Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00144-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00144-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00144-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
11 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00144-00 (70335)
Recurrentes: Edgar Tomás Enríquez Córdoba y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00144-00 (70335)
Recurrentes: EDGAR TOMÁS ENRÍQUEZ CÓRDOBA Y OTROS
Asunto: Causal 5ª artículo 250 CPACA – nulidad originada en la
sentencia
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el
diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso de
reparación directa No. 76001-33-33-002-2016-00120-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante providencia de diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca modificó la decisión proferida en primera
instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali ꟷque había
accedido a las pretensiones de la demanda de reparación directa y declaraba
administrativamente responsable al Departamento del Valle del Cauca por la
muerte, en accidente de tránsito, de Alejandro Enríquez Bastidasꟷ, para, en su
lugar, declarar acreditada una concurrencia de culpas. Los recurrentes alegan que
en dicha sentencia se materializó la causal de revisión contenida en el numeral 5º
del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo (CPACA), esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
II. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa (radicado No.
76001-33-33-002-2016-00120-01).
1.1. El diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016)1, los señores Edgar
Tomás Enríquez Córdoba ꟷen nombre propio y en representación de sus menores
hijos, para ese momento, Andrés Felipe Enríquez Castillo, Valentina Enríquez
Castillo, Yurtley Fernanda Enríquez Cueltan, María Alejandra Enríquez Cabrera y
Marina Enríquez Riveraꟷ, y María Patricia Bastidas Rojas ꟷen nombre propio y en
representación de sus hijas, para entonces menores de edad, Sindy Vannesa
Aguilar Bastidas y Laura Melisa Serna Bastidas, formularon demanda de reparación
directa contra el Departamento del Valle del Cauca, solicitando que se declarara a
dicha entidad administrativamente responsable de la muerte de su hijo Alejandro
Enríquez Bastidas.
Según indicaron, el veinticinco (25) de marzo de dos mil catorce (2014) el joven
Enríquez Bastidas, de 19 años de edad, transitaba en una motocicleta en la ruta
que conduce del municipio de Candelaria (Valle) a la ciudad de Cali, cuando perdió
el control de la moto debido a un hueco en la vía que causó que invadiera el carril
contrario y colisionara con una camioneta, hechos que llevaron a su fallecimiento.
Para los demandantes, la causal real, efectiva y directa de la muerte de su hijo fue
el mal estado de la vía, cuyo mantenimiento estaba a cargo del Departamento del
Valle del Cauca2.
1 Folio 164 del PDF denominado “RECIBE MEMORIAL_Expediente_01DemandayAnexos2016” del
índice 31 de SAMAI.
2 Demanda disponible en los folios 146 a 164 del PDF ibidem. Para sustentar su dicho, los
demandantes aportaron varias pruebas documentales, entre ellas, el informe pericial de toxicología
forense (análisis de alcoholemia) efectuado por Medicina Legal al cuerpo de la víctima.
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1.2. Mediante sentencia de veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), el
Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali accedió a las pretensiones de
la demanda y declaró no probadas las excepciones propuestas por la accionada
(falta de legitimación en la causa, ausencia de nexo causal, inexistencia de
responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima y la innominada)3.
El a quo encontró acreditado que la vía donde ocurrieron los hechos había sido
entregada al departamento y que en el lugar del accidente había un hueco en el
asfalto, lo que daba cuenta del incumplimiento por parte de la entidad territorial de
“varias normas que indicaban deberes de mantenimiento y aviso de peligro en la vía
que tenía a su cargo”. En consecuencia, condenó al departamento al pago de 100
smlmv en favor de cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales
y dispuso una condena en abstracto por perjuicios patrimoniales4.
1.3. Inconforme con lo anterior, el Departamento del Valle del Cauca formuló
recurso de apelación asegurando que se ratificaba “en todos y cada uno de los
planteamientos expuestos desde la Contestación de la Demanda aduciendo,
además, que los fundamentos vertidos en el desarrollo de este escrito dan razón a
la entidad territorial que represento, por lo que da lugar a solicitar respetuosamente,
para que se REVOQUE la decisión emitida por la primera instancia y en
consecuencia no acceder a las pretensiones solicitadas por la parte actora.”5. En
particular, la entidad insistió en que si bien la Nación había entregado al
departamento la vía Candelaria-Cali desde el año 1994, a la fecha no habían sido
girados los recursos necesarios para su mantenimiento, de manera que, a su juicio,
mientras no se hiciera ese giro el encargado de la vía seguía siendo el INVIAS, de
conformidad con el artículo 16 de la Ley 105 de 19936.
3 Folios 33 a 44 del PDF denominado “RECIBE MEMORIAL_Expediente_03ActuacionesDespach”
del índice 31 de SAMAI.
4 PDF “RECIBE MEMORIAL_Expediente_05Sentencia1Instanci”, índice 31 de SAMAI. Así, a título
de lucro cesante se dispuso el reconocimiento de una suma que debía ser calculada teniendo en
cuenta la expectativa de vida de la víctima directa y el hecho de que ésta devengaba, al menos, un
salario mínimo mensual vigente.
5 Folio 119 del PDF denominado “RECIBE MEMORIAL_Expediente_03ActuacionesDespach” del
índice 31 de SAMAI.
6 Folio 119 y siguientes del PDF denominado “RECIBE
MEMORIAL_Expediente_03ActuacionesDespach” del índice 31 de SAMAI.
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1.4. Mediante sentencia de diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023),
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca modificó la decisión de primera
instancia por considerar que en este caso se había presentado una concurrencia de
culpas en la concreción del daño.
Para el Tribunal, si bien se demostró la existencia de un “hueco paralelo y cerca de
la línea blanca lateral de demarcación de la vía”, consecuencia de la falta de
mantenimiento y demarcación de una carretera que estaba a cargo del
departamento ꟷquien era el responsable de ella desde que le fue entregada por la
Nación en el año 1994ꟷ, también se acreditó, a partir de las lesiones que sufrió la
víctima directa de acuerdo con la necropsia (desgarro del corazón, de los pulmones,
fractura de tibia y peroné, fractura de cráneo, entre otras), que el señor Enríquez
Bastidas no circulaba a la velocidad permitida y no portaba el casco de seguridad;
además, advirtió que la hora en la que ocurrió el accidente (aproximadamente a las
8 de la noche) imponía una conducción a baja velocidad, en tanto las condiciones
de visibilidad habían disminuido, y puso de presente que la prueba de alcoholemia
en sangre practicada al cuerpo del joven registró 56 mg/100ml, correspondiente a
grado 1 de embriaguez.
A partir de lo anterior, la autoridad judicial concluyó que, si bien no podía declararse
la configuración de la culpa exclusiva de la víctima como lo había solicitado la
accionada, el accidente sí ocurrió en parte por su comportamiento unido a la falla
del servicio en la que incurrió la entidad territorial por la falta de mantenimiento de
la vía. Bajo esa consideración, el Tribunal redujo la indemnización de perjuicios
reconocida en primera instancia al sesenta por ciento (60%) del valor inicialmente
fijado7.
7 Índice 40 de SAMAI del Tribunal del Valle del Cauca, expediente 76001-33-33-002-2016-00120-
01. Una vez hecha la reducción correspondiente, se reconoció: i) por perjuicios morales la suma total
de 220 SMLMV, esto es, 40 smlmv para cada uno de los padres y 20 smlmv para cada uno de los 7
hermanos, y ii) por perjuicios patrimoniales en la modalidad de lucro cesante, la suma total de
$30.737.910, dividida en partes iguales para cada padre de la víctima directa.
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2. El recurso extraordinario de revisión
El veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023), a través de apoderado
judicial, los señores Edgar Tomás Enríquez Córdoba ꟷalegando actuar en nombre
propio y en representación de su hija menor Marina Enríquez Riveraꟷ, Andrés
Felipe Enríquez Castillo, Valentina Enríquez Castillo, Yurtley Fernanda Enríquez
Cueltan, María Alejandra Enríquez Cabrera, María Patricia Bastidas Rojas, Laura
Melisa Serna Bastidas y Sindy Vannesa Aguilar Bastidas formularon recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca el diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023),
alegando la configuración de la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del
CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación”. Como sustento de su recurso,
presentaron los siguientes argumentos:
2.1. En primer lugar, sostienen que la apelación presentada por el departamento
no fue debidamente sustentada y debió, por tanto, declararse desierta, en
tanto la entidad no presentó argumentos concretos contra la sentencia de
primera instancia, circunstancia que, pese a haber sido puesta de presente al
Tribunal, no mereció pronunciamiento alguno.
2.2. En segundo término, señalan que el departamento debió apelar expresamente
la decisión de primera instancia que desestimó las excepciones de falta de
legitimación en la causa y de culpa exclusiva de la víctima, si es que pretendía
controvertirlas. Sin embargo, como en la impugnación la entidad no se refirió
a esos temas ni planteó una supuesta concurrencia de culpas, afirman que la
autoridad de segunda instancia no podía pronunciarse sobre ellos ni mucho
menos declarar probada esa concurrencia, con lo cual excedió sus
competencias y profirió una sentencia incongruente y extra petita.
De hecho, para la parte actora la excepción de culpa exclusiva de la víctima ni
siquiera fue debidamente sustentada en la contestación de la demanda, pues
allí la entidad únicamente citó jurisprudencia relacionada con el riesgo que
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implica la conducción de automóviles, pero nada expuso sobre el
comportamiento del señor Enríquez Bastidas.
2.3. Finalmente, señalan que la sentencia acusada vulneró su derecho al debido
proceso en tanto, a pesar de que el accidente ocurrió en el 2014, el análisis de
la figura de la culpa exclusiva de la víctima se fundó en una providencia de
2016, aplicando retrospectivamente la jurisprudencia y desconociendo los
derechos de las partes.
Además, afirman que el ad quem sustentó su decisión en normas de tránsito
que no fueron puestas de presente en la apelación y efectuó conjeturas sobre
las circunstancias en las que ocurrió el accidente, en particular, sobre la
velocidad que llevaba la moto, la ubicación dentro del carril y la conducta del
señor Enríquez Bastidas, aspectos que nunca fueron debatidos en el curso del
proceso. En particular, consideran que el Tribunal se extralimitó al analizar la
prueba de alcoholemia, sobre la que la apelante nada dijo, y que, en todo caso,
la valoración de esa prueba fue equivocada y descontextualizada, pues no se
tuvieron en cuenta variables como la forma de recolección de la muestra o el
tiempo en el que el examen se realizó.
Con fundamento en estas consideraciones, los recurrentes solicitaron que se infirme
la sentencia acusada y que, en su lugar, “se profiera fallo de reemplazo que confirme
en su totalidad el fallo de 1ª instancia proferido en la Sentencia No 62 del 23 de julio
de 2018, por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali, por medio del
cual se accedió a las pretensiones de la demanda”8.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023), el Despacho inadmitió
el recurso extraordinario de la referencia9. Subsanadas las falencias evidenciadas,
mediante providencia de ocho (8) de noviembre de ese mismo año el recurso fue
admitido y se ordenó notificar esa decisión al Departamento del Valle del Cauca y
8 PDF denominado “ED_DEMANDADERECURSOD” disponible a índice 2 de SAMAI.
9 Índice 4 de SAMAI.
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al Ministerio Público; además, se dispuso su rechazo respecto de la menor Marina
Enríquez Rivera, por cuanto no se aportó la documentación requerida en el auto
inadmisorio10. Inconforme con esta última determinación, la parte actora formuló
recurso de reposición que fue resuelto por auto de veintidós (22) de enero de dos
mil veinticuatro (2024), en el sentido de admitir el recurso también respecto de la
menor Marina Enríquez11.
3.2. Dentro del término de traslado, el Departamento del Valle del Cauca se opuso
a la prosperidad del recurso, bajo la consideración de que el Tribunal sí tenía
competencia para analizar el caso puesto a su consideración, en tanto la apelación
fue debidamente sustentada. Además, indicó que en el curso del proceso ordinario
sí se alegó la excepción de culpa exclusiva de la víctima y que la segunda instancia
estaba llamada a efectuar una valoración integral y conjunta de todas las pruebas
aportadas, incluyendo la prueba de alcoholemia, con la que se demostró que el
señor Enríquez Bastidas tenía en su cuerpo rastros de alcohol12.
Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.
3.3. Por auto de veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) el Despacho
decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas
con el recurso. Igualmente, ordenó la remisión íntegra del expediente de reparación
directa No. 76001-33-33-002-2016-00120-01, el cual fue enviado de manera digital
por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali13.
3.4. Agotadas las etapas correspondientes, el proceso ingresó al Despacho para
adoptar la decisión que en derecho corresponda14.
10 Índice 9 de SAMAI.
11 Índices 13 y 17 de SAMAI.
12 Índice 23 de SAMAI.
13 El auto de pruebas obra a índice 25 de SAMAI. Con el recurso se aportó copia de la demanda y
de sus anexos, así como de algunas actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario, incluyendo
las sentencias de primera y de segunda instancia. El expediente digital del proceso de reparación
directa (índice 31 de SAMAI), fue puesto en conocimiento de las partes sin que estas efectuaran
manifestación alguna (índices 32 y 33 de SAMAI).
14 Índice 34 de SAMAI.
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III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA15, en concordancia
con lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019
ꟷReglamento Interno de la Corporación16ꟷ, esta Subsección es competente para
resolver el recurso extraordinario de revisión de la referencia.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés
(2023), dentro del proceso de reparación directa de radicado No. 76001-33-33-002-
2016-00120-01, se encuentra incursa en la causal de revisión contenida en el
numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que le puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la
parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
15 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones
del Consejo de Estado según la materia. (…)”.
16 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…)
Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia
dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta
sección.”.
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sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo
para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren
el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico17, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley18. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este
recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los
jueces administrativos.
Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario19.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, esta
Subsección ha señalado que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable
de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión
17 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material
del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos
o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia
injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado”.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00.
19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.
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de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas
a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se
convierta en una tercera instancia.”20 (Se resalta).
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos
en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su
procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo
desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente
contra la seguridad jurídica.
4. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.”
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal demanda,
de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro,
que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el
legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha
configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del
Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición21.
Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”22.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado
11001-03-15-000-2017-02519-00.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado
11001-33-31-035-2008-00180-01.
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En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar: i) que el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que
se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) que la anomalía es
de tal magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que,
de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta23.
Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por
regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia’”24. Sin embargo, en algunos casos se ha
aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la
sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente,
evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la
posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.
En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos
los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de
la sentencia25: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal
de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado
11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-
00894-00.
24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado
11001-03-15-000-2015-02493-00.
25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-1998-00157-01; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia
del 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-
02342-00, y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 2, sentencia del 1° de octubre de
2019, radicado 11001-03-15-000-2013-02216-00.
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segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 Superior26.
El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código
General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 27, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan al
contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación de
una determinada norma.
Así, según la jurisprudencia de esta Corporación28 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de
nulidad procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede
acaecer en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que
terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido
o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece
firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un
número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio
de non reformatio in pejus; iv) cuando la sentencia condena a quien no es parte
dentro del proceso; v) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de
jurisdicción; vi) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias
procesales previas; vii) cuando el demandado es condenado por cantidad superior
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicado
11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No.
11001-03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida
por la Sala Especial de Decisión N° 10, radicado 11001-03-15-000-2012-00230-00.
27 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-01415-00.
28 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 5, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-2009-00494-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
29 de abril de 2015, radicado 2008-35319-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26,
sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-
04345-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de
2019, radicado 11001-03-25-000-2013-00233-00; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2014-00325-00, y
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado
11001-03-15-000-2019-00894-00.
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o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la
invocada en ésta; viii) cuando la sentencia carece totalmente de motivación, o ix)
cuando la sentencia carece de congruencia interna o externa.
Sobre este último asunto, y para lo que interesa a esta causa, debe indicarse que,
la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que
se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva
de la sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte
resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su
contestación29, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las
competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador30. Lo anterior, con fundamento
en el artículo 281 del Código General del Proceso31 ꟷque reformó el artículo 305
del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum
apellatum”, en las sentencias de segunda instancia la incongruencia “también se
patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del
recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una
invocación del derecho sustancial controvertido.”32.
Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que tienen
lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita cuando se
reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede por una
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018, radicado
11001-03-25-000-2013-00838-00.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001-03-26-000-2019-00100-00 (64246).
31 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1° de marzo de 2016, radicado
11001-02-03-000-2012-02126-00 N° interno SC4415-2016.
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causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita cuando no
se resuelve algún asunto debidamente planteado33. De fondo, la razón por la cual
procede la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el principio de
congruencia es porque el fallador excede su competencia, la que, como se ha dicho,
está determinada por las pretensiones y los fundamentos de la demanda, la
contestación y las excepciones propuestas y, tratándose de sentencias de segunda
instancia, por lo indicado en el recurso de apelación, sin perjuicio de los asuntos
intrínsecos que deba resolver el fallador para resolver la litis planteada34.
En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de
que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un lado,
que el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el
recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad
procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con
implicaciones graves en la garantía del debido proceso.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a realizar el
análisis del caso concreto.
5. Caso concreto
Conforme con lo explicado en el acápite que precede, corresponde establecer si en
la situación objeto de estudio se materializan los supuestos para la procedencia de
la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5.1. Para empezar, es claro que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca el diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023) no es
pasible de apelación, porque esta decisión se produjo, precisamente, al resolver la
alzada formulada por la entidad territorial demandada dentro del proceso de
reparación directa, surtiendo así las instancias que previó la ley para esa
33 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, radicado 76001-23-24-
000-1997-04345-01.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001-03-26-000-2019-00100-00 (64246).
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herramienta judicial. Además, con el recurso se aportó copia de la constancia de
ejecutoria de dicha providencia, expedida por el Secretario del Tribunal, documento
en el que se hizo constar que el fallo fue notificado el día veintitrés (23) de febrero
de dos mil veintitrés (2023) y que, en consecuencia, quedó debidamente
ejecutoriado al finalizar el dos (2) de marzo de ese mismo año35.
En ese sentido, el recurso extraordinario de revisión resulta procedente.
5.2. Ahora bien, en cuanto a la sustentación de la alegada causal de nulidad
originada en la sentencia, la parte recurrente afirma que: i) el recurso de apelación
debió declararse desierto en tanto este no fue debidamente sustentado; ii) la
decisión de segunda instancia resulta incongruente y extra petita porque el
departamento no apeló expresamente lo relacionado con la culpa exclusiva de la
víctima, de manera que el Tribunal no podía pronunciarse sobre dicho eximente, y,
en todo caso, porque esa excepción no se sustentó de forma adecuada en la
contestación de la demanda; y iii) porque hubo una violación del derecho al debido
proceso en cuanto a la jurisprudencia utilizada para resolver el caso y la valoración
probatoria efectuada por el ad quem.
A continuación, procede entonces la Sala a examinar si tales circunstancias se
concretaron en el sub examine
5.2.1. En primer lugar y en cuanto al argumento relacionado con que el recurso de
apelación debió haberse declarado desierto en tanto no fue sustentado por la
entidad territorial accionada, se advierte de primera vista, que se trata de un defecto
que, de haberse presentado, no tuvo lugar en la sentencia, como lo exige la causal
de revisión alegada, sino en una etapa procesal anterior, específicamente, al
momento de admitir el recurso de apelación.
De hecho, analizado el expediente de reparación se advierte que la parte actora,
mediante memorial de dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciocho (2018), ya lo
había ya alegado dentro del trámite ordinario, oponiéndose a la prosperidad de la
impugnación y solicitando que ésta fuera declarada desierta por falta de
35 PDF “ED_CONSTANCIAEJECUTORI” del índice 2 de SAMAI.
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sustentación36. Sin embargo, su alegación no prosperó pues el Tribunal, mediante
auto de treinta (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), decidió admitir el recurso
y darle el trámite correspondiente, providencia frente a la cual los recurrentes no
presentaron recurso alguno37.
Esta circunstancia resulta suficiente para descartar el primer argumento propuesto
para demostrar la configuración de la causal alegada, pues uno de los presupuestos
fundamentales de la misma es que la supuesta anomalía se haya materializado en
la sentencia y no en una etapa previa del proceso.
5.2.2. En segundo término y en relación con la supuesta falta de congruencia de la
providencia acusada por la adopción de una decisión extra petita, analizado el texto
del fallo la Sala encuentra que:
a. En la sentencia objeto de revisión el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca consideró que, como no había controversia sobre el daño en tanto
estaba demostrada la muerte del señor Enríquez Bastidas, el análisis se
centraría sobre la posibilidad de imputarlo a la entidad demandada;
b. Para tales efectos, enlistó una a una las pruebas documentales obrantes en el
expediente, a partir de las cuales concluyó que estaba demostrada “la
existencia de un hueco paralelo cerca de la línea blanca lateral de
demarcación”, y que ello daba cuenta de “la falla en el servicio endilgable a la
demandada, por cuanto era la encargada de velar por el adecuado estado de
la malla vial en la vía CALI – CRUCERO – CANDELARIA”, descartando así el
argumento del departamento sobre la supuesta responsabilidad de la Nación;
c. Decantado lo anterior, la autoridad judicial estimó que debido a que «el
recurrente se ratifica en todos los argumentos expuestos al contestar la
demanda, esta instancia debe hacer pronunciamiento en particular de la
excepción descrita por el Departamento del Valle como la “culpa
36 Folios 124 a 134 y 162 a 170 del PDF denominado “RECIBE
MEMORIAL_Expediente_03ActuacionesDespach”, índice 31 de SAMAI.
37 Folio 115 del PDF ibidem.
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exclusiva de la víctima”, en la ocurrencia del accidente de tránsito» (negritas
en original). A partir de esta consideración, el Tribunal planteó un análisis
sobre este eximente de responsabilidad, definiendo sus características de
acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, y explicando que, como
lo ha definido esta Corporación, este exige analizar la conducta de la víctima
al momento del hecho dañoso para establecer si ésta incidió en la
configuración del daño, lo cual puede llevar o bien a la exclusión de la
responsabilidad de la demandada o a la determinación de una concurrencia
de culpas que, sin enervar la falla ya advertida, imponga reducir el monto de
la indemnización a reconocer38.
Bajo este derrotero, el ad quem señaló:
“Al revisarse los medios de convicción aportados, la Sala evidencia que,
conforme a las características del lugar del accidente, el lesionado estaba en
la obligación de reducir la velocidad en su marcha, como lo ordena el
artículo 74 de la Ley 769 de 2002, que a la letra indica (...)
La norma es clara en señalar que efectivamente era obligación del motociclista
disminuir su marcha o en gracia de discusión, dada la hora del siniestro
(20:00) posiblemente no había buena iluminación lo cual puede alterar las
condiciones de visibilidad, sin perjuicio de que conforme a las pruebas
practicadas, el occiso presentaba concentración de 56 mg/100mL de
etanol en la sangre, es decir, venía en primer grado de embriaguez, lo cual
es uno de los múltiples factores intervinientes en el lamentable resultado.
(…) Por otro lado, no puede perderse de vista que una de las hipótesis que
pueden plantearse es el exceso de velocidad del fallecido, quien muy
probablemente transitaba por encima del límite permitido, lo anterior inferido
de la gravedad de las lesiones que presentó al momento de chocar con la
camioneta sobre la vía (desgarro del corazón, desgarro de íleo pulmonar
izquierdo, fractura de cráneo, fractura de tibia y fíbula derecha, fractura
de fémur derecho en región Intertrocantérica), por lo tanto, se fortalece la
tesis respecto del incumplimiento de la normativa que ameritaba conducir su
motocicleta.
(…) Ahora bien, en (sic) caso concreto y teniendo en cuenta las graves
lesiones sufridas por el hoy occiso, sobre todo las producidas en cara y
cráneo, lo más probable es que condujera sin casco o sin portarlo en la
cabeza, lo cual aunado al primer grado de embriaguez y al no ocupar el carril
completo, pudo ser la concausa del accidente predicable de la propia víctima.”
(Se resalta).
38 Para el efecto citó: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de
noviembre de 2016, radicación: 76001-23-31-000-2005-00501-01 (35637).
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A partir de ese análisis probatorio, la autoridad de segunda instancia encontró
acreditada la concausa al advertir que el daño se produjo por una concurrencia
entre la infracción de las normas de tránsito por parte de la víctima directa y la
falla en el servicio de la entidad que faltó a su deber de mantener en óptimas
condiciones las carreteras a su cargo, por lo que, en aplicación de lo reglado
en el artículo 2357 del Código Civil, procedió a reliquidar la condena
“reduciendo el quantum indemnizatorio que resulte al 60%, por haberse
acreditado la concurrencia de culpas o concausa en el litigio bajo estudio.”.
Lo dicho por el Tribunal muestra que, contrario a lo asegurado por los recurrentes,
lo cierto es que en el curso del proceso sí se debatió lo relacionado con la “culpa
exclusiva de la víctima”, pues desde la contestación de la demanda el Departamento
del Valle del Cauca cuestionó la responsabilidad estatal que se le endilgaba
formulando variadas excepciones, incluyendo las de “inexistencia de
responsabilidad”, “culpa exclusiva de la víctima” y la “innominada”, las cuales reiteró
de manera expresa en el recurso de apelación, con lo que facultó a la autoridad de
segunda instancia a examinar esas excepciones que le fueron negadas en el fallo
de primer grado.
Así, el hecho de que la entidad demandada haya optado por remitirse a los
argumentos de la contestación de la demanda y no por repetirlos en el escrito de
impugnación no restringía la competencia del Tribunal, como parecer entenderlo la
parte actora, pues de manera expresa en el recurso de apelación la entidad
demandada le solicitó al superior volver sobre las excepciones propuestas en la
contestación para llegar a la revocatoria de la decisión que le había sido adversa.
En este punto, debe precisarse que, aunque el departamento haya pedido la
“revocatoria” del fallo de primera instancia y no su “modificación”, ese aspecto
meramente formal no impedía que el Tribunal adoptara una decisión modificatoria
del fallo apelado, pues, de fondo, de lo que se trataba era de verificar los aspectos
relativos a la responsabilidad de la entidad accionada, lo cual podía dar lugar, como
en efecto ocurrió, a la modificación de la sentencia.
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Ahora bien, la parte recurrente también sostiene que, en todo caso, la autoridad de
segunda instancia no podía declarar la “culpa exclusiva de la víctima” ni la
concurrencia de culpas porque, de un lado, para sustentar esa excepción el
departamento solo aludió a los riesgos de conducir un vehículo automotor y no al
comportamiento del señor Enríquez Bastidas, y, del otro, porque la entidad
accionada no propuso la concausa.
Al respecto, la Sala advierte que el departamento demandado cuestionó de manera
expresa la atribución de responsabilidad que le endilgó la primera instancia lo cual
habilitaba al ad quem para, a la luz de los elementos probatorios obrantes en el
expediente, examinar todos los elementos propios de esta figura, incluidos los
eximentes que hubieren sido propuestos y debatidos en el proceso, de manera que
válidamente podía examinar si la alegada falla en el servicio era realmente la causa
directa del daño, como afirmaron los demandantes, o si existían otros elementos
que pudieran entenderse como causa eficiente del mismo.
Pero, además, debe indicarse que de conformidad con el artículo 187 del CPACA
“[e]n la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no,
sin perjuicio de la no reformatio in pejus.” (resalta la sala), de manera que incluso
si la excepción no se hubiere formulado o no se hubiere planteado de forma
adecuada por imprecisiones teóricas o conceptuales, el Tribunal estaba facultado
para pronunciarse sobre la configuración de las excepciones que advirtiera
probadas, siempre que con ello no se desconociera el principio de la no reformatio
in pejus.
Como en el caso concreto el ad quem encontró demostrado que el daño alegado no
había tenido como única causa la falta de mantenimiento de la vía sino también el
comportamiento de la víctima directa, estaban dadas las razones para declarar,
como lo hizo, la concurrencia de culpas por la incidencia del comportamiento de la
víctima en la concreción del daño. Es de advertir, además, que este análisis no es
novedoso, pues corresponde a los parámetros que han sido aplicados por la
jurisprudencia contencioso administrativa y, en particular, por el Consejo de Estado
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para resolver estos asuntos, en los que se ha determinado que tratándose de
accidentes de tránsito es necesario también analizar la conducta del actor vial que
resultó afectado39.
Por lo demás, es claro que las afirmaciones orientadas a demostrar el por qué en
este caso no podía concluirse que había culpa exclusiva de la víctima resultan
ajenas al ámbito de este recurso extraordinario, en tanto ellas están dirigidas a
controvertir la hermeneútica utilizada por el juez natural de la causa para resolver el
caso concreto.
5.2.3. Finalmente, resta por analizar el cargo relacionado con la supuesta violación
al debido proceso por el uso “retrospectivo” de jurisprudencia y por una equivocada
valoración probatoria de la prueba de alcoholemia que obraba en el expediente y
las conclusiones sobre las circunstancias en las que se presentó el accidente.
Al respecto, debe indicarse que, como de antaño se ha sostenido, a través de este
mecanismo judicial no resulta posible cuestionar los argumentos o razones en las
que los jueces ordinarios fundan sus decisiones, toda vez que este recurso no está
previsto para ejercer un control de legalidad o de idoneidad sobre la motivación
utilizada por las diversas autoridades judiciales. En ese sentido, los reproches
relacionados con la jurisprudencia usada y sobre el análisis de los medios de
prueba, resultan por completo ajenos a esta herramienta extraordinaria.
En todo caso, es relevante indicar que, como lo ha reconocido el Consejo de Estado,
la jurisprudencia que profiere esta Corporación está llamada a producir efectos de
manera inmediata, por lo que el hecho de que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca haya citado una sentencia proferida con posterioridad a la fecha en la
39Sobre el punto consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 13 de marzo de 2024, radicación 68001-23-31-000-2011-00763-01 (57040); Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, radicación 85001-
23-31-000-2011-000-0007-01 (47434); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 1 de noviembre de 2023, radicación 2300123310002009001030 (49469); Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2022, radicación 54001-23-
31-000-2010-00179-01 (56176); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
4 de mayo de 2022, radicación 73001-23-31-000-2011-00124-01 (50804) y Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2021, radicación 50001-23-31-000-
2009-00300-01 (61309).
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que ocurrió el accidente, no puede ser entendido como una vulneración del derecho
al debido proceso de los recurrentes, ni muchos menos configura una nulidad que
amerite infirmar una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.
Y, en el mismo sentido, importa precisar que si bien en el marco de la causal de
nulidad originada en la sentencia es posible examinar algunos aspectos probatorios
ꟷen tanto allí también pueden ocurrir irregularidades procesales que afectan la
garantía al debido proceso de las partes, como, por ejemplo, cuando la sentencia
se funda en pruebas nulasꟷ, esto no significa que por esta vía sea posible reabrir
el debate propio de las instancias o traer nuevos elementos de prueba relacionados
con el objeto del trámite ordinario, pues “una valoración probatoria que sea diferente
a la que esperaba el demandante, no puede constituir una violación al derecho
fundamental al debido proceso”40. Así, esta Corporación ha sostenido:
“(…) este recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio
de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Tampoco es
un medio para cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias. Es
decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar
la actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando,
sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales
específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual
se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o
adulterados-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o
la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron sobrevinientes a
la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser –como en el
caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial –
como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era
objeto de recurso de apelación-. En otros términos, el recurso busca
revertir decisiones que fueron ganadas injustamente, esto es, por
medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar lo que,
en términos legales y jurisprudenciales se conocen como errores
judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las
pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente
40 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Subsección C, sentencia del 22 de mayo de 2024,
radicación 11001-03-26-000-2022-00141-00 (68585); Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 1 de diciembre de 2021, radicación 11001-03-26-000-2018-00119-00
(62097); Sala Especial de Decisión No. 14, sentencia del 21 de marzo de 2021, radicado 11001-03-
15-000-2013-00557-00; Sala Especial de Decisión No. 3, sentencia del 5 de julio de 2019, radicado
11001-03-15-000-2016-03572-00; Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia del 3 de diciembre
de 2019, radicado 11001-03-15-000-2014-01303-00, y Sala Especial de Decisión No. 20, sentencia
del 12 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2015-01020-00.
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o indebida aplicación de la misma (error de derecho)”41 (Negrilla fuera de
texto).
Así, como quiera que, en el caso concreto, el Tribunal valoró las pruebas aportadas
al proceso y soportó en ellas sus conclusiones, de cara a las reglas de la sana crítica
y de la experiencia, no se advierte irregularidad alguna que haya comportado una
vulneración del derecho al debido proceso de los recurrentes. En todo caso, debe
resaltarse que la prueba de alcoholemia fue aportada al proceso por la parte
recurrente y que ella estuvo sujeta a contradicción en las oportunidades pertinentes.
5.3. Así las cosas, por todo lo anteriormente expuesto, el presente recurso deberá
declararse infundado, al no estar acreditados los supuestos que dan lugar a la
causal de revisión invocada.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló cuando ya estaba en vigencia Ley 2080 de 2021, para resolver sobre las
costas debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo con las modificaciones que introdujo dicha
legislación, en concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General
del Proceso. Así, el inciso final del artículo 255 del CPACA dispone que “[s]i se
declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.”
Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará
a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva liquidación,
teniendo en cuenta las reglas previstas en los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso, en particular, aquella que establece que en el expediente debe
aparecer que se causaron “y en la medida de su comprobación”42.
En lo que respecta a las agencias en derecho y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrió el Departamento del Valle del Cauca, de conformidad
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, radicado
25000-23-26-000-1999-00319-01 (26239).
42 Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00144-00 (70335)
Recurrentes: Edgar Tomás Enríquez Córdoba y otros
con los parámetros establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, “[p]or
el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura43, la Sala impondrá condena por ese concepto por la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) en favor de esa
entidad, atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso.
7. Otras determinaciones
Finalmente, de conformidad con el poder visible a índice 35 del aplicativo SAMAI y
por encontrarse acreditados los requisitos de que tratan los artículos 74 del Código
General del Proceso44 y 5 de la Ley 2213 de 202245, se reconocerá personería al
abogado Helton David Gutiérrez González como apoderado del Departamento del
Valle del Cauca, en los términos y para los efectos del mandato conferido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso
de reparación directa No. 76001-33-33-002-2016-00120-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberán
ser liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en
43 “ARTÍCULO 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: // (…) 9. RECURSOS
EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V”.
44 “ARTÍCULO 74. PODERES. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán
conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por
documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente
identificados. (…)”
45 “ARTÍCULO 5°. PODERES. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán
conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se
presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. En el
poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá
coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Los poderes otorgados por personas
inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico
inscrita para recibir notificaciones judiciales.”
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00144-00 (70335)
Recurrentes: Edgar Tomás Enríquez Córdoba y otros
los artículos 188 y 255 del CPACA, 365 y 366 del CGP. Para el efecto, inclúyase
por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente (smlmv) en favor del Departamento del Valle del Cauca.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Helton David Gutiérrez
González, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.291.575 y la tarjeta
profesional No. 159.284 del Consejo Superior de la Judicatura46, como apoderado
del Departamento del Valle del Cauca, en los términos y para los efectos del
mandato conferido.
CUARTO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
46 Según consta en la página https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx, y en la
página https://antecedentesdisciplinarios.cndj.gov.co/, el apoderado tiene su tarjeta profesional
vigente y no registra sanción disciplinaria alguna. Adicionalmente, aportó los documentos que
soportan que quien le concedió el mandato tiene la potestad de representar judicialmente al
departamento.
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