Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00096-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00096-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00096-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
13 de febrero de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SALA PLENA
Bogotá DC, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2023-00096-00 (69.983)
Demandante: VLADIMIR GÓMEZ ORTIZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
Asunto: RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN CASOS DE
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – DESESTIMACIÓN DEL
RECURSO
Síntesis del caso: la parte actora alega que el fallo de segunda instancia desconoció la sentencia
de unificación del 17 de octubre de 2013 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado por no aplicar el régimen objetivo de responsabilidad en el caso de la privación
de la libertad del señor Vladimir Gómez Ortiz, quien fue absuelto en el proceso penal por no ser
hallado responsable del delito.
Decide la Sala el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado por
la parte actora contra la sentencia de 9 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare dentro del proceso de reparación directa no. 85001-33-33-
001-2016-00020-01, que modificó la sentencia de primera instancia y negó las
pretensiones.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor Vladimir Gómez Ortiz y otros presentaron demanda1 en ejercicio del medio de
control jurisdiccional de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación para que se les declarara patrimonialmente responsables
por los perjuicios causados a los demandantes por el hecho de la privación injusta de la
liberad que sufrió el señor Vladimir Gómez Ortiz (fls. 1 a 49 – índice 2 SAMAI2).
1
El 18 de diciembre de 2015.
2
Archivo 9_C01Primera instancia – carpeta C-PRINCIPAL – subcarpeta 002.
2
Expediente 11001-03-26-000-2023-00096-00 (69.983)
Demandante: Vladimir Gómez Ortiz y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Como fundamento fáctico la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente:
1) El 25 de agosto de 2012, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sabanalarga (Casanare)
con Función de Control de Garantías llevó a cabo audiencias preliminares de legalización
de captura y formulación de imputación en contra del señor Vladimir Gómez Ortiz por el
presunto delito de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con fabricación,
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y le impuso medida de aseguramiento
privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.
2) El 22 de mayo de 2013 se dio inicio al juicio oral y el 27 de noviembre de 2013 el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare) en audiencia de lectura de fallo
absolvió a Vladimir Gómez Ortiz de la conducta imputada en atención a que no se
demostró su responsabilidad, decisión que no fue objeto de recursos.
3) Como consecuencia de las actuaciones de las entidades demandadas el señor
Vladimir Gómez Ortiz permaneció privado injustamente de su libertad por diez (10) meses
y dieciséis (16) días.
2. La sentencia de primera instancia
El Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal (Casanare) mediante
sentencia3 de 29 de octubre de 2020 declaró de oficio la excepción de culpa exclusiva de
la víctima y negó las pretensiones de la demanda en atención al precedente judicial
establecido por el Consejo de Estado4, pues, la detención del demandante se llevó a cabo
con el lleno de los requisitos legales y con fundamento en pruebas contundentes como
haber coincidido el día de los hechos con la descripción que hizo el denunciante sobre la
persona que lo asaltó con arma de fuego al salir del establecimiento bancario, al igual
que haber conducido un vehículo cuyo modelo y últimos números de matrícula automotriz
fueron descritos igualmente por la víctima, adicionalmente, se probó que el señor Vladimir
Gómez Ortiz reportaba otras investigaciones penales y fue condenado en repetidas
ocasiones por el delito de hurto calificado y agravado, asimismo, se presentaron múltiples
inconsistencias en el interrogatorio que rindió sobre la actividad que desarrollaba al
momento de su captura, en la cual, inclusive, portaba un arma blanca, de manera que, si
3
Notificada electrónicamente el 30 de octubre de 2020.
4
Sentencia de 6 de agosto de 2020, proceso 2011-00235-01 (46.947), CP Carlos Alberto Zambrano
Barrera.
3
Expediente 11001-03-26-000-2023-00096-00 (69.983)
Demandante: Vladimir Gómez Ortiz y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
bien es cierto que se profirió sentencia absolutoria por duda razonable, también lo es que
no se demostró la inocencia del procesado, por el contrario, tuvo culpa directa en la
privación de su libertad (fls. 151 a 192 – índice 2 SAMAI5).
3. La sentencia de segunda instancia
A través de sentencia6 de 9 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Casanare
modificó la sentencia de primera instancia en el sentido de negar las pretensiones,
expuso que de conformidad con las pruebas recaudadas y la jurisprudencia reciente del
Consejo de Estado7 se evidenció que la medida de aseguramiento privativa de la libertad
del señor Vladimir Gómez Ortiz cumplió a cabalidad los requisitos previstos en la Ley 906
de 2004, toda vez que la Fiscalía General de la Nación no solo demostró una inferencia
razonable de la autoría del demandante en la comisión del delito, sino que, se acreditó
que era beneficiario de la suspensión condicional de la ejecución de una pena privativa
de la libertad impuesta en otro proceso penal el cual lo halló culpable de la comisión del
delito de hurto calificado y agravado, situación que indicaba que constituía un peligro para
la sociedad, de modo que la sentencia absolutoria no resultaba suficiente para sostener
que la privación de la libertad haya sido injusta; sin embargo, no está probado que la
restricción de los derechos del demandante derivara de su actuar doloso o culposo en
los instantes que precedieron su captura ni durante su procesamiento, por lo cual no se
configura la excepción de culpa exclusiva de la víctima (índice 2 SAMAI8).
4. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
El 30 de marzo de 2023, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia (índice 2 SAMAI9) contra la sentencia de
segunda instancia por considerar que se desconoció la sentencia de unificación del 17
de octubre de 2013 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, proceso con radicación número 1996-07459-01 (23.354), pues, en los casos de
privación de la libertad que culminan con sentencia absolutoria se estableció el régimen
de responsabilidad objetivo y el señor Vladimir Gómez Ortiz no debió soportar la medida
5
Archivo 9_C01Primera instancia – carpeta C-PRINCIPAL – subcarpeta 003 FOLIO 146-246.
6
Notificada electrónicamente el 13 de marzo de 2023.
7
Providencia de 29 de abril de 2020, proceso 2010-00197-01 (56.329), CP Nicolás Yepes Corrales;
providencia de 31 de enero de 2019, proceso 2004-00357-01 (42.368), CP María Adriana Marín, entre
otras.
8
Archivo 9_C01Primera instancia – carpeta C-PRINCIPAL – subcarpeta 019.
9
Archivo 9_C01Primera instancia – carpeta C-PRINCIPAL – subcarpeta 020 e índice 8 SAMAI.
4
Expediente 11001-03-26-000-2023-00096-00 (69.983)
Demandante: Vladimir Gómez Ortiz y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
de aseguramiento debido a que no existieron pruebas sólidas sobre su responsabilidad
en la comisión del delito, más aún si se tiene en cuenta que el denunciante no dijo la
verdad de los hechos; de otra parte, el juez administrativo no está autorizado para
reemplazar al juez penal y dudar sobre la inocencia de la víctima de la privación de la
libertad, por lo tanto, la medida de aseguramiento fue desproporcionada.
5. Trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Mediante auto de 18 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo de Casanare concedió
ante esta Corporación el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
presentado por la parte actora (índice 2 SAMAI10), el cual fue admitido a través de auto
11 de julio de 2024, en esa misma decisión se corrió traslado a las partes por el término
de quince (15) días, según lo dispuesto en el artículo 266 del CPACA (índice 10 ibidem).
1) En dicha oportunidad procesal la Rama Judicial se opuso al recurso con sustento en
que ninguna entidad confluyó en la adopción de la medida restrictiva de la libertad del
demandante ante la existencia de serios indicios de su participación en el delito, además,
no se cumplen los mismos supuestos fácticos y jurídicos estudiados en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 17 de octubre de 2013 (índice 20 SAMAI).
2) La Fiscalía General de la Nación también se opuso a la impugnación extraordinaria,
porque lo que pretende el recurrente es discutir la decisión adoptada en la sentencia de
segunda instancia como una instancia adicional al proceso ordinario, mas no persigue la
finalidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, además, tampoco se
desconoció la sentencia de unificación invocada (índice 21 SAMAI).
3) Finalmente, el Ministerio Público rindió concepto en el cual manifestó que el recurso
no está llamado a prosperar porque en los casos de responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad no existe sentencia de unificación con fuerza vinculante
vigente y no se ha fijado un único título de imputación para definir la responsabilidad
patrimonial en dichos eventos, por el contrario, hay divergencia de criterios al momento
de decidir (índice 19 SAMAI).
10
Archivo 6.
5
Expediente 11001-03-26-000-2023-00096-00 (69.983)
Demandante: Vladimir Gómez Ortiz y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, 3) análisis del recurso, y, 4) condena en
costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La controversia planteada consiste en determinar si la sentencia de 9 de marzo de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare desconoció la sentencia de
unificación del 17 de octubre de 2013 expedida por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, CP Mauricio Fajardo Gómez, proceso con radicación número
1996-07459-01 (23.354).
La Sala desestimará el recurso, porque la providencia cuestionada no desconoció la
sentencia de unificación invocada como fundamento de la impugnación extraordinaria
debido a que no es el criterio actual en relación con el régimen de responsabilidad
aplicable en los casos de privación de la libertad que culminan con la absolución del
imputado.
2. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
El legislador consagró el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con el fin
de asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar
los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia
recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos
procesales; cabe resaltar que no se trata de una tercera instancia para controvertir el
análisis fáctico, jurídico o probatorio realizado en la sentencia cuestionada en la medida
en que solo tendrá lugar cuando aquella contraríe o se oponga a una sentencia de
unificación del Consejo de Estado.
6
Expediente 11001-03-26-000-2023-00096-00 (69.983)
Demandante: Vladimir Gómez Ortiz y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
El artículo 257 del CPACA11 dispone que el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos
en única o en segunda instancias, en este caso la providencia cuestionada fue emitida
por el Tribunal Administrativo de Casanare en sede de segunda instancia, por lo cual
corresponde a la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado su
conocimiento en atención a la especialidad, de conformidad con lo previsto en el artículo
259 del CPACA, en concordancia con el numeral 1 del artículo 14 del Acuerdo 80 de
201912.
3. Análisis del recurso
1) La parte recurrente alega que la sentencia de 9 de marzo de 2023 expedida por el
Tribunal Administrativo de Casanare desconoció la sentencia de unificación del 17 de
octubre de 2013 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado por el
hecho de no aplicar el régimen objetivo de responsabilidad patrimonial extracontractual,
a pesar de tratarse de un caso de privación de la libertad que concluyó con la absolución
del imputado.
2) La sentencia invocada unificó la jurisprudencia en materia del régimen de
responsabilidad o el título jurídico de imputación aplicable a los casos en los cuales se
reclaman daños ocasionados por la privación de la libertad de una persona contra la cual
se profirió medida de aseguramiento en el curso de un proceso penal, pero,
posteriormente, se le exonera de responsabilidad en aplicación del principio in dubio pro
reo, al respecto se concluyó que esos casos debían ser decididos con base en el régimen
objetivo de responsabilidad con aplicación del título de imputación de daño especial, en
los siguientes términos:
“Se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su
libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de
ese daño redundará en beneficio de la colectividad ─interesada en el pronto,
cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la
comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la
eficacia de las sentencias penales condenatorias─, sólo habrá afectado de
manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en
quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención
preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las
cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara,
11
Modificado por el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021.
12
Reglamento interno del Consejo de Estado.
7
Expediente 11001-03-26-000-2023-00096-00 (69.983)
Demandante: Vladimir Gómez Ortiz y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas
veces aludido artículo 90 constitucional.”.
3) No obstante lo anterior, en sentencia de unificación del 15 de agosto de 201813 la
Sección Tercera de esta Corporación modificó la jurisprudencia en relación con la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por daños irrogados con ocasión
de la privación de la libertad de una persona a la que después se le revoca esa medida,
sea cual fuere la causa y unificó los criterios que el juez contencioso administrativo debía
verificar, sobre el particular indicó lo siguiente:
“(…) cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la
medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se
encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la
conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del
encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in
dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90
de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño”.
Posteriormente, dicha providencia fue dejada sin efectos en la sentencia de acción de
tutela proferida el 15 de noviembre de 2019 por esta Corporación14 y se ordenó dictar
una sentencia de reemplazo.
4) En cumplimiento de la referida orden de tutela la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado emitió el fallo de reemplazo el 6 de agosto de 2020 en el cual señaló
que no existía un título de imputación prevalente y, el hecho de que una persona resulte
privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria
o con resolución de preclusión no resulta suficiente para declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado toda vez que, se debe determinar si la medida restrictiva resultó
injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración,
para el efecto tuvo en cuenta lo dispuesto en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de
2018 de la Corte Constitucional, según las cuales no es viable la reparación automática
de perjuicios en casos de privación injusta de la libertad ni tampoco existe un cuerpo
normativo que establezca un régimen de responsabilidad específico aplicable a esos
eventos; en ese sentido es claro que la sentencia de reemplazo no retomó el criterio
contenido en la sentencia del 17 de octubre de 2013.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, CP Carlos Alberto Zambrano Barrera, proceso
con radicación no. 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947).
14
Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección B, CP Martín Bermúdez Muñoz, proceso con
radicación no. 11001-03-15-000-2019-00169-01.
8
Expediente 11001-03-26-000-2023-00096-00 (69.983)
Demandante: Vladimir Gómez Ortiz y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
5) Así las cosas, se tiene que la sentencia del 17 de octubre de 2013 no es aplicable por
no ser la posición actual en materia del régimen de responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado en los casos de privación de la libertad, de modo que no es
el criterio vigente de la Sala ni lo era cuando el Tribunal profirió la sentencia recurrida (9
de marzo de 2023), aunado al hecho de que el recurrente lo que pretende es cuestionar
el análisis fáctico y la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo de
Casanare, empero, como se dijo en precedencia, este mecanismo no supone una tercera
instancia para reabrir el debate del caso, por consiguiente, se desestimará el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.
4. Condena en costas
El recurrente será condenado en costas en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del
CPACA que establece que la condena resulta procedente cuando se desestime el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia; las agencias en derecho se fijan15
en un (1) salario mínimo legal mensual vigente en favor de cada entidad demandada,
esto es, de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, dado que cada una
de ellas incurrió en gastos para asumir la defensa dentro del presente asunto al intervenir
mediante apoderado judicial, de conformidad con las tarifas definidas en el Acuerdo no.
PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura16.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SALA PLENA-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
1º) Desestímase el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto
por la parte actora contra la sentencia de 9 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare dentro del proceso de reparación directa no. 85001-33-33-
001-2016-00020-01.
15
De conformidad con el criterio mayoritario de esta Sala.
16 Artículo 5 numeral 9.
9
Expediente 11001-03-26-000-2023-00096-00 (69.983)
Demandante: Vladimir Gómez Ortiz y otros
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
2º) Condénase en costas a la parte recurrente, liquídense por la Secretaría de la
Sección e inclúyase por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia que deberá ser
pagado a cada una de las entidades demandadas, esto es, la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación.
3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrado Magistrada
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados integrantes
de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma digital SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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