Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00122-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00122-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2024-00122-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00122-00 (71.813)
Demandante: Yon Fredy Puentes Muñoz y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA
– Procede únicamente cuando la sentencia recurrida se oponga o contradiga una
sentencia de unificación del Consejo de Estado – No procede frente a sentencias
de unificación cuyo criterio haya sido superado.
La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado decide el recurso
extraordinario de unificación jurisprudencial interpuesto contra la sentencia del 18
de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, bajo el radicado
41001-33-33-003-2018-00247-01.
I. ANTECEDENTES
Demanda inicial
1. El 27 de abril de 2018, el señor Yon Fredy Puentes Muñoz , Jhon Anderson
Puentes Hernández, Jesús Eduardo Puentes Losada, Danna Nikol Puentes Losada,
Juan Kamilo Puentes Esquivel, Karen Daniela Puentes Hernández, Viviana Marcela
Esquivel Joven, Roberto Puentes Puentes, Herminia Muñoz Chavarro, Alexis
Perdomo Muñoz, Jorge Leonardo Perdomo Muñoz, Luis Fernando Perdomo Muñoz,
Lida María Perdomo Muñoz, Clara Milena Perdomo Muñoz y Henry Puentes Tovar,
presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial
y de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados como consecuencia
de la privación injusta de la libertad del primero de los mencionados.
2. Como soporte fáctico de sus pretensiones, afirmaron que el señor Yon Fredy
Puentes Muñoz fue privado de su libertad entre el 23 de abril de 2015 y el 30 de
noviembre de 2016, con ocasión de la medida de detención privativa dictada en su
contra en el proceso penal que se adelantó por el delito de acceso carnal abusivo
con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, el cual terminó con fallo
absolutorio a favor del señor Puentes.
Sentencia objeto de recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
3. Corresponde a la decisión ya indicada, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Huila confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda.
4. Para fundar su decisión, el tribunal consideró que la medida de aseguramiento de
detención preventiva fue razonable, proporcional y legal y precisó que tanto la
Fiscalía como el juez de control de garantías contaron con el material probatorio
suficiente para tener una inferencia razonable de la responsabilidad penal, lo que
habilitó la imposición de la medida.
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00122-00 (71.813)
Demandante: Yon Fredy Puentes Muñoz y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia
Recurso extraordinario de unificación
5. Contra la anterior sentencia, la parte actora formuló recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia al considerar que tal decisión se opone a la sentencia
de unificación del 17 de octubre del 2013, Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01
(23.354), proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
6. El recurrente indicó que la sentencia del Consejo de Estado que invoca como
desconocida, debe ser aplicada al caso en concreto porque se encontraba vigente
durante el tiempo en que el señor Yon Fredy Puentes Muñoz estuvo privado de la
libertad.
7. Manifestó que la motivación del ad quem desconoció la línea jurisprudencial
existente al momento en que se produjo el daño consistente en el decreto de la
medida de detención preventiva. Por ello, no era jurídicamente aceptable que la
sentencia impugnada se sustentara en una postura intangible de la sentencia de
unificación del 15 de agosto de 2018 –la cual fue dejada sin efectos–, para indicar
que en materia de privación injusta de la libertad no hay un criterio unificado, por lo
que debe acudirse a lo establecido por la Corte Constitucional en sentencias C-037
de 1996 y SU-072 de 2018.
8. Tras un extenso recuento de las actuaciones desarrolladas en el proceso penal,
argumentó que las decisiones de la autoridad judicial se adoptaron sin haber
realizado un análisis de suficiencia, gradualidad, urgencia y necesidad de la
imposición de la medida de aseguramiento, sino que se impuso como una sentencia
anticipada, ya que ni la Fiscalía, ni el juez de control de garantías, contaban con los
elementos materiales probatorios para deducir la autoría o participación de los
hechos endilgados, máxime cuando los hechos se presentaron –presuntamente–
en 2009 y la medida se decretó en 2015.
II. CONSIDERACIONES
9. De conformidad con el artículo 270 de la ley 1437 de 2011, las sentencias de
unificación corresponden a las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado
–bien a través de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o bien por el pleno
de las respectivas Secciones– por importancia jurídica, o trascendencia económica
o social, o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, precisar su alcance o
resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; igualmente lo son las
dictadas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual
de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el
artículo 11 de la Ley 1285 de 20091. También se les reconoce el carácter de
sentencias de unificación2 a las sentencias proferidas en vigencia del Decreto 01 de
1984 que fijaron un criterio uniforme frente a un punto de derecho y que se
profirieron por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.
1 Artículo 270 del CPACA, modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2011.
2 Son sentencias de unificación aquellas que habiendo sido proferidas antes de la vigencia del artículo 270 del
CPACA, “establecen y fijan un criterio jurisprudencial uniforme frente a (i) la aplicación o interpretación de una
norma, (ii) la solución específica de un supuesto de hecho (v.gr. título de imputación aplicable a la
responsabilidad por acto médico), (iii) la forma de llenar una laguna o vacío normativo (sentencias integradoras),
(iv) criterios de ponderación o valoración de específicas situaciones o pruebas (v.gr. valor probatorio copias
simples), o (v) se establecen presunciones judiciales o de hombre (v.gr. ingreso mínimo de la víctima, entre
otros)”. Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicación:
68001-33-33-001-2013-00046-01, número interno 58317.
2
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00122-00 (71.813)
Demandante: Yon Fredy Puentes Muñoz y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia
10. Para la prosperidad del recurso será necesario: (i) verificar que la sentencia que
se dice desconocida por el Tribunal tenga el carácter de sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado; (ii) que sea aplicable al caso concreto por ser
sus hechos subsumibles o análogos; y, que (iii) el Tribunal haya pasado por alto o
haya contrariado la regla expresada en la ratio decidendi de esa decisión.
11. Este recurso no comporta una nueva instancia para controvertir las
consideraciones propias del juez de la causa. Lo anterior, por cuanto “el recurso
extraordinario no se concibe como una nueva vía de discusión de una causa
jurídica, sino como una herramienta puntual para decantar criterios y plasmar líneas
de interpretación que perduren en el tiempo”3.
Caso concreto
12. La providencia cuya ratio se invoca como trasgredida, correspondió en sus
orígenes a una sentencia de unificación que fue revaluada en decisión posterior,
que a su vez fue dejada sin efectos por un juez de tutela. Esto condujo a que el
Consejo de Estado profiriera una decisión de reemplazo sin el alcance unificatorio,
a causa de la ratio de las sentencias de constitucionalidad que se pronunciaron
sobre la materia. De esta manera, la sentencia de reemplazo no retomó el criterio
contenido en la sentencia a que se refiere el recurso, y bien por el contrario definió
seguir la tesis fijada en las decisiones de la Corte Constitucional, en las cuales se
precisó que ningún cuerpo normativo –a saber, ni el artículo 90 de la Constitución
Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996–
estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de
privación de la libertad.
13. Así las cosas, la sentencia del 17 de octubre de 2013 (Rad. 23.354) que la parte
recurrente alega como desconocida no era la que fijaba una regla de unificación
para el momento en que se profirió el fallo que se cuestiona4. De manera que, frente
a este pronunciamiento, no se está en presencia del presupuesto de la causal única
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en el artículo 258
del CPACA; esto es, que se esté ante una sentencia de unificación aplicable al caso
debatido.
14. Frente a si la decisión del 17 de octubre de 2013 debió ser aplicable por ser la
vigente para el momento en que el actor fue privado de la libertad, la Sala recaba
en que las sentencias de unificación en este tipo de asuntos materializan la
seguridad jurídica y el principio de igualdad, en la medida en que contienen las
reglas de derecho necesarias para resolver casos análogos que son aplicables a
los asuntos pendientes de definición en sede judicial.
15. En el sub lite se evidencia que al momento de la interposición del medio de
control5 estaba vigente el criterio jurisprudencial de la sentencia del 17 de octubre
de 2013; sin embargo, cuando se profirieron las sentencias de primera y segunda
instancia, tales reglas jurisprudenciales ya no eran aplicables por los cambios
jurisprudenciales anotados. De ello que el ad quem procediera a analizar si la
3 Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 2016.
4
En múltiples fallos de tutela, se ha señalado que los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al
momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido de sustento para descartar la
vulneración de derechos fundamentales en aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por
no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la demanda o del fallo de primera instancia.
5 Sello de radicación con fecha del 27 de abril de 2018. Visible a folio 106 del archivo
001Cuaderno_20180024700_parte_1.pdf del cuaderno 01 principal.
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Radicación: 11001-03-26-000-2024-00122-00 (71.813)
Demandante: Yon Fredy Puentes Muñoz y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia
privación de cara a la medida de aseguramiento fue apropiada, razonable y
proporcionada.
16. Bajo tales premisas se procederá a desestimar el recurso extraordinario de
unificación jurisprudencial, toda vez que la sentencia recurrida no era aplicable al
caso.
17. En relación con los motivos de inconformidad que plantea la parte recurrente con
las decisiones adoptadas en el proceso penal y en el de reparación directa, en
particular el proceder de los agentes de la Fiscalía General de la Nación, la Sala
precisa que son argumentos propios de un recurso de instancia y no del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. Por ello, no se estudiarán.
18. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, será desestimado.
Costas
19.El artículo 267 del CPACA, establece que “si el recurso es desestimado, se
condenará en costas al recurrente”. Por su parte, el artículo 365 del Código General
del Proceso (aplicable por remisión expresa del art. 188 del CPACA) prevé que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, siempre y cuando se
demuestren causadas y en la medida de su comprobación.
20. Como el presente recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia se
desestimará, se condenará en costas a Yon Fredy Puentes Muñoz, Jhon Anderson
Puentes Hernández, Jesús Eduardo Puentes Losada, Danna Nikol Puentes Losada,
Juan Kamilo Puentes Esquivel, Karen Daniela Puentes Hernández, Viviana Marcela
Esquivel Joven, Roberto Puentes Puentes, Herminia Muñoz Chavarro, Alexis
Perdomo Muñoz, Jorge Leonardo Perdomo Muñoz, Luis Fernando Perdomo Muñoz,
Lida María Perdomo Muñoz, Clara Milena Perdomo Muñoz y Henry Puentes Tovar,
en partes iguales, de conformidad con el numeral 6° del artículo 365 del CGP, dado
que se encontraron causadas las agencias en derecho por la gestión ejecutada por
las apoderadas de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.
21. En ese orden, de conformidad con el artículo 366.4 del CGP y en los términos
del acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fija
como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente en partes iguales y a favor
de las entidades demandadas, la suma equivalente a un (1) SMLMV, en atención a
la naturaleza del proceso y la gestión ejecutada por el apoderado.
III. PARTE RESOLUTIVA
22. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la
República, y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DESESTIMAR el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial
interpuesto por Yon Fredy Puentes Muñoz , Jhon Anderson Puentes Hernández,
Jesús Eduardo Puentes Losada, Danna Nikol Puentes Losada, Juan Kamilo
Puentes Esquivel, Karen Daniela Puentes Hernández, Viviana Marcela Esquivel
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Radicación: 11001-03-26-000-2024-00122-00 (71.813)
Demandante: Yon Fredy Puentes Muñoz y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia
Joven, Roberto Puentes Puentes, Herminia Muñoz Chavarro, Alexis Perdomo
Muñoz, Jorge Leonardo Perdomo Muñoz, Luis Fernando Perdomo Muñoz, Lida
María Perdomo Muñoz, Clara Milena Perdomo Muñoz y Henry Puentes Tovar,
contra la sentencia del 18 de junio de 2024 proferida por Tribunal Administrativo del
Huila, expediente 41001-33-33-003-2018-00247-01.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte recurrente en partes iguales a pagar a favor de
la Nación – Fiscalía General de la Nación y de la Nación – Rama Judicial las costas
del proceso; para el efecto, se fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, por concepto de agencias en derecho.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Presidente
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARIA ADRIANA MARÍN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ALBERTO MONTAÑA PLATA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que
arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
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