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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00025-00

Fecha
12 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00025-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por la Empresa Promotora de Salud Mallamas E.P.S. Indígena contra la sentencia dictada el 16 de octubre de 2020, por el Tribunal Administrativo de Arauca, en el proceso ejecutivo con radicado 50001-33-31-009-2016-00364-01. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la recurrente, Empresa Promotora de Salud Mallamas E.P.S. Indígena, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Tercera, teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso. Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto equivalente a tres (3) smmlv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a favor del municipio de Puerto Gaitán y a cargo de la recurrente. TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho de la consejera ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2022-00025-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

12 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00025-00 (67.994)

Actor: EMPRESA PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E.P.S. INDÍGENA

Demandado: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN–LEY 1437 DE 2011

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Procedencia – No es una
instancia adicional para debatir aspectos propios que fueron resueltos en el proceso inicial
/ CAUSALES - Nulidad originada en la sentencia – Alcance de la causal se ha definido
jurisprudencialmente / FALTA DE COMPETENCIA – La parte recurrente sostiene que el
conocimiento del proceso ejecutivo le correspondía a la justicia arbitral – Es necesario que
el legislador autorice y establezca el procedimiento a seguir por parte de los árbitros frente
a este tipo de procesos / CLÁUSULA COMPROMISORIA – Alcance del acuerdo pactado
por las partes – De haberse pactado que los árbitros conocerían el proceso ejecutivo, la
disposición contractual se encontraba viciada por nulidad absoluta / VULNERACIÓN DEL
DEBIDO PROCESO – Omisión en la verificación de los requisitos del título ejecutivo – La
parte pretende reabrir el debate del litigio primigenio – Informidad de la recurrente con la
sustentación jurídica / CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la empresa
promotora de salud Mallamas E.P.S. Indígena1 contra la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Arauca2 el 16 de octubre de 2020, mediante la cual se
confirmó el fallo proferido por el Juzgado 9° Administrativo Mixto del Circuito de
Villavicencio el 10 de octubre de 2018.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de
segunda instancia citada, porque, en su criterio, se configuró la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, por falta de

1
Nombre tomado de forma literal de la constancia expedida por la Coordinación del Grupo de
Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
Interior que consta en el índice 2 de Samai.
2
Tribunal que, según los Acuerdos PCSJA19-11448 y PCSJA20-11596 expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura el 19 de noviembre de 2019 y 14 de julio de 2020, respectivamente, asumió
el conocimiento de 150 procesos del sistema escritural que se encontraban para fallo en el Tribunal
Administrativo del Meta, incluido el proceso en el que se profirió el fallo objeto de revisión.

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00025-00
No. Interno: 67.994
Actor: Empresa Promotora de Salud Mallamas
E.P.S. Indígena
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

competencia y vulneración del debido proceso, dada la existencia de cláusula
compromisoria, así como por la supuesta omisión al revisar los requisitos del
respectivo título ejecutivo.

II. ANTECEDENTES

1. Proceso en el cual se profirió la sentencia objeto de revisión

El 27 de junio de 20123, el municipio de Puerto Gaitán presentó demanda ejecutiva
contra la Empresa Promotora de Salud Mallamas E.P.S. Indígena -en adelante
Mallamas E.P.S Indígena- , con el fin de que se librara mandamiento de pago por
$768’911.515 derivados de las obligaciones definidas en las Resoluciones No. 111
y 354 del 27 de abril y del 10 de noviembre 2010, respectivamente, mediante las
cuales la entidad territorial referida liquidó unilateralmente el contrato de
aseguramiento de recursos de régimen subsidiado de salud No. 200806100,
adicionado por el otrosí 20086101.

El 23 de marzo de 20174, el Juzgado 9° Administrativo Mixto del Circuito de
Villavicencio libró mandamiento de pago por la suma pedida en la demanda y por
los intereses moratorios.

El 23 de junio siguiente, la parte ejecutada aportó escrito de excepciones,
oportunidad en la cual propuso, entre otras, la de existencia de cláusula
compromisoria5.

A través de sentencia del 10 de octubre de 20186, se declararon no probadas las
excepciones propuestas por la accionada y se ordenó seguir con la ejecución,
decisión contra la cual la demandada interpuso recurso de apelación.

El 16 de octubre de 20207, el Tribunal Administrativo de Arauca resolvió el recurso
interpuesto y confirmó la determinación del a quo.

3 De conformidad con la copia del mandamiento de pago aportado en medio digital con el recurso de

revisión. Índice 2 de Samai.
4 Providencia que obra de forma digital en el índice 2 de Samai.
5 La ejecutada también propuso las siguientes excepciones: i) ausencia de los presupuestos

sustanciales para que el acto administrativo objeto de recaudo preste mérito ejecutivo; ii)
compensación y iii) indebida integración del título ejecutivo complejo.
6 Índice 2 de Samai.
7 Ibídem.

2

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00025-00
No. Interno: 67.994
Actor: Empresa Promotora de Salud Mallamas
E.P.S. Indígena
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

2. Recurso extraordinario de revisión presentado y su trámite

2.1. El 18 de enero de 20228, Mallamas E.P.S. Indígena interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia dictada el 16 de
octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Arauca, para lo cual invocó la
causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 20119.

La accionante explicó que el Tribunal ad quem carecía de competencia, porque en
el contrato base de la ejecución se pactó como cláusula compromisoria que, “para
efectos de dirimir las diferencias que puedan surgir en relación con el desarrollo,
ejecución, terminación y liquidación del presente contrato”10, las partes
comparecerían ante la justicia arbitral.

A su juicio, en el sub lite las autoridades judiciales “desconocieron el acuerdo de
voluntades”11, por cuanto el proceso ejecutivo era un tema relacionado con la
liquidación contractual, por ende, la jurisdicción de lo contencioso administrativo
“tenía la obligación de apartarse del proceso”12.

Por otra parte, la recurrente sostuvo que el Tribunal Administrativo de Arauca se
abstuvo de verificar los requisitos del título ejecutivo, lo cual resultaba necesario,
ante la evidencia de que: i) no existía claridad sobre los saldos a pagar al municipio,
dado que ello dependía del cruce de cuentas una vez aplicada la respectiva
compensación, y ii) las obligaciones no eran exigibles, por cuanto era un aspecto
supeditado a la fecha de liquidación de todos los contratos celebrados con la
accionada, omisión con la que se habría vulnerado el debido proceso.

2.2. Por medio de auto del 2 de mayo de 202213, el recurso extraordinario de revisión
fue admitido, decisión notificada en debida forma a la parte demandada y al
Ministerio Público14.

2.2.1. El municipio de Puerto Gaitán manifestó que el proceso ejecutivo no hacía
parte de ninguna de las etapas contractuales definidas en la cláusula

8 Ibidem.
9 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión: (…).
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación (…)”.
10 Folio 5 del recurso extraordinario de la referencia.
11 Folio 6 del recurso extraordinario de la referencia.
12 Ibídem.
13 Índice 10 de Samai.
14 Índices 12, 13, 15 y 16 de Samai.

3

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00025-00
No. Interno: 67.994
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E.P.S. Indígena
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

compromisoria, dado su carácter autónomo; además, la ley no le ha otorgado
competencia a la justicia arbitral para conocer de dichas controversias.

En lo concerniente a la supuesta omisión en la verificación de los requisitos del título
ejecutivo, la entidad indicó que tales supuestos fueron debatidos por la ejecutada
en su defensa, por lo que en realidad se pretendía usar el mecanismo extraordinario
para que se volvieran a discutir puntos decididos en el proceso precedente15.

2.2.2. El Ministerio Público guardó silencio.

2.3. A través de providencia del 25 de julio de 2022 se resolvieron las solicitudes
probatorias formuladas por las partes en el sentido de acceder parcialmente a
ellas16, determinación contra la cual no se interpusieron recursos17.

III. CONSIDERACIONES

1. Procedencia y oportunidad del recurso extraordinario de revisión

Por resultar procedente18 y haber sido interpuesto en oportunidad19, la Sala
verificará si en el asunto discutido, en relación con el fallo de segunda instancia del
16 de octubre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Arauca, se
configuró la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 201120, sin que el análisis pertinente en modo alguno implique una tercera
instancia del asunto definido en el proceso precedente21 .

15 Índice 20 de Samai.
16 Índice 22 de Samai.
17 El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente para dictar sentencia el 9 de agosto

de 2022. Según informe secretarial que obra a índice 26 de Samai.
18 El recurso extraordinario de la referencia resulta procedente, al margen de su prosperidad, en

virtud del artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, pues lo que se recurre es un fallo dictado en segunda
instancia por un Tribunal Administrativo. Además, a la Subsección le corresponde conocer de los
cuestionamientos planteados, según lo establecido en el artículo 249 ejusdem.
19 De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el término para promover el recurso

de revisión de la referencia era del año siguiente a la ejecutoria del fallo, plazo que se cumplió, dado
que la providencia objeto de revisión quedó en firme el 20 de enero de 2021 y el recurso de revisión
se radicó el 18 de enero de 2022.
20 Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en la Ley 1437 de

2011, con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021, así como el C.G.P.
21 Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: i) sentencia

del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; ii) sentencia del 8 de mayo de 2019,
exp: 46.453 y iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp:
41.222.
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No. Interno: 67.994
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Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

2. Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011

El Consejo de Estado ha establecido que cuando se invoca la causal de revisión
establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el recurso
extraordinario debe fundarse en la configuración de: i) las causales de nulidad
procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del Código General del Proceso
o 140 del Código de Procedimiento Civil, siempre que estas se prediquen de la
sentencia22 o de ii) los supuestos, en los que, según la jurisprudencia, constituyen
una violación del debido proceso23, así:

a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.
d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
e. Desconocer el principio de congruencia.

Aunado a ello, de acuerdo con lo manifestado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado24, podrían existir supuestos adicionales que
se enmarquen en la violación del debido proceso y, por ende, den lugar a la causal
de nulidad originada en la sentencia, la cual no se agota de manera exhaustiva en
los eventos señalados25.

Con todo, al amparo de la violación del debido proceso no es posible plantear
argumentos que tienen como propósito convertir el recurso extraordinario en una
instancia adicional del proceso ordinario precedente, pues este mecanismo no tiene
como finalidad que las partes insistan en las razones por las cuales consideran que
las pretensiones iniciales tenían o no vocación de prosperidad.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Revisión,
sentencia del 7 de junio de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez, exp. 2015-02493-01 (REV).
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 20 de febrero de 2020, C.P: María Adriana Marín, exp: 2019-03861-01 (AC).
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-01(REV). Se precisa que la magistrada ponente
de esta providencia no acompañó el criterio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
anteriormente transcrito, en el sentido de darle un entendimiento más amplio a la causal que se
revisa, en tanto se considera que impartir un tratamiento abierto a las causales de nulidad puede
transgredir la seguridad jurídica por repercutir en la taxatividad del régimen de nulidades. No
obstante, en esta providencia se acata la postura mayoritaria de la Sala para estimar cumplido el
requisito formal relativo a la indicación y sustentación de la causal de revisión.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de

Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, exp. 2020-003697-00 (REV).
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

3. Caso concreto

Como se explicó en el acápite de antecedentes, el recurso extraordinario de revisión
presentando en el sub lite se sustentó en dos circunstancias: i) la supuesta falta de
competencia, en virtud de la cláusula compromisoria pactada entre las partes, y ii)
la vulneración al debido proceso por omisión en la verificación de los requisitos del
título ejecutivo.

De este modo, la Subsección se ocupará de resolver los anteriores cargos.

3.1. Competencia de los tribunales de arbitramento para conocer de los
procesos ejecutivos

Según el Consejo de Estado, en caso de admitirse la posibilidad de convocar
árbitros para resolver procesos ejecutivos, surgen dos obstáculos que deben ser
superados para que aquellos puedan actuar válidamente en dicha clase de litigios:

“1) De un lado, es necesario que el legislador autorice y establezca el
procedimiento a seguir por parte de los árbitros, cuando se trate de cobros
ejecutivos, puesto que el procedimiento que actualmente existe,
corresponde a un proceso de conocimiento, declarativo y de condena, que
obviamente no resulta adecuado para aquella finalidad.

2) De otro lado, es necesario que las partes expresamente hayan acordado
en el pacto arbitral la posibilidad de someter al conocimiento de árbitros
el cobro coactivo de obligaciones claras, expresas y exigibles, contenidas
en títulos ejecutivos –en este caso, derivados de contratos estatales-, es
decir, que de manera expresa y concreta incluyan en la cláusula compromisoria
o en el compromiso, el acuerdo de tramitar los procesos ejecutivos que se
puedan suscitar entre ellas, ante tribunales de arbitramento y no ante la justicia
ordinaria”26 (se destaca).

El referido criterio jurisprudencial fue acogido por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia27, la cual también ha precisado que “si los árbitros no
están legalmente facultados para ejecutar los laudos que profieren, menos aún
puede llegar a considerarse que pueden hacerlo respecto de obligaciones derivadas
de instrumentos creados por particulares o de providencias judiciales”28.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de

julio de 2009, C.P: Ramiro Saavedra Becerra, exp: 36.478. Reiterada por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 10 de diciembre de 2020, C.P: Alberto
Montaña Plata, exp: 47.757.
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de septiembre de 2013, M.P:

Fernando Giraldo Gutiérrez, exp: 2013-02084-00.
28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de febrero de 2013, M.P: Ariel

Salazar Ramírez, exp: 2013-00217-00. Reiterada en sentencia del 2 de febrero de 2021, M.P:
Francisco Ternera Barrios, exp: 2021-00097-00.
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Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Así las cosas, para que la justicia arbitral conozca de procesos ejecutivos es
necesario que: i) el legislador autorice y establezca el procedimiento a seguir por
los árbitros y ii) las partes expresamente le asignen el conocimiento de tales
controversias.

A la fecha, en nuestro ordenamiento no se ha establecido ninguna disposición que
faculte a los árbitros para tramitar procesos ejecutivos derivados de contratos
estatales, los cuales, según lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80 de 199329,
le corresponden, de forma exclusiva, a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

En efecto, ni la Ley 1563 de 201230 ni ninguna derogada por ésta y que estuviera
incorporada en el Decreto 1818 de 199831 establecieron expresamente que al
amparo del arbitraje pudieran conocerse procesos ejecutivos, lo que implica que
mientras el legislador no lo prevea, no pueden hacerlo las partes en el pacto arbitral
que suscriban, el cual solo habilitaría a los árbitros para que definan la controversia
que les presentan aquellas, sin incluir la ejecución de títulos ejecutivos.

En ese sentido, es claro que no le asiste razón a la parte recurrente al pretender
deducir la configuración de la causal que alegó en el presente recurso, con
fundamento en que la existencia de una cláusula compromisoria incorporada en el
contrato suscrito por las partes le impedía a esta jurisdicción conocer del proceso

29 A cuyo tenor: “Artículo 75. Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos

anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales
y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”
(se resalta). Sobre la forma como debe comprenderse la expresión “procesos de ejecución”,
consultar la sentencia C-388 del 22 de agosto de 1996, M.P: Carlos Gaviria Díaz, exp: D-1145.
30 Tan es claro que la Ley 1563 de 2012 no admite que en el marco del arbitraje pueda conocerse

de procesos ejecutivos que sustrajo de estos al propio laudo arbitral, cuando en el artículo 43 dispuso
que “De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria o la contencioso administrativa, según
el caso”. Si bien en el presente caso, el argumento de la parte recurrente no versa sobre la ejecución
de un laudo –título ejecutivo que resulta del proceso arbitral–, para la Sala es claro que si la Ley
1563 de 2012 sustrajo la posibilidad de que dicha ejecución fuera conocida en sede del arbitraje, con
mayor razón esa posibilidad estaría vedada frente a títulos ejecutivos distintos al laudo. No sobra
agregar que la Ley 1563 de 2012 en su artículo 1 fue contundente al definir el arbitraje como “un
mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la
solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice”,
situación que, siguiendo a la jurisprudencia constitucional, salvo que el legislador dispusiera lo
contrario, implica exlcuir a los procesos ejecutivos del objeto del arbitraje, procesos respecto de los
cuales, en principio, las discrepancias en torno al cumplimiento de los requisitos de un título ejecutivo
no hacen parte de las controversias cuya solución les atañen a los árbitros.
31 Los artículos 226 y 227 del Decreto 1818 de 1998, que incorporaron los artículos 68 (incisos 1º y

2º) y 69 de la Ley 80 de 1993, se refirieron al arbitraje de esta ley, como uno de los mecanismos de
solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales. Asimismo, aun cuando no
en el contexto del arbitraje de los contratos estatales, el parágrafo del artículo 165 del Decreto 1818
de 1998, que incorporó el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989, modificado por la Ley 446 de 1998,
excluía del conocimiento de los arbitros los procesos para la ejecución del laudo, al indicar que “De
la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, conforme a las reglas generales”.
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Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

ejecutivo iniciado por el municipio de Puerto Gaitán contra Mallamas E.P.S.
Indígena.

Lo anterior, por cuanto, se reitera, la competencia para conocer de dicho litigio
requiere que la ley disponga que al amparo del arbitraje puedan dirimirse asuntos
propios del proceso de ejecución y establezca las reglas de dicha controversia, lo
que no ha ocurrido todavía en el derecho arbitral colombiano.

Como consecuencia, dada la ausencia de disposiciones legales en ese sentido, no
resultaba procedente que por voluntad de las partes, a través de la cláusula
compromisoria, se le asignara a la justicia arbitral el conocimiento del eventual
proceso ejecutivo, lo que no se hizo en el sub lite, como se deduce del tenor literal
de la respectiva cláusula32 y, en todo caso, si así lo hubiesen pactado, lo cierto es
que se trataría de un acuerdo viciado de nulidad absoluta33, de ahí que no era dable
su aplicación.

La parte recurrente sostuvo que el proceso ejecutivo que dio origen a la sentencia
objeto de revisión se encontraba inmerso dentro de la etapa de liquidación
contractual, por ende, la decisión de dicha controversia les correspondía a los
árbitros; sin embargo, tal liquidación no se extiende a los mecanismos para hacer
efectivos los créditos a favor de las partes, sino para determinar su monto.

En efecto, esta Corporación34 ha indicado que la liquidación es un procedimiento
mediante el cual, una vez concluido el negocio jurídico, las partes verifican en qué
medida y de qué manera cumplieron las obligaciones reciprocas que se derivan de

32 En concreto, las partes señalaron lo siguiente: “VIGÉSIMA OCTAVA. – CLÁUSULA
COMPROMISORIA. Para efectos de dirimir las diferencias que puedan surgir en relación con el
desarrollo, ejecución, terminación y liquidación del presente contrato de aseguramiento, las partes
acuerdan someter la decisión a Jurisdicción arbitral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70
de la Ley 80 de 1993”.
33 “(…) habría objeto ilícito únicamente cuando haya norma expresa que prohíba deferir la solución

del conflicto a la justicia arbitral (artículo 1523 del Código Civil) (…) si hay limitación legal y el
pacto arbitral contempló expresamente el asunto como arbitrable, el convenio arbitral está
afectado de nulidad absoluta (…)” (se resalta). GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán, Régimen Arbitral
Colombiano, Grupo Editorial Ibáñez, página 742. Así mismo, esta Corporación ha precisado lo
siguiente: “En relación con la nulidad absoluta del pacto arbitral por objeto o causa ilícita, como
causal de nulidad del laudo, se observa que la misma se refiere específicamente a la validez o
legalidad del contenido de ese acuerdo de voluntades, el cual en principio consiste en sustraer el
asunto sobre el cual versa, del conocimiento de la jurisdicción natural para deferirlo a la justicia
arbitral; este es el objeto y es sobre la forma de consagrarlo, la mayor o menor extensión de
los asuntos cuyo conocimiento se atribuye a la decisión del tribunal de arbitramento, lo que
puede viciar de nulidad la cláusula compromisoria o el compromiso (…)” (se destaca). Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26
de junio de 2015, C.P: Danilo Rojas Betancourth, exp: 37.261.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 20 de octubre de 2014, C.P: Olga Mélida Valle de De la Hoz, exp: 26.813.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

aquel, con el fin de determinar si se encuentran a paz y salvo por todo concepto,
por lo que “se trata de establecer quién le debe a quién, por qué se debe y cuánto
se debe”35.

El argumento de la recurrente no resulta de recibo para la Sala, dado que la etapa
de liquidación del contrato de aseguramiento de recursos del régimen subsidiado
de salud finalizó con la expedición de los actos administrativos, a través de los
cuales el municipio de Puerto Gaitán ejerció la facultad unilateral que tenía para tal
fin y determinó tanto las actividades dejadas de ejecutar por Mallamas E.P.S.
Indígena, como el saldo a favor de esa entidad territorial36.

En suma, el eventual conocimiento de los procesos ejecutivos por parte de la justicia
arbitral es un aspecto que no ha sido autorizado por el legislador y, en todo caso,
de haberse incluido por las partes en el contrato de aseguramiento citado, se
hubiera tratado de una disposición viciada que no era posible aplicar con la finalidad
de que un tribunal de arbitramento conociera del litigio precedente.

Resuelto el primer cargo planteado por la recurrente, se continuará con el relativo a
la supuesta omisión en la verificación de los requisitos del título ejecutivo por parte
del Tribunal ad quem al dictar la sentencia de segunda instancia.

3.2. Supuesta omisión en la verificación de los requisitos del título ejecutivo

La recurrente señaló que no se verificaron los requisitos del título ejecutivo, porque
no existía claridad sobre los saldos a pagar al municipio, dado que ello dependía
del cruce de cuentas una vez aplicada la respectiva compensación respecto de otros
contratos de aseguramiento celebrados con esa entidad.

35 La doctrina ha definido la etapa de liquidación de los contratos estatales en los siguientes términos:

“La liquidación es el procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las partes verifican
en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas de él derivadas, con el fin
de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución.
Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, se trata de un trámite cuyo objetivo
primordial consiste en determinar quién le debe a quién, qué o cuánto le debe, y por qué se
lo debe, todo lo cual, como es apenas obvio, supone que dicho trámite únicamente procede
con posterioridad a la terminación del contrato” (se destaca). HERNÁNDEZ SILVA, Aida Patricia,
La Liquidación del Contrato Estatal, editorial Universidad Externado de Colombia, revista digital de
derecho administrativo, página 4.
36 En efecto, mediante Resolución No. 111 del 27 de mayo de 2010, el municipio de Puerto Gaitán

liquidó unilateralmente el contrato de aseguramiento referido, junto con el respectivo otrosí,
estableciendo que Mallamas E.P.S. Indígena no ejecutó el 47,55% de las obligaciones a su cargo y,
por ende, existía un saldo a favor de la entidad territorial por $768’911.515, decisión confirmada por
medio de Resolución No. 354 del 5 de noviembre siguiente.
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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00025-00
No. Interno: 67.994
Actor: Empresa Promotora de Salud Mallamas
E.P.S. Indígena
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Además, a juicio de la actora, las obligaciones del título ejecutivo no eran exigibles,
por cuanto era un aspecto supeditado a la fecha de liquidación de todos los negocios
jurídicos celebrados con la accionada.

La Sala observa que en su escrito de excepciones, la demandante cuestionó la
ausencia de requisitos del título ejecutivo y la configuración de una supuesta
compensación, aspectos que fueron analizados en la primera instancia y decididos
de manera desfavorable, al punto de que la parte actora apeló y el Tribunal
Administrativo de Arauca asumió el estudio en la segunda instancia de los
argumentos planteados, los cuales fueron desestimados (se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores):

“En efecto, de conformidad con las facultades previstas en la Ley, la entidad
ejecutante mediante la Resolución No. 111 del 27 de abril de 2010 liquidó
unilateralmente el contrato para la Administración de Recursos del Régimen
Subsidiado de Seguridad Social en Salud, decisión confirmada a través de la
Resolución No. 354 del 05 de noviembre de 2010. Así, al integrar los
documentos acabados de relacionar, se encuentra una obligación expresa a
cargo de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDÍGENA MALLAMAS,
consistente en pagar una suma de dinero por no haber ejecutado las
obligaciones previstas en el mencionado contrato por valor de $768’911.515,09.
Así mismo., es clara en tanto que su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor
y deudor) aparece inequívocamente señalados dentro del título base a ejecutar.
Y por último, dicha obligación se hizo exigible después del vencimiento
de los 30 días siguientes a su notificación y así se hizo.

Bajo las premisas anotadas, para la Sala el título ejecutivo objeto de
estudio contrario a lo manifestado por la entidad ejecutada sí cumplió con
las exigencias previstas en la ley, es decir se encontraban satisfechos los
tres elementos sustanciales, esto es, que contenía una obligación clara,
expresa y exigible.

(…)
Descendiendo al caso sub júdice, se advierte que tal y como así lo señaló la
primera instancia, si bien se trata de obligaciones reciprocas entre las partes,
representadas en dinero y que ambas deudas son liquidas, lo cierto es que no
se cumple con el requisito de que las dos sean actualmente exigibles, ya que
mientras la entidad contratante interpuso demanda en relación con la obligación
contenida en los actos administrativos objeto de ejecución dentro del término
previsto en la ley –cinco años-, la parte ejecutada no lo hizo así con las que
pretende se haga la respectiva compensación (…) las cuales no fueron
debidamente exigidas por la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
INDÍGENA MALLAMAS dentro de su oportunidad.

Así las cosas, es claro que no era procedente se diera a lugar a la
compensación como modo de extinguir la obligación parcial de la

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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00025-00
No. Interno: 67.994
Actor: Empresa Promotora de Salud Mallamas
E.P.S. Indígena
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDÍGENA MALLAMAS para con el
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN (…)”37 (se destaca).

La Subsección considera que, en efecto, la verificación de los requisitos del título
ejecutivo fue un aspecto analizado y resuelto en el fallo objeto de revisión, distinto
es que esa autoridad judicial no coincidió con la argumentación expuesta por la
parte ejecutada.

Por lo anterior, lo que se advierte es una discrepancia de criterio de la parte actora
porque la providencia cuestionada resultó adversa a sus intereses, no siendo este
un motivo suficiente que amerite la intervención de esta Corporación frente a la
referida sentencia, pues tal propósito resulta ajeno al mecanismo de la referencia,
el cual, dada su naturaleza excepcional, no fue creado para instituirse como una
instancia adicional dentro de los juicios precedentes38.

En suma, el desacuerdo de las partes con las conclusiones a las que llegó el
operador judicial no torna en procedente el recurso de revisión, porque, se insiste,
este mecanismo extraordinario no es una tercera instancia de tales asuntos y, por
ende, por su intermedio no es posible determinar si la argumentación jurídica y/o
probatoria era la más acertada o la más correcta39.

En conclusión, la parte actora no demostró la configuración de la causal invocada –
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011- y, como consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión formulado por Mallamas E.P.S Indígena carece de
fundamento y así se declarará.

4. Costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 40, en
concordancia con el artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo
de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso extraordinario de
revisión, en la medida en que se declare infundado su recurso y esté acreditada su
causación, razón por la cual en el sub lite se condenará a la parte recurrente,

37 Folios 12 y 16 de la sentencia de segunda instancia.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de

2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54.722.
40 “Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido

el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente” (se destaca).
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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00025-00
No. Interno: 67.994
Actor: Empresa Promotora de Salud Mallamas
E.P.S. Indígena
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Mallamas E.P.S. Indígena, la cual pagará el total de las costas que se hubieren
causado en el sub examine.

Respecto de las agencias en derecho como elemento integrante de las costas, la
Subsección advierte que el Consejo Superior de la Judicatura, en el numeral 9 del
artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 201641, fijó las tarifas frente a los
recursos extraordinarios de revisión entre 1 y 20 smmlv.

En este caso, el municipio de Puerto Gaitán compareció mediante su
correspondiente apoderado judicial, en virtud de lo cual tuvo a su cargo la vigilancia
del proceso; además, desplegó actuaciones como las relacionadas con la
contestación del recurso extraordinario de revisión, por lo que la fijación de agencias
en derecho resulta procedente42.

Lo anterior no se ve afectado porque la entidad accionada hubiese comparecido por
intermedio de los abogados integrantes de su planta de personal, pues el hecho de
que no se hayan realizado pagos adicionales al salario no enerva la causación de
las agencias, por lo que, incluso, estas proceden cuando la parte comparece al
proceso sin constituir apoderado, según lo previsto en los numerales 3 y 4 del
artículo 366 del CGP43.

Así las cosas, a cargo de la parte recurrente, se fijan las agencias en derecho en
tres (3) smmlv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, suma que se reconocerá
a favor del municipio de Puerto Gaitán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

41 El recurso de revisión se presentó el 18 de enero de 2022, fecha posterior a la entrada en vigor

del Acuerdo 10554 de 2016.
42 Criterio que ha reiterado la Sala en sentencias del 18 de marzo de 2022, exps: 66.582 y 67.174,

entre otras.
43 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos

judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
(…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas estableen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” (se destaca).
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Radicación: 11001-03-26-000-2022-00025-00
No. Interno: 67.994
Actor: Empresa Promotora de Salud Mallamas
E.P.S. Indígena
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por la Empresa Promotora de Salud Mallamas E.P.S. Indígena contra la
sentencia dictada el 16 de octubre de 2020, por el Tribunal Administrativo de
Arauca, en el proceso ejecutivo con radicado 50001-33-31-009-2016-00364-01.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la recurrente, Empresa Promotora de Salud
Mallamas E.P.S. Indígena, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de la
Sección Tercera, teniendo en consideración las expensas demostradas en el
proceso.

Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto
equivalente a tres (3) smmlv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a favor del
municipio de Puerto Gaitán y a cargo de la recurrente.

TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho de la
consejera ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en
costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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