Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00080-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00080-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2024-00080-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
24 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 11001032600020240008000 (71.418)
Demandante: Darly Alexander Andrade Cañón
Demandado: Nación – Presidencia de la República y otros
Medio de control: Nulidad (art.137 del CPACA)
Asunto: Sentencia de única instancia
TEMAS: SIMPLE NULIDAD – decreto reglamentario que desarrolla el contrato de
prestación de servicios / POTESTAD REGLAMENTARIA – No se excede cuando se ejerce
en el marco que dispone la norma objeto de reglamentación / INTERPRETACIÓN
NORMATIVA – Alcance del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 a partir de un
análisis sistemático y finalista – no restringe la celebración de contratos de prestación de
servicios con personas jurídicas
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a decidir las pretensiones de nulidad promovidas contra
unos apartes del artículo 81 del Decreto 1510 de 2013 y art. 2.2.1.2.1.4.9. del
Decreto 1082 de 2015.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El 6 de junio de 20241, Darly Alexander Andrade Cañón (en adelante, el actor
o el demandante), presentó demanda contra la Nación - Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y Departamento
Nacional de Planeación (DNP), con el fin de que se declare la nulidad de la
expresión «o jurídica» incluida en el art. 81 del Decreto 1510 de 2013, y a su vez
en el art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente
(se resalta el aparte demandado):
“DECRETO 1510 DE 2013
(julio 17)
Diario Oficial No. 48.854
por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
(…)
DECRETA:
(…)
Artículo 81. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión,
o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas
personas naturales.
1 Índice 2 SAMAI.
Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)
Demandante: Darly Alexander Andrade Cañón
Demandado: Nación – DAPRE y DNP-
Asunto: Nulidad
Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o
jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la
entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área
de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia
escrita.
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de
las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas,
logísticas, o asistenciales.
La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los
estudios y documentos previos”.
“DECRETO 1082 DE 2015
(mayo 26)
Diario Oficial No. 49.523
“por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector
Administrativo de Planeación Nacional
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
(…)
DECRETA:
(…)
Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia
requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que
la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del
gasto debe dejar constancia escrita.
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de
las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas,
logísticas, o asistenciales.
La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los
estudios y documentos previos”.
2. Como causal de nulidad adujo la «infracción de las normas en que deberían
fundarse». Sostuvo que la expresión acusada, al permitir que las entidades
estatales celebren contratos de prestación de servicios con personas jurídicas,
excedió la potestad reglamentaria y vulneró de forma directa el mandato del núm.
3 del art. 32 de la Ley 80 de 1993, que dispone que dichos contratos «sólo podrán
celebrarse con personas naturales». Como esa extralimitación se originó en el
Decreto 1510 de 2013, y fue reiterada en el Decreto compilatorio 1082 de 2015,
ambos actos adolecen del mismo vicio de nulidad.
3. Afirmó que el legislador fue excluyente respecto de las personas jurídicas, lo
que se corrobora en la sentencia C-132 de 1997 de la Corte Constitucional que
declaró inexequible el Decreto-Ley 165 de 1997 y restableció la vigencia del texto
original y restrictivo de la Ley 80 de 1993. Al ser un asunto de puro derecho, la
contravención normativa se evidencia del cotejo de tales disposiciones.
Medida cautelar2
2 Índice 2 SAMAI.
2
Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)
Demandante: Darly Alexander Andrade Cañón
Demandado: Nación – DAPRE y DNP-
Asunto: Nulidad
4. El actor pidió la suspensión provisional de la expresión acusada. Mediante
auto del 2 de septiembre de 2024 se negó la solicitud3, que fue confirmada en
providencia del 19 de mayo de 20254.
Contestación de la demanda.
5. El DNP se opuso a lo pretendido en la demanda5. Sostuvo que una lectura
sistemática e histórica de la normativa contractual –incluidos los estatutos
anteriores a la Ley 80 de 1993 y lo dispuesto en sus arts. 6 y 13– permite concluir
que las personas jurídicas siempre han tenido capacidad para celebrar contratos
de prestación de servicios con el Estado.
6. Adujo que la restricción del art. 32.3 de la Ley 80 de 1993 es una exigencia
especial que aplica sólo a la contratación con personas naturales para evitar la
creación de "nóminas paralelas", pero no constituye una prohibición general para
contratar personas jurídicas. Se remitió a pronunciamientos de la jurisprudencia 6 y
a la Ley 190 de 1995, que ratifican dicha posibilidad.
7. El DAPRE pidió negar la pretensión del actor7. Señaló que la demanda hace
una lectura aislada del precepto legal, el cual no consagra una prohibición absoluta
sino una condición que no excluye a las personas jurídicas. Afirmó que el Gobierno
nacional no excedió su potestad reglamentaria, pues sólo desarrolló el mandato
legal; invocó providencias del Consejo de Estado respecto a la posibilidad de
celebrar estos contratos con personas jurídicas.
8. Propuso la excepción previa de "indebida representación de la Nación", en
tanto los arts. 115 de la Constitución Política y 159 del CPACA prevén que la
defensa de los actos del Gobierno corresponde al ministerio o al departamento
administrativo que suscribió el acto –en este caso el DNP–; la intervención del
DAPRE se limita a los actos firmados exclusivamente por el Presidente de la
República o por el director de dicho departamento8.
Trámite procesal
9. Mediante auto del 10 de junio de 20259, se prescindió de la audiencia inicial
para dictar sentencia anticipada, se fijó el litigio e incorporó las pruebas
documentales10; luego, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
3
Índice 29 SAMAI. Dicha decisión señaló que del cotejo preliminar entre las normas demandadas no se halló una
contradicción que justificara la suspensión solicitada. Indicó que el contrato de prestación de servicios es el género, mientras
que los contratos de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y artísticos son especies, respecto de las cuales no se
previó una prohibición general para su celebración con personas jurídicas.
4
Índice 77 SAMAI. Tal providencia indicó que de un análisis histórico y sistemático de la Ley 80 de 1993 no se desprende
una prohibición para contratar con personas jurídicas, sino un condicionamiento específico para hacerlo con personas
naturales, y que la posibilidad encuentra asidero en otras disposiciones del mismo estatuto y en la jurisprudencia de esta
Corporación.
5
Índice 31 SAMAI. Presentada el 4 de septiembre de 2024.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007, Rad.
24.715, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
7
Índice 55 SAMAI. Presentada el 3 de diciembre de 2024.
8
Índice 65 SAMAI. Mediante auto del 25 de marzo de 2025, se resolvió estarse a lo dispuesto en la providencia del 15 de
octubre de 2024 (Índice 46 SAMAI) que había negado un recurso de reposición contra el auto admisorio fundado en los
mismos argumentos (Índice 24 SAMAI). Se precisó que el análisis sobre la legitimación en la causa por pasiva es un asunto
de mérito que debe ser dirimido en la sentencia.
9
Índice 82 SAMAI.
10
En auto del 5 de marzo de 2025 el despacho ponente requirió al DAPRE para que allegara los antecedentes de los decretos
en cuestión (índice 59 SAMAI). El DAPRE manifestó que no contaba con la totalidad de los documentos y que el DNP era el
responsable de entregarlos (ib.). Adjuntó copia de los dos decretos. Respecto del Decreto 1510 entregó: a) memoria
3
Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)
Demandante: Darly Alexander Andrade Cañón
Demandado: Nación – DAPRE y DNP-
Asunto: Nulidad
10. En esta oportunidad, la actora11 reiteró los cargos de la demanda y refutó los
argumentos de la defensa. Indicó que las entidades interpretan erradamente el art.
32.3 de la Ley 80 de 1993, pues la condición allí prevista –la imposibilidad de contar
con personal de planta– aplica al tipo contractual general, sin que habilite la
contratación de personas jurídicas. Resaltó que bajo el principio de legalidad, la
norma es taxativa al disponer que dichos contratos «sólo podrán celebrarse con
personas naturales». Objetó la jurisprudencia citada por las demandadas, pues la
sentencia del año 2007 se basó en una norma derogada por la Ley 1150 de 2007,
así que no estaba vigente al expedirse las normas acusadas.
11. El DNP y el DAPRE12 ratificaron los argumentos de sus contestaciones. El
Ministerio Público13, pidió negar las pretensiones. Señaló que el artículo 32.3 de la
Ley 80 de 1993 no establece una prohibición general, sino un condicionamiento
especial para la contratación con personas naturales; sostuvo que no hay exceso
en la potestad reglamentaria, pues los decretos se limitaron a desarrollar la ley en
armonía con la capacidad contractual de las personas jurídicas.
II. CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia.
12. De conformidad con el art. 104 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, esta jurisdicción conoce, entre otros
asuntos, de las controversias originadas en actos sujetos al derecho administrativo.
En el sub-lite se controvierten actos administrativos proferidos por el Gobierno
nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria, lo que constata que la litis atañe
a esta jurisdicción.
13. Por su parte, el art. 149.1 del CPACA, modificado por el art. 24 de Ley 2080
de 2021, prevé que el Consejo de Estado conocerá en única instancia de las
demandas de nulidad formuladas contra actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional14. Dado que el presente asunto versa sobre la
nulidad de una expresión contenida en los decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015,
actos de carácter general expedidos por el Gobierno nacional, esta Corporación es
competente para conocer, en única instancia, la demanda instaurada. A su vez
corresponde a la Sala dirimir el asunto, de conformidad con el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 2019 de la sala plena de esta Corporación15.
justificativa, y b) respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto. En relación con
el Decreto 1082 aportó: a) remisión del DNP a la secretaría jurídica de presidencia, b) formato de control de
trámite de presidencia, c) solicitud de la secretaria jurídica de presidencia al Ministerio del Interior de
certificación de vigencia decretos de su sector, d) respuesta del Ministerio del Interior, e) índice del proyecto de
decreto, f) certificaciones del jefe jurídico del DNP sobre vigencias y trámite realizado. Mediante auto del 6 de
mayo de 2025 el Despacho advirtió que no se allegó la totalidad de antecedentes y requirió al DNP para el
efecto (Índice 70 SAMAI). El DNP respondió el 14 de mayo siguiente, remitiendo memoria justificativa del
Decreto 1510 de 2013 y los antecedentes administrativos que obraban en la entidad, los que coinciden en su
totalidad con los remitidos anteriormente (ib.).
11 Índice 94 SAMAI.
12 Índices 95 y 96 SAMAI.
13 Índice 97 SAMAI.
14 O por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo
orden. Siempre y cuando no se trate de actos de certificación o de registro, pues en dicho caso, la competencia
recaerá en los tribunales administrativos, de conformidad con la citada disposición.
15 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. (…)
Sección Tercera: 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos
agrarios, contractuales, mineros y petroleros (…)”
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Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)
Demandante: Darly Alexander Andrade Cañón
Demandado: Nación – DAPRE y DNP-
Asunto: Nulidad
14. Vale precisar que el Decreto 1510 de 2013 fue objeto de compilación a través
del Decreto 1082 de 2015 –Decreto Único Reglamentario Sectorial– que se encargó
de agrupar y racionalizar las normas que rigen el sector administrativo de
planeación nacional. Este instrumento, en el art. 3.1.1., derogó las disposiciones
objeto de compilación16, lo “que supone la inexistencia actual del Decreto 1510 de
2013”17. A pesar de tal derogatoria, ello no impide un pronunciamiento judicial sobre
la validez de aquella disposición, en tanto el mismo no está condicionado a su
vigencia, sino que se remonta a la verificación de sus elementos de origen en
contraste con el ordenamiento jurídico en un examen de legalidad objetiva, como
lo ha reiterado esta Corporación18.
Problema jurídico
15. El centro del debate se sitúa en determinar si el contrato de prestación de
servicios puede ser suscrito con personas jurídicas. Previo a este análisis, procede
definir si la representación judicial de la Nación no le corresponde al DAPRE, quien
así lo alegó.
16. Esta Subsección19 ha precisado la distinción entre la capacidad para
comparecer al proceso y la figura de la representación. La primera concierne a la
aptitud para fungir como parte del proceso; la segunda, a la facultad que la ley
reconoce para que una persona actúe por otra –en su nombre y representación–
de modo que los efectos de los actos del mandatario recaen sobre el sujeto
representado.
17. El inciso primero del art. 159 de la Ley 1437 de 2011 dispone que las
entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás
sujetos que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso,
pueden obrar como demandantes, demandados o intervinientes, a través de sus
representantes. A su vez, el art. 80 de la Ley 153 de 1887 dispone que la Nación,
los departamentos y los municipios, son personas jurídicas. Comoquiera que la
demanda se instauró en contra de la Nación, se trata de un sujeto que tiene
capacidad procesal y está llamada a comparecer al proceso para defender la
legalidad de un acto administrativo proferido por una autoridad de ese nivel.
18. En punto a su representación en el sub-lite, el art. 115 de la Constitución
Política determina que el primer mandatario puede actuar en la calidad de jefe de
Estado, jefe de Gobierno o suprema autoridad administrativa. La primera categoría
trata sobre aquellas atribuciones relativas a la soberanía y unidad nacional; actúa
como jefe de gobierno al ejercer las actividades que corresponden a la fijación de
las políticas de dirección del país, para lo cual aplica el programa gubernamental y
16 “ARTÍCULO 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él.
Por consiguiente, de conformidad con el art. 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones
de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Administrativo de Planeación Nacional que versan sobre las
mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos: (…)”. Sin excluir las normas del
Decreto 1510 de 2013.
17 Esta Subsección ya se había referido a tal derogatoria. Ver sentencia del 11 de abril de 2019, Rad. 11001-
03-26-000-2014-00135-00 (52055) M.P. María Adriana Marín.
18 Ibidem. Entre otras, de forma más reciente, ver sentencia del 26 de septiembre de 2025, Rad.
11001032600020220013400 (68.563) C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
19 Entre otras, ver recientemente la sentencia del 26 de septiembre de 2025, radicación
11001032600020220013400 (68.563) C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
5
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Asunto: Nulidad
promulga las normas bajo su competencia; mientras que ejerce como suprema
autoridad administrativa en lo relativo a la gestión y normal funcionamiento de la
administración. Así, en lo que atañe al ejercicio de la potestad reglamentaria, el
primer mandatario actúa bajo la doble condición de jefe de Gobierno y suprema
autoridad administrativa.
19. El art. 159 del CPACA establece que, para efectos judiciales, las entidades
públicas son representadas por “la persona de mayor jerarquía en la entidad que
expidió el acto o produjo el hecho”. De modo que, cuando se trata de un acto
proferido por el Gobierno nacional, “la persona de mayor jerarquía que lo suscribe
es, sin duda alguna, el Presidente de la República”20, sin perjuicio de que concurran
también el ministro, o director de departamento administrativo, puesto que su
participación en la expedición del acto es imperiosa a efectos de que tenga valor,
por lo que su vinculación es mandatoria21. Lo anterior, tiene base constitucional en
el art. 115 superior, que dispone que el “Gobierno Nacional está formado por el
Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de
departamentos administrativos”.
20. Así que, en las demandas que se promuevan contra actos administrativos
expedidos por el Gobierno Nacional, fungen como representantes de la Nación el
Presidente de la República y los ministros del ramo o los directores de
departamentos administrativos que suscribieron el acto enjuiciado22.
21. Los artículos 1 y 3 del Decreto 672 de 2017 prevén que el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República –bajo la denominación
“Presidencia de la República”– debe asistir al primer mandatario en su calidad de
jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, en el ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales. En específico, le corresponde
“[a]sesorar al Presidente de la República en el estudio de la constitucionalidad,
legalidad y conveniencia de los distintos proyectos de ley, decretos y actos
administrativos de competencia del primer mandatario”.
22. Aquel departamento está integrado por varias dependencias, entre ellas, la
secretaría jurídica, quien tiene a su cargo “[r]epresentar judicial y extrajudicialmente
a la Presidencia de la República en los procesos en que sea parte por delegación
del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ...”
–núm. 8 y 12 del art. 27 del Decreto 672 de 2017–. Igualmente, mediante el Decreto
245 de 2019, el primer mandatario delegó en el Secretario Jurídico de la
Presidencia de la República “la facultad de notificarse, representar y conferir
poderes en nombre del Presidente de la República, en todas las actuaciones
prejudiciales, las conciliaciones extrajudiciales y los procesos judiciales que le sean
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 21 de julio de 2021,
radicación 11001-03-24-000-2016-00019-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
21 Conforme al art. 115 de la Carta Política, para que los actos del presidente de la República tengan fuerza y
valor es necesario que sean suscritos también por el ministro o director del departamento pertinente, excepto
en los eventos de nombramientos y remoción de funcionarios en los aludidos cargos o respecto de los actos
dictados por aquel como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. Tal exigencia que enlaza las
voluntades del primer mandatario con el ministro o director correspondiente deviene de la expresa
determinación del referido artículo, que indica que “[e]l Gobierno Nacional está formado por el presidente de la
República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos”.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 9 de noviembre de
2021, radicación 11001-03-24-000-2020-00378-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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notificados, en los que se constituya en parte y en general en todas las actuaciones
que se surtan ante la Rama Judicial y ante la Jurisdicción Especial para la Paz –
JEP”.
23. Por consiguiente, en este proceso se ha cumplido con la debida
representación de la Nación, pues la vinculación procesal del DAPRE y del DNP
garantiza la debida conformación del contradictorio, en tanto el Presidente de la
República y el Director del Departamento Administrativo de Planeación suscribieron
los actos enjuiciados, con la precisión de que la representación de aquél está
atribuida al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.
Contrato de prestación de servicios
24. Para el desenvolvimiento de la censura, la Sala inicia por señalar que la
tipología asociada al contrato de prestación de servicios no es asunto exclusivo o
propio de la contratación estatal.
25. El antecedente remoto de este contrato se sitúa en el derecho romano, a
través de la denominada locatio conductio (arrendamiento), figura en la que tenían
cabida relaciones jurídicas de diversa índole23 como lo fue el arrendamiento de
servicios o locatio conductio operarum, y el arrendamiento de obra o locatio
conductio operis. A pesar de la identidad que cada una de estas expresiones
negociales fue adquiriendo con el tiempo, su proyección en los ordenamientos
jurídicos de tradición romano - germánica conservó sus principales rasgos,
incluidos en el Código Civil Colombiano, art. 197324.
26. Bajo la esfera asociada a los servicios sobresale la diversidad de actividades
que este negocio jurídico puede abarcar, incluida la categoría de servicios
inmateriales, en los que predomina la inteligencia sobre la obra de mano (art. 2063
y ss. del C.C.); otras disposiciones prevén que cuando se incluye el desarrollo
periódico de las prestaciones, el servicio adopta la moldura de los contratos de
suministro25 –por mencionar solo algunos referentes legales–.
27. El Estado ha acudido a aquel tipo de prestación en variados frentes 26. De
manera que este negocio jurídico se presenta como herramienta apta para el
funcionamiento de las entidades estatales y como fórmula de apoyo a la gestión
23 Más allá de las distinciones entre la tesis unitaria y la tesis tripartita de la locatio condcutio, lo cierto es que
en los textos romanistas se conocen tres modalidades de este negocio jurídico: a) locatio condcutio rei: en la
que el locator entrega una cosa al conductor para su uso y disfrute, con la obligación de restituirla al vencimiento
del contrato; b) locatio condcutio operarum conforme al cual se entregaba el servicio del propio locator y el
conductor pagaba por ellos; c) locatio condcutio opoeris, en la que el locator entrega una cosa al conductor
para que éste realiza algo con ella, y lo debido, era el resultado de tal labor. En este sentido ver GUZMAN
BRITO, Derecho Privado Romano p. 154 y ss. KASER, Derecho Romano, p. 197 y ss. Tomado de SERVERIN
FUSTER, Gonzalo Francisco, “Los contratos de servicio”, Universidad Autónoma de Madrid, 2014. En:
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/660666/severin_fuster_gonzalo_francisco.pdf?sequence=1
24 “ARTÍCULO 1973. <DEFINICION DE ARRENDAMIENTO>. El arrendamiento es un contrato en que las dos
partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un
servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”.
25 ARTÍCULO 968. <CONTRATO DE SUMINISTRO DEFINICIÓN>. El suministro es el contrato por el cual una
parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente,
prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”.
26 En las normas de contratación estatal se han previsto otros instrumentos negociales que, con fundamento
en la noción de prestación de servicios, desarrollan este género negocial. V. gr. servicios postales, servicios de
transporte marítimos, servicios de salud, como se observa en las leyes especiales para estos casos, entre otros
en el Decreto Ley 019 de 2012.
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Asunto: Nulidad
pública, conservando la esencia de la actividad y el beneficio que se deriva de las
personas que colaboran en tales objetivos.
28. Regulaciones anteriores al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública (EGCAP) ya habían perfilado este tipo negocial. El Decreto
150 de 1976 –art. 138– lo definió como el acuerdo “celebrado con personas
naturales o jurídicas para desarrollar actividades relacionadas con la atención de
los negocios o el cumplimiento de las funciones que se hallen a cargo de la entidad
contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. No
podrán celebrarse esta clase de contratos para el ejercicio de funciones
administrativas”. El art. 163 del Decreto 222 de 1983 reiteró esta noción con la
precisión de que podía utilizarse para contratar funciones administrativas27, siempre
que obrara expresa autorización de la Secretaría de Administración Pública de la
Presidencia o de la dependencia que hiciera sus veces.
29. La Ley 80 de 1993 aportó una visión más amplia del rol de la Administración
en la contratación28, y fue afirmativa al subrayar que en los negocios jurídicos de
estirpe estatal las “estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las
normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia
y naturaleza”29; por ello, la actividad, bien o servicio requerido para atender las
finalidades públicas y los sujetos que pueden prestarlos responden a criterios
inherentes a su naturaleza y a la idoneidad de quien se postule para ejecutarlos,
incluida la posibilidad de ampliar tal capacidad a figuras asociativas como el
consorcio y la unión temporal, según el art. 6 de esta normativa en su texto
original30.
30. Con estos supuestos, el art. 32 de la Ley 80 de 1993, definió a los contratos
estatales como “todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren
las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado
o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación (…)”;
postulado que expresa que no se trata de un elenco limitativo o exhaustivo de
contratos, sin perjuicio del contenido específico del que dota a los negocios jurídicos
allí nombrados.
31. Respecto al contrato de prestación de servicios, el numeral tercero del
referido artículo indicó que se trata de aquel que es suscrito para “desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”. Así
mismo, precisó sus rasgos centrales: de una parte, el carácter temporal que lo
27 En esta misma norma se conceptualizan las funciones administrativas como “aquellas que sean similares a
las que estén asignadas, en todo o en parte, a uno o varios empleos de planta de la entidad contratante”.
28 Al concebirse como un estatuto general y de principios conforme al cual los contratos del Estado “se regirán
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta
ley” (art. 13 de la Ley 80 de 1993) y su contenido está determinado bajo el principio de la autonomía de la
voluntad. Su especialidad está dada en función de determinadas materias con las que se busca proteger el
interés público envuelto en los contratos estatales, como ocurre con la definición de los procedimientos de
selección de contratistas, el régimen de las inhabilidades e incompatibilidades, las potestades excepcionales
al derecho común, la capacidad de contratación, el procedimiento de liquidación del contrato, entre los más
destacados.
29 Ley 80 de 1993, artículo 40, inciso primero.
30 “ARTÍCULO 6. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente
capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los
consorcios y uniones temporales”.
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acompaña, en tanto debe extenderse por el “término estrictamente indispensable”,
y de otra, que no genera vínculo de subordinación, por lo que no configura una
relación laboral entre las partes31.
32. En la exposición de motivos de esta norma32, el legislador indicó que su
propósito era dotar a la Administración de un mecanismo excepcional para vincular
sujetos con conocimientos especializados en la atención de necesidades
puntuales, así como de aquellos servicios que no pueden ser atendidos con
funcionarios de planta, manteniendo siempre una relación de naturaleza puramente
contractual regida por la autonomía e independencia del contratista.
33. Al reglamentar varias materias del EGCAP, el Decreto 2170 de 2002, señaló
que la entidad estatal podía contratar directamente con la persona natural o jurídica
que estuviere en capacidad de ejecutar el objeto del contrato (prestación de
servicios profesionales, ejecución de trabajos artísticos o el desarrollo directo de
actividades científicas o tecnológicas) y que haya demostrado la idoneidad y
experiencia en el área de que se trate (art. 13).
34. Esta Corporación, en sentencia del 3 de diciembre de 200733, declaró la
nulidad del inciso segundo del art. 13 del citado decreto, pero solo “en tanto se
interprete que en él se dispone la contratación directa para los contratos de
prestación de servicios de apoyo diferentes a los establecidos en la letra d) del
numeral 1, del artículo 24 de la ley 80 de 1993”. En esa oportunidad la norma se
consideró ajustada al ordenamiento jurídico, bajo el entendido de que se ciñe a la
prestación de las actividades “profesionales o para la ejecución de trabajos
artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o
jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas y tecnológicas (…)”
frente a las cuales procede la contratación directa.
35. Si bien el foco de tal litigio no versó acerca de la procedencia de contratar a
personas jurídicas bajo ese tipo de contratos, sino de la posibilidad de celebrar
estos negocios de manera directa para fines específicos, esta Corporación explicó
que a través del mismo se podían suplir los requerimientos de conocimiento
profesional, técnico, o científico, o aquellos asociados a una insuficiente planta de
personal para una actividad temporal, resultando adecuada la contratación de
personas naturales o jurídicas externas, a fin de resolver esas necesidades.
36. En tal decisión se precisó, igualmente, que aunque el art. 32 de la Ley 80 de
1993 no exteriorizó que la suscripción de estos negocios procedía con personas
jurídicas, su celebración era ajustada a derecho, pues “así lo indica el artículo 24,
numeral 1º, letra d), en el cual se señala la posibilidad de acudir a los mismos ‘[p]ara
la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos
que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas”34.
31 La norma señala que “en ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales”. La
exequibilidad de la expresión que niega el vínculo laboral fue condicionada por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-154 de 1997.
32 Gaceta del Congreso No.79 de 1992.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre
de 2007, radicación 11001-03-26-000-2003-00014-01(24715), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
34 Ibidem.
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37. Con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se derogó el núm. 1 del art. 24 de
la Ley 80 que preveía, que “[l]a escogencia del contratista se efectuará siempre a
través de licitación o concurso públicos, salvo en los siguientes casos en los que se
podrá contratar directamente (…)”. Tal medida tuvo lugar, en tanto el art. 2 de la
Ley 1150 se ocupó de regular de forma única e integral las modalidades de
selección –licitación pública, concurso de méritos, contratación directa, y adicionó
la selección abreviada–, lo que imponía recoger aquella regla de la Ley 80, en tanto
se configuró una normativa que se ocupaba de esta clasificación y de sus causales.
Este diseño no conllevó una alteración de la concepción del contrato de prestación
de servicios35, pues la última disposición sólo está referida a los procedimientos
que deben seguir las entidades estatales sometidas al EGCAP para la escogencia
del contratista.
38. Como se lee en la exposición de motivos, a través del proyecto de ley se
buscaba racionalizar y dotar de mayor eficiencia y transparencia a la contratación
pública36. Para ello se introdujo una categorización que distinguía entre servicios
profesionales y de apoyo a la gestión y trabajos artísticos, además de imponer la
obligación de justificar la idoneidad como un mecanismo para objetivar la selección.
39. La primera norma que reglamentó la referida ley fue el Decreto 66 de 2008
(art. 81)37- que distinguió la prestación de los servicios profesionales38, del apoyo a
la gestión de la entidad39, y la ejecución de trabajos artísticos. Allí, se indicó que la
Administración podía contratar servicios profesionales directamente con la persona
natural o jurídica que estuviere en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y
hubiere demostrado la idoneidad y experiencia relacionada con el área respectiva.
40. Esta norma fue derogada por el Decreto 2474 de 200840, el cual se apartó
de la distinción conceptual señalada frente a los servicios profesionales y de apoyo
a la gestión, para definirlos de la misma forma41, es decir, aquellas “…de naturaleza
35 Mediante sentencia del 7 de marzo de 2011, radicación 11001-03-26-000-2009-00070-00(37044), C.P.
Enrique Gil Botero, esta Sección, al estudiar un cargo de nulidad formulado contra el decreto que reglamentó
esta ley, reafirmó que la contratación para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o
para la ejecución de trabajos artísticos no necesita de un proceso de comparación entre oferentes, porque
configuran una causal de contratación directa. Con la precisión de que “no todo contrato de prestación de
servicios se puede materializar bajo esta modalidad de selección, pues el que regula la norma demandada –
se insiste: a eso se circunscribe el análisis de la Sala- es el que se realiza directamente, es decir, los que
corresponden a aquellos definidos en la misma norma, o sea, los que tienen como base de su prestación
actividades de naturaleza intelectual”.
36 La exposición de motivos del proyecto que devino en la Ley 1150 de 2007 (Gaceta del Congreso No. 493 de
2005) evidencia que no se dedica un análisis particular al contrato de prestación de servicios. En su lugar, se
ofrece una justificación transversal para las causales de contratación directa. Para los servicios profesionales
y de apoyo a la gestión, se reconoce que se fundamentan en la idoneidad y experiencia del contratista.
37 “Artículo 81. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución
de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Para la prestación
de servicios profesionales la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia
directamente relacionada con el área de que se trate (…)”.
38 Según ese reglamento, referentes a las actividades de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría
que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad.
39 Que consistían, según la norma, en la realización de tareas materiales no calificadas.
40 Artículo 92 del Decreto 2474 de 2008, Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga en su integridad el Decreto 066 de 2008 salvo su artículo 83; así como las demás
normas que le sean contrarias.
41 “Es evidente el cambio de contenido que hubo entre el artículo 81 del decreto 066, y el art. 82 del decreto
2.474, en aquél los ‘servicios de apoyo a la gestión’ consistían en la realización de tareas materiales no
calificadas, que se podían contratar por esta causal; mientras que en la nueva norma tanto este concepto como
el de prestación de servicios profesionales –se reitera- ‘… corresponden a aquellos de naturaleza intelectual
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad” (Consejo de
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intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las
funciones de la entidad”. De este modo las tareas que no encajaran en una noción
restringida de orden intelectual tendrían que contratarse mediante otros
mecanismos diferentes a la selección directa. Por otra parte, este decreto (art. 8242)
conservó la indicación de que para la ejecución de las actividades antes descritas
podía contratarse a “la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar
el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia
directamente relacionada con el área de que se trate”; precisando, además, que la
realización de los trabajos artísticos solo podía encargarse a determinadas
personas naturales.
41. En fechas más recientes, el Gobierno nacional expidió sendos decretos
reglamentarios en materia de contratación estatal que, en punto a la caracterización
del contrato de prestación de servicios, desarrollaron similares preceptos, como se
observa a continuación:
DECRETO 734 DE 2012 DECRETO 1510 DE 2013 DECRETO 1082 DE 2015
Artículo 3.4.2.5.1 Contratos Artículo 81. Contratos de ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.9. Cont
de prestación de servicios prestación de servicios ratos de prestación de
profesionales y de apoyo a la profesionales y de apoyo a la servicios profesionales y de
gestión, o para la ejecución gestión, o para la ejecución de apoyo a la gestión, o para la
de trabajos artísticos que solo trabajos artísticos que solo ejecución de trabajos artísticos
pueden encomendarse a pueden encomendarse a que solo pueden
determinadas personas determinadas personas encomendarse a determinadas
naturales. Para la prestación naturales. Las entidades personas naturales. Las
de servicios profesionales y estatales pueden contratar Entidades Estatales pueden
de apoyo a la gestión la bajo la modalidad de contratar bajo la modalidad de
entidad estatal podrá contratación directa la contratación directa la
contratar directamente con la prestación de servicios prestación de servicios
persona natural o jurídica que profesionales y de apoyo a la profesionales y de apoyo a la
esté en capacidad de ejecutar gestión con la persona natural gestión con la persona natural
el objeto del contrato y que o jurídica que esté en o jurídica que esté en
haya demostrado la capacidad de ejecutar el objeto capacidad de ejecutar el objeto
idoneidad y experiencia del contrato, siempre y cuando del contrato, siempre y cuando
directamente relacionada con la entidad estatal verifique la la Entidad Estatal verifique la
el área de que se trate, sin idoneidad o experiencia idoneidad o experiencia
que sea necesario que haya requerida y relacionada con el requerida y relacionada con el
obtenido previamente varias área de que se trate. En este área de que se trate. En este
ofertas, de lo cual el caso, no es necesario que la caso, no es necesario que la
ordenador del gasto deberá entidad estatal haya obtenido Entidad Estatal haya obtenido
dejar constancia escrita. previamente varias ofertas, de previamente varias ofertas, de
Los servicios profesionales y lo cual el ordenador del gasto lo cual el ordenador del gasto
de apoyo a la gestión debe dejar constancia escrita. debe dejar constancia escrita.
corresponden a aquellos de Los servicios profesionales y Los servicios profesionales y
naturaleza intelectual de apoyo a la gestión de apoyo a la gestión
diferentes a los de consultoría corresponden a aquellos de corresponden a aquellos de
que se derivan del naturaleza intelectual naturaleza intelectual
cumplimiento de las diferentes a los de consultoría diferentes a los de consultoría
Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, radicación 11001-03-26-000-2009-00070-
00(37044), C.P. Enrique Gil Botero).
42 “Artículo 82. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución
de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Para la prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad
y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes
a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad.
Para la contratación de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales,
la entidad justificará dicha situación en el respectivo contrato”.
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funciones de la entidad; así que se derivan del que se derivan del
como los relacionados con cumplimiento de las funciones cumplimiento de las funciones
actividades operativas, de la entidad estatal, así como de la Entidad Estatal, así como
logísticas, o asistenciales. los relacionados con los relacionados con
Para la contratación de actividades operativas, actividades operativas,
trabajos artísticos que solo logísticas, o asistenciales. logísticas, o asistenciales.
pueden encomendarse a La entidad estatal, para la La Entidad Estatal, para la
determinadas personas contratación de trabajos contratación de trabajos
naturales, la entidad artísticos que solamente artísticos que solamente
justificará dicha situación en puedan encomendarse a puedan encomendarse a
determinadas personas determinadas personas
el acto administrativo de que
naturales, debe justificar esta naturales, debe justificar esta
trata el artículo 3.4.1.1 del
situación en los estudios y situación en los estudios y
presente decreto. documentos previos. documentos previos.
Análisis del cargo de nulidad
42. El demandante ha formulado un juicio de legalidad contra la expresión “o
jurídicas” contenida en el art. 81 del Decreto 1510 de 2013, y a su vez del art.
2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 201543, dado que este último es compilatorio de
la normatividad reglamentaria del sector44. Indica que la Ley 80 de 1993 establece
que los contratos de prestación de servicios “sólo podrán celebrarse con personas
naturales”. Además, afirma que el legislador fue excluyente respecto de las
personas jurídicas, como se extrae de la sentencia C-132 de 1997 que declaró
inexequible el Decreto Ley 165 de 1997 y restableció la vigencia del texto original y
restrictivo de la Ley 80 de 1993.
43. La Subsección negará la nulidad deprecada, conforme a los siguientes
razonamientos.
• Las normas demandadas no son contrarias al art. 32.3 de la Ley 80 de 1993
44. Para fidelidad del análisis, se transcribe el contenido de la disposición legal
que se aduce excedida vía reglamentaria:
“3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable”.
45. La lectura de la citada disposición no restringe la posibilidad de que personas
jurídicas puedan celebrar contratos de prestación de servicios. En la base de este
tipo negocial están comprendidos todos aquellos servicios que la Administración
requiere para el desarrollo de actividades vinculadas a su administración o
funcionamiento, propósito que va unido a la lógica de que el sujeto que colabore en
dicha gesta sea una persona con la capacidad y experiencia necesarias para
43 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación
Nacional"
44 En las consideraciones de este Decreto se precisó: “Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de
compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden
incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo”.
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obtener el fin perseguido. Así, bajo un criterio finalista, asociado a la naturaleza
misma de este tipo de contrato, no es posible razonar que tales cometidos no
puedan ser satisfechos con personas jurídicas.
46. Este predicamento no sólo se sitúa en la premisa inaugural de la citada
disposición, sino que se respalda en el reconocimiento que el ordenamiento hace
de la persona y sus atributos como sujeto de derechos y obligaciones, ya sea que
se trate de personas naturales o jurídicas. Así lo establece el legislador al señalar
en el art. 73 del Código Civil, “las personas son naturales o jurídicas”, siendo parte
de las primeras “todos los individuos de la especie humana”, (art. 75 del C.C), y
correspondiendo las segundas a “una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”
(art. 633 ib.).
47. En ambos casos, la ley confiere a las personas capacidad para vincularse o
hacer parte de una relación jurídica, sin establecer una distinción de origen que
desconozca o disminuya la garantía de tal aptitud, lo que no excluye la posibilidad
de que en razón del interés general en que se funda la contratación estatal se
presenten circunstancias que afecten tal atributo, como ocurre v.gr. bajo el régimen
de inhabilidades o conflictos de interés, o cuando no se cumplen ciertas calidades
en el sujeto según los requisitos exigidos frente a la actividad a contratar.
48. Una lectura de orden constitucional y legal, no permite justificar una
proposición o divergencia que excluya a las personas jurídicas de la posibilidad de
celebrar contratos de prestación de servicios, de modo que bien pueden suplirse
las necesidades del Estado a través de la ejecución de servicios prestados por tales
sujetos de derecho –incluso, es de mencionar, que hay eventos en que ello es
conveniente–45.
49. La anterior consideración no cambia frente a la expresión utilizada en el
segundo inciso del art. 32.3 en estudio, al señalar que “[e]stos contratos sólo podrán
celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados”. La Sala observa
que la interpretación que traza la demanda, parte de la escisión de la hipótesis
normativa que se invoca como transgredida, en la que se hace lectura de una
prohibición para dejar de lado que la ley realmente lo que consagra es un
condicionamiento para la celebración de contratos de prestación de servicios con
personas naturales, que pende de que la entidad respectiva no cuente con personal
de planta suficiente, o requiera de especialistas en determinada materia; premisa
que parte de la voluntad de restringir fenómenos asociados a la existencia de
nóminas paralelas, o que conduzcan a la afectación del empleo y la función pública.
45 Esta Corporación, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, señaló en concepto del 24 de mayo de
2011, rad. 11001030600020100005200, M.P. Enrique José Arboleda Perdomo, que esta tipología contractual
es adecuada “para atender una situación específica en razón del conocimiento y la experiencia que busca en
el contratista, o bien puede serle necesario o conveniente contratar con la persona jurídica que le ofrezca los
conocimientos y experiencia de su personal”; agregó que, “tratándose de ´actividades operativas, logísticas o
asistenciales´, lo común es encontrar personas jurídicas constituidas para realizarlas, también a través de su
personal, bien porque respondan a regulaciones de la ley, a particularidades del mercado, del bien o del servicio
(…)”.
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50. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado así lo
han explicado. En el primer caso, bajo el examen de constitucionalidad de normas
relacionadas con la administración de personal en las entidades públicas, de cara
a la suscripción de contratos de prestación de servicios y su incidencia en la
creación de empleos de planta; en el caso del Consejo de Estado, al analizar las
características de los contratos de prestación de servicios bajo el EGCAP y los
condicionamientos de su celebración. En estos términos, se concreta un circuito de
complementariedad que, aunque parte de orillas distintas, comparte la misma
teleología desde dos vértices normativos que necesariamente confluyen.
51. En la sentencia C- 614 de 200946, se declaró la exequibilidad de la
disposición contenida en el inciso 4º del artículo 2º del Decreto Ley 2400 de 1968,
que establece: “[p]ara el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán
los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de
prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”. De su amplia
explicación concluyó que “la administración no puede suscribir contratos de
prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente de la
administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la
respectiva planta de personal” (énfasis del texto original).
52. En dicha providencia se acudió a pronunciamientos del Consejo de Estado
en la materia, entre ellos, a la sentencia del 21 de agosto de 2003 de la Sección
Segunda de esta Corporación, que afirmó: “no puede existir empleo sin funciones
cabalmente definidas en la ley o el reglamento, por mandato constitucional, y que
el desempeño de funciones públicas de carácter permanente en ningún caso es
susceptible de celebración de contratos de prestación de servicios. Para el ejercicio
de funciones públicas de carácter permanente deberán crearse los empleos
correspondientes”.
53. Las referencias legales y jurisprudenciales concordadas, que estuvieron
orientadas a supeditar la celebración de contratos de prestación de servicios a la
circunstancia de que dichas actividades no pudieran realizarse con personal de
planta o requieran conocimientos especializados, pretenden preservar los
principios asociados al empleo público, entendido como “el conjunto de funciones,
tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de
los planes de desarrollo y los fines del Estado”47. Ello explica que el
condicionamiento fijado en el art. 32.3 de la Ley 80 de 1993 esté dirigido a las
personas naturales, que son quienes pueden desempeñar empleos públicos.
46 Proferida por la Corte Constitucional, el 2 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se
declaró la exequibilidad del artículo 1º del Decreto Ley 3074 de 1968, norma vigente al tenor de lo establecido
en el art. 55 de la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, cuyo art. 55 dispuso: “Régimen de
administración de personal. Las normas de administración de personal contempladas en la presente ley y en
los Decretos 2400 y 3074 de 1968 y demás normas que los modifiquen, reglamenten, sustituyan o adicionen,
se aplicarán a los empleados que presten sus servicios en las entidades a que se refiere el artículo 3 de la
presente ley (…)”.
47 Según dispone el art. 19.1 de la Ley 909 de 2004, al señalar: “[e]l empleo público es el núcleo básico de la
estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el
propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado”.
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54. Esta visión integrada y pacífica ha sido confirmada por esta Sección que, al
referirse al entendimiento del núm. 3 art. del 32 de la Ley 80 de 1993, precisa que
aquella disposición no denota una exclusión de las personas jurídicas, en razón de
que “la idoneidad para la prestación de un servicio altamente especializado no es
una condición o cualidad que el ordenamiento jurídico hubiere reservado o atribuido
de manera exclusiva a las personas naturales, pues no existe ninguna razón de
orden lógico o jurídico para considerar que las personas jurídicas no puedan, a
través de su objeto social, su organización y el personal calificado que las integra,
ofrecer y prestar a la Administración los servicios profesionales y especializados
que esta requiera para el cumplimiento de sus fines"48.
55. Tesis que fue reiterada en el año 2011 por la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta Colegiatura49 al señalar:
“(…) la condición en comento tiene como finalidad la prohibición de configurar las ´nóminas
paralelas´, que no sólo contravienen las disposiciones del decreto ley 2400 de 1968 y la ley
80 de 1993, sino que además pueden desconocer los derechos laborales y prestacionales
de los contratistas personas naturales y ser fuente de detrimento del patrimonio público,
cuando llegan a configura el contrato realidad.
(…)
De manera que en el marco del Estatuto Contractual de la Administración Pública, el
contrato de prestación de servicios es el instrumento jurídico para que las entidades y
organismos estatales resuelvan esas específicas necesidades de administración, teniendo
presente que la modalidad de servicios personales con personas naturales, sólo es
legalmente posible cuando el personal de planta es insuficiente o se necesitan
conocimientos especiales (…)”.
56. Al esclarecer el contenido que se desprende de la norma legal, se concluye
que el Gobierno nacional no excedió su poder reglamentario mediante la inclusión
de la locución “o jurídicas”, pues tal expresión no desborda, desconoce o altera los
mandatos del legislador. Bien por el contrario, las disposiciones acusadas
constituyen un desarrollo coherente y razonable del marco legal en que se funda,
en tanto hacen evidente la posibilidad de contratar tanto con personas jurídicas
como naturales la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en
los términos que prevé el art. 32.3 de la Ley 80 de 1993.
57. Lo anterior, por cuanto, se itera, el condicionamiento que prevé el inciso
segundo del art. 32.3 de la Ley 80 está referido solo a la contratación de personas
naturales, sin que el legislador haya limitado la capacidad de las personas jurídicas
para la celebración de esta categoría contractual.
• Inexistencia de razones de ilegalidad derivadas la sentencia C-132 de 1997
58. La Sala no pasa por alto que la demanda también afirma que el legislador
fue excluyente respecto a la celebración de contratos de prestación de servicios
con personas jurídicas, como se desprende de la sentencia C-132 de 1997,
respecto de la cual aduce que al declarar inexequible el Decreto Legislativo 165 de
1997 restableció la vigencia del texto original y restrictivo de la Ley 80 de 1993.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2004, Exp. 14.579, C.P. Alier Eduardo
Hernández.
49 En el concepto del 24 de mayo de 2011, rad. 11001030600020100005200, M.P. Enrique José Arboleda
Perdomo, ibidem.
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59. Aunque sería suficiente señalar que la tesis del actor no fue parte de la
construcción normativa del art. 32.3 de la Ley 80 de 1993, como quedó constatado,
la Sala estima necesario destacar que las razones de nulidad que el demandante
pretende respaldar con la providencia aducida carecen de contenido y no albergan
relación alguna con el análisis de legalidad aquí formulado, como se pasa a indicar.
60. El 23 de enero de 1997 fue expedido el Decreto Legislativo 165, por el cual
“se dictan disposiciones sobre reducción del gasto público en materia de contratos
de asesoría y consultoría, viajes internacionales, publicidad oficial y se dictan otras
disposiciones”. Entre otras medidas, dispuso que el núm. 3 del art. 32 de la Ley 80
de 1993 quedaría así: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren
las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán
celebrarse con personas naturales o jurídicas cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados (…)”50.
61. Este decreto fue declarado inconstitucional51 al desaparecer el sustento
normativo que lo fundamentó, esto es, el Decreto 80 de 1997 –que declaró “el
Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional hasta el
cuatro (4) de febrero de 1997”52– el cual fue removido del ordenamiento jurídico a
través de la declaratoria de inexequibilidad efectuada por la Corte Constitucional53.
62. Durante el mismo lapso se profirió el Decreto Legislativo 252 del 4 de febrero
de 1997, a través del cual el Gobierno nacional pretendió modificar el citado Decreto
165 para complementar algunos aspectos del trámite y celebración de los contratos
de prestación de servicios; norma que fue declarada inexequible54 por las mismas
razones aducidas frente al Decreto 165 de 1997, es decir, al generarse una
“inconstitucionalidad por consecuencia” derivada de la inexequibilidad del Decreto
80 ya citado.
63. Bastó al alto tribunal constitucional señalar que esa decisión tenía lugar “al
desaparecer el sustento jurídico necesario para proferir los decretos legislativos”,
sin desarrollo sobre las materias que pretendió regular con aquellas disposiciones.
64. De esta manera no es posible derivar el efecto esgrimido por la demandante
ante el vacío en que desembocó la providencia aducida; lo que confirma que la
pretensión de nulidad esgrimida carece de vocación de prosperidad.
50 “ARTÍCULO 2o. El numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así:
3o. Contrato de prestación de servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales o jurídicas cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimientos especializados.
Estos contratos no generan en ningún caso, relación laboral ni prestaciones sociales. Los contratos a que se
refiere este ordinal, se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
PARÁGRAFO 1o.: A los contratos de consultoría de prestación de servicios o de asesoría de cualquier clase,
deberá anexarse certificación expedida por el jefe de la entidad, acerca de la inexistencia de personal de planta
para desarrollar las actividades que se pretendan contratar”.
51 A través de la sentencia C-132 del 13 de marzo de 1997, M.P Hernando Herrera Vergara.
52 Como lo dispuso en el art. 1.
53 Por medio de la sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997, M.P Antonio Barrera Carbonell y Eduardo
Cifuentes Muñoz.
54 Sentencia C-137 de 1997.
16
Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)
Demandante: Darly Alexander Andrade Cañón
Demandado: Nación – DAPRE y DNP-
Asunto: Nulidad
Costas
65. Dado que en este asunto se ventila un interés público, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del CPACA.
IV. PARTE RESOLUTIVA
66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: ARCHIVAR el proceso, una vez en firme esta providencia.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
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