Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00134-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00134-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00134-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 11001032600020220013400 (68.563)
Demandantes: Asesorías Arrubla Devis Amaya Abogados S.A.S.
Demandado: Nación – Presidencia de la República y otros
Medio de control: Nulidad
Asunto: Sentencia de única instancia
TEMAS: SIMPLE NULIDAD –decreto reglamentario que desarrolla una inhabilidad
contemplada en la Ley 80 de 1993 / POTESTAD REGLAMENTARIA – competencia
constitucional atribuida al Gobierno nacional - sus límites están dados por el contenido
mismo de la ley que desarrolla / INHABILIDAD– restricción en la capacidad de los sujetos
para contratar con el Estado, cuya determinación solo procede en virtud de la Constitución
o la ley, de enunciación taxativa e interpretación restrictiva
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a decidir las pretensiones de nulidad promovidas contra
el artículo 1 del Decreto 1358 de 2020.
I. ANTECEDENTES
1. El 14 de junio de 20221, Asesorías Arrubla Devis Amaya Abogados S.A.S.,
presentó demanda contra la Nación - Presidencia de la República, con el fin de que
se declare la nulidad de la expresión “ha actuado” incluida en los incisos quinto y
décimo del artículo 1 del Decreto 1358 de 20202, expedido por el Gobierno
Nacional3, cuyo tenor literal es el siguiente (se resalta el aparte demandado):
“ARTÍCULO 1. Adiciónese una Sección 3 al Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, la cual quedará así:
SECCIÓN 3.
SOLICITUD Y PUBLICIDAD DE LAS SENTENCIAS PENALES POR LA
COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, O DE
CUALQUIERA DE LOS DELITOS O FALTAS CONTEMPLADAS POR LA LEY
1474 DE 2011 Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS O DE CUALQUIERA DE
LAS CONDUCTAS DELICTIVAS CONTEMPLADAS POR LAS
CONVENCIONES O TRATADOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR COLOMBIA, ASÍ COMO DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONDUCTAS DE SOBORNO
TRASNACIONAL.
(…)
ARTÍCULO 2.2.3.2.3.2. DE LA PUBLICIDAD DE LAS DECISIONES
PROFERIDAS POR AUTORIDADES EXTRANJERAS. Una vez se reciban las
1
Índice 2, SAMAI.
2
“Por el cual se reglamenta el literal j del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la
Ley 2014 de 2019 y se adiciona el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
3
Suscrito por el presidente de la República, los ministros de (i) Relaciones Exteriores, (ii) Justicia y del Derecho, (iii) Comercio,
Industria y Turismo; y por el director del Departamento Nacional de Planeación.
Expediente 11001032600020220013400 (68.563)
Demandante: Asesorías Arrubla Devis Amaya Abogados S.A.S.
Demandado: Nación - Presidencia de la República y otros
Referencia: Nulidad
decisiones de que trata el artículo 2.2.3.2.3.1 del presente Decreto, la
dependencia que para el efecto determine el Ministro de Relaciones Exteriores,
en un término de diez (10) días hábiles, las remitirá a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, quien tendrá el término de un (1) mes, contado a
partir de la recepción de la información, para verificar mediante oficio con el
carácter de acto de trámite, que la misma haya sido enviada con el lleno de
requisitos formales.
Cuando se trate de sentencias judiciales proferidas contra personas naturales, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado requerirá a la Cámara de
Comercio respectiva para que ésta, en un término de diez (10) días hábiles,
informe acerca de las sociedades y las sucursales de sociedades extranjeras
respecto de las cuales la persona natural declarada judicialmente responsable,
actúa o ha actuado en calidad de administrador, representante legal, miembro de
junta directiva o socio controlante, así como las matrices y subordinadas de las
mismas.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitará a la Cámara de
Comercio del respectivo domicilio de la persona jurídica relacionada con la
persona natural condenada a través de las modalidades establecidas en el inciso
precedente, que inscriba en el Registro Único de Proponentes (RUP) de dichas
sociedades, la siguiente mención: "En aplicación del literal j) del artículo 8° de la
Ley 80 de 1993, esta persona jurídica se encuentra inhabilitada para participar en
licitaciones y celebrar contratos con el Estado Colombiano desde (la fecha de la
resolución administrativa sancionatoria o de la sentencia penal condenatoria
correspondiente)" . En el paréntesis se debe incluir la fecha a partir de la cual rige
la sanción.
Cuando se trate de sanciones administrativas proferidas contra personas jurídicas,
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitará a la Cámara de
Comercio del domicilio de la persona jurídica sancionada, así como de su matriz
y subordinadas, cuando fuere el caso, para que dicha Cámara de Comercio
inscriba en el Registro Único de Proponentes (RUP) la siguiente mención: "En
aplicación del literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, esta persona jurídica
se encuentra inhabilitada para participar en licitaciones y celebrar contratos con el
Estado Colombiano desde (la fecha de la resolución administrativa sancionatoria
o de la sentencia penal condenatoria correspondiente)" . En el paréntesis se debe
incluir la fecha a partir de la cual rige la sanción.
PARÁGRAFO. En caso de que la sentencia de primera instancia o la sanción
administrativa, no se encuentre ejecutoriada, tal situación será informada por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a la Cámara de Comercio
correspondiente, para efectos de la inscripción a en el Registro Único de
Proponentes (RUP) a la que hace referencia el presente artículo. Cuando la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tenga conocimiento de que las
decisiones inscritas acorde con lo establecido en el presente artículo sean
revocadas, solicitarán tales decisiones, observando el mismo procedimiento aquí
establecido, y las remitirá a la Cámara de Comercio correspondiente, con la
solicitud del levantamiento de la anotación de inhabilidad del Registro Único de
Proponentes (RUP).
ARTÍCULO 2.2.3.2.3.3. DE LA PUBLICIDAD DE LAS SENTENCIAS
PROFERIDAS POR JUECES PENALES COLOMBIANOS. Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5. 7 del Decreto 1082 de 2015, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado tomará las medidas necesarias para que,
mediante la integración o interacción del Sistema Único de Gestión e Información
de la actividad litigiosa de la Nación con el Sistema de Información de la Rama
Judicial, se obtengan las sentencias condenatorias en primera instancia, contra
personas naturales que hayan cometido delitos contra la Administración Pública o
cualquiera de los delitos contemplados en la Ley 1474 de 2011 y sus normas
modificatorias.
Una vez la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuente con las
sentencias judiciales proferidas contra personas naturales, requerirá la Cámara de
Comercio para que esta, en un término de diez (10) días hábiles, informe las
sociedades y las sucursales de sociedades extranjeras respecto de las cuales la
persona natural condenada actúa o ha actuado en calidad de administrador,
representante legal, miembro de junta directiva o socio controlante, así como las
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Expediente 11001032600020220013400 (68.563)
Demandante: Asesorías Arrubla Devis Amaya Abogados S.A.S.
Demandado: Nación - Presidencia de la República y otros
Referencia: Nulidad
matrices y subordinadas de las mismas. Una vez se cuente con dicha información,
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitará a la Cámara de
Comercio del domicilio de la persona jurídica relacionada, que inscriba en el
Registro Único de Proponentes (RUP) de dichas sociedades, la siguiente
mención: "En aplicación del literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, esta
persona jurídica se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado
Colombiano desde (la fecha de expedición de la sentencia penal condenatoria
correspondiente)" . En el paréntesis se debe incluir la fecha a partir de la cual rige
la sanción (…)” (se resalta).
Fundamentos de la demanda
2. Indica el demandante que la Ley 2014 de 2019, “[p]or medio de la cual se
regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la
administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por
actos de corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el literal j) del núm.1
del art. 8 de la Ley 80 de 1993, que consagra el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para celebrar contratos con las entidades estatales.
3. La norma expedida fue objeto de reglamentación por el Gobierno nacional,
mediante el Decreto 1358 de 2020 –que agregó la Sección 3 al capítulo 2, parte 2
del libro 2 del Decreto 1069 de 20154, es decir, los arts. 2.2.3.2.3.1. al 2.2.3.2.3.5.
de esta última normativa– en el que estableció el trámite para solicitar, publicar y/o
conocer las sentencias penales o sanciones administrativas por la comisión de
delitos contra la Administración pública, delitos o faltas previstos en la Ley 1474 de
2011.
4. Para el actor, la expresión “ha actuado”, objeto de censura, vulnera los arts.
189.11 de la Carta Política y 8° de la Ley 80 de 1993, en tanto excede el precepto
legal que reglamenta.
5. En el concepto de la violación, adujo lo siguiente:
a) Nulidad por exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Señala que el lit.
j) del núm. 1 del art. 8 de la Ley 80 de 1993 consagra como único supuesto de
inhabilidad extensivo a las sociedades respecto de las personas naturales
condenadas por los delitos o las faltas que allí se mencionan, quienes al momento
de declararse su responsabilidad hagan parte de esas personas jurídicas en calidad
de administradores, representantes legales, miembros de junta o socios
controlantes. Sin embargo, el reglamento amplió ese supuesto, mediante una
modificación en la conjugación, al indicar que esa restricción también procede
frente a todas las sociedades en las que han actuado esas personas.
b) Nulidad por infracción de las normas en que debía fundarse. Plantea que el
término “ha actuado”, en la disposición debatida, (i) omite que la inhabilidad prevista
en el lit. j) del núm. 1 del art. 8 de la Ley 80 de 1993 es un mecanismo de prevención
frente a actos de corrupción, no una sanción, de manera que la norma
reglamentaria sobrepasa el propósito de la restricción legal; (ii) desconoce la
tipicidad rígida e interpretación restrictiva de las inhabilidades, al extender su
configuración al pasado, pese a que la ley siempre ha mantenido su conjugación
4
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
3
Expediente 11001032600020220013400 (68.563)
Demandante: Asesorías Arrubla Devis Amaya Abogados S.A.S.
Demandado: Nación - Presidencia de la República y otros
Referencia: Nulidad
en tiempo presente5; y, (iii) contraviene la tarea de los particulares sobre sus
mecanismos de autorregulación y control interno para garantizar buenas prácticas
en materia de transparencia en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, ya que para las sociedades resultaría irrelevante estructurar
tales instrumentos si no actúan de forma preventiva y si no tiene repercusión alguna
sobre el restablecimiento de su capacidad de contratar con el Estado.
(c) Nulidad por falta de competencia, pues el Gobierno nacional sobrepasó su
facultad reglamentaria y desplegó una competencia que sólo atañe al legislador.
Contestaciones de la demanda6
6. La Presidencia de la República7 se opuso a las pretensiones, y como
medios exceptivos planteó:
(i) “inexistencia de violación alguna de normas superiores”, pues la expresión
cuestionada se acompasa al orden constitucional y los preceptos de mayor
jerarquía, ya que no se limita al tiempo pasado, sino que emplea el verbo “haber”
en pretérito perfecto, precisando que la inhabilidad procede preventivamente aun
en los casos de sociedades de las que hacen parte las personas naturales
condenadas, o beneficiadas por un principio de oportunidad, con relación a
cualquier delito contra la administración pública, o por punibles y faltas descritas
por la Ley 1474 de 2011;
(ii) “indebida integración del contradictorio e indebida representación de la Nación
por parte de la Presidencia de la República y de la Presidencia de la República”, en
tanto la representación de la Nación frente a los actos suscritos por el Gobierno
nacional, corresponde al ministro o director del departamento del ramo respectivo
y no al presidente, así que los llamados a intervenir son el DNP y el Ministerio de
Justicia y del Derecho8. El presidente de la República, por conducto de la
Presidencia, solo asume la defensa de algunos actos referidos a contratos suscritos
por él a nombre de la Nación –inciso quinto del art. 159 del CPACA–; y,
(iii) la excepción “innominada”9.
7. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo10 también se opuso a las
súplicas incoadas. Afirmó que los incisos quinto y décimo del art. 1 del Decreto
1358 de 2020 son producto de la facultad de reglamentación otorgada por la ley11.
5
Añadió que: “La inclusión de la expresión ´ha actuado´ no resulta menor, pues cambia radicalmente el alcance del literal j)
al extender el supuesto de hecho de la inhabilidad consignada en el mismo e imponer una carga desproporcionada a las
sociedades que pretenden contratar con el Estado o que han celebrado contratos con el mismo, que ya no solo tendrán que
vigilar y tomar medidas frente a las personas con las que sostienen algún tipo de relación jurídica o económica, sino que
además, deberán controlar las acciones de aquellos con los que ya no tienen vínculo alguno (…)”.
6
En auto del 20 de octubre de 2022, se admitió la demanda y se ordenó notificar a la Presidencia de la República, y a los
ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho, Comercio Industria y Turismo, y al DNP –índice 4, SAMAI–.
7
Índice 26, SAMAI.
8
Explicó que en atención a los arts. 115 de la Constitución Política y 159 del CPACA, “la representación judicial de la Nación,
frente a la nulidad de las normas que se demandan, corresponde al jefe de la administración de la dependencia que tiene
por función la formulación de la política pública de su respectivo sector, sin que resulte imperativo contar con la integración
del máximo mandatario dentro del respectivo medio de control ... el Primer Mandatario NO es sujeto procesal salvo en las
excepciones del artículo 115 de la Constitución Política y el inciso quinto del artículo 159 del C.P.A.C.A. Tampoco actúa en
nombre y representación legal ni judicial de entidad alguna, porque él no es la autoridad de mayor jerarquía de las entidades
de la rama ejecutiva del Orden Nacional, en tanto lo son los Ministros y los Directores de Departamentos Administrativos en
el orden nacional de la Rama Ejecutiva del poder público”.
9
Pidiendo que se reconozca cualquier otro medio de defensa que se acredite en el plenario.
10
Índice 28, SAMAI.
11
No explicó con mayor profundidad la razón aludida.
4
Expediente 11001032600020220013400 (68.563)
Demandante: Asesorías Arrubla Devis Amaya Abogados S.A.S.
Demandado: Nación - Presidencia de la República y otros
Referencia: Nulidad
8. El Ministerio de Justicia y del Derecho12 anotó que la previsión enjuiciada
no extiende el alcance de la inhabilidad contemplada en la ley. Para estos efectos
aduce que el Decreto 1358 de 2020 estableció los parámetros para que se surta la
publicidad de las sanciones y penas impuestas por autoridades extranjeras y
nacionales. La conjugación “ha actuado” versa sobre una conducta que tiene
efectos en el presente, siendo concordante con el fin de la norma que reglamenta,
que procura que se informe “no solo de las sociedades respecto de las cuales la
persona natural condenada o sancionada actúa, sino que también ha actuado en
calidad de administrador, representante legal, miembro de junta directiva o socio
controlante”.
9. El Ministerio de Relaciones Exteriores13 sostuvo que el precepto debatido
se ajusta al ordenamiento jurídico, y que las pretensiones se basan en una
apreciación subjetiva y sin soporte, pues la norma acusada regula el trámite para
recaudar información que permita valorar y dar cumplimiento al contenido de la ley.
10. El DNP14 aseveró que la expresión demandada no contradice la ley, no crea
una nueva causal de inhabilidad, ni es oscura; en cambio, procura el cumplimiento
de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
Intervención del coadyuvante del extremo activo15
11. La Cámara Colombiana de Infraestructura –CCI– aseguró que el art. 8 de la
Ley 80 de 1993 es claro en establecer que para que la inhabilidad se extienda a la
sociedad es necesario que la persona natural haga parte de aquella; sin embargo,
el Decreto reglamentario modificó la ley, al señalar que se refiere a quien haya
detentado (en tiempo pasado) las calidades indicadas en la ley. Aportó dos oficios16
en los que el Ministerio de Justicia reconoció que la conjugación demandada
“constituye un yerro que debe ser corregido”17.
Trámite procesal
12. En proveído del 22 de febrero de 2023 se negó la solicitud de medida
cautelar de suspensión provisional18. Igualmente, en auto del 21 de febrero de
202419 se resolvió de manera negativa la excepción de “indebida integración del
contradictorio e indebida representación de la Nación”.
13. Mediante providencias del 14 de mayo20 y 2 de septiembre de 202421, esta
Corporación prescindió de la audiencia inicial, para dictar sentencia anticipada, al
tratarse de un asunto de puro derecho en el que no hay pruebas. Se fijó el litigio22
12
Índice 24, SAMAI.
13
Índice 23, SAMAI.
14
Índice 27, SAMAI.
15
Con auto del 22 de marzo de 2023 esta Corporación aceptó la coadyuvancia formulada por el solicitante (índice 40, SAMAI).
16
Oficios: MJD-OFI22-0022431-GAA-1500 del 22 de junio de 2022 y MJD-OFI22-0026788-GAA-1500 del 25 de julio de 2022.
17
Índice 25, SAMAI.
18
Índice 33, SAMAI.
19
Índice 60, SAMAI.
20
Índice 70, SAMAI.
21
Índice 82, SAMAI.
22
Se fijó el litigio en los siguientes términos: “… el OBJETO DEL LITIGIO se contrae a determinar si la expresión “ha actuado”,
contenida en los incisos 2° de los artículos 2.2.3.2.3.2 y 2.2.3.2.3.3 del Decreto 1069 de 2015, adicionados por el articulo 1°
del Decreto 1358 de 2020 (incisos 5° y 10°), expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se reglamentó el literal j)
del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, adolece de nulidad al excederse las facultades reglamentarias que
5
Expediente 11001032600020220013400 (68.563)
Demandante: Asesorías Arrubla Devis Amaya Abogados S.A.S.
Demandado: Nación - Presidencia de la República y otros
Referencia: Nulidad
y se incorporaron las pruebas documentales allegadas al proceso23; luego, se corrió
traslado a las partes para ejercer su derecho de contradicción y, posteriormente,
para alegar de conclusión24.
14. En esta oportunidad, el DNP25, los Ministerios de Comercio, Industria y
Turismo26, de Justicia y Derecho27 y de Relaciones Exteriores28 reiteraron las
razones expuestas en sus contestaciones. La Presidencia aseguró que la actora no
probó que la locución atacada extienda los alcances de la inhabilidad examinada29.
15. La demandante30 insistió en sus planteamientos y sostuvo que el propio
Ministerio de Justicia y del Derecho, en los oficios aportados al sub-lite, reconoció
que la expresión censurada iba más allá de la ley. Añadió que la interpretación de
las entidades públicas, de que el término enjuiciado también se refiere a personas
que “hayan sido declaradas responsables”, busca justificar la extensión del
supuesto de hecho fijado en la ley, a personas que ya no tienen ningún rol en la
persona jurídica objeto de la inhabilidad.
16. Afirmó que si bien una de las interpretaciones de la expresión “ha actuado”,
dada su conjugación en el tiempo pretérito perfecto, permite acoger una acción que
se inició en el pasado que aún produce efectos en el presente, tal entendimiento no
es el único, ni el más usual, en tanto la misma se extiende a conductas que
ocurrieron en el pasado y ya terminaron. De esta manera, la sola divergencia de
posibles interpretaciones, por sí sola, debe dar lugar a su nulidad.
17. El Ministerio Público31 señaló que la norma enjuiciada no altera la inhabilidad
contenida en el EGCAP, pues lo que desarrolla es el principio de publicidad y, con
ello, la divulgación de las decisiones judiciales relevantes para el efecto32.
II.CONSIDERACIONES
18. El centro del debate se sitúa en determinar si la expresión “ha actuado”
incluida en los incisos quinto y décimo del art. 1 del Decreto 1358 de 2020 debe
anularse por infringir normas superiores, o por exceso en el ejercicio de la facultad
reglamentaria. Para solventar la censura, la Sala precisará el contenido de esta
norma y el contexto que le dio origen, junto con el análisis de la disposición
reglamentaria, no sin antes referirse a la representación de la Nación por parte de
la Presidencia de la República en el presente proceso.
dispuso la Constitución para ser ejercidas por el Presidente de la Republica y sus ministros (gobierno nacional), y por
infracción de las normas en que debía fundarse el Decreto 1358 de 2020”.
23
Estos son: (i) Decreto 133 del 5 de febrero de 2021, por medio del cual se nombró́ al doctor Víctor Manuel Muñoz Rodríguez
como Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; (ii) Decreto 1358 de 16 de octubre de
2020, “Por el cual se reglamenta el literal j del numeral 10 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 2 de
la Ley 2014 de 2019 y se adiciona el Decreto 1069” –(i) y (ii) aportados por el actor–; (iii) antecedentes administrativos del
decreto demandado –allegado por el Ministerio de Relaciones Exteriores–; (iv) comunicación 1-3-452022-21059 del 4 de
mayo de 2022, dirigida al Ministerio de Justicia y del Derecho y al DNP –aportado por la CCI–; y (v) oficios MJD-OFI22-
0022431-GAA-1500 del 22 de junio y MJD-OFI22-0026788- GAA-1500 del 25 de julio de 2022, emitidos por el Ministerio de
Justicia y del Derecho –allegados por la CCI y la demandante–.
24
Índice 93, SAMAI.
25
Índice 97, SAMAI.
26
Índice 102, SAMAI.
27
Índice 106, SAMAI.
28
Índice 98, SAMAI.
29
Índice 103, SAMAI.
30
Índice 101, SAMAI.
31
Índice 100, SAMAI.
32
El término concedido a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto corrió del 18 al 29
de noviembre de 2024. Luego de los trámites secretariales, el asunto ingresó al despacho para fallo el 10 de febrero de 2025.
6
Expediente 11001032600020220013400 (68.563)
Demandante: Asesorías Arrubla Devis Amaya Abogados S.A.S.
Demandado: Nación - Presidencia de la República y otros
Referencia: Nulidad
19. Esta Subsección33 ha precisado la distinción entre la capacidad para
comparecer al proceso y la figura de la representación. La primera concierne a la
aptitud para fungir como parte del proceso; la segunda, corresponde a la facultad
que el legislador reconoce para que una persona actúe por otra –en su nombre y
representación– de modo que los efectos de los actos del mandatario recaen sobre
el sujeto representado.
20. El inciso primero del artículo 159 de la Ley 1437 de 2011 dispone que las
entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás
sujetos que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso,
pueden obrar como demandantes, demandados o intervinientes, a través de sus
representantes. A su vez, el art. 80 de la Ley 153 de 1887 dispone que la Nación,
los departamentos y los municipios, son personas jurídicas. Comoquiera que la
demanda se instauró en contra de la Nación, se trata de un sujeto que tiene
capacidad procesal y está llamada a comparecer al proceso para defender la
legalidad de un acto administrativo proferido por una autoridad de ese nivel.
21. En punto a su representación en el sub-lite, el artículo 115 de la Constitución
Política determina que el primer mandatario puede actuar, según la función que
ejerza, en la calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno o suprema autoridad
administrativa. La primera categoría trata sobre aquellas atribuciones relativas a la
soberanía y unidad nacional –como lo es, el manejo de las relaciones
internacionales–; actúa como jefe de gobierno al ejercer las actividades que
corresponden a la fijación de las políticas de dirección del país, para lo cual aplica
el programa gubernamental y promulga las normas bajo su competencia34; mientras
que ejerce como suprema autoridad administrativa en lo relativo a la gestión y
normal funcionamiento de la administración35. Así, en lo que atañe al ejercicio de la
potestad reglamentaria, el primer mandatario actúa bajo la doble condición de jefe
de Gobierno y suprema autoridad administrativa36.
22. El artículo 159 del CPACA establece que las entidades públicas son
representadas, para efectos judiciales, por “la persona de mayor jerarquía en la
entidad que expidió el acto o produjo el hecho”. De modo que, cuando se trata de
un acto proferido por la Nación – Gobierno nacional, “la persona de mayor jerarquía
que lo suscribe es, sin duda alguna, el Presidente de la República”37, sin perjuicio
de que concurran también el ministro, o director de departamento administrativo,
puesto que su participación en la expedición del acto es imperiosa a efectos de que
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de diciembre
de 2023, radicación 11001032400020220039300 (69.231), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
34
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 18 de abril de 2023, número 2501, C.P. Edgar González
López.
35
En el concepto precitado, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación precisó la calidad que ostenta el
presidente de la República frente a cada una de las funciones descritas en el artículo 189 de la Carta Política. Así, detalló
que actúa como jefe de Gobierno en ejercicio de las funciones de que tratan los núm. 3, 4, 9, 10, 11 y 12, como jefe de Estado
en las atribuciones de los núm. 2, 5, 6 y 7 y como suprema autoridad administrativa en las tareas relacionadas en los núm.
1 y 13 a 28.
36
“(…) en el marco de producción de las normas jurídicas, la potestad reglamentaria faculta al Ejecutivo a expedir
reglamentaciones para la cumplida ejecución de las leyes, sin que, claro está, se sobrepasen los límites de las materias
sujetas a reserva de ley. Esta potestad dispuesta en el numeral 11 del artículo 189 Superior, habilita al presidente de la
República en su doble condición de jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa para expedir reglamentos de carácter
general y abstracto que facilitan la ejecución de la ley, detallando los aspectos técnicos y operativos necesarios para tal
propósito, sin que pueda modificar, ampliar o restringir su contenido y alcance”. Corte Constitucional, sentencia C-219 del 19
de abril de 2017.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 21 de julio de 2021, radicación 11001-
03-24-000-2016-00019-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
7
Expediente 11001032600020220013400 (68.563)
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tenga valor, por lo que su vinculación es mandatoria38. Lo anterior, tiene base
constitucional en el art. 115 superior, que dispone que el “Gobierno Nacional está
formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores
de departamentos administrativos”.
23. En esa medida, en las demandas que se promuevan contra actos
administrativos expedidos por la Nación, a través del Gobierno Nacional, fungen
como representantes de aquella el Presidente de la República y los ministros del
ramo o los directores de departamentos administrativos que suscribieron el acto
enjuiciado39.
24. A su vez, los artículos 1 y 3 del Decreto 672 de 2017 prevén que el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –bajo la
denominación “Presidencia de la República”– debe asistir al primer mandatario en
su calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa,
en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. En específico, le
corresponde “[a]sesorar al Presidente de la República en el estudio de la
constitucionalidad, legalidad y conveniencia de los distintos proyectos de ley,
decretos y actos administrativos de competencia del primer mandatario”.
25. Aquél departamento está integrado por varias dependencias, entre ellas, la
Secretaría Jurídica, a la que le compete “[r]evisar, estudiar, formular observaciones
y emitir conceptos sobre los proyectos de decreto, resoluciones ejecutivas y
directivas presidenciales sometidas a consideración del Presidente de la
República”, así como “[r]epresentar judicial y extrajudicialmente a la Presidencia de
la República en los procesos en que sea parte por delegación del Director del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ...” –núm. 8 y 12 del
art. 27 del Decreto 672 de 2017–. Igualmente, mediante el Decreto 245 de 2019, el
primer mandatario delegó en el Secretario Jurídico de la Presidencia de la
República “la facultad de notificarse, representar y conferir poderes en nombre del
Presidente de la República, en todas las actuaciones prejudiciales, las
conciliaciones extrajudiciales y los procesos judiciales que le sean notificados, en
los que se constituya en parte y en general en todas las actuaciones que se surtan
ante la Rama Judicial y ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP”.
26. Por consiguiente, en este proceso se ha cumplido con la debida
representación de la Nación, en tanto esta se encuentra a cargo del Presidente de
la República, de los ministros y del director del departamento administrativo que
suscribieron el acto enjuiciado, con la precisión de que la representación de aquel
está atribuida al secretario jurídico de la Presidencia de la República.
27. Precisado lo anterior, la Sala pasa a analizar los dos aspectos centrales que
se cuestionan bajo los cargos de ilegalidad: el alcance de la potestad reglamentaria
asignada al presidente de la República y la naturaleza de las inhabilidades
38
A voces del mencionado artículo 115 de la Constitución Política, para que los actos del presidente de la República tengan
fuerza y valor es necesario que sean suscritos también por el ministro o director del departamento pertinente, excepto en los
eventos de nombramientos y remoción de funcionarios en los aludidos cargos o respecto de los actos dictados por aquel
como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. Tal exigencia de enlace de las voluntades del primer mandatario
con el ministro o director correspondiente deviene de la expresa determinación, contenida en el referido artículo, que indica
que “[e]l Gobierno Nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de
departamentos administrativos”.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 9 de noviembre de 2021, radicación
11001-03-24-000-2020-00378-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Expediente 11001032600020220013400 (68.563)
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contempladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
– EGCAP, plataforma necesaria para desatar los cargos de la censura.
28. De acuerdo con la Constitución Política, la estructura general del Estado
Colombiano se define bajo un modelo de organización conformado por ramas del
poder público y por órganos autónomos e independientes, cada uno singularizado
en sus funciones, pero articulados bajo el principio de colaboración armónica (art.
113).
29. La Carta superior asignó al legislador la tarea de hacer las leyes, y por medio
de ellas la de desarrollar las competencias descritas en el art. 150 constitucional.
Al Presidente de la República le confirió las facultades indicadas en el art. 189 ib.,
entre otras, la de “[e]jercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”
(núm. 11). De ahí que se establece un marco de coordinación y complementación
entre la función de hacer las leyes a cargo del legislativo, como regla general, y la
del ejecutivo de reglamentarlas y ejecutarlas.
30. La potestad reglamentaria implica la atribución para proferir normas
generales, abstractas y de origen administrativo, a través de las cuales se posibilita
el efectivo cumplimiento de la ley. Para su ejercicio habrá de acudirse al criterio de
necesidad, a través del cual se define la amplitud con la que esta facultad se ejerce,
y su alcance dependerá del margen que haya previsto el legislador para el
adecuado desarrollo de sus mandatos. Así, entre mayor precisión contenga la ley
para ser ejecutada, menor espacio habrá para reglamentarla y, a la inversa, existirá
una mayor amplitud para la tarea de reglamentación, cuanto menor haya sido
regulada la materia por el legislador40.
31. De esta manera, la potestad reglamentaria se desenvuelve bajo dos
fronteras41: (i) la competencia, pues con la justificación de puntualizar la ley, no es
dable extender, adicionar o reducir su contenido, lo que implica que su actuar está
sometido al ámbito fijado por el legislador; y, (ii) la necesidad, pues será inoperante
tal potestad en los casos en que la ley ya es clara y detallada sobre el asunto que
se persigue regular42.
32. De acuerdo con estas exigencias, para precisar el ámbito de tal potestad es
necesario acudir a la disposición legal que se desarrolla, como la mejor manera de
identificar el alcance asignado por la ley al precepto objeto de reglamentación. El
sub-lite se ubica en el régimen de inhabilidades en la contratación estatal, previsto
en la Ley 80 de 1993.
33. Las inhabilidades son restricciones a la capacidad de los sujetos de derecho
que limitan su aptitud para establecer relaciones con el Estado, como las de ejercer
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de
2021, radicación 11001032600020160001700 (56.307), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, expediente:
36.054, C. P. Enrique Gil Botero.
42
“Los límites del poder reglamentario de la Ley, los señala la necesidad de cumplir debidamente el estatuto desarrollado; si
los ordenamientos expedidos por el Congreso, suministran todos los elementos necesarios para su ejecución, el órgano
administrativo nada tendrá que agregar y por consiguiente, no habrá oportunidad para el ejercicio de la potestad
reglamentaria. Pero, si en ella faltan los pormenores necesarios para su correcta aplicación, opera inmediatamente la
potestad para efectos de proveer la regulación de esos detalles”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia del 21 de agosto de 2008, expediente: 01- 0295-04.
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funciones públicas o celebrar contratos con las entidades estatales. Operan como
una suerte de requisitos negativos43 de manera que al configurarse impiden el
acceso a cargos o funciones públicas, o a ser contratista de la Administración.
34. Por estar referido a una limitación a la capacidad jurídica de las personas,
su determinación corresponde al legislador (arts. 6, 123 y 150.11 de la Carta
Política), con excepción de los eventos directamente previstos en el texto superior
–como ocurre con los arts. 122 (inciso 5)44, 12645, 17946 y 29247–. De ahí que el
poder legislativo cuenta con una amplia libertad de configuración, pues, bajo tal
atribución, fija su alcance y efectos con los límites que señala la propia Constitución
–incluyendo los tratados internacionales de derechos humanos (art. 93 C.P)–48.
35. Por regla general, los supuestos que configuran las inhabilidades emanan
de conductas delictivas o faltas disciplinarias, por efecto de una pena o sanción, así
como de otros eventos asociados a la calidad de quien actúa, sea por el parentesco,
los lazos de amistad, las relaciones negociales de quienes intervienen el
procedimiento contractual49, lo que denota que persiguen la protección de
finalidades diversas. Por ello, atendiendo a su propósito, se han calificado como
sancionatorias y preventivas; en las primeras, cuando “cometida la conducta que
la ley considera reprochable, el Estado impone la sanción correspondiente y
adiciona una más –la inhabilidad– que le impide al individuo sancionado ejercer una
determinada actividad”50; las segundas, apuntan a la protección de principios,
derechos y valores constitucionales,51 escenario en el que obran como “una
garantía de que el comportamiento anterior no afectará el desempeño de la función
o cargo, de protección del interés general y de la idoneidad, probidad y moralidad
del aspirante”52.
36. En el marco del EGCAP, las inhabilidades conllevan limitaciones a la libertad
de los particulares para presentar ofertas y celebrar contratos con el Estado.
Puntualmente, en lo que atañe a la hipótesis prevista en el literal j) del núm.1 del
art. 8 de la Ley 80 de 1993, el legislador construyó una inhabilidad de orden
preventivo, no sancionatorio, –según pronunciamiento de exequibilidad proferido
por la Corte Constitucional53– también conocida como inhabilidad requisito, cuyo
contenido es el siguiente:
43
Sentencia C-348 de 2004 de la Corte Constitucional.
44
Relativo a la inhabilidad para quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, con ocasión de la comisión de los
delitos allí referidos.
45
A través de esta norma se determinaron “tres prohibiciones diferentes que, indirectamente, implican una restricción para
ejercer funciones públicas o para celebrar contratos con el Estado. Primero, la prohibición a los servidores públicos, en
ejercicio de sus funciones, para nombrar, postular, o contratar con personas con las cuales tengan cierto grado de parentesco.
Segundo, la prohibición para nombrar o postular como servidores públicos o celebrar contratos estatales con quienes
hubieren intervenido en su postulación o designación, o con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados
en la hipótesis anterior. Por último, la prohibición de reelección (inelegibilidad) para determinados cargos o para ser elegido
a un cargo de elección popular, hasta un año después de haber cesado en el ejercicio de las funciones enlistadas en dicho
artículo. Este fenómeno ha sido denominado puerta giratoria” (SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional).
46
Referente a las inhabilidades para ser congresista.
47
Sobre las restricciones en cabeza de los cónyuges o compañeros permanentes y algunos familiares de los diputados y
concejales, para ser designados como funcionarios dentro de la misma entidad territorial en la que éstos fueron elegidos.
48
La jurisprudencia constitucional ha precisado que la libertad de configuración debe basarse en criterios razonables y
proporcionales, comoquiera que tales figuras limitan los derechos a la igualdad, al trabajo y la participación en la
conformación, ejercicio y control del poder público (Sentencia C-348 de 2004 de la Corte Constitucional).
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de septiembre
de 2015, expediente: 32.113. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
50
Sentencia C-652 de 2003 de la Corte Constitucional.
51
Sentencia C-708 de 2001 de la Corte Constitucional.
52
Sentencia C-373 de 2002 de la Corte Constitucional.
53
Sentencia C-053 de 2021 de la Corte Constitucional.
10
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“ARTÍCULO 8o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA
CONTRATAR.
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las
entidades estatales:
(…)
j) <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 2014 de 2019. El nuevo texto es el
siguiente> Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables
judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública, o de
cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus
normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas
por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y
ratificados por Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido
declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno
transnacional.
Esta inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que esté
pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia condenatoria.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE, expresión subrayada CONDICIONALMENTE
exequible>54 Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que
hagan parte dichas personas en calidad de administradores, representantes
legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a
sus subordinadas, a los grupos empresariales a los que estas pertenezcan cuando
la conducta delictiva haya sido parte de una política del grupo y a las sucursales
de sociedades extranjeras, con excepción de las sociedades anónimas
abiertas [en negrilla la expresión declarada inexequible].
También se considerarán inhabilitadas para contratar, las personas jurídicas sobre
las cuales se haya ordenado la suspensión de la personería jurídica en los
términos de ley, o cuyos representantes legales, administradores de hecho o de
derecho, miembros de junta directiva o sus socios controlantes, sus matrices,
subordinadas y/o las sucursales de sociedades extranjeras, hayan sido
beneficiados con la aplicación de un principio de oportunidad por cualquier delito
contra la administración pública o el patrimonio del Estado.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> 55 La inhabilidad
prevista en este literal se extenderá de forma permanente a las sociedades de las
que hagan parte dichas personas en las calidades presentadas en los incisos
anteriores, y se aplicará de igual forma a las personas naturales que hayan sido
declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos mencionados en
este literal”.
37. El supuesto normativo que informa la citada inhabilidad fijó como hito la
expedición de una sentencia condenatoria de primera instancia por delitos o faltas
relacionadas con actos de corrupción, que opera aun cuando no se hubiere resuelto
su impugnación. Este planteamiento lleva a advertir un cariz sancionatorio en la
referida inhabilidad, pues su configuración pende de una decisión judicial de
condena a partir de la cual surge la restricción dispuesta en la ley, presentándose
una modulación en torno sus efectos.
38. Sin embargo, bajo el juicio de exequibilidad que sobre tal normativa se
realizó56, el máximo tribunal constitucional precisó que el legislador no estableció
54
Sentencia C-437 de 2023 de la Corte Constitucional.
55
Ibidem.
56
Corte Constitucional, sentencia C- 053 del 5 de marzo de 2021, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. Indicó sobre la
citada norma legal: “esta inhabilidad es de carácter "preventivo" y, de suyo, opera como "requisito habilitante negativo" de
carácter temporal para aquellas personas que han sido condenadas por medio de sentencia cuya impugnación aún no ha
sido resuelta. Por definición, la inhabilidad sub examine no tiene vocación de permanencia, habida cuenta de que, adoptada
la decisión de segunda instancia por la autoridad competente, la persona hasta entonces inhabilitada (i) podrá participar de
nuevo en licitaciones y contratar con el Estado, en caso de ser absuelta, o (ii) estará inhabilitada en virtud de la inhabilidad
prevista por el inciso primero del artículo 8.1. de la Ley 80 de 1993, en caso de ser condenada. Así las cosas, dado su
carácter temporal y preventivo, esta inhabilidad pierde su objeto una vez cobra ejecutoria la sentencia de segunda instancia.
En estos términos, la Sala advierte que la finalidad del legislador no es sancionar, mediante la inhabilidad preventiva, a la
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dicha causal como fruto de la decisión sancionatoria, pues ello conduciría a aplicar
las consecuencias de la condena a un fallo que no ha cobrado firmeza; y explicó
que dicho supuesto obra como base del diseño de una figura diversa, la inhabilidad,
que corresponde a un mecanismo de prevención que restringe la capacidad para
contratar a los sujetos a los que la norma se dirige, en un escenario fáctico y
temporal definido.
39. De ahí que la lectura de la norma en clave constitucional, conduzca a
entender que su consagración en la ley se traduce en una medida enderezada a
mitigar el riesgo de propagación de los actos de corrupción durante el lapso que
dura la resolución de los recursos, lo que justifica que la expedición de una primera
decisión condenatoria fuese el fundamento fáctico de su configuración. Esto es lo
que explicita su carácter preventivo.
40. La historia legislativa de esta inhabilidad da cuenta de la intención de
construir una normativa a tono con fenómenos que han minado, con gravedad
superlativa, la contratación pública. En su evolución, se observa que cada reforma
legal ha propendido por ensanchar el ámbito de su aplicación, buscando contener
la dinámica de acontecimientos ilícitos que perturban los cometidos del contrato
estatal, donde lo nacional y lo transnacional se moviliza a través de diversos
vehículos y formas de operar.
41. En un primer estadio, la Ley 1150 de 2007 reseñó -en la exposición de
motivos- que su propósito era “introducir medidas puntuales que permitan a las
entidades hacer más eficiente y transparente su gestión”57 y con ello hacer del
“mecanismo contractual un hito de eficiencia en la administración del recurso
público y un terreno adverso al accionar de la corrupción”58. El texto original fue el
siguiente:
“j) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente
por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas
sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras
jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias
tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas”.
42. Así que, tal inhabilidad afectaba la capacidad para contratar de las personas
naturales condenadas por los delitos contra la Administración pública enlistados,
con la precisión hecha por el legislador de que la misma se extendía a las
sociedades en las que tales sujetos eran socios. La prolongación de dicha
restricción a las sociedades se adoptaba como forma de superar la separación
entre aquellos entes y los individuos que la conforman -artículo 98 del C. Co. que
prevé que la sociedad “forma una persona jurídica distinta de los socios
individualmente considerados”-.
43. La idea con tal consagración normativa fue la de diluir la tajante regla de
separación de personalidades, reconociendo la incidencia que el potencial
comportamiento ilícito de uno de los socios proyectaba en las sociedades
indicadas; de modo que no era suficiente que la inhabilidad cobijara al sujeto
persona que fue condenada por los delitos señalados en el pár. 50. Al contrario, su vocación temporal da cuenta, entre otras,
de su carácter preventivo y, en consecuencia, de su naturaleza de inhabilidad requisito”.
57
Gaceta del Congreso No. 458 de 2005.
58
Gaceta del Congreso No. 656 de 2005.
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condenado, sino que se extendió a los entes societarios en los aquellos fueran
socios, para evitar la instrumentalización de las personas jurídicas en la comisión
de tales punibles; o, dicho fenómeno se seguiría propagando por esta vía.
44. Tal inclusión normativa atendía los compromisos que el Estado colombiano
adquirió para combatir la corrupción al aprobar, mediante la Ley 970 de 2005, la
Resolución 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 31 de octubre
de 2003, atinente a la Convención contra la Corrupción. La citada resolución se alzó
como herramienta contenedora de “medidas y reglamentos que pueden aplicar
todos los países para reforzar sus regímenes jurídicos y reglamentarios destinados
a la lucha contra la corrupción”59.
45. Conforme a tal instrumento, cada Estado parte “formulará y aplicará o
mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la
ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la
transparencia y la obligación de rendir cuentas” –art.5–; en este marco, cada
firmante quedó obligado a adoptar decisiones legislativas y en otra esferas para
tipificar los delitos de: malversación o peculado, apropiación indebida, la promesa,
el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, tráfico de influencias,
soborno en el sector privado, blanqueo del producto del delito, encubrimiento y
obstrucción a la justicia, entre otros –arts.15 a 27–. Se indicó, además, que una vez
ocurridos los actos de corrupción, se deben concebir mecanismos para eliminar sus
efectos adversos, como “procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin
efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o
adoptar cualquier otra medida correctiva” –art.34–.
46. Complementario a lo anterior, el Gobierno Nacional presentó una iniciativa
legislativa para reforzar la lucha contra el aludido flagelo, la que condujo a la
expedición de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. Su exposición de
motivos enfatizó que, si bien se habían aprobado leyes y decretos orientados a
perseguir este fenómeno, se imponía la adopción de nuevas medidas dado que sus
manifestaciones eran cada vez más sofisticadas y difíciles de descubrir. De esta
forma, esta ley terminó por imponer “una serie de inhabilidades para contratar con
el Estado, refuerza la acción de repetición, hace énfasis en la necesidad de que
haya un control interno más independiente y efectivo en las entidades de la Rama
Ejecutiva y plantea la necesidad de un sistema de control más eficaz para la lucha
contra la corrupción en el sector salud”60.
47. Esta ley amplió los delitos que daban cabida a la restricción que acá se
estudia, al prever que aplicaría a las personas naturales responsables judicialmente
de delitos contra la Administración pública (todos los contenidos en el título XV del
Código Penal) siempre que tuvieran pena privativa de la libertad, o por soborno
transnacional, con excepción de los delitos culposos. En su cuerpo normativo, el
legislador fue expreso en consagrar que la misma se extendía por un término de 20
años y afectaría “a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus
59
Consultado en: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf.
60
“Estatuto Anticorrupción, avances y desafíos tras cinco años de su expedición”, elaborado por la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República. Consultado en: https://www.indumil.gov.co/wp-
content/uploads/2022/02/estatuto-anticorrupcion-ley-1474-2011.pdf
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matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas
abiertas”; la extensión de la inhabilidad retuvo su finalidad de limitar la utilización
de los entes societarios para albergar a quienes defraudaron mediante la comisión
de ilícitos penales los bienes jurídicos allí protegidos.
48. A la par de lo anterior, en atención a los compromisos asumidos en la
Convención Anticohecho de la OCDE61, aprobada por Colombia, a través de la Ley
1573 de 2012, el Estado Colombiano se unió al propósito de perseguir y sancionar
el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier ventaja a un servidor público
extranjero62. Con este objetivo, cada Estado parte se comprometió a aplicar
“sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter no penal, incluidas
las sanciones monetarias por el cohecho de servidores públicos extranjeros” –art.3–
en caso de que no proceda la responsabilidad penal de las personas jurídicas en
sus ordenamientos jurídicos –como ocurre en el sistema normativo nacional–.
49. La conferencia negociadora de la citada convención consignó que
tratándose de regímenes que no condenan penalmente a las personas jurídicas, se
podrían imponer las sanciones de “exclusión del derecho a recibir ayuda o
beneficios públicos; la descalificación temporal o permanente para participar en
adquisiciones públicas o para ejercer otras actividades comerciales; la colocación
bajo supervisión judicial; y una orden judicial de liquidación”63, aparte de las multas.
Luego, el Consejo de la OCDE, al emitir la recomendación para fortalecer la lucha
contra el cohecho de servidores extranjeros, instó para que las normas de los
países miembros autoricen suspender a las empresas que sobornen a empleados
públicos nacionales y también extranjeros “de los concursos por contratos públicos
o ventajas públicas de otro tipo, incluidos los contratos de adquisiciones públicas y
los contratos financiados con ayuda oficial”64.
50. El trasfondo de esta normativa se acompasa con los hechos de corrupción.
En los años 2015 y 2016, tanto en el ámbito nacional como internacional, se
experimentaron escándalos de corrupción originados en el actuar de empresas
extranjeras que tenían negocios en el país y en otros territorios65. Estos eventos
constituyeron hitos clave que dieron paso a la expedición de la Ley 1778 de 2016
–por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas
por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de
lucha contra la corrupción– o ley antisoborno. Bajo esta normativa se modificó la
inhabilidad analizada, al agregar que ésta se presenta no sólo en la comisión de
reatos contra la Administración Pública, sino también por cualquiera de los delitos
61
Si bien para ese momento Colombia no era miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), lo cierto es que en el art. 13 de la misma se determinó que hasta su entrada en vigor, estaba abierta para la firma
de los miembros y no miembros que hubieren sido invitados a ser participantes de pleno derecho en su Grupo de Trabajo
sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales.
62
Para efectos de esa Convención: “(a) ―servidor público extranjero significa cualquier persona que ocupe un cargo
legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea nombrado o elegido; cualquier persona que ejerza una
función pública para un país extranjero, por ejemplo en una dependencia pública o en una empresa pública; y cualquier
funcionario o representante de un organismo público internacional; y (b) "país extranjero incluye todos los niveles y
subdivisiones de gobierno, desde el nacional al local” (art.1).
63
Consultada en: https://www.itrc.gov.co/observatorio/wp-content/uploads/2021/12/Convencion-para-combatir-el-
Cohecho.pdf
64
Ibidem.
65
“Estatuto Anticorrupción, avances y desafíos tras cinco años de su expedición”, elaborado por la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República. Consultado en: https://www.indumil.gov.co/wp-
content/uploads/2022/02/estatuto-anticorrupcion-ley-1474-2011.pdf
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Expediente 11001032600020220013400 (68.563)
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o faltas contemplados por la Ley 1474 de 201166, o de los delitos que prevén los
tratados o convenciones de lucha contra la corrupción ratificados por Colombia67.
51. Con esta orientación, se modificó el enunciado de la norma a fin de incluir a
las sucursales de las sociedades extranjeras, manteniendo su duración por el
término de 20 años e indicando que la inhabilidad se extendía a los socios
controlantes, administradores, representantes legales y miembros de junta
directiva, tornando más estrictos los estándares de prevención de riesgos frente a
la corrupción de las empresas; igualmente, hizo expreso su propósito preventivo al
establecer que procede aún en los casos en que esté en apelación la sentencia
condenatoria.
52. De forma más reciente, con el art. 2 de la Ley 2014 de 2019, se introdujo
una nueva modificación a la citada disposición, para extender la inhabilidad a
grupos empresariales de los que hacen parte las sociedades, matrices,
subordinadas y sucursales de sociedades extranjeras afectadas con la restricción,
cuando la conducta delictiva concierna a una política del grupo al que pertenecen;
además, el legislador modificó su temporalidad, al prever que se prolonga de forma
permanente a las sociedades de que hagan parte las personas definidas en la
norma, así como a las personas naturales que se declaren responsables por la
comisión de las conductas allí referenciadas.
53. Dan cuenta sus antecedentes, que esta reforma se fundamentó en el
afianzamiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción68; sus ponentes
hicieron énfasis en los esfuerzos infructuosos para confrontar de manera efectiva
tales actos69, así que el Congreso debía definir una agenda que apuntara a “agravar
las consecuencias de la comisión de actos de corrupción, no solo en términos
económicos, sino también en materia de severidad de las sanciones o
consecuencias ... con el fin de garantizar el principio constitucional de igualdad y
transparencia”70. Ello condujo a la definición de la inhabilidad en el actual estatuto,
bajo el literal j) del núm. 1 del art. 8 de la Ley 80 de 1993.
54. De acuerdo con lo anterior, los elementos que integran la inhabilidad
examinada se resumen, así:
(i) Procede respecto de personas naturales declaradas responsables por la
comisión de los delitos contra la Administración pública, así como los punibles o
66
“... como son la estafa sobre recursos públicos y en el sistema de seguridad social, la corrupción privada, la administración
ilegal, la utilización indebida de información privilegiada, la especulación o agiotaje de medicamentos, la evasión fiscal, la
omisión de control en el sector de la salud, el peculado culposo y el peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos
de la seguridad social, el fraude de subvenciones, los acuerdos restrictivos de la competencia, el tráfico de influencias de
particular, el soborno, el soborno trasnacional y el soborno en la actuación penal”. Corte Constitucional, sentencia C-053 de
2021.
67
A saber, “los dispuestos por (i) el capítulo III de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, (ii) los artículos
1 y 7 de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales y, por último, (iii) los artículos VI, VIII y IX de la Convención Interamericana contra la Corrupción”. Corte
Constitucional, sentencia C-053 de 2021.
68
“... la senadora Esperanza Andrade de Osso, quien fue ponente de esta iniciativa, explicó a la plenaria del Senado de la
República la finalidad de esta norma en los siguientes términos: ‘esta inhabilidad procederá́ preventivamente aun en los
casos en que esté pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir? Que
sociedades como Odebrecht, que aun no han sido condenadas, se pueden inhabilitar con este artículo. La ministra del
Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, manifestó́ que la inhabilidad sub examine ‘actualmente existe en la Ley 80 del año 93’ y
que el proyecto de ley no tenía por objeto modificarla, habida cuenta de su importante rol para la prevención de la corrupción
en materia de contratación estatal” (sentencia C-053 de 2021 de la Corte Constitucional).
69
Gaceta del Congreso 736 de 2018.
70
Gaceta del Congreso 517 de 2019.
15
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faltas de que trata la Ley 1474 de 2011 y las conductas delictivas contenidas en las
convenciones o tratados de lucha contra la corrupción vinculantes para Colombia.
(ii) Aplica frente a personas jurídicas declaradas responsables administrativamente
por soborno transnacional. Igualmente, respecto de las personas jurídicas a las que
se les suspendió su personería, o cuando su representante legal, administradores
de hecho o de derecho, miembros de junta directiva o socios controlantes, sus
matrices, subordinadas y/o las sucursales de sociedades extranjeras, hayan sido
beneficiados con la aplicación de un principio de oportunidad por cualquier delito
contra la Administración pública o el patrimonio del Estado.
(iii) Tiene una finalidad preventiva, comoquiera que aplica respecto de decisiones
que no están en firme, esto es, en aquellos asuntos en que se profirió una sentencia
o decisión condenatoria y está pendiente su impugnación71.
(iv) No sólo aplica respecto de la persona natural o jurídica ejecutora de la conducta
declarada responsable, según el caso, sino que se extiende a las sociedades de
las que éstas hagan parte, en calidad de administradores, representantes legales,
miembros de junta directiva o de socios controlantes.
(v) Frente a las referidas sociedades, también procede en relación con sus matrices
y subordinadas, sucursales de las sociedades extranjeras y grupos empresariales
a los que pertenezcan los entes societarios, cuando la conducta delictiva haya sido
parte de una política del grupo.
(vi) Se extiende de forma permanente tanto a las sociedades como a las personas
naturales que les aplica72.
55. Con base en las anteriores premisas, se pasan a desatar las censuras
presentadas contra el art. 1 del Decreto 1358 de 2020.
56. Esta norma regula el trámite para la solicitud de las sentencias penales
extranjeras y de las sanciones administrativas impuestas a personas naturales, por
las conductas mencionadas en la ley, a fin de publicarlas y registrarlas en el RUP,
en aras de hacer efectiva la inhabilidad objeto de reglamentación. A su vez,
desarrolla el registro y publicidad de las sentencias dictadas por los jueces penales
colombianos73.
71
En la sentencia C-053 de 2021 de la Corte Constitucional. Ib. se resaltó el carácter preventivo de esta norma, precisando
que no deriva del poder sancionatorio del Estado, en tanto su configuración no requiere de una sentencia condenatoria
ejecutoriada; y reconoció que no se vulnera la presunción de inocencia de los sujetos mencionados con la fijación de tal
inhabilidad, pues se trata de un requisito para celebrar contratos estatales que no se afinca en la potestad punitiva del Estado,
sino en otras finalidades legitimas, como la prevención de la corrupción en el ámbito de la contratación pública.
72
Ello hasta que se dicte sentencia en firme y se determine si la conducta es punible; de serlo, se abre paso a otra inhabilidad,
pues ésta se enmarca en el interregno que transcurre entre la sentencia condenatoria de primer grado y la providencia que
resuelva la impugnación. De revocarse la condena, por consecuencia, se remueve la inhabilidad preventiva.
73
En estas gestiones internas –que desarrollan el principio de colaboración administrativa– intervienen el Ministerio de
Relaciones Exteriores como encargado de solicitar, a través de canal diplomático, las sentencias penales o sanciones
administrativas proferidas en contra de dichas personas naturales y/o jurídicas que se presumen inmersas en las conductas
configurativas de la inhabilidad; la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a la que le atañe verificar que la decisión
extranjera haya sido aportada con el lleno de los requisitos formales y hacer solicitud a la cámara de comercio respectiva
para que informe sobre las sociedades y las sucursales de sociedades extranjeras respecto de las cuales la persona natural
declarada judicialmente responsable es parte o ha actuado en calidad de socia controlante, administradora, representante
legal o miembro de la junta directiva. En caso de que sea procedente, solicitará la inscripción de la inhabilidad en el RUP
correspondiente.
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57. La expresión demandada –“ha actuado”– tiene como función desarrollar el
lit. j) del núm. 1 de la Ley 80 de 1993 en lo relacionado con el trámite atinente a la
solicitud y publicidad de las decisiones proferidas por los jueces penales
colombianos y por las autoridades extranjeras en los casos en que se funda la
citada inhabilidad.
58. Tal disposición prevé que cuando se trate de providencias dictadas contra
personas naturales, la ANDJE debe requerir a la cámara de comercio respectiva
para que informe las sociedades y las sucursales de sociedades extranjeras
respecto de las cuales la persona natural declarada judicialmente responsable,
actúa o ha actuado en calidad de administrador, representante legal, miembro de
junta directiva o socio controlante, así como las matrices y subordinadas de las
mismas.
59. El reproche del demandante se centra en la conjugación de la restricción
consagrada en la ley, al señalar que fue excedida por el reglamento, en tanto la
norma prevé la extensión de la inhabilidad aplicada a la persona natural declarada
responsable, a las sociedades, sus matrices, subordinadas, sucursales extranjeras
y grupos empresariales a los que pertenezcan, siempre que se trate de las personas
jurídicas de las que aquella haga parte, en las calidades aludidas, al paso que el
Decreto 1358 de 2020 amplió ese escenario al fijar un contexto temporal de mayor
alcance, toda vez que ordena a las cámaras de comercio rendir informe sobre las
sociedades en que actúa o ha actuado la persona condenada, en las condiciones
referidas.
60. El legislador fue expreso en establecer que la restricción para participar en
procesos de selección y celebrar negocios jurídicos con entidades estatales
procede desde que se profiera la decisión condenatoria contra la persona natural,
por las conductas referidas en la ley, y aunque se encuentre en curso la
impugnación contra esta determinación. De modo que cuando la ley incluye la
expresión hagan parte se refiere al momento en que las personas naturales fueron
declaradas responsables en primera instancia por tales conductas, pues
corresponde al hito que determina la configuración de la restricción en sede de
contratación; es decir, se trata del supuesto fáctico que configura la causal de
inhabilidad analizada.
61. No puede perderse de vista que la expresión utilizada por el reglamento “ha
actuado”, desarrolla la publicidad relacionada con las decisiones sancionatorias de
autoridades extranjeras (art. 2.2.3.2.3.2.) y sentencias proferidas por jueces
penales colombianos (art. 2.2.3.2.3.3.) en el marco del trámite que se debe
adelantar para conocer acerca de esas decisiones, y para inscribir tal inhabilidad
en el RUP. De modo que la expresión demandada no desconoce la norma que
desarrolla, ni incurre en un exceso de la potestad reglamentaria pues, como es
apenas natural, de cara al orden cronológico de los hechos y al mismo trámite, se
requiere información completa del sujeto desde la fecha de la sanción respectiva,
por ser el momento a partir del cual se configura la citada inhabilidad.
62. En esos términos la ANDJE debe desplegar la actividad que conduzca a
obtener las decisiones de las autoridades extranjeras, adelantando su trámite ante
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el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el primer caso, y obteniendo las
sentencias condenatorias de primera instancia proferidas por los jueces penales
colombianos contra personas naturales que hayan cometido delitos contra la
Administración Pública, o los consagrados en la Ley 1474 de 2011, para el segundo
caso. Una vez dicha agencia cuenta con tal información, requiere a la cámara de
comercio para que en un término de diez días hábiles, informe las sociedades y
sucursales de sociedades extranjeras respecto de las cuales la persona natural
condenada actúa o ha actuado en las calidades que prevé la norma.
63. En este trámite, la conjugación utilizada es razonable y conforme con la ley,
pues la materialización de la restricción no procede con la sola petición de
información ante la Cámara de Comercio y ni siquiera con la respuesta que se dé
a tal requerimiento, ya que es imprescindible que la ANDJE valide los supuestos
que el Legislador ha definido como desencadenantes de la inhabilidad preventiva.
De modo que a partir de la verificación de su concreción se solicita la inscripción en
el RUP, lo cual confirma la seguridad jurídica con la que se debe leer la inhabilidad
en clave de certeza. Este accionar, como se ve, no desconoce el mandato de la ley;
al contrario, lo hace plausible al abstenerse de dejar fuera de su ejecución los
supuestos que la comprenden.
64. Las expresiones “hagan parte” prevista en la ley, y “ha actuado” consagrada
en el reglamento, no revelan una pugna o una superposición entre ellas; en cambio,
denotan un enlace que permite hilarlas para alcanzar la debida ejecución del
mandato legal, puesto que la expresión incluida en la norma reglamentaria hace
factible la correcta verificación de las calidades que ha ostentado la persona natural
dentro de los entes societarios, en aras de confirmar, con grado de certidumbre, si
se configuró el evento que restringe la capacidad de éstos para vincularse a través
de relaciones negociales con el Estado, desde el momento fijado por el legislador,
no antes.
65. De este modo, no media un exceso en la potestad reglamentaria por parte
del Gobierno nacional al incluir la locución enjuiciada, dado que su entendimiento
no procede de forma descontextualizada frente a la norma que desarrolla, sino que,
al compás de ésta, conlleva a establecer el itinerario conforme al cual se despliega
por la ANDJE la labor de verificación a través del requerimiento a la cámara de
comercio respectiva, desde el momento en que la persona vinculada a la actuación
penal fue declarada responsable en primera instancia, y en la actualidad, lo cual se
corresponde con el hito específico que el legislador designó como punto de
concreción del supuesto restrictivo a la capacidad contractual de esos sujetos.
66. Se destaca que el reglamento no hace más que materializar los principios
de colaboración y coordinación administrativa dentro del marco legal, a fin de que
la inhabilidad sea conocida por todos los actores inmiscuidos en la contratación
pública mediante su posterior anotación en el RUP, de modo que sin la validación
correcta de la información se tornaría insustancial la inhabilidad, ante la ausencia
de herramientas apropiadas para que la Administración pueda conocer de las
decisiones que activan el supuesto consagrado en la norma. Ese reporte de
información a cargo de las Cámaras de Comercio solo tiene lugar, se insiste, desde
la concreción del hito que activa la restricción para contratar, no respecto de
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períodos anteriores a éste, lo cual garantiza que la información provista por aquellas
resulte certera y adecuada para constatar los elementos que la configuran.
67. Incluso, en el inciso 4 del literal j) del núm. 1 del art. 8 de la Ley 80 de 1993,
el legislador consagró que la inhabilidad aplica a las personas jurídicas cuyos
representantes legales, administradores de hecho o de derecho, miembros de junta
directiva o sus socios controlantes hayan sido beneficiados con la aplicación del
principio de oportunidad por cualquier delito contra la Administración Pública o el
patrimonio público, lo que denota que aún, en ese escenario en el que el Estado
suspendió, interrumpió o renunció a la persecución penal, a fin de simplificar,
acelerar y hacer más eficiente la administración de justicia penal 74, procede la
concreción de la restricción de forma extensiva a las sociedades, matrices,
subordinadas y sucursales de que esas personas hacen parte, lo cual afianza el
objetivo del Congreso de la República de concebir dicha inhabilidad como una
forma de hacer frente a la corrupción, al advertir que dicho sujeto ya intervino en
esas conductas atentatorias de los principios de la función administrativa y del
patrimonio público.
68. La normativa examinada tampoco es ajena al esfuerzo que el Estado
colombiano ha empleado en torno a la concepción de una política concordante con
los convenios internacionales que ha aprobado para la lucha contra la corrupción,
por cuanto refleja una medida que disuade efectivamente a las personas jurídicas
de servir de instrumento del potencial actuar de personas condenadas por las
conductas reprochadas, y de incurrir en la comisión de los hechos sancionables al
excluirlas de la participación de los procesos de selección y de la suscripción de
contratos estatales, lo cual se amolda y corresponde con los compromisos
adquiridos por Colombia de hacer frente al mencionado flagelo –de conformidad
con la Convención contra la Corrupción de la Asamblea General de Naciones
Unidas y de la Convención Anticohecho de la OCDE, ya referidas–.
69. Contrario a lo expuesto en la demanda, esta restricción sí se adapta a los
mecanismos de autorregulación que deben implementar los sujetos de derecho
privado, en aras de prevenir y sobreponerse a los efectos adversos que les
acarrearía su aplicación; postulado que los impulsa a definir herramientas de
revisión y vigilancia interna efectivas y exigentes que no hacen más que favorecer
el interés general que fundamenta la actividad contractual del Estado, pues por esta
vía se ubica en un estándar superior la determinación de los socios y demás sujetos
con las calidades señaladas en la norma, lo que completa el circuito preventivo
contenido en la ley y en los instrumentos internacionales que lo respaldan; ello,
para salvaguardar el recto actuar en las relaciones negociales de las empresas en
su relacionamiento con la Administración, siempre en el marco de procedencia que
la ley instituye, en los términos ya explicados.
74
Esta figura fue incluida en el ordenamiento patrio, mediante el Acto Legislativo 3 de 2002 que reformó el artículo 250 de la
Constitución Política, como parte de la política criminal estatal y de aplicación excepcional de la atribución de la Fiscalía de
adelantar la acción penal por los hechos delictivos, en tanto que permite a ésta suspender, interrumpir o renunciar a la
persecución penal, bajo la supervisión del juez de control de garantías, cuando dichas medidas concuerden con los
lineamientos de la ley, en este caso, según las causales de procedencia que determina en Ley 906 de 2004, reformada por
la Ley 1312 de 2009. Su finalidad consiste en “racionalizar la actividad investigativa del Estado encausándola hacia la
persecución de los delitos que ofrecen un mayor impacto social”. Corte Constitucional, Sentencia C-936 de 2010.
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70. Por otra parte, si bien la demandante75 y la CCI76 aportaron varios
documentos77, a fin de evidenciar que el Ministerio de Justicia “no duda en
reconocer que al no emplearse los mismos verbos rectores de la ley (haga -
permanezca) utilizándose en el Decreto las expresiones actúa o ha actuado, se le
podría dar un alcance e interpretación a la norma más allá de la regulación
establecida por el legislador”78, lo cierto es que su contenido no corresponde a una
manifestación que comprometa la legalidad del acto enjuiciado –en particular, en lo
que respecta al oficio del 22 de junio de 2022–.
71. De un lado, por cuanto el escenario que se estaba adelantando constituía la
fase de estudio de un eventual “proyecto” de acto administrativo modificatorio de
aquel decreto. De manera que lo único que demuestran tales insumos se enmarca
en un plano de discusión que, a la postre, no se materializó en nuevo decreto. Y,
de otro, en perspectiva del mérito demostrativo de tales comunicaciones, pues el
art. 195 del CGP79 señala que las declaraciones de los representantes de las
entidades públicas no tienen los efectos de la confesión; por tanto, para el sub-lite,
dichos documentos no sirven para respaldar el contencioso objetivo que se
adelanta, cuya única plataforma reside en el examen de legalidad promovido en la
demanda.
72. Como lo ha indicado esta Corporación80, la razón de dicha restricción yace
en la protección del patrimonio del Estado, en tanto que éste no puede quedar atado
por la sola declaración de sus agentes, ni comprometer el principio de legalidad.
Así las cosas, las respuestas dadas por el Ministerio de Justicia a la CCI no tienen
la virtualidad de afectar o incidir en las resultas de proceso, porque no puede
otorgárseles el mérito de una confesión, ni inciden en la legalidad del acto vigente.
De modo que el juicio promovido en el sub-lite se ciñe únicamente a la confrontación
de la norma debatida con las previsiones superiores, como ya se expuso.
Síntesis de la decisión
73. La Sala negará las pretensiones formuladas, con fundamento en los análisis
y conclusiones señalados en la motivación de esta decisión:
74. La expresión ha actuado no revela un exceso en la potestad reglamentaria
del Gobierno nacional, toda vez que su alcance se circunscribe a la verificación del
75
Al descorrer el traslado de las excepciones, la demandante también allegó los oficios del 22 de junio y 25 de julio de 2022
–índice 31, SAMAI–.
76
En su escrito de coadyuvancia –índice 25, SAMAI–.
77
A saber: : (i) el escrito del 4 de mayo de 2022, mediante el cual el coadyuvante solicitó al Ministro de Justicia y del Derecho
eliminar la expresión “ha actuado” contenida en el art.1 del Decreto 1358 de 2020, pues se ampliaba la inhabilidad
reglamentada, al permitir que la misma se configure desde la comisión de la conducta objeto de reproche y no a partir de la
declaratoria de responsabilidad de la persona natural; (ii) oficio MJD-OFI22-0022431-GAA-1500 del 22 de junio de 2022, en
el cual, el Director Jurídico del citado ministerio informó que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estaba
elaborando un proyecto de decreto para modificar el 1358 de 2020, y corregiría el yerro de la expresión “ha actuado”, por
cuanto “se le podría dar un alcance e interpretación a la norma más allá de la regulación establecida por el legislador”, pues
la inhabilidad que previó la ley “se predica de las sociedades de las cuales hagan parte las personas naturales que se
desempeñan como administradores o socios controlantes y que sean declararas responsables judicialmente por los delitos
allí contemplados”; y, (iii) el oficio MJD-OFI22-0026788-GAA-1500 del 25 de julio de 2022, en el que el Director Jurídico del
Ministerio de Justicia y del Derecho le indicó a la CCI que estaba en proceso de construcción y revisión final del proyecto de
decreto reglamentario del lit. j, del núm.1 del art. 8 de la Ley 80 de 1993.
78
Alegaciones de la sociedad, fl.11 –índice 101, SAMAI–.
79
“ARTÍCULO 195. DECLARACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO
PÚBLICO. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que
pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas (…)”.
80
Al referirse al art. 199 del CPC, el cual dejaba sin de valor probatorio la confesión provocada o espontánea, entre otros, de
los representantes judiciales de la Nación. El art. 195 del CGP mantiene esa restricción en punto a la confesión como medio
probatorio ampliándola a los representantes de cualquier entidad pública.
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hito que abre paso a la configuración de la restricción en sede de contratación, y a
adelantar los trámites que de allí se desprenden.
75. Cuando el reglamento consagra la tarea de la ANDJE de requerir a la cámara
de comercio respectiva, acerca de las sociedades y las sucursales de sociedades
extranjeras respecto de las cuales la persona natural declarada judicialmente
responsable actúa o ha actuado en calidad de administrador, representante legal,
miembro de junta directiva o socio controlante, así como las matrices y
subordinadas de las mismas, lo hace para tener certidumbre sobre su vinculación
al ente societario, desde que se profirió la decisión condenatoria de primera
instancia. Esta expresión no habilita a verificar tales condiciones sin límite alguno,
es decir, en cualquier tiempo anterior a dicha condena. La facultad se contrae a
constatar tal información desde el momento en que se profiera la mencionada
decisión.
76. La locución debatida no infringe las normas en que debía fundarse; al
contrario, logra la finalidad preventiva que persigue la inhabilidad establecida por el
legislador en el lit. j) del núm. 1 del art. 8 de la Ley 80 de 1993, en tanto hace factible
la validación correcta de la información que activa el supuesto restrictivo para la
contratación estatal, de otro modo, se tornaría vacía la limitación legal ante la
ausencia de herramientas apropiadas para que la Administración pueda conocer
las decisiones que concretan el evento consagrado en la ley.
77. La norma enjuiciada materializa los propósitos de lucha anticorrupción que
el Estado Colombiano ha adquirido en el contexto internacional y, a través de la
determinación de la publicidad definida en el reglamento, permite que desate sus
efectos.
78. La habilitación en la verificación de las calidades ejercidas por la persona
natural declarada responsable, se proyecta en la adopción de mecanismos de
autorregulación societarios más efectivos y exigentes, que eviten la potencial
instrumentalización de estos entes sociales en actos de corrupción. Así se completa
el circuito de prevención que persigue la protección de la moralidad administrativa
y del patrimonio público.
79. La expresión debatida no altera el supuesto legal, lo hace plausible. Los
documentos aportados, provenientes del Ministerio de Justicia, no pueden tenerse
como manifestaciones que comprometan la legalidad de la norma enjuiciada.
80. El Gobierno nacional no sobrepasó su competencia al reglamentar la
inhabilidad estudiada, puesto que su desarrollo se ajustó al marco sustancial y
temporal que la ley determina.
Costas
81. Dado que el interés que se debate se circunscribe al de la mera legalidad y
defensa del orden jurídico, en los términos del inciso primero del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, no procede consideración sobre una condena en costas.
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Referencia: Nulidad
III. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: ARCHIVAR el proceso, una vez en firme esta providencia.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
22
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