Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2010-00353-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2010-00353-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-2010-00353-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
13 de marzo de 2024
___________________________________________________
54001-23-31-000-2010-00353-02 (57471)
Nelsi Angarita Contreras y Otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 54001-23-31-000-2010-00353-02 (57471)
Demandantes: Nelsi Angarita Contreras y Otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército
Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Tema: Responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos y DIH -
ejecución extrajudicial. Subtema 1: Falla del servicio – acreditada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia dictada el 31 de agosto de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El campesino Hermides Quintana Balaguera, habría perdido la vida el 29 de
diciembre de 2007 en la vereda Mata de Tilo del municipio de Teorama – Norte de
Santander a manos de miembros del Ejército Nacional, quienes lo reportaron como
un guerrillero “NN” dado de baja en enfrentamientos con la fuerza pública. Dentro
de la investigación penal que se adelantó por tales hechos, uno de los militares
implicados confesó que se trató de una ejecución extrajudicial de las comúnmente
llamadas “falsos positivos”. El colectivo familiar próximo del señor Quintana
Balaguera se presenta ante este contencioso para reclamar por los daños y
perjuicios ocasionados con tal suceso.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Nelsi Angarita Contreras, Wendy Daniela Quintana Angarita1, Camila Andrea
Quintana Angarita2, Zurene Quintana Angarita3, Gregoria Balaguera4, Obedelí
Quintana, Rubiela Quintana Balaguera, Diosfani Quintana Balaguera, Elí Fernando
1 En la demanda se enlistó como Wendy Daniela Quintana Contreras, sin embargo, de acuerdo con el registro
civil de nacimiento con indicativo serial 40599200 su nombre es “Wendy Daniela Quintana Angarita”. Cfr. Folio
76 , c. 1.
2 En la demanda se enlistó como Camila Andrea Quintana Contreras, sin embargo, de acuerdo con el registro
civil de nacimiento con indicativo serial 43091892 su nombre es “Zurene Quintana Angarita”. Cfr. Folio 40 , c. 1.
3 En la demanda se enlistó como Camila Andrea Quintana Contreras, sin embargo, de acuerdo con el registro
civil de nacimiento con indicativo serial 34193864 su nombre es “Camila Andrea Quintana Angarita”. Cfr. Folio
30, c. 1.
4 Se advierte que, en los registros civiles de nacimiento de José Jorge y Zoila María, figura como madre de
aquellos Gregoria Cristancho Balaguera, mientras que en los registros civiles de los otros hijos (Rubiela Diosfani
y Eli Fernando) figura como Gregoria Balaguera y, en la copia de la cédula (fl. 46, c. 1) figura como Gregoria
Balaguera de Quintana. Como en el poder y en la demanda (folios 1 y c. 1) se anuncia como Gregoria Balaguera,
la Sala se atiene a este último nombre para los efectos de la presente sentencia.
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Nelsi Angarita Contreras y Otros
Quintana Balaguera, Zoila María Quintana Cristancho5 y José Jorge Quintana
Cristancho6, en ejercicio de la acción de Reparación Directa, concurrieron ante esta
Jurisdicción mediante demanda presentada el 16 de septiembre de 20107, con la
pretensión de que se dicte sentencia en la que se declare responsable a la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por los daños y perjuicios ocasionados con
el fallecimiento del señor Hermides Quintana Balaguera8, de quien dijeron se
dedicaba a las labores de agricultura y, el día 27 de diciembre de 20079, a las 7 de la
mañana, tras salir de su casa del con el propósito de conectar una manguera de riego
fue ultimado por miembros del ejército nacional quienes transportaron su cadáver en
un helicóptero hasta Ocaña, donde fue presentado como guerrillero NN dado de baja
en situación de combate.
2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia
La demanda fue inicialmente rechazada por razones de caducidad 10, decisión que
fue apelada por la demandante11 y, posteriormente revocada en providencia del 27
de julio de 2011 por esta Subsección12, en la que, además, se admitió la demanda.
Mediante auto de obedézcase y cúmplase del 3 de noviembre del año 2011, se dio
continuidad al trámite por parte del Tribunal. La demanda fue debidamente
notificada13 y se corrieron los traslados de ley.
En la debida oportunidad, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
presentó escrito de contestación14, con el que se opuso a las pretensiones, al
considerar que existe un rompimiento de la relación de causalidad, dado que fue la
conducta contraria a la ley de la víctima la que dio lugar al hecho, aunado a que el
Ejército actuó de forma legítima, conforme a la orden de operaciones y al deber de
efectuar operaciones ofensivas de registro y control en el área donde se
desarrollaron los hechos. Adujo que, si bien existe una investigación penal en curso,
está demostrada la posible participación del occiso en el enfrentamiento que tuvo la
tropa con la guerrilla el día de los hechos.
El 8 de octubre de 2012 se abrió el proceso a pruebas15. y, vencido el periodo para
su práctica se dio traslado por 10 días a las partes para alegar de conclusión16 y
al Ministerio Público para que rindiera concepto. De esta prerrogativa hizo uso la
demandada17 para reiterar las razones ya expuestas y para invocar como
configurada la excepción “culpa exclusiva de la víctima”. La parte actora y el
Ministerio Público guardaron silencio.
5 En la demanda se anunció como Zoila María Quintana Balaguera, sin embargo, de acuerdo con el registro
civil de nacimiento con indicativo serial 25029847 su nombre es “Zoila María Quintana Cristancho”. Cfr. Folio
35, c. 1.
6 En la demanda se anunció como José Jorge Quintana Balaguera, sin embargo, de acuerdo con el registro civil
de nacimiento con indicativo serial 29996935, su nombre es “José Jorge Quintana Cristancho”. Cfr. Folio 36, c.
1.
7 Escrito de demanda obrante a folios 5-28, cuaderno 1. A folio 28 se observa el sello de radicación del día 16
de septiembre de 2010.
8 Valga indicar que en algunas piezas probatorias se alude a HERMIDES QUINTANA BALAGUERA y, en otras
a JESÚS HERMIDES QUINTANA BALAGUERA. Al cotejar el registro civil de nacimiento con indicativo serial
29200813, allí aparece HERMIDES QUINTANA BALAGUERA (fl. 75, c. 1), nombre que coincide con el expuesto
el registro civil de defunción D606910, obrante a folio 37, c. 1.
9 En la demanda se indica que el hecho ocurrió el 27 de diciembre de 2007, no obstante, en el resto de pruebas
se ubican los hechos el 29 de diciembre de 2007.
10 Auto del 14 de octubre de 2010, obrante a folios 80-81, c.1.
11 Folios 82-86, c. 1
12 Auto del 27 de julio de 2011, visible a folios 95-101, c. 1.
13 Folios 110 y 112, c. 1.
14 Contestación a la demanda del 2 de marzo de 2012, folios 114-119, c. 1.
15 Decreto de Pruebas Folios 128-129, c. 1.
16 Traslado para Alegar de Conclusión del 18 de octubre de 2013, folio 153, c. 1.
17 Alegaciones de conclusión parte demandada, folios 154-155, c. 1.
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2.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Note de Santander, dictó sentencia 31 de agosto de
201518, en la que negó las pretensiones de la demanda, básicamente por falta de
pruebas, dado que, por fuera de la demostración del daño, consistente en la muerte
del señor Hermides Quintana Balaguera el 29 de diciembre de 2007, no se allegó
ninguna otra que diera cuenta de la imputación a la demandada. En síntesis, afirmó
que la demandante no cumplió sus deberes de carga probatoria.
2.4. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la parte actora, de
manera oportuna interpuso recurso de apelación19 contra del fallo de primera
instancia, propendiendo por su revocación, con fundamento en los siguientes
argumentos:
2.4.1. Adujo que la responsabilidad se encuentra plenamente demostrada, pues,
con el oficio expedido por el Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar en el que se
dice que se abrió investigación contra miembros de la institución castrense, está
demostrado que Hermides Quintana Balaguera murió “a manos del ejército
nacional”. Además, se probó, con las declaraciones extrajuicio de Uriel Gerardino
Criado y Fanny Orozco y, con la certificación de la Junta de Acción Comunal, que
Hermides era un campesino, que no pertenecía a ningún grupo ilegal. Por ende,
considera que la ejecución extrajudicial se encuentra probada.
2.4.2. Hay acusaciones contra algunos miembros de la Brigada Móvil No. 15 del
Ejército Nacional, en el marco de la investigación que cursa ante la Fiscalía 72 de
la Unidad de DD HH y DIH. De esto da cuenta el oficio 0706 enviado al proceso
por el Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar, en el que indica que remitió a la
Fiscalía la investigación iniciada en dicha célula judicial castrense. Aunque las
investigaciones penales no han concluido, aquellas se soportan en indicios que
dan cuenta de la responsabilidad del Ejército en la ejecución extrajudicial de
Hermides Quintana Balaguera.
2.4.3. En el expediente obra prueba de que la Procuraduría General de la Nación
adelanta investigación disciplinaria por tales hechos.
2.4.4. La escena del crimen no fue preservada. Esto, bajo el argumento que se
trataba de una zona rural y que, en consecuencia, el levantamiento del cadáver
hubo de llevarse a cabo en Ocaña a donde fue trasladado el cuerpo de Hermides
en un helicóptero del Ejército, y en el que fue presentado como NN muerto en
combate, con ocultamiento de su identidad. Sólo hasta el 27 de junio de 2007 se
determinó que el cadáver de quien fue sepultado como NN correspondía a
Hermides Quintana Balaguera.
2.4.6. Pide el recurrente que tome esta segunda instancia en consideración el
contexto de orden público que presentaba el municipio de Teorama para la fecha
del deceso de Quintana Balaguera, así como la develación que han hecho el
colectivo de abogados Luis Carlos Pérez y la revista Semana, de la ocurrencia de
ejecuciones extrajudiciales en esas circunstancias de tiempo y lugar, una situación
que también ha sido expuesta por el relator de la ONU.
18 Sentencia de Primera Instancia, folios 169-177, c. ppal.
19 Folios 180-187, c. ppal.
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2.4.7. El acervo probatorio así planteado demuestra, a juicio de la parte recurrente,
que el Ejército no hizo uso legítimo de las armas y que, por tanto, incurrió en falla
del servicio.
2.5. El trámite procesal relevante de segunda instancia
Recibido el asunto en esta Corporación, por auto del 2 de agosto de 201620, se
admitió el recurso de apelación formulado por la demandante, y, en providencia
del 6 de septiembre siguiente21, se corrió traslado a las partes para que alegaran
de conclusión y al Ministerio de Público para que emitiera concepto.
El 13 de septiembre de 201622, el apoderado de la parte actora elevó una solicitud
de pruebas para que se oficiara a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría Nacional con solicitud de remisión al expediente, de copia de las
investigaciones penales y disciplinarias adelantadas por causa de la ejecución
extrajudicial de Hermides Quintana Balaguera, así como una relación detallada de
las investigaciones en curso por falsos positivos ocurridos en Norte de Santander
durante los años 2007-2008. Así mismo, solicitó se oficiara al Ministerio de
Defensa para que remita, entre otros, “estudios, evaluaciones, indagaciones,
informes públicos, o cualquier clase de documentos, públicos, reservados, de
inteligencia, secretos o de cualquier otra naturaleza, que den cuenta de las
operaciones realizadas en el municipio de Teorama”.
Por auto del 26 de septiembre de 2016 23, esta Subsección decretó las pruebas
solicitadas por la parte actora, y estas fueron debidamente recaudadas24.
Mediante proveído del 14 de septiembre de 2017 25, se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto de fondo. Así lo hizo la parte actora para replicar sus argumentos
relativos a la responsabilidad del extremo demandado, esta vez, haciendo hincapié
en las pruebas adosadas en segunda instancia 26. Así mismo, el Procurador
Primero Delegado ante el Consejo de Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales,
emitió concepto en el que solicitó la revocación de la decisión de primera instancia
y el acogimiento de las pretensiones de la demanda, comoquiera que encontraba
acreditado que se trató de una ejecución extrajudicial, principalmente, de acuerdo
a la confesión realizada dentro del proceso penal por uno de los implicados. La
parte demandada no emitió pronunciamiento.
20 Folio 193, c. ppal.
21 Folio 197, c. ppal.
22 Folios 199-201, c. ppal.
23 Folios 202-203, c. 1.
24 En atención a lo cual, se recaudaron las siguientes pruebas: (i) la Procuraduría Provincial de Ocaña allegó
copia de la investigación disciplinaria No. 046-002742/2008 ( Oficio remisorio obrante a folio 219, c. ppal.) , así
como copia de las investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas en Norte de Santander durante los
años 2007-2008 (Folios 271-272, c. ppal., y paquete con CDs obrante a folio 273 ibídem.); (ii) la Fiscalía 72
Especializada DFNEDH DIH, mediante Oficio n° 2730 del 12 de diciembre de 2016 informó el estado del
proceso penal 0196-13 (Folios 231-232, c. ppal.); (iii) el Ministerio de Defensa, por Oficio No. 00314 del 25 de
enero de 2017, remitió, entre otros, el informe de situación de tropas BRIM 15 “INSITOP” del 29 de diciembre
de 2007, el informe de patrullaje de la misma fecha, correspondiente a la orden de operaciones Alacrán No. 1
y, el informe presentado por el Comandante “Corea Uno” (Folios 254-261, c. ppal.); (iv) el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Ocaña remitió en medio magnético copia de la investigación penal adelantada contra
Gabriel de Jesús Rincón Amado (Folio 286, y dos CDS obrantes a folio 287, c. ppal.), y (vi) el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Ocaña, mediante Oficio No. 441 del 21 de junio de 2017 remitió copias de proceso 2012-
0132 (folio 294, c. ppal.).
25 Folio 297, c. ppal.
26 Folios 298-310, c. ppal.
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Mediante escrito del 22 de abril de 2019 27, el ahora magistrado de la Subsección
Nicolás Yepes Corrales, manifestó su impedimento por haber emitido concepto en
calidad de agente del Ministerio Público. Por consiguiente, mediante auto del 9 de
julio de 201928 se declaró fundado el impedimento, razón por la cual el presente
asunto será decidido en Sala dual.
III. CONSIDERACIONES
3.1. De acuerdo con las prescripciones de los artículos 350 y 357 del CPC29, en
línea con la jurisprudencia constitucional30, la Sala dará respuesta a los siguientes
problemas jurídicos:
En el fallo recurrido se encontró acreditada la existencia del daño, sin que la prueba
de este elemento31 haya sido rebatida en la alzada.
3.2. Precisado lo anterior, conforme a las particularidades del caso y los medios de
prueba allegados al expediente, la Sala estudiará el siguiente problema jurídico:
¿Demostró la parte actora que la muerte de Hermides Quintana Balaguera ocurrió
en el contexto de una ejecución extrajudicial y no en un escenario de enfrentamiento
armado como adujo la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional?
En el evento que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la
Subsección efectuará la liquidación de los perjuicios a que haya lugar, de acuerdo
a los parámetros jurisprudenciales unificados y, a lo efectivamente probado dentro
del proceso.
IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS JURÍDICOS ENUNCIADOS
El acervo del plenario se compone, principalmente, de la prueba trasladada de las
investigaciones penal y disciplinaria adelantadas contra miembros del Ejército
Nacional por la muerte del señor Hermides Quintana Balaguera. Dichas pruebas
serán valoradas, comoquiera que se reúnen los presupuestos establecidos por la
ley procesal ─arts. 185 y 229 del C.P.C., vigente para la fecha de presentación de
la demanda y aplicable por remisión del art. 267 del C.C.A., también vigente para
entonces─, y por la jurisprudencia32 en materia de valoración de la prueba
27 Folio 325, c. ppal.
28 Folios 327-328, c. ppal.
29
El despacho del ponente se aparta de la tesis que ha venido observando en línea con la unificación que hizo
la Sección en el auto 49299 del 25 de junio de 2014. Ha sostenido que el Código General del Proceso -CGP-
(Ley 1564 del 2012) tiene vigencia plena desde el 1º de enero del 2014 para los asuntos que le competen a la
jurisdicción contencioso administrativa y no de forma gradual como ocurre en asuntos Comerciales y Civiles, y
que, salvo en los casos excepcionados en el artículo 624 del CGP, las remisiones que hacía el CCA al Código
de Procedimiento Civil -CPC- debían entenderse hechas al CGP desde su entrada en vigencia conforme al
artículo 40 de la ley 153 de 1887. Sin embargo, en atención a que la tendencia actual de las otras subsecciones,
e inclusive de los otros despachos de la subsección, es la de dar aplicación en esas circunstancias al CPC, a
efecto de facilitar la unidad de criterio, adhiere a la tesis mayoritaria.
30 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-327 de 1995, criterio reiterado en la sentencia C-583 de 1997.
31 Registro civil de defunción de Hermides Quintana Balaguera, con serial D606910, obrante a folio 34, c. 1.
32 Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en vigencia del C.P.C. arts. 185 y 229─,
aplicables en razón a la fecha en que se interpuso la presente demanda, sostuvo: “[es] viable apreciar una
declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o
sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes –
avalado por el juez– se quiso prescindir del aludido trámite. Esto último puede manifestarse como lo dispone el
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recaudada en un proceso diferente, en razón, a que, por un lado, la documental
incorporada estuvo a disposición de las partes para que se surtiera el respectivo
contradictorio, sin que la parte contra quien se aducen, esto es, el Ejército Nacional,
hubiese manifestado desacuerdo, máxime que dicha institución castrense también
estuvo al tanto de las investigaciones trasladadas, bien porque adelantó parte de
ellas, bien porque sus agentes estuvieron implicados en las mismas y, bajo esos
mismos argumentos se valorarán las declaraciones allí recabadas, pues, al margen
de que no fueron ratificadas, lo cierto es que para el extremo pasivo, que es contra
quien se levantan los medios demostrativos, como ya se dijo, esas probanzas no le
eran ajenas; por ende, unas y otras serán apreciadas con el valor probatorio que les
corresponde.
De esta manera, conforme a las pruebas válidamente aportadas se encuentran
probados los siguientes hechos relevantes:
4.1. En el marco de la orden de operaciones Alacrán No. 001, uniformados de la
compañía Corea Uno de la Brigada Móvil 15 del Ejército, al ejecutar la misión táctica
Delfín y realizar labores de patrullaje en la vereda Mata de Tilo, jurisdicción del
municipio de Teorama, dieron muerte al campesino Hermides Quintana Balaguera
el 29 de diciembre de 2007. De este hecho da cuenta, entre otros medios de prueba,
el informe de patrullaje y el informe rendido por el comandante de la compañía el
día de los hechos33.
4.2. Ese mismo 29 de diciembre de 2007, el comandante de la compañía Corea
Uno, mediante escrito numerado 1179 /Div. 2-BRIM 15-COICA-INT 252, dejó a
disposición de la Fiscalía de turno de la Seccional Ocaña, el reporte del lugar de los
hechos, referido como Mata de Tilo, jurisdicción del municipio del Tarra (sic), donde
resultó muerto un sujeto sin identificar, indicándose que le fue hallado material de
guerra y que, al parecer, pertenecía al ELN. Se indicó que “dicho sujeto fue muerto
en enfrentamiento armado con tropas de la compañía Corea Orgánico del Batallón
de Contraguerrilla No. 98 adscrito a la Brigada Móvil No. 15”34.
4.3. El Fiscal Primero Seccional de Ocaña, el 29 de diciembre de 2007, a las 16; 15,
expidió el acta de inspección judicial a cadáver n° 014435.
4.4. Así mismo, sobre el relato de los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2007,
la señora Nelsi Angarita Contreras, compañera permanente del occiso, bajo
declaración jurada, relató:
Él salió de la casa como a las siete de la mañana, se fue a echar el agua y
como a los cinco minutos el agua llegó pero no apareció, como a la media
hora escuché unos disparos y la niña me dijo, mamá a mi papá le pasó algo,
y yo le contesté que no porque el es un hombre que no debía nada, yo me fui
artículo 229 del Código de Procedimiento Civil –verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado
en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación-, o extraerse del
comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de
éstas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre
cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de
acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios
de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso”. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, expediente 20601.
33 Folios 254-261, c. ppal. Así mismo, la Orden de Operaciones Fragmentaria “Misión Táctica Delfín”, obra a
folios 18-23 del cuaderno anexo 1 del expediente trasladado de la investigación disciplinaria No. 046-2743/08
adelantada por la Procuraduría General de la Nación.
34 Folio 255. C. ppal.
35 Folio 9, c. cuaderno de copias 1 de la investigación adelantada por la Fiscalía 72, dentro del radicado No.
7856 y, del proceso penal radicado 2012-0132.
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a buscarlo y como a los cinco minutos a la toma del agua y le pregunté a un
vecino si lo había visto y el me dijo que no, pero que había escuchado unos
disparos, seguí buscándolo y no lo encontré, en seguida me fui para la casa
a ver a las niñas y me encontré a unos soldados y me preguntaron que qué
estaba haciendo y yo les dije que estaba buscando a mi esposo y entonces
me dijo que él debe estar por algún lado y me dijo que no subiera por la parte
de arriba porque había campo minado (…). Yo sabía que estaba muerto
porque oí los disparos y sabía que era de galil porque en mi finca donde yo
vivía en Acarí una vez se presentó un enfrentamiento y yo sé que eso suena
duro. Subí tres veces a la parte de arriba y no me dejaron pasar y yo le dije
que él estaba enfermo y me dijeron que había que esperar el helicóptero (…).
Por esa razón yo decidí hablar con mi cuñado JORGE QUINTANA para que
lo buscara y después de muchas vueltas lo encontraron en el amorgue (sic)36.
4.5. En declaración juramentada rendida el 30 de diciembre de 2007 ante la Fiscalía
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, el señor José Jorge Quintana
Cristancho, manifestó:
El motivo es que yo quiero reconocer el cadáver que se encuentra en la
Morgue, el cual corresponde a mi hermano JESÚS HERMIDES QUINTANA
BALAGUERA, casado con MIRELSA, tenía 3 niñas, sus padres se llaman
OBEDELÍ QUINTANA y GREGORIA CRISTANCHO (…). Yo se por lo que
me comentaron las hermanas mías que se llaman RUBIELA QUINTANA y
DIOFANI QUINTANA (..) que mi hermano se había ido a las ocho de la
mañana a echar el agua, se llegaron las diez de la mañana y como no
llegaba se fueron a buscarlo y a preguntarle al Ejército y no las dejaron
pasar, reventaron unas minas para que a ellas les diera miedo pasar allá,
cuando oyeron ellas fue unos tiros y, dijeron que no, que al muchacho lo
iban a echar para acá para Ocaña, ósea el muchacho que ellos habían
agarrado, ellas me llamaron a mí que fuera a averiguar al Batallón acá en
Ocaña que se lo habían traído, yo fui y me dijeron que allá no había llegado
ninguno y me mandaron para la Esmeralda, los lados de Convención, me
fui para allá y tampoco, y mi hermano ya estaba aquí en Ocaña, lo habían
matado, estaba muerto y lo habían traído muerto (…)37.
4.6. Mediante Oficio 1360 del 30 de diciembre de 2007, la Fiscalía Delegada ante
los Jueces Penales del Circuito de Ocaña, dirigido a la Unidad Local del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Nor-Oriente, solicitó hacer entrega
del cadáver de Jesús (sic) Hermides Quintana Balaguera al señor José Jorge
Quintana Cristancho, quien manifestó ser hermano del difunto38.
4.7. El 30 de diciembre de 2007, el Instituto Nacional de Medicina Legal, realizó el
informe pericial de necropsia de “Quintana Balaguera Jesús (sic)9999999999
Hermides”39.
4.8. Por considerar que los hechos debían ser investigados por la Justicia Penal
Militar40, mediante Oficio del 31 de enero de 2008, la Fiscalía Tercera Delegada ante
36 Declaración rendida el 18 de febrero de 2008 ante el juzgado 37 de Instrucción penal Militar. Folios 13-15,
cuaderno de copias 1 de la investigación adelantada por la Fiscalía 72, dentro del radicado No. 7856.
A la transcripción textual se le agregaron tildes.
37 Folios 12-13, c. cuaderno de copias 1 de la investigación adelantada por la Fiscalía 72, dentro del radicado
No. 7856 y, del proceso penal radicado 2012-0132.
38 Folio 10, cuaderno de copias 1 de la investigación adelantada por la Fiscalía 72, dentro del radicado No. 7856.
39 Folios 63-66, cuaderno de copias 1 de la investigación adelantada por la Fiscalía 72, dentro del radicado No.
7856.
40 Cfr. Folio 12, cuaderno de copias 1
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Nelsi Angarita Contreras y Otros
los Jueces Penales del Circuito de Ocaña remitió ante el Juzgado 37 Penal Militar
las diligencias tramitadas bajo el número 104.82141.
4.9. Radicadas las diligencias ante el Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar, el 18
de febrero de 2008 se dispuso, por parte de esa célula judicial, el inicio de la
indagación preliminar número 106-08 por el homicidio de Jesús (sic) Hermides
Quintana Balaguera42.
4.10. Mediante Oficio n° 416 del 27 de febrero de 2008, el Juzgado 37 de Instrucción
Penal Militar requirió a la Registraduría de El Tarra, expedir el registro de defunción
de quien en vida se llamaba JESUS (sic) HERMIDES QUINTANA BALAGUERA, a
efectos de lo cual anexó el Acta de levantamiento de cadáver43. En respuesta, por
Oficio n° 106 del 31 de marzo de 2008, la precitada entidad indicó que revisada la
base de datos, la referida defunción no se encontraba registrada en esa
dependencia, pues la vereda Mata de Tilo era jurisdicción del municipio de
Teorama44.
4.11. Mediante Oficio No. 809 del 8 de abril de 2008, el Juzgado 37 de Instrucción
Penal Militar requirió a la Registraduría de Teorama, para que expidiera y remitiera
el registro civil de defunción de un “N.N.”, quien fuera muerto en enfrentamiento
armado el 29 de diciembre de 2007 en la vereda Mata de Tilo45, a efectos de lo cual
envió copia de acta de levantamiento de cadáver. En respuesta, por Oficio n° 099
del 17 de abril de 2008, la mencionada entidad expidió el registro civil de defunción
del señor “N.N.” de sexo masculino, inscrito bajo el serial No. 0457562846. En dicho
registro se anotó que fue inscrito el 17 de abril de 2008 según el Oficio n° 809.
4.12. Por Oficio n°1294 del 4 de junio de 2008, el Juzgado 37 de Instrucción Penal
Militar de Ocaña solicitó a la registraduría de Teorama la corrección del registro civil
de defunción n° 04575628, comoquiera que se tenía plenamente identificado que la
persona muerta el 29 de diciembre de 2007 en la vereda Mata de Tilo, respondía al
nombre de Hermides Quintana Balaguera47. En consecuencia, el 27 de junio de
2008, se expidió el registro civil de defunción n° 0458458148.
4.13. Por auto del 5 de junio de 2008, el Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar de
Ocaña ordenó la apertura de investigación penal n° 335-08 en contra del CP
Gutiérrez Salazar Néstor Guillermo, SLP Triana Ospina Fabián Humberto, SLP
Sosa Pérez Walter, ASL Valencia Hernández Cesar Augusto y, SLP Tirado León
Andrés Camilo 49. El 12 de noviembre de 2008 el Ministerio Público, con sustento
en las “serias dudas en cuanto al procedimiento y el resultado de la operación”,
solicitó remitir las diligencias a la justicia ordinaria50, solicitud que fue acogida en
auto del 12 de mayo de 200951.
4.14. Recibidas las diligencias en la justicia ordinaria, el asunto fue asignado a la
Fiscalía 72 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, donde se dio apertura al radicado No. 7856 y, el 19 de
41 Folio 4, cuaderno de copias 1 del proceso penal No. 2012-0132.
42 Folios 17-19 del cuaderno 1 de copias ibídem.
43 Folio 29, del cuaderno 1 de copias ibídem.
44 Folio 53, del cuaderno 1 de copias ibídem.
45 Folio 44, del cuaderno 1 de copias ibídem.
46 Folios 67-68, del cuaderno 1 de copias ibídem.
47 Folio 84, del cuaderno 1 de copias ibídem.
48 Folio 139, del cuaderno 1 de copias ibídem.
49 Folios 89-91, del cuaderno 1 de copias ibídem.
50 Folios 257-261, del cuaderno 1 de copias ibídem
51 Folios 274-275 del cuaderno 1 de copias ibídem.
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febrero de 2010 se avocó el conocimiento de las diligencias52. Dentro de este
trámite, el 29 de abril de 201153 se le impuso medida de aseguramiento sin beneficio
de libertad provisional a Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar como coautor probable
de los delitos en concurso de Homicidio en circunstancias de agravación, en
atención a la confesión efectuada por éste respecto de la muerte de Jesús Hermides
Quintana Balaguera. En efecto, en diligencia de indagatoria rendida el 3 de febrero
de 2011, este inculpado realizó confesión en los siguientes términos:
Quiero confesar ante la Fiscalía los verdaderos hechos ocurridos para el
día 29 de diciembre de 2007. Voy a relatar todo desde el principio. Yo
había pasado a la Compañía Corea en el mes de Octubre del año 2007
por órdenes del Coronel RINCÓN AMADO JESUS GABRIEL que era el
Jefe de Operaciones de la Brigada Móvil 15. Según él me dijo que me
iba a mandar a una Compañía normal, cuando digo normal es porque
vengo de ser un Grupo Especial que era la ESPARTA DOS que en
realidad de especial era para hacer falsos positivos y ya que yo tenía
varios o como me dijo el Coronel RINCÓN, que estaba muy “caliente” y
la Compañía COREA era una Compañía que realizaba operaciones de
registro y control en el área general del Catatumbo, o sea allí no se
presentaba ni se realizaba la misma clase de trabajo (…) Yo le pregunto
a mi Coronel RINCÓN antes de irme para el reentrenamiento que si en
esa Compañía COREA trabajaría lo mismo que en la ESPARTA si se
diera la oportunidad, o sea, cuando digo del trabajo que estaba haciendo
me refiero es a seguir haciendo falsos positivos, el me dijo que no (…)
el Coronel CASTRO, comienza a decir (…)necesito resultados pero para
mañana es tarde, los que me den más bajas y los voy a premiar (…), al
yo escuchar eso y sabiendo que él me había dado para comprar una
pistola y que estaba metido con lo de los falsos positivos (…) me doy
cuenta que en realidad eso se había convertido en una organización
criminal, en coger gente y matarlos para mostrarlos como muertos en
combate (…) entendí el mensaje que era claro (…) desde mi punto de
vista y aprovechando que tenía cultivos de coca lo vi perfecto para hacer
el resultado que estaba esperando el Coronel CASTRO, ese mismo día
veintiocho (28) de diciembre (…) yo le comento al Sargento LOZNO
ARANGO que le pida autorización al Coronel CASTRO de devolverme
en la noche y hacer un trabajito especial (…) y él autoriza (..) hablo con
los soldados TRIANA OSPINA, VALENCIA HERNÁNDEZ, SOSA
PÉREZ y otro que era TIRADO LEÓN me parece, le digo a los soldados
que tengo una información de dónde estaba el cultivo de coca que
habíamos pasado, que ahí vivía un miliciano y estaba armado, que nos
devolviéramos en la madrugada a esperar a que él saliera , me fui a
comprar un rollo de cinta negra, me conseguí un tubo de PVC (…) los
llené de tierra y los sellé (…) para que se vieran como una especie de
minas hechizas (…) llegué casi a las cuatro de la mañana, me ubiqué
dentro del cocal debajo de unos árboles (…). Ya eran las seis de la
mañana del veintinueve (29) de diciembre y nadie salía de la casa,
encontré una manguera de agua que era la que abastecía la casa, le dije
a los soldados voy a cortar la manguera para que salga el tipo de esa
casa, cuando el llegue hasta acá lo cogemos (…) yo les dije, pónganle
cuidado pelados, si viene armado le disparamos de una y si no también
(…) yo respondo, ustedes no van a disparar, soy yo el que disparo (…)
52 Folios 1-3, del cuaderno 2 de copias ibídem.
53 Folios 87-110, del cuaderno 2 de copias ibídem.
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a eso de las siete, siete y media de la mañana sale de la casa un sujeto
(…) sube en dirección hacia donde nosotros estamos (…) cuando está
cerca le salgo y le apunto y le digo que no se mueva, le hago unas
preguntas (…) yo levanto el fusil para apuntarle a la víctima, él alcanza
a verme y sale corriendo (…) en zigzag y agachado (..)le apunto y
disparo en varias ocasiones (…) en una de esas veo que el sujeto a una
distancia de diez metros cae en el piso (…) cae boca arriba, me arrimo
hasta donde está él y veo que está sin vida (…)”54.
4.1.15. La misma medida de aseguramiento se adoptó el 3 de junio de ese año55,
en contra de Dairo Alberto Lozano Arango y Andrés Camilo Tirado León56.
4.15. De acuerdo con las copias (nueve cuadernos de copias) del expediente penal
que se siguió por la muerte de Hermides Quintana Balaguera, para abril de 2017,
se estaba adelantando, por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ocaña
la fase de juzgamiento, la cual se encontraba pendiente de fallo.
4.16. De igual modo, la Procuraduría General de la Nación, bajo el radicado n° 046-
0743/08, adelantó investigación disciplinaria, a partir de la queja radicada el 13 de
agosto de 2008 por la señora Nelsi Angarita Conteras, contra los miembros del
Ejército Nacional adscritos a la Brigada Móvil No. 15, por la muerte de Jesús
Hermides Balaguera Quintana. Dentro de estas diligencias, el 01 de marzo de 2013
se revocó el auto de archivo proferido el 13 de enero de 2009 por el comandante de
la Brigada Móvil No. 15, en contra de el CP Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y
otros57 y se dispuso continuar el trámite disciplinario a cargo de la Procuraduría, sin
que el mismo hubiera concluido para cuando se allego la prueba documental
trasladada.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Sobre los presupuestos procesales
5.1.1. Competencia
La Sala procede a resolver los problemas atinentes a la litis, habida consideración
de la competencia que le asiste para ello, por tratarse del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander en un proceso con vocación de doble instancia58.
5.1.2. Vigencia de la acción
La acción debida y válidamente escogida debe ser puesta en ejercicio dentro de
unos plazos definidos por el legislador, en función de la garantía de la efectividad
del derecho al acceso a la administración de justicia, de la seguridad jurídica y de la
prevalencia del interés general. Un escenario en el que la parte interesada pudiera
diferir a su voluntad el ejercicio de la acción, podría desembocar en mayor
congestión judicial y en la dilación indefinida de la decisión judicial sobre el asunto
litigioso, con grave detrimento del derecho al acceso a la administración de justicia;
54 Folios 76-86, c. 2 de c. 2 de copias ibídem.
55 Folios 175-205, del cuaderno 2 de copias ibídem.
56. Cfr. Fl. 28, c. de copias 9.
57 Folios 127-135, c. anexo 1 de la investigación disciplinaria No. 046-2743/08.
58 Las pretensiones de la demanda (folio 16, cuaderno 1) superan los 500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes exigidos por el Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, para el año 2010 en que se
presentó la demanda ($257.500.000), habida cuenta que tan solo por perjuicios materiales se reclama el valor
de $595.086.601.41.oo, sin tener en cuenta lo que se solicita a título de perjuicios morales.
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pero, además, en un permanente o por lo menos indefinido estado de las
situaciones jurídicas, con el consiguiente compromiso del valor de la seguridad
jurídica, valor cuya realización forma parte del interés general59. Es por lo anterior
que el legislador fija plazos para el ejercicio de la acción, y establece consecuencia
para su inobservancia injustificada la extinción de la acción por caducidad60.
El numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 ─norma aplicable al caso─, preceptuaba
que quien estuviera interesado en hacer uso de la acción de reparación directa ante
esta Jurisdicción, debía promoverla dentro de los dos años siguientes al día en el
que ocurrió hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena61. Ocurre, sin embargo,
que, en específicas ocasiones, el acaecimiento del daño no coincide con su
conocimiento por parte de la víctima, y en tales condiciones, resultaría contrario a
elementales consideraciones de equidad, que el término de vigencia de la acción
corriera en detrimento de la oportunidad de la víctima desconocedora de la
ocurrencia del daño, de acceder a la administración de justicia. Para evitar este tipo
de consecuencias que acarrearía la aplicación exegética y literal de la normativa, la
jurisprudencia ha precisado, en aplicación del principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal (artículo 228 C.P.), que, en tales casos, el cómputo del
término de caducidad debe iniciarse a partir de la fecha en que la persona -o
personas- tuvieron conocimiento del daño62.
Tratándose de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se persiga la responsabilidad patrimonial del Estado, la Sala Plena
de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (exp.
61.033), unificó su jurisprudencia bajo las siguientes reglas: “i) en tales eventos
resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este
plazo, salvo el caso de la desaparición forzada que tiene regulación legal expresa,
se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se
observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”.
En dicha sentencia, además, se dijo: “si un grupo familiar conoce la muerte de uno
de sus miembros, pero no cuenta con elementos para inferir que el Estado estuvo
involucrado y era el llamado a responder patrimonialmente, la caducidad no se
cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión dañosa, sino desde que tuvo la
posibilidad de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente
(…). Lo anterior no implica la individualización o sanción penal del agente que
ocasionó el daño, sino el conocimiento de la intervención de una autoridad, porque
ello restringiría el derecho de acceso a la administración de justicia, en cuanto
condicionaría la declaratoria de la responsabilidad estatal a un requisito de
procedibilidad que la ley no contempla, como es la identificación del autor o
partícipe”.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de agosto de 2023, exp. 60545 y, del
19 de julio de 2023, exp. 58796.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2017, exp. 36572.
61 “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente
del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.
62 Consultar sentencias de esta Corporación proferidas el 11 de mayo de 2000, exp. 12200; el 10 de noviembre
de 2000, exp. 18805; el 10 de abril de 1997, exp. 10954; y el 3 de agosto de 2006, exp. 32537. En el mismo
sentido ver autos del 3 de agosto de 2006, exp. 32537, y del 7 de febrero de 2007, exp. 32215.
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En el presente asunto, aunque se encuentra demostrado que, para el 30 de
diciembre de 2007, los familiares de Hermides Quintana Balaguera ya conocían del
suceso de su muerte, comoquiera que lo identificaron y lo recibieron en la morgue
de Ocaña ─hecho 4.5.─ y, dadas las circunstancias en que se produjo el deceso,
tenían elementos de juicio para suponer que los uniformados del Ejército Nacional
estaban implicados en tales hechos lesivos; sin embargo, no resulta armónico con
la garantía material de acceso a la administración de justicia tomarse esa fecha
como el punto de inicio del término de caducidad, como tampoco, aquella
relacionada con la fecha en la que se interpuso la queja disciplinaria, pues lo cierto
es que esa convicción que tenían los demandantes se veía desdibujada por la
versión de los militares que se empeñaban en presentar el caso como una baja en
combate y darle tal apariencia ─Hecho 4.2.─, músculo acreditativo contra el cual, la
versión de las víctimas se veía confrontada y desvalida.
Tal incertidumbre minó el convencimiento de las víctimas, hasta cuando, el 12 de
mayo de 2009, la justicia penal militar remitió las diligencias a la justicia ordinaria
─Cfr. Hecho 4.13─. Nótese que, hasta dicha data, la hipótesis que manejaban las
autoridades judiciales castrenses, tal como se observa en la fase inicial de las
preliminares de la investigación seguida a instancias del Juzgado 37 de Instrucción
Penal de Ocaña ─Cfr. hecho 4.9─ era que se trataba de una persona “N.N.” muerta
en combate, por tanto, no resulta razonable entender que antes del cambio de
radicación y competencia, los demandantes tuvieran certeza y respaldo sobre la
actuación irregular de las fuerzas institucionales en la producción de la muerte de
su ser querido y, por consiguiente, bajo el criterio de flexibilización del estándar que
se estila en estos casos de violación a derechos humanos y DIH63 es dable tener
como punto de partida para la contabilización de la caducidad la fecha en que se
decidió la remisión del asunto a la justicia penal ordinaria.
Así las cosas, como fue el 12 de mayo de 2009 cuando se decidió que la
investigación por la muerte de Hermides Quintana Balaguera debía ser llevada por
la justicia ordinaria, los demandantes tenían hasta el 13 de mayo de 2011 para
formular oportunamente sus pretensiones. Como la demanda de reparación directa
se presentó el 16 de septiembre de 2010, quiere decir ello que lo fue dentro del
término legalmente previsto, sin que sea menester tener en cuenta la suspensión
del término por el trámite de conciliación agotado previamente64.
5.1.3. Legitimación en la causa
3.3.2.1. Por activa. Le asiste interés en la causa a Wendy Daniela Quintana
Angarita65, Camila Andrea Quintana Angarita66, Zurene Quintana Angarita67, en
tanto se demostró con los correspondientes registros civiles de nacimiento que son
hijas del fallecido Hermides Quintana Balaguera. También, a los señores Gregoria
Balaguera y Obedelí Quintana en calidad de padres de la víctima directa68 y, los
63 Corte Constitucional, Sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023. Fundamento 107.
64 El 25 de junio de 2010 se presentó la solicitud de conciliación que fue declarada fallida el 10 de septiembre
de 2010, tal como consta en el Acta expedida por la Procuraduría 23 Judicial II Administrativa de Cúcuta, obrante
a folio 29, c. 1.
65 De acuerdo con el registro civil de nacimiento con indicativo serial 40599200 se demuestra que Wendy Daniela
Quintana Angarita es hija de Hermides Quintana Balaguera. Cfr. Folio 76 , c. 1.
66 Conforme al registro civil de nacimiento con indicativo serial 34193864, Camila Andrea Quintana Angarita es
hija de Hermides Quintana Balaguera. Cfr. Folio 30 , c. 1. .
67Con el registro civil de nacimiento con indicativo serial 43091892 se acredita que Zurene Quintana Angarita
es hija de Hermides Quintana Balaguera. Cfr. Folio 40 , c. 1.
68 Conforme al registro civil de nacimiento con indicativo serial No. 29200813, obrante a folio 75, c. 1, se
demuestra que Hermides Quintana Balaguera era hijo de la señora Gregoria Balaguera y el señor Obedelí
Quintana.
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señores Rubiela Quintana Balaguera69, Diosfani Quintana Balaguera70, Elí
Fernando Quintana Balaguera71, Zoila María Quintana Cristancho72 y José Jorge
Quintana Cristancho73, quienes acreditaron su condición de hermanos de Hermides
Quintana Balaguera.
En lo que respecta a la señora Nelsi Angarita Contreras, quien acudió a demandar
en condición de compañera permanente, con el fin de acreditar su legitimación se
allegó la declaración extrajuicio de los señores Uriel Gerardino Criado y Fanny
Corzo Vargas en la que manifestaron que les constaba que Hermides Quintana
Balaguera, a quien conocieron de vista y de trato, convivió en unión libre con Nelsi
Angarita Contreras por más de once (11) años hasta el día del fallecimiento de
Hermides, que de esa unión procrearon tres hijas de nombre “Surene (sic), Andrea
Camila y Wendy Daniela y que el hogar dependía económicamente del fallecido74.
En principio, como tales declaraciones no fueron ratificadas dentro del proceso no
revisten de mérito probatorio75. Ahora, esta Corporación ha indicado que la parte
interesada puede acreditar la existencia de una relación marital, es decir, la
estabilidad del vínculo afectivo entre compañeros permanentes, a través de
cualquier medio probatorio incorporado al plenario76. En ese sentido, a juicio de esta
Sala, medios de convicción como las copias de los registros civiles de nacimiento
de las hijas en común que tuvo la señora Nelsi Angarita con el fallecido Hermides
─Wendy Daniela, Camila Andrea y Zurene─, así como el hecho de que la señora
Nelsi fuera quien acudió a la Procuraduría a instaurar la queja disciplinaria y allí se
anunció como la compañera permanente del occiso ─hecho 4.4.─, son elementos
probatorios suficientes para denotar que Nelsi Angarita Contreras era la compañera
permanente del señor Quintana Balaguera para el momento de los hechos y, por
ende, su legitimación en la causa por activa, comoquiera que dan cuenta de: i)
la presencia de tres hijas comunes entre los involucrados; ii) la identificación
reiterada de la señora Nelsi en el proceso disciplinario como la pareja afectiva del
señor Hermides Quintana. A lo anterior se añade el hecho de que quien se presenta
como compañera permanente concurre a demandar junto con la madre y hermanos
del occiso, de lo cual se infiere el conocimiento que el círculo familiar cercano tenía
de la convivencia.
3.3.2.2. Por pasiva. Desde este extremo de la causa se encuentra legitimada La
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional representada a través del
ministro del ramo o su delegado, no solamente porque se trata del órgano integrante
69 Según el registro civil de nacimiento con indicativo serial No. 19989122 Rubiela Quintana Balaguera es hija
de Greforia Balaguera y Obedelí Quintana y, por tanto, hermana del fallecido Hermides Quintana Balaguera.
Folio 31, c. 1.
70 Conforme al registro civil de nacimiento con indicativo serial No. 26202395 Diosfani Quintana Balaguera es
hija de Gregoria Balaguera y Obedelí Quintana y, por tanto, hermana del fallecido Hermides Quintana
Balaguera. Folio 32, c. 1.
71 De acuerdo con el registro civil de nacimiento con indicativo serial No. 19989123 Eli Fernando Quintana
Balaguera es hijo de Gregoria Balaguera y Obedelí Quintana y, por tanto, hermano del fallecido Hermides
Quintana Balaguera. Folio 33, c. 1.
72 Con el registro civil de nacimiento con indicativo serial 25029847 se demuestra que Zoila María Quintana
Cristancho es hija de Gregoria Cristancho Balaguera y Obedelí Quintana y, por tanto, hermana del fallecido
Hermides Quintana Balaguera . Cfr. Folio 35, c. 1.
73 De acuerdo con el registro civil de nacimiento con indicativo serial 29996935, José Jorge Quintana Cristancho
es hijo de Gregoria Cristancho Balaguera y Obedelí Quintana y, por tanto, hermano del fallecido Hermides
Quintana Balaguera . Cfr. Folio 36, c. 1.
74 Folio 42, C. 1. También refirieron los declarantes que Hermides Quintana Balaguera dejó otro hijo de nombre
José Yair Cristancho, que no alcanzó a reconocer.
75 Código de Procedimiento Civil, artículo 229. “Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de
testigos: 1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca
en el posterior. 2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los
artículos 298 y 299. (…)”.
76 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de noviembre de 2020, exp.
50349.
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de la persona jurídica “Nación” a quien la parte demandante le atribuyó la
responsabilidad por la muerte de Hermides Quintana Balaguera, sino, porque, se
encuentra demostrado que el precitado falleció como consecuencia del accionar un
grupo de uniformados que se encontraban en el desarrollo de una misión táctica.
3.3.3. Presupuestos para la imputación del daño a la parte demandada
La imputación, esto es, la atribución fáctica y jurídica del daño así calificado y de
sus consecuencias a una persona diferente a las víctimas, para que las soporten
con cargo a su patrimonio, y tratándose de entidades o de órganos públicos dotados
de autonomía presupuestal, con cargo a su propio presupuesto, se desenvuelve, ha
dicho la Sección Tercera del Consejo de Estado77, en dos planos: un primer plano,
puramente fáctico, de ordinario determinable con aplicación de la ley de la
causalidad, y otro jurídico, determinable en función de un título que puede radicar
en la falla o falta del servicio, o en la transgresión, sin falla y sin falta alguna, del
principio de igualdad que debe presidir el ejercicio de la distribución de las cargas y
beneficios públicos.
En relación con la imputación fáctica del daño, la Sala encuentra acreditado que
Hermides Quintana Balaguera falleció el 29 de diciembre de 200778, a manos de
miembros del Ejército Nacional en la vereda Mata de Tilo del municipio de Teorama
– Norte de Santander, en hechos que fueron presentados como acecidos en el
marco de un enfrentamiento armado con tropas de la Compañía Corea Orgánico
del Batallón de Contraguerrillas No. 98, adscrito a la Brigada Móvil No. 15, en
desarrollo de la Operación Alacrán – Misión Táctica Delfín. De ello da cuenta el
registro civil de defunción, con indicativo serial No. D60691079, el informe de
patrullaje y el informe rendido por el comandante de la compañía el día de los
hechos80 y que, posteriormente, se esclareció que se trató de un campesino que fue
acribillado en indefensión cuando se disponía a conectar una manguera que
abastecía el agua de su casa, de conformidad con la confesión que hizo dentro del
proceso penal uno de los uniformados implicado en los hechos ─Cfr. Hecho 4.14─.
Con base en lo anterior, es claro que Hermides Quintana Balaguera falleció a causa
de la acción de miembros de la institución castrense y, por tal motivo, el daño es
imputable desde el punto de vista fáctico a la Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional.
En lo concerniente a la imputación jurídica, la Sala destaca que el daño sucedió
con ocasión de una actividad peligrosa desplegada por el Ejército Nacional, esto es,
la ejecución de un operativo militar denominado Operación Alacrán, en desarrollo
de la misión táctica Delfín, en el que emplearon armas de fuego de dotación oficial.
En este evento, la jurisprudencia ha establecido que el título de imputación
procedente es el objetivo de riesgo excepcional, en el que el demandante
únicamente debe probar el daño y el nexo causal81. Por ende, para exonerarse de
responsabilidad, la entidad demandada debe demostrar que el daño se originó en
una causal excluyente de responsabilidad.
77 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 10 de diciembre de 2021, exp. 53455.
78 Tal como se acredita con el registro de civil de defunción con número serial D606910, obrante a folio 37 del
c. 1. En nota marginal del registro consta que inicialmente había sido registrado cono NN.
79 Folio 37, c. 1.
80 Folios 254-261, c. ppal.
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril de
2008, rad. 16.525 y 11 de febrero de 2009, rad. 17.318, entre otras.
14
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Aun así, como quiera que el artículo 90 de la Constitución no se decantó por un
régimen jurídico en particular82, si el daño acaeció porque los agentes estatales
incumplieron sus deberes constitucionales y legales y la parte demandante alegó
una falla del servicio, es viable analizar el asunto bajo la óptica de este régimen
subjetivo. De esta manera, “se cumple con la función consustancial a la
jurisprudencia contencioso-administrativa de identificar las falencias que se
presentan en el ejercicio de la actividad administrativa, con el propósito de que: (i)
la definición para un caso concreto se convierta en advertencia para la
administración con el fin de que ésta procure evitar la reiteración de conductas
anormales ─fin propedéutico─, (ii) esa decisión sirva para trazar políticas públicas
en materia de administración83” y, (iii) que se cumplan con los cometidos desde la
perspectiva de la repetición.
Con ese propósito se analizará la conducta de la entidad demandada, a efectos de
lo cual conviene recapitular que se encuentran demostrados los siguientes hechos,
que merecen ser valorados por el juez de daños, así: (i) Hermides Quintana
Balaguera era un campesino que vivía con su familia en la vereda Mata de Tilo del
municipio de Teorama¸ (ii) el día de los hechos salió de su casa en horas de la
mañana a conectar el agua de la manguera; (iii) la manguera del agua había sido
cortada de forma premeditada para propiciar que Hermides fuera a remediar la
conexión y, en ese momento quitarle la vida; (iv) Hermides Quintana Balaguera fue
ultimado en total estado de indefensión, con fines viles y abyectos que demuestran
un total desprecio por el respeto a la vida, pues, de antemano, sus perpetradores
sabían que debían elegir una víctima para hacerla pasar como dada de baja en
enfrentamiento, disfrazaban la escena y, sin más razones que la sinrazón de su
designio protervo, escogían a la persona que iban a ultimar, en una suerte de
azarosa fatalidad gobernada por el afán de mostrar resultados; (v) Hermides
Quintana Balaguera fue atacado en un escenario de su cotidianidad, cerca de su
hogar y de los suyos, a quienes se les privó de ingresar a buscarlo, bajo información
intimidante y engañosa; (vi) Hermides Quintana fue trasladado por las tropas desde
la vereda Mata de Tilo del municipio de Teorama hasta Ocaña, donde fue reportado
como un “N.N.” dado de baja en un enfrentamiento y, de allí llevado hasta la morgue
donde fue identificado y reclamado por uno de sus hermanos, luego de una
infatigable búsqueda; (vii) el militar que fraguó el plan criminal confesó con frialdad
los pormenores de la ejecución y rotuló, por su cuenta y dicho propio, el caso como
una práctica de “falsos positivos”.
Ahora, un análisis integral de la prueba respecto de esos hechos permite establecer
que, en este caso, los medios de convicción revelan con certeza las circunstancias
en que se produjo la muerte de Hermides Quintana Balaguera, su condición de
campesino inerme. Entonces, está demostrado que su deceso no obedeció a un
abatimiento en combate o enfrentamiento, sino de una ejecución extrajudicial, sobre
la base de una escena de crimen simulada.
Tal claridad probatoria despeja el rubro de la imputación bajo un régimen de falla
del servicio, pues de más está decir, cuando las pruebas así lo denotan, que fue el
accionar de los militares y la maquinación, por parte de aquellos, de un plan que
afrenta los valores más excelsos de la sociedad, lo que produjo la muerte de
Hermides Quintana Balaguera, plan ejecutado, justamente, por las personas en
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno-, sentencia del 19 de
abril de 2012, rad. 21515
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009,
rad. 16.974.
En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de febrero de 2019,
Rad. No. 05001-23-31-000-2004-01289-01(40256).
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Nelsi Angarita Contreras y Otros
quienes se ha depositado la función de brindar seguridad y la función constitucional
de proteger la vida de los ciudadanos, conforme lo impone el artículo 2 superior;
luego entonces, se trata de un reproche de la más alta relevancia al actuar indebido
de la entidad demandada.
En definitiva, el anterior panorama probatorio permite concluir que, por sus
características, la muerte del campesino Hermides Quintana se trató de un evento
de ejecución extrajudicial, ajeno una situación de combate y a expensas de la
condición de vulnerabilidad que representaba la víctima por su indefensión,
constitutivo de lo que se ha concebido como “falsos positivos”, los cuales, a la luz
de la CIDH, “son ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado, con
un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles durante operativos. Estos
civiles son posteriormente presentados como miembros de grupos armados ilegales
dados de baja en combate, para lo cual se utilizan diversos mecanismos de
distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar
en que ocurrieron los hechos”84. Por esta razón, se imputará la responsabilidad a la
entidad demandada a título de falla en el servicio y, en consecuencia, se procederá
a estudiar el reconocimiento de perjuicios.
3.3.4. De la tasación de perjuicios
3.3.4.1. Perjuicios morales
La demandante solicitó un reconocimiento de perjuicios morales desde dos
perspectivas: (i) en consideración a la violación al derecho a la vida, la libertad, la
protección a la familia, la vida digna y la integridad personal, el equivalente a 300
smlmv para cada uno de los demandantes y, (ii) por la violación al debido proceso,
a la justicia, a la presunción de inocencia, al buen nombre y honra, el estimativo de
200 smlmv para cada uno de los demandantes.
Sobre este tópico ─de perjuicios morales en caso de muerte─ la jurisprudencia
unificada de la Corporación85, estableció para la concreción de su indemnización,
por un lado, cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y quienes,
por rebote, deducen perjuicios del daño irrogado a aquella y, a cada uno de estos
niveles se le asignó un porcentaje indemnizatorio, así:
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL
5
Regla Relación Relación Relación Relación Relació
general en afectiva afectiva del 2° afectiva del 3er afectiva n
el caso de conyugal de de del 4° de afectiv
muerte y paterno consanguinida consanguinida consangui a no
– filial d o civil d o civil nidad o familiar
civil. (tercer
os
damnifi
cados)
Porcentaje 100% 50% 35% 25% 15%
84 Definición dada en el contexto de la presentación de los casos 12.335, 12.336, 12.757 y 12.711, Gustavo
Giraldo Villamizar Durán y otros, respecto de Colombia de la CIDH ante la Corte IDH el 2 de mayo de 2016.
2 de mayo de 2016
85 Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
Radicación número: 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251).
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Equivalenc 100 50 35 25 15
ia en
salarios
mínimos
Por otro lado, en esa misma sentencia se determinó la exigencia probatoria
atinente a cada nivel, frente a la que se establece que los niveles 1 y 2 se
demostrarán con el estado civil o la convivencia entre compañeros; para los
niveles 3 y 4 se exigirá, además, prueba de la relación afectiva y, finalmente, para
el nivel 5 deberá estar acreditada la relación afectiva.
Por consiguiente, como los aquí demandantes se encuentran en los niveles 1
(compañera, hijas y padres) y 2 (hermanos), basta para el reconocimiento de
perjuicios morales en su favor que se haya probado el parentesco, como
efectivamente está acreditado. En consecuencia, aplicando las reglas de
unificación a la compañera permanente, las hijas y los padres les corresponde, por
perjuicio moral, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (smlmv) y, a los hermanos, el equivalente a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
Así mismo, expuso la jurisprudencia de unificación que “en casos excepcionales,
como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá
otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos
anteriores, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor
intensidad y gravedad del daño moral, (…). Este quantum deberá motivarse por
el juez y ser proporcional a la intensidad del daño”86.
Si bien, la Sala no desconoce que el presente asunto se trató de un caso de graves
violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al
sistema regional de protección, la parte demandante no demostró que hubiera
padecido una mayor intensidad en relación con el daño moral, pues recuérdese
que fue, precisamente, la nula actividad probatoria del extremo activo, la que llevó
a que el juez de primera instancia profiriera una sentencia denegatoria de las
pretensiones, decisión que se hubiera mantenido de no ser por el decreto
probatorio oficioso efectuado en segunda instancia, el cual, en todo caso, se limitó
a pruebas que vinieron a demostrar la responsabilidad de la demandada, no así a
la atestación de perjuicios, actividad en la cual la demandante fue absolutamente
pasiva.
En consecuencia, la Sala carece de elementos probatorios en los cuales pueda
fundar y motivar un reconocimiento mayor, máxime que, tal como ha sostenido de
vieja data la jurisprudencia de la Corporación, los perjuicios morales “ "son estados
del espíritu de algún modo contingentes y variables en cada caso y cada cual siente
o experimenta a su modo. (…)”87, de ahí que la intensidad del perjuicio precise ser
probada, para que el juez de daños pueda aplicar la regla de excepción, pues si
bien se ha considerado que, para las personas que pertenecen al primer nivel de
afectación, el perjuicio moral por la muerte de un ser querido surge espontáneo por
la estrecha relación de parentesco, para la aplicación de la regla de excepción que
permite incrementar el monto del reconocimiento se requiere acreditar un
sufrimiento mayor que trasciende la esfera de lo inferible.
86 Esta misma regla se reiteró en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, proferida el mismo 28 de agosto de 2014, exp.32.988.
87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P.: Daniel Suárez Hernández.
Bogotá. 10 de septiembre de 1998, exp. 12009.
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Así mismo, en cuanto al fraccionamiento del perjuicio moral que trae la
demandante en razón de la parcelación de los derechos que, a su juicio, resultaron
vulnerados con la ejecución extrajudicial de Hermides Quintana Balaguera, debe
indicarse que, si bien es posible que un mismo hecho generador o lesivo pueda
proyectarse sobre varios derechos, lo cierto es que en el caso particular no
encuentra la Sala un fundamento probatorio que haga viable esa disección del
perjuicio moral, teniendo en cuenta que el daño, en el presente caso, se concreta
con el hecho de la muerte y, por tanto, las afectaciones de índole moral que
apareja tal suceso quedaron recogidas en el reconocimiento previsto en la tabla
de unificación, con el que se repara el dolor, la aflicción, la angustia, la
perturbación del estado de ánimo y el sufrimiento que padecieron las víctimas.
Ahora, es cierto que la jurisprudencia de la Corporación ha reconocido como una
categoría inmaterial autónoma de daños la vulneración o afectación “a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados” 88, no obstante, para
que de aquellos se desprenda una indemnización pecuniaria, en aras de evitar
una doble indemnización, la misma debe estar plenamente demostrada 89, lo que
no ocurre en el presente caso, ya que la parte actora se limitó a invocar la
afectación a derechos fundamentales tales como: la libertad, la justicia, el debido
proceso, la presunción de inocencia, la honra, el buen nombre, entre otros, pero
no existe dentro del plenario ninguna prueba que los acredite.
En efecto, en lo que atañe al derecho a la libertad, si la Sala se atiene a la
precariedad del acervo obrante, no hay razón ─en función de los documentos
allegados─ para suponer que el señor Hermides Quintana sufrió lesión alguna en
tal derecho, pues, todo indica que su muerte se produjo de manera instantánea,
esto es, sin que le precediera un acto de retención ilegal, ya que entre el momento
en que salió de su casa y el momento en que llegó al sitio donde se disponía a
realizar la conexión del agua, según refieren las pruebas, solamente transcurrió el
tiempo necesario para realizar ese desplazamiento, cuando fue alevemente
atacado por disparos.
Así mismo, en lo atinente a los derechos a la obtención de justicia y debido
proceso, no se advierte de qué forma pudo concretarse su afectación, dado que la
muerte violenta del señor Quintana no devino ni estuvo relacionada con alguna
actuación judicial que pudiera comprometer tales garantías. Ahora, si la demanda
pretende hacer derivar afectaciones en la tramitación del proceso penal que se
surtió para investigar la muerte del señor Quintana, debe decirse que un perjuicio
de esa naturaleza no está relacionado ni con el daño objeto de la solicitud de
resarcimiento ─la muerte de Hermides─, ni guarda nexo causal con las
actuaciones de la demandada.
Finalmente, en lo que respecta a los derechos a la honra y el buen nombre, la Sala
advierte que, en la fase inicial de los hechos, cuando se presentó el reporte que
daba cuenta de una persona dada de baja en enfrentamiento armado, se hizo en
el marco de “una persona sin identificar” presentada como “NN” ─hecho 4.2.─: de
ahí que ese informe no estaba en condiciones de afectar la honra y el buen nombre
de quien, precisamente, no se había identificado. Adicionalmente, para cuando se
obtuvo la identidad del fallecido a instancias del Juzgado 37 de Instrucción Penal
Militar que tenía a cargo la investigación, dicha célula judicial decidió, en razón a
las dudas que expuso el Ministerio Público sobre las circunstancias que rodearon
88 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp.32.988.
89 En la sentencia de unificación, se indica: “ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de
reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando
aparezca acreditada su existencia”. ─se resalta─. Ibid.
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la muerte del señor Quintana, remitir las diligencias a la justicia ordinaria, sin
mención alguna que pudiera ocasionar un menoscabo a los aludidos derechos o,
al menos, no existe prueba en el plenario que indique lo contrario.
Corolario de lo expuesto, la Sala concretará el reconocimiento de perjuicios
morales en razón de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(smlmv) para la compañera permanente, para cada una de las hijas y para cada
uno de los padres y, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(smlmv) para cada uno de los hermanos, lo cual se condensa en el siguiente
cuadro:
Demandante Condición Perjuicio moral
Salarios mínimos
legales mensuales
vigentes
Nelsi Angarita Contreras Compañera 100
Permanente
Wendy Daniela Quintana Hija 100
Angarita
Camila Andrea Quintana Hija 100
Angarita
Zurene Quintana Angarita Hija 100
Gregoria Balaguera Madre 100
Obedelí Quintana Padre 100
Rubiela Quintana Balaguera Hermana 50
Diosfani Quintana Balaguera Hermana 50
Zoila María Quintana Hermana 50
Cristancho
Elí Fernando Quintana Hermano 50
Balaguera
José Jorge Quintana Hermano 50
Cristancho
En la demanda también se solicitó, por daño a la vida de relación, consistente en la
alteración a las condiciones de existencia, en tanto la muerte de Hermides les
implicó la ruptura de las relaciones cotidianas, el aislamiento y la desconfianza en
los miembros de las entidades del Estado, el equivalente a 100 smlmv para cada
uno de los demandantes.
La Subsección, en consonancia con su jurisprudencia90, reitera que “(…) el ‘daño a
la vida de relación’ es una categoría de daño superada y que actualmente los daños
inmateriales o extrapatrimoniales se reducen a tres: i) aquellos que afectan
directamente la esfera interna y espiritual del individuo, es decir, los morales; ii) los
derivados de la afectación psicofísica de la salud, o sea, el daño a la salud; iii) y los
relacionados con la afectación directa de bienes convencional y constitucionalmente
protegidos91”.
En el caso concreto, no es factible adecuar la pretensión a ninguna de las tres
categorías enunciadas, en primer lugar, porque la pretensión resarcitoria por daño
a la vida de relación elevada por los demandantes, no da cuenta de un perjuicio
adicional que deba ser indemnizado por la Sala, pues se refiere a aspectos
90 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 29 de marzo de 2019, exp. 42213.
91 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias de 14 de septiembre de 2011, exp.19031 y 38222.
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relacionados con las emociones, los sentimientos y el estado de ánimo de los
actores, los cuales hacen parte del perjuicio moral ya reconocido y, en segundo
lugar, porque no se allegó prueba alguna que acredite cualquiera de las dos
hipótesis restantes. En consecuencia, se negará tal reconocimiento.
Lo propio ocurre con la indemnización de 1.000 salarios mínimos que se solicita por
la pérdida irreparable de la vida de Hermides, pues, tal perjuicio queda comprendido
en los reconocimientos por daño moral y lucro cesante a reconocidos, sin que sea
factible para la Sala entrar en una espiral de duplicidad de perjuicios como pretende
la demandante.
3.3.4.2. Reconocimiento de los perjuicios materiales deprecados
Por concepto de perjuicios materiales en la demanda se solicitó, por concepto de
daño emergente, el valor de $4.516.000 correspondiente a los gastos exequiales
en que se incurrió para el entierro de Hermides Quintana Balaguera, tales como:
servicios de funeraria, servicios de velación y lote de inhumación, a efectos de lo
cual anunció que allegaba una cotización efectuada por la Funeraria Los Olivos; sin
embargo, dicha prueba no fue materialmente aportada por la demandante y, si lo
hubiera sido, en todo caso tampoco sería suficiente para acreditar el perjuicio, ya
que la mera cotización no demuestra que la erogación se haya efectuado. En
consecuencia, se trata de un perjuicio que carece de sustento probatorio y, por
tanto, será denegado.
Por concepto de lucro cesante en favor de la compañera permanente y las hijas de
Hermides Quintana, solicitó que se reconociera lo dejado de percibir por las
actividades de agricultor realizadas por Hermides, bajo la presunción de que toda
persona mayor de 18 años percibe al menos un salario mínimo, no obstante, adujo,
sin prueba alguna, que Hermides percibía como agricultor el equivalente a dos y
medio salarios mínimos, cifra a la que se le debía incrementar el 25% del factor
prestacional y, deducir el 25% de la porción alimentaria de la propia de la víctima,
entendiéndose que el resto lo destinaba al sostenimiento de su hogar. Sobre la base
de tales cálculos estableció la forma como, en su criterio, debía repartirse el lucro
cesante.
El criterio unificado de la Corporación 92, a partir de la eliminación de las
presunciones que gravitaban en torno al otorgamiento de perjuicios materiales,
fijó los parámetros necesarios para acceder al reconocimiento de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante y para su liquidación, así: (i) que se
pruebe que, con ocasión del daño, se originó la ruptura de una relación laboral
existente; (ii) que se pruebe la existencia de una actividad productiva lícita no
derivada de una relación laboral; (iii) debe estar pedido el perjuicio, ya que no
procede ningún reconocimiento oficioso; (iv) el reconocimiento debe estar
precedido de prueba suficiente de los ingresos dejados de percibir; (v) si se trata
de un empleado, se debe acreditar de manera idónea el valor del salario que
recibía con ocasión del vínculo laboral; (vi) si se trata de trabajadores
independientes, su ingreso debe estar suficientemente acreditado; (vii) cuando se
acredite suficientemente que la persona realizaba una actividad productiva lícita
que le proporcionaba, pero se carezca de la prueba suficiente del monto del
ingreso devengado producto del ejercicio de tal actividad lícita, la liquidación del
lucro cesante se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario
mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso
de reparación directa; (viii) el 25% del factor prestacional solamente se reconoce
92 Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44572.
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en aquellos casos en que se pruebe que la víctima trabajaba como empleado, es
decir, que tenía una relación laboral subordinada y, debe estar pedido tal
porcentaje en la demanda.
Aplicados los anteriores criterios al sub lite, se tiene que, por la prueba trasladada
de los procesos penal y disciplinario, está acreditado que Hermides Quintana
Balaguera se dedicaba a las labores del campo. Así por ejemplo, fue atestado por
el señor Uriel Buendía Villalba en declaración juramentada rendida ante el
Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar, en la que manifestó que conocía a
Hermides Quintana Balaguera, que era “un campesino dedicado a la agricultura” 93.
En ese mismo sentido y, ante la misma autoridad depuso el señor Javier Antonio
Buendía Villalba, quien indicó que Hermides “trabajaba en el campo (…) el
trabajaba jornaliando”94, asertos creíbles dado que provienen de dos personas
vecinas del lugar donde Hermides vivía con su familia y sus dichos fueron
respaldados con otros elementos de convicción existentes dentro del acervo
trasladado.
Así las cosas, es posible en el presente caso aplicar la regla de unificación
conforme a la cual se procederá al reconocimiento del lucro cesante porque se
demostró que para el momento de su muerte, Hermides Quintana Balaguera
realizaba una actividad productiva lícita, como lo eran los laboríos del campo.
Ahora, lo que no quedó sustentado con ningún medio suasorio fue el ingreso de
2.5 smmv que se solicitó en la demanda. Por tanto, la Sala tendrá como ingreso el
salario mínimo legal vigente. De igual modo, al no tratarse de una actividad laboral
subordinada, pese a que se haya solicitado en la demanda, no hay lugar al
reconocimiento del 25% correspondiente al factor prestacional y, en cambio sí se
aplicará la deducción del 25% correspondiente al porcentaje que se estima, gasta
una persona en su propia manutención.
Para el reconocimiento del lucro cesante futuro, se tendrá en cuenta que, de
acuerdo con las tablas de mortalidad de rentistas vigentes para el año 2007
(Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Financiera de Colombia), y, con
los registros civiles de nacimiento de Nelsi Angarita Contreras95 y Hermides
Quintana Balaguera96, se sabe que quien tenía la menor expectativa de vida era
Hermides, quien, para la fecha de su fallecimiento contaba con 27 años 7 meses
y 28 días de vida y, le quedaba una vida probable de 49.12 años, que, traducidos
en meses, correspondía a 589.44.
Con fundamento en tales parámetros se procederá a efectuar la liquidación, de la
siguiente manera, no sin antes traer a valor presente el salario mínimo de la época:
Ra97 = Rh índice final
Índice inicial
Ra = 433700 X 140.49 (febrero de 2024)
64.82 (diciembre de 2007)
Ra = 939.995.57
93 Folio 30, cuaderno de copias No. 1.
94 Folio 34 y 35, cuaderno de copias 1.
95 Folio 39, c. 1. Registro civil con indicativo serial No. 4178799, donde se indica que Nelsi Angarita Contreras
nació el 15 de febrero de 1981.
96 Folio 75, c. 1. Registro civil con indicativo serial No. 29200813, donde se indica que Hermides Quintana
Balaguera nació el 1 de mayo de1980.
97 Ra, es la renta actualizada, que resulta de la actualización del salario mínimo vigente para el año 2007.
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Como el anterior valor es inferior al salario mínimo actual, se liquidará con base
en este último, es decir, $1.300.000, al cual se le deducirá el 25% de la porción
alimentaria ($325.000), lo que arroja una base de liquidación de: $975.000
Lucro cesante consolidado98:
S = Ra (1+ i)n - 1
i
S = $975.000 (1+ 0.004867)194.45- 1
0.004867
S= $314.612.239.43
Donde:
S Valor del lucro cesante consolidado, es decir, el comprendido desde la
fecha de los hechos hasta la fecha de la presente sentencia.
Ra Renta mensual actualizada
N Número de meses entre la fecha de los hechos causantes del daño y la
fecha de la presente sentencia (194.45)
I Interés técnico mensual (civil del 6% ó 0.004867)
Como en este lapso ninguna de las hijas del Hermides Quintana cumple los 25
años, entonces, el lucro cesante consolidado se distribuirá, así: el 50% para la
compañera permanente y, el restante 50% se dividirá en partes iguales entre las
hijas, así:
Demandante Condición Lucro Cesante
Consolidado
Nelsi Angarita Contreras Compañera 157.306.119.72
Permanente
Wendy Daniela Quintana Hija 52.435.373.24
Angarita
Camila Andrea Quintana Hija 52.435.373.24
Angarita
Zurene Quintana Angarita Hija 52.435.373.24
Lucro cesante futuro99:
S = Ra (1+ i)n - 1
I (1+i) n
S = $975.000 (1+ 0.004867)394.99.- 1
0.004867
S= $170.893.095.74
Donde:
S Valor del lucro cesante futuro, es decir, el comprendido desde la fecha de
la sentencia hasta la vida probable del señor Hermides Quintana
Balaguera.
98 El comprendido desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente sentencia (marzo de 2024), para
un total de 194.45 meses.
99 El comprendido desde la fecha de la sentencia hasta la fecha de vida probable que, para este caso, se toma
la vida probable del señor Hermides Quintana Balaguera que, al haber nacido el 1 de mayo de 1980─ le quedaba
una vida probable de 49.12 años, que, traducidos en meses, correspondía a 589.44, menos los 194.45 que se
reconocen a título de lucro cesante consolidado, arroja un total de 394.99 meses.
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Ra Renta mensual actualizada
N Número de meses entre la fecha de la sentencia hasta la vida probable
(394.99)
I Interés técnico mensual (civil del 6% ó 0.004867)
El lucro cesante futuro se distribuirá así:
a) En los primeros 4 meses de lucro cesante futuro (Pd4), mientras Zurene
Quintana Angarita cumple los 25 años100, se asigna el valor de la renta futura a
distribuir (Vd) en ese periodo. Como sigue:
Vd = (Rf/Tfut) x Pd4
Vd = $170.893.095.74 x 4 m
394.99 m
Vd = $108.162.925
Entonces, de esta renta futura a la señora Nelsi Angarita Contreras le corresponde
la suma de $ 54.081.46 y a la hija Zurene Quintana Angarita $ 54.081.46
b) En los primeros 20 meses de lucro cesante futuro (Pd4), mientras Camila
Andrea Quintana Angarita cumple los 25 años 101, se asigna el valor de la renta
futura a distribuir (Vd) en ese periodo. Como sigue:
Vd = (Rf/Tfut) x Pd4
Vd = $170.893.095.74 x 20 m
394.99 m
Vd = $8.653.034.03
Entonces, de esta renta futura a la señora Nelsi Angarita Contreras le corresponde
la suma de $ 4.326.517.01 y a la hija Camila Andrea Quintana Angarita $
4.326.517.01.
c) En los primeros 77 meses de lucro cesante futuro (Pd4), mientras Wendy
Daniela Quintana Angarita cumple los 25 años 102, se asigna el valor de la renta
futura a distribuir (Vd) en ese periodo. Como sigue:
Vd = (Rf/Tfut) x Pd4
100 Conforme al registro civil de nacimiento, se sabe que nació el 20 de julio de 1999, lo que quiere decir que
cumple los 25 años el 20 de julio de 2024. Entonces, desde el momento de los hechos hasta cuando cumpla la
mayoría de edad, le restan 198 mes (16 años, 6 meses), pero, de esos 198 meses, solamente 4 meses se
liquidan por lucro cesante futuro, que son los que transcurren desde la fecha de la sentencia hasta el 20 de julio
de 2024 cuando cumple los 25 años.
101 Conforme al registro civil de nacimiento, se sabe que nació el 3 de noviembre de 2000, lo que quiere decir
que cumple los 25 años el 3 de noviembre de 2025. Entonces, desde el momento de los hechos hasta cuando
cumpla la mayoría de edad, le restan 214 mes (17 años, 10 meses), pero, de esos 214 meses, solamente 20
meses se liquidan por lucro cesante futuro, que son los que transcurren desde la fecha de la sentencia hasta el
3 de noviembre de 2025 cuando cumple los 25 años.
102 Conforme al registro civil de nacimiento, se sabe que nació el 7 de agosto de 2005, lo que quiere decir que
cumple los 25 años el 7 de agosto de 2030. Entonces, desde el momento de los hechos hasta cuando cumpla
la mayoría de edad, le restan 271 mes (22 años, 7 meses), pero, de esos 271 meses, solamente 77 meses se
liquidan por lucro cesante futuro, que son los que transcurren desde la fecha de la sentencia hasta el 7 de
agosto de 2030 cuando cumple los 25 años.
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54001-23-31-000-2010-00353-02 (57471)
Nelsi Angarita Contreras y Otros
Vd = $170.893.094.74 x 77 m
394.99 m
Vd = $33.314.181,05
Entonces, de esta renta futura a la señora Nelsi Angarita Contreras le corresponde
la suma de $ 16.657.090.52 y a la hija Wendy Daniela Quintana Angarita $
16.657.090.52
Teniendo en cuenta que estos $42.075.377.98 corresponden al 75% [al inicio se
le dedujo de la base el 25% de gastos propios del causante] de los ingresos que
hubiera percibido el fallecido luego de que todos sus hijos alcanzaran 25 años, de
esta base se le reconocerá a la cónyuge supérstite el 50% de los ingresos
remanentes ($128.817.717.8), esto es, la suma de $64.408.858.88, pues en esas
circunstancias de independencia económica de los hijos, el trabajador habría
aumentado las reservas para sus propias necesidades, quedando con esta
distribución, el 50% de los ingresos restantes para cada consorte 103.
Esta forma de distribuir el lucro cesante futuro en la que, la porción que queda
luego de que los hijos cumplen los veinticinco (25) años de edad, pasa a la
compañera permanente, pero, a la vez, reducida en la mitad, porque se toma en
consideración que la víctima, de haber vivido, luego de honrar sus cargas paternas
hubiera destinado para sí la fracción de ingresos que antes reservaba para sus
hijos, se fundamenta en que, como no existe un derecho adquirido para los
familiares sobre la totalidad de los ingresos de la persona fallecida como sí ocurre,
por ejemplo, en el ámbito de la sucesión o las pensiones, sino, de lo que se trata
en sede de reparación directa es de indemnizar el daño causado y nada más que
el daño, es posible hacer la correspondiente deducción.
Debe tenerse en cuenta, así mismo, que el lucro cesante futuro en favor de las
víctimas indirectas no es una prestación en sentido estricto, sino la expresión de
la solidaridad que se deben los cónyuges o compañeros permanentes entre sí,
solidaridad que, en todo caso, no podría exigirse en sacrificio o desmedro de las
necesidades propias de quien debe proveer la ayuda en el hogar. Este límite a la
solidaridad, en función de las necesidades propias, ha sido inclusive previsto en
materia de las obligaciones alimentarias del derecho civil ─artículos 419 y 420 del
Código Civil─ y si se ha establecido en ese contexto, con mayor razón puede ser
tenido en cuenta en el terreno de la reparación directa, donde el derecho que surge
a ser indemnizado solo se extiende hasta la medida del daño.
Así entonces, la distribución del lucro cesante futuro, en materia contenciosa,
difiere de la forma como se atienden las prestaciones que provienen de derechos
adquiridos por las relaciones de familia en el ámbito del derecho privado, lo que
no obsta para que, al momento de establecer las reglas de distribución del lucro
cesante, se utilice una fórmula de acrecimiento, que no puede confundirse ni
equivalerse con un derecho de acrecimiento.
Precisado lo anterior, el anterior lucro cesante futuro se distribuirá así:
Demandante Condición Lucro cesante
103 Al respecto, puede verse: Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 22 de abril de
2015, exp. 19146.
En línea con la anterior sentencia, ver, de la Subsección C, sentencia del 11 de noviembre de 2020, exp. 50349.
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Nelsi Angarita Contreras y Otros
Nelsi Angarita Contreras Compañera 85.446.547.9
Permanente
Wendy Daniela Quintana Hija 16.657.090.52
Angarita
Camila Andrea Quintana Hija 4.326.517.01
Angarita
Zurene Quintana Angarita Hija 54.081.46
TOTAL LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y FUTURO
Demandante Condición Lucro cesante
Nelsi Angarita Contreras Compañera 242.752.668
Permanente
Wendy Daniela Quintana Hija 69.092.464
Angarita
Camila Andrea Quintana Hija 56.761.890
Angarita
Zurene Quintana Angarita Hija 52.489.454.7
3.3.4.3. Medidas de reparación integral de carácter no pecuniario
En la demanda se solicita como medidas de reparación no pecuniaria: (i) el
esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y sanción de los responsables; honrar
la memoria de las víctimas y sus familiares con un acto público, en el que el Ministro
de Defensa pida perdón y se aclare que Hermides era una persona honrada y
trabajadora, acto que tenga difusión a nivel nacional por prensa, radio y televisión;
que se divulgue la sentencia en un diario de amplia circulación, en publicación del
día domingo y que se publique la sentencia a la entrada de los batallones de Norte
de Santander.
Al punto, la jurisprudencia unificada de la Corporación ha dicho que las medidas
de satisfacción y reparación deben ser “correlativas, oportunas, pertinentes y
adecuadas al daño generado104. En tal virtud, la Sala considera que, en el presente
caso, en tanto se conoce que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción
Especial para la Paz JEP, en el marco del caso No. 3. referente a “Asesinatos y
desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del
Estado ─Resolución 01 del 20 de octubre de 2022 105─ incluyó el caso de Hermides
Quintana Balaguera, y, comoquiera que dicha jurisdicción fue instituida para
satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, bajo el esquema de un “ Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” ─artículo 2 de la Ley
1957 de 2019─, allí ocupan lugar las medidas que depreca la demandante,
algunas de las cuales ya han tenido ocasión en dicha jurisdicción 106. Con todo,
104 Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
Radicación número: 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251).
105 Publicada en la página Web de la JEP y, por tanto, pasible de valoración en los términos del artículo 177 del
CGP que dispone cuando las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas estén
publicadas en la página Web de la entidad pública correspondiente, no será necesaria su presentación.
.
106 Mediante Auto No. 125 de 2021 (disponible en la página web de la JEP), dentro del contexto de la
investigación del denominado “Caso 3 – Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en
combate por agentes del Estado – Subcaso Norte de Santander”, se declaró como crimen de guerra y delito de
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54001-23-31-000-2010-00353-02 (57471)
Nelsi Angarita Contreras y Otros
considera la Sala que, la medida que estima pertinente en sede de lo contencioso
administrativo es la referente a la publicación de la presente sentencia, no
obstante, ello se hará a través de los canales institucionales del Consejo de
Estado, concretamente la página Web, por el término de un (1) mes.
IV. COSTAS
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVÓQUESE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander el 31 de agosto de 2015. En su lugar, DECLARÁSE la
responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación- Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, por la ejecución extrajudicial de Hermides Quintana Balaguera.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
a pagar por concepto de perjuicios morales, los siguientes rubros:
Demandante Condición Perjuicio moral
Salarios mínimos
legales mensuales
vigentes
Nelsi Angarita Contreras Compañera 100
Permanente
Wendy Daniela Quintana Hija 100
Angarita
Camila Andrea Quintana Hija 100
Angarita
Zurene Quintana Angarita Hija 100
Gregoria Balaguera Madre 100
Obedelí Quintana Padre 100
Rubiela Quintana Balaguera Hermana 50
Diosfani Quintana Balaguera Hermana 50
Zoila María Quintana Hermana 50
Cristancho
Elí Fernando Quintana Hermano 50
Balaguera
José Jorge Quintana Hermano 50
Cristancho
lesa humanidad la ejecución de, entre otros, Hermides Quintana, y se dispuso lo pertinente para que a las
víctimas se les garantice sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
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Nelsi Angarita Contreras y Otros
TERCERO: CONDÉNASE a la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, los
siguientes rubros:
Demandante Condición Lucro cesante
Nelsi Angarita Contreras Compañera 242.752.668
Permanente
Wendy Daniela Quintana Hija 69.092.464
Angarita
Camila Andrea Quintana Hija 56.761.890
Angarita
Zurene Quintana Angarita Hija 52.489.455
CUARTO: Como medida de satisfacción no pecuniaria, ORDÉNASE la publicación
de la presente sentencia en la página Web del Consejo de Estado por el término de
Un (1) mes, a partir de la ejecutoria.
QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPÍDANSE COPIAS con
destino a las partes, para que sean entregadas al apoderado judicial que ha venido
actuando.
TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
VF
BRC.
27
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