2021 (índice no. 12 SAMAI) el magistrado conductor del
proceso de primera instancia ordenó la notificación del auto admisorio de la
demanda; sin embargo, a pesar de haber sido notificada la referida providencia a la
compañía demandada esta guardó silencio y no compareció al proceso (índice no.
15 ibidem).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

4.2 Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil - Aerocivil

A través de escrito radicado el 2 de agosto de 2021 contestó la demanda con
oposición a las pretensiones, formuló excepciones y solicitó que fueran negadas las
súplicas (índice no. 16 SAMAI – gestión otros despachos), con los siguientes
argumentos:

1) Contrario a lo sostenido por la parte actora, los actos administrativos acusados
de nulidad fueron motivados con la claridad que las disposiciones legales vigentes
imponen, circunstancias de hecho y de derecho que condujeron a que la entidad
efectuara la liquidación unilateral del referido negocio jurídico.

2) De otra parte, los procesos sancionatorios fueron adelantados con la intervención
de las partes, esto es, de los profesionales del derecho designados por el consorcio
Aeropistas y por parte de la compañía aseguradora que garantizaba el cumplimiento
del contrato.

3) Propuso como excepciones las que se relacionan a continuación:

a) “Inepta demanda por falta de requisitos formales – indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad”, puesto que el contratista no presentó el recurso de
reposición en contra de la decisión de liquidar unilateralmente el contrato de obra
no. 15000125-OK-2015 con el fin de acreditar el requisito de procedibilidad
consistente en el agotamiento de los recursos de la vía administrativa.

d) “Inexistencia de responsabilidad de la entidad – Aerocivil – en las decisiones
administrativas, técnicas y financieras del consorcio y conflicto interno de este”, toda
vez que, los perjuicios que se reclaman con la demanda corresponden a actividades
que escapan del alcance contractual y que en modo alguno devienen de decisiones
adoptadas por la Aerocivil durante la ejecución del contrato no. 15000125-OK-2015.

c) “Cobro de lo no debido”, por cuanto la Aerocivil no tenía injerencia en las
decisiones administrativas del consorcio Aeropistas, razón por la cual la única
responsable de los perjuicios que se pretenden con la demanda es el consorcio

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

contratista.

d) “Incumplimiento permanente del contratista consorcio Aeropistas (Resolución del
contrato por incumplimiento)”, ya que con las pruebas que se aportan al expediente
no se controvierten los incumplimientos del contratista, circunstancia por la cual no
procede la nulidad de los actos administrativos demandados.

e) “Excepción genérica”, según la cual el juez puede declarar las excepciones que
de oficio encuentre probadas.

5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección C en
providencia de 9 de noviembre de 2023 (índice no. 61 SAMAI – gestión otros
despachos) denegó las súplicas de la demanda, con base en la siguiente
sustentación:

1) De la revisión del documento de constitución del consorcio Aeropistas se extrae
que las partes acordaron que su participación sería del 50% por cada una de ellas,
que la responsabilidad sería solidaria, tanto en la presentación de la oferta como en
la suscripción y ejecución del contrato y, “que los representantes legales del
consorcio serían Jaime Vargas Galindo y Martha Liliana Salazar Bernal. En ninguna
parte se indicó que el primero era el representante legal principal y la segunda la
representante legal suplente y no existe norma que así lo contemple, por lo que
debía interpretarse que cualquiera de los dos podía fungir como representante legal
del consorcio” (fl. 17 índice 61 ibidem).

2) Las notificaciones de cada etapa de los procesos sancionatorios fueron remitidas
a la dirección determinada en el acto de constitución del consorcio y como este
compareció a cada instancia en ejercicio de sus derechos de defensa, contradicción
y debido proceso, los procesos sancionatorios fueron adelantados con apego a la
normatividad vigente que regula la materia.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

3) Finalmente, se advierte que en el “proceso con radicado 25000-23-36-000-2017-
01196-00 acumulado con 25000-23-36-000-2017-00469-00 esta Sala consideró
que el consorcio estaba debidamente representado por la señora Martha Liliana
Salazar Bernal, por lo que se admitió y dio trámite a la demanda con radicado
terminado en 2017-00469, en tanto se hizo la misma interpretación de la entidad
demandada, consistente en que habiéndose designado a dos personas como
representantes legales del consorcio, cualquiera de las dos podía ejercer tales
facultades.” (fl. 24 índice no. 61 SAMAI – gestión otros despachos).

6. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia (índice no. 64 SAMAI– gestión otros despachos) el cual fue concedido por
el a quo mediante auto de 29 de enero de 2024 (índice no. 67 ibidem), impugnación
que fue sustentada en los términos que se reseñan a continuación:

1) El tribunal de primera instancia denegó indebidamente las súplicas de la
demanda consistentes en la declaración de nulidad de los actos administrativos con
los cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento parcial, impuso multa, aplicó la
cláusula penal pecuniaria y liquidó unilateralmente del contrato no. 15000125-OK-
2015, por cuanto no valoró la totalidad de las pruebas que se aportaron y practicaron
en el proceso.

2) Con el debido pronunciamiento de las pruebas que conforman el expediente se
tiene por acreditada la nulidad de los referidos actos administrativos por violación
de la normatividad aplicable al caso, por el hecho de que la Aerocivil inaplicó las
precisas determinaciones y facultades otorgadas entre los integrantes del consorcio
contratista en el documento de constitución de este.

3) Del mismo modo, está probada la nulidad de los actos administrativos
demandados por violación de los artículos 93 y 137 del CPACA y, de los artículos
17 de la Ley 1150 de 2007 y 29 constitucional.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

7. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto de 8 de abril de 2024 se admitió el recurso de apelación (índice no. 3
SAMAI).

2) Posteriormente, el 12 de abril de 2024 se notificó al Ministerio Público del auto
admisorio (índice no. 10 SAMAI) y, en los términos del numeral 5 del artículo 247
del CPACA se le informó que no había solicitud ni decreto de pruebas en segunda
instancia y se le corrió traslado para emitir el respectivo concepto; sin embargo,
transcurrido el término otorgado el Ministerio Público guardó silencio (índice no. 13
SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) competencia del ad quem, 3) análisis de la impugnación,
4) conclusiones y, 5) condena en costas y agencias en derecho.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El núcleo de la controversia planteada estriba en la discusión acerca de la nulidad
de las Resoluciones números 03372 de 10 de diciembre de 2015, 0085 de 15 de
enero de 2016, 00868 de 4 de abril de 2016, 00869 de 4 de abril de 2016 y 03227
de 31 de octubre de 2016, todas emitidas por la Aerocivil, a través de las cuales se
declaró el incumplimiento parcial del contrato, impuso multas, aplicó la cláusula
penal pecuniaria y liquidó unilateralmente el contrato no. 15000125-OK-2015, por
motivo de haber desatendido la determinación de representación conjunta
establecida en el acuerdo consorcial, decisiones que resultan contrarias a la
normatividad que rige la materia.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
denegó las súplicas de la demanda por considerar que la parte actora no logró
acreditar la nulidad de los actos administrativos demandados.

La parte actora se opuso a la sentencia de primera instancia y solicitó el análisis de
las pruebas aportadas el expediente con las que, en su criterio, se da cuenta de la
nulidad de las decisiones de la Aerocivil en torno de los incumplimientos parciales
del contrato, las multas, la aplicación de la cláusula penal pecuniaria y la liquidación
unilateral del contrato no. 15000125-OK-2015 por el hecho de validar la
representación del consorcio en contraposición de lo dispuesto en el documento de
constitución consorcial.

La sentencia apelada será confirmada, por el hecho de que (i) con las pruebas que
conforman el expediente no se acredita la nulidad de los actos administrativos
demandados por el supuesto hecho de haber desconocido el acuerdo de creación
del consorcio Aeropistas mediante el cual se determinó por parte de los integrantes
del mismo la representación por parte de Jaime Vargas Agudelo y Martha Liliana
Salazar Bernal, sin que se estableciera uno como principal y el otro como suplente,
razón por la cual, ambos tenían las mismas facultades y, por ende, la representación
del consorcio en cabeza de cualquiera de ellos era jurídicamente procedente y,
(ii) no es legalmente procedente analizar en la sentencia de segunda instancia el
cargo de nulidad relativo a la “nulidad de los actos administrativos demandados por
violación de los artículos 93 y 137 del CPACA y, artículo 17 de la Ley 1150 de 2007
y 29 constitucional”, pues, estos aspectos no fueron objeto de desarrollo en la
demanda, so pena de atentar contra la garantía del debido proceso y del derecho
de defensa del demandado.

2. La competencia del ad quem

1) Sobre el punto cabe advertir que en el asunto de la referencia únicamente
interpuso recurso de apelación la parte actora.

2) De acuerdo con lo anterior, se tiene que se trata de una situación de apelante
único donde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

del Proceso, norma procesal aplicable en virtud de la remisión legal contenida en el
artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, la competencia del juez en segunda instancia
se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso.

3) En efecto el artículo 328 del Código General del Proceso preceptúa:

“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para
tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante
único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el
de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia” (se destaca).

4) En ese contexto, es claro que cuando se trata de apelante único el ad quem solo
puede revisar la actuación en cuanto tiene que ver con los motivos de la
impugnación, vale decir, no puede el juez de segunda instancia entrar a analizar la
providencia en la parte que no fue objeto del recurso, razón por la cual la
competencia funcional de esta Corporación se encuentra restringida legalmente a
los cargos esgrimidos en el recurso de alzada, sin perjuicio de lo expresa y
puntualmente dispuesto en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según el
cual i) en la sentencia el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada y, ii) el silencio del inferior no impedirá que
el superior estudie y decida todas las excepciones, propuestas o no, sin perjuicio de
la non reformatio in pejus.

En ese entendimiento, la Sala decidirá únicamente en relación con los precisos
cargos de apelación esgrimidos por la parte demandante.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

3. Análisis de la impugnación

3.1 Hechos probados

Examinadas las pruebas allegadas al proceso se encuentran probados los
siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión:

1) El 28 de abril de 2015, el señor Jaime Vargas Galindo y la compañía MSB
Solutions SAS constituyeron el consorcio Aeropistas para participar, ejecutar y
liquidar el contrato que resultara de la licitación pública no. 15000026_OL de 2015
con el objeto de “CONTRATAR EL ESTUDIO, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE
PISTA, PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJE DE LOS AEROPUERTOS DE
GUAYMARAL, FLORENCIA Y SAN VICENTE DEL CAGUAN” (fls. 3 a 5 cdno. no.
1 – mayúsculas sostenidas del original).

En la cláusula quinta del referido acuerdo consorcial las partes determinaron en
relación con la representación, expresa y puntualmente lo siguiente:

“QUINTA: REPRESENTACIÓN. Las Partes hemos designado como
representantes legales del CONSORCIO LUMA (sic) a JAIME
VARGAS GALINDO, mayor de edad, (…), y MARTHA LILIANA
SALAZAR BERNAL, mayor de edad, (…).

Nuestros representantes tienen todas las facultades amplias y suficientes
para actuar en nombre del CONSORCIO, y en nombre de cada uno de
sus miembros, entre algunas de las facultades y sin limitarse a ellas, están
las siguientes:

• Atender todo lo relacionado de manera directa e indirecta con la
elaboración y presentación de los documentos de la oferta, y la
celebración y ejecución del eventual contrato en el caso de que La Unidad
selecciones la oferta de este Oferente Plural.

• Constituir apoderados conforme la legislación colombiana.

• Presentación de los Documentos de la oferta del proceso de contratación
no. 15000026_OL de 2015.

• Suscribir la carta de presentación de la oferta.

• Atender todos los posibles requerimientos que formule La Unidad
relacionados con aclaraciones a la oferta.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

• Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se
requiera para la elaboración y presentación de la Oferta, dentro de los
términos y condiciones de los Pliegos de Condiciones.

• Suscribir el eventual contrato.” (fl. 4 cdno. no. 1 – mayúsculas sostenidas
y negrillas del original – resalta la Sala el párrafo inicial).

2) El 19 de junio de 2015, la Aerocivil y el consorcio Aeropistas suscribieron el
contrato no. 15000125-OK-2015 con el objeto de “REALIZAR EL ESTUDIO,
DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PISTA, PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJE
DE LOS AEROPUERTOS DE GUAYMARAL, FLORENCIA Y SAN VICENTE DEL
CAGUÁN – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” (fl. 7 ibidem – mayúsculas
sostenidas del original), en un plazo de 180 días y por un valor de $16.461´650.670
(fls. 6 a 17 cdno. no. 1), negocio jurídico que fue suscrito por Martha Liliana Salazar
Bernal en condición de representante legal del consorcio Aeropistas (fl. 17 ibidem).

3) El 13 de agosto de 2015 Jaime Vargas Galindo, en condición de representante
legal del consorcio Aeropistas, a través del oficio con radicación no. 2015073058
solicitó a la Aerocivil lo siguiente:

“1. Que mediante otrosí, se rectifique el nombre del Representante Legal
del consorcio en el contrato de la referencia, para que quede como fue
consignado en el documento de acuerdo consorcial.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos el acta de
inicio calendada el 6 de agosto de 2015, pero firmada el día 12 de agosto
de los corrientes por MARTHA LILIANA BERNAL SALAZAR.

3. Que se proceda a la firma del acta de inicio, una vez se rectifique el
representante legal en el contrato conforme a la petición primera; y este
designada la interventoría oficial del mismo.

4. Que a efectos de la mayor garantía de los altos fines del Estado Social
del Derecho, no se desembolse el anticipo del contrato hasta tanto las
situaciones enunciadas no sean rectificadas.” (fl. 107 cdno. no. 1 –
mayúsculas sostenidas del original).

4) La Aerocivil, el 21 de agosto a través de un oficio con radicación no. 3200.092 –
2015034918, resolvió en forma negativa la solicitud realizada por Jaime Vargas
Galindo en condición de representante legal del consorcio Aeropistas, “por cuanto

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Apelación de sentencia

el mismo documento de conformación consorcial, indica expresamente que ambos
fungen como representantes legales del consorcio sin establecer ninguna diferencia
entre uno y otro, diferenciación que mucho menos podía establecer la entidad” (fl.
117 ibidem). En ese sentido, puso de presente que como Jaime Vargas Galindo y
Martha Liliana Salazar Bernal tenían plenas facultades para representar al
consorcio no era de recibo la solicitud de aclaración a los documentos contractuales
suscritos a la fecha (fl. 117 y 118 cdno. no. 1).

5) El 10 de diciembre de 2015, la Aerocivil con la Resolución no. 03372 impuso
multa al consorcio Aeropistas por valor de $19´000.000 (fls. 36 a 63 cdno. no. 1),
decisión que fue confirmada integrante mediante la Resolución no. 00085 de 15 de
enero de 2016 (fls. 64 a 98 ibidem).

6) El 4 de abril de 2016, la Aerocivil en Resolución no. 00868 declaró el
incumplimiento parcial del contrato no. 15000125-OK-2015 por parte del consorcio
Aeropistas e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria en el monto de
$2.476´161.493 (fls. 29 a 35 cdno. no. 1), decisión que fue confirmada por la
Resolución no. 00869 de 4 de abril de 2016 (documento no. 4 – disco compacto de
los anexos de la demanda - prueba trasladada del expediente con radicación no.
25000-23-36-000-2017-01196-00 – expediente digital).

7) El 29 de abril de 2016, la Aerocivil y el consorcio Aeropistas terminaron en forma
anticipada y de mutuo acuerdo el contrato no. 15000125-OK-2015 en atención a
que “JAIME VARGAS GALINDO, (…) y MSB SOLUTIONS SAS, (…), se encuentran
incursos en una inhabilidad sobreviniente por cuanto se configuraron los supuestos
descritos en los literales b) y c) del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011” (fl. 101 cdno.
no. 1 – mayúsculas sostenidas en el original), y como el consorcio Aeropistas no
presentó una opción de cesionario del contrato renunció a la ejecución del mismo
(fls. 100 a 102 ibidem).

8) El 31 de octubre de 2016, a través de la Resolución no. 03227 la Aerocivil liquidó
unilateralmente el contrato no. 15000125-OK-2015, balance general que concluyó
con un saldo total en favor de la Aerocivil en la suma de $6.927´466.534, decisión
que quedó ejecutoriada el 2 de diciembre de 2016 sin que se formularan recursos

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en su contra (fls. 57 a 63 – disco compacto no. 8 - prueba trasladada del expediente
con radicación no. 25000-23-36-000-2017-01196-00 – expediente digital).

En ese panorama fáctico y probatorio, procede la Sala a resolver el problema
jurídico consiste en determinar si la decisión adoptada por la Aerocivil en las
Resoluciones números 03372 de 10 de diciembre de 2015, 0085 de 15 de enero de
2016, 00868 de 4 de abril de 2016, 00869 de 4 de abril de 2016 y 03227 de 31 de
octubre de 2016 resulta contraria a derecho, por el hecho de validar la
representación del consorcio Aeropistas por parte de uno solo de los representantes
designados en el acto de constitución consorcial suscrito entre Jaime Vargas
Galindo y la compañía MSB Solutions SAS el 28 de abril de 2015.

3.2 La representación consorcial cuando converge una pluralidad de
mandatarios

1) En los precisos términos del recurso de apelación formulado por la parte actora,
el tribunal de primera instancia denegó indebidamente las súplicas de la demanda,
por cuanto, en criterio de aquella, está acreditado que, con los medios probatorios
que conforman el expediente se tiene por configurada la nulidad de los actos
administrativos demandados, puesto que, los integrantes del consorcio contratista
expresamente establecieron que la representación del mismo la ostentaba, Jaime
Vargas Galindo y Martha Liliana Salazar Bernal, mas no uno de ellos en forma
independiente.

En atención a lo dispuesto en los artículos 202 y 213 del Código de Comercio la
normatividad aplicable al asunto de la referencia es el Código de Comercio, por
cuanto el consorcio está integrado por una compañía privada y una persona natural
quienes desarrollan actos de comercio en los términos de las disposiciones

2 El artículo 20 del Código de Comercio es como sigue: “[s]on mercantiles para todos los efectos

legales: (…) 9) La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos
de aterrizaje; (…).”.
3 El artículo 21 del Código de Comercio establece: “[s]e tendrán así mismo como mercantiles todos

los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio, y los
ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales.”.

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comerciales en comento y en especial la remisión de que trata el artículo 822 del
mismo cuerpo normativo4.

2) El Código Civil en el artículo 21425 define el contrato de mandato como aquel en
que una parte confía la gestión de uno o más negocios a otra. A su turno, el Código
de Comercio en el artículo 12626 determina que el mandato comercial es un negocio
jurídico mediante el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos
de comercio por cuenta de otra.

3) A su turno, el artículo 1272 del Código de Comercio en relación con la pluralidad
de mandatarios establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 1272. <PLURALIDAD DE MANDATARIOS>. Cuando el
mandato se confiera a varias personas, cada uno de los mandatarios
podrá obrar separadamente; pero una vez cumplido el encargo por uno
de éstos deberá el mandante noticiar del hecho a los demás, tan pronto
como tenga conocimiento de la celebración del negocio, so pena de
indemnizar los perjuicios que causen con su omisión o retardo.

Si conforme al contrato, los mandatarios deben obrar conjuntamente,
serán solidariamente responsables para con el mandante.” (mayúsculas
y negrillas del original).

4) Ahora bien, en relación con la pluralidad de representantes, como sucede en el
asunto de la referencia, la doctrina nacional sostiene lo siguiente:

4
“ARTÍCULO 822. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las
obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o
rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley
establezca otra cosa.
La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento
Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley.
5 El artículo 2142 del Código Civil es del siguiente tenor: “[e]l mandato es un contrato en que una

persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y
riesgo de la primera.
La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado,
procurador, y en general mandatario”.
6 El artículo 1262 del Código de Comercio, es como sigue: “[e]l mandato comercial es un contrato

por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra.
El mandato puede conllevar o no la representación del mandante.
Conferida la representación, se aplicarán además las normas del Capítulo II del Título I de este
Libro.”

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“2.5.1. La facultad de actuar en nombre de otro

En primer lugar, se requiere la facultad para actuar a nombre de
otro. Como ya se vio, dicha facultad puede surgir de la ley o de la voluntad
particular. En el caso de la representación voluntaria, la facultad surge de
un poder.

En materia de representación, la expresión ´poder´ puede tener dos
significados distintos. De una parte, puede hacer referencia a la facultad
de obrar del apoderado y, de otra parte, al acto del cual surge dicha
facultad. A este respecto la doctrina precisa que la capacidad es la aptitud
para hacer actos jurídicos válidos, en tanto que el poder es la aptitud para
actuar válidamente en un interés por lo menos parcialmente distinto al
propio. Esta distinción es importante poque el poder estará limitado por
ese interés ajeno.

En cuanto al poder como fuente de la representación, el artículo
832 del Código de Comercio expresa que el acto por medio del cual
se otorga la facultad de representar se llama apoderar. Precisa
además el Código que tal acto puede estar acompañado de otros actos
jurídicos.

(…).

El Código de Comercio no regula la posibilidad de que el poder sea
plural. Sin embargo, es evidente que tal posibilidad puede presentarse, lo
cual conduce a aplicar las reglas del mandato.

Puede suceder que el poder se otorgue a varias personas, bien
sea en forma disyuntiva o conjunta. Si no se precisa, se debe
entender que es disyuntivo y cada uno de los apoderados podrá
actuar solo, si no se le ha prohibido (arts. 2153 C.C. y 1272 C. de Co.).
O por el contrario, puede haberse previsto que en tales casos se debe
obrar conjuntamente, caso en el cual evidentemente lo que haya
ejecutado uno solo no es relevante. Si es conjunto no vale la mayoría.
Igualmente, puede haberse previsto que cada uno de los apoderados está
facultado para actuar si el otro no lo está. En materia procesal, la ley
establece que puede haber varios apoderados, pero igualmente dispone
(art. 75 C. General del Proceso) que en ningún caso podrá actuar
simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona.

(…).

Si se examina el régimen del mandato del Código Civil se puede
apreciar que el mismo en diversos casos hace referencia a la delegación
del mandato y regula sus efectos en relación con terceros, es decir, regula
la situación del representante. Estas reglas deben entonces aplicarse a
los poderes.”7 (resalta la Sala).

7 CÁRDENAS MEJÍA, Juan Carlos. CONTRATOS, notas de clase. Primera Edición - Legis. Bogotá

2020, páginas 760 y 786.

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5) En consecuencia con lo anterior, el artículo 1505 del Código Civil8 prevé que lo
que una persona ejecuta en nombre de otra, en cumplimiento de la facultad
otorgada para tal efecto por la persona beneficiada o por disposición normativa,
produce, respecto del representado, los mismos efectos que si hubiese realizado la
manifestación el beneficiario en forma directa.

6) De otra parte, el Código de Comercio en el artículo 8339 dispone que los negocios
jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para
tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el
representado directamente, circunstancia que no se predica de quien actúa sin
facultad de representación.

7) A su vez, los artículos 2189 del Código Civil10 y 1279 del Código de Comercio11
consagran la revocabilidad del mandato por la manifestación de la voluntad del
mandante, sin perjuicio de las consecuencias que surjan de tal decisión.

8) En el presente asunto, al expediente se allegó el acuerdo de conformación del
consorcio Aeropistas del 24 de abril de 2015, documento en el que los integrantes
del acuerdo otorgaron un mandato a Jaime Vargas Galindo y Martha Liliana Salazar
Bernal, quienes con la suscripción del referido documento se comprometieron a
ejercer las facultades de representación del consorcio y de los intereses de los
integrantes del mismo, en toda actuación que surgiera con ocasión de la ejecución
del contrato que resultara del proceso de selección de contratistas en la modalidad
de licitación no. 15000026_OL de 2015 adelantada por parte de la Aerocivil.

8 El artículo 1505 del Código Civil es del siguiente tenor: “[l]o que una persona ejecuta a nombre de

otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado
iguales efectos que si hubiese contratado él mismo.”.
9 El artículo 833 del Código de Comercio, es como sigue: “[l]os negocios jurídicos propuestos o

concluidos por el representante en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes,
producirán directamente efectos en relación con éste.
La regla anterior no se aplicará a los negocios propuestos o celebrados por intermediario que carezca
de facultad para representar.”.
10 El numeral 3 del artículo 2189 del Código Civil, establece que: “[e]l mandato termina:

(…).
3. Por la revocación del mandante.
(…).”.
11 El artículo 1279 del Código de Comercio establece que: “[e]l mandante podrá revocar total o

parcialmente el mandato a menos que se haya pactado la irrevocabilidad o que el mandato se haya
conferido también en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso sólo podrá revocarse por
justa causa.”.

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La cláusula quinta del acuerdo determina expresamente lo siguiente:

“QUINTA: REPRESENTACIÓN. Las partes hemos designado como
representantes legales del CONSORCIO (…) a JAIME VARGAS
GALINDO, (…) y MARTHA LILIANA SALAZAR BERNAL, (…).

Nuestros representantes tienen todas las facultades amplias y suficientes
para actuar en nombre del CONSORCIO, y en nombre de cada uno de
sus miembros, entre algunas de las facultades y sin limitarse a ellas, están
las siguientes.

(…).

Los Representantes legales, en señal de aceptación del cargo, suscriben
el presente documento

JAIME VARGAS GALINDO
MARTHA LILIANA SALAZAR BERNAL” (fls. 4 y 5 cdno. no. 1 –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original – resalta la Sala el párrafo
inicial).

De la literalidad de lo consignado en el documento de constitución del consorcio
Aeropistas, para la Sala es claro que el mandato de representación otorgado por los
integrantes del referido consorcio no le fue excluida o prohibida facultad alguna y,
al propio tiempo, se tiene que se estipuló, explícita y puntualmente, que la
representación del consorcio la tendrían, pluralmente, tanto Jaime Vargas Galindo
como Martha Liliana Salazar Bernal, pero, no necesaria ni menos obligatoriamente
en forma concurrente y simultánea por ellos dos; por lo tanto, dicha representación
quedó, válidamente, tanto en cabeza del primero de los mencionados como de la
segunda, porque no se hizo ninguna distinción al respecto, sino que, simplemente
se acordó una representación plural pero no precisamente conjunta o
mancomunada.

9) Encuentra la Sala que, la suscripción del contrato no. 15000125-OK-2015, acta
de inicio, otrosíes y acta de terminación anticipada del referido negocio jurídico
fueron suscritos por Martha Liliana Salazar Bernal en condición de representante
legal del consorcio Aeropistas, en ejercicio de las facultades expresamente
concedidas por los integrantes del consorcio en el documento de constitución del
mismo.

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10) En línea con lo determinado por el a quo en la sentencia de primera instancia
objeto de apelación, si el mandante “no ha dividido la gestión, podrán dividirla entre
sí los mandatarios”12 y, en ese sentido, cualquiera de los dos designados podía
fungir como representante legal del consorcio Aeropistas como en efecto sucedió.

11) Por consiguiente, para la Sala resulta relevante y jurídicamente acorde con la
realidad la determinación realizada por la Aerocivil en la comunicación con
radicación no. 3200.092 – 2015034918 de 21 de agosto de 2015, a través de la cual
resolvió en forma negativa la solicitud de Jaime Vargas Galindo en torno a realizar
una corrección y rectificación del contrato no. 15000125-OK-2015 y el acta de inicio
del mismo, para en su lugar incorporar el nombre de los dos (2) representantes
legales de acuerdo con lo determinado en el documento de constitución del
consorcio Aeropistas, en la medida en que, “ambos fungen como representantes
legales del consorcio, sin establecer ninguna diferencia entre uno y otro,
diferenciación que mucho menos podría establecer la entidad” (fl. 117 cdno. no. 1).

12) Es claro entonces que la representación ejercida por parte de Martha Liliana
Salazar Bernal del consorcio Aeropistas desde la suscripción del contrato no.
15000125-OK-2015 y durante toda la vigencia del referido negocio jurídico en modo
alguno está viciada de nulidad; por el contrario, en cuanto a ese preciso aspecto se
trata, sus actuaciones como representante legal del consorcio fueran válidas en
atención al mandato a ella conferido, pues, se reitera, dicha representación no
quedó condicionada a requisito ni condición de que lo hiciera conjuntamente y de
modo obligatorio con el otro mandatario, el señor Jaime Vargas Galindo.

13) De igual manera, el hecho de que la Aerocivil haya validado la participación de
Martha Liliana Salazar Bernal en condición de representante del consorcio
Aeropistas y por su conducto haya tenido por notificado al contratista y garantizado
el derecho que le asistía a este último, en los trámites administrativos contractuales
adelantados durante toda la vigencia del contrato de ninguna manera desvirtúa la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.

12 Artículo 2153 del Código Civil, normatividad que prevé lo siguiente: “ARTÍCULO 2153. <DIVISION

DE LA GESTION>. Si se constituyen dos o más mandatarios, y el mandante no ha dividido la gestión,
podrán dividirla entre sí los mandatarios; pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que
hicieren de este modo será nulo.” (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

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14) Así las cosas, no tienen ninguna vocación de prosperidad los argumentos de la
parte recurrente en cuanto sostiene que la decisión de primera instancia fue
adoptada sin la verificación integral de los documentos que conforman el
expediente, pues, luego del análisis integral de los medios de convicción aportados,
decretados y practicados durante el trámite de la primera instancia no es posible
declarar, fundada y válidamente, probada la nulidad de las decisiones
administrativas demandadas, pues, quedó plenamente acreditado que la
representación del consorcio Aeropistas por conducto de Martha Liliana Salazar
Bernal se ejerció debida y legalmente con arreglo al mandato a ella otorgado.

3.3 La falta de pronunciamiento de los argumentos relativos a la “nulidad de
los actos administrativos demandados por violación de los artículos 93 y
137 del CPACA y, artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 29 constitucional”

1) Sobre este otro motivo de la impugnación, la parte recurrente apoya el recurso
de alzada en el supuesto hecho de que el a quo no se pronunció sobre la nulidad
de los actos administrativos demandados por violación de lo dispuesto en los
artículos 93 y 137 del CPACA, lo mismo que de los artículos 17 de la Ley 1150 de
2007 y 29 de la Constitución Política.

2) En relación con este punto de la controversia debe precisarse que, si bien el
recurso de apelación se sustenta en la indebida valoración de los argumentos de la
demanda consistentes en la referida violación normativa respecto de los actos
administrativos demandados, lo cierto es que, este aspecto no fue debidamente
sustentado en la demanda y, por ende, no puede ser objeto de valoración en esta
etapa procesal, por cuanto, ante la ausencia de explicación expresa y concreta de
dicha censura no es posible jurídicamente abordar dicho análisis por sustracción de
materia, por el hecho de no estar debidamente formulada la acusación de violación
normativa, cuya falencia no puede ser subsanada por el juez de la causa.

Esta Corporación en otras decisiones ha establecido que el juez de legalidad no
puede complementar, variar ni suplir la demanda para interpretar o adicionar los
cargos de nulidad propuestos en contra de los actos administrativos objeto de
control judicial y, en esa medida, no le es posible efectuar un control abstracto de

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Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
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legalidad frente a los actos impugnados13 en atención a lo dispuesto expresa y
puntualmente en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA14 y, a la aplicación del
principio de justicia rogada que inspira y rige, por regla general, el funcionamiento
de la jurisdicción contencioso administrativa.

En ese sentido, el recurso de apelación no es la oportunidad procesal para
adicionar, cambiar, complementar o sustituir los cargos de anulación, como parece
intentar el demandante cuando introdujo esos aspectos en su impugnación, pero,
que no fueron debidamente sustentados en la oportunidad procesal
correspondiente, razón por la cual no pudieron ser debatidos en el curso de la
primera instancia, pues, lo contrario atentaría contra la garantía del debido proceso
y del derecho de defensa del demandado, quien no tuvo la oportunidad de
defenderse frente a esos específicos asuntos ni de aportar pruebas para
controvertirlos15.

4. Conclusiones

1) En el presente asunto, la parte actora se opuso a la decisión adoptada en la
sentencia de primera instancia sobre la base de sostener que no se analizaron en
debida forma las pruebas que conforman el expediente y que supuestamente
permiten tener por quebrantada la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados, por razón de validar la representación del consorcio
Aeropistas en desconocimiento de lo dispuesto concretamente en el acto de
constitución consorcial.

13 Sobre este preciso punto, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado de la Sección

Tercera, de 7 de julio de 2022, expediente no. 11001-03-26-000-2016-00140-00 (57.819), MP José
Roberto Sáchica Méndez.
14 El artículo en comento es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
(…).
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su
violación” (se destaca).
15 Al respecto puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección

B, de 19 de octubre de 2023, expediente no. 2019-00147-01 (67.737), MP Fredy Ibarra Martínez.

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2) Contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, con los documentos
aportados al expediente se pudo establecer con certeza que las decisiones
adoptadas por la Aerocivil durante la ejecución del contrato no. 15000125-OK-2015
se ajustaron a las determinaciones de los integrantes del consorcio Aeropistas en
cuanto a su representación, circunstancia por la cual no tiene vocación de
prosperidad el recurso de apelación formulado por la parte actora.

3) En consonancia con lo expuesto, como la actora no logró acreditar el fundamento
de las súplicas de la demanda la Sala confirmará la sentencia apelada.

5. Condena en costas y agencias en derecho

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del CGP, como
el recurso de apelación de la parte demandante se resolvió desfavorablemente, la
parte actora, esto es, el señor Jaime Vargas Agudelo asumirá las costas procesales
de la segunda instancia incluidas las agencias en derecho, las cuales deberán ser
liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C del 9 de noviembre de 2023.

2°) Condénase en costas a la parte demandante, esto es, al señor Jaime Vargas
Agudelo, tásense en forma concentrada por el tribunal de primera instancia.

25

Expediente no. 25000-23-36-000-2019-00055-03 (70.891)
Actor: Jaime Vargas Galindo
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

Aclara voto
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Ponente Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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