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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00028-00

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00028-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación presentado por el Consorcio Sedes Educativas y las sociedades Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A., Ingetec Gerencia & Supervisión S.A. y PAYC S.A.S. en contra del laudo arbitral del 9 de diciembre de 2024, proferido por un tribunal que sesionó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. SEGUNDO: CONDENAR en costas al extremo recurrente, las cuales se liquidarán a través de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Para el efecto, como agencias en derecho, se fija la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la firmeza de la presente providencia en favor del Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE, suma que deberá ser asumida de manera solidaria por las sociedades (i) Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A. (INGETEC); (ii) Ingetec Gerencia & Supervisión S.A. (INGETEC G&S S.A.); y (iii) PAYC S.A.S. TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia, y aprobada la liquidación de las costas del presente trámite, DEVOLVER el expediente al Centro Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por conducto de la Secretaría. 21 Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541) Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2025-00028-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541)
Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras
Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa – PA FFIE
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

Temas: JURISDICCIÓN – El contencioso-administrativo la ostenta para resolver el recurso
extraordinario de anulación formulado contra el laudo que decidió un litigio en el que haya intervenido
una entidad pública, categoría en la que se inscriben los patrimonios autónomos constituidos con
recursos del Estado. / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN – Es de carácter
excepcional y restrictivo, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso. /
LAUDO EN CONCIENCIA – La causal de anulación se configura, entre otros eventos, cuando el
panel arbitral se separó del material probatorio o dejó de lado, de manera protuberante y evidente,
el marco jurídico sobre el cual tenía que fallar.

1. La Sala resuelve el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el Consorcio
Sedes Educativas y por sus tres sociedades integrantes1 -en adelante, CSE, el
consorcio o la parte recurrente- contra el laudo arbitral del 9 de diciembre de 20242,
proferido por un tribunal arbitral constituido para dirimir las controversias surgidas
con ocasión del contrato marco de interventoría 1380-48-2016 del 15 de julio de
2016, suscrito con el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa3 -en lo sucesivo, el patrimonio autónomo, el PA FFIE o el
opositor-. El extremo recurrente solicitó la anulación parcial del laudo, en lo atinente
a la decisión de no imponer condena en costas diferentes a las agencias en derecho
a su contraparte, quien resultó vencida en ese proceso.

ANTECEDENTES

La demanda arbitral y el trámite relevante ante el tribunal

2. A partir de las piezas del expediente remitido a esta Corporación por parte del
secretario del tribunal arbitral, la Sala destaca las siguientes actuaciones relevantes:

1 Al trámite arbitral concurrieron, como sujetos demandados: (i) Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.

(INGETEC), (ii) Ingetec Gerencia & Supervisión S.A. (INGETEC G&S S.A.), (iii) PAYC S.A.S. y (iv) el Consorcio
Sedes Educativas, integrado por las tres sociedades mencionadas. El recurso extraordinario de anulación fue
formulado, a su vez, en nombre de los cuatro intervinientes enunciados.
2 Archivo “004ED_LaudoPAFFIEvsCSEpdf(.pdf) NroActua 2” visible en el índice 002 de la plataforma Samai.
3 Cuyo vocero y administrador es el Consorcio FFIE Alianza BBVA, a su vez representado por la sociedad

Alianza Fiduciaria S.A.

Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541)
Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras
Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa – PA FFIE
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

3. En demanda arbitral4 presentada el 22 de septiembre de 2022 (reformada el 8 de
mayo de 20235), el PA FFIE pretendió, esencialmente, que se declarara que CSE
incumplió el Contrato Marco de Interventoría Número 1380-48-2016, así como las
actas de servicio derivadas del mismo, cuya finalidad consistió en realizar la
vigilancia de una serie de acuerdos para la ejecución de varios proyectos requeridos
por el patrimonio autónomo convocante en desarrollo del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa. Pidió condenar al consorcio al pago de los perjuicios
ocasionados por dicha circunstancia.

4. Con auto no. 1 proferido en audiencia del 2 de febrero de 20236, el tribunal arbitral
se declaró legalmente instalado y dispuso, entre otros aspectos, que se utilizarían
medios electrónicos en todas las actuaciones, “inclusive para la presentación y
trámite de los diversos escritos y sus anexos”, para lo cual indicó que se tendrían
en cuenta las direcciones electrónicas registradas de las partes y sus apoderados.
Además, se dejaron establecidos los buzones del secretario
(fps@pabonabogados.com y ferpabon@hotmail.com) y del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
(radicaciondocumentoscac@ccb.org.co), y se previó que: “De todos los correos
electrónicos remitidos, las partes y la secretaría deberán acusar recibo”.

5. Previa admisión de la demanda y su reforma, el tribunal convocó a las partes a la
audiencia de conciliación, la cual tuvo lugar el 14 de julio de 2023 y resultó fallida.
En la misma diligencia, se fijaron los valores correspondientes a los honorarios y
gastos de funcionamiento del tribunal por la suma de $5.080’000.000, y se dispuso
que la misma debería “ser entregada por las partes demandante y demandada en
proporción de 50 % cada una de ellas”7.

6. Según informe del presidente del tribunal, rendido en el acta no. 9 del 16 de agosto
de 2023, se dejó constancia de que: “La parte demandante entregó, en oportunidad,
la totalidad del monto correspondiente a los gastos y honorarios del Tribunal,
señalado en auto de 14 de julio pasado”8. Posteriormente, en el acta no. 10 del 8 de
septiembre siguiente, se consignó que: “El 8 de agosto de 2023, la parte
demandante presentó memorial en el que solicitó que se expida la certificación
relativa al pago de los gastos y honorarios del Tribunal a la que se refiere el artículo
27 de la Ley 1563 de 2012”9.

7. Tras lo anterior, se surtió la etapa probatoria del proceso y se citó a las partes para
la audiencia de alegaciones finales, con ocasión de lo cual, igualmente, se
entregaron los escritos correspondientes. En cuanto a las costas, la demandante
únicamente señaló que la convocada estaba llamada a asumirlas, sin mencionar lo
atinente a los honorarios de los árbitros, mientras que CSE no se pronunció sobre
este tópico en su memorial.

4 Archivo “001_Demanda_PA_FFIE Sedes_Educativas VF.pdf” contenido en el expediente digital del trámite

arbitral, cuyos enlaces obran en el archivo “002ED_Radicacionrecursodea(.pdf) NroActua 2” (en lo sucesivo, “el
expediente del trámite arbitral”), visible en el índice 002 de la plataforma Samai.
5 Archivo “054_Reforma demanda Sedes[TR).pdf” ibid.
6 Archivo “045_Instalacion_20220202” ibid.
7 Archivo “061_Acta 8 (14 jul 2023)” ibid.
8 Archivo “062_Acta 9 (16 ago 2023)” ibid.
9 Archivo “067_Acta 10 (8 sep 2023)” ibid.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541)
Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras
Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa – PA FFIE
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

El laudo que se solicita anular

8. El 9 de diciembre de 2024, el tribunal profirió el respectivo laudo10, en el que, en
síntesis, se denegaron las pretensiones de la demanda encaminadas a declarar el
incumplimiento de CSE y a condenarlo al pago de los perjuicios alegados.

9. En el acápite “VI. LAS COSTAS” de la parte motiva de la decisión, señaló que: “si
bien habría lugar a imponer condena en costas a favor de la demandada en la
medida en que un grupo importante de las pretensiones de la demanda reformada
no alcanzan prosperidad, no hay constancia en el expediente de que el CSE haya
incurrido en costas y por tanto dicho concepto no resulta comprobable, en los
términos del artículo 365, núm. 8 del Código General del Proceso”. Lo anterior no
se vio reflejado expresamente en la parte resolutiva del laudo.

10. Sin perjuicio de lo anterior, se condenó al PA FFIE a pagar a su contraparte el valor
de $300’000.000 por concepto de agencias en derecho.

11. CSE presentó solicitud de aclaración y complementación en cuanto a la ausencia
de condena en costas, pedimentos que fueron desestimados mediante auto del 19
de diciembre de 2024 (acta no. 34)11. Sobre ello, el tribunal sostuvo que: (i) lo
impetrado no versó sobre ninguna frase o concepto del laudo que ofrezca verdadero
motivo de duda; y (ii) no se refirió a ningún punto que, de conformidad con la ley,
debiese ser objeto de pronunciamiento y que se haya omitido resolver en la
providencia, comoquiera que en el laudo se señaló que: “En ese orden de cosas
(sic), no se impondrá́ condena en costas en contra del PAFFIE”.

El recurso de anulación

12. CSE y las sociedades que lo integran presentaron recurso extraordinario de
anulación12 contra el referido laudo, en el que formularon las siguientes peticiones
(se transcribe de forma literal, con sus propios énfasis y posibles errores):

“VI. PETICIÓN

Atendiendo los argumentos expuestos, de manera respetuosa, solicito al H.
Consejo de Estado que adopte las siguientes determinaciones:

PRIMERO. Declare la nulidad parcial del Laudo Arbitral proferido el 9 de
diciembre de 2024 en lo atinente a la decisión de no imponer condena en costas
al PA-FFIE, la cual fue adoptada en las páginas 212 a 213 (Acápite “VI. LAS
COSTAS”) y reflejada en la parte resolutiva en la que únicamente impuso
condena por agencias en derecho.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, solicito que se
modifique el Laudo Arbitral en el sentido de adicionar la parte resolutiva con la
condena en costas al Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa – PA-FFIE, la cual corresponde a los honorarios y

10 Archivo “116_Laudo PAFFIE vs CSE” ibid.
11 Archivo “117_Acta 34 (19 dic 2024)” ibid.
12 Archivo “005ED_RecursodeAnulacionpd(.pdf) NroActua 2” visible en el índice 002 de Samai. No se observa

que el recurrente haya solicitado la suspensión de la ejecución del laudo.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541)
Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras
Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa – PA FFIE
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

gastos del Tribunal Arbitral pagados por la Convocada con ocasión del proceso
arbitral No. 138812.

TERCERO. En caso que el H. Consejo de Estado así lo considere, en subsidio
de la petición contenida en el numeral segundo anterior, ordene la devolución
del expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá a efectos de que el CSE pueda convocar un nuevo Tribunal de
Arbitraje de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 43 de la
Ley 1563 de 2012.”

13. Como fundamento de lo anterior, se recapituló que el consorcio no pagó el 50% de
los honorarios y gastos que le correspondían para surtir el trámite arbitral, razón por
la cual el PA FFIE consignó dicha fracción el 8 de agosto de 2023 e informó al
tribunal. Con ello, solicitó que se expidiera la certificación prevista en el artículo 27
de la Ley 1563 de 201213, la cual, según la aquí libelista, nunca se emitió. Relató
que, ese mismo día, CSE le solicitó a la convocante los datos para efectuar el
reembolso, a lo que el apoderado del patrimonio autónomo respondió a vuelta de
correo electrónico, detallando la cuenta bancaria para tal efecto.

14. La recurrente expuso que, al día siguiente, reembolsó al PA FFIE el 50% de los
honorarios y gastos que aquél había pagado, a través de una transferencia por la
suma de $ 2.079’033.804, e informó de ello vía correo electrónico a la convocante
y al tribunal. Enfatizó que, frente a esta primera comunicación, recibió respuesta por
parte del apoderado del patrimonio autónomo, lo que “constituye demostración
inequívoca que (sic) el mencionado correo (…) fue efectivamente enviado por el
suscrito y recibido por sus destinatarios -entre ellos el Tribunal-”. Continuó
señalando que posteriormente realizó un giro adicional a la convocante por la suma
de $241’650.501,63 por el mismo concepto.

15. Mencionó que, mediante el acta no. 10 del 8 de septiembre de 2023, se dejó
consignado que la parte demandante había entregado en forma oportuna el valor
total de los honorarios y expensas. Según sostuvo, esta circunstancia demuestra
que el tribunal efectivamente recibió el correo electrónico por el cual el PA FFIE
informó acerca de dicha consignación. Finalizó reiterando que el laudo solo se refirió
a las costas en la parte motiva y que, frente a ello, únicamente señaló que no había
constancia en el expediente de que CSE hubiese incurrido en ellas, lo que impedía
emitir dicha condena en contra del PA FFIE.

16. Como fundamentos de derecho, invocó la causal de anulación número 7
contemplada en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “por haberse fallado
en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho”, la cual enfiló desde dos frentes:
(i) omisión del análisis probatorio; y (ii) ausencia de fundamento jurídico.

17. En cuanto al primer reproche, enrostró que, en el laudo, se ignoraron las pruebas
que acreditaban las costas en las que incurrió el CSE. Al respecto, trajo a colación
los siguientes correos electrónicos: (i) del 28 de julio de 2023, remitido por el PA
13 Inciso 2°: “Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella podrá hacerlo por esta

dentro de los cinco (5) días siguientes. Si no se produjere el reembolso, la acreedora podrá demandar su pago
por la vía ejecutiva ante la justicia ordinaria. Para tal efecto le bastará presentar la correspondiente certificación
expedida por el presidente del tribunal con la firma del secretario. En la ejecución no se podrá alegar excepción
diferente a la de pago. La certificación solamente podrá ser expedida cuando haya cobrado firmeza la
providencia mediante la cual el tribunal se declare competente” (subrayado añadido).

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541)
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Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa – PA FFIE
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

FFIE, mediante el cual informó al tribunal del pago correspondiente al 50% de los
honorarios que le correspondían; (ii) del 8 de agosto de 2023, también enviado por
el apoderado del patrimonio autónomo, con el que dio cuenta de la consignación de
la mitad restante que no había sido pagada por CSE; (iii) del 8 de agosto de 2023,
en respuesta al último mensaje mencionado, por el cual el consorcio solicitó los
documentos y datos necesarios para realizar el reembolso de lo pagado por el PA
FFIE; (iv) la réplica, en la misma fecha, que recibió de este último con la información
pedida; (v) del 10 de agosto de 2023, en el que la convocada informó a su
contraparte y al tribunal de la transferencia por $2.079.033.804 para el reembolso
de la proporción asumida; y (vi) del 17 de agosto de 2023, en el que la demandante
acusó recibo de esta última comunicación y pidió que se realizaran algunas
aclaraciones.

18. Aludió, igualmente, al anexo contenido en los correos del 10 y 17 de agosto de 2023,
consistente en el soporte de la transferencia electrónica realizada, con el cual
sostuvo que se demostró que CSE reembolsó al PA FFIE el monto mencionado por
concepto de honorarios y gastos del tribunal y, por ende, de las costas en que
incurrió en el proceso. Destacó que todas las anteriores comunicaciones cruzadas
fueron enviadas con copia a la dirección fps@pabonabogados.com, esto es, a la del
secretario del tribunal según lo previsto en el acta de instalación, con lo que concluyó
que fueron radicadas en debida forma ante el panel y constituyen documentos
procesalmente válidos. Añadió que el comprobante también fue recibido por Ingetec
S.A. (una de las sociedades integrantes del consorcio) y por el propio apoderado de
la convocada.

19. Argumentó que la carga de la parte se limita al envío de los correos electrónicos a
la dirección dispuesta por el secretario, y que no es viable objetar que los señalados
mensajes no se encuentran en el expediente para dejar de otorgarles valor
probatorio. Razonó que, si el tribunal recibió las constancias de pago remitidas por
el PA FFIE, ello también debió haber ocurrido respecto de los comprobantes de
reembolso enviadas por CSE. Con lo anterior, recriminó al tribunal por no haber
realizado ningún análisis de las piezas previamente mencionadas, lo que, a su juicio,
configuró la causal de anulación por haberse emitido en conciencia, cuando debió
ser en derecho, dado que no tuvo en cuenta el material probatorio allegado al
plenario.

20. Frente al segundo cargo, indicó que la causal séptima de anulación también se
configura por ausencia de fundamento jurídico, comoquiera que el tribunal se
sustrajo de aplicar el marco normativo que debía tener en cuenta para determinar
la condena en costas, con lo cual su decisión no fue proferida en derecho, sino en
conciencia. Culpó al panel de pasar por alto los preceptos contenidos en los
artículos 361 y 365 -numeral 8- del Código General del Proceso (CGP), conforme a
los cuales la parte vencida debe asumir dicho rubro, y en la medida de su
comprobación. Añadió que se inaplicó el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, en
cuanto a la regulación del pago de los honorarios de la parte que omite consignarlos,
frente a lo cual reiteró que la certificación pedida por el PA FFIE sobre este asunto
nunca fue expedida, lo que, según la recurrente, solo se explica en la medida en
que el tribunal tenía conocimiento acerca del reembolso efectuado por CSE.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541)
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Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa – PA FFIE
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

Concluyó que la decisión obvió el régimen jurídico sustantivo a partir del cual debía
resolver la cuestión debatida.

21. El secretario del tribunal corrió traslado del recurso al PA FFIE y al Ministerio
Público. El primero se opuso indicando, en general, que la decisión del tribunal se
fundamentó en el hecho de que en el expediente no obra constancia alguna de que
CSE hubiese incurrido en costas, y que el recurso de anulación no es la oportunidad
para incorporarlas al expediente14; y el segundo emitió concepto apuntando que no
se configuró la causal invocada, porque el secretario dejó constancia del pago total
de los gastos del trámite arbitral efectuado por el demandante, sin que obre en el
expediente algún pronunciamiento del recurrente tendiente a precisar esa
manifestación15.

El trámite ante el Consejo de Estado

22. Con providencia del 4 de abril de 202516, se admitió el recurso extraordinario de
anulación.

23. El expediente ingresó al Despacho para fallo el 21 de abril de 202517.

CONSIDERACIONES

24. Comoquiera que no se advierte causal de nulidad que invalide lo actuado, y con el
fin de abordar la cuestión debatida, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i)
la jurisdicción y competencia de la Corporación para conocer del proceso; (ii) la
constatación del pacto arbitral y de la legitimación en la causa de las partes
procesales; (iii) la oportunidad en la presentación del recurso y el cumplimiento del
traslado previo por parte del secretario; (iv) la definición del objeto del recurso y de
los problemas jurídicos por resolver; (v) el análisis de la causal de anulación que se
invoca; (vi) la solución al caso concreto, en función de los dos cargos formulados;
(vii) la enunciación de las conclusiones; y (viii) la condena en costas en el presente
trámite.

Jurisdicción y competencia

25. El contencioso-administrativo ostenta jurisdicción para conocer del asunto, con
fundamento en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el numeral
7 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), pues en el presente caso se
busca la nulidad del laudo arbitral por el cual se definió un conflicto relativo a un
contrato celebrado por una entidad pública.

26. El negocio del cual surgió el litigio es el “contrato marco de interventoría No. 1380-
48-2016”18, suscrito entre (i) el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento
de la Infraestructura Educativa – PA FFIE (convocante) y (ii) el Consorcio Sedes

14 Archivo “006ED_TrasladoRecursodeAnu(.pdf) NroActua 2” visible en el índice 002 de Samai.
15 Archivo “003ED_2022138812Conceptonu(.pdf) NroActua 2” ibid.
16 Índice 004 de Samai.
17 Índice 011 de Samai.
18 Archivo “C-0104 Contrato Marco de Interventoría No. 1380-48-2016” contenido en los anexos de la reforma

de la demanda (fichero “054_Reforma demanda Sedes[TR]” del expediente del trámite arbitral).

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Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa – PA FFIE
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Educativas (convocado). El mencionado patrimonio autónomo fue constituido
mediante contrato de fiducia mercantil 1380 de 201519, en el cual son partes (i) el
Ministerio de Educación Nacional, como fideicomitente; y (ii) el Consorcio FFIE
Alianza BBVA (constituido por Alianza Fiduciaria S.A. y BBVA Asset Management
SAS).

27. El patrimonio autónomo mencionado fue conformado con aquellos recursos
provenientes del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, creado
mediante el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, norma que, en lo pertinente, señaló
lo siguiente:

“Créase el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar,
básica y media, sin personería jurídica, como una cuenta especial del Ministerio
de Educación Nacional.
(…)
El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa será administrado
por una Junta cuya estructura y funcionamiento será definida por el Gobierno
nacional.
Los recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
Preescolar, básica y media provendrán de las siguientes fuentes:
a) Los recursos provenientes del recaudo establecido en el artículo 11 de la Ley
21 de 1982, destinados al Ministerio de Educación Nacional.
b) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional y estén contenidas
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo.
c) Los rendimientos financieros derivados de la inversión de sus recursos.
Así mismo, los proyectos de infraestructura educativa que se desarrollen a
través del Fondo, podrán contar con recursos provenientes de:
d) El Sistema General de Regalías destinados a la infraestructura educativa, en
los casos en que el OCAD designe al Ministerio de Educación Nacional como
ejecutor de los mismos.
e) Los recursos de cooperación internacional o cooperación de privados que
este gestione o se gestionen a su favor.
f) Aportes de los departamentos, distritos y municipios [y de esquemas
asociativos territoriales, con la Ley 1955 de 2019].
g) Participación del sector privado mediante proyectos de Asociaciones Público-
Privadas.
h) Excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones en
Educación de las entidades territoriales certificadas en las vigencias anteriores
(…)”

28. La anterior previsión fue concretada en las obligaciones contraídas en el contrato
1380 de 2015, consistentes, respectivamente, en “Transferir a la Fiduciaria a título
de fiducia mercantil, los recursos del Fondo de Infraestructura Educativa”, a cargo
del Ministerio (cláusula tercera) y, correlativamente, recaudar dichos rubros en el
patrimonio autónomo, a cargo del consorcio fiduciario (cláusula segunda).
Asimismo, con la modificación introducida a dicha disposición mediante el artículo
184 de la Ley 1955 de 2019, se ratificaron las señaladas partidas de procedencia
de tales dineros. Como se observa, los recursos con los que se integró el Fondo
son de origen estatal, circunstancia que dota de carácter público a esta masa de
bienes, por tratarse del centro de imputación de derechos y obligaciones del
respectivo acuerdo de voluntades (en este caso, el contrato marco de interventoría).

19 Archivo “C-0107 Contrato de Fiducia 1380 de 2015 suscrito entre el MEN y el Consorcio FFIE Alianza BBVA”

ibid.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541)
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Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa – PA FFIE
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

29. Aunado lo anterior, los decretos reglamentarios 1525 de 2015 y 1433 de 2020
regularon la Junta Administradora de que trata la norma previamente transcrita, para
señalar que la misma: (i) está compuesta, entre otros, por el Ministro de Educación
Nacional (esto es, el servidor público de mayor jerarquía en la entidad); (ii) cumple,
diversas funciones, de las que se destaca la de: “Priorizar y definir los proyectos de
infraestructura educativa que serán financiados o cofinanciados con recursos del
FFIE” y, específicamente, (iii) la de “Fijar las reglas para la administración de los
recursos de los patrimonios autónomos a cargo de las sociedades fiduciarias”
(cuando ellos se constituyan). La especial dirección y manejo de los recursos en
cuestión ratifica el carácter público que ostenta el Fondo, lo que se traduce en el
conocimiento que debe asumir esta jurisdicción para la solución de los litigios en los
que se vea involucrado.

30. La anterior postura ha sido adoptada por otros despachos de esta Corporación, al
avocar el conocimiento de procesos en los que interviene el PA FFIE 20, con
fundamento -a su vez- en lo considerado por la Sala Plena de esta Sección Tercera,
así:

“En esa medida, el inciso tercero del artículo 46 del estatuto arbitral debe
interpretarse en sentido amplio, entendiendo que, entre los recursos de
anulación contra laudos arbitrales que le corresponde conocer a la Sección
Tercera del Consejo de Estado no solo se encuentran aquellos en los que haya
intervenido una entidad pública con personería jurídica o un particular,
igualmente dotado de ella, que desempeñe funciones administrativas, sino
también todo órgano o dependencia del Estado que, no gozando de tal estatuto
de persona, sea el centro de imputación de derechos y obligaciones y en razón
de ello intervenga en un proceso en el que estos se discutan, sin perjuicio de
que en sede judicial o arbitral, tales organismos deban ser representados por la
entidad indicada en la ley sustancial aplicable e independientemente del régimen
jurídico que gobierne la respectiva relación” (subrayado fuera del original)21.

31. Lo anterior se ve complementado por el criterio general contenido en el artículo 104
del CPACA, conforme al cual: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos,
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que
estén involucradas las entidades públicas”.

32. Finalmente, esta Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer del recurso de anulación en única instancia, de conformidad con el numeral

20 Vid. autos del 20 de marzo de 2024, exp. 11001-03-26-000-2023-00102-00 (70.057), C.P. William Barrera

Muñoz; y del 11 de junio de 2024, exp. 11001-03-26-000-2024-00046-00 (71.093), C.P. José Roberto Sáchica
Méndez (este último formuló salvamento de voto frente a la sentencia de importancia jurídica emitida dentro del
exp. 66.091 -C.P. María Adriana Marín- que adoptó este criterio).
21 Sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 11001-03-26-000-2020-00076-00 (66.091), C.P. María Adriana

Marín. Bajo esa pauta, se concluyó, para ese caso, que “el centro de imputación de la responsabilidad
contractual en el presente caso, esto es, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, puede ser tenido
como “entidad pública”, para los efectos previstos en el artículo 46, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012”. El
consejero José Roberto Sáchica Méndez formuló salvamento de voto en torno a este tópico en dicha
oportunidad.

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7 del artículo 149 del CPACA22, el mentado inciso tercero del artículo 46 de la Ley
1563 de 2012 y el artículo 13 del reglamento de la Corporación23.

Pacto arbitral y legitimaciones

33. El contrato marco de interventoría 1380-48-2016 contempló en su cláusula vigésima
novena el pacto arbitral que habilitó el conocimiento del asunto por parte del tribunal
que sesionó en la Cámara de Comercio de Bogotá.

34. A su vez, el Consorcio Sedes Educativas se encuentra legitimado para recurrir, por
haber sido la parte convocada en el trámite arbitral. El patrimonio autónomo PA FFIE
lo está en calidad de opositor, por haber sido el convocante en esa sede.

Oportunidad y traslado del recurso

35. El auto que resolvió las solicitudes de aclaración y adición contra el laudo
impugnado fue notificado el 20 de diciembre de 202424. Los 30 días hábiles
siguientes a dicha fecha culminaron el 5 de febrero de 2025, y el recurso fue
radicado ese día25, por lo que fue presentado de forma oportuna.

36. Asimismo, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, el secretario
acreditó haber dado traslado del recurso26 a la otra parte y al Ministerio Público,
quienes allegaron sus respectivos pronunciamientos según lo reseñado ut supra.

Objeto del recurso y problemas jurídicos por resolver

37. Una vez verificado el cumplimiento de los presupuestos procesales para decidir de
fondo el asunto, se debe delimitar el alcance de lo argumentado por la recurrente
en su escrito, cuyos cargos circunscriben la competencia del juzgador de la
anulación para pronunciarse. Rememórese que, a la luz de lo previsto en la Ley
1563 de 2012, el recurso analizado ostenta el carácter de extraordinario, aspecto
que implica que (i) no se trata de una instancia “ordinaria” que se pueda surtir para
revisar, nuevamente, la valoración jurídica y probatoria efectuada por el panel
arbitral, sino que (ii) su procedencia está sometida a que se verifique la concurrencia
de alguna de las hipótesis taxativamente enlistadas en el artículo 41 del señalado
estatuto, de manera que al juez de la anulación no le es dable reabrir el debate de
fondo. Precisamente, en virtud de lo anterior, el artículo 42 ejusdem señala que la
autoridad judicial competente rechazará de plano el recurso de anulación cuando
no se hubiere sustentado o las causales que se invoquen no correspondan a
ninguna de las señaladas en dicha ley. Ello se ve enmarcado, igualmente, por la

22 “El Consejo de Estado (…) conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. Del recurso de

anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad
pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia”.
23 Modificado mediante Acuerdo No. 434 de 2024. Conforme a este compendio, corresponde a la Sección

Tercera conocer de “9. Los procesos de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en
contratos estatales”.
24 Archivo “Notificación Auto aclaraciones y complementaciones” allegado con el recurso.
25 Según lo certificado por el secretario del tribunal en correo del 6 de marzo de 2025, por el cual se radicó el

recurso ante esta Corporación. Vid. archivo “002ED_Radicacionrecursodea(.pdf) NroActua 2” visible en el índice
002 de Samai.
26 Vid. idem y archivo “Traslado Anulación” del expediente del trámite arbitral.

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pauta según la cual: “La autoridad judicial competente en la anulación no se
pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios,
motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal
arbitral al adoptar el laudo”, contenida en el inciso cuarto del citado artículo.

38. Dicha postura ha sido reiterada por la jurisprudencia de esta Sección, al recalcar las
siguientes características del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral:

“i) El recurso de anulación de laudos arbitrales es de carácter excepcional,
restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del
correspondiente proceso.
ii) El recurso tiene como finalidad controvertir la decisión contenida en el laudo
arbitral, en principio, por errores in procedendo, por lo cual a través de él no puede
pretenderse atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, esto es, errores
in iudicando. Ello significa que no le es dable al juez del laudo examinar si el
tribunal de arbitramento obró o no de acuerdo con el derecho sustancial, ni
tampoco revivir un nuevo debate probatorio o entrar a considerar si hubo un yerro
en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el
correspondiente tribunal, dado que el juez de la anulación no ha sido instituido
como superior jerárquico o funcional del tribunal arbitral y, como consecuencia, no
podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo, al punto de poder modificar
las decisiones plasmadas en el laudo por el hecho de que no comparta sus
criterios o razonamientos.
iii) Excepcionalmente, el juez de la anulación podrá corregir o adicionar el laudo,
pero solo en aquellos específicos eventos en que prospere la causal de anulación
por incongruencia, por no haberse decidido la totalidad de los asuntos sometidos
al conocimiento de los árbitros o por haberse pronunciado sobre aspectos que no
estuvieron sujetos a la decisión de los mismos, así como por haberse concedido
más de lo pedido, de conformidad con la causal de anulación prevista en el
numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
iv) Los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por el
denominado “principio dispositivo”, por cuya virtud debe limitarse exclusivamente
a resolver sobre lo solicitado por el recurrente en la formulación y sustentación de
su respectivo recurso. A su vez, el objeto que con dicho recurso se persigue se
debe encuadrar dentro de las precisas causales que la ley consagra27, por lo que,
en principio, no le es permitido al juez de la anulación interpretar lo expresado por
el recurrente para entender o deducir causales no invocadas y, menos aún, para
pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del
correspondiente recurso de anulación28.
v) El recurso de anulación procede contra laudos arbitrales debidamente
ejecutoriados, como excepción al principio de intangibilidad de las sentencias en
firme; “tal excepcionalidad es pues, a la vez, fundamento y límite de los poderes
del juez de la anulación, para enmarcar rígidamente el susodicho recurso
extraordinario dentro del concepto de los eminentemente rogados”29.
vi) Dado el carácter restrictivo que identifica el recurso extraordinario de anulación,
su procedencia se encuentra condicionada a que se determinen y sustenten,
debidamente, las causales que se invocan en forma expresa, las cuales deben
tener correspondencia con aquellas que de manera taxativa consagra la ley para

27 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de agosto de 1994, exp. 6550 y de 16

de junio de 1994, exp. 6751, M.P. Juan de Dios Montes, reiteradas en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp.
38.379, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
28 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871,

M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Hernán
Andrade Rincón.
29 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de mayo de 1992, exp. 5326, posición

reiterada en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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ese efecto; por tanto, el juez de la anulación, en principio, debe rechazar de plano
el recurso cuando las causales que se invoquen o propongan no correspondan a
alguna de las señaladas expresamente en la ley –artículo 41 de la Ley 1563 de
2012–” (subrayado fuera del original)30.

39. A la luz de lo expuesto, se evidencia que las normas positivas en esta materia
imponen una restricción al marco de estudio del juez de la anulación, al vedarle
cualquier análisis jurídico o probatorio que se relacione con el fondo de la
controversia. Según lo recalcado, la jurisprudencia de esta Corporación ha
enfatizado la estirpe extraordinaria que ostenta este medio de impugnación, la cual
trasciende el ámbito meramente nominal, y se traduce en la imposibilidad de indagar
en cuestiones que debieron ser objeto de discusión dentro del trámite arbitral.

40. Así las cosas, en la presente providencia se tendrán en cuenta las anteriores pautas
para la resolución del caso estudiado, en vista de los argumentos planteados por
CSE y bajo la acotación que imponen la ley y la jurisprudencia. En ese sentido, la
Sala advierte que no será materia de análisis si los honorarios de los árbitros hacen
parte, o no, de las costas procesales, comoquiera que este punto no es objeto de
discusión, y escapa al margen de competencia de esta colegiatura. Tampoco se
escudriñará sobre la posible comisión de una falta disciplinaria por parte de alguno
de los integrantes del tribunal arbitral o del secretario, ni de conducta alguna
sancionable según la reglamentación del Centro de Conciliación y Arbitraje -de cara
a los reproches que hace la recurrente sobre el arribo de la prueba del pago de los
honorarios al expediente arbitral-, comoquiera que a esta judicatura solo le compete
la decisión sobre la configuración, o no, de las causales de anulación previstas en
el artículo 41 ejusdem, con base en lo que se haya alegado en el recurso.

41. Así las cosas, esta Subsección deberá dar respuesta a los siguientes interrogantes:
(i) ¿se apartó el tribunal arbitral de las pruebas obrantes en el expediente al
abstenerse de condenar en costas al PA FFIE, lo que le llevó a emitir un laudo en
conciencia? y (ii) ¿con aquella decisión, el panel desconoció la aplicación de las
normas sustantivas atinentes al régimen de costas procesales, dejando así de fallar
en derecho?

42. La Sala anuncia que responderá negativamente a estos dos cuestionamientos, por
los motivos que pasan a exponerse.

Análisis de los cargos de anulación formulados contra el laudo

43. Según lo reseñado, la recurrente acusa el laudo de haber incurrido en la causal
séptima de anulación contenida en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es:
“Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”. Conforme a lo desarrollado por
la jurisprudencia de esta Subsección, esta hipótesis acaece cuando las decisiones
adoptadas denoten un total desapego por el ordenamiento jurídico, de suerte que
las motivaciones del árbitro se limitan a expresar lo que, en su criterio íntimo,

30 Sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 11001-03-26-000-2020-00076-00(66091)A, C.P. María Adriana

Marín.

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considera ser lo justo, posición que, a su vez, se proyecta en la ausencia absoluta
de razones legales o probatorias para fundar su decisión31.

44. En ese sentido, se ha recalcado que dicha causal no está dirigida a analizar
discrepancias en la aplicación del derecho o inconformidades en la valoración
probatoria, a manera de descalificar lo decidido por los árbitros, como tampoco la
forma en que se interpretó el alcance de las pretensiones. Así las cosas, la censura
debe sustentar un verdadero juicio de anulación por razones objetivas, en las que
se revele y aprecie, sin mayores consideraciones, que efectivamente no medió un
análisis en derecho, asunto que difiere del desacuerdo con el efectuado32, en tanto
el juez de la anulación no se encuentra instituido como una segunda instancia
ordinaria respecto del panel arbitral.

45. Para el caso particular de los reproches por omisión en la valoración probatoria, la
Sección Tercera de esta Corporación ha indicado lo siguiente33:

“Cabe destacar que, en lo que atañe específicamente a la configuración del fallo
en conciencia por haberse prescindido de las pruebas, la causal tiene lugar
cuando, en efecto, la decisión no se fundó en valoración alguna de los elementos
probatorios allegados a la causa arbitral, determinantes para resolverla. En esa
medida, solo cuando el laudo se aparta de los elementos de prueba sin
justificación alguna, u omite la valoración de las probanzas necesarias para
resolver el asunto, surge la decisión o fallo en conciencia, vicio este que, por el
contrario, no ocurre cuando los árbitros valoran las probanzas de manera distinta
a la que las partes consideran correcta, o fundan la providencia en medios
probatorios diferentes a los que el censor estima que debieron tenerse en
cuenta” (subrayado fuera del original).

46. En cuanto a la configuración de la señalada causal por ausencia de fundamento
normativo, la Subsección ha expresado que:

“Esta Corporación, respecto a la referida causal, ha sostenido en diversas
oportunidades34, que el fallo en derecho debe observar el ordenamiento jurídico,
de tal forma que el marco de referencia no podrá estar sino en él, razón por la
cual, los árbitros se encuentran sometidos no sólo a las reglas adjetivas que
regulan el proceso arbitral, sino a la normatividad sustantiva que rigen los
derechos pretendidos.

Ha señalado que, cuando el juez falla en conciencia, se mueve en un campo
más amplio, porque, como lo dice la jurisprudencia, si actúa de esa manera tiene
la facultad de decidir según conforme a la equidad o a su leal saber y entender.
En consecuencia, solo cuando la sentencia deja de lado de manera protuberante
y evidente, el marco jurídico sobre el cual tiene que moverse, podrá decirse que
se está en presencia de un fallo en conciencia. Pero si el juez decide con
fundamento o en apoyo del ordenamiento jurídico, el material probatorio allegado
oportunamente al proceso y de conformidad a las reglas de la sana crítica, ha de

31 Sentencia del 18 de noviembre de 2024, exp. 11001-03-26-000-2024-00056-00 (71.195), C.P. José Roberto

Sáchica Méndez.
32 Ibid.
33 Sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 11001-03-26-000-2020-00076-00 (66.091), C.P. María Adriana

Marín.
34 (Cita del original) Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2017. 11001-03-26-000-

2017-00043-00(59067).

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concluir el Consejo de Estado, que se halla frente a un fallo en derecho35 (…)”
(subrayado fuera del original)36.

47. A la luz del anterior desarrollo jurisprudencial, la Sala procederá a abordar los dos
cargos formulados por el recurrente.

Primer cargo: sobre la carencia de sustento probatorio

48. Como primer motivo de reproche, se cuestionó que la decisión sobre las costas
hubiese carecido de sustento probatorio, al haberse ignorado los documentos que,
según se adujo, acreditaban las erogaciones en las que incurrió CSE.

49. Frente a ello, el PA FFIE refutó que el laudo sí se fundamentó en el material obrante
en el expediente, en tanto el tribunal allí no encontró constancia de que el consorcio
hubiese incurrido en costas. Recalcó que el recurrente no referenció archivo alguno
del expediente digital, ni ningún memorial que se hallara en el plenario como
respaldo de su alegación, de forma que, precisamente, la falta de acreditación de
dicho rubro fue lo que llevó al panel a determinar que no había lugar a su imposición.
Agregó que el recurso de anulación no es la etapa para la incorporación de pruebas,
que los correos electrónicos aportados en esta ocasión no pueden servir de
evidencia para fundamentar la causal que se alega, y que este mecanismo no es
una segunda instancia del proceso arbitral.

50. Por su parte, el Ministerio Público destacó que, para el 16 de agosto de 2023, el
secretario del tribunal dejó constancia del pago total de los gastos del trámite arbitral
efectuado por el demandante, sin oposición o manifestación alguna del hoy
recurrente, tendiente a precisar lo consignado en ese instrumento. Aseveró que, en
el evento en que el panel haya pasado por alto una prueba, o la haya apreciado en
forma distinta a la que invocaron las partes, el juez del recurso extraordinario de
anulación no está habilitado para analizar el laudo con fundamento en un fallo en
conciencia, comoquiera que no se trata de una instancia para rebatir o cuestionar la
valoración de las pruebas ni debatir el fondo del asunto.

51. Para efectos de abordar el primer cargo formulado, la Sala debe cotejar lo decidido
por el Tribunal con las piezas efectivamente obrantes en el expediente arbitral, a fin
de determinar si, en efecto, ocurrió la omisión reprochada por la recurrente. Este
ejercicio es el único que puede adelantar esta judicatura de cara al reproche
formulado, pues, conforme a lo expuesto, no le compete la valoración ex novo de
dichos medios probatorios, dado el carácter extraordinario de este mecanismo
judicial. Una vez examinado dicho plenario37, la Sala constata que las cadenas de
correos electrónicos aportadas por CSE en su recurso no están incorporadas en
fichero alguno, lo cual se ve ratificado por el hecho de que la recurrente no referencia

35 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, once (11) de julio de dos mil trece

(2013), Radicación número: 11001-03-26-000-2012-00087-00(45791).
36 Sentencia del 18 de enero de 2019, exp. 11001-03-26-000-2018-00021-00 (60.855), C.P. Jaime Enrique

Rodríguez Navas.
37 Allegado en medio digital por el secretario con la radicación del recurso de anulación. Archivo

“002ED_Radicacionrecursodea(.pdf) NroActua 2” visible en el índice 002 de la plataforma Samai. Dicho plenario
se encuentra constituido en dos carpetas compartidas de la plataforma OneDrive del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde sesionó el tribunal.

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ninguna ubicación puntual de las carpetas compartidas por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio.

52. Esta sola circunstancia es suficiente para truncar el cargo formulado, pues, ante la
falta de prueba en el expediente sobre el reembolso que el consorcio alega haber
realizado, no es viable reprochar al Tribunal haberse abstenido de condenar en
costas, en tanto ello es concordante con la documentación efectivamente
incorporada a la foliatura digital. En efecto, entendiendo que el expediente digital es
aquel conformado por la serie de piezas sucesivamente cargadas a la carpeta o
aplicativo correspondiente (en un software de almacenamiento o una herramienta
desmaterializada similar), es ese el acervo al que acuden los árbitros al momento
de tomar la decisión que corresponda –para el caso concreto, el laudo–, con lo cual
el panel no tiene el deber de recurrir a otras fuentes exógenas para verificar los
documentos que hayan sido radicados (como lo sería el buzón electrónico del
secretario), ejercicio que resultaría contrario al derecho al debido proceso de las
partes. Así, para el caso concreto, la decisión no puede tildarse de haber sido
proferida en conciencia si no existía respaldo de la causación de dicho rubro (por
conceptos diferentes a las agencias en derecho), lo cual, correlativamente, no podía
verse reflejado en determinación diferente a la de abstenerse de emitir dicha
imposición.

53. En todo caso, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que una de las
finalidades del recurso extraordinario de anulación es cuestionar la decisión arbitral
por errores in procedendo, esto es, por violación de leyes procesales, que
comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas reguladoras
de dicha actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de
defensa y del debido proceso38. En ese sentido, es del caso analizar los argumentos
de la libelista para establecer si, según se aduce, existió una irregularidad en la
incorporación del soporte de la transferencia electrónica que se enrostra en esta
ocasión. Lo anterior permitirá ratificar por qué, incluso incursionando en ese análisis,
ese reproche contra el laudo no está llamado a prosperar.

54. Con esta finalidad, cabe rescatar -como se recapituló ut supra- que, en el acta de
instalación del tribunal arbitral, se consignaron las reglas que habrían de cumplirse
a lo largo del trámite para la radicación y recepción de memoriales. Puntualmente,
se estableció que, para tales efectos, se utilizarían medios electrónicos para todas
las actuaciones, según lo autorizado por el artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 y el
artículo 3 de la Ley 2213 de 2012, y se detallaron los buzones que deberían ser
tenidos en cuenta para dar traslado a los sujetos procesales (convocante,
convocada y Ministerio Público).

55. En cuanto al secretario, se especificó que sus direcciones correspondían a
fps@pabonabogados.com y ferpabon@hotmail.com, pero, además, se señaló
como correo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá (lugar donde sesionó el tribunal) la dirección electrónica

38 Vid. Sentencia del 31 de agosto de 2015, exp. 11001-03-26-000-2015-00060-00(53585), C.P. Olga Mélida

Valle de De La Hoz. Reiterada en sentencia del 19 de noviembre de 2020, exp. 11001-03-26-000-2020-00033-
00(65854), C.P. Nicolás Yepes Corrales.

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radicaciondocumentoscac@ccb.org.co. Llama la atención que CSE no mencionó
este último buzón al momento de realizar la transcripción del acta en su recurso39.

56. Igualmente, se añadió como pauta que: “De todos los correos electrónicos remitidos,
las partes y la secretaría deberán acusar recibo” (lo que también omitió rescatar el
recurrente). Además, se previó que: “Los escritos dirigidos por las partes al Tribunal
deberán copiarse a la respectiva contraparte, utilizando los correos electrónicos
antes mencionados”, sin que se mencionara que dichas direcciones pudiesen ser
empleadas de forma alternativa o facultativa. Seguidamente, se indicó que: “Para la
debida gestión documental y estandarización del expediente, las partes deberán
presentar las pruebas, memoriales y anexos conforme a los criterios previstos en la
Circular del 21 de diciembre de 2022[40] emitida por el Director del Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá”. Esta previsión es concordante
con lo acordado por las partes en el pacto arbitral, según el cual: “La organización
interna y el funcionamiento del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para tal
efecto del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá”.

57. Al examinar las comunicaciones cruzadas entre los apoderados de las partes, según
lo allegado por CSE a este proceso41, se observa que, si bien las mismas fueron
remitidas en todo momento con copia al correo fps@pabonabogados.com (sin
acuse de recibido), no se agregó como destinatario el buzón de radicaciones de la
Cámara de Comercio, esto es, radicaciondocumentoscac@ccb.org.co. Al haberse
separado de las instrucciones dadas y acogidas42 en esa ocasión, no es viable que
el consorcio reproche la ausencia de incorporación de los anexos adjuntos a los
mensajes electrónicos mencionados. A su vez, el hecho de que su contraparte
hubiese remitido otras comunicaciones previas sin el lleno de estos requisitos no
eximía a la quejosa de hacerlo según las pautas acordadas.

58. A lo anterior debe enfatizarse que en la misma acta se previó que: “De todos los
correos electrónicos remitidos, las partes y la secretaría deberán acusar recibo”
(énfasis añadido). Si bien no se estableció una finalidad expresa en torno a esta
pauta, la misma tuvo por objeto dotar a los intervinientes de la seguridad de que sus
memoriales quedasen debidamente incorporados al plenario. En el presente caso,
la recurrente no allegó prueba de que el secretario hubiese confirmado la recepción
de sus comunicaciones (al margen de que su contraparte sí lo hubiera hecho), lo
que imponía, en cabeza suya, el deber de verificar que los comprobantes de las
transferencias electrónicas aludidas hubiesen sido agregados a la carpeta de
actuaciones del tribunal (o, de existir algún yerro, solicitar su subsanación o
colaborar con ella). Así, no se exige al particular desconocer los postulados de
buena fe contemplados en el artículo 83 superior, ni se vulnera el principio de
seguridad jurídica (como lo alega el recurrente), sino que se busca dar aplicación a
los preceptos establecidos desde la instalación del tribunal para la debida gestión y
radicación de los memoriales.

39 Pág. 21.
40 La Sala advierte que la Circular en cita no fue allegada al presente proceso.
41 Archivos “Cadena de correos electrónicos”, “Correo constancia recibo Info Chemás Asociados” y “Correo

constancia recibo Ana Lopera”.
42 En el acta no figura la interposición de recursos ni otros motivos de inconformidad al respecto.

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59. Frente a ello, no obra constancia de que se hubiese impedido a la parte acceder al
enlace dispuesto para examinar las actuaciones surtidas en medio digital y verificar
los documentos incorporados, con lo cual la Sala desestima el argumento de la
recurrente según el cual “la carga procesal de las Partes se entiende surtida y se
agota con la realización de las actuaciones ante estos medios oficiales. Lo que
ocurra con posterioridad es completamente ajeno a su esfera de control”. Así, aun
cuando el secretario es el encargado de la organización y archivo de las pruebas,
incumbe a las partes, igualmente, cerciorarse de que las piezas procesales que a
ellas interesan sean debidamente agregadas (y, en este caso, cargadas) al
expediente, que es el compendio al que finalmente acudirá el panel arbitral para
tomar la decisión que corresponda (quod non est in actis non est in mundo), sin que
sea viable concluir que cualquier mensaje remitido a la dirección electrónica se
presume, de jure, como parte del expediente, pues justamente es el secretario el
encargado de llevar a cabo esa labor -no solo como un mero ejercicio de gestión
documental-.

60. Aunado a lo expuesto, en el acta no. 9 del 16 de agosto de 202343, el presidente del
tribunal informó al panel que: “La parte demandante entregó, en oportunidad, la
totalidad del monto correspondiente a los gastos y honorarios del Tribunal, señalado
en auto de 14 de julio pasado” (lo que motivó la citación a la primera audiencia de
trámite), sin que conste que la convocada hubiese solicitado la precisión,
rectificación o adición de esta información, lo que tampoco varió en lo consignado
en el acta no. 10 del 8 de septiembre siguiente44, en la que solo se informó sobre la
solicitud de la convocante de que se expidiera la constancia del pago total de los
honorarios. Así, contrario a lo alegado por CSE, la certificación de que trata el
artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 sí se expidió con ese documento, comoquiera
que fue emitida a título de “informe del presidente” y contó con la firma de este último
y del secretario del tribunal45, sin que la norma haya exigido formalidades
adicionales para su emisión46.

61. Tampoco se estableció ninguna salvedad sobre lo anterior en el acta no. 12 del 15
de enero de 2024, en la que se consignó lo acontecido en la continuación de la
primera audiencia de trámite, puntualmente en cuanto al decreto de pruebas 47. En
esa oportunidad, no se hizo referencia alguna a los soportes aludidos del reembolso
al PA FFIE, frente a lo cual no se observa que se hayan presentado objeciones o
solicitudes de aclaración o adición.

62. Bajo el anterior análisis, se impone concluir que, ante la ausencia de incorporación
de las constancias que la recurrente echa de menos en su escrito, y la imposibilidad
de valorarlas en sede del recurso extraordinario de anulación, el cargo formulado

43 Archivo “062_Acta 9 (16 ago 2023)” del expediente del trámite arbitral.
44 Archivo “067_Acta 10 (8 sep 2023)” ibid.
45 Si bien este instrumento solo cuenta con la antefirma de los mencionados integrantes, a partir de la Ley 2213

de 2022 se estableció que “las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales” (artículo 2), norma
aplicable conforme al artículo 1 ejusdem (“Esta Ley tiene por objeto adoptar como legislación permanente las
normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020 con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales
(…) así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los
procesos arbitrales”).
46 Sin perjuicio de que, en sede ejecutiva, se deban aportar los demás documentos necesarios para dar cuenta

de una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
47 Archivo “068_Acta 12 (15 ene 2024) Auto de pruebas” ibid.

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por CSE no está llamado a prosperar, comoquiera que el vicio que se reprocha no
aparece manifiesto en el laudo (ni en el auto que denegó las solicitudes de
aclaración y adición). En efecto, dado que la ausencia de condena en costas se
sustentó en el hecho de que no se halló comprobante alguno de que el consorcio
hubiese incurrido en erogaciones que pudiesen causarlas (diferentes a las agencias
en derecho, que sí fueron reconocidas), la Sala concluye que el tribunal no emitió
un laudo en conciencia, sino que su decisión estuvo apegada a lo obrante en la
foliatura digital del proceso. Además, en todo caso: (i) la recurrente no remitió el
soporte de su dicho a los buzones electrónicos dispuestos para tal fin; (ii) el enlace
para la consulta del expediente siempre estuvo a su disposición (y no hay prueba
en contrario de ello); (iii) en el acta no. 9 del 16 de agosto de 2023, el presidente del
tribunal informó al panel que la convocante pagó la totalidad de los honorarios, sin
que se hubiese pedido rectificación de esa información; y (iv) en el decreto
probatorio no se mencionaron esas constancias, lo que tampoco fue objeto de
solicitudes de complementación.

63. A raíz del carácter extraordinario del presente mecanismo judicial, al que ya se ha
hecho referencia, la Sala reitera en este punto que no es competente para examinar
la existencia de pruebas o de actos de las partes por fuera del expediente arbitral,
no incorporadas al mismo, ni para verificar la idoneidad de las actuaciones
adelantadas por el secretario del tribunal de arbitraje durante las etapas previas a
la expedición de la providencia de cierre, especialmente al estudiar la causal
séptima de anulación consagrada en el artículo 41 del Estatuto Arbitral. Se insiste
en que uno de los presupuestos del laudo en conciencia como causal de anulación
es que el vicio aparezca manifiesto en el proveído, lo que no ocurre si para
evidenciar el yerro alegado es necesario hacer pesquisas por fuera de la decisión
recurrida, o más gravoso aún, por fuera del plenario. Tampoco es competente esta
Corporación para analizar la posible comisión de alguna conducta sancionable o de
una falta disciplinaria por parte del secretario del tribunal arbitral (aun cuando es el
encargado de la organización del expediente y es remunerado por ello), dado que
el marco de análisis de esta Corporación se circunscribe a estudiar si concurre
alguna de las causales de anulación previstas en el artículo 41 del Estatuto Arbitral
y, puntualmente, las invocadas en el escrito formulado por la quejosa.

64. Aunado a ello, debe destacarse que el panel arbitral y el secretario son sujetos
distintos: aun cuando este último interviene activamente durante el proceso, no es
el encargado de emitir la decisión final (aunque la suscriba), y es en contra de esta
última que se dirige el recurso de anulación, único referente que guía -por regla- la
causal referida a la emisión de un laudo en conciencia.

65. En virtud de lo expuesto, el primer problema jurídico debe ser resuelto de manera
negativa, en tanto el panel arbitral no se apartó de las pruebas obrantes en el
expediente al abstenerse de condenar en costas al PA FFIE, con lo cual no incurrió
en la emisión de un laudo en conciencia por este aspecto puntual.

Segundo cargo: sobre la carencia de fundamento jurídico

66. El siguiente motivo de inconformidad enfilado por CSE radicó en la ausencia de
aplicación del régimen normativo que regula la condena en costas, que hace derivar

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del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 y los artículos 361 y 365 del CGP, de lo cual,
según se adujo, el laudo fue emitido en conciencia, en lugar de ser en derecho.

67. Al respecto, el PA FFIE indicó, en su escrito de oposición, que es falso que la
decisión sobre las costas careciese de todo fundamento jurídico, pues el
razonamiento del tribunal en este punto se basó en la aplicación de los artículos 365
y 366 del CGP. Reiteró que no se encontró prueba de la causación de dicho
concepto a cargo de la convocada en sede arbitral y, por ello, en esta ocasión, no
es viable obtener una segunda valoración probatoria del expediente por vía del
recurso extraordinario de anulación.

68. A su vez, el Ministerio Público sostuvo que en el laudo sí se observa el fundamento
jurídico de la decisión que se cuestiona, así como las razones para llevar a la
conclusión que el recurrente no comparte, de forma que este asunto no puede
encuadrarse en un fallo en conciencia, e implica que no hay lugar a la causal de
nulidad invocada.

69. Frente a este segundo cuestionamiento, la Sala rescata que el artículo 361 del CGP
prevé lo siguiente:

“COMPOSICIÓN. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas
y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.”
(subrayado añadido)

70. En congruencia con lo anterior, el numeral 8 del artículo 365 ejusdem indica que:
“Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”.

71. El factor común de las anteriores previsiones radica en que la condena en costas
únicamente es procedente cuandoquiera que se compruebe que las mismas se
causaron conforme a lo obrante en el plenario. Dicho de otro modo, de no existir
respaldo de este concepto en el expediente, no es viable imponer dicha condena,
aun cuando, objetivamente (en aplicación del régimen del CGP), quien resulte
vencido en el proceso sea el llamado a asumirla.

72. Bajo las anteriores reglas, y según lo concluido en el acápite anterior, tampoco es
viable acceder al segundo motivo de reproche formulado por la recurrente. En
efecto, al haber tenido el tribunal por acreditado que el expediente del trámite arbitral
no incluyó ningún soporte de que CSE hubiese incurrido en erogaciones por
concepto de honorarios y gastos (componentes de las costas procesales), le era
materialmente imposible la aplicación del régimen normativo que se trae a colación
por sustracción de materia (se insiste, al margen de la condena por concepto de
agencias en derecho, que sí fue inserta en la parte resolutiva del laudo). Dicho de
otro modo, estableciendo los árbitros que no obraba prueba de dicho reembolso, la
normativa que se extraña no podía -ni debía- ser aplicada por dicho panel arbitral,
lo que excluye que éste haya dejado de fallar en derecho de cara a este tópico
puntual y, por ende, que el laudo se haya emitido en conciencia.

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73. En cuanto al cuestionamiento por la inaplicación del inciso tercero del artículo 27
del estatuto arbitral, según el cual: “De no mediar ejecución, las expensas
pendientes de reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para lo que hubiere
lugar”, la Sala encuentra que, dado el resultado del proceso, esta norma tampoco
estaba llamada a cambiar el resultado de la decisión. En primera medida, ante el
tribunal no se acreditó que el patrimonio autónomo hubiese solicitado el reintegro
de lo pagado por vía ejecutiva (esto es, no medió ejecución, al margen de que se
hubiese expedido la certificación para ello), lo cual, de forma preliminar, daría lugar
a la aplicación de la citada norma. Sin embargo, justamente por el hecho de que el
PA FFIE resultó vencido en el juicio, en principio sería la encargada de asumir la
condena en costas por aquellos conceptos diferentes a las agencias en derecho,
incluyendo los honorarios de los árbitros, pero, al haber sido quien asumió la
totalidad de este último rubro, no era del caso ordenarle el reintegro de suma alguna.
Ello implicaría que, en el laudo, debía ordenarse a quien no pagó (el consorcio)
reembolsar la mitad asumida por su contraparte, para inmediatamente dictaminar
que esta última pagara esa misma cantidad por concepto de costas (puntualmente,
por los honorarios de los árbitros), al haberse denegado sus pretensiones, lo cual
carece de lógica.

74. En este punto, se reitera que la certificación de que trata el citado artículo 2748 sí se
expidió, como consta en el acta no. 9 del 16 de agosto de 2023. En efecto, en dicho
documento se señaló, a título de “Informe del presidente”, que “La parte
demandante entregó, en oportunidad, la totalidad del monto correspondiente a los
gastos y honorarios del Tribunal, señalado en auto de 14 de julio pasado”, lo que
motivó la citación a la primera audiencia de trámite, todo lo cual fue suscrito por los
árbitros y por el secretario designado. Ello reafirma que, para ese punto, el panel no
advirtió la transferencia que la convocada adujo haber realizado a título de
reembolso, y -se itera- lo consignado en dicha acta no fue objeto de solicitudes de
aclaración o corrección por la aquí libelista.

75. Se insiste en que, en virtud del carácter extraordinario del recurso interpuesto, no le
es dable a esta Sala revivir el debate jurídico en torno a la aplicación del régimen
normativo de costas, y no se advierte -según lo colegido- que el panel arbitral haya
dejado de tener en cuenta ese conjunto de reglas, o que haya decidido conforme a
su íntima convicción, lo que descarta que se haya configurado la causal séptima de
anulación bajo este argumento. Lo anterior impone dar respuesta negativa al
segundo problema jurídico planteado, para establecer que, al no condenar en costas
procesales al PA FFIE, puntualmente en cuanto a los conceptos diferentes a las
agencias en derecho, el panel arbitral no desconoció la aplicación de las normas
sustantivas sobre el régimen normativo de dichos rubros, con lo cual no aparece
manifiesto en la providencia que se haya dejado de emitir una decisión en derecho
frente a ese aspecto (lo cual es congruente con lo decidido en el auto que denegó
las solicitudes de aclaración y adición) y, por ende, no se configuró la causal de
anulación por emitir un laudo en conciencia.

48 “Para tal efecto [la ejecución promovida por quien pagó] le bastará presentar la correspondiente certificación

expedida por el presidente del tribunal con la firma del secretario”.

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Conclusiones

76. A título de recapitulación, la Sala declarará infundado el recurso de anulación
interpuesto, a la luz de las siguientes razones:

77. El recurso de anulación de laudos arbitrales es de carácter excepcional, restrictivo
y extraordinario, de forma que no constituye una instancia más dentro del proceso
desatado por el tribunal correspondiente. Bajo esa lógica, el juez competente para
conocer de dicho mecanismo no está facultado para examinar la decisión sino bajo
las causales taxativas previstas en el ordenamiento jurídico, ni está habilitado para
reabrir el debate probatorio o jurídico que debió surtirse ante el panel integrado para
ello.

78. La causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
consistente en haberse proferido el laudo en conciencia debiendo ser en derecho,
impone verificar, entre otros aspectos, que la decisión adoptada se haya apartado
totalmente del material probatorio efectivamente obrante en el expediente arbitral,
o que deje de lado de forma protuberante el marco jurídico sobre el cual tiene que
fallar, de forma que surja de bulto que fue adoptada conforme al leal saber y
entender de los árbitros, y que dicho vicio aparezca manifiesto en el laudo, sin que
el juez de la anulación esté habilitado para reabrir el debate en torno a la valoración
de dicho acervo o a los razonamientos en cuanto a la ley sustancial que rige el caso.

79. En el presente caso, no se encontró que el laudo cuestionado hubiese incurrido en
esta irregularidad al haberse abstenido de condenar en costas a la parte vencida en
el proceso, por conceptos diferentes a las agencias en derecho (puntualmente, en
cuanto a los honorarios de los árbitros), comoquiera que en el expediente arbitral
no obró constancia de que la aquí recurrente hubiese incurrido en dichas
erogaciones, de manera que la ausencia de decisión sobre la materia no se apartó
del material probatorio recaudado.

80. Tampoco se configuró dicha hipótesis debido a la supuesta inaplicación del régimen
normativo sobre costas procesales, puesto que, en ausencia de prueba de los
desembolsos reclamados, no había lugar a tomar en cuenta dichas reglas en la
decisión final.

81. En ese sentido, al margen de cualquier interrogante sobre si hacen parte de las
costas lo que sufraguen las partes por concepto de honorarios de los árbitros, o de
la posible comisión de una falta o conducta sancionable (cuestión que escapa del
margen competencial de la Sala), los hechos puntuales que el recurrente aduce
como configurativos de la causal de laudo en conciencia no reúnen los presupuestos
que prevé el artículo 41, numeral 7, del estatuto arbitral, lo que impone declarar
infundado el recurso.

Costas en el presente trámite de anulación

82. Teniendo en cuenta que se debe declarar infundado el recurso extraordinario de
anulación, hay lugar a aplicar el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, según el cual,

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si ninguna de las causales prospera, se condenará en costas al recurrente, salvo
que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público.

83. En ese sentido, se condenará por este concepto a la recurrente. Para ello, en punto
de las agencias en derecho, conforme al Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto
de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se reconoce que estas se tasan
según la complejidad y la duración de la actuación que se adelantó. En lo que tiene
que ver con los recursos extraordinarios, las agencias en derecho deben fijarse
entre 1 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuso el
artículo 5.9 del referido Acuerdo.

84. Así, en este asunto, se entienden causadas por la actuación que tuvo que desplegar
el PA FFIE, como opositor, en tanto allegó escrito reactivo frente a los tópicos que
suscitaron el recurso y debió atender a la vigilancia del trámite ante esta
Corporación. A raíz de lo anterior, se reconocerá el equivalente a cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) a favor de dicho patrimonio
autónomo. Esta suma deberá ser asumida de manera solidaria por (i) Ingenieros
Consultores Civiles y Eléctricos S.A. (INGETEC); (ii) Ingetec Gerencia & Supervisión
S.A. (INGETEC G&S S.A.); y (iii) PAYC S.A.S., como integrantes del Consorcio
Sedes Educativas.

85. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
presentado por el Consorcio Sedes Educativas y las sociedades Ingenieros
Consultores Civiles y Eléctricos S.A., Ingetec Gerencia & Supervisión S.A. y PAYC
S.A.S. en contra del laudo arbitral del 9 de diciembre de 2024, proferido por un
tribunal que sesionó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al extremo recurrente, las cuales se liquidarán
a través de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Para el
efecto, como agencias en derecho, se fija la suma de cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la firmeza de la presente providencia en favor del
Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
– PA FFIE, suma que deberá ser asumida de manera solidaria por las sociedades
(i) Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A. (INGETEC); (ii) Ingetec Gerencia
& Supervisión S.A. (INGETEC G&S S.A.); y (iii) PAYC S.A.S.

TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia, y aprobada la liquidación de las costas del
presente trámite, DEVOLVER el expediente al Centro Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, por conducto de la Secretaría.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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