Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00181-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00181-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2024-00181-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: GESTIÓN Y DESARROLLO
Opositor: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
• ERU
Referencia: RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL
La Sala decide el recurso de anulación interpuesto por la parte convocada y
demandante en reconvención, contra el laudo de fecha 2 de septiembre de 2024,
corregido en auto del 17 de septiembre del mismo año, proferido por el Tribunal
Arbitral constituido con el fin de dirimir la controversia de carácter contractual,
surgida entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, Fiduciaria
Colpatria S.A. (hoy Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.) 1 y la entidad sin ánimo de
lucro Gestión y Desarrollo.
SÍNTESIS DEL CASO
La entidad sin ánimo de lucro convocada en el proceso arbitral, Gestión y Desarrollo,
presentó recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral proferido el 2 de
septiembre de 2024 con fundamento en la causal séptima de anulación
contemplada en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012: “haberse fallado en
conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia
aparezca manifiesta en el laudo”. Ello, alegando que el tribunal de arbitramento
declaró su incumplimiento contractual omitiendo la valoración de pruebas.
ANTECEDENTES
1. La demanda arbitral
1.1. El 17 de junio de 2022, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de
Bogotá ERU (en adelante, la ERU), por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda arbitral contra el organismo sin ánimo de lucro Gestión y Desarrollo.
1
Vinculada al proceso arbitral como litisconsorte necesaria por activa.
1
Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
El libelo fue reformado el 11 de abril de 2023, de suerte que las pretensiones de la
convocante quedaron formuladas como sigue:
1. DECLARATIVAS:
PRIMERA: Se declare que Gestión y Desarrollo identificada con Nit
830.049.060-5, incumplió el Otrosí Integral Uno (1) al Contrato de Fiducia
mercantil inmobiliario, de Urbanismo, de Administración y Pago constitutivo del
PAS IDIPRON - modificado por los Otrosí 2 de 2015, 3 de 2015; y, 4 de 2016-,
suscrito el día 15 de octubre de 2014 entre la Fiduciaria Colpatria S.A. como
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Subordinado Idipron (PAS
IDIPRON), la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. y
Gestión y Desarrollo, por las razones, hechos y omisiones que se refieren en la
presente demanda.
SEGUNDA: Se declare que Gestión y Desarrollo, incumplió con las obligaciones
relacionadas con afianzar el cumplimento del contrato mediante la constitución
oportuna y a término de las garantías de cumplimiento y responsabilidad
exigidas bajo el contrato.
TERCERA: Como consecuencia de la anterior declaración, se dé la terminación
del Contrato de Fiducia mercantil inmobiliario, de Urbanismo, de Administración
y Pago constitutivo del PAS IDIPRON, conforme lo dispuesto en cláusula
vigésima tercera del Otrosí Integral No. 1, que ordena: “Este contrato terminará
cuando se produzca alguno de los siguientes eventos: (…) 4. Por el
incumplimiento del Fideicomitente Constructor, de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, según lo establecido en el presente contrato (…)”.
CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a Fiduciaria
Scotiabank Colpatria2, administradora y vocera del patrimonio autónomo
subordinado IDIPRON, realizar la liquidación del Contrato de Fiducia mercantil
inmobiliario, de Urbanismo, de Administración y Pago constitutivo del PAS
IDIPRON.
2. DE CONDENA (...):
PRIMERA: Se condene a Gestión y Desarrollo a pagar a la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., la suma de Seiscientos
Veintisiete Millones Treinta y Seis Mil Trescientos Treinta pesos con cincuenta
Centavos Mcte ($627.036.330,50), por la pérdida de recursos de naturaleza
pública invertidos con ocasión de los diseños e interventoría de diseños, gastos
y expensas de la licencias de urbanismo, que no han podido ser desplegados
ante la ausencia de construcción por parte de la Convocada.
SEGUNDA: Se condene a Gestión y Desarrollo a pagar a la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. las costas del proceso,
incluyendo agencias en derecho, honorarios y gastos del Tribunal.
1.2. Como fundamento del petitum, la convocante señaló, en síntesis, los siguientes
hechos:
Una de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo del Distrito Capital 2012-
20163 fue la construcción de 70.000 unidades de Vivienda de Interés Prioritario VIP,
2
Para la fecha de presentación de la reforma de la demanda, Fiduciaria Colpatria S.A. ya había sido
vinculada al proceso como litisconsorte necesaria por activa, lo cual fue dispuesto por el tribunal de
arbitramento en Auto N° 6 del 12 de octubre de 2022.
3
Adoptado en el Acuerdo Distrital N° 489 de 2012.
2
Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
clasificada en el Decreto Nacional 2190 de 2009 como aquella cuyo valor unitario
no supera los 70 s.m.l.m.v.
Para la gestión de esa meta, el mismo Plan Distrital de Desarrollo autorizó el uso de
bienes fiscales “como subsidio en especie”, consistente, según el Decreto Distrital
539 de 20124, en el porcentaje del costo de la VIP financiado con aportes del Distrito
Capital, en suelo o en inversiones en obras de urbanismo.
Este último decreto también determinó que todas las entidades del sector hábitat
debían constituir esquemas fiduciarios para realizar los respectivos aportes. La
Secretaría Distrital de Hábitat estaría encargada de coordinar la asignación de los
recursos y de hacer seguimiento a los proyectos.
En desarrollo de lo anterior, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud -IDIPRON- y Metrovivienda (hoy ERU) celebraron el Convenio
Interadministrativo 2593 del 31 de octubre de 2012, en virtud del cual la primera
entidad le transfirió a la segunda el derecho de dominio sobre dos predios
identificados con las matrículas inmobiliarias 50S-40409721 y 50S-837577, para el
desarrollo de la meta mencionada en el Plan de Desarrollo de Bogotá 2012-2016.
Tal fue el origen del proyecto de VIP denominado IDIPRON – Usme 2.
A nivel nacional, la Ley 1537 de 2012 autorizó al Fondo Nacional de Vivienda -
Fonvivienda para transferir recursos a patrimonios autónomos que participaran en
la convocatoria y selección de constructores de proyectos habitacionales para
población vulnerable. En punto de ello, Fonvivienda constituyó con Fiduciaria
Bogotá S.A. el fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, destinado a la
administración de los recursos transferidos a ese patrimonio para la ejecución de
actividades en materia de vivienda de interés prioritario.
El fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita contempló tres esquemas de
ejecución: 1) la adquisición de VIPs desarrolladas en proyectos privados, para ser
entregadas como subsidio; 2) la selección de constructores para el diseño y/o
ejecución de proyectos en lotes aportados por las entidades territoriales y 3) la
adquisición de viviendas terminadas, promovidas o gestionadas por entidades
territoriales o sus descentralizadas, para desarrollar VIP.
Previa asignación de cupos de subsidios por parte de Fonvivienda, Metrovivienda
postuló los lotes del proyecto IDIPRON – Usme 2, para el esquema de ejecución 2
del Programa de Vivienda Gratuita. Al no ser ello posible, dada la declaratoria de
desierta de las convocatorias respectivas, Metrovivienda, la Secretaría Distrital de
4 Decreto distrital regulatorio de los subsidios de vivienda para Bogotá.
3
Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Hábitat y la Caja de Vivienda Popular suscribieron con Fonvivienda el Convenio
Interadministrativo 043 del 16 de noviembre de 2012, para poder ejecutar, bajo el
esquema 3, el proyecto mencionado.
El Convenio 043 de 2012 se encaminó a la entrega gratuita de hasta 2.664 unidades
de VIP, a título de subsidio en especie, a la población vulnerable del Distrito Capital.
Los proyectos respectivos se ejecutarían bajo la responsabilidad de Metrovivienda
y la Caja de Vivienda Popular.
-. El 16 de agosto de 2013, Metrovivienda celebró con Fiduciaria Colpatria S.A. el
contrato de fiducia mercantil inmobiliario de urbanismo de administración y
pagos No. CDJ-50S-837577. Metrovivienda obró como fideicomitente, gestor y
constituyente, y dispuso pactar la fiducia con el fin de desarrollar el proyecto
IDIPRON – Usme 2. De esta manera quedó constituido el Patrimonio Autónomo
Subordinado IDIPRON, destinado a la administración de los bienes y recursos que
se le transfirieran para la construcción de unidades VIP, en los predios identificados
con matrículas inmobiliarias 50S-40409721 y 50S-837577.
-. Paralelamente, con el fin de cumplir el Plan de Desarrollo de Bogotá y los
compromisos asumidos con Fonvivienda, Metrovivienda celebró con la Secretaría
Distrital de Hábitat el Convenio Interadministrativo N° 206 del 28 de agosto de 2014,
para desarrollar y construir soluciones de VIS y VIP en la capital de la República.
En tal virtud, la Secretaría destinó recursos equivalentes a $25.305’280.000, de los
cuales, $9.646’785.600 fueron asignados al proyecto IDIPRON - Usme 2; a su vez,
Metrovivienda se obligó a construir, con esos recursos, 1580 soluciones
habitacionales de interés prioritario.
-. Metrovivienda y la Asociación Vivienda Popular Simón Bolívar celebraron el
Convenio de Asociación CGG 144 del 7 de noviembre de 2013, con el objeto de
adelantar el proyecto IDIPRON – Usme 2. La mencionada agrupación se obligó,
entre otras cosas, a ingresar al fideicomiso inmobiliario constituido por
Metrovivienda con la Fiduciaria Colpatria, en calidad de fideicomitente constructora.
Dicho Convenio CGG 144 de 2013 fue cedido el 26 de febrero de 2014 por la
Asociación Para la Vivienda Popular Simón Bolívar, a favor de Gestión y Desarrollo,
acto que tendría efectos a partir del 26 de mayo de 2014.
-. El 15 de octubre de 2014, Fiduciaria Colpatria y Metrovivienda -ésta última como
fideicomitente gestor- suscribieron el Otrosí N° 1 al contrato de fiducia mercantil
inmobiliario de urbanismo de administración y pagos No. CDJ-50S-837577,
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Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
disponiendo, entre otras cosas, vincular a Gestión y Desarrollo en calidad de
inversionista o fideicomitente constructora, igualmente firmante del otrosí.
En dicho instrumento se precisó que el proyecto contemplaba la construcción de
360 unidades de VIP con un precio máximo de venta de 62 s.m.m.l.v., otro conjunto
de unidades VIP con precio máximo de venta de 70 s.m.m.l.v., en cantidad
indeterminada pero determinable de acuerdo con los diseños y licencias, y una
plataforma comercial y de servicios. Igualmente, se detalló que el punto de equilibrio
se determinaría con base en el esquema de ingresos y gastos propuesto por
Gestión y Desarrollo, y aprobado por Metrovivienda.
Asimismo, el Otrosí N° 1 previó la conformación de un Comité Fiduciario que fungiría
como cuerpo decisorio del fideicomiso. Estaría integrado por dos representantes del
fideicomitente constructor, dos representantes del fideicomitente gestor y un quinto
miembro elegido conjuntamente por dichas partes. Las decisiones del comité se
tomarían con la presencia y aprobación del 60% de los miembros, es decir, tres
representantes, siendo obligatorio que por lo menos uno de ellos fuera del
fideicomitente constructor5. De conformidad con el acuerdo de voluntades, correría
a cargo del indicado Comité Fiduciario, entre otras cosas, la aprobación o
improbación de las propuestas presentadas por Gestión y Desarrollo.
Por su parte, el fideicomitente constructor se obligó a desarrollar el diseño y
ejecución de obras previas de mitigación, la preparación del presupuesto y la
obtención del punto de equilibrio financiero, traducido en el apalancamiento
necesario para adelantar el proyecto. Para la fase constructiva, estaban a su cargo
el desarrollo de la urbanización y la edificación de las viviendas, como también su
comercialización y entrega. Todo lo anterior, en los plazos previstos en el Otrosí N°
1.
Adicionalmente, se estipuló en la cláusula trigésima de ese acto modificatorio, la
obligación en cabeza de Gestión y Desarrollo de constituir garantías al momento de
ejecutar obras, para amparar los riesgos relativos al cumplimiento, pago de salarios,
prestaciones laborales, responsabilidad civil extracontractual y estabilidad de obra.
En el parágrafo primero de la indicada cláusula se advirtió, además, que a efectos
de cubrir el componente fijo descrito en la cláusula novena del contrato, alusivo a
los beneficios obtenidos por cada fideicomitente, Gestión y Desarrollo debía otorgar,
a favor de la ERU, cualquiera de las garantías financieras o modalidades de aval
enunciadas en el otrosí.
5 Si éste no tenía representantes en la sesión, debía convocarse a otra, que podría sesionar y decidir
con quienes estuvieran presentes.
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Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
-. Sobre el contrato de fiducia mercantil inmobiliario de urbanismo de administración
y pagos No. CDJ-50S-837577, las partes suscribieron otros cuatro otrosíes (2, 3, 4
y 5).
-. El 29 de enero de 2016, Gestión y Desarrollo presentó ante el Comité Fiduciario
una propuesta de comercialización del proyecto, que no fue aprobada por
contemplar que la Fiduciaria tomara el crédito constructor o que los inmuebles
aportados al Patrimonio Autónomo sirvieran de garantía del crédito, nada de lo cual
estaba permitido en el contrato ni en el programa social.
Otras propuestas y modelos financieros fueron postulados por Gestión y Desarrollo
ante el Comité Fiduciario entre 2016 y 2018, pero merecieron reparos, bien por
contemplar la construcción de unidades que no configuraban VIP, o porque no era
clara la viabilidad financiera, el esquema de financiación no se ajustaba al contrato,
se requería fijar más características técnicas para el proyecto o debía presentarse
un análisis de precio unitario viable, entre otras razones.
Una siguiente propuesta de modelación financiera fue presentada el 4 de abril de
2018, y si bien recibió el aval respectivo, no fue posible llevarla a término, por cuanto
la Secretaría Distrital del Hábitat se abstuvo de suministrar las listas de hogares
postulantes, requisito éste que exigía el Fondo Nacional del Ahorro para otorgar el
crédito. Las alternativas siguientes requirieron complementación, a solicitud de la
ERU (que para ese momento ya reemplazaba a Metrovivienda), pero su factibilidad
no logró verificarse.
El 26 de junio de 2019, el Comité Fiduciario le solicitó a Gestión y Desarrollo
actualizar las garantías contractuales y cumplir las condiciones inicialmente
acordadas, ante lo cual manifestó su desacuerdo.
-. Las partes fueron realizando varias reuniones de trabajo, pero al 30 de septiembre
de 2021 aún no había iniciado la fase constructiva, y el 16 de marzo de 2022,
Gestión y Desarrollo presentó una nueva propuesta de modelación financiera que
también fue rechazada, por pretender financiar los subsidios con aportes de una
caja de compensación familiar, sin tener un esquema definido de vinculaciones y
desembolsos de los recursos.
-. El 29 de noviembre de 2021, el Comité de Seguimiento del Convenio
Interadministrativo 206 de 2014 -suscrito entre Metrovivienda y la Secretaría Distrital
del Hábitat- examinó el estado de asignación y legalización de los subsidios y
evidenció que, de todos los proyectos financiados con recursos de ese convenio,
6
Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
IDIPRON - Usme 2 fue el único que no logró aplicarlos ni legalizarlos, y que no era
posible adicionar recursos para apalancarlo financieramente, por no concurrir
determinados requisitos fijados en el Plan de Desarrollo y en otras normas.
Agregó que el proyecto IDIPRON - Usme 2 no contaba con una modelación viable
que permitiera esperar una efectividad en el correcto empleo de los subsidios,
dentro de un plazo adicional.
2. Contestaciones y la demanda de reconvención
2.1. Fiduciaria Colpatria adhirió a las pretensiones de la demanda principal
reformada y expuso su versión de los hechos relacionados con el desarrollo del
contrato de fiducia mercantil inmobiliario de urbanismo de administración y pagos
No. CDJ-50S-837577.
2.2. Al contestar la demanda reformada, Gestión y Desarrollo se opuso al petitum,
refutó los fundamentos fácticos expuestos por ERU y reseñó lo que, según su
versión, aconteció con los convenios celebrados por las partes, incluyendo el Otrosí
N° 1 al contrato de fiducia mercantil inmobiliario de urbanismo de administración y
pagos No. CDJ-50S-837577. Propuso las siguientes excepciones:
• El Hecho Del Príncipe
• Fuerza Mayor
• Exceptio non adimpleti contractus (excepción de contrato no cumplido)
• Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
• Condición suspensiva no cumplida.
• Inviabilidad financiera del proyecto bajo los nuevos parámetros establecidos
unilateralmente por la ERU
• Condición imposible
• Imposibilidad de garantizar el crédito constructor bajo las nuevas
condiciones establecidas unilateralmente por la ERU.
• Cobro de lo no debido.
• Negativa de la ERU a firmar el otrosí # 5 sin lo cual no se podían obtener
pólizas de garantía.
• Falsa motivación de los requerimientos del incumplimiento y de la
convocatoria a tribunal de arbitramento.
2.3. El 16 de noviembre de 2022, Gestión y Desarrollo interpuso demanda de
reconvención, subsanada el 27 de noviembre del mismo año, formulando el petitum
como sigue:
A. PRINCIPALES DECLARATIVAS.
Primera principal: Se declare que la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ incumplió las obligaciones
contractuales a su cargo contenidas en el «OTROSÍ INTEGRAL UNO (1) AL
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO, DE URBANISMO, DE
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Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
ADMINISTRACIÓN Y PAGO (...), de fecha 15 de octubre de 2014, de acuerdo
con los hechos de la demanda en reconvención.
Segunda principal: Que se declare resuelto el contrato contenido en El
«OTROSÍ INTEGRAL UNO (1) AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
INMOBILIARIO, DE URBANISMO, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO (...), por el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de METROVIVIENDA [ERU].
B. CONSECUENCIALES Y DE CONDENA (...)
Primera consecuencial: Se condene a la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ a pagar a favor de GESTIÓN Y
DESARROLLO la suma de tres mil novecientos un millones novecientos diez
mil cuatrocientos treinta pesos ($3.901.910.430,00) correspondientes a:
i) La remuneración pactada entre las partes en el numeral 3.2.6. del Convenio
CGG 144-13 de fecha 7 de noviembre de 2013, convenio que es la fuente del
otrosí integral uno, esto es la suma de dos mil quinientos setenta y un millones
ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y ocho pesos
($2.571.856.838,00) equivalente a la diferencia entre el total de ventas
proyectadas y los costos totales del proyecto según la modelación de fecha
agosto 20 de 2014 (anexo 1 al otrosí integral uno) suma ya indexada.
ii) Mas la recuperación del IVA estimado en ($ 1.330.053.592,00), equivalente
al 4% de las ventas totales del Proyecto, IVA a cuya devolución tiene derecho
el fideicomitente constructor, según parágrafo de la cláusula 3.2.6 del convenio
CGG 144-13 contrato que es fuente del otrosí integral uno.
Segunda consecuencial: Se condene a LA [ERU] a pagar (...) la suma de dos
mil trescientos cincuenta y cinco millones seiscientos cuatro mil setecientos
catorce pesos ($2.355.604.714,00) por concepto de reembolso de los gastos
incurridos por GESTIÓN Y DESARROLLO en la elaboración de estudios,
licencias, etc. del proyecto (...), dentro del desarrollo del objeto contractual del
«OTROSÍ INTEGRAL UNO(1) AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
INMOBILIARIO, DE URBANISMO, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO (...), de
fecha 15 de octubre de 2014.
Tercera Consecuencial: Que se condene a la [ERU] a pagar a favor de
GESTIÓN Y DESARROLLO por concepto de intereses moratorios sobre las
sumas anteriores a partir de la presentación de la demanda principal el 17 de
junio de 2022, mora que a la fecha asciende a la suma de $918.133.909,50 (...).
Los hechos que fundamentaron la demanda de reconvención versaron sobre las
mismas relaciones contractuales mencionadas por la convocante en la
fundamentación fáctica del libelo principal.
2.4. La ERU propuso contra la demanda de reconvención, las siguientes
excepciones:
• Desconocimiento de los Actos propios.
• Pacta Sunt Servanda
• Condición Fallida -Alea a cargo del contratista
• Gestión y Desarrollo - G&D no es un contratista cumplido
• Cobro sin justa causa
• Falta de prueba de los hechos alegados, perjuicios y gastos reclamados
• Ausencia de pacto sobre gastos reembolsables
• Falta de competencia del Tribunal
2.5. Por su parte, Fiduciaria Colpatria formuló las excepciones de “principio legal: el
contrato es ley para las partes”, “contrato no cumplido por la demandante en
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Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
reconvención Gestión y Desarrollo” y “condición no cumplida a cargo del
demandante en reconvención”.
3. El laudo impugnado
3.1. En proveído del 2 de septiembre de 2024, el tribunal arbitral resolvió:
A. Sobre la demanda principal reformada, instaurada por la [ERU] y las
excepciones
correspondientes.
9.1. DESESTIMAR la prosperidad de la pretensión primera declarativa de la
demanda arbitral reformada por las razones expuestas en la parte motiva de
este Laudo arbitral.
9.2. DECLARAR la prosperidad de las pretensiones segunda, tercera y cuarta
declarativas de la demanda arbitral reformada por las razones expuestas en la
parte motiva de este Laudo arbitral. En ese orden, al DECLARAR el
incumplimiento de GESTIÓN Y DESARROLLO relacionado con “afianzar el
cumplimiento del contrato mediante la constitución oportuna y a término de las
condiciones de las garantías de cumplimiento y responsabilidad exigidas bajo
el contrato”; se DECLARA la terminación del Otrosí Integral No. 1 del 15 de
octubre de 2014 al Contrato de Fiducia mercantil inmobiliario de Urbanismo y
Administración y Pago No. CDJ-50S-837577 del 16 de agosto de 2013, y se
ORDENA a la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., como
administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Subordinado IDIPRON,
realice su consecuente liquidación conforme a los términos y alcance señalados
en el presente Laudo arbitral.
9.3. DESESTIMAR la prosperidad de la pretensión primera de condena de la
demanda arbitral reformada por las razones expuestas en la parte motiva de
este Laudo arbitral.
9.46. En relación con la pretensión segunda de condena de la demanda arbitral
reformada, CONDENAR a GESTIÓN Y DESARROLLO a pagar por concepto
de COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO la suma de TRESCIENTOS ONCE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($311’488.039,00) a favor de la EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.
9.5.7 ORDENAR a GESTIÓN Y DESARROLLO el reintegro de la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($257’670.671,00) a la
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ,
correspondiente al pago del 50% de los honorarios y gastos del Tribunal. Sobre
esta suma se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada, desde
el 3 de octubre de 2023 y hasta el momento del pago.
9.6. DESESTIMAR la prosperidad de las excepciones de mérito invocadas por
GESTIÓN Y DESARROLLO contra la demanda arbitral reformada en el sentido
de las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo arbitral.
B. Sobre la demanda de reconvención (...) y las excepciones correspondientes.
6
Se transcribe el numeral corregido por el tribunal de arbitramento en providencia del 17 de
septiembre de 2024.
7 Se transcribe el numeral corregido por el tribunal de arbitramento en providencia del 17 de
septiembre de 2024.
9
Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
9.7. DESESTIMAR la prosperidad de las pretensiones primera y segunda
declarativas de la demanda de reconvención, por las razones expuestas en la
parte motiva de este Laudo arbitral.
9.8. DESESTIMAR la prosperidad de las pretensiones primera, segunda,
tercera y cuarta consecuenciales de condena de la demanda de reconvención,
por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo arbitral.
9.9. DECLARAR la prosperidad de las siguientes excepciones de mérito
invocadas por la [ERU] contra la Demanda de Reconvención por las razones
expuestas en la parte motiva de este Laudo arbitral, a saber: “4.1.
Desconocimiento de los Actos propios”, 4.2. Pacta Sunt Servanda”, “4.3.
Condición fallida – álea a cargo del contratista”, “4.5. Cobro sin justa causa”,
“4.6. Falta de los hechos alegados, perjuicios y gastos reclamados, “4.7.
Ausencia de pacto sobre gastos reembolsables”.
9.10. DESESTIMAR la prosperidad de las siguientes excepciones de mérito
invocadas por la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA contra la Demanda de Reconvención por las razones expuestas en
la parte motiva de este Laudo arbitral, a saber: “4.4. Gestión y Desarrollo – G&D
no es un contratista cumplido” y “4.8. Falta de competencia del Tribunal”.
9.11. DESESTIMAR la prosperidad de las excepciones de mérito propuestas
por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. a la demanda de reconvención por
las razones indicadas en la parte motiva de este Laudo arbitral.
9.12. Por las razones y con el alcance señalado en la parte motiva de este
Laudo, ABSTENERSE de imponer sanciones del presente trámite arbitral
derivadas del artículo 206 del Código General del Proceso (...).
3.2. En decisión del 17 de septiembre de 2024 (Acta 28), el panel arbitral corrigió
los numerales 9.4 y 9.5 del laudo, y denegó la solicitud de aclaración que respecto
de esa providencia, presentó la parte convocada.
Las consideraciones y motivaciones esbozadas en el laudo arbitral y en la
providencia que negó su aclaración, relacionadas con los puntos de controversia
planteados por la censora, se referirán por la Sala al analizar los cargos formulados
en el recurso extraordinario de anulación.
4. Recurso de anulación y su trámite
4.1. Gestión y Desarrollo, en su condición de convocada y de demandante en
reconvención, interpuso recurso extraordinario de anulación contra el mencionado
laudo, con apoyo en la causal contemplada en el artículo 41, numeral 7 de la Ley
1563 de 20128, bajo cargos de los que se corrió traslado a la parte convocante y a
la fiduciaria vinculada como litisconsorte necesaria por activa, quienes se opusieron
expresamente a la impugnación, todo ello sobre la base de los argumentos que la
Sala expondrá en la parte considerativa de esta sentencia.
8
“Son causales del recurso de anulación (…):
7-. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo (...)”.
10
Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
4.2. En auto del 6 de febrero de 2025, se admitió el recurso extraordinario de
anulación y se ordenó notificar personalmente al Ministerio Público, que guardó
silencio ante esta Corporación, aunque rindió concepto en sede del tribunal de
arbitramento, como más adelante se precisará.
4.3. En providencia del 7 de marzo de 2025, la Sala aceptó el impedimento
manifestado por el Consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez para
conocer del presente asunto.
CONSIDERACIONES
1. Jurisdicción y competencia
La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para
resolver el recurso extraordinario de anulación, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 1563 de 20129, norma que determina que esta Corporación conoce de los
recursos de anulación de laudos arbitrales originados en asuntos en los que
intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas10.
En el contrato de fiducia mercantil inmobiliario No. CDJ-50S-837577, que originó la
controversia, fungió como fideicomitente gestora la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU, constituida en virtud del Acuerdo Distrital N°
643 de 2016 como una empresa industrial y comercial del Estado; es decir, una
entidad pública cuya intervención en el contrato sometido a proceso arbitral permitió
que se cumpliera en el sub lite el presupuesto de competencia previsto en el artículo
46, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012, referido.
Por otro lado, se aprecia que el recurso que hoy examina la Sala fue interpuesto
oportunamente11, lo que hace procedente su estudio, análisis y decisión.
9 “Artículo 46. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, será
competente la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde hubiese
funcionado el Tribunal de arbitraje (…).
Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una
entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
10 En armonía con ello, el artículo 104, numeral 7 del C.P.A.C.A. asigna al Consejo de Estado la
competencia para resolver los recursos extraordinarios de anulación contra laudos arbitrales, en los
siguientes términos: “esta Corporación conoce de los recursos de anulación de laudos arbitrales
originados en asuntos contractuales en los que intervenga una entidad pública”. Por otro lado, es del
caso tener en cuenta que el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 –modificado por el artículo 1º del
Acuerdo 55 de 2003– radicó en esta Sección la competencia para conocer de “los procesos de
nulidad de los laudos arbitrales originados en contratos estatales”.
11
El laudo se notificó en audiencia del 2 de septiembre de 2024, y el auto que denegó la solicitud
de su aclaración fue dictado y notificado el 17 de septiembre del mismo año, por lo que la parte
convocada tenía hasta el 30 de octubre de 2024 para interponer el recurso. Como tal mecanismo
11
Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
2. El recurso extraordinario de anulación: naturaleza y características
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha referido la naturaleza, las
características y las particularidades que identifican al recurso de anulación de
laudos arbitrales12, advirtiendo que tal mecanismo es de carácter excepcional,
restrictivo y extraordinario, por lo cual no constituye ni puede entenderse como una
instancia adicional en el proceso.
Se ha señalado, asimismo, que la finalidad del mencionado mecanismo es
controvertir la decisión contenida en el laudo arbitral por errores in procedendo, de
modo que a través de él no puede atacarse el laudo por cuestiones de mérito o de
fondo, esto es, errores in iudicando. En ese sentido, no le es dable al juez del
recurso examinar si el tribunal de arbitramento obró o no de acuerdo con el derecho
sustancial, ni revivir el debate probatorio para entrar a considerar eventuales yerros
en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el
correspondiente tribunal, dado que el juez de la anulación no ha sido instituido como
superior jerárquico o funcional del tribunal arbitral. Al respecto, el artículo 42 - inciso
tercero del Estatuto Arbitral prohíbe al juez de la anulación pronunciarse sobre el
fondo de la controversia y calificar o modificar los criterios, interpretaciones y
análisis plasmados en el laudo13.
Ahora bien, los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por el
denominado “principio dispositivo”, en cuya observancia dicho operador judicial
debe limitarse exclusivamente a resolver sobre lo solicitado por el recurrente en la
formulación y sustentación de su respectivo recurso. A su vez, el objeto que con el
recurso se persigue se debe encuadrar en los precisos y puntuales supuestos que
la ley consagra14, por lo que, en principio, no le es permitido al juez de la anulación
interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir causales no
fue interpuesto en la indicada fecha (correo electrónico visible en el sistema SAMAI), se concluye
que se formuló en oportunidad.
12 Reiteración jurisprudencial: al respecto pueden consultarse las sentencias de la Sección Tercera
del Consejo de Estado de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871; de 26 de marzo de 2008, exp.
34.071; de 13 de agosto de 2008, exp. 34.594; de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, entre muchas
otras.
13 “La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la
controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
Sin perjuicio de lo anterior cabe anotar que, excepcionalmente, el juez de la anulación puede corregir
o adicionar la providencia, pero solo en aquellos específicos eventos en que prospere la causal de
anulación referente a la incongruencia, prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012, o bien, cuando el laudo contenga “disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores
por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte
resolutiva”, supuesto que configura la causal octava de la misma norma.
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de agosto de 1994, exp. 6550 y de 16 de
junio de 1994, exp. 6751, M.P. Juan de Dios Montes, reiteradas por esta Subsección en sentencia
de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
12
Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
Recurrente: Gestión y desarrollo
Opositor: ERU Bogotá
Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
invocadas y, menos aún, para pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la
formulación y sustentación del correspondiente recurso de anulación15.
Por otro lado se tiene que, dado el carácter restrictivo que identifica el recurso
extraordinario de anulación, su procedencia se encuentra condicionada a que se
determinen y sustenten debidamente las causales que se invocan en forma expresa,
las cuales deben tener correspondencia con aquellas que de manera taxativa
consagra la ley para ese efecto; por ello, el legislador establece que el juez de la
anulación debe rechazar de plano el recurso cuando los vicios que se aduzcan o
invoquen no correspondan a ninguno de los señalados expresamente en la ley –
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012–16, es decir, cuando los cargos formulados y
desarrollados en la impugnación sean totalmente extraños y ajenos a los supuestos
establecidos en la norma, por no encuadrar objetivamente en ninguno de ellos.
3. El pacto arbitral
El contrato de fiducia mercantil inmobiliario de urbanismo, de administración y pago,
debatido en el proceso de arbitramento, fue suscrito entre Metrovivienda (hoy ERU)
y Fiduciaria Colpatria S.A. (hoy Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.) para constituir
el patrimonio autónomo encaminado a la construcción del proyecto de VIP IDIPRON
– Usme 2. En él se previó su modificación posterior con varios propósitos, entre
éstos, vincular a esa relación negocial al futuro fideicomitente constructor,
encargado de ejecutar el proyecto y adelantar, en efecto, la construcción de las
viviendas.
En cumplimiento de ello, el 15 de octubre de 2014, Metrovivienda y la fiduciaria
suscribieron con Gestión y Desarrollo el Otrosí Integral N° 1 al contrato de fiducia
mercantil inmobiliario de urbanismo, de administración y pago, obrando dicha
entidad sin ánimo de lucro como fideicomitente constructora.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez, reiterada por esta Subsección en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp.
38.379, M.P. Hernán Andrade Rincón.
16 La jurisprudencia constitucional ha recalcado las características del proceso arbitral, su sujeción
al principio dispositivo y las limitaciones del recurso extraordinario de anulación contra el laudo que
lo resuelve, al indicar: “La Corte Constitucional ha considerado que el arbitramento es un mecanismo
idóneo no únicamente para descongestionar los despachos judiciales, sino también para lograr que
las partes en forma pacífica pongan fin a sus controversias. Bajo este entendido, se ha considerado
el arbitramento como un ‘mecanismo alterno de solución de conflictos’ que ‘implica la derogación
que hacen las partes de la jurisdicción que, en cabeza de los jueces ejerce el Estado, para que frente
a un conflicto determinado o precaviendo uno futuro, sean terceros distintos de los jueces, quienes
con carácter definitivo resuelvan la controversia suscitada, mediante una decisión –fallo arbitral- que
al igual que las decisiones de los jueces de la República, haga tránsito a cosa juzgada” (Corte
Constitucional. Sentencia T-714 del 17 de octubre de 2013).
13
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Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
En la cláusula vigésima séptima del otrosí, se pactó lo siguiente:
CLÁUSULA COMPROMISORIA. - Toda controversia o diferencia relativa a este
contrato se resolverá por un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará al
reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: El Tribunal estará integrado por
tres (3) árbitros designados por las partes de común acuerdo. En caso que no
fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de
las partes.
4. Argumentos del recurso extraordinario de anulación
La recurrente reprochó que en el laudo se hubiera accedido a la pretensión segunda
de la demanda principal reformada, relativa a las alegadas omisiones de Gestión y
Desarrollo en la constitución de las garantías de cumplimiento y de responsabilidad,
previstas en los acuerdos de voluntades suscritos con Metrovivienda.
Consideró que el análisis plasmado por el panel de árbitros comportaba una
decisión en conciencia, por concluir que el fideicomitente constructor no había
constituido ni aportado las garantías establecidas en los otrosíes 1 y 3 del contrato,
únicamente sobre la base de que las carátulas de las pólizas obrantes en el proceso
referían como tomador a un tercero y como beneficiario a Gestión y Desarrollo -en
oposición a lo previsto en el contrato-, sin reparar el Tribunal en que esas mismas
pólizas constataban las “aclaraciones” hechas por las partes, en el sentido de tener
como “tomador adicional” de tales garantías a Gestión y Desarrollo, y como
“beneficiario adicional” al patrimonio autónomo subordinado IDIPRON, siguiendo lo
previsto en los respectivos otrosíes al contrato de fiducia mercantil No. CDJ-50S-
837577.
Precisó que, mediante otrosí N° 2 al contrato de fiducia ya referido, las partes
dispusieron prorrogar las indicadas pólizas, y que al constituirse el respectivo
certificado de modificación, el 3 de junio de 2015, se indicó en el cuerpo de tales
seguros quiénes serían el tomador y el beneficiario adicionales. Asimismo,
manifestó que en el otrosí N° 3, se dispuso ajustar una de las pólizas para detallar
las condiciones y plazos de cobertura del amparo de estabilidad y otros ítems, ante
lo cual se expidió el certificado de modificación del 18 de noviembre de 2015, en el
que nuevamente se detalló que el tomador adicional sería el fideicomitente
constructor, y el beneficiario adicional, el patrimonio autónomo ya indicado.
Expuso:
El supuesto incumplimiento en la constitución de las garantías, a juicio del
tribunal de arbitramento, activó una cláusula resolutoria del contrato,
14
Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
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específicamente la cláusula vigésimo tercera de Otrosí Integral No. 1, que
establecía la resolución del contrato en caso de incumplimiento por parte del
Fideicomitente Constructor (GYD en este caso) y así lo ordenó, es decir, la
terminación del contrato, con una liquidación incierta.
Agregó que, de haber tenido en cuenta el tribunal la prueba de las aclaraciones
incorporadas en las pólizas, la decisión final habría sido necesariamente distinta a
la que finalmente se adoptó en el laudo, pues se habría concluido que la convocada
cumplió sus obligaciones, y que por consiguiente, era preciso denegar la pretensión
segunda de la demanda reformada.
Subrayó que Gestión y Desarrollo cumplió tanto con la constitución de las garantías
como con las modificaciones solicitadas por la fiduciaria, y que ninguno de tales
instrumentos fue objetado ni rechazado por el Comité de Fideicomiso, órgano
encargado de la aprobación respectiva.
Igualmente, cuestionó que mientras la ERU no especificó en su demanda cuáles
eran las garantías faltantes ni cómo se configuró el incumplimiento endilgado a la
convocada, solicitando sin embargo la terminación del contrato de fiducia y su
posterior liquidación, el Tribunal accedió a ello previo examen de los otrosíes 1 y 3
y de cada una de las pólizas aportadas al proceso por la convocada. En punto de
ello reiteró que, en todo caso, “el Tribunal Arbitral ignoró las pruebas que acreditaron
la presentación de las garantías y la implementación de las modificaciones
requeridas por el fiduciario, con lo cual violó el derecho de Gestión y Desarrollo al
debido proceso”.
5. Oposiciones de la convocante y la litisconsorte
5.1. La ERU manifestó que el laudo impugnado contenía decisiones argumentadas
jurídicamente y soportadas en el material probatorio, en particular porque el tribunal
de arbitramento cimentó la solución del caso y su conclusión sobre el
incumplimiento de la convocada, con el contrato, la cláusula trigésima del otrosí N°
1, la cláusula novena del otrosí N° 3 y los demás documentos decretados como
prueba. Señaló además que los árbitros también acudieron a la ley para dar
basamento a sus planteamientos, y que era claro que el laudo no se fundó en la
convicción íntima del panel.
5.2. Por su parte, Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. subrayó que el tribunal de
arbitramento había decidido en derecho, por cuanto el laudo se había fundamentado
en el caudal probatorio recaudado, no sólo con los documentos estudiados por los
árbitros sino también con los testimonios rendidos en la causa. Agregó que el
15
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propósito del impugnante era reprochar el análisis probatorio efectuado en la
providencia, desconociendo que ello desbordaba el marco del recurso
extraordinario, y que el contrato, incumplido por el censor, era ley para las partes.
Por lo demás, reseñó pormenores de lo acontecido durante la relación contractual
existente entre Metrovivienda (ERU), la fiduciaria y Gestión y Desarrollo.
6. Posición del Ministerio Público
En concepto rendido en sede arbitral, el Ministerio Público determinó que el recurso
extraordinario de anulación carecía de vocación para prosperar, toda vez que tenían
pleno asidero jurídico los reparos del tribunal respecto del contenido de las pólizas
aportadas al proceso, al tiempo que en el laudo no se avizoraba prima facie ningún
defecto que encuadrara en la causal invocada, siendo por el contrario evidente que
la providencia no fue producto de una libre apreciación o convicción íntima de los
árbitros, sino que provino de un estudio jurídico y probatorio.
Agregó que tampoco se daban “los demás presupuestos o criterios” para considerar
que el laudo no se emitió en derecho, pues estaba fundamentado en normas
vigentes y contenía una interpretación coherente del ordenamiento, así como una
valoración ponderada de las pruebas.
Además, precisó:
Si se pudiera, en gracia de discusión, aceptar el argumento del impugnante en
el sentido de que se está frente a una decisión errada en algunos aspectos,
porque no se efectuó una correcta valoración del recaudo probatorio, no por ello
sería dable señalar que es un laudo en conciencia, pues como lo ha dejado
sentado el Consejo de Estado ‘es impropio discutir en este contexto si la
providencia recurrida valoró correcta o adecuadamente las pruebas, en tanto
dicha calificación sería propia de un juzgamiento de instancia y no se ubicaría
en el terreno del fallo en conciencia sino en el de una providencia errática, todo
ello ajeno al recurso extraordinario de anulación’.
Por lo anterior, concluyó que no existían los yerros de procedimiento aludidos por el
censor, y que no era viable revivir el debate probatorio ni atacar el laudo por
aspectos de mérito o de fondo.
7. Motivaciones y decisiones del laudo
7.1. En lo que resulta de relevancia para el presente asunto, la Sala reseñará los
siguientes puntos del laudo censurado:
El tribunal de arbitramento comenzó por abordar la figura de la coligación
contractual, que, en su criterio, se había configurado en el caso concreto;
16
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seguidamente, reseñó los antecedentes normativos y el régimen jurídico de tal
relación negocial surgida entre todas las partes, así como el de cada uno de los
contratos suscritos en ese marco. De igual manera, examinó los convenios
interadministrativos suscritos por Metrovivienda, valorando las características y la
procedencia de cada uno de acuerdo con la ley.
Al abordar la pretensión primera de la demanda principal reformada, concluyó que
no se habían identificado en ella las circunstancias configurativas del alegado
incumplimiento de Gestión y Desarrollo frente al proyecto de VIP materia del
contrato, mientras que lo evidenciado con las pruebas fue que su no ejecución
obedeció a los fallidos intentos de las partes por cambiar el modelo negocial de la
fiducia, imposibilidad que, a su vez, provino por la exclusión del proyecto del
programa nacional Vivienda Gratis, del cual, en criterio del tribunal, dependía la
factibilidad de los compromisos asumidos por ambas partes.
Frente a la pretensión segunda de la demanda principal, atinente a las obligaciones
del fideicomitente constructor en materia de garantías, resaltó, en primer lugar, que,
de conformidad con los otrosíes 1 y 3 del contrato de fiducia mercantil, Gestión y
Desarrollo debía afianzar todas sus obligaciones derivadas de ese negocio jurídico,
constituyendo dos grupos de garantías, a saber: i) las que amparaban todas sus
obligaciones derivadas del contrato durante la etapa de construcción del proyecto,
y ii) las expresamente introducidas en el otrosí N° 3 (cumplimiento, calidad,
estabilidad de la obra, responsabilidad extracontractual y otros amparos),
encaminadas a cubrir los riesgos de las obras previas de mitigación y urbanismo
asumidas por el mismo constructor, quien debía obrar en ambos grupos de
garantías como tomador de los seguros respectivos, en tanto que el beneficiario
debía ser el patrimonio autónomo subordinado IDIPRON.
En el estudio probatorio de tal presupuesto, recalcó que la parte convocada había
aportado al proceso las pólizas 15-45-101057661 y 15-40-101035446129, pero que
a pesar de corresponder a unas garantías para amparar las obras de mitigación del
proyecto, habían sido tomadas por un tercero a favor de Gestión y Desarrollo,
cuando lo previsto en las cláusulas era que éste debía figurar como tomador de los
seguros, y como beneficiario, el patrimonio autónomo subordinado IDIPRON. Ante
tal circunstancia, concluyó que las indicadas pólizas no se ajustaban a lo exigido en
los otrosíes 1 y 3 del contrato de fiducia inmobiliaria, de suerte que debía prosperar
la pretensión segunda de la demanda principal.
Señalaron los árbitros:
El Tribunal encuentra que, al verificar la documentación del proceso, los dichos
de la demanda, la contestación y la demanda de reconvención, que GYD no
17
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constituyó ni aportó las garantías en los términos del Otrosí Integral No. 1, ni del
Otrosí No. 3. Las aportadas al expediente no corresponden con ninguna de las
que se exigen en tanto los datos de la carátula de las mismas no corresponden
al tomador, ni al beneficiario exigido contractualmente, ni otorgadas dentro de
la oportunidad para hacerlo (…)
[S]e observa que se constituyeron las pólizas No. 15-45-101057661 y No. 15-
40-101035446129 (…), que (…) no se ajustan a las exigidas contractualmente
(…).
En este sentido, es posible afirmar que ‘Gestión y Desarrollo no cumplió con
sus obligaciones contractuales relacionadas con la constitución oportuna y a
término de las garantías de cumplimiento y responsabilidad exigidas’ (…).
Del anterior análisis concluye el Tribunal que sí prospera la pretensión segunda
declarativa de la Demanda Arbitral Reformada, dado que no se cumplió con la
obligación tal como se explicó en los párrafos anteriores; por cuanto, además,
se trata de una obligación vinculada a un expreso mandato legal, esto es, el
parágrafo segundo de la Ley 1537 de 2012, que manda lo siguiente:
‘PARÁGRAFO 2o. Las obligaciones que establezcan las normas vigentes sobre
las garantías relativas a la obra, se entenderán como obligaciones a cargo de
los constructores y no de los patrimonios autónomos que se constituyan para el
desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario, por parte de las
entidades a las que hace referencia este artículo; aspecto que quedará
claramente establecido en los contratos que se realicen con el constructor’.
Como consecuencia directa de esa declaratoria de incumplimiento, el tribunal
accedió a la pretensión tercera declarativa de la demanda, consistente en dar por
terminado el contrato de fiducia mercantil inmobiliario, de urbanismo, de
administración y pago, por cuanto en el Otrosí N° 1 se había previsto que la
inobservancia de las obligaciones contractuales asumidas por el fideicomitente
constructor sería causal de terminación de ese negocio jurídico.
Seguidamente, transcribió la cláusula de terminación del otrosí en los siguientes
términos:
En este sentido, la cláusula vigésima tercera (23) del Otrosí Integral No. 1 reza:
‘Este contrato terminará cuando se produzca alguno de los siguientes eventos:
1. Haberse cumplido su finalidad; 2. Haber transcurrido el término establecido
para la etapa preliminar o su prórroga sin que se hayan cumplido los requisitos
para que se inicie la construcción y terminación de conformidad con lo
establecido en el presente contrato; 3. La renuncia de la fiduciaria, cuando se
den las causales del artículo 1232 del Código de comercio, con antelación
mínima de 30 días a aquel en que piense hacer efectiva la terminación; 4. Por
el incumplimiento del fideicomitente constructor de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, según lo establecido en el presente contrato; y 5. El
acaecimiento de alguna de las causales del artículo 1240 del Código de
Comercio”.
De igual manera, concluyó que prosperaba la pretensión cuarta declarativa del libelo
principal, en el sentido ordenar a Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. efectuar la
liquidación del Otrosí N° 1, por corresponderle ese acto, en tanto administradora del
patrimonio autónomo constituido en el contrato mismo, todo ello interpretado a la
luz de los artículos 1242 y 1620 al 1622 del Código de Comercio.
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Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
No obstante lo anterior, los árbitros dispusieron denegar la pretensión primera
condenatoria de la demanda principal, por cuanto si bien se solicitó en ella la
indemnización de unos perjuicios derivados del incumplimiento contractual referido,
estos no se demostraron en el proceso, al no acreditarse cuál fue el menoscabo
específico provocado a la ERU, consecuencial a la no constitución de las garantías
previstas en los otrosíes 1 y 3 del contrato de fiducia mercantil inmobiliario.
Frente a la demanda de reconvención, el tribunal dispuso desestimar todas las
pretensiones declarativas y de condena que fueron formuladas por Gestión y
Desarrollo, por no encontrar demostrado ninguno de los incumplimientos que esa
entidad sin ánimo de lucro le atribuyó a la ERU, y evidenciar, por consiguiente, que
no existía mérito para imponer al órgano distrital el pago de indemnización alguna.
A la par con ello, declaró prósperas las excepciones de “Desconocimiento de los
Actos propios”, “Pacta Sunt Servanda”, “condición fallida – álea a cargo del
contratista”, “cobro sin justa causa”, “falta de los hechos alegados, perjuicios y
gastos reclamados” y “ausencia de pacto sobre gastos reembolsables”; todo ello por
no encontrar demostrados los incumplimientos de la ERU, señalados en la demanda
de reconvención.
En torno al planteamiento de que no se demostró que la ERU hubiera incumplido el
otrosí materia de controversia, reiteraron los árbitros:
Lo que se concluye del acervo probatorio allegado al expediente, en especial,
de los testimonios rendidos por ALBERTO MARIO NIEVES CABALLERO,
SANDRA MILENA SANTOS y ROSALBA JAIMES, es que en la realidad de las
cosas, las partes entraron en una cadena interminable de negociaciones con el
fin de modificar el modelo negocial contenido en el texto originario del Otrosí
Integral No. 1, sus documentos y modificatorios, proceso que se advierte desde
el año 2015, cuando, en consideración de este Tribunal, el contrato se hizo
materialmente inviable, en virtud de la exclusión del Gobierno Nacional del
proyecto original USME II IDIPRON del Programa Vivienda Gratis, sobre el cual
gravitaba el cumplimiento de las obligaciones pactadas para ambas partes,
situación jurídica y fáctica que impactó el destino del mismo y que en
consideración de este Tribunal configuró en su momento una circunstancia
determinante para haber dado por terminado y liquidado la fiducia mercantil.
En razón de todo lo anterior, el tribunal accedió a las pretensiones de condena de
la demanda principal reformada, alusivas al pago de las costas procesales, las
agencias en derecho y, especialmente, el pago de los honorarios de los árbitros.
Así, el tribunal consideró que Gestión y Desarrollo era la parte que debía asumir la
condena en costas, dadas las resultas generales del proceso, tanto frente a la
demanda principal como a la de reconvención.
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Dijo:
El Tribunal estima que, de conformidad con la orientación decisoria anunciada
respecto de las pretensiones impetradas en las dos demandas -arbitral
reformada y de reconvención- y de las excepciones recíprocamente formuladas
en las respectivas contestaciones, y considerando el resultado cuantitativo y
cualitativo del litigio en sus varias aristas y componentes, que tiene
razonabilidad la condena parcial en costas a cargo de GESTIÓN Y
DESARROLLO y a favor de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ, en una cuantía equivalente al 50% de las costas
asumidas por ésta última.
7.2. Gestión y Desarrollo solicitó la aclaración del laudo arbitral para que se
precisara si las garantías echadas de menos en la providencia eran únicamente las
de las obras de mitigación y urbanismo previas a la construcción del proyecto, o
incluían también las de la fase constructiva, la cual nunca pudo iniciar, tal como se
reconoció en el laudo mismo.
En auto del 17 de septiembre de 2024 (Acta N° 28), el tribunal denegó la indicada
solicitud de aclaración, por estimarla improcedente.
8. Análisis de la Sala
8.1. La causal de anulación invocada en el recurso - Laudo en conciencia
Como es sabido, la causal séptima prevista en el artículo 41 de la Ley 1563 de
201217 se refiere a la expedición del laudo en conciencia cuando la decisión debió
adoptarse en derecho18, siempre que tal vicio sea visible y se advierta prima facie
en la providencia.
Así, esta causal opera cuando el tribunal de arbitramento profiere el laudo
apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio, para ajustar sus
17 “Son causales del recurso de anulación:
1. La inexistencia, la invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral.
2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia (…).
6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del
vencimiento del término fijado para el proceso arbitral.
7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.
8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio
de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan
en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.
9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido
más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.”.
18 Cabe anotar que el arbitraje en derecho constituye la regla general aplicable a la contratación
estatal, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, que establece: “En los tribunales
en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las
controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución,
interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias
económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el
laudo deberá proferirse en derecho”.
20
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Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
decisiones exclusivamente a su criterio personal. En otros términos, al incurrir en el
vicio de laudo en conciencia, el panel arbitral aplica criterios axiológicos como los
de “lo correcto o lo bueno”, al margen de un parámetro normativo o legal y
ateniéndose únicamente a su íntima convicción.
En este punto, la Sala reitera su jurisprudencia, en la que hizo un recorrido histórico
sobre la mencionada causal de anulación y sintetizó su contenido y alcance en los
siguientes términos:
El laudo en conciencia se estructura cuando los árbitros se apoyan
exclusivamente en su íntima convicción del caso, no dan razones de su decisión
o prescinden de toda consideración jurídica o probatoria y es en equidad cuando
los árbitros inaplican la ley al caso concreto, porque consideran que ella es
inicua o que conduce a una iniquidad, o cuando buscan por fuera del ámbito de
la ley una solución al caso controvertido.
El laudo en conciencia está proscrito en el ordenamiento jurídico colombiano y
el laudo en equidad está permitido cuando el conflicto objeto del arbitraje se
traba entre particulares, de modo que uno y otro serán anulables bajo la
aducción de la causal ‘Haberse fallado en conciencia o en equidad debiendo
ser en derecho’, cuando se trate de conflictos derivados de contratos estatales.
El laudo en derecho debe ser proferido con fundamento en el derecho positivo
vigente, lo cual significa, por una parte, que no basta la simple referencia de una
norma Constitucional o legal, para que se repute como tal, pues es necesario
que la norma positiva esté hilada en la cadena argumentativa que sustenta la
decisión y, por otra parte, supone que la norma debe estar vigente en el
ordenamiento jurídico para que pueda tener la virtualidad de fundar la decisión.
La decisión en derecho debe estar fundada en las pruebas aportadas al
proceso, de manera que la decisión que se adopte con prescindencia de la
prueba necesaria para fundar la decisión o con carencia absoluta y ostensible
de juicio jurídico valorativo de la prueba es una decisión que solo responde a la
íntima convicción del juzgador, luego es una decisión en conciencia19.
Cabe destacar que, en materia probatoria, solo cuando sin justificación alguna el
laudo excluye totalmente del análisis los elementos de prueba u omite la valoración
de las probanzas necesarias para resolver el asunto, surge la decisión o fallo en
conciencia20, vicio este que, por el contrario, no ocurre cuando los árbitros valoran
los medios de convicción de manera distinta a la que las partes consideran correcta,
o fundan la providencia en elementos probatorios diferentes a los que el censor
estima que debieron tenerse en cuenta.
Esto se explica porque el fallo en conciencia se caracteriza por contener una
decisión sustentada únicamente en el convencimiento subjetivo del juez, de suerte
que, cuando este funda su proveído en las pruebas, aún de manera equivocada, el
fallo es en derecho. Así lo ha precisado la jurisprudencia al indicar, precisamente,
que la valoración errada de las pruebas por parte de los árbitros no configura el vicio
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de agosto de 2017, exp.
56.347, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 19 de septiembre de 2019, exp. 11001-03-26-000-2018-00110-00 (62027).
21
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de fallo en conciencia, de manera que las discrepancias que las partes tengan con
el criterio fijado por el tribunal de arbitramento para estimar y analizar el material
probatorio no pueden hacerse valer mediante el recurso extraordinario de anulación
bajo la indicada causal, puesto que ello equivaldría a señalar que el juez del recurso
puede hacer pronunciamientos de fondo sobre la cuestión resuelta en el laudo,
circunstancia que, se reitera, desnaturaliza el aludido mecanismo.
Al respecto, expone esta Corporación21:
No corresponde a esta causal de anulación, la deficiente valoración que de las
pruebas realice el juzgador22, por cuanto ‘(n)o se trata pues, y eso está claro,
de que el recurrente encubra sus divergencias sobre la manera como el tribunal
estimó y valoró las pruebas del proceso, que le ha sido desfavorable, para
deducir de allí que se está en presencia de un fallo en conciencia, cuando
normalmente, en un caso como este, el juez suele expresar claramente, a lo
largo de la motivación de la sentencia, las razones por las cuales los medios de
prueba le han conducido a tomar una u otra posición, gracias a la libertad de
valoración –sana crítica- que la ley procesal le confiere”23 (…).
[L]a Sala (…) remite al desarrollo que sobre este criterio se hizo, en el entendido
que se exige del laudo su fundamentación en las pruebas legalmente aportadas
al proceso. Luego, si no hay fundamento probatorio o sin justificación se
desconoce o se aparta de las pruebas, se estará frente a una decisión
claramente subjetiva de los árbitros’.
Aquí vale recordar que ese ejercicio no puede de ninguna manera significar la
revisión del fondo de la decisión o la calificación de la misma. Se trata de
defectos evidentes, como lo son la ausencia de fundamentos probatorios o,
como lo ha precisado la jurisprudencia, que aun cuando exista un análisis
probatorio, el laudo se aparte por completo y sin justificación de lo que las
pruebas señalan, es decir, un abandono absoluto del material probatorio 24.
Con fundamento en todo lo anterior y, a título meramente ilustrativo, se tiene que no
procede fundar el recurso de anulación por la causal de laudo en conciencia en los
siguientes eventos o hipótesis:
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 20 de marzo de 2018, exp. N°
11001-03-26-000-2017-00113-00(59836). C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido,
véase la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2018, exp. N° 61082, en la cual se indicó: “[L]os
fallos en conciencia en Colombia están proscritos para los tribunales arbitrales en la contratación
pública, toda vez que ellos prescinden de toda motivación y de las pruebas, en la medida en que los
árbitros se apoyan en su íntima convicción y, por tanto, no dan razones de su decisión o prescinden
de toda consideración jurídica o probatoria. En tal sentido, para configurar esta causal se requiere
demostrar que la decisión del Tribunal i) prescindió de toda motivación; de toda prueba y de toda
consideración jurídica y ii) cuando esto aparezca de manifiesto en el laudo” (Consejera ponente:
Marta Nubia Velásquez Rico -E-).
22 Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 17797, C.P. María Elena Giraldo Gómez”.
23 Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, C.P. Enrique Gil Botero”.
24 Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, expediente 55852, C.P. Ramiro Pazos Guerrero”.
22
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Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
i) Cuando el tribunal de arbitramento hace una determinada interpretación del
derecho vigente. La anulación del laudo no se puede fundar en yerros cometidos
por el juez al hacer un ejercicio hermenéutico sobre la ley25.
ii) Cuando el tribunal arbitral funda el laudo en la equidad, como criterio auxiliar para
llenar los vacíos legales. En torno a este punto, esta Corporación26 ha advertido que
el criterio de la equidad es un elemento de interpretación que se puede emplear por
la justicia arbitral, aun en el marco del arbitramento en derecho, sin dar lugar a la
anulación del laudo.
iii) Cuando el tribunal de arbitramento interpreta de manera incorrecta el contrato
sometido a la controversia27.
iv) Por último, si las pruebas no fueron valoradas correctamente, o si la valoración
se hizo en forma distinta a la que invocaron las partes. En efecto, se reitera que el
recurso de anulación no es una instancia para rebatir o cuestionar el estudio de las
pruebas ya que solo procede la causal cuando es inexistente el sustento
probatorio28. En punto a ello, esta Subsección también ha precisado que el laudo
en conciencia surge igualmente cuando se resuelve en forma contraevidente o
manifiestamente opuesta a lo que revela el material probatorio, lo que difiere
claramente de una valoración equivocada o errónea, pues el laudo en conciencia se
produce únicamente cuando las pruebas no son estimadas en la causa respectiva.
25 Véase al respecto, la sentencia proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de
Estado, el 24 de mayo de 2017, expediente N° 110010322600020160015200 (58.675). C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A,
sentencia de 21 de septiembre de 2016, exp. 56.728, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de julio 6
de 2005, exp. 28.990, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez:
“De hecho, para que se pueda hablar de un fallo en conciencia, la decisión judicial arbitral debe
adolecer de toda referencia al régimen jurídico aplicable a la controversia contractual, de manera
que sea posible sostener que, efectivamente, al margen del derecho, la decisión ha partido del fuero
interno de los árbitros, sin justificación normativa alguna”.
28 La Corte Constitucional ha trazado la misma senda en materia de anulación de laudos arbitrales
por haberse dictado en conciencia. Al respecto, ha subrayado que la limitación de la competencia
de la autoridad jurisdiccional únicamente al examen de errores in procedendo, se fundamenta en
que el recurso de anulación no puede ser empleado para desconocer lo pactado por las partes, al
prever que el eventual conflicto solo sea resuelto por la vía del arbitramento, razón por la cual, los
posibles desaciertos del colegio de árbitros en la interpretación de las normas jurídicas o las falencias
en la valoración de las pruebas no hacen procedente el uso del aludido mecanismo extraordinario.
Destacó la Corte: “La restricción del juez de anulación para pronunciarse sobre errores in iudicando,
encuentra su razón de ser en que este recurso no puede usarse como mecanismo para desconocer
o soslayar la voluntad de las partes de sustraer la controversia del conocimiento de la Jurisdicción.
De esta manera, ante un eventual desacierto del tribunal de arbitramento en cuanto a la aplicación
e interpretación de normas sustantivas o ante la falta o indebida valoración de la prueba o a una
impropia utilización de los principios lógicos o empíricos del fallo, no será posible acudir al recurso
extraordinario de anulación” (Sentencia SU-173 del 16 de abril de 2015. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
23
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Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
Por tanto, solo puede cuestionarse como laudo en conciencia el que se ha
fundamentado exclusivamente en el fuero interno de los árbitros, desligado del
orden jurídico y probatorio29.
8.2. La causal séptima de anulación del laudo, en el caso concreto
Advierte la Sala que si bien, en principio, el tribunal de arbitramento motivó sus
conclusiones sobre el referido incumplimiento de la convocada aludiendo a dos
elementos probatorios -las pólizas 15-45-101057661 y 15-40-101035446129-, lo
cierto es que, materialmente, se apartó de tales probanzas omitiendo, en realidad,
su valoración, lo cual resultó en que el puntual asunto analizado se resolviera de
manera palmariamente opuesta a la revelada por los documentos allegados a la
causa, siendo tales, además, las pruebas determinantes en la decisión.
Cada una de las carátulas de las pólizas mencionadas registró como tomador del
seguro a un tercero (“Ingenal SA Ingeniería y Equipos”), y como beneficiario, a
Gestión y Desarrollo. Sin embargo, en las páginas subsiguientes de cada póliza se
certificó que se “aclaraba” lo concerniente a las partes, señalándose como
“beneficiario adicional” al patrimonio autónomo subordinado IDIPRON, y como
“tomador adicional”, a Gestión y Desarrollo. Tal información, contenida en las
pólizas aludidas, no fue abordada en absoluto por el tribunal de arbitramento, que
omitió pronunciarse al respecto, bien para señalar que el fideicomitente constructor
sí había cumplido sus obligaciones atinentes a las garantías, o bien para insistir en
que no se honraron tales compromisos.
No aconteció que las mencionadas pruebas se hubieran valorado
equivocadamente, supuesto éste que no es el que configura el laudo en conciencia,
sino que el panel de árbitros prescindió de tal valoración, pues no examinó, en
realidad, el contenido de los documentos obrantes en el proceso, ateniéndose
únicamente a los datos iniciales de la carátula de las pólizas, pero no al contenido
de cada elemento de convicción, lo cual equivale a la prescindencia de la prueba,
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de noviembre de 2012, exp.
39332, M.P. Hernán Andrade Rincón: “No obstante lo anterior, como ya en otras oportunidades lo
ha señalado esta Corporación, el fallo en conciencia no sólo se configura cuando el juez prescinde
de las normas jurídicas vigentes y aplicables al caso, sino que también se presenta cuando, a pesar
de haber hecho referencia a ellas, resuelve sin explicar las razones probatorias que dan lugar a su
decisión, es decir, apoyándose en el principio de verdad sabida y buena fe guardada (…). Si bien el
Tribunal de Arbitramento a partir de normas jurídicas vigentes y aplicables al caso elaboró el
concepto de Pérdida Generalizada de Producción - PGP - y la definió ‘como aquella conducta
contraria a la buena fe del propietario o de su representante en obra, que haciendo un uso abusivo
de sus prerrogativas contractuales y legales, afecta significativamente al rendimiento y a la utilidad
que la obra genera para el constructor’, lo cierto es que no se observa en el texto del laudo cuáles
habrían sido las pruebas específicas que a juicio del Tribunal constituyeron la mala fe de la entidad
demandada y que, por tanto, dieran lugar a concluir que ésta incurrió en las conductas descritas en
el concepto de la PGP”.
24
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supuesto éste constitutivo de la causal de laudo en conciencia, por ser, además,
ostensible y manifiesto, ya que puede advertirse con la lectura de la providencia -
que únicamente se remitió a las carátulas de las pólizas- y el simple contraste entre
ese punto del laudo y las probanzas aportadas, echadas de menos por el censor.
En esa medida, la Sala dispondrá la anulación del laudo arbitral impugnado,
únicamente en el numeral 9.2 del acápite resolutivo, viciado con la causal de laudo
en conciencia por haberse declarado allí el incumplimiento contractual de Gestión y
Desarrollo, habiéndose omitido la valoración de la prueba que se adujo para refutar
ese cargo de la demanda principal reformada.
El contenido de la decisión anulada -que, se reitera, se incorpora en el numeral 9.2
del laudo arbitral- es el siguiente:
DECLARAR la prosperidad de las pretensiones segunda, tercera y cuarta
declarativas de la demanda arbitral reformada por las razones expuestas en la
parte motiva de este Laudo arbitral. En ese orden, al DECLARAR el
incumplimiento de GESTIÓN Y DESARROLLO relacionado con “afianzar el
cumplimiento del contrato mediante la constitución oportuna y a término de las
condiciones de las garantías de cumplimiento y responsabilidad exigidas bajo
el contrato”; se DECLARA la terminación del Otrosí Integral No. 1 del 15 de
octubre de 2014 al Contrato de Fiducia Mercantil Inmobiliario de Urbanismo y
Administración y Pago No. CDJ-50S-837577 del 16 de agosto de 2013, y se
ORDENA a la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., como
administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Subordinado IDIPRON,
realice su consecuente liquidación conforme a los términos y alcance señalado
en el presente Laudo arbitral.
En lo restante, se advierte que no hay lugar a anular ninguna de las condenas
impuestas en el laudo arbitral, por cuanto se trata de las costas y agencias en
derecho que le fueron impuestas a Gestión y Desarrollo, no sólo por la declaratoria
de incumplimiento que aquí se anula, sino por no haber prosperado su demanda de
reconvención y haberse declarado probadas varias excepciones de mérito que
contra esta propuso la ERU.
Sin perjuicio de lo que en el sub judice resolverá la Sala, se advierte que, de
conformidad con el artículo 43, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012, la anulación
del laudo arbitral bajo la causal séptima otorga el derecho a la parte interesada para
convocar un nuevo tribunal arbitral, “en el que conservarán validez las pruebas
debidamente practicadas, y en lo posible, las actuaciones que no hubieren
resultado afectadas por la anulación” (se resalta).
25
Radicación N° 11001-03-26-000-2024-00181-00 (72240)
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9. Costas
El inciso final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 dispone que “[S]i el recurso no
prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido
presentado por el Ministerio Público”. A su vez, de conformidad con lo normado en
el artículo 42 de la misma ley, en la sentencia que resuelve el recurso de anulación
“se liquidarán las condenas y costas a que hubiere lugar”.
No obstante lo señalado en las indicadas disposiciones, debe tenerse en cuenta
que la Ley 1563 de 2012 nada dispuso en materia de costas para cuando el recurso
prospera, razón por la cual, teniendo en cuenta que en el sub judice sí se declarará
fundado el recurso de anulación, no hay lugar a condenar en costas, ya que el
supuesto legal para la imposición de las mismas no tuvo lugar en el presente caso.
De otro lado, no se ordenarán restituciones, en los términos del inciso cuarto del
artículo 43 de la Ley 1563 de 201230, por no haberse demostrado el cumplimiento
total ni parcial del laudo arbitral impugnado. En todo caso, la anulación que en el
presente caso se dispondrá recae sobre una decisión que no implicó la ejecución
de obligación alguna de dar o de hacer, pues solo se limitó a declarar el
incumplimiento contractual de Gestión y Desarrollo, sin imponer condena alguna por
ese concepto, y tampoco se observa que ese punto decisorio del laudo tenga
incidencia en la liquidación del Otrosí N° 1, materia de la controversia arbitral.
Por último, sin perjuicio de todo lo anterior, y dado que la anulación que en el sub
judice se dispondrá procedió por la causal séptima respectiva, se ordenará a los
árbitros devolver a las partes la mitad de los honorarios recibidos, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 48, inciso cuarto, de la misma Ley 1563 de 2012, norma
conforme a la cual, “[s]i el recurso de anulación prospera con fundamento en las
causales 3 a 5 y 7 previstas en esta ley, los árbitros reembolsarán a las partes la
segunda mitad de los honorarios recibidos”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
30 “La sentencia que anule el laudo total o parcialmente cumplido, ordenará las restituciones a que
hubiere lugar”.
26
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Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por la parte convocada -Gestión y Desarrollo-, contra el laudo arbitral
proferido el 2 de septiembre de 2024, por el tribunal arbitral constituido para resolver
las diferencias surgidas entre esa entidad sin ánimo de lucro, la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y Fiduciaria Colpatria S.A. (hoy
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ANULAR, por consiguiente, el numeral 9.2 del laudo arbitral proferido
el 2 de septiembre de 2024, referido en esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR a los árbitros que integraron el tribunal, devolver a las
partes la mitad de los honorarios recibidos, conforme a lo dispuesto en el artículo
48, inciso cuarto, de la Ley 1563 de 2012.
CUARTO: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente fallo.
QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
VF
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