Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00139-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Causal quinta del recurso extraordinario de revisión: principio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00139-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2024-00139-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001032600020240013900 (71945)
Demandante: Marcos Fortunato Mora Paz y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Proceso: Recurso Extraordinario de Revisión
CAUSAL QUINTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Principio de
congruencia / No se afectó en el caso concreto por cuanto el ad quem ajustó su decisión al
precedente jurisprudencial aplicable / Falta de motivación de la sentencia – no se configuró.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver en única instancia el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por Marcos Fortunato Mora Paz y otros, contra la sentencia del
28 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala
Segunda de Decisión, que dispuso:
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 4 de mayo de 2018,
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto, la cual quedará así:
“PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, FALTA DE OBJETO PARA
DEMANDAR E INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR AUSENCIA DE
HECHO O ACTUACIÓN DAÑOSA propuestas por la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la de FALTA DE
LEGITIMACIÓN POR PASIVA, propuesta por la Nación – Fiscalía General de
la Nación.
SEGUNDO.- DECLARAR extracontractualmente responsable a la NACIÓN -
RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por la privación injusta de la que fue
objeto el señor MARCOS FORTUNATO VENANCIO MORA PAZ de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.
TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la
NACIÓN - RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar en partes iguales,
las siguientes sumas y conceptos:
Radicación: 11001032600020240013900 (71945)
Demandante: Marcos Fortunato Mora Paz y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión
Perjuicios morales
Demandante Calidad Monto a
acreditada reconocer
Marcos Fortunato Venancio Mora Víctima directa 17,98 smlmv
Paz
Nubia Zoraida Eraso Enríquez Compañera 8,99 smlmv
Justo Nemesio Mora Narváez Padre 8,99 smlmv
Ángela María Mora Eraso Hija 8,99 smlmv
Perjuicio material – lucro cesante: En favor del señor Marcos Fortunato
Venancio Mora Paz, la suma de $4.202.490,60.
CUARTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO.- Sin lugar a condenar en costas.
SEXTO.- Disponer que este fallo se cumpla dentro de los términos y formas
establecidos en el artículo 192 de C.P.A.C.A.
SÉPTIMO.- En firme esta sentencia, por secretaría COMUNÍQUESE al
obligado, haciéndole entrega de copia íntegra de la misma, para su ejecución
y cumplimiento. Igualmente expídanse copias auténticas de este fallo con las
constancias respectivas a la parte demandante para que adelante las gestiones
que considere pertinentes. Cumplido lo anterior, archívese el expediente,
dejando las constancias respectivas.
SEGUNDO: Abstenerse de imponer condena en costas en esta instancia a la Fiscalía
General de la Nación.
TERCERO: Condenar en costas a la Rama Judicial en un 100%. La liquidación se
efectuará por el juzgado de la primera instancia, según lo establecido en los arts. 365
y 366 del C.G.P.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno a la configuración de la causal quinta del
recurso extraordinario de revisión, prevista en el artículo 250 del CPACA, respecto
de la sentencia emitida en segunda instancia el 28 de julio de 2023, por el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión, en el marco del proceso de
reparación directa 2015-00245.
Como sustento de su invocación, se afirmó que en la sentencia de primera instancia
se declaró la responsabilidad de las accionadas por la privación injusta de la libertad
de que fue objeto Marcos Fortunato Mora Paz y las condenó al pago de perjuicios
materiales para el afectado directo y morales en cuantía a equivalente a 100
SMLMV, en favor de la víctima directa, 70 SMLMV en favor de su compañera
permanente, su hija y su padre y 50 SMLMV en favor de cada uno de los hermanos,
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Demandante: Marcos Fortunato Mora Paz y otros
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sentencia que, luego de ser apelada por las demandadas, fue modificada por el fallo
de segunda instancia dictado por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala
Segunda de Decisión.
Se alegó que, no obstante, los recursos de apelación formulados en contra de
aquella por las demandadas no recurrieron de manera puntual el monto de los
perjuicios morales reconocidos a la parte demandante, el ad quem de manera
oficiosa rebajó los valores dispuestos para la víctima, su compañera permanente,
su hija y su padre y los denegó en favor de los hermanos de aquella.
Para el recurrente, la decisión del tribunal incurrió en la causal de nulidad originada
en sentencia, por la vulneración del debido proceso configurada tras la
inobservancia del principio de congruencia, habida consideración de que excedió el
límite de la competencia funcional delimitado por los argumentos de la impugnación.
Aunó que la sentencia fue adoleció de falta de motivación por no haberse dictado
conforme a la regla jurisprudencial vigente al tiempo de presentación de la
demanda.
II. ANTECEDENTES
1.- Del proceso de reparación directa 2015-00245, en desarrollo del cual se
dictó la sentencia objeto de revisión
1.1.- El 18 de septiembre de 2015, los señores Marcos Fortunato Mora Paz, en
calidad de víctima, quien actuó en su propio nombre y en representación de su hija
menor Ángela María Mora Eraso; Nubia Zoraida Eraso Enríquez, compañera
permanente de la víctima, Justo Nemesio Mora Narváez, padre y Rosa Berthalina,
Jesús del Carmen, Franca Lidia, Raúl Candido, Flor Cecilia e Ingrid Carina Mora
Paz, hermanos del afectado, presentaron demanda, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables
por los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad de que fue objeto
el primero de los mencionados, en el período comprendido entre el 27 de febrero de
2013 y 14 de junio siguiente.
Se indicó que Marcos Fortunato Mora Paz, estuvo privado injustamente de la
libertad por la supuesta comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia
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de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, proceso que culminó con la
decisión dictada el 22 de julio de 2013 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Pasto, providencia en la que decretó la preclusión de la investigación en tanto no
logró desvirtuarse la presunción de inocencia, toda vez que para el Juez de
conocimiento no existían elementos materiales probatorios que le permitieran
establecer sin duda alguna que el arma de fuego incautada el día de los hechos
fuera portada por el señor Mora Paz.
1.2.- Surtido el procedimiento legal correspondiente, el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto dictó sentencia el 4 de mayo de
2018, mediante la cual declaró la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial
Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de Marcos
Fortunato Mora Paz, bajo la comprensión de que, cuando el proceso penal
terminaba por aplicación del principio de in dubio pro reo, como en el presente caso,
aunque para la detención se hubieren cumplido las exigencias legales, se entendía
que comportaba una carga desproporcionada e inequitativa que una persona no
estaba en el deber de soportar.
Como consecuencia, las condenó a pagar al afectado directo perjuicios materiales
en la modalidad de daño emergente, consistente en los honorarios de abogado que
ejerció la defensa técnica en el proceso penal y en el lucro cesante.
Así mismo, ordenó reconocer perjuicios morales en cuantía equivalente a 100
SMLMV, en favor de la víctima directa, 70 SMLMV en favor de su compañera
permanente, su hija y su padre y 50 SMLMV para cada uno de los hermanos.
1.3.- En contra de la anterior decisión, las demandadas, Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial, interpusieron recurso de apelación.
La primera de ellas argumentó que la actuación desplegada por el ente instructor se
adelantó con apego a las obligaciones y funciones constitucional y legalmente
establecidas para la época de los hechos, cumpliendo a cabalidad los requisitos
exigidos para la solicitud y posterior imposición de la medida de aseguramiento.
Sumó que esta determinación, se basó en los elementos materiales probatorios
recolectados hasta aquella etapa procesal, sin que se advirtiera la existencia de
errores o arbitrariedades durante la actuación penal, pues se concedió la
oportunidad para el ejercicio de los recursos, que no fueron usados por la defensa.
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Añadió que discrepaba de la condena por concepto de daño emergente por no
reposar los recibos de pago exigidos por la postura unificada del Consejo de Estado.
La Rama Judicial por su parte censuró el fallo por estimar que contravenía lo
decidido por la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996, en la que se
estableció que la privación de la libertad solo devenía injusta cuando hubiere sido
consecuencia de una decisión o actuación arbitraria, injustificada e irrazonable
violatoria de los procedimientos establecidos por el legislador, siendo en aquellos
casos en los que se verificaba la antijuridicidad del daño.
Expuso que, en el caso concreto, se constató que la actuación de los jueces se
ajustó a los lineamientos legales y constitucionales relativos al tipo de conducta
punible bajo investigación, ordenando la medida de aseguramiento de detención
preventiva con base en los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, a partir
de los cuales podía inferirse razonablemente para ese momento, que el imputado
podía ser autor del delito imputado. Así, al ser legítima y legal la actuación de la
accionada, no le era dado predicar la causación de un daño antijurídico.
De acuerdo con lo relatado, solicitó revocar la sentencia impugnada, o bien, de
mantenerse la condena, indicó que su imposición en partes iguales entre esta
entidad y la Fiscalía, resultaba desproporcionada, al ser esta última la encargada
del acopio de los elementos materiales probatorios que debían aportarse ante la
judicatura, y por tal razón, debería asumir la condena en una mayor proporción.
2.- Sentencia objeto de revisión
2.1.- El recurso de apelación fue resuelto a través de sentencia de 28 de julio de
2023, en la que el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión
revocó parcialmente la condena impuesta, para, en lugar negar el daño emergente
ordenado, modificar la base de liquidación del lucro cesante, rebajar el monto de los
perjuicios morales reconocidos a la víctima, su hija, compañera permanente y padre
y negarlos en relación con los hermanos.
El sustrato argumentativo del fallo, en cuanto al fondo del asunto, estribó en que,
ante las circunstancias particulares del caso sometido a examen, resultaba plausible
su resolución con base en los elementos propios de un régimen objetivo de
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responsabilidad, desde el cual, sin perjuicio de ampararse en los cánones
normativos que regían la materia al momento de imponer la medida de
aseguramiento, no podía pasarse por alto que la hipótesis fáctica con cuya base se
limitó la libertad del demandante, no pudo ser demostrada y en cambio se recabó
material probatorio que puso en duda su participación en la comisión del ilícito,
situación que permitía corroborar el carácter antijurídico de la privación a la que fue
sometido el señor Marcos Fortunato Venancio Mora Paz, quien no se encontraba
en el deber de soportar tal restricción.
Fundado en esos elementos, el Tribunal confirmó la declaratoria de responsabilidad
de ambas demandadas y modificó lo concerniente a la liquidación de los perjuicios
ordenados.
En ese sentido, frente al daño emergente consideró que existía duda de si el pago
de los honorarios en favor del profesional del derecho que atendió la defensa en el
proceso penal fue realizado por el afectado directo, situación que impedía acceder
a su reembolso.
En cuanto al lucro cesante, estimó que, en relación con los ingresos obtenidos por
el señor Mora Paz, al no encontrarse prueba sobre su valor concreto, se daría
aplicación a la presunción de devengar, al menos, un salario mínimo vigente, en
concordancia con lo concluido en primera instancia. Sin embargo, previno que los
valores adicionados por el a quo en relación con el factor prestacional y el tiempo
adicional de 8,75 meses para la consecución de trabajo no se tendrían en cuenta,
en la medida en que no se solicitó así en la demanda, al tiempo que, tampoco se
demostraron.
Finalmente, en lo concerniente a los perjuicios morales estimó que debía darse
aplicación al precedente de unificación jurisprudencial recogido en la sentencia del
29 de noviembre de 2021, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del expediente 46681.
En ese sentido, señaló que el tiempo en que estuvo privado de la libertad el señor
Mora Paz correspondió a 3 meses y 18 días, cuestión que, acudiendo a la tabla de
equivalencias de la jurisprudencia en cuestión, conducía a reconocer 17,98 SMLV
para la víctima y 8,99 smlv para la compañera permanente, el padre y la hija.
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De acuerdo con esa misma línea, precisó que no procedía el pago de perjuicios
morales en favor de los hermanos.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión
El 27 de septiembre de 2024, la parte demandante presentó recurso extraordinario
contra la sentencia del 28 de julio de 2023, emanada del Tribunal Administrativo de
Nariño – Sala Segunda de Decisión, con fundamento en la causal 5 del artículo 250
del C.P.A.C.A, consistente en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
En apoyo de su impugnación, adujo que el fallo de segunda instancia había faltado
al principio de congruencia, toda vez que el ad quem excedió el límite de la apelación
presentada en su contra por las demandadas. En ese sentido, explicó que en
ninguno de los escritos del recurso se elevó reparo en contra de los perjuicios
morales reconocidos por el a quo, pese a lo cual el tribunal abordó oficiosamente su
estudio y al cabo procedió a rebajar su monto en unos casos y a negarlos en otros.
A su juicio, el Tribunal no ciñó su pronunciamiento a los puntos que integraron el
objeto de reproche a través del recurso de apelación y, por el contrario, lo excedió
al abarcar un aspecto que no había sido sometido a su consideración.
Reprochó la aplicación retroactiva de la sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 2021, en la que la segunda instancia cimentó la reducción de los
perjuicios morales y su exclusión en el caso de los hermanos de la víctima, en razón
a que, conforme a la misma jurisprudencia del Consejo de Estado la garantía de los
derechos individuales en el marco de las actuaciones administrativas y
jurisdiccionales llevaban a afirmar, por regla general, que todo cambio de
jurisprudencia que alterara de manera sustantiva el contenido y alcance de las
competencias estatales, de los derechos de las personas o los mecanismos de
protección de los mismos, necesariamente debía ser adoptado e interpretado con
efecto prospectivo o a futuro.
Con base en esta premisa, indicó que la sentencia adolecía de falta de motivación
al desconocer la postura vigente al momento de expedir el fallo de primera instancia.
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Adicionalmente, refirió que, por estos mismos hechos había instaurado una acción
de tutela que fue resuelta en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo
de Estado, en sentencia del 2 de mayo de 2024, en la cual se consideró que el
mecanismo legal procedente para debatir el asunto era el recurso extraordinario de
revisión, por recaer en una nulidad originada en la sentencia de segunda instancia.
4.- Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión
4.1. Mediante auto del 9 de diciembre de 2024, se admitió el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por Marcos Fortunato Mora Paz y otros contra la sentencia
del 28 de julio de 2023, procedente del Tribunal Administrativo de Nariño – Sala
Segunda de Decisión y se dispuso correr traslado a la contraparte y al Ministerio
Público para que se pronunciaran, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
253 del CPACA.
4.2.- La Nación – Rama Judicial presentó escrito, en el que esgrimió que el recurso
de revisión impetrado era infundado, en razón a que correspondía a los hoy
recurrentes haber aportado en debida oportunidad los documentos demostrativos
de los perjuicios a reclamar, no siendo dable que por parte de las instancias se
infirieran tales probanzas y menos se accediera a declarar la nulidad. En este orden
de ideas, estimó impróspera la causal invocada.
Por su parte, el Ministerio Público allegó concepto, en el sentido de advertir que el
recurso extraordinario de revisión no estaba llamado a prosperar. Sobre el
particular, manifestó que la sentencia no transgredió el principio de congruencia
externa o interna, atendiendo a que el Tribunal se pronunció sobre las pretensiones
de la demanda, los medios de defensa, los cargos de la apelación, a partir de los
cuales, luego de verificar la liquidación de los perjuicios y, en consideración a los
lineamientos jurisprudenciales actualmente vigentes, decidió revocar parcialmente
la condena para ajustarla a las directrices de la sentencia de unificación alusiva a
los topes del quantum, reglas que estaban llamadas a irradiar la controversia con
efectos retrospectivos.
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4.3.- En decisión del 5 de agosto de 2025, se abrió el período probatorio, ordenando
incorporar al proceso las pruebas aportadas y decretando las solicitadas por los
extremos procesales.
II. CONSIDERACIONES
Régimen procesal
En atención a que se trata de un recurso extraordinario de revisión interpuesto el 27
de septiembre de 2024, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones
contenidas en los artículos 249 y 250 de la Ley 1437 de 2011, junto con las
modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Igualmente, concierne
observar la regulación del Código General del Proceso, en virtud de la integración
normativa consagrada por el artículo 306 del primero de los aludidos compendios.
I.- Presupuestos procesales
1.- Jurisdicción y competencia
Con arreglo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de
20111, esta Subsección es competente para conocer y resolver el recurso
extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia del 28 de julio de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión
En consonancia con lo prescrito en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019, a través del cual se adoptó el Reglamento Interno del Consejo de Estado,
le asiste competencia a esta Subsección para decidir la referida impugnación.
2.- Procedencia del recurso extraordinario
A la luz de los dictados del artículo 248 del CPACA, con apego a los cuales “El
recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
1 Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso
administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales
administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la materia.
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Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
jueces administrativos” se verifica la viabilidad de conocer del presente asunto, en
tanto la providencia objeto de impugnación corresponde a la sentencia expedida en
segunda instancia el 28 de julio de 2023, por el Tribunal Administrativo de Nariño –
Sala Segunda de Decisión, que revocó parcialmente la sentencia dictada el 23 de
marzo de 2018 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Pasto, en lo relativo al reconocimiento de perjuicios.
Sobre la finalidad de este mecanismo extraordinario, la doctrina especializada ha
considerado que:
“El recurso extraordinario de revisión cumple una trascendente misión y es la
de evitar que se mantenga el imperio de una sentencia que no obstante estar
ejecutoriada, es decir, haber hecho tránsito a cosa juzgada formal y por ende
susceptible de ser cumplida, dado que se llegó a ella existiendo medios
irregulares o ilícitos, es posible cercenar sus efectos, obviamente si se interpone
dentro del plazo que el legislador estimó prudencial para hacerlo, para, de ser
el caso, proferir otra que la sustituya, enmendara los errores cometidos y
restablecer el derecho, no obstante hacer tránsito a cosa juzgada formal que ya
operó”2.
Cabe indicar que, el propósito del recurso de revisión no estriba en censurar desde
una perspectiva sustancial, la sentencia promulgada en el marco de un proceso
ordinario, al extremo de derivar en una decisión de tercera instancia. A contrario
sensu, su raigambre extraordinaria comporta que su procedencia se sujete a la
configuración de las causales taxativas enlistadas en el orden jurídico, cuya
ocurrencia, por demás, debe ser ajena a la órbita de acción u omisión de la parte
que la alega. Tal ha sido la comprensión dispensada por la jurisprudencia, al
sostener3:
Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno
de los requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que
constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean
imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no
consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes
subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir
durante el trámite del proceso.
2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Tirant Lo Blanch
Tercera Edición. Bogotá 2024. Pag.816.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54.722.
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3.- Oportunidad de la interposición del recurso
Al tenor del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el plazo para acudir a esta
jurisdicción en ejercicio del recurso extraordinario de revisión es de un año contado
a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada4.
Según consta en el aplicativo SAMAI, la sentencia impugnada se notificó por correo
electrónico a las partes el 29 de septiembre de 2023, por lo que, con arreglo al
artículo 302 del CGP, en consonancia con lo previsto en el artículo 203 y el numeral
2) del artículo 205 del CPACA, quedó ejecutoriada el 6 de octubre siguiente. Por
consiguiente, el término para formular el recurso extraordinario de revisión se
extendió hasta el 6 de octubre de 2024, de suerte que, al haberse interpuesto el 27
de septiembre de 20245, se concluye que su radicación fue oportuna.
4.- Causal de revisión establecida en el numeral 5) del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011
La causal quinta del artículo 250 del C.P.A.C.A. consiste en “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.”
De acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado6, la configuración de
esta causal exige dos elementos: (i) que la nulidad haya sido originada en la
sentencia recurrida y sea de tal magnitud que, de no haber existido, se hubiera
adoptado una decisión distinta; y (ii) que contra esa decisión no proceda recurso de
apelación, es decir, que se trate de fallos de única o de segunda instancia.
La aludida causal no permite alegar nulidades procesales que pudieron configurarse
durante el trámite del asunto, dado el deber de las partes de ponerlas en
4 Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el
recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de
los motivos que dan lugar al recurso (…) (se destaca).
5 SAMAI, índice 2. Documento: DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL.
6 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial
de Decisión N° 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Radicado 11001-03-15-000-2017-02519-00;
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 26.
Sentencia del 14 de agosto de 2018, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N°22. Sentencia del 3 de
diciembre de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00.
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Radicación: 11001032600020240013900 (71945)
Demandante: Marcos Fortunato Mora Paz y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
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Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión
conocimiento oportunamente y del juez de advertirlas y sanear el proceso en cada
etapa procesal.
Así, el recurso extraordinario de revisión solo permite atacar sentencias contra las
cuales no procede recurso alguno y que, por tanto, no pueden ser objeto de control
de legalidad en una segunda instancia, adquiriendo fuerza de cosa juzgada. No
obstante, esta Corporación ha reconocido que es posible alegar nulidades ocurridas
antes del fallo únicamente cuando el demandante demuestre que le fue imposible
reclamarlas durante el trámite ordinario7.
Ahora bien, la Ley 1437 de 2011 no establece causales específicas de nulidad
procesal. Por ello, en aplicación del artículo 208 del C.P.A.C.A., debe acudirse a las
causales consagradas en el Código de Procedimiento Civil —hoy Código General
del Proceso—. En ese sentido, el artículo 133 del C.G.P. enumera las causales de
nulidad procesal, y esta Corporación ha delimitado cuáles de ellas pueden
originarse en la sentencia, de la siguiente manera:
“(…) se deducen como nulidades originadas en la sentencia, de acuerdo con el
artículo 133 del Código General del Proceso las siguientes: la del numeral
primero: por falta de jurisdicción y competencia; la del numeral segundo:
cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un
proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva
instancia; la del numeral tercero: cuando se adelanta después de ocurrida
cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en
estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida; y, la del numeral
séptimo: cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó
los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación”. 8
Sumado a ello, el Consejo de Estado9 ha determinado que también son causales
de nulidad originadas en la sentencia: “la carencia absoluta de motivación de la
sentencia10, la violación al principio de la non reformatio in pejus 11, la prueba
obtenida con violación del debido proceso12, la expedición de una sentencia
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de
2013, Radicado 2009-00687-00.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 21 Especial de Decisión,
Sentencia de 3 de abril de 2018, Radicado 2014-00251-00(REV).
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de
Decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV).
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión,
Sentencia de 5 de junio de 2018, Radicado 2011-01409-00(REV).
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión,
Sentencia de 6 de febrero de 2018, Radicado 2016-01127-00.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 12 Especial de Decisión, Sentencia de 6 de marzo de 2018, Radicado 2012-
01027-00
12
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condenatoria contra un tercero que no estuvo vinculado en el proceso, la falta de
congruencia13, la falta de votos necesarios para la aprobación de una sentencia14 y
la expedición de un fallo inhibitorio injustificado15”.
En efecto, surge con nitidez que la causal quinta de revisión puede enmarcarse en
supuestos en que la sentencia desconozca el principio de congruencia en los
eventos en que por ejemplo se resuelven cuestiones que no corresponden a la
causa petendi16.
Lo anterior, sin perjuicio de que la parte recurrente pueda alegar, justificar y probar
cualquier otra causal de nulidad que se configure en la sentencia impugnada, con
fundamento en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política por
vulneración al debido proceso. Con todo, cabe indicar a la sazón que, si bien la
jurisprudencia ha admitido tal posibilidad, ella solo resulta procedente siempre que
“la violación al debido proceso que se alegue [esté] relacionada con un aspecto
procesal, pero de tal trascendencia que tenga impacto en la aplicación de la citada
garantía constitucional”17, situación que excluye supuestos referentes a la
motivación y valoración probatoria de la sentencia revisada.
Por tratarse del punto medular que convoca esta decisión hay que puntualizar que
el principio de congruencia es considerado por la doctrina como aquel “que delimita
el contenido de las resoluciones judiciales que deben preferirse, de acuerdo con el
sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, en lo civil, laboral y
contencioso administrativo, o de los cargos o imputaciones penales formulados
contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o
del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,
Sentencia de 2 de febrero de 2016, Radicado 2015-02342-00(REV)
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de
2013, Radicado 2009-00687-00.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 3 Especial de Decisión, Sentencia
de 4 de diciembre de 2018, Radicado 2018-00888-00(REV) y Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de marzo de 2019, Radicado 1998-00153-01.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarto, 29 de mayo de 2014,
exp. 18915.. Ver también Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 25 Especial
de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018, exp. 204-00915.
17 Consejo de Estado, Sala Especial 16, sentencia de 5 de mayo de 2020, rad. 2017-02519, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
13
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o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades
especiales para separarse de ellas”18.
Supone lo anotado que el operador judicial está desprovisto de facultades para
alterar tanto la causa petendi como el petitum formulado en la demanda, aserto que
encuentra su justificación en que su modificación oficiosa entrañaría una abierta
vulneración al debido proceso en detrimento de los derechos de la contraparte, al
resultar sorprendida con argumentos o disquisiciones alrededor de los cuales no
tuvo la oportunidad de contradecir o desvirtuar19.
Esta premisa se extiende no solo al contenido de la demanda, como también a las
pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso y a los argumentos
esbozados en el recurso de apelación. Frente a esto último cabe acotar que: “…el
ad quem, al momento de resolver el recurso de apelación, debe circunscribirse a lo
estrictamente cuestionado en la alzada, sin que le esté permitido, por regla general,
resolver aspectos no ventilados en la impugnación”20.
Ha de agregarse que este principio cuenta con dos dimensiones21. Será interna de
cara a la coherencia que debe estar presente entre la parte resolutiva de la
sentencia y las consideraciones en que aquella se basa. La externa, en cambio, se
asocia a la consonancia que debe estar presente entre lo pedido, lo excepcionado
y lo decidido en el fallo.
Sin perjuicio de lo antedicho, la amplitud de este postulado ha sido modulada por la
jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, instancia que en fallo del
9 de febrero de 2012 precisó la necesidad de que el principio de congruencia
cediera, entre otros aspectos, ante una evidencia que riña con la configuración de
los presupuestos procesales de la demanda, caso en el cual, de no encontrarse
18 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso, Cuarta Reimpresión. Editorial Temis,
Bogotá 2019. Pág. 427.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente No. 34.357, M.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada
por la misma Subsección, entre otras, en sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente No.
54.407, M.P. María Adriana Marín, en fallo del 13 de agosto de 2020, expediente No. 59.791 y en
sentencia del 20 de noviembre de 2020, expediente No. 64.865.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de febrero de 2025, exp.
66572, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 27, sentencia del 1 de junio de 2022, exp. 2021-
05767, C.P, Rocío Araújo Oñate.
14
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acreditados en el plenario, ameritara un pronunciamiento oficioso, al margen de que
no hubieran sido alegados en la apelación:
“Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos
temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del
conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no
es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las
excepciones que se derivan, por ejemplo, (…) iii) de las normas legales de
carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente
ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa
debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos
por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la
decisión censurada.
En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha
determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la
acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la
falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud
sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones
de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de
si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de
primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está,
aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”22.
En providencia posterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado retomó de
nuevo el tratamiento sobre los límites al principio de congruencia en función de la
competencia funcional, ocasión en la que se refirió a la posibilidad de ampliar la
facultad oficiosa del juez a la revisión de aspectos que, aun cuando no habiendo
sido expresamente censurados mediante el recurso de apelación, sí guardaban una
relación directa con el asunto global sustento de la censura:
En relación con el alcance de esta disposición, la Sala ha acogido dos posturas
que, en principio, parecen opuestas o contradictorias entre sí, pero que
realmente no lo son porque ambas se sustentan en el principio de congruencia
(…) Conforme a la primera postura, la competencia del ad quem está limitada a
los aspectos que expresamente señale el recurrente (…) La segunda postura
plantea que la competencia del juez de segunda instancia comprende los temas
implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone expresamente en su
escrito de apelación, de manera que nada obsta para que el juez de segunda
instancia corrija o modifique aquellos que, por su naturaleza, se encuentran
comprendidos o son consustanciales a los asuntos mencionados23.
Una vez puesta de presente la existencia de esas dos vertientes, la Sala Plena de
la Sección Tercera, en sentencia de unificación, se decantó por la segunda
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
Sentencia de 9 de febrero de 2012. Exp: 21.060. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, exp.
46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
15
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corriente, esto es, aquella que permitía el análisis oficioso de aspectos que se
encontraban estrechamente vinculados o casi inmersos de manera consustancial
en los asuntos objeto de reproche, como lo serían los perjuicios reconocidos como
consecuencia de una declaratoria de responsabilidad del Estado que hubiere sido
controvertida en sede de impugnación interpuesta por la parte a la que le resulta
desfavorable la decisión.
Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del
ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera
que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para
revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de
manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde
luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir
una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa
y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada.
20. En el caso concreto, la entidad demandada apeló la sentencia de primera
instancia con el objeto de que se revisara la decisión de declararla
administrativamente responsable por la muerte de Milena Andrea Santamaría López
y por la afectación del estado de salud de Leidy Yuliana Vásquez Cano, y de
condenarla a pagar indemnizaciones en cuantías que, en su criterio, no se
compadecen con la intensidad de los perjuicios morales padecidos por algunos de
los demandantes.
21. En consecuencia, la Sala, atendiendo al criterio expuesto y a la prohibición de la
reformatio in pejus, revisará todos aquellos aspectos que son desfavorables a la
entidad demandada y que son consecuencia directa de la declaratoria de su
responsabilidad, lo cual incluye –en el evento de ser procedente– no solo la condena
por perjuicios morales, sino también por perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante.
(…).
Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios de conformidad con las
pretensiones de la demanda, las pruebas que obran dentro del proceso y las razones
de la apelación, antes reiterar que, atendiendo al objeto del recurso, que no es otro
que se revoque integralmente el fallo apelado y, consecuencialmente, cualquier
decisión que sea contraria a los intereses de la entidad demandada, el juez de
segunda instancia está facultado para modificar o corregir lo relativo a las condenas
por perjuicios morales y materiales que fueron impuestas por el a-quo. 24.
En atención a esa línea jurisprudencial, actualmente vigente, cabe concluir que en
tanto la condena que se profiere como consecuencia de una declaratoria de
responsabilidad del Estado que, en este último caso, ha sido puntualmente recurrida
con argumentos concretos dirigidos a enervarla, constituye un asunto que está
directamente conectado con las bases jurídicas que fungen como soporte de los
24 Ibidem.
16
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reconocimientos económicos ordenados, la facultad del operador judicial no se
limitará a indagar acerca de la configuración de los elementos que estructuran dicha
declaratoria, siendo posible abrir la litis a los aspectos dinerarios que de la misma
se derivan.
Pasando a otra temática de especial interés, en lo atinente a la deficiencia de la
motivación de la sentencia como supuesto infractor del debido proceso, la Corte
Constitucional ha sostenido que en la jurisdicción ordinaria no existe una postura
pacífica asociada a la virtualidad de ese fenómeno para encuadrarse como una
causal de revisión del fallo.
Así lo explicó la Corte Constitucional25 al especificar que la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia ha perfilado dos tesis sobre el particular.
Una negativa, en la que la deficiente motivación no es una causal de nulidad de las
sentencias ejecutoriadas, por cuanto ‘en el ordenamiento procesal civil colombiano
no está consagrada por el legislador la falta de motivación o la deficiencia de la
[sentencia] como causal de nulidad procesal’”26.
Y otra positiva, acorde con cuyos postulados la deficiente motivación sí se erige
como una causal de nulidad de las sentencias ejecutoriadas, “porque el artículo 55
de la Ley 270 de 1996 dispone que una de las condiciones de validez de las
sentencias es su debida motivación. Además, el deber de motivar las decisiones
judiciales es una “exigencia racional, vinculada estrechamente con la tutela judicial
efectiva” e “inherente al debido proceso” al exigir que “las razones del juez sean
públicas y visibles, premisa a partir de la cual ellas pueden ser sometidas al
escrutinio de las partes y de los órganos de control estatuidos en la Constitución”27.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-060 del 27 de febrero de 2024, M.P Paola Andrea Meneses
Mosquera.
26 Original de la cita. Entre las decisiones que adoptan esta postura, es posible identificar las
sentencias no°. 2008-00825-00 de 1° de junio de 2010, n°. 2009-00125-00 de 8 de abril de 2011,
SC12377-2014, SC12559-2014, SC12377-2014, SC5408-2018 y SC4065-2020. En esta última, la
Sala intentó finiquitar la discusión aduciendo que (i) la inclusión de la causal de nulidad fue parte de
la ratio descidendi de la sentencia de 29 de agosto de 2008 y (ii) los pronunciamientos de la Corte
constituían una “doctrina probable” sobre la posibilidad de invocar esta causal.
27 Original de la cita. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC3892-2020.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias de 29 de agosto de 2008, rad. 11001-
0203-000-2004-00729-01 y SC5408-2018. Sentencia de veintinueve de agosto de dos mil ocho Ref.:
Exp. No. 11001-0203-000-2004-00729-01.
17
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Ante este panorama ambivalente, la Corte Constitucional se ha inclinado por
privilegiar la segunda postura, perspectiva que halla su fundamento en que
“Primero, salvaguarda los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, habida cuenta de que habilita que las personas cuyos
derechos se han visto afectados por una sentencia ejecutoriada que carece o tiene
graves deficiencias de motivación, puedan acudir al recurso de revisión para
revocarla. Segundo, materializa el principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre las formalidades (art. 228 de la CP), sin desconocer el principio de cosa
juzgada”28.
A su turno, en relación con esta causal de revisión por nulidad originada en
sentencia, el Consejo de Estado ha estimado que su vocación para configurarse se
subordina a que: “la sentencia carece totalmente de motivación”29.
Sobre el alcance de este evento de nulidad “la Sala Plena del Consejo de Estado30
ha señalado como una irregularidad sustancial del procedimiento que puede
considerarse como nulidad originada en la sentencia, la carencia de motivación de
la misma, la cual, genera una vía de hecho, en tanto que el ejercicio de la función
judicial, demanda, por antonomasia, la formulación de razones jurídicas con los
cuales se expongan los fundamentos que motivaron la toma de una decisión en
determinado sentido”31.
Mas adelante, esta Alta Corte puntualizó:
“L]a nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación se presenta ante
la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando se basa en
circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas.
No aplica, así, para controvertir las razones del fallo ni la apreciación que de los
hechos y de las pruebas hizo el fallador”32
28 Corte Constitucional, sentencia SU-060 del 27 de febrero de 2024, M.P Paola Andrea Meneses
Mosquera.
29 Consejo de Estado, Sala Especial 16, sentencia de 5 de mayo de 2020, rad. 2017-02519, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
30 Original de la cita. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
3 de febrero de 2015. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, número único de radicación 2009 –
00494.
31 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 15 de junio de 2018, exp. 2011-
01409, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021, exp.
4598-17, C.P. William Hernández Gómez.
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En relación con esa causal, recientemente esta Subsección precisó:
Se trata entonces de la situación en la que el juzgador, en desconocimiento a lo
reglado en el artículo 187 del CPACA, omite sustentar su decisión. Bajo esa premisa,
se ha explicado que: “ (…) esta causal no puede alegarse con fundamento en
situaciones que tengan relación con la deficiencia en la motivación, con la
estimación errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o normas
jurídicas aplicadas o con la falta de consideración de algunas pruebas; en la medida
en que, si se admiten esta clase de reclamaciones, se desconoce el carácter
extraordinario del recurso, en tanto que con ello se le convierte en otra instancia .
La doctrina, por su parte sostiene que la motivación no conlleva una argumentación
pormenorizada de todas y cada una de las alegaciones de las partes ni implica
cohibir la fundamentación concisa que adelante el operador jurídico en el caso
particular, porque de lo que se trata es de dar solución a todos los extremos de la
litis en la búsqueda de la tutela judicial efectiva.
“(…).
Como atrás se indicó, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que la
procedencia de la falta de motivación como supuesto de configuración de la causal
de nulidad originada en la sentencia, supone la “carencia total de pronunciamiento
del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una
decisión (…). De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal,
alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación”; en otros
términos, no es posible que, alegando este defecto, se planteen controversias sobre
las razones en las que se fundó la providencia o la pertinencia de las mismas, pues
“[u]n entendimiento distinto equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se
discutirían nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada.
(…).
Para la Sala, la lectura de la sentencia objeto de revisión evidencia que no puede
predicarse una carencia absoluta de motivación ─como lo exige la procedencia de
la causal─, ya que el Tribunal explicó las razones por las que procedía tanto la
disminución de la condena como el porcentaje en el que efectuaría el referido
descuento33.
De esta manera, es claro que la postura de esta Subsección, en cuanto al alcance
de la causal en comento que en esta ocasión ha de reiterarse, se circunscribe a la
carencia total de motivación de la sentencia, sin que por vía del recurso
extraordinario de revisión sea posible extender alegaciones dirigidas a cuestionar la
deficiencia de la base argumentativa del fallo impugnado.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de mayo de 2025, REV
70728, C.P. Nicolás Yepes Corrales, con referencia a las sentencias proferidas por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre de 2024, radicación 11001-
03-26-000-2023-00144-00 (70335) Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 14, sentencia
de 5 de abril de 2016, Radicación: 11001-03-15-000-2008-00320-00. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia de 27 de febrero de 2019, radicación 54001-33-31-006-2011-
00207-01 (59706). Cita en original: “Sentencia del 25 de febrero de 2014. Tribunal Administrativo de
Antioquia. Sala Tercera de Oralidad. MP. YOLANDA OBANDO MONTES. Radicado 05001 33 33
022 2012 00090 01. Las mismas consideraciones se reiteraron por esta Sala el 14 de julio de 2025
EXP.65275 y el 16 de junio de 2025 EXP.66168.
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Con apego a los anteriores desarrollos dogmáticos será resuelto el caso concreto.
5.- Caso concreto
El recurrente censuró la sentencia revisada por considerar que había incurrido en
nulidad porque, en su criterio, fue lesiva del debido proceso: i) al contrariar el
principio de congruencia tras pronunciarse y modificar los perjuicios morales
reconocidos sin que estos fueran objeto puntual de la apelación; ii) adolecer de
deficiente motivación al desconocer la jurisprudencia vigente al momento de
elaborar el fallo de primera instancia.
En orden a decidir la cuestión planteada, la Sala procede prima facie a referirse a la
• Vulneración al principio de congruencia:
Luego de haberse dictado la sentencia de primera instancia en el marco del proceso
de reparación directa 2015-00245, en la que el Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Pasto declaró la responsabilidad de la Nación – Fiscalía
General de la Nación – Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de
Marcos Fortunato Mora Paz y las condenó a reconocer perjuicios morales en
cuantía equivalente a 100 SMLMV, en favor de la víctima directa, 70 SMLMV en
favor de su compañera permanente, su hija y su padre y 50 SMLMV para cada uno
de los hermanos, ambas entidades accionadas interpusieron recurso de apelación
en contra de dicha providencia.
La Fiscalía General de la Nación sustentó la alzada argumentando que el supuesto
daño no le resultaba imputable al órgano instructor, habida consideración de que la
autoridad de donde provino la medida de aseguramiento fue el juez penal en su
función de control de garantías, decisión que escapaba a la competencia de la
Fiscalía en el sistema acusatorio. Añadió a su disconformidad la condena por daño
emergente, debido a que no reposaban pruebas que demostraran su causación. Por
último, pidió que se revocara el fallo y se negaran las pretensiones de la demanda.
La Rama Judicial basó su impugnación, esencialmente, en la legalidad del
procedimiento penal en el que resultó privado de la libertad el señor Marcos
Fortunato Mora Paz y en las razones por las cuales la legitimidad de las medidas
que se adoptaran al interior de esa causa, impedía el surgimiento de un daño
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antijurídico. Con fundamento en sus alegaciones, solicitó que la sentencia fuera
revocada o, en su defecto, se redujera la condena en proporción de su grado de
participación en los hechos litigiosos, dado que fue la Fiscalía la que, en mayor
grado, incidió en el resultado dañoso.
Al resolver el objeto de la apelación, el Tribunal ad quem mantuvo la declaratoria de
responsabilidad de la Nación - Fiscalía de la Nación – Rama Judicial, arguyendo al
efecto que el caso debía abordarse desde el ángulo del régimen objetivo de
responsabilidad, a partir del cual la hipótesis fáctica que llevó a la privación de la
libertad del señor Mora Paz, no pudo ser acreditada, desprendiéndose de tal
premisa el carácter antijurídico de esa limitación.
Dicho esto, la segunda instancia procedió a pronunciarse sobre los perjuicios
reconocidos por el a quo. En el caso de los materiales en la modalidad de daño
emergente, lo hizo con apoyo en los cargos de disenso propuestos por la Fiscalía
General de la Nación. En el evento del lucro cesante y de los perjuicios morales, se
respaldó en las pruebas del proceso y en las tesis jurisprudenciales vigentes sobre
su tasación.
En este último evento, rebajó los montos ordenados en favor de la víctima, su
compañera permanente, hija y padre y lo negó respecto de sus hermanos.
En el contexto expuesto, la Sala considera que la sentencia revisada no quebrantó
el principio de congruencia. Emerge que ambos escritos de la apelación apuntaron
a que se revocara el fallo en su integridad, providencia que, no solo concentraba la
declaratoria de responsabilidad estatal, sino también la condena consecuencial que
con fundamento en aquella decisión se dictó.
Así pues, de conformidad con la sentencia emanada de la Sala Plena de la Sección
Tercera, el 6 de abril de 2018, dentro del expediente 46005, el reconocimiento de
los perjuicios se identifica con un factor ínsito al juicio de responsabilidad, el cual
comporta el aspecto global en que se focaliza el debate.
De contera, al confirmarse esta declaratoria, por encontrar reunidos los elementos
que la edifican, tal circunstancia permite al fallador de segunda instancia revisar este
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aspecto consecuencial de contenido patrimonial, que es lo que, en últimas, se
pretende derribar a través de la impugnación.
Nótese cómo en este evento se presenta un supuesto análogo al analizado en el
citado fallo de unificación, en el que, pese a ser apelado expresamente el asunto
asociado al reconocimiento del perjuicio moral, el Consejo de Estado se adentró,
además, en el estudio de los perjuicios materiales, al punto que unificó su
jurisprudencia fijando unos parámetros para su reconocimiento.
Acontece en el sub lite la situación contraria, pero no por ello censurable – en cuanto
atiende a la misma lógica- en el que los cargos de la impugnación se encaminaron
a controvertir el daño emergente y, luego de su examen, el ad quem prosiguió con
el estudio del daño moral.
Esa ha sido el enfoque que en escenarios semejantes ha perfilado la Sección
Tercera, al aseverar:
Los conceptos reconocidos en primera instancia a favor de la parte actora serán
revisados por la Subsección, en virtud del criterio de unificación de la Sala Plena de
esta Sección, según el cual cuando la entidad pública apela un aspecto general de la
sentencia, como lo es la determinación de responsabilidad, el ad quem también
adquiere competencia para analizar aspectos que sean consecuencia directa de la
declaratoria de responsabilidad, tal como lo es la indemnización de perjuicios, siempre
y cuando no se afecte el principio de no reformatio in pejus que beneficia al apelante
único34.
En estas condiciones, la Sala no considera que el Tribunal Administrado de Nariño
se hubiera apartado del principio de congruencia. Aconteció que, como
consecuencia del estudio de los cargos de la apelación orientados a atacar la
declaratoria de responsabilidad del Estado, se vio avocado a analizar la prosperidad
de confirmar la condena de los perjuicios materiales e inmateriales desencadenados
de aquella, actuación que se supeditó a los dictados que sobre el particular ha
trazado la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Por lo anotado, no encuentra la Sala vulnerado el principio de congruencia alegado
en el recurso.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de junio de 2023, exp. 54768.
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• La falta de motivación de la sentencia35
Acerca de este punto, se reitera que para el recurrente la sentencia incurrió en esta
anomalía, en razón a que no aplicó la jurisprudencia vigente en la época de
presentación de la demanda en materia de liquidación de perjuicios para los casos
de privación injusta de la libertad y erróneamente, afirmó, le dio efectos retroactivos
al fallo dictado en 2021 sobre ese mismo tópico.
Sea lo primero aclarar que la argumentación en que descansa esta discrepancia,
en realidad no corresponde a una “carencia absoluta de motivación de la sentencia”,
supuesto cuya configuración de suyo exige la inexistencia de razones de hecho y
derecho que funden determinado punto de la decisión.
Dicho de otro modo, se observa que el cargo referente a la motivación realmente se
sustentó en un desconocimiento del precedente, lo que torna en inviable encuadrar
esa discusión en el cause de la causal 5ª de revisión, ante esta instancia
extraordinaria, pues ello apunta al análisis de aspectos sustanciales o de fondo del
fallo.
Con todo, sin desconocer que la postura de esta Subsección respecto de la
aplicación de esta causal se circunscribe a la carencia total de motivación, con el
ánimo de resolver con suficiencia los motivos de disenso que impulsaron la
implementación de este mecanismo extraordinario, procede la Sala a realizar las
siguientes reflexiones a través de las cuales queda desvirtuado el dicho del
recurrente de conformidad con el cual la sentencia impugnada no estuvo motivada:
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto dictó
sentencia el 23 de marzo de 2018, mediante la cual declaró la responsabilidad de
la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial por la privación injusta
de la libertad de Marcos Fortunato Mora Paz, luego de lo cual, entre otras órdenes,
las condenó a reconocer perjuicios morales en las cuantías citadas anteladamente.
Su razonamiento tuvo sustento en la unificación jurisprudencial del 28 de agosto de
2014, realizada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del expediente 36149, C.P. (E) Hernán Andrade Rincón, en la cual se
35 A lo largo del escrito del recurso, la recurrente hizo alusión a esta causal como falta de motivación
o indebida motivación de forma indistinta.
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reiteraron las máximas del fallo dictado por la Sala Plena el 28 de agosto de 201436,
y se complementaron las reglas pecuniarias a implementar para reconocer
perjuicios morales acaecidos por la privación injusta de la libertad.
Al resolver la impugnación, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la
declaratoria de responsabilidad, estudió lo pertinente a los perjuicios materiales,
luego de lo cual abordó el análisis de los morales liquidados por el a quo. El referido
examen se llevó a cabo ciñéndose a la sentencia de unificación que, en punto al
daño originado por la privación injusta de la libertad, expidió el Consejo de Estado
el 29 de noviembre de 2021, dentro del expediente radicado 46681, C.P. Martín
Bermúdez Muñoz37.
En virtud de ese pronunciamiento, el ad quem, por un lado, ajustó los topes
reconocidos en primera instancia, reduciéndolos de la manera antes descrita, y de
otro lado, excluyó el reconocimiento que de ese rubro habría hecho la primera
instancia frente a los hermanos de la víctima.
Ahora bien, en la citada sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021
consagró dos reglas frente a su aplicación en el tiempo:
• En relación con la determinación de los topes máximos de perjuicios morales
y la forma de calcularlos, prescribió que la sentencia sería aplicada de
inmediato.
• En torno al reconocimiento de perjuicios morales en favor de las personas
ubicadas en el segundo grado de consanguinidad de la víctima, se concibió
una franja temporal para la observancia de la regla38 prevista en el anterior
precedente jurisprudencial, de conformidad con la cual se determinó que: “en
relación con las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y
hasta la fecha de expedición de la presente sentencia, en las cuales el juez
36 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp.
25022, C.P. Enrique Gil Botero.
37 En esta sentencia de unificación se adoptan dos reglas jurisprudenciales respecto de las cuales
es necesario pronunciarse sobre sus efectos en el tiempo: (i) los perjuicios morales solo se presumen
para la víctima directa, los cónyuges, compañeros permanentes y los parientes en el primer grado
de consanguinidad; (ii) se modifican los topes máximos sobre perjuicios morales derivados de la
privación de la libertad para las víctimas directas e indirectas.
38 En el caso de los hermanos era suficiente probar el parentesco para tener por demostrado el
perjuicio.
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advierta que se presentaron fundándose en la jurisprudencia existente y no
se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los parientes
en segundo grado de consanguinidad, podrá hacer uso de las facultades
probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido
proceso”.
Esclarecido el escenario de lo acaecido, la Sala advierte que la actuación del ad
quem no solo estuvo suficientemente motivada, sino que en manera alguna
comportó una aplicación retroactiva del fallo de unificación al que se ha hecho
referencia.
Acerca de esa cuestión, para zanjar cualquier duda, deben analizarse las dos
figuras que se confunden en el recurso: la retroactividad y la retrospectividad.
En materia normativa, sus diferencias se centran en que mientras la retroactividad
«se configura cuando una norma se aplica a las situaciones que se consolidaron
con anterioridad a su entrada en vigencia»39; la retrospectividad «se presenta
cuando las normas se aplican a situaciones que, si bien surgieron con anterioridad
a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han consolidado al momento
en que cobra vigor la nueva ley»40.
Al efecto, esta Corporación, en Sentencia del 29 de abril de 202141, señaló que:
“En ese orden de ideas, esta Corporación ha establecido que los cambios
jurisprudenciales no pueden ser aplicados retroactivamente. Es decir, no
pueden afectar situaciones jurídicas consolidadas porque, en dado caso se
estarían afectando principios como los de seguridad jurídica y los derechos
adquiridos, vulnerándose con ello el artículo 58 de nuestra carta política. Es por
ello, que no es dable aplicar los cambios jurisprudenciales en los eventos en
los que ha operado la cosa juzgada.
(…) por regla general, los cambios jurisprudenciales se aplican en forma
retrospectiva. Es decir, su aplicación afectará «a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial»42.
39 Corte Constitucional, sentencia SU – 309 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
40 Ibidem.
41 Consejo de Estado, Sentencia del 29 de 2021, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación
número: 11001-03-15-000-2021-01372-00 (AC).
42 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de
2018. Exp. No. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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1. En consonancia con lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo dicho por
esta Sección en la sentencia de 8 de octubre de 2020, cuando analizó un
argumento similar al expuesto en la presente acción de tutela:
52. En conclusión, la Sala estima que: i) la aplicación retrospectiva del
precedente judicial resulta acorde con lo señalado por esta Corporación en su
jurisprudencia; ii) el precedente jurisprudencial no crea una situación de
derecho adquirido, sino que, para que se configure un derecho adquirido
resulta indispensable que el asunto se encuentre cobijado por la cosa
juzgada; iii) la aplicación retrospectiva del precedente en el caso concreto
no lesiona el derecho de acceder a la administración de justicia […]” (Se
resalta)
Supone lo dicho que, la jurisprudencia, sea de unificación o no, irradiará casos que
no han sido objeto de sentencia definitiva, pues frente a ellos no se puede predicar
una situación jurídica consolidada, por cuanto, justamente, está pendiente la
decisión que la resuelva definitivamente.
Así entonces, la concreción de los efectos de la sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 2021 al sub examine, distinto de lo sostenido por el impugnante, no
se produjo retroactivamente, pues para el momento en que surtió sus efectos no
había una situación consolidada.
Se trató de una aplicación retrospectiva, plenamente permitida por la jurisprudencia,
como se observó, en tanto que aun cuando el supuesto fáctico que dio lugar a la
interposición de la demanda surgió con anterioridad a este pronunciamiento, sus
efectos jurídicos no se consolidaron sino hasta la expedición de la sentencia
revisada.
Es de especial importancia puntualizar que, de conformidad con el pluricitado fallo
de unificación del 29 de noviembre de 2021, la aplicación inmediata de los topes allí
fijados no implicaba un irrespeto al principio de la confianza legítima, en cuanto la
aspiración a la reparación de perjuicios sufridos como consecuencia de la privación
de la libertad no constituía un derecho patrimonial que naciera de un acto jurídico
(unilateral o bilateral), en el cual la parte se pudiera acoger a determinada regla que
no fuera susceptible de ser modificada posteriormente. Consideró igualmente
inadmisible sostener que “la demanda fue presentada pensando en obtener
determinado monto de perjuicios y que la confianza en ese resultado se alteró al
establecerse otro monto”.
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A propósito, la Sala Plena discurrió:
71.- El derecho a la igualdad en este caso se garantiza aplicando la sentencia de
manera similar a todos los casos que se fallen luego de su ejecutoria. Suponer que
tal derecho solo se garantiza si se le otorga el mismo monto de perjuicios morales a
todas las personas que presentaron la demanda durante determinado periodo de
tiempo carece de fundamento; la fecha en la cual se presentó la demanda no tiene
en este caso ningún tipo de relevancia para estructurar tal derecho, como sí puede
tenerla frente a quienes en ese momento consideraban que podían acogerse a la
presunción jurisprudencial de perjuicios morales para los hermanos.
72.- Esgrimir el derecho de igualdad para impedir la aplicación inmediata de los
topes de perjuicios morales implicaría considerar que los mismos no pueden ser
modificados por la jurisprudencia. Implicaría también considerar que, con base en el
mismo derecho de igualdad, no existe justificación para que en relación con las
demandas presentadas con posterioridad a este fallo se apliquen los nuevos topes.
73.- A partir de lo previsto en la ley, lo que deben prever los justiciables, por el
contrario, es que dichos topes pueden ser modificados jurisprudencialmente. Y
teniendo en cuenta la noción misma del perjuicio moral, lo previsible también es que
tales perjuicios son estimados por el arbitrio iudice.
Por lo anterior, estas reglas de unificación están llamadas a disciplinar demandas
interpuestas, incluso, antes de que la sentencia que las contiene se hubiera dictado,
en razón a que su efecto retrospectivo, al menos en materia de los topes en que
debían tasarse y a que al cabo fueron reducidos por el Tribunal con base en esos
lineamientos, en manera alguna afectaba una situación consolidada.
Ahora, en cuanto a la exclusión de los perjuicios morales en favor de los hermanos,
cobra relevancia anotar que el ad quem razonó su desconocimiento en estos
términos:
“Atendiendo a los lineamientos establecidos en el precedente jurisprudencial citado,
no se advierte viable acceder al reconocimiento de perjuicio moral en favor de los
señores Rosa Berthalina Mora Paz, Jesús del Carmen Mora Paz, Franca Lida Mora
Paz, Raúl Candido Mora Paz, Flor Cecilia Mora Paz e Ingrid Carina Mora Paz pues,
las pruebas recaudadas no permiten establecer la existencia de la afectación moral
que se reclama en su favor. Así, correspondía a la parte demandante demostrar, no
solo la relación de parentesco con la víctima directa, sino también la existencia de
una afectación traducida en la angustia, dolor o desasosiego que habrían padecido
aquellos, ante la detención que debió soportar el señor Marcos Fortunato Venancio
Mora Paz, situación que no ocurrió, sin que los testimonios que fueron recibidos en el
proceso, se consideren suficientes para acreditar el perjuicio”.
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Como se aprecia de todo lo expuesto hasta este punto, el Tribunal Administrativo
de Nariño dotó de motivación su decisión y la ligó al entendimiento que sobre el
reconocimiento de perjuicios a favor de los hermanos de la víctima desprendió del
fallo de unificación en comento.
Distinto es que se estime o no adecuada la exégesis que el ad quem dispensó a las
reglas temporales trazadas por el precedente judicial, hermenéutica que, al margen
de que se convenga o no adecuada, ciertamente no es procedente de ser rebatida
a través de la formulación de este recurso extraordinario, pues cabe recordar que la
causal invocada consistente en la “falsa motivación de la sentencia”, no puede fungir
como instrumento para “controvertir las razones del fallo ni la apreciación que de los
hechos y de las pruebas hizo el fallador”43.
Con sustento en las consideraciones advertidas, la Sala estima infundada la causal
de revisión concretada en vulneración al debido proceso por falta de motivación del
fallo objeto de reparo.
Consideración final
Recuerda la Sala que, junto con el escrito del recurso extraordinario de revisión, se
allegó la sentencia proferida el 2 de mayo de 2024, por la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió la acción de tutela 2024-01490,
presentada por la ahora recurrente por los mismos hechos que sirvieron de base a
este recurso, mecanismo constitucional que se declaró improcedente.
Si bien en las consideraciones de la mencionada sentencia se explicó que: “los
argumentos que fundamentan esta acción son susceptibles de plantearse a través
del recurso extraordinario de revisión, por la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 de la ley 1437 del 18 de enero de 2011”, ciertamente, aun cuando tal
manifestación es acertada en relación con la procedencia de este instrumento
extraordinario, lo cierto es que no resulta vinculante en punto a la determinación de
la prosperidad de los cargos elevados a la luz de la causal aducida, situación que
solo podría definirse una vez analizados los argumentos que la soportaban y su
vocación de resultar fundados, lo cual no aconteció.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021, exp.
4598-17, C.P. William Hernández Gómez.
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Conclusión
El recurso extraordinario de revisión que se resuelve resulta infundado, al no
haberse reunido los requisitos para la configuración de la causal quinta del artículo
250 del CPACA.
6.- Costas
En consideración a que el recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigor
de la Ley 2080 de 2021, concierne darse aplicación al CPACA con las
modificaciones incorporadas por dicha normativa, en consonancia con lo regulado
en la materia por el CGP, para lo cual cabe recordar que, de acuerdo con el inciso
final del artículo 255 del CPACA “si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente.”
Como consecuencia, se condenará en costas a la parte recurrente y se ordenará a
la Secretaría de la Sección Tercera que realice la respectiva liquidación, con apego
a lo dispuesto en relación con ese tópico en los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso.
Adicionalmente, en atención a que la demandada, Nación – Rama Judicial, se
pronunció frente al recurso extraordinario de revisión en la oportunidad concedida
para el efecto, en acopio de lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016,
la Sala fijará las agencias en derecho la suma equivalente a UN SMLMV en favor
de la Nación - Rama Judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño –
Sala Segunda Decisión el 28 de julio de 2023, dentro del proceso de reparación
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directa 2015-00245, por las razones consignadas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente y en favor de la parte
demandada, según los parámetros dispuestos en la parte motiva de esta
providencia. Para ese propósito se fijan como agencias en derecho la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) para la Nación –
Rama Judicial.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión y cumplido lo acá dispuesto, archívese el
expediente dejando las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE44
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
44 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
30
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