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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00134-00

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00134-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad. SEGUNDO: Condénese en costas a la parte recurrente, las cuales se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (Firmado electrónicamente) ALBERTO MONTAÑA PLATA Magistrado (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ Magistrado Magistrado 22 ARTÍCULO 255. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. 9

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2024-00134-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

1 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)
Recurrentes: Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., primero (1) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)
Recurrentes: Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la
sentencia proferida el 19 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Segunda de Oralidad.

La Sala es competente para proferir esta providencia en virtud de lo dispuesto en
el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”1.

SÍNTESIS2

Con fundamento en la causal primera del artículo 250 del CPACA, correspondiente
a la prueba recobrada, se formula recurso extraordinario de revisión en contra de
la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa,
con ocasión de la muerte del señor Elkin Darío Hurtado Graciano ocurrida en 1998
por miembros de un grupo al margen de la ley. La Sala declara infundado el recurso
porque no se configura la causal invocada.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda del proceso de reparación directa

1. Los señores Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci formularon
demanda el 23 de septiembre de 2019 en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
y Policía Nacional. En ella solicitaron la indemnización de los perjuicios generados
por el homicidio del señor Elkin Darío Hurtado Graciano ocurrido el 25 de marzo de
1998. Luis Arnulfo Tuberquia, alias “Memín”, quien actuaba como comandante de

1 Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas

por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia (…).
2Temas: Recurso extraordinario de revisión / prueba recobrada / Se declara infundado el recurso porque no se

configuran la causal invocada.

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Recurrentes: Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci

las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC - Bloque Noroccidente de Antioquia,
admitió haber cometido el crimen.

B. Sentencias del proceso de reparación directa

2. El proceso de reparación directa fue tramitado bajo el radicado 05001-33-33-030-
2019-00421-00. En primera instancia su conocimiento correspondió al Juzgado
Treinta Administrativo Oral del Circuito Medellín, el cual, en sentencia proferida el
14 de diciembre de 2022, declaró probada la excepción de caducidad.

3. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad confirmó la
anterior decisión en providencia del 19 de septiembre de 2023, con fundamento en
las siguientes consideraciones:

3.1. Preliminarmente, advirtió que al caso concreto no le resultaba aplicable la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de
Estado, según la cual sí opera la caducidad para casos de delitos de lesa
humanidad. Lo anterior, porque los hechos y la demanda fueron presentados con
anterioridad a tal providencia.

3.2. Además, señaló que el caso concreto sí estaba sometido al término de
caducidad, habida cuenta que no se demostró que la muerte del señor Elkin Darío
Hurtado Graciano correspondiera a un crimen de lesa humanidad, puesto que no
se acreditaron los elementos exigidos por el Estatuto de Roma (ataque
generalizado o sistemático contra población civil); por ende, computó el término
desde el 25 de marzo de 1998, porque en tal fecha los demandantes conocieron
del homicidio del señor Hurtado Graciano y que fue cometido por miembros de las
AUC.

3.3. Agregó que no era procedente computar el término desde 2017, fecha en que
según la demanda se conoció al responsable directo del homicidio, habida cuenta
que desde 1998 era posible imputar la responsabilidad estatal por omisión de
protección.

3.4. Precisó que según la demanda de reparación directa los demandantes se vieron
obligados a desplazarse en el año 2000; pero, que en el año 2012 se radicó ante el
Departamento de Prosperidad Social solicitud de ayuda humanitaria. Por lo que, si
se tomaba la fecha de radicación de la solicitud como parámetro del término de
caducidad, lo cierto es que el plazo para demandar expiró en 2014.

3.5. Finalmente, el Tribunal concluyó que:

Así las cosas, considerando que la muerte del señor Elkin Darío Hurtado Graciano y
posterior desplazamiento de su grupo familiar no se probó que constituya un crimen
de lesa humanidad, resulta evidente que la caducidad de la acción debe ser calculada
de acuerdo con lo estipulado en el literal "i" del artículo 164 del CPACA, tal como lo
determinó el Juez Treinta Administrativa(sic) del Circuito de Medellín en la sentencia

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Recurrentes: Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci

apelada, y aún si se hubiera probado, de conformidad con la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020.3

C. Recurso extraordinario de revisión

4. Mediante escrito radicado el 20 de septiembre de 2024 4, la señora Eugenia
Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci, en adelante “los recurrentes”,
interpusieron recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal
primera del artículo 250 del CPACA5 consistente en haber recobrado documentos
con los que se hubiera proferido una decisión diferente. Para el efecto, aportaron
los siguientes documentos:

4.1. Oficio No. 15 de 26 de marzo de 19986, suscrito por Rosa Esther Londoño
Inspectora Municipal del Municipio de Peque (Antioquia). En el documento se
informa que se practicó el levantamiento del cadáver de Elkin Darío Hurtado
Graciano, quien falleció de forma violenta el 25 de marzo de 1998 en la vereda
Santa Águeda, Municipio de Peque (Antioquia).

4.2. Comunicación de la Agencia Presidencial para la Acción Social, fechada el 1 de
julio de 20107, en respuesta a un derecho de petición presentado por la señora
Chanci Giraldo. En ella se informó que, tras verificar el Registro Único de Población
Desplazada – RUPD, se constató su inclusión desde el 7 de julio de 2008.

4.3. Derecho de petición presentado por la señora Chanci Giraldo el 17 de agosto
de 20108 ante la Fiscalía Seccional de Dabeiba (Antioquia) en el que solicitó
certificación sobre la investigación relacionada con el homicidio de su esposo, Elkin
Darío Hurtado Graciano.

4.4. Oficio No. 0472 de 9 de mayo de 20119, suscrito por el Personero Municipal de
Dabeiba (Antioquia), y dirigido a la señora Chanci Giraldo. En el documento se
informa que, conforme a la investigación adelantada por la Fiscalía 50 Seccional
ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Dabeiba, no ha sido posible establecer
que el homicidio de Elkin Darío Hurtado Graciano obedeció a móviles políticos o
ideológicos, ni identificar al autor.

4.5. Constancia expedida por la Fiscal 158 Especializada – Dirección Especializada
Contra Violaciones a los Derechos Humanos – DECVDH el 18 de septiembre de
201910, en la cual informó que en tal despacho cursaba investigación con radicado

3 Índice 2 Samai. 9_DemandaWeb_Otros_29SentenciaSdaInstan(.pdf) NroActua 2. Folio 30.
4 Índice 2 Samai. 1_DemandaWeb_Demanda_RECURSODEREVISION1(.pdf) NroActua 2
5 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
6 Índice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2.
7 Índice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2.
8 Índice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2.
9 Índice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2.
10 Índice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2.

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Recurrentes: Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci

197975 por la muerte de Elkin Darío Hurtado Graciano “(…) la cual se encuentra
en etapa de instrucción y verificación de información, del esclarecimiento de los
hechos (…)”.

4.6. Constancia expedida por la Fiscal 158 Especializada DECVDH el 6 de agosto
de 2024 en la cual menciona que “a la fecha” la investigación penal por el homicidio
en persona protegida del señor Hurtado Graciano estaba en etapa de instrucción,
y que se adelantaba de forma conjunta con otros doscientos veinte (220) hechos
múltiples11 cometidos por el Bloque Noroccidente Antioqueño de las AUC bajo el
mando de alias “Memín”.

5. Los recurrentes argumentan que no les fue posible aportar oportunamente los
documentos debido a que “desde 2019, ya iniciado el proceso de reparación
directa”, realizaron gestiones reiteradas en diferentes fiscalías sin obtener
respuesta útil hasta septiembre de 2019, cuando la Fiscal 158 Especializada –
Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos – DECVDH
señaló que la investigación penal se encontraba en etapa de instrucción. En
atención a la congestión del despacho y a la acumulación de procesos contra Luis
Arnulfo Tuberquia, alias “Memín”, fue imposible que se profiriera sentencia
condenatoria, pero sí se expidió certificación que acredita que la muerte del señor
Elkin Darío Hurtado Graciano fue un homicidio en persona protegida, que, al haber
sido cometido de manera sistemática y generalizada, configura un crimen de lesa
humanidad.

6. La parte recurrente sostiene que los documentos “recobrados” demuestran que
“solo hasta el 27 de septiembre de 2017 se le dio certeza a la señora Eugenia del
inicio del proceso ante la Fiscalía sobre el caso del asesinato de su esposo”. Y,
finalmente, reiteran que los documentos demuestran que el hecho dañoso
constituye un delito de lesa humanidad, lo que excluye la aplicación del término de
caducidad.

7. En el mismo sentido, los recurrentes citan diversas providencias del Consejo de
Estado12 con el propósito de sustentar la tesis de que, tratándose de hechos que
podrían constituir delitos de lesa humanidad, no resulta aplicable la figura de la
caducidad de la acción judicial. Estas decisiones fueron invocadas como
precedentes relevantes, en tanto reconocen la imprescriptibilidad de las acciones
relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos, y respaldan el
acceso efectivo a la administración de justicia en contextos que, a su juicio, son
similares.

11 Los hechos múltiples a los que hace alusión corresponden a “homicidio persona protegida, desaparición

forzada, deportación, expulsión, traslado población, desplazamiento forzado, amenaza, tortura, secuestro,
lesiones personales, actos terrorismo, hurto agravado, daño bienes, incendio, invasión tierras, desplazamiento
forzado, despojo bienes urbanos” Folio 15, índice 2 Samai.
5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2. (...)
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1º de febrero de 2024, expediente 11001-

03-15-000-2023-04795-00, CP Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2018, expediente 05001-23-33-000-2017-00164-01 (58814)
CP Ramiro Pazos Guerrero, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo
de 2024, expediente 54001-23-31-000-2010-00353-02 (57471), CP Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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D. Oposición al recurso extraordinario de revisión

8. La Policía Nacional solicita que se declare infundado el recurso. Como
argumentos expone que: (i) no se explicó con claridad ni precisión por qué no se
presentaron los documentos en el momento procesal oportuno; la jurisprudencia
exige una carga argumentativa y probatoria estricta para demostrar una
imposibilidad real y objetiva, lo cual no se evidenció en el presente caso, y (ii) el
recurso extraordinario de revisión no constituye una vía para reabrir el debate
judicial ni para corregir errores de estrategia procesal; en este caso se pretende
controvertir hechos y decisiones ya juzgadas, sin que se configure alguna de las
causales taxativas previstas en la ley13.

9. El Ejército Nacional también solicita que se desestime el recurso porque: (i) los
documentos presentados como recobrados no cumplen con los requisitos legales
de la causal primera de revisión del artículo 250 del CPACA; no se acreditó que
dichos documentos estuvieran extraviados ni que su ausencia se debiera a fuerza
mayor, caso fortuito o a la conducta de la parte contraria; (ii) los documentos no
tienen carácter decisivo, pues no habrían cambiado la decisión final sobre la
caducidad, y (iii) el recurso de revisión no puede utilizarse para corregir errores de
valoración probatoria ni para reabrir el debate judicial14.

E. Concepto del Ministerio Público

10. El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto, porque los documentos presentados no cumplen los requisitos
legales para ser considerados pruebas recobradas. Los recurrentes no
demostraron fuerza mayor, caso fortuito ni el carácter decisivo de los documentos,
lo que lleva a concluir que el recurso no puede prosperar y que procede la condena
en costas15.
II. CONSIDERACIONES

F. Aspectos procesales

11. La sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar, y la demanda fue presentada dentro del término de un (1)
año previsto en el artículo 251 del CPACA16. En efecto, la sentencia objeto de
revisión quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 202317, y el recurso
extraordinario de revisión se interpuso el 20 de septiembre de 202418.

13 Índice 24 Samai.
14 Índice 25 Samai.
15 Índice 23 Samai.
16 ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro del

año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. (…)
17 Índice 9 Samai del tribunal. La notificación de la sentencia se realizó el 21 de septiembre de 2023 y de

conformidad con el artículo 302 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso (en adelante CGP), la
sentencia quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 2023.
18 Índice 2 Samai. 1_DemandaWeb_Demanda_RECURSODEREVISION1(.pdf) NroActua 2.

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G. Sentido de la decisión

12. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión porque no se
acreditan los presupuestos normativos exigidos para la configuración de la causal
primera de revisión invocada: no se demostró que los documentos aportados fueran
pruebas recobradas, ni la imposibilidad de aportarlos durante el trámite del proceso
de reparación directa, así como tampoco que alterarían el sentido de la decisión.

H. No se acredita la causal primera de revisión prevista en el artículo 250 del
CPACA.

13. El numeral primero del artículo 250 del CPACA expone como causal de revisión
el “haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria”. Y sobre esta causal de revisión esta Subsección ha precisado
los requisitos que deben cumplirse para su configuración, así:

i) Que se trate de pruebas documentales:
Este requisito se incorporó con la Ley 446 de 1998, porque se estableció
que la prosperidad de la causal se condiciona a la recuperación de
documentos. (…)
ii) Que se trate de prueba encontrada o recobrada:
La jurisprudencia ha entendido que se trata de un documento preexistente
al momento de proferir la sentencia pero que el demandante solo lo
obtuvo después de vencido el término de ejecutoria, es decir, para
considerar que una prueba es recobrada es necesario tener como referente
temporal la sentencia atacada respecto a la cual la prueba debe preexistir,
pero el demandante sólo la obtuvo con posterioridad. (…)
Como consecuencia, la utilización del término “recobrar” contiene una
intención clara, esto es, asegurar que el recurso de revisión no se utilice
como mecanismo para subsanar errores cometidos durante la etapa
probatoria y evitar que el nuevo proceso de revisión se convierta en
una nueva instancia en la que se reabra el debate probatorio.
En desarrollo de lo anterior le corresponde al demandante en revisión
acreditar que el documento que sustenta la causal fue recobrado después
de proferida la sentencia impugnada y que no lo pudo aportar por fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la contraparte, por tanto, se excluyen la culpa,
la negligencia o la desidia como justificaciones de procedencia del recurso.
Contrario sensu, la prueba que se encontraba en poder del demandante en
revisión antes de proferirse la sentencia no cumple con el requisito de ser
recobrada pues se limita a que sea recuperada después de proferida la
sentencia.
iii) El recurrente no la pudo aportar por fuerza mayor, caso fortuito u
obra de la contraparte: (…)
De lo expuesto se concluye que es carga del demandante acreditar la
configuración de alguno de los supuestos pues no existe presunción legal
de su acaecimiento ni podría el juez interpretar en su favor la ocurrencia de
los mismos, en el escrito del recurso debe obrar justificación clara y
convincente de que le fue imposible aportar los documentos en el momento
indicado, únicamente por la ocurrencia de fuerza mayor, caso fortuito u obra
de la contraparte.

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En conclusión, como la ocurrencia de los supuestos anteriores es la única
manera de desvirtuar la existencia de culpa o negligencia de la parte actora
durante la etapa probatoria –fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte
contraria-, le corresponde acreditarlos so pena de que no prospere el
recurso de revisión, de lo contrario debe aplicarse el principio nemo propriam
turpitudinem allegans potest, esto es, nadie puede alegar su propia culpa o
torpeza.
iv) Que los documentos sean decisivos para proferir una decisión
diferente a la que es objeto de revisión:
La prueba recobrada, además, debe poseer la fuerza suficiente para
cambiar la convicción del juez, de lo contrario los documentos que aclaren o
complementen lo que se intentó probar en el proceso no cumplen la
característica para poner en marcha el recurso de revisión, pues se trataría
de una extensión del ejercicio probatorio desarrollado en el proceso.
En conclusión, sólo si se configuran todos los supuestos analizados puede
prosperar el recurso extraordinario de revisión y es posible dictar otra
sentencia de fondo; por el contrario, si no se acreditan tales condiciones no
es posible infirmar la sentencia ejecutoriada y habrá que mantener
incólumes los principios de inmutabilidad y cosa juzgada (…)19 (negrilla fuera
de texto)

14. Precisado lo anterior, la Sala considera que las pruebas allegadas con el recurso
extraordinario no cumplen los requisitos para ser tenidas como pruebas recobradas
en los términos expuestos.

15. En primer lugar, se advierte que, salvo la constancia expedida por la Fiscal 158
Especializada DECVDH el 6 de agosto de 2024, las pruebas fueron expedidas con
anterioridad a la providencia revisada. En efecto, la sentencia objeto de revisión fue
proferida el 19 de septiembre de 2023, y las demás pruebas (oficio del 26 de marzo
de 1998, comunicación de Acción Social del 1 de julio de 2010, derecho de petición
presentado por la recurrente el 17 de agosto de 2010, oficio del 9 de mayo de 2011
suscrito por el Personero Municipal de Dabeiba -Antioquia) son anteriores a la
mencionada fecha, por lo que cumplen con el requisito de preexistencia.

16. No obstante, el hecho que una prueba sea preexistente no implica per se que
sea catalogada como recobrada en los términos de la causal primera de revisión
analizada. Para que una prueba sea considerada como recobrada debe acreditarse
que fue recuperada con posterioridad a la sentencia, y que no pudo ser aportada al
proceso inicial por fuerza mayor, caso fortuito o intervención de la parte contraria.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado:

Es viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra
extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo
en condiciones de aportarla al proceso. El verbo "recobrar" implica que se hubiere
perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, es indispensable para la
prosperidad del recurso, entre otros requisitos, [al] invocarse esta causal, que el
recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la

19 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección B, sentencia de 18 de noviembre de 2021, expediente.

44001-33-33-001-2013-00212-01, CP Fredy Ibarra Martínez.

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prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria20.

17. El artículo 250 del CPACA prevé que la imposibilidad de aportar los documentos
debe obedecer a fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria; el
artículo 64 del Código Civil, modificado por el artículo 1° de la ley 95 de 1890, define
la “fuerza mayor o caso fortuito” como “el imprevisto a que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

18. En este caso, la parte recurrente no explicó en qué consistió la imposibilidad
absoluta de allegar los documentos que adjuntan al recurso de revisión. Los
recurrentes sólo manifestaron que “desde 2019 ya iniciado el proceso de reparación
directa” fue que indagaron acerca de la fiscalía a cargo del proceso penal
adelantado por la muerte de Elkin Darío Hurtado Graciano, solo obteniendo
respuesta hasta el 18 de septiembre de 2019. El referido argumento no demuestra
la dificultad en aportar la prueba al proceso, sino, todo lo contrario, porque la
demanda de reparación directa se presentó el 23 de septiembre de 2019.

19. Adicionalmente, los recurrentes no justificaron por qué no pudieron aportar al
proceso de reparación directa las demás pruebas, que en su mayoría fueron
obtenidas directamente por la recurrente mediante derecho de petición. Sobre el
particular, se reitera que la procedencia del recurso extraordinario de revisión es
excepcional en la medida que busca afectar el principio de cosa juzgada, sin que
pueda servir para remediar deficiencias probatorias de las partes.

20. Por otro lado, la Sala considera que las pruebas aportadas no tendrían la entidad
suficiente para modificar el sentido de la decisión revisada. Las pruebas fueron
aportadas con el propósito de acreditar que el homicidio del señor Elkin Darío
Hurtado Graciano se enmarcó en un contexto de violaciones sistemáticas a los
derechos humanos, lo que excluiría la aplicación del término de caducidad; sin
embargo, las pruebas, en gran parte, se limitan a constatar el estado de la
investigación penal. Adicionalmente, lo cierto es que la sentencia objeto de revisión
señaló que, si se tuviera por demostrado que el hecho fue un delito de lesa
humanidad, de igual manera estaría caducado el medio de control21.

21. Finalmente, respecto a las sentencias citadas por los recurrentes, se advierte
que no resultan aplicables al presente caso, toda vez que corresponden a
decisiones adoptadas en procesos ordinarios, en los que se valoraron aspectos
sustanciales del fondo del asunto, particularmente sobre la caducidad del medio de
control.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012, expediente 32086

CP Mauricio Fajardo Gómez.
21 Así las cosas, considerando que la muerte del señor Elkin Darío Hurtado Graciano y posterior desplazamiento

de su grupo familiar no se probó que constituya un crimen de lesa humanidad, resulta evidente que la caducidad
de la acción debe ser calculada de acuerdo con lo estipulado en el literal "i" del artículo 164 del CPACA, tal
como lo determinó el Juez Treinta Administrativa del Circuito de Medellín en la sentencia apelada, y aún si se
hubiera probado, de conformidad con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Folio 30.

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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)
Recurrentes: Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci

22. En este caso, el recurso extraordinario de revisión no tiene como finalidad reabrir
el debate ya resuelto sobre la caducidad, sino establecer si se configura la primera
causal prevista en el artículo 250 del CPACA. En esa línea, los recurrentes intentan
demostrar, mediante las providencias citadas, que una eventual decisión favorable
sería posible. No obstante, este tipo de argumentación resulta irrelevante dentro del
marco del recurso extraordinario de revisión.

I. Costas

24. Teniendo en cuenta que el recurso presentado no prosperó, la parte recurrente
debe ser condenada en costas en virtud del artículo 255 del CPACA22 las cuales se
liquidarán de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad.

SEGUNDO: Condénese en costas a la parte recurrente, las cuales se liquidarán de
conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

22 ARTÍCULO 255. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.

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