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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00106-00

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00106-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI en contra del laudo arbitral del 12 de mayo de 2025, proferido por un tribunal de arbitraje que sesionó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para resolver las controversias surgidas entre la Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. y aquella entidad pública, en torno al contrato de concesión 445 de 1994. SEGUNDO: LEVANTAR la suspensión de los efectos del laudo identificado en el anterior ordinal. 30 Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308) Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral TERCERO: CONDENAR en costas a la recurrente Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, las cuales se liquidarán a través de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Para el efecto, como agencias en derecho, se fija la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la firmeza de la presente providencia en favor de la sociedad Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. CUARTO: Ejecutoriada esta sentencia y aprobada la liquidación de las costas, DEVOLVER, por conducto de la Secretaría, el expediente al Centro Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2025-00106-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

24 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

Tema: Laudo en conciencia – El juez del recurso extraordinario de anulación no está facultado para
revivir el debate jurídico ni probatorio surtido en sede arbitral.

1. La Sala resuelve el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Agencia
Nacional de Infraestructura -en adelante, ANI, la Agencia o la parte recurrente-
contra el laudo arbitral del 12 de mayo de 2025, proferido por un tribunal de arbitraje
constituido para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato de
concesión no. 445 del 2 de agosto de 1994, suscrito con la sociedad Concesión
Santa Marta Paraguachón S.A. -en lo sucesivo, la sociedad, la contratista, CSMP o
la opositora-. En lo que concierne a este trámite judicial, dicha providencia declaró
la ruptura del equilibrio económico del señalado negocio, y condenó a la entidad
pública a realizar una serie de desembolsos para efectos de su restablecimiento.

2. El laudo arbitral fue controvertido en sede de anulación bajo la causal 7 del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012. Se indicó que no se dictó en derecho, a juicio de la
recurrente, al haberse dado una indebida aplicación al régimen del equilibrio
económico del contrato estatal, y porque se habría omitido la valoración de pruebas
que indicarían que dicha ecuación no se vio afectada -contrario a lo alegado por la
contratista en su demanda-, en atención a la situación financiera favorable de la
concesionaria en los años en que ocurrieron los eventos que fundaron el libelo.

ANTECEDENTES

La demanda arbitral y el trámite relevante ante el tribunal

3. A partir de las piezas del expediente remitido a esta Corporación por parte de la
secretaria del tribunal arbitral, la Sala destaca las siguientes actuaciones:

4. El 2 de agosto de 1994, el Instituto Nacional de Vías y la sociedad Concesión Santa
Marta Paraguachón S.A. celebraron el contrato de concesión no. 4451, en el que se
pactó como objeto: “Ejecutar por el sistema de concesión regulado por el artículo 32
de la Ley 80 de 1993 “los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación
de construcción, la operación y el mantenimiento de los sectores Río Palomino -

1 Archivo “001. Contrato de Concesión 445 de 1994” contenido en el expediente digital OneDrive del trámite

surtido ante el tribunal, cuyo enlace obra en el archivo “002ED_RadicacionRecursodeA” (en lo sucesivo, “el
expediente arbitral”), visible en el índice 002 de la plataforma Samai (carpeta “06_
APORTADAS_CON_LA_REFORMA_DE_LA_DEMANDA_INICIAL_20240402” en “PRUEBAS”).

Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

Riohacha y Riohacha - Paraguachón y el mantenimiento y la operación del sector
Santa Marta - Rio Palomino, ruta 90 en los Departamentos del Magdalena y La
Guajira”. En el negocio inicial, se previó como valor la suma de $28.443’698.593 y
se estipuló que su pago, así como el de los costos relacionados en la propuesta, se
realizaría mediante la cesión de los derechos de recaudo de peaje de cinco casetas
ubicadas en dichos tramos viales, conforme a las tarifas establecidas en el
clausulado. Igualmente, se pactó como obligación del concesionario “la financiación
total del proyecto”.

5. Mediante otrosí no. 10 del 25 de marzo de 20092, se modificó, entre otros aspectos,
el plazo del negocio, que se amplió hasta el 27 de julio de 2030. Asimismo, se varió
el modelo financiero del contrato, en el sentido de pactar una forma de remuneración
basada en el concepto de ingreso real, que se definió como “el valor presente (a
diciembre de 2008) en términos reales de los ingresos percibidos provenientes de
dos fuentes, a saber: i) los ingresos derivados de los aportes y/o pagos estatales
(en pesos constantes de junio de 1994) y, ii) los ingresos percibidos de los usuarios
por concepto de peajes (en pesos constantes de junio de 1994). El valor presente
de estos ingresos, (sic) se evaluará con base en una tasa de descuento del 9,13%
efectiva anual en términos reales, de acuerdo con la Resolución 2080 del 31 de julio
de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, y se fijó en la suma de
$83.672’094.023.

6. En el modificatorio, igualmente, se establecieron los parámetros para verificar la
obtención de dicho monto, a partir de la comparación con el ingreso generado
(calculado mensualmente con base en los recaudos por peajes y los pagos
estatales), con lo cual se acordó que: “Cuando el valor acumulado del Ingreso
Generado, en un determinado período mensual de ejecución del Contrato, sea igual
o superior al Ingreso Real, esto será causal de terminación del Contrato”, a fin de
que la contratante tomase posesión del proyecto.

7. En demanda arbitral3 presentada el 29 de marzo de 2023 (reformada el 2 de abril
de 2024), CSMP pretendió, entre otros aspectos, que se declarara que el contrato
de concesión 445 de 1994 sufrió una ruptura en su equilibrio económico derivada
de las siguientes circunstancias extraordinarias e imprevisibles, que generaron una
reducción en el recaudo de peajes: (i) el cierre de la frontera entre Colombia y
Venezuela, que ocurrió el 19 de agosto de 2015; (ii) la emergencia sanitaria
acaecida a raíz de la pandemia por COVID-19, en virtud de la cual el Gobierno
nacional decretó una exención en el pago de peajes desde el 26 de marzo hasta el
31 de mayo de 2020, y que también provocó una disminución en el tráfico de
automotores desde el 25 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020; y (iii) la elusión
en el pago de dos casetas instaladas en el proyecto vial contratado. Pidió, en lo
relevante para el asunto que interesa a la Sala, declarar que la concesionaria no
debía soportar los efectos de las mencionadas eventualidades y que la ANI se
encontraba obligada a restablecer dicha ecuación contractual, así como condenarla
al pago de los rubros dejados de percibir por esas circunstancias.

2 Archivo “037. Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión” ibid. Para ese momento, la entidad concesionaria era

el Instituto Nacional de Concesiones –INCO, a quien se le cedió la posición contractual del INVIAS mediante
otrosí del 31 de mayo de 2004.
3 Archivo “001_Demanda aribtral” (sic) del expediente arbitral.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

8. La ANI contestó el libelo inicial4 y formuló demanda de reconvención5, la que, a su
turno, fue contestada por CSMP6. Las partes posteriormente reformaron sus
respectivas demandas7, que fueron objeto de sendas contestaciones8.

9. En su respuesta a la reforma de la demanda primigenia, la ANI formuló diversas
excepciones frente a cada grupo de pretensiones. Sin embargo, de manera común
a los tres eventos mencionados, propuso, entre otras (y para lo que interesa a la
presente causa), las que denominó como: “Ausencia de acreditación por parte del
CSMP alrededor de haber ejecutado el contrato en desmedro de su propio
patrimonio”, “Indebida interpretación del demandante alrededor de esquema actual
de remuneración del Contrato de concesión 445 de 1994 ya que, con ocasión de la
celebración del otrosí No, 10 de 1994 (sic), se abandonó el Ingreso Mínimo
Garantizado para pasar a uno de Ingreso Real” y, en lo pertinente, que los
respectivos riesgos se encuentran asignados al concesionario.

El laudo que se solicita anular

10. El 12 de mayo de 2025, el tribunal profirió el respectivo laudo9, en el que, para lo
que atañe a este proceso, se accedió a las pretensiones de la concesionaria
tendientes a declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato 445 de 1994,
a raíz de: (i) el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela que ocurrió el 19 de
agosto de 2015, (ii) la emergencia sanitaria acaecida a raíz de la pandemia COVID-
19 y (iii) la elusión en el pago de las casetas de peaje Alto Pino y Paraguachón.
Dichas determinaciones se adoptaron en los siguientes puntos10 (se trascribe de
forma literal, con posibles errores):

“Quinto. Declarar que el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela generó una
disminución imprevisible y extraordinaria de los ingresos por concepto de peaje pactados
a favor de la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. que rompió el equilibrio
económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994, conforme a las modificaciones
pactadas en el Otrosí n.º 10 del 25 de marzo de 2009.

Sexto. Como consecuencia de lo anterior, declarar que la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI está obligada a restablecer el equilibrio económico del Contrato de
Concesión n.º 445 de 1994, según el mismo fue modificado por el Otrosí n.º 10 del 25
de marzo de 2009.

Séptimo. Como consecuencia, condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
a pagar a la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. la suma de $ 17 904 520 945
correspondiente a los ingresos por concepto de peaje que dejó de recibir por causa del
cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, conforme a la liquidación que obra en
la parte considerativa.
(…)
Decimonoveno. Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI incumplió su
obligación legal y contractual de compensar e indemnizar los daños y perjuicios sufridos
por la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. a causa del COVID 19, por concepto
de:

4 Archivo “025_Contestacion_demanda_ANI_20230926” ibid.
5 Archivo “027_Demanda_de_Reconvencion_20230926” ibid.
6 Archivo “049_Contestacion_demanda_reconvencion_20231227” ibid.
7 Archivos “080_Reforma_de_la_demanda_inicial_20240402” y “082_Reforma_de_la_demanda_de
_reconvencion_20240402” ibid.
8 Archivos “112_Contestacion_demanda_inicial_reformada_20240528” y “114_Contestacion_
demanda_reconvencion_reformada_20240528” ibid.
9
Archivo “330_Laudo_CSMP_vs_ANI_20250512” ibid.
10 Aunque no fueron objeto de solicitud de anulación, se citan los numerales 19, 20, 21 y 29 con el fin de otorgar

contexto a las decisiones adoptadas.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

• Los ingresos que dejaron de generarse por la exención en el pago de peajes
dispuesta por el Gobierno nacional desde el 26 de marzo hasta el 31 de mayo
de 2020.

• Los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el menor volumen de
vehículos que transitó desde el 25 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020 a
causa de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y las autoridades del
orden territorial referidas al aislamiento preventivo obligatorio.

Vigésimo. Declarar que el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de
1994 se vio alterado por los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el menor
volumen de vehículos que transitó con posterioridad al 31 de agosto de 2020 por causa
del COVID 19 (pretensión primera subsidiaria de la décima novena, número 19.3).

Vigésimo primero. Como consecuencia de la decisión anterior, declarar que la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI está obligada a restablecer el equilibrio económico del
Contrato de Concesión n.º 445 de 1994, conforme se solicita en la pretensión primera
subsidiaria de la décima novena, número 19.3.

Vigésimo segundo. Declarar que las compensaciones e indemnizaciones de los daños y
perjuicios causados por el COVID 19 a que se refieren la pretensión décima novena
(números 19.1 y 19.2) y la pretensión primera subsidiaria de la décima novena (número
19.3) se deben efectuar mediante el pago de recursos económicos a favor de la
Concesión Santa Marta Paraguachón S. A.

Vigésimo tercero. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y conforme a la
pretensión vigésima primera, condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a
pagar a la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. la suma de $ 22 837 872 675 por
concepto de indemnización por la totalidad de daños y perjuicios que esta última sufrió
por causa del COVID 19, conforme a la liquidación que obra en la parte motiva y según
se solicita en la pretensión décima novena, números 19.1 y 19.2.

Vigésimo cuarto. Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión primera
subsidiaria de la décima novena, número 19.3, condenar a la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI a pagar a la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. la suma de
$ 22 846 724 952 para restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º
445 de 1994, alterado por la ocurrencia de la pandemia del COVID 19, en los términos
de la pretensión subsidiaria de la vigésima primera.
(…)
Vigésimo noveno. Declarar que, como consecuencia de lo anterior, el comportamiento
del riesgo de elusión del pago de peaje en las casetas Alto Pino y Paraguachón del
Proyecto alteró el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994 por
causas no imputables a la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A., por lo que la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI está obligada a restablecerlo.

Trigésimo. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI a pagar a la Concesión Santa Marta Paraguachón S.
A. la suma de $ 7 073 433 171 correspondiente a los ingresos que ha dejado de percibir
por la elusión del pago de peaje en las casetas Alto Pino y Paraguachón, en los términos
de la pretensión vigésima séptima”.

11. En sustento de la condena relacionada con el cierre de la frontera, el tribunal analizó
el esquema de remuneración pactado con base en el modelo de “ingreso real”, y
tomó en consideración que éste se fijó, en parte, en función de los recaudos por
peajes, que -a su vez- dependían del tráfico y el número de vehículos que pagaran
la respectiva tarifa. Se valoró que las partes no previeron una disminución de la
circulación de vehículos a raíz de esa restricción, de forma que calificó dicha orden
como un evento extraordinario e imprevisible. Con base en los registros vehiculares
y el dictamen pericial financiero aportados por CSMP, se analizó la relación entre el
tránsito real y el proyectado, así como los ingresos percibidos desde septiembre de
2015 en adelante, de lo que evidenció la reducción acaecida en el Peaje
Paraguachón, para concluir que: “Los ingresos reales de la referida Estación de
Peaje entre agosto de 2015 y diciembre de 2019 fueron inferiores a aquellos que se

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

proyectaron en el Otrosí n.º 10”. Así, estableció que ello repercutió en los ingresos
de la concesionaria, fenómeno que ésta no debía soportar, de forma que la ANI
estaba obligada a restablecer el equilibrio económico del contrato por dicha
circunstancia.

12. En cuanto al impacto generado por el brote del virus COVID-19, el tribunal tuvo en
cuenta dos aspectos. Por un lado, estableció que la ANI estaba obligada a pagar
las sumas detalladas en el denominado “Acuerdo COVID-2”, por el cual se pactó el
desembolso de los peajes no recaudados con ocasión del Decreto Legislativo 482
de 2020 hasta el 31 de mayo de ese año, así como los ingresos que dejaron de
generarse por el menor volumen de vehículos entre el 25 de marzo y el 31 de agosto
de 2020 por restricciones a la movilidad durante la pandemia. Por otro, tuvo en
cuenta lo concluido en los diferentes peritajes practicados en el proceso, en los que
se concluyó que hubo una disminución en el flujo de vehículos con posterioridad al
31 de agosto de 2020, lo cual se atribuyó al surgimiento de la emergencia sanitaria.
En el dictamen allegado por CSMP, se estableció que el esquema de remuneración
se orientó a la obtención de un ingreso esperado o real, lo cual es independiente de
la situación financiera de la contratista, y se señaló que, a diciembre de 2023, existió
una diferencia entre el ingreso real acumulado y el ingreso real esperado, de forma
que, a junio de 2030, no se alcanzará el ingreso real esperado, con base en lo cual
el panel arbitral dedujo la afectación a la ecuación financiera del contrato.

13. Frente al fenómeno de elusión del pago de peaje presentado en las casetas Alto
Pino y Paraguachón, estableció que se trató de hecho o circunstancia extraordinaria
e irresistible para CSMP, y que fue un riesgo que ésta no asumió (como tampoco la
reducción de los ingresos por esa causa). Indicó que ese suceso alteró el equilibrio
económico del contrato, por lo que la ANI estaba obligada a restablecerlo con base
en la suma detallada en el dictamen pericial aportado por la contratista.

14. La ANI presentó solicitudes de aclaración y complementación del laudo, mientras
que CSMP pidió su aclaración y corrección11. Estos pedimentos fueron denegados
mediante auto del 26 de mayo de 202512.

El recurso de anulación

15. La ANI presentó recurso extraordinario de anulación13 contra el referido laudo, en el
que solicitó la celebración de una audiencia pública y la suspensión de los efectos
jurídicos del laudo arbitral. Además, impetró lo siguiente (se transcribe de forma
literal, con sus propios énfasis y posibles errores):

“PETICIONES PRINCIPALES

De acuerdo con la fundamentación fáctica y jurídica anteriormente expuesta, me permito
formular al H. Consejo de Estado, las siguientes solicitudes:

PRIMERA.- DECLÁRASE fundado el presente recurso extraordinario de anulación
parcial en contra del laudo arbitral de fecha 12 de mayo de 2025, como consecuencia de

11 En su orden, archivos “335_Memorial_ANI_solicitudes_laudo_20250519” y “337_Memorial_CSMP
_solicitudes_laudo_20250519” ibid.
12 Archivo “339_Acta_40_Resuelve_solicitudes_laudo_20250526” ibid.
13 Archivo “006ED_Recursoextraordinari” visible en el índice 002 de Samai.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

la materialización de la causal 7 de anulación, es decir, por haberse fallado en conciencia
o equidad debiendo ser en derecho.

SEGUNDA.- DECLÁRASE la anulación de los numerales 5, 6, 7, 23, 24 y 30 de la parte
resolutiva del Laudo Arbitral calendado 12 de mayo de 2025, proferido dentro de la
controversia iniciada por la Concesión Santa Marta Paraguachón en contra de la Agencia
Nacional de Infraestructura, con número de radicación 141971”.

16. Como fundamentos de derecho, invocó la causal de anulación número 7
contemplada en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “por haberse fallado
en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho”. En sustento de este reproche,
enrostró que, en el laudo, se ignoraron las pruebas que acreditaban que CSMP,
antes que haber sufrido pérdidas, obtuvo utilidades y gozó de una situación
económica favorable, lo que impedía cualquier reconocimiento económico a título
de restablecimiento de la ecuación contractual. En ese sentido, cuestionó la
aplicación que se dio al instituto del equilibrio económico del contrato, pues, en su
sentir, se dejaron de lado las normas positivas que lo regulan y el alcance que le ha
otorgado la jurisprudencia de esta Corporación. Los argumentos concretos a este
respecto se desarrollarán más adelante, al momento de resolver de fondo cada uno
de los cargos de anulación que se derivan del escrito.

Traslado del recurso y manifestaciones

17. La secretaria del tribunal corrió traslado del recurso de anulación formulado por la
ANI a la concesionaria y al Ministerio Público14.

18. CSMP se opuso15 indicando, en general, que el recurso tiene por propósito atacar
el fondo de la decisión adoptada, así como la valoración probatoria, ejercicio
improcedente con dicho medio de impugnación, y objetó la celebración de la
audiencia pública deprecada por la ANI. Para el efecto, recapituló las razones por
las cuales el tribunal resolvió las controversias con base en la ley y en las pruebas,
lo que descartaría que se haya proferido el laudo en conciencia o en equidad. En
concreto, señaló que: (i) el recurrente no sustentó el cargo en contra del ordinal
vigésimo tercero, que en todo caso fue soportado jurídica y probatoriamente; (ii) las
decisiones basadas en el desequilibrio económico por causa del COVID-19 con
posterioridad al 31 de agosto de 2020, en el cierre de la frontera con Venezuela y la
elusión en el pago de peaje estuvieron debidamente sustentadas, de forma que (iii)
el recurso de anulación de la ANI está fundado en una divergencia de criterio jurídico
y probatorio con el tribunal, por lo que el mismo es improcedente. Sin perjuicio de lo
anterior, detalló las razones por las que los yerros atribuidos no son ciertos,
reseñando lo declarado en la sustentación del dictamen de la concesionaria y
trayendo a colación sus estados financieros. Estos argumentos de defensa serán
abordados al momento de resolver cada uno de los cargos de anulación enfilados
por la libelista.

19. Por su parte, el agente del Ministerio Público solicitó declarar fundado el recurso, al
considerar que el laudo no fue proferido en derecho, al momento de resolver la
solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato con fundamento
en la teoría de la imprevisión. La concesionaria se pronunció frente a este último

14 Archivo “007ED_Trasladoderecursodea” del expediente Samai.
15 Archivo “005ED_Oposicionrecursodean” ibid.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

escrito16, en el sentido de oponerse a la “coadyuvancia” formulada, cuyos
argumentos, igualmente, serán analizados al momento de resolver sobre los cargos
de anulación formulados.

El trámite ante el Consejo de Estado

20. Con providencia del 1.° de octubre de 202517, se admitió el recurso extraordinario
de anulación, se suspendieron los efectos del laudo y se denegó la solicitud de
convocatoria a la audiencia pública deprecada por la ANI.

CONSIDERACIONES

21. Comoquiera que no se advierte causal de nulidad que invalide lo actuado, y con el
fin de abordar la cuestión debatida, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i)
la jurisdicción y competencia de la Corporación para conocer del proceso; (ii) la
constatación del pacto arbitral y de la legitimación en la causa de las partes
procesales; (iii) la oportunidad en la presentación del recurso y el cumplimiento del
traslado previo por parte de la secretaria del tribunal; (iv) la definición del objeto del
recurso y de los problemas jurídicos por resolver; (v) el análisis de la causal de
anulación que se invoca; (vi) la solución al caso concreto, en función de los dos
cargos formulados; (vii) la enunciación de las conclusiones; y (viii) la condena en
costas en el presente trámite.

Jurisdicción y competencia

22. El contencioso-administrativo ostenta jurisdicción para conocer del asunto, con
fundamento en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el numeral
7 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), pues en el presente caso se
busca la nulidad del laudo arbitral por el cual se definió un conflicto relativo a un
contrato celebrado por una entidad pública. El negocio del cual surgió el litigio es el
contrato de concesión 445 de 1994, suscrito entre (i) la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI (demandada en sede arbitral) y (ii) la sociedad Concesión
Santa Marta Paraguachón S.A. (demandante en aquel foro).

23. Lo anterior se ve complementado por el criterio general contenido en el artículo 104
del CPACA, conforme al cual: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos,
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que
estén involucradas las entidades públicas”.

24. Finalmente, esta Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer del recurso de anulación en única instancia, de conformidad con el numeral

16 Archivo “004ED_Oposicioncoadyuvanci” del expediente Samai.
17 Índice 004 de Samai.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

7 del artículo 149 del CPACA18, el mentado inciso tercero del artículo 46 de la Ley
1563 de 2012 y el artículo 13 del reglamento de la Corporación19.

Pacto arbitral y legitimaciones

25. El contrato de concesión 445 de 1994 contempló en el parágrafo de la cláusula
cuadragésima segunda el pacto arbitral que habilitó el conocimiento del asunto por
parte del tribunal que sesionó en la Cámara de Comercio de Bogotá.

26. A su vez, la ANI se encuentra legitimada para recurrir, por haber sido la parte
convocada en el trámite arbitral. La concesionaria lo está en calidad de opositora,
por haber sido la demandante principal, y demandada en reconvención, en esa
sede.

Oportunidad y traslado del recurso

27. El auto que resolvió las solicitudes de aclaración y adición contra el laudo
impugnado fue notificado el 27 de mayo de 202520. Los 30 días hábiles siguientes
a dicha fecha culminaron el 11 de julio siguiente, y el recurso fue radicado ese día21,
por lo que fue presentado de forma oportuna.

28. Asimismo, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, la secretaria del
tribunal acreditó haber dado traslado del recurso 22 a la otra parte y al Ministerio
Público, quienes allegaron sus respectivos pronunciamientos según lo reseñado ut
supra.

Objeto del recurso y problemas jurídicos por resolver

29. A la luz de lo previsto en la Ley 1563 de 2012, el recurso analizado ostenta el
carácter de extraordinario, y se caracteriza porque: (i) no constituye una instancia
“ordinaria” que se pueda surtir para revisar la valoración jurídica y probatoria
efectuada por el panel arbitral, y (ii) su procedencia está sujeta a que se verifique la
concurrencia de alguna de las hipótesis taxativamente enlistadas en el artículo 41
del señalado estatuto, de manera que al juez de la anulación no le es dable reabrir
el debate de fondo.

30. De igual forma, el artículo 42 ejusdem señala que la autoridad judicial competente
rechazará de plano el recurso de anulación cuando no se hubiere sustentado, o las
causales que se invoquen no correspondan a ninguna de las señaladas en dicha
ley. Ello se ve enmarcado, igualmente, por la pauta según la cual: “La autoridad

18 “El Consejo de Estado (…) conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. Del recurso de

anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad
pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia”.
19 Modificado mediante Acuerdo No. 434 de 2024. Conforme a este compendio, corresponde a la Sección

Tercera conocer de “9. Los procesos de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en
contratos estatales”.
20 Archivo “339_Acta_40_Resuelve_solicitudes_laudo_20250526” del expediente arbitral.
21
Archivos “341_Comunicacion_recibida_ANI_remisoria_memorial_recurso_anulacion_laudo_ 20250711” y
“342_Memorial_ANI_recurso_anulacion_laudo_20250711” ibid.
22 Archivo “344_Traslado_recurso_anulacion_laudo_20250715” ibid.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la
controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones
probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”,
contenida en el inciso cuarto del citado artículo.

31. Dicha postura ha sido reiterada por la jurisprudencia de esta Sección, al recalcar las
siguientes características del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral:

“i) El recurso de anulación de laudos arbitrales es de carácter excepcional, restrictivo y
extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso.
ii) El recurso tiene como finalidad controvertir la decisión contenida en el laudo arbitral, en
principio, por errores in procedendo, por lo cual a través de él no puede pretenderse atacar
el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, esto es, errores in iudicando. Ello significa
que no le es dable al juez del laudo examinar si el tribunal de arbitramento obró o no de
acuerdo con el derecho sustancial, ni tampoco revivir un nuevo debate probatorio o entrar
a considerar si hubo un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las
cuales arribó el correspondiente tribunal, dado que el juez de la anulación no ha sido
instituido como superior jerárquico o funcional del tribunal arbitral y, como consecuencia,
no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo, al punto de poder modificar las
decisiones plasmadas en el laudo por el hecho de que no comparta sus criterios o
razonamientos.
iii) Excepcionalmente, el juez de la anulación podrá corregir o adicionar el laudo, pero solo
en aquellos específicos eventos en que prospere la causal de anulación por incongruencia,
por no haberse decidido la totalidad de los asuntos sometidos al conocimiento de los
árbitros o por haberse pronunciado sobre aspectos que no estuvieron sujetos a la decisión
de los mismos, así como por haberse concedido más de lo pedido, de conformidad con la
causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
iv) Los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por el denominado
“principio dispositivo”, por cuya virtud debe limitarse exclusivamente a resolver sobre lo
solicitado por el recurrente en la formulación y sustentación de su respectivo recurso. A su
vez, el objeto que con dicho recurso se persigue se debe encuadrar dentro de las precisas
causales que la ley consagra23, por lo que, en principio, no le es permitido al juez de la
anulación interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir causales no
invocadas y, menos aún, para pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la
formulación y sustentación del correspondiente recurso de anulación 24.
v) El recurso de anulación procede contra laudos arbitrales debidamente ejecutoriados,
como excepción al principio de intangibilidad de las sentencias en firme; “tal
excepcionalidad es pues, a la vez, fundamento y límite de los poderes del juez de la
anulación, para enmarcar rígidamente el susodicho recurso extraordinario dentro del
concepto de los eminentemente rogados”25.
vi) Dado el carácter restrictivo que identifica el recurso extraordinario de anulación, su
procedencia se encuentra condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente,
las causales que se invocan en forma expresa, las cuales deben tener correspondencia
con aquellas que de manera taxativa consagra la ley para ese efecto; por tanto, el juez de
la anulación, en principio, debe rechazar de plano el recurso cuando las causales que se
invoquen o propongan no correspondan a alguna de las señaladas expresamente en la
ley –artículo 41 de la Ley 1563 de 2012–” (subrayado fuera del original) 26.

32. A la luz de lo expuesto, se evidencia que las normas positivas en esta materia
imponen una restricción al marco de estudio del juez de la anulación, al vedarle

23 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de agosto de 1994, exp. 6550 y de 16

de junio de 1994, exp. 6751, M.P. Juan de Dios Montes, reiteradas en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp.
38.379, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
24 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871,

M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Hernán
Andrade Rincón.
25 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de mayo de 1992, exp. 5326, posición

reiterada en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
26 Sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 11001-03-26-000-2020-00076-00(66091)A, C.P. María Adriana

Marín.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

cualquier análisis jurídico o probatorio que se relacione con el fondo de la
controversia. Según lo recalcado, la jurisprudencia de esta Corporación ha
enfatizado la estirpe extraordinaria que ostenta este medio de impugnación, la cual
trasciende el ámbito meramente nominal, y se traduce en la imposibilidad de indagar
en cuestiones que ya debieron ser objeto de discusión dentro del trámite arbitral27.

33. En efecto, esta Sección ha señalado que una de las finalidades del recurso es
cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo, esto es, por violación de
leyes procesales, que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar
normas reguladoras de dicha actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las
garantías del derecho de defensa y del debido proceso28.

34. Ligado a lo expuesto, esta colegiatura ha establecido que el recurso extraordinario
de anulación debe cumplir con la identificación de su objeto, así como unas cargas
de claridad, precisión y debida argumentación para demostrar que existe una causal
típicamente establecida por el legislador. Por un lado, la claridad se refiere a la carga
que se le impone al interesado de hacer comprensibles las acusaciones que, a su
juicio, serían causantes de la anulación, es decir, que el objeto y concepto invocados
estén determinados. Por otro, la precisión implica que se deben identificar las
razones basilares de la causal, tanto en su aspecto fáctico como en el jurídico, pues
el laudo no puede ser afectado por una causal no contemplada en la ley. Finalmente,
la argumentación tiene que ver con la suficiencia en las consideraciones que invoca
el interesado para atar los primeros dos aspectos, a efectos de que opere el recurso
extraordinario de anulación -nexo causal-29.

35. Así las cosas, en la presente providencia se tendrán en cuenta las anteriores pautas
para la resolución del caso estudiado, en vista de los argumentos planteados por la
ANI, pero bajo la acotación que exigen la ley y la jurisprudencia. En ese sentido,
dado que el reproche de la ANI, principalmente, gira en torno al supuesto
desconocimiento de las ganancias percibidas por la concesionaria en los años en
que ocurrieron las circunstancias alegadas, y su impacto en la aplicación de las
normas sustantivas traídas a colación en el laudo (ámbito probatorio y normativo),
la Sala advierte que no será materia de análisis si los resultados financieros
positivos de una sociedad impiden deducir la existencia de un desequilibrio
económico en un contrato estatal, y su consecuente orden de restablecimiento,
comoquiera que a esta judicatura solo le compete la decisión sobre la configuración,
o no, de vicios de orden procedimental (in procedendo) y no de errores en materia
sustantiva (in iudicando).

36. Con ocasión de lo anterior, esta Subsección deberá dar respuesta a los siguientes
interrogantes: (i) ¿el tribunal arbitral se apartó de las pruebas obrantes en el
expediente al condenar a la ANI al restablecimiento de la ecuación negocial, a raíz
de las circunstancias invocadas por CSMP, lo que le llevó a emitir un laudo en
conciencia? y (ii) ¿con aquella decisión, el panel desconoció la aplicación de las

27 Frente a lo anterior, vid. sentencia del 30 de mayo de 2025, exp. 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541),

C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
28 Vid. Sentencia del 31 de agosto de 2015, exp. 11001-03-26-000-2015-00060-00(53585), C.P. Olga Mélida

Valle de De La Hoz. Reiterada en sentencia del 19 de noviembre de 2020, exp. 11001-03-26-000-2020-00033-
00(65854), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17

de febrero de 2023, exp. 68.082, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

normas sustantivas atinentes al régimen del equilibrio económico del contrato,
dejando así de fallar en derecho?

37. La Sala anuncia que responderá negativamente a estos dos cuestionamientos, por
los motivos que pasan a exponerse.

Análisis de los cargos de anulación formulados contra el laudo

38. Según lo reseñado, la recurrente acusa el laudo de haber incurrido en la causal
séptima de anulación contenida en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es:
“Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”. Conforme a lo desarrollado por
la jurisprudencia de esta Subsección, dicha hipótesis acaece cuando las decisiones
adoptadas denoten un total desapego por el ordenamiento jurídico, de suerte que
las motivaciones del árbitro se limitan a expresar lo que, en su criterio íntimo,
considera ser lo justo, posición que, a su vez, se proyecta en la ausencia absoluta
de razones legales o probatorias para fundar su decisión30.

39. En ese sentido, se ha recalcado31 que dicha causal no está dirigida a analizar
discrepancias en la aplicación del derecho o inconformidades en la valoración
probatoria, a manera de descalificar lo decidido por los árbitros, como tampoco la
forma en que se interpretó el alcance de las pretensiones. Así las cosas, la censura
debe sustentar un verdadero juicio de anulación por razones objetivas, en las que
se revele y aprecie, sin mayores consideraciones, que efectivamente no medió un
análisis en derecho, asunto que difiere del desacuerdo con el razonamiento
efectuado32, en tanto el juez de la anulación no se encuentra instituido como una
segunda instancia ordinaria respecto del panel arbitral.

40. Para el caso particular de los reproches por omisión en la valoración probatoria, la
Sección Tercera de esta Corporación ha indicado lo siguiente33:

“Cabe destacar que, en lo que atañe específicamente a la configuración del fallo en
conciencia por haberse prescindido de las pruebas, la causal tiene lugar cuando, en
efecto, la decisión no se fundó en valoración alguna de los elementos probatorios
allegados a la causa arbitral, determinantes para resolverla. En esa medida, solo cuando
el laudo se aparta de los elementos de prueba sin justificación alguna, u omite la
valoración de las probanzas necesarias para resolver el asunto, surge la decisión o fallo
en conciencia, vicio este que, por el contrario, no ocurre cuando los árbitros valoran las
probanzas de manera distinta a la que las partes consideran correcta, o fundan la
providencia en medios probatorios diferentes a los que el censor estima que debieron
tenerse en cuenta” (subrayado fuera del original).

41. En cuanto a la configuración de la señalada causal por ausencia de fundamento
normativo, se ha expresado que:

30 Sentencia del 18 de noviembre de 2024, exp. 11001-03-26-000-2024-00056-00 (71.195), C.P. José Roberto

Sáchica Méndez.
31 Vid. sentencia del 30 de mayo de 2025, exp. 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541), C.P. Fernando Alexei

Pardo Flórez.
32
Ibid.
33 Sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 11001-03-26-000-2020-00076-00 (66.091), C.P. María Adriana

Marín.

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Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

“Esta Corporación, respecto a la referida causal, ha sostenido en diversas
oportunidades34, que el fallo en derecho debe observar el ordenamiento jurídico, de tal
forma que el marco de referencia no podrá estar sino en él, razón por la cual, los árbitros
se encuentran sometidos no sólo a las reglas adjetivas que regulan el proceso arbitral,
sino a la normatividad sustantiva que rigen los derechos pretendidos.

Ha señalado que, cuando el juez falla en conciencia, se mueve en un campo más amplio,
porque, como lo dice la jurisprudencia, si actúa de esa manera tiene la facultad de decidir
según conforme a la equidad o a su leal saber y entender. En consecuencia, solo cuando
la sentencia deja de lado de manera protuberante y evidente, el marco jurídico sobre el
cual tiene que moverse, podrá decirse que se está en presencia de un fallo en
conciencia. Pero si el juez decide con fundamento o en apoyo del ordenamiento jurídico,
el material probatorio allegado oportunamente al proceso y de conformidad a las reglas
de la sana crítica, ha de concluir el Consejo de Estado, que se halla frente a un fallo en
derecho35…” (subrayado fuera del original)36.

42. A la luz del anterior desarrollo jurisprudencial, la Sala procederá a abordar los
cargos formulados por la recurrente. Según lo reseñado, es posible identificar dos
grandes reproches, derivados, por un lado, de la valoración probatoria efectuada
por el tribunal, y por otro, de la aplicación del régimen sustantivo llamado a gobernar
el caso. Si bien éstos no se presentaron de forma expresamente separada, los
mismos serán abordados de esa manera con el fin de facilitar su resolución.

Sobre la alegada carencia de sustento probatorio

43. Como primer motivo de reproche, la ANI cuestionó que la decisión sobre el supuesto
desequilibrio económico del contrato hubiese ignorado las pruebas que, según se
adujo, acreditaban la situación económica favorable de la sociedad concesionaria
durante la ejecución del negocio. Como se anunció, la libelista sostuvo que el panel
ignoró varios medios demostrativos que acreditarían que la concesionaria no sufrió
pérdidas en el periodo materia de análisis, sino que percibió utilidades, repartió
dividendos entre sus accionistas y gozó de una situación económica favorable,
panorama que no permitía que se efectuase ningún restablecimiento de la ecuación
contractual, pues estimó que aquello daba cuenta de que esta última no estaba
desequilibrada. En ese sentido, adujo que existió un déficit en la valoración de los
medios que, a su juicio, demostraban la ausencia del alegado desequilibrio
económico del contrato, al no haberse verificado la presunta pérdida económica o
afectación sustancial que hubiere hecho excesivamente onerosa su ejecución.

44. Al respecto, trajo a colación las siguientes pruebas incorporadas y practicadas en el
expediente que, a su juicio, “daban fe de la salud económica del concesionario, y
que le hubieran permitido concluir que el contratista no se encontraba en punto de
pérdida que ameritara el reconocimiento de una compensación por aplicación de la
teoría de la imprevisión”: (i) estados financieros de CSMP del 2016 al 2023, que
acreditarían la obtención de utilidades; (ii) estados financieros del 2021 al 2023, que
acreditarían el reparto de dividendos entre accionistas por cuenta de las ganancias
obtenidas por la operación de la concesión; (iii) el interrogatorio del perito que
elaboró el dictamen aportado por la contratista, en el que se señaló que, para

34 (Cita del original) Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2017. 11001-03-26-000-

2017-00043-00(59067).
35 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, once (11) de julio de dos mil trece

(2013), Radicación número: 11001-03-26-000-2012-00087-00(45791).
36 Sentencia del 18 de enero de 2019, exp. 11001-03-26-000-2018-00021-00 (60.855), C.P. Jaime Enrique

Rodríguez Navas.

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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

calcular el desnivel de ingreso, no tuvo en cuenta esos informes contables, sino que
se basó en simples proyecciones del modelo financiero, y alegó que dicho sujeto
mintió al afirmar que las garantías de tráfico de los años 2009 a 2011 no estaban
pagadas; (iv) el informe de interventoría de enero de 2024 y el acta mensual de
ingreso de diciembre de 2023, que darían cuenta de que la diferencia entre el
ingreso real proyectado y el efectivamente percibido se encontraba, a ese último
mes, dentro de un rango menor al concluido en el proceso (3%, en comparación con
el 21% que se indicó en la pericia); y (v) el acta de ingreso real generado de febrero
del 2017, que establecería que las garantías de tráfico de los años 2009 a 2011 se
encontraban pagadas, y que contradeciría el peritaje de CSMP en esa materia.

45. Frente a este aspecto del recurso, CSMP se opuso al aducir que este medio de
impugnación tiene por propósito atacar el fondo de la decisión adoptada, así como
la valoración probatoria, ejercicio improcedente en este foro. Señaló que no es cierto
que la contratista hubiese tenido “exorbitantes ganancias”, por cuanto sus estados
financieros evidencian la existencia de pérdidas acumuladas que se arrastran “de
forma reiterada” de ejercicios anteriores, así como deudas con el sector financiero
que, de hacerse exigibles, incrementarán el monto de las pérdidas al punto de llevar
al concesionario a incurrir en causal de disolución y de una eventual liquidación. En
ese sentido, destacó que la ANI no tuvo en consideración que, pese a la existencia
de ganancias en los estados financieros, también se había reportado pérdidas que
arrojaban un balance negativo extendido en el tiempo, lo que ratificó con el análisis
de dichos documentos y de un dictamen pericial contable practicado a ese respecto.

46. Por su parte, el Ministerio Público no se refirió a las pruebas traídas a colación por
la ANI, sino que enfocó su escrito en el análisis legal y jurisprudencial del instituto
del desequilibrio económico del contrato. Sin embargo, señaló que, aunque el
recurso de anulación no es de naturaleza ordinaria, como el de apelación, y -en
principio- frente a él quedan proscritos debates de orden probatorio, de cara a la
causal séptima es “casi que implícita la necesidad de abordar esta temática, pues
de que (sic) otra manera el juez de anulación puede esclarecer si el fallo fue
proferido atendiendo la íntima convicción del árbitro, o si dejó de lado las pruebas
obrantes en el expediente al momento de resolver la controversia”.

47. Para efectos de abordar este primer cargo, es del caso reseñar las motivaciones
consignadas en el laudo, a fin de determinar si, en efecto, ocurrió la omisión
reprochada por la recurrente. Este ejercicio es el único que puede adelantar esta
judicatura de cara al reproche formulado, pues, conforme a lo expuesto, no le
compete la valoración ex novo de dichos medios probatorios, dado el carácter
extraordinario de este mecanismo judicial.

Sustento de la condena por la interrupción en el paso fronterizo

48. En primera medida, en lo relativo a las pretensiones37 de CSMP fundadas en el
cierre de la frontera con Venezuela, el tribunal analizó el esquema de remuneración
fijado en el otrosí no. 10 del 25 de marzo de 2009, basado en el sistema que se
denominó como de ingreso real. Valoró que, conforme a la cláusula novena de dicho

37 En lo sucesivo, se hará referencia a las pretensiones de la demanda arbitral reformada.

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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

instrumento, aquel rubro sería entendido como “el valor presente (a diciembre de
2008) en términos reales de los ingresos percibidos provenientes de: i) los ingresos
derivados de los aportes de la Nación (en pesos constantes de junio de 1994) y, (ii)
los ingresos percibidos de los usuarios por concepto de peajes (en pesos constantes
de junio de 1994) y (iii) la liquidación por compensación diferencial tarifario descrita
en la sección 18.1.1 sin incluir intereses de ninguna naturaleza (en pesos constantes
de junio de 1994)”, sobre el cual se aplicaría una tarifa de descuento efectiva anual.
Con esos parámetros, en el otrosí se fijó el ingreso real en la suma de
$83.672.094.023 “constantes de junio de 1994”38.

49. A la luz de dicho acuerdo de voluntades, el panel arbitral estableció como premisa
que, al igual que en el contrato original, “el nuevo esquema de ingreso también se
pactó en función de los recaudos del Concesionario por concepto de peajes”, de
forma que se sujetó al tráfico y, por tanto, al número de vehículos que pagaran por
dicho derecho de circulación39. Dado que esto último tendría una incidencia directa
en los ingresos del Concesionario, cualquier disminución repercutiría en los valores
efectivamente percibidos por CSMP y, en ese contexto, “las partes no previeron ni
contemplaron una disminución del tráfico vehicular ni del ingreso del Concesionario,
como resultado del cierre de la frontera”, lo que se calificó como un evento
extraordinario e imprevisible40. Para motivar esta afirmación, partió de lo señalado
en la sustentación de uno de los peritos de parte de la contratista, según el cual “si
uno mira el desarrollo del tráfico entre agosto del 2015 y diciembre del 2019, es
bastante evidente que los faltantes son por el cierre de la frontera”41.

50. Seguidamente, analizó si, a raíz de la señalada circunstancia, se configuró el
desequilibrio económico alegado por CSMP en su demanda, a su vez sustentado
en el mencionado dictamen pericial aportado para el efecto. De cara a ello, el panel
tomó en consideración que, según la experticia, los registros vehiculares de la
concesionaria desde septiembre de 2015 (fecha del cierre de la frontera)
evidenciaban una disminución del tráfico que repercutió en los ingresos por recaudo
de peajes, especialmente, en la caseta de Paraguachón (la estación de peaje en la
frontera con Venezuela), de forma que dichos montos fueron menores a los
proyectados en el otrosí no. 10. Igualmente, en la sustentación de la pericia, su autor
señaló que el periodo de análisis se extendió a diciembre de 2019, por ser el mes
en el que se recuperó el recaudo conforme a lo inicialmente previsto42.

51. A este respecto, la ANI propuso como excepción la “ausencia de acreditación por
parte del CSMP alrededor de haber ejecutado el contrato en desmedro de su propio
patrimonio”, al sostener que la concesionaria, simplemente, no obtuvo la totalidad
de la utilidad esperada, de manera que frente a ello la teoría de la imprevisión no
estaría llamada a prosperar43. Esta defensa fue desestimada en el laudo, al
señalarse que “las pretensiones que se estudian no se fundan en la ejecución del
contrato en deterioro del patrimonio de CSMP, ni tienen por objeto el reconocimiento
de una utilidad esperada”, sino que el desequilibrio reclamado “consiste en la

38 Considerando 208 del laudo.
39 Se precisa que los ingresos por peajes también tenían por objeto “remunerar las obras pactadas en el Otrosí

de 29 de marzo de 2005 (entre el 21 de mayo de 2011 y el 27 de febrero de 2017)”.
40 Considerandos 209 a 214 del laudo.
41
Considerando 215 del laudo.
42 Considerandos 217 a 224 del laudo.
43 Considerandos 253 y 254 del laudo.

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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

ejecución del Contrato por debajo del nivel de ingresos que las partes proyectaron
y en función del cual se suscribió el Otrosí n.º 10”44.

52. Ello fue el sustento de la decisión vertida en el numeral quinto de la providencia (vid.
supra). Como consecuencia de lo expuesto, en la motivación del laudo se estableció
que la ANI debe restablecer el equilibrio económico del Contrato, “al haberse
concluido que: i) el cierre de la frontera constituye una circunstancia extraordinaria
que no fue prevista por las partes; ii) que dicha circunstancia es ajena a los riesgos
asignados a CSMP; iii) que el Concesionario no está obligado por la ley ni por el
Contrato a asumir los efectos y las consecuencias adversas derivadas del cierre de
la frontera”45. Ello dio lugar a acceder a la pretensión sexta del libelo de CSMP, y
así se consignó en el mismo resolutivo del laudo.

53. Establecido lo anterior, el tribunal procedió a analizar el quantum impetrado por la
demandante por concepto del restablecimiento que se reclamó, específicamente,
con fundamento en los ingresos por concepto de peaje que dejó de recibir por causa
del cierre de la frontera con Venezuela (pretensión séptima). Con dicho fin, en la
providencia se tuvo en cuenta el cálculo expuesto en el dictamen pericial financiero
aportado por dicha sociedad, se reseñó la metodología empleada por el perito para
el efecto y se trajo a colación los argumentos que esbozó la ANI sobre su contenido
con base en el fenómeno de la estacionalidad. A partir de allí, el panel recapituló
que, por medio del dictamen de contradicción aportado por CSMP (elaborado por la
misma firma que adelantó la experticia inicialmente allegada por la concesionaria),
se precisó el periodo de análisis de la afectación alegada, para señalar que “el mes
en el que el tráfico real sobrepasa el tráfico esperado mensualizado no afectado por
estacionalidad es noviembre de 2017”, por lo que se ajustó el cálculo de los ingresos
no percibidos únicamente hasta antes de ese mes (esto es, entre septiembre de
2015 y octubre de 2017)46, con la siguiente conclusión:

“De esta manera, al calcular la diferencia en recaudo entre el recaudo esperado en la
ingeniería financiera entre septiembre de 2015 y octubre de 2017 (mes anterior al cual
el trafico (sic) real superaría el esperado), y el recaudo real entre el mismo período de
tiempo, se obtiene un valor de $11.000.087.994. Este valor actualizado por IPC hasta
junio de 2024 asciende a $17.266.278.000” (sic)” (negrita del original)47.

54. La suma destacada ($17.266’278.000), a su vez, fue objeto de actualización
tomando como índices inicial y final, respectivamente, el IPC vigente en los meses
de junio de 2024 (fecha del dictamen) y marzo de 2025 (último disponible a la fecha
de elaboración de la providencia), ejercicio que arrojó como resultado la suma de
$17.904’520.945, misma que fue consignada en el ordinal resolutivo séptimo del
laudo.

55. Con ocasión de lo expuesto, se evidencia que esta primera condena por concepto
de la ruptura del equilibrio económico del contrato que se declaró (específicamente,

44 Considerandos 255 a 258 del laudo. También se desestimaron las excepciones relacionadas con la indebida

interpretación del esquema de remuneración, la supuesta mala fe por la reclamación extemporánea de la
afectación, la inimputabilidad del hecho a la ANI, la posibilidad de ampliar el plazo para efectuar las
compensaciones y la cuantificación por periodos de mayor rentabilidad. Estos medios de defensa no se
abordarán teniendo en cuenta que no se relacionan con los argumentos esbozados en el recurso de anulación
(fundado en la situación económica de la concesionaria).
45
Considerandos 235 a 237 del laudo.
46 Considerandos 239 a 248 del laudo.
47 Considerando 249 del laudo.

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a raíz de los ingresos dejados de percibir con ocasión del cierre de la frontera) sí
tuvo respaldo probatorio, en particular, con fundamento en la valoración del
dictamen pericial aportado para tal efecto por la concesionaria. Esta circunstancia,
de entrada, da cuenta de que la conclusión del tribunal arbitral no estuvo huérfana
de prueba.

Argumentos frente a las condenas por la pandemia COVID-19

56. Como segundo aspecto, el laudo estudió las pretensiones de la demanda de CSMP
relacionadas con la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19,
sustentadas en los ingresos que dejaron de generarse por: (i) la exención en el pago
de peajes dispuesta por el gobierno nacional desde el 26 de marzo hasta el 31 de
mayo de 2020 y (ii) el menor volumen de vehículos que transitó desde el 25 de
marzo hasta el 31 de agosto de 2020 por causa de las medidas adoptadas por el
las autoridades del orden nacional y territorial referidas al aislamiento preventivo
obligatorio (pretensión décima novena).

57. A este respecto, la ANI solamente solicitó la anulación de los numerales 23 y 24 del
laudo, por medio de los cuales se condenó a dicha entidad al pago de sendas sumas
de dinero a la concesionaria “por concepto de indemnización por la totalidad de
daños y perjuicios que esta última sufrió por causa del COVID 19” y “para
restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994,
alterado por la ocurrencia de la pandemia del COVID 19”. Sin embargo, no pidió la
invalidación de las decisiones por las que se declaró que la Agencia incumplió su
obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por los dos fenómenos señalados
en el anterior párrafo (numeral 19 del laudo) y que el equilibrio económico del
contrato se vio alterado por los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el
menor volumen de vehículos que transitó con posterioridad al 31 de agosto de 2020
por causa del COVID-19 (ordinal 20). Tampoco solicitó anular las determinaciones
de que la entidad está obligada a restablecer esa ecuación, ni de que tales
compensaciones deben efectuarse mediante el “pago de recursos económicos”
(resolutivos 21 y 22).

58. Pese a que el recurso no se refirió a las precitadas decisiones, la Sala recapitulará
las razones que llevaron al panel a adoptarlas, comoquiera que las condenas
atacadas no se explican sin sus respectivas disposiciones declarativas. Con lo
anterior no se busca mejorar o complementar el recurso y su argumentación, sino
brindar contexto para el entendimiento de la condena por la señalada eventualidad,
que sí fue materia de solicitud de anulación.

59. Como primer aspecto, en el laudo se estudiaron las pretensiones sustentadas en el
denominado “Acuerdo COVID 2”, celebrado el 3 de febrero de 2021 entre la ANI y
CSMP (entre otras concesionarias), con el objeto de realizar una serie de
reconocimientos económicos encaminados a compensar las afectaciones derivadas
de la emergencia sanitaria acaecida en el año 2020. Como lo sintetizó la
providencia, en dicho instrumento “las partes acordaron que la ANI compensaría, (i)
el 100 % del valor del recaudo de los peajes no cobrados en virtud del Decreto 482
de 2020; y (ii) el 90 % de los ingresos que dejaron de generarse por el menor
volumen de vehículos que transitaron entre el 25 de marzo y el 31 de agosto de

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2020 como resultado de las restricciones a la movilidad impuesta para el control de
la Pandemia del COVID 19”.

60. En relación con lo anterior, la concesionaria solicitó en su demanda, en síntesis, que
se declarara que dichas sumas “debían ser efectuadas en el menor tiempo posible”
(pretensión 17) y, además, formuló el siguiente pedimento:

“PRETENSIÓN DÉCIMA NOVENA.- Que se declare que la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI incumplió su obligación legal y contractual de compensar e
indemnizar los daños y perjuicios sufridos por la Concesión Santa Marta Paraguachón
S.A. a causa del COVID 19, incluyendo pero sin limitarse a los siguientes:

19.1. Los ingresos que dejaron de generarse por la exención en el pago de peajes
dispuesta por el Gobierno nacional desde el 26 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020.

19.2. Los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el menor volumen de
vehículos que transitó desde el 25 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020 por causa
de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y las autoridades del orden territorial
referidas al aislamiento preventivo obligatorio.

19.3. Los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el menor volumen de
vehículos que transitó con posterioridad al 31 de agosto de 2020 por causa del COVID
19”.

61. En subsidio de lo anterior, pidió que se declarase que el equilibrio económico del
contrato de concesión se vio afectado por las mismas tres circunstancias
enunciadas (pretensión primera subsidiaria), y como consecuencia de ello, que se
resolviera que la ANI estaba obligada a restablecer dicha ecuación (pretensión
segunda subsidiaria). Seguidamente, en la vigésima, solicitó declarar que las
compensaciones o indemnizaciones correspondientes “deben efectuarse mediante
el pago de recursos económicos a favor de la Concesión”, y, en la vigésima primera,
impetró que se condene a la ANI al pago de dichas sumas “en la cuantía que resulte
demostrada en el proceso”.

62. Frente a lo anterior, en el laudo se adoptó la siguiente decisión (que, según lo
anunciado, no fue objeto de solicitud de anulación):

“Decimonoveno. Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI incumplió su
obligación legal y contractual de compensar e indemnizar los daños y perjuicios sufridos
por la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. a causa del COVID 19, por concepto
de:

• Los ingresos que dejaron de generarse por la exención en el pago de peajes dispuesta
por el Gobierno nacional desde el 26 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020.

• Los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el menor volumen de vehículos
que transitó desde el 25 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020 a causa de las medidas
adoptadas por el Gobierno nacional y las autoridades del orden territorial referidas al
aislamiento preventivo obligatorio”.

63. Como se observa, dicha declaración relacionada con la obligación de indemnizar
los “daños y perjuicios” causados solo abarcó las primeras dos causas invocadas
por la demandante. Frente a la tercera (ingresos que dejaron de generarse por el
menor volumen de vehículos con posterioridad al 31 de agosto de 2020), el panel
emitió los siguientes resolutivos, nuevamente, no incluidos en el petitum del recurso:

“Vigésimo. Declarar que el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de
1994 se vio alterado por los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el menor

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volumen de vehículos que transitó con posterioridad al 31 de agosto de 2020 por causa
del COVID 19 (pretensión primera subsidiaria de la décima novena, número 19.3).

Vigésimo primero. Como consecuencia de la decisión anterior, declarar que la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI está obligada a restablecer el equilibrio económico del
Contrato de Concesión n.º 445 de 1994, conforme se solicita en la pretensión primera
subsidiaria de la décima novena, número 19.3.

Vigésimo segundo. Declarar que las compensaciones e indemnizaciones de los daños y
perjuicios causados por el COVID 19 a que se refieren la pretensión décima novena
(números 19.1 y 19.2) y la pretensión primera subsidiaria de la décima novena (número
19.3) se deben efectuar mediante el pago de recursos económicos a favor de la
Concesión Santa Marta Paraguachón S. A.”.

64. En lo que respecta a las condenas, que sí se solicitó anular, en el laudo se decidió:

“Vigésimo tercero. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y conforme a la
pretensión vigésima primera, condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a
pagar a la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. la suma de $ 22 837 872 675 por
concepto de indemnización por la totalidad de daños y perjuicios que esta última sufrió
por causa del COVID 19, conforme a la liquidación que obra en la parte motiva y según
se solicita en la pretensión décima novena, números 19.1 y 19.2.

Vigésimo cuarto. Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión primera
subsidiaria de la décima novena, número 19.3, condenar a la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI a pagar a la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. la suma de
$ 22 846 724 952 para restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º
445 de 1994, alterado por la ocurrencia de la pandemia del COVID 19, en los términos
de la pretensión subsidiaria de la vigésima primera”.

65. En sustento de estas determinaciones, el tribunal explicó que el Acuerdo COVID-2
no estableció los requisitos para el pago de las obligaciones allí contenidas, pero
que la interventoría tenía la obligación de verificar la información enviada por la
concesionaria a la ANI para dichos efectos. Tras encontrar que el interventor
conceptuó favorablemente acerca de los valores reportados por concepto de los dos
eventos previstos en el señalado negocio (ingresos dejados de percibir por la
suspensión de cobro de peajes y por el menor número de vehículos que transitaron),
en el laudo se estableció que la Agencia estaba en la obligación de pagar dichas
sumas, conforme a los numerales 19.1 y 19.2 de la pretensión décima novena
principal de CSMP. No se tomó esa determinación frente al numeral 19.3,
comoquiera que los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el menor
volumen de vehículos que transitaron con posterioridad al 31 de agosto de 2020 no
fueron materia del acuerdo48.

66. Pese a esta última precisión, el tribunal concluyó que la tercera fuente de afectación
invocada por CSMP (“Los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el
menor volumen de vehículos que transitó con posterioridad al 31 de agosto de 2020
por causa del COVID 19”) causó -esta sí- una ruptura del equilibrio económico del
contrato. Para llegar a esa conclusión, nuevamente, acudió al contenido de dos
dictámenes periciales aportados por CSMP (el financiero y otro especializado en
tráfico), en los que se detalló la disminución del flujo de vehículos con posterioridad
al 31 de agosto de 2020 (comparándolo con el tráfico que existía antes de la
pandemia). Con fundamento en ello, el panel concluyó que, en ese interregno, se
siguió presentando una disminución en el tráfico y recaudo, y que no se encontró

48 Considerandos 384 a 388 del laudo.

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ninguna prueba en el expediente que justificase dicho fenómeno, diferente de la
emergencia sanitaria49.

67. Además, los árbitros subrayaron que, según la pericia financiera, las proyecciones
realizadas en el modelo del otrosí no. 10 y la tendencia de tráfico ocasionada por la
proliferación del virus revelaban que para junio de 2030 no se alcanzaría a
completar el ingreso real esperado, de forma que el panel adoptó la cifra señalada
en dicha prueba técnica por concepto de ingresos dejados de percibir por el
Concesionario de $22.101’455.810 a fin de restablecer la ecuación contractual 50.
Esta suma fue actualizada a la fecha del laudo a $22.846’724.952, monto que quedó
consignado en el citado numeral 24 de la providencia51.

68. De la anterior reseña pueden extraerse dos conclusiones. La primera es que los
argumentos vertidos en el recurso de anulación de la ANI no se dirigieron a rebatir
las conclusiones del laudo en torno a los numerales 19.1 y 19.2 de la pretensión
décima novena principal de la concesionaria. Rememórese que, en su recurso de
anulación, la ANI encaminó sus argumentos, de manera exclusiva, a cuestionar las
premisas y conclusiones del tribunal fundamentadas en el instituto del equilibrio
económico del contrato, teniendo en cuenta la situación financiera favorable que
CSMP demostró tener durante el periodo de la emergencia sanitaria. Lo anterior
evidencia que su reproche no se relacionó, de forma alguna, con las condenas que
no se fundamentaron en ese principio, sino en otros instrumentos, como lo fue el
acuerdo COVID-2 de 2021.

69. Por el contrario, frente a los numerales 19.1 y 19.2 incluidos en la pretensión
vigésima novena (ingresos por peajes que dejaron de generarse por el menor
volumen de vehículos entre el 25 de marzo y el 31 de agosto de 2020, y con
posterioridad al 31 de agosto de 2020) no se declaró la configuración de un
desequilibrio económico -punto alrededor del cual giró el escrito de la Agencia-, sino
que las condenas respectivas se fundaron en el acuerdo COVID-2, cuyo contenido
no fue traído a colación en momento alguno por la aquí libelista. Ello implica que,
conforme a lo advertido por CSMP en su pronunciamiento, la solicitud de anulación
del numeral vigésimo tercero no contó con la debida sustentación para su estudio,
de forma que, frente a ese acápite, el recurso se declarará infundado.

70. La segunda conclusión es que, contrario a lo reprochado por la ANI, la condena
relativa al restablecimiento del equilibrio económico del contrato por motivo de la
pandemia, en cuanto al numeral 19.3 referido (menor flujo de vehículos con
posterioridad al 31 de agosto de 2020) sí contó con un respaldo probatorio
debidamente expuesto dentro de las consideraciones del laudo, conclusión que será
tenida en cuenta al momento de valorar los argumentos de la recurrente en su
escrito.

49
Considerandos 421 a 424 del laudo.
50 Considerandos 427 a 438 del laudo.
51 Considerandos 1176 y 1177 del laudo.

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Motivación de las condenas por la elusión en el pago de peajes

71. En un tercer punto, el tribunal analizó las pretensiones relacionadas con la alegada
disminución en los ingresos de la concesionaria debido a la creación de trazados
paralelos a la vía que permitirían a los vehículos evadir las casetas de peaje sin
pagar por la tarifa correspondiente (pretensiones vigésima segunda a vigésima
séptima).

72. Frente a lo anterior, la ANI solamente solicitó la anulación del ordinal 30 del laudo,
en el que se condenó a dicha entidad a pagar a CSMP “los ingresos que ha dejado
de percibir por la elusión del pago de peaje en las casetas Alto Pino y Paraguachón”.
En ese sentido, no pidió la invalidación de las decisiones por las que se declaró que
dichos impagos constituyen un hecho irresistible y extraordinario para la
concesionaria (numerales 25 y 27 del laudo), que ello fue un riesgo que aquélla no
asumió ni está obligada a soportar (resolutivos 26 y 28) y que el equilibrio económico
del contrato se vio alterado por ese comportamiento, lo que implica que la Agencia
está obligada a restablecerlo (punto 29).

73. Una vez más, aunque el recurso no aludió a las decisiones en cita, la Sala
recapitulará las razones que llevaron al panel a adoptarlas, dado que la condena
que sí se atacó (resolutivo trigésimo) guarda íntima relación con las declaraciones
que se emitieron. Se insiste en que este ejercicio no tiene por objeto una mejora o
complementación de los argumentos del escrito de la ANI, sino brindar contexto
para la comprensión de los motivos que llevaron a la emisión de la orden de pago
que sí se pidió anular.

74. Para comenzar, en el laudo se tuvo por demostrado que, “en efecto, existe un
fenómeno de elusión que consiste en que los vehículos que transitan por la vía
desvían con anterioridad a las casetas del peaje de la Concesión para esquivar los
puntos de pago y de esa forma eludir el pago de las tarifas que allí se cobran”, a
partir del material fotográfico y audiovisual que fue aportado por CSMP junto con
varios testimonios rendidos en el trámite52.

75. Con ocasión de ello, el tribunal reiteró que una parte de la remuneración del
concesionario se pactó en función de los ingresos provenientes de los peajes, y que
el señalado fenómeno de elusión constituye una situación extraordinaria, irregular y
ajena al esquema contractual acordado por las partes, lo que reforzó con un fallo de
acción popular proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que
se corroboró esa situación53. En el laudo se relató que, conforme a los informes de
los interventores, la contratista ha buscado hacer frente a la situación con la
ubicación de puestos de control cerca de los puntos de elusión, además de solicitar
la actuación de diversas autoridades al respecto, pero que, pese a ello, dicho estado
de cosas “constituye una circunstancia irresistible para CSMP, que no ha podido ser
controlada por el Concesionario a pesar de las acciones que ha adelantado, dentro
de los parámetros legales y contractuales”54 (y así se declaró en el resolutivo 25).

52
Considerandos 491 a 493 del laudo.
53 Considerandos 496 a 498 del laudo.
54 Considerandos 499 a 502 del laudo.

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76. Seguidamente, el panel valoró que CSMP no asumió los riesgos de elusión del pago
de peaje en las casetas Alto Pino y Paraguachón del proyecto ni del menor recaudo
por esa causa, dado que en el otrosí no. 10 no existió una asignación real, precisa
y concreta de dicha eventualidad, que se calificó como “extraordinaria”, y se indicó
que ella escapa el control de la contratista55, lo que le llevó a acceder a las
pretensiones encaminadas en ese sentido (consignado en las decisiones 26 a 28).

77. A continuación, en el laudo se estableció que, aun cuando dicho riesgo no fue
asignado a la contratista, el mismo tampoco se adjudicó a la ANI. Con ello, se
accedió a la pretensión subsidiaria en la que, en esta materia, se solicitó que se
declarase la ruptura del equilibrio económico del contrato por esta causa, y la
obligación de la entidad pública de restablecerlo (a lo que se accedió en el resolutivo
29), por ser “la parte que está en mejores condiciones de gestionar y mitigar el riesgo
de evasión en los peajes”56. Bajo la anterior premisa, el tribunal tuvo en cuenta,
nuevamente, el peritaje financiero aportado por la concesionaria para acreditar la
cuantía de su pérdida, en el que se tomó como fuente “el registro que tiene CSMP
a partir de su sistema de vigilancia y monitoreo permanente de las estaciones de
peaje Alto Pino y Paraguachón para calcular el número de vehículos que eludieron
el pago de la tarifa de peaje en dichas estaciones entre el 1 de enero de 2015 y el
30 de abril de 2024”.

78. Con base en ello, concluyó que dicha pérdida ascendió a la suma actualizada de
$6.770’856.934 para abril de 2024 (lo cual confrontó con el peritaje de tráfico
aportado por la ANI, para concluir que el mismo no desestimó lo anterior) 57, rubro
que, a su vez, fue indexado a la fecha del laudo58, resultando en la cifra de
$7.073’433.171 que fue consignada en el numeral trigésimo del laudo. Así las cosas,
se observa que estas determinaciones contaron con el respectivo respaldo
probatorio a partir de lo obrante en el expediente.

Pruebas que la ANI alegó como no valoradas

79. Establecido el anterior panorama, es del caso referirse a las pruebas mencionadas
por la ANI en su recurso, a fin de determinar si, en efecto, las mismas fueron
ignoradas indebidamente, y si es dable concluir de forma manifiesta que tal
circunstancia implicó que la decisión no hubiese sido proferida en derecho59.

80. Como síntesis del alegado desconocimiento probatorio, la Agencia sostuvo: “Los
árbitros se apartaron de las Pruebas que demuestran las utilidades y no las pérdidas
del contratista y que el 3% de desnivel entre el ingreso real proyectado y el
efectivamente generado no justifica ni por asomo el restablecimiento de la economía
contractual”. Para el efecto, trajo a colación, en primera medida, los estados
financieros de la sociedad de 2016 a 2023, por un lado, y los de 2021 a 2023, por
otro, para alegar que con ellos se habría demostrado la obtención de utilidades y el
reparto de dividendos entre accionistas en cada uno de esos años, pruebas que, a

55 Considerandos 524 a 527 del laudo.
56 Considerandos 532 a 536 del laudo.
57 Considerandos 543 a 547 del laudo.
58
Considerandos 1179 y 1180 del laudo.
59 Según lo reseñado supra, el numeral 7 del artículo 41 del Estatuto Arbitral exige que la emisión del fallo en

conciencia o equidad “aparezca manifiesta en el laudo”.

21

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su juicio, “daban fe de la salud económica del concesionario” y de que “no se
encontraba en punto de pérdida que ameritara el reconocimiento de una
compensación por aplicación de la teoría de la imprevisión”.

81. Vistas estas alegaciones, la Sala encuentra que están dirigidas a reabrir el debate
probatorio y de fondo que debió ser surtido ante el panel arbitral, finalidad ésta que
no puede ser perseguida por medio del recurso extraordinario de anulación. En
efecto, con sus argumentos, la Agencia realmente estructuró un motivo de reproche
respecto del sustento de la decisión de declarar la ruptura del equilibrio económico
del contrato de concesión, ejercicio que no puede efectuarse so pretexto de estudiar
la configuración de la causal de invalidación por haberse proferido el laudo en
conciencia.

82. Comoquiera que, según lo expuesto, al juez de la anulación no le compete calificar
la valoración probatoria efectuada por el panel arbitral (sino solamente verificar que
no haya existido un total desprendimiento de la evidencia practicada e incorporada),
es inviable en esta oportunidad definir si los estados financieros de la sociedad eran
prueba útil, pertinente y conducente para desestimar el contenido del dictamen
pericial financiero aportado por CSMP para dar cuenta de las pérdidas que adujo
haber sufrido por las tres eventualidades reseñadas. Referirse al peso que habría
ostentado dicho acervo documental de cara a la pericia implicaría una invasión del
ámbito valorativo del panel arbitral para el cual no se encuentra instituida esta
colegiatura, que tiene como limitante, en el marco de la causal de anulación
estudiada, la constatación de que la decisión haya contado con un respaldo
probatorio obrante dentro del plenario (y, como se verá en el siguiente acápite, de
un razonamiento jurídico ajustado al ordenamiento vigente). Dado que esto último
puede concluirse del laudo sin ambages, según lo expuesto líneas arriba, no hay
lugar a establecer si la revisión de los estados financieros de la convocante habría
variado el resultado de la providencia.

83. Ahora bien, el análisis sobre la relación entre la “salud financiera” de un contratista
y la posibilidad de declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato
corresponde a una valoración jurídica del caso, con base en las normas que rigen
dicho fenómeno. No obstante, es necesario reiterar (según se anticipó) que tampoco
compete a esta judicatura establecer si la obtención de utilidades, o el reparto de
dividendos, por parte del ejecutor de un contrato estatal impida reconocer la
existencia de un desbalance de esas calidades, pues, nuevamente, ello implicaría
efectuar un análisis del fondo del asunto que le está vedado al juez de la anulación.

84. Seguidamente, la recurrente trajo a colación el interrogatorio rendido por el perito
de parte de CSMP, para criticar que éste “señaló que para calcular el desnivel de
ingreso no tuvo en cuenta los estados financieros, sino que se basó en simples
proyecciones del modelo financiero”. En línea con lo expuesto en torno a los
balances de la sociedad, se debe reiterar que no es posible realizar una
reevaluación de las conclusiones del perito, comoquiera que ello implicaría un
regreso sobre la valoración probatoria del tribunal. De hecho, lo que demuestra el
argumento de la ANI es que el laudo sí tuvo en cuenta dicha experticia en sustento
de su decisión e, incluso, analizó lo señalado por el perito a este respecto, al explicar
por qué no tuvo en cuenta los estados financieros de la concesionaria para el cálculo
del perjuicio reclamado, así:

22

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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

“El perito (…) manifestó en su interrogatorio que, de conformidad con la naturaleza del
Contrato de Concesión y en virtud del Otrosí n.º 10, el esquema de remuneración de la
concesión está orientado a la obtención de un ingreso esperado o real, lo cual es
independiente de la situación financiera de CSMP:
(…)
Como el contrato ni trata de la TIR, ni trata de las utilidades, ni trata de las
rentabilidades, ni trata de ninguna métrica que refleje el bueno, regular o mal negocio,
que esto puede o no puede ser para el Concesionario, pero sí trata del alcanzar un
nivel de ingresos esperados, en nuestro criterio la única forma de determinar o un
desbalance económico o un perjuicio es con base en esos ingresos esperados.

Entonces cuánto es la TIR del Concesionario, cuántas son las ganancias y pérdidas
del Concesionario, cuánto son las utilidades en los estados financieros, en nuestro
juicio es irrelevante para calcular un perjuicio y por eso fue que no los tuvimos en
cuenta, porque en ninguna parte de la ecuación económica que hay en este contrato
se habla de que el Concesionario tiene que ganar 2 $, 3 $, 5 $, perder 4 $, 3 $ o 2 $.
De lo que sí habla es que el día que llegue al ingreso real ese día se termina el contrato
de concesión.

Luego el Concesionario tiene un derecho a percibir es un flujo de ingresos más que
una TIR, una utilidad o una ganancia o una pérdida. Esa es la razón por la cual, a
nuestro criterio, lo que digan los estados financieros desde el punto de vista de utilidad
o pérdida del Concesionario o cuál sea la TIR efectiva o real del Concesionario, no es
relevante para calcular los perjuicios” (…)”60.

85. La corrección o incorrección de estos argumentos es una cuestión que excede el
campo de pronunciamiento de esta Sala, que se encuentra limitada a verificar que
la decisión del tribunal sí haya contado con un respaldo probatorio que la sustente
lógicamente. Una vez más, al estar acreditado esto, no hay lugar a tener por
configurada la causal de anulación enfilada por haberse emitido el laudo en
conciencia o equidad.

86. Lo mismo sucede frente a la supuesta indebida valoración del dictamen pericial de
cara al informe de interventoría de enero de 2024 y las actas mensuales de ingreso
generado de febrero de 2017 y de diciembre de 2023, instrumentos que, a juicio de
la recurrente, demostrarían que (i) la diferencia entre el ingreso real y el proyecto no
fue de la magnitud señalada en la pericia (21%), sino mucho menor (3%), y (ii) que
“las garantías de tráfico de los años 2009 a 2011 se encuentran pagadas, por lo que
no se generan faltantes o excedentes que hagan parte del cálculo del ingreso real”
(es decir, que en esos tres años se pagó a la concesionaria el valor correspondiente
al tráfico que se garantizó en el contrato). Esta cuestión, nuevamente, atañe a la
valoración probatoria efectuada por el tribunal en su laudo y el peso que se le otorgó
al primer medio mencionado, juicio que no puede ser reabierto por esta colegiatura
conforme a las razones que se han venido reiterando.

87. Por ese mismo motivo, no es del caso valorar si, en efecto, el perito “mintió en su
dictamen”, o que “el Laudo orilla toda la prueba documental que demuestra de
manera incontrastable que estamos ante un concesionario rotundamente exitoso en
su gestión contractual”, como lo enrostra la ANI, pues ello implicaría indagar por el
cotejo del acervo probatorio obrante en el expediente, actividad impropia de la
decisión de este recurso extraordinario. Según lo expuesto, uno de los presupuestos
del laudo en conciencia como causal de anulación es que el vicio aparezca
manifiesto en el proveído, lo que no ocurre si, para evidenciar el vicio alegado, es

60 Considerando 429 del laudo.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

necesario hacer pesquisas al interior del expediente que ya debió ser evaluado por
el panel.

88. A las señaladas críticas a la valoración probatoria, la ANI agregó lo siguiente:

“(…) incurrió el Tribunal en la ausencia total de valoración de la prueba documental, que
de manera irrefutable demostró que el Concesionario siempre trabajó o gestionó sus
obligaciones contractuales obteniendo, anualmente, las correspondientes utilidades, al
punto que siempre certificó en sus estados financieros que: i) no existen indicios de que
el valor por recaudo de peaje haya disminuido significaticamente (sic) más que lo que
cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo; ii) no existe evidencia de una
disminución de los flujos futuros estimados de efectivo por el recaudo de peaje; iii) No
existen informes internos que indiquen que el flujo por recaudo de peajes es o será peor
que el esperado. Los anteriores pronósticos, se pueden encontrar en los estados
financieros elaborados desde el 2017 al 2023, los cuales se encuentran firmados por el
revisor fiscal (KPMG) y el representante legal de la Concesión Santa Marta
Paraguachón”.

89. Frente a los anteriores reproches (se insiste, que tocan al fondo del asunto), se
reiteran las consideraciones vertidas hasta este momento, especialmente en torno
a la alegada ausencia de valoración de los estados financieros de la sociedad, y al
hecho de que el tribunal sí sustentó en pruebas sus conclusiones sobre la
disminución en el recaudo de peajes que se alegó, y estableció, también con base
en elemento probatorio, que ello tuvo por causa el cierre de la frontera con
Venezuela, la pandemia COVID-19 y el fenómeno de la elusión como eventos
imprevistos e irresistibles.

90. En este estado de cosas, la Sala no encuentra razones para concluir que, desde el
ámbito probatorio, el tribunal haya fallado siguiendo su propio íntimo
convencimiento, sin haber informado su decisión por los elementos obrantes en el
plenario. Ello implica despachar negativamente esta primera dimensión del recurso
de anulación sustentado en la causal séptima del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012.

91. En virtud de lo expuesto, el primer problema jurídico debe ser resuelto de manera
negativa, en tanto el panel arbitral no se apartó de las pruebas obrantes en el
expediente al declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato de
concesión y la obligación de la ANI de restablecerlo, con lo cual no incurrió en la
emisión de un laudo en conciencia por este aspecto puntual.

Sobre el supuesto desconocimiento de las normas atinentes al régimen del
equilibrio económico del contrato

92. El siguiente motivo de inconformidad enfilado por la ANI radicó en la ausencia de
aplicación del plexo normativo que regula el restablecimiento de la ecuación
contractual, que identificó a partir de los artículos 5 (numeral 1) y 27 de la Ley 80 de
1993, así como del desarrollo jurisprudencial que esta Corporación ha realizado
frente a esas disposiciones. De lo anterior, según se adujo, el laudo fue emitido en
conciencia, en lugar de ser en derecho, comoquiera que “Este laudo intenta por
primera vez en la historia de la justicia arbitral reajustar o mejorar las utilidades de
un contratista del Estado a través del principio del restablecimiento de la ecuación
financiera de un contrato; figura creada para todo lo contrario: para compensar las

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Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

pérdidas sufridas por un contratista en apuros y así evitar la interrupción en la
prestación del servicio público y el rompimiento de la ecuación contractual”.

93. Cuestionó, así, que con el laudo se propendiese por “reajustar o mejorar las
utilidades de un contratista”, pese a que el referido instituto jurídico no haya sido
creado con esa finalidad, de forma que alegó que el panel desconoció las reglas por
las que aquél se rige (principalmente, los referidos artículos 5.1 y 27 de la Ley 80
de 1993, y, además, el 868 del Código de Comercio).

94. Con lo anterior, la recurrente señaló que el desequilibrio alegado por la sociedad
concesionaria nunca tuvo lugar, y que, con la condena emitida en el laudo, se estaría
empleando la figura del restablecimiento no solo para llevar al contratista a un punto
de no pérdida sino, además, para incluir el pago de sus utilidades. Con ello, reprochó
que se hubiese inaplicado la Ley 80 de 1993 para abrir paso a dicho reconocimiento
con fundamento en el concepto de “desnivel de ingresos”, que calificó como un
“criterio personal de justicia”, pese a no existir evidencia de una disminución
significativa en la reducción del valor por recaudo de peaje. Agregó que la
“nivelación” de los ingresos que se ordenó en el laudo únicamente era procedente
a la finalización del contrato, momento en el cual se determina, en forma definitiva,
si no se alcanzó el ingreso real proyectado, mientras que, durante su ejecución, su
abordaje solo era posible cuando generase pérdidas al contratista de forma tan
grave que estuviese a punto de ocasionar su desquiciamiento.

95. En ese sentido, cuestionó que se hubiese utilizado la teoría de la imprevisión para
“equilibrar lo que nunca estuvo desequilibrado” y mejorar las utilidades de CSMP
(“concesionario rotundamente exitoso en su gestión contractual”), circunstancia
proscrita en la ley y la jurisprudencia. Alegó que, si bien el laudo hace algunas
referencias generales al instituto aplicado, ello tan solo es un “maquillaje” que no
representa el verdadero fundamento del restablecimiento otorgado, y que el tribunal
“ingenió y creó un razonamiento jurídico al aplicar la figura del restablecimiento del
contrato para ajustar las utilidades de la concesionaria y no para llevarla a punto de
no pérdida”.

96. Asimismo, reprochó que, bajo el criterio del tribunal, se habilite la reclamación de
una indemnización integral como la ordenada en el laudo -con base en dicho
instituto-, pues en éste se reconoció, erróneamente, que la compensación ordenada
corresponde a la diferencia entre las proyecciones estimadas en el modelo
financiero y lo realmente recibido por el contratista, ejercicio que, a su juicio, no es
propio de la teoría de la imprevisión.

97. Al respecto, CSMP indicó, en su escrito de oposición, que es falso que las
decisiones cuestionadas careciesen de todo fundamento jurídico. Enfatizó que el
recurso de anulación de la ANI está fundado en una divergencia de criterio jurídico
y probatorio con el tribunal arbitral, y no en la verdadera existencia de un fallo en
equidad o en conciencia. Además, arguyó que no es cierto que el panel haya
“redefinido” el concepto de restablecimiento del equilibrio económico del contrato
con su decisión, pues “únicamente dispuso, con base en lo establecido por la ley y
la jurisprudencia, que se debía restablecer el equilibrio del Contrato de Concesión
mediante una compensación que le permita al Concesionario obtener el Ingreso
Real al que contractualmente tiene derecho, que se vio afectado por circunstancias

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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

extraordinarias, imprevisibles y ajenas a su control, no debiendo asumir los efectos
adversos de las mismas”.

98. La concesionaria, asimismo, refutó que el tribunal analizó el contenido de las
disposiciones que regulan el restablecimiento de la ecuación financiera, que analizó
a partir de lo pactado en el Otrosí no. 10 con fundamento en el modelo basado en
el ingreso real, conformado -principalmente- por los recursos provenientes del
recaudo por peajes. Destacó que el tribunal también analizó las causas de
desequilibrio que se invocaron y la ejecución financiera que tuvo el contrato,
comparando el recaudo real con lo estimado en el modelo financiero, para concluir
que la diferencia entre uno y otro fue del 21% según el dictamen aportado por
CSMP. Detalló que el propio panel señaló que “las pretensiones que se analizan no
tienen por objeto el reconocimiento de utilidad”, y que no es cierto que se hubiese
elucubrado un razonamiento jurídico para ese fin. También advirtió que la propia
ANI, en su demanda de reconvención, solicitó reconocer que el modelo financiero
que hace parte del otrosí No. 10 es vinculante para las partes, de forma que no le
es dable invocarlo solamente para su propia conveniencia. Agregó que la
jurisprudencia traída a colación en el escrito de la Agencia no es aplicable al caso,
al haberse estudiado, en esas ocasiones, contratos con tipologías, sistemas de
precios y ecuaciones distintos a los del negocio aquí discutido.

99. A su vez, el Ministerio Público sostuvo que en el laudo no se tuvieron en cuenta las
referidas disposiciones de la Ley 80 de 1993 que gobiernan el instituto del equilibrio
económico del contrato. Concretamente, argumentó que el ordenamiento exige que
el desbalance sea anormal y que afecte gravemente la economía del negocio hasta
el punto de que conduzca al contratista a ejecutarlo a pérdida, presupuesto que la
providencia pasó por alto, de forma que no se apoyó en las fuentes jurídicas
llamadas a gobernar el caso. En consecuencia, pidió anular los acápites de la parte
resolutiva del laudo en los cuales se condenó a la ANI por estos motivos.

100. En cuanto al cierre de la frontera, el procurador delegado sostuvo que “en el
laudo no se incluye análisis alguno relacionado con la verificación de que el hecho
anterior le haya generado al Concesionario una afectación económica grave” y, a
su juicio, la providencia “deja de lado que nuestro ordenamiento jurídico exige que
ese desbalance en la ecuación del contrato sea anormal y que afecte gravemente
la economía del mismo hasta el punto de que conduzca al contratista a ejecutar el
contrato a perdida (sic)”. Así, consideró que la decisión “modifica la ley de
contratación en cuanto al restablecimiento del equilibrio económico del contrato y
reformula la jurisprudencia”, y porque “borra la afectación grave como presupuesto
para la prosperidad de la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico de
contrato”. Con ello, estimó que el laudo no fue proferido en derecho, de forma que
solicitó declarar fundado el recurso.

101. CSMP se pronunció frente al concepto del Ministerio Público, para señalar
que está fundado, en realidad, en su discrepancia con el criterio adoptado por el
tribunal arbitral y que, contrario a lo señalado en el escrito, el panel sí se basó
expresamente en los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993, la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia y las pruebas del proceso
para resolver la controversia. Sintetizó que, en aplicación de esas normas, se
determinó cuál fue la ecuación económica pactada en el otrosí 10 y, a partir de allí,

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se evaluó si las tres circunstancias alegadas por CSMP afectaron ese balance, de
forma que no es cierto que el laudo se haya apartado de esas fuentes legales.
También rememoró que en el laudo se abordó el argumento enfilado por la ANI en
cuanto a este respecto, para señalar que las pretensiones analizadas no tuvieron
por objeto el reconocimiento de utilidad, y que el parámetro para medir la alteración
alegada no tuvo en consideración las pérdidas que pudiese generar el negocio.

102. Reseñados los pronunciamientos de las partes y del Ministerio Público, la
Sala constata que, en efecto, el laudo sí contó con el respectivo respaldo jurídico
para arribar a las decisiones relacionadas con el desequilibrio económico del
contrato que se alegó. Se encuentra que, además de la valoración probatoria a la
que ya se ha hecho referencia, la providencia trajo a colación el análisis pertinente
de dicho instituto, a partir de varios pronunciamientos emitidos por esta Corporación
al respecto, en los que se ha recapitulado el contenido de las normas positivas que
rigen dicha materia (artículos 5.1 y 27 de la Ley 80)61, así como el contenido del
principio del equilibrio financiero del contrato, que busca garantizar el mantenimiento
de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento
de proponer o de contratar, y la obligación de la entidad de restablecerlo cuando se
rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a quien resulte
afectado62.

103. En el laudo se trajo a colación, igualmente, las eventualidades que, según
esta Corporación, pueden dar lugar a la ruptura de esa ecuación (ius variandi, hecho
del príncipe y la teoría de la imprevisión), y tuvo en cuenta que, conforme a la
jurisprudencia, el contratista no puede ser obligado a soportar las consecuencias de
circunstancias imprevisibles, cuando estas signifiquen pérdidas de ingresos o de
ganancias esperadas en condiciones de normalidad63. Añadió que, conforme a la
postura jurisprudencial de larga data, los eventos de incumplimiento contractual
deben distinguirse de aquellos correspondientes a la ruptura del equilibrio financiero
del negocio, por corresponder a hipótesis fácticas diferentes64.

104. Ahora bien, las anteriores consideraciones jurídicas fueron explicitadas en el
acápite relativo al desequilibrio alegado con ocasión de la pandemia COVID-19, esto
es, en el análisis del segundo motivo invocado para exigir el restablecimiento de
dicha ecuación. Si bien en el primer capítulo, en el que se abordó lo relativo al cierre
de la frontera, se hizo énfasis en el análisis probatorio del caso, sin incorporar
consideraciones jurídicas en torno al régimen de la ecuación contractual, ello no
quiere decir que este apartado haya estado huérfano de fundamento normativo, en
tanto el razonamiento del tribunal arbitral referente a dicho instituto estuvo acorde a
las consideraciones ya indicadas, que quedaron vertidas en el acápite siguiente (el
referente a la emergencia sanitaria), así como a las pruebas obrantes en el plenario,
conforme se constató líneas arriba. En concreto, su razonamiento le permitió
evidenciar la existencia de una circunstancia externa e imprevisible para las partes,
que CSMP no estaba obligada a asumir conforme a la asignación de riesgos
realizada previamente, que redujo los ingresos que se esperaba percibir por

61 Considerando 418 del laudo.
62
Considerando 419 del laudo.
63 Ibid.
64 Considerando 420 del laudo.

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concepto de los peajes, impactando así el balance proyectado desde la suscripción
del otrosí no. 10.

105. Similar situación se advierte respecto del acápite atinente a la disminución
de ingresos por la elusión del pago de peajes. En este apartado, el tribunal se enfocó
en analizar las pruebas que dieron cuenta de la existencia trazados paralelos que
se han venido formando para evadir las casetas de recaudo, y se explicó que, a
pesar de que dicha situación estuviese nominalmente asignada al concesionario
como un riesgo que debía asumir, la jurisprudencia ha precisado que los riesgos a
cargo del contratista son los previsibles y no los anormales o extraordinarios, y que
dicho extremo no puede asumir esas eventualidades de manera abierta e
indiscriminada65.

106. A partir de lo expuesto, la Sala no encuentra que el panel haya dejado de
lado -de manera protuberante y evidente- el marco jurídico sobre el cual estaba
llamado a moverse, pues las decisiones censuradas fueron emitidas con
fundamento en del ordenamiento jurídico aplicable al contrato de concesión 445 de
1994, esto es, los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 (estatuto por el que se
gobierna la actividad contractual de la ANI, por regla) y los pronunciamientos que
ha emitido esta Corporación frente a tales disposiciones en su jurisprudencia.
Igualmente, se sustentaron en el material probatorio allegado oportunamente al
proceso, practicado con audiencia y contradicción de las partes, y valorado de
conformidad a las reglas de la sana crítica. Ligado a ello, el presente foro no se
encuentra instituido para habilitar una nueva discusión en torno a la aplicabilidad o
el alcance de las normas del EGCAP que se refieren al equilibrio económico del
contrato, en tanto no está instituido como una instancia ordinaria o adicional al
tribunal.

107. Se insiste en que, en virtud del carácter extraordinario del recurso
interpuesto, no le es dable a esta Sala revivir el debate jurídico en torno a la
aplicación del régimen normativo del equilibrio económico del contrato, y no se
advierte -según lo colegido- que el panel arbitral haya dejado de tener en cuenta
ese conjunto de reglas, o que haya decidido conforme a su íntima convicción,
desvirtuando, así, que se hubiese empleado un “criterio personal de justicia”. A este
respecto, la ANI cuestionó el empleo de la expresión “desnivel de ingresos” en el
laudo66, no obstante, dentro del texto de la providencia, no se advierte que el panel
haya utilizado ese concepto en sustento de su decisión67, lo que descarta la
configuración de la causal séptima de anulación bajo este argumento.

108. Lo anterior impone dar respuesta negativa al segundo problema jurídico
planteado, para establecer que, al emitir las condenas pecuniarias dirigidas a que
la ANI restablezca dicha ecuación (por los tres eventos analizados), el panel arbitral
no desconoció la aplicación de las normas sustantivas que rigen la materia, con lo

65 Considerando 520 a 523 del laudo.
66 Sostuvo: “Los árbitros utilizan el innovador concepto del "desnivel de ingreso" porque juzgan inequitativo la

solución que el ordenamiento jurídico ha diseñado para este tipo de controversias”.
67 Lo que se señaló en el considerando 256 del laudo (reprochado) fue: “El desequilibrio que CSMP invoca y

cuyo restablecimiento reclama consiste en la ejecución del Contrato por debajo del nivel de ingresos que las
partes proyectaron y en función del cual se suscribió el Otrosí n.º 10” (subrayado añadido), sin que allí se haya
hablado de un “desnivel” o un “nivelación”.

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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

cual no aparece manifiesto en la providencia que se haya dejado de emitir una
decisión en derecho frente a ese aspecto.

Conclusiones

109. A título de recapitulación, la Sala declarará infundado el recurso de anulación
interpuesto, a la luz de las siguientes razones:

110. El recurso de anulación de laudos arbitrales es de carácter excepcional,
restrictivo y extraordinario, de forma que no constituye una instancia más dentro del
proceso desatado por el tribunal correspondiente. Bajo esa lógica, el juez
competente para conocer de dicho mecanismo solo está facultado para examinar la
decisión bajo las causales taxativas previstas en el ordenamiento jurídico, y no está
habilitado para reabrir el debate probatorio o jurídico que debió surtirse ante el panel
integrado para ello.

111. La causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
consistente en haberse proferido el laudo en conciencia debiendo ser en derecho,
impone verificar, entre otros aspectos, que la decisión adoptada se haya apartado
totalmente del material probatorio efectivamente obrante en el expediente arbitral,
o que deje de lado de forma protuberante el marco jurídico sobre el cual tiene que
moverse, de forma que surja de bulto que fue adoptada conforme al leal saber y
entender de los árbitros, y que dicho vicio aparezca manifiesto en el laudo, sin que
el juez de la anulación esté habilitado para reabrir el debate en torno a la valoración
de dicho acervo o a los razonamientos en cuanto a la ley sustancial que rige el caso.

112. En el presente caso, no se encontró que el laudo cuestionado hubiese
incurrido en esta irregularidad al haber condenado a la ANI a restablecer el equilibrio
económico del contrato de concesión 445 de 1994, modificado por su otrosí no. 10,
comoquiera que la providencia se sustentó en el material probatorio recaudado para
cada una de las eventualidades invocadas por CSMP para alegar el rompimiento de
esa ecuación. Además, las pruebas que la recurrente trajo a colación no pueden ser
valoradas en el presente trámite, en tanto ello implicaría revivir el debate que ya
debió haberse surtido ante los árbitros.

113. Tampoco se configuró dicha hipótesis debido a la supuesta inaplicación del
régimen normativo del referido principio del equilibrio económico, puesto que, en el
laudo, sí se expuso el desarrollo legal y jurisprudencial que llevó al panel a concluir
la existencia de sendas circunstancias externas e irresistibles a las partes que
causaron la reducción en los ingresos de la concesionaria por peajes, generando
así un desbalance que no estaba obligada a asumir. En tanto el recurso de anulación
no puede ser empleado como una instancia adicional al trámite arbitral, no le es
dable a esta corporación reabrir el debate que ya fue efectuado en esa materia.

114. En ese sentido, al margen de cualquier interrogante sobre si el éxito
económico de un contratista impide que se condene a una entidad pública al
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, los hechos puntuales que el
recurrente aduce como configurativos de la causal de laudo en conciencia no reúnen

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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

los presupuestos que prevé el numeral 7 del artículo 41 del estatuto arbitral, lo que
impone declarar infundado el recurso.

Levantamiento de la suspensión de los efectos del laudo

115. Según lo indicado sobre el trámite procesal relevante, con el auto admisorio
del 1.° de octubre de 2025 se ordenó suspender los efectos del laudo cuestionado,
“hasta que se decida el recurso extraordinario de anulación de la referencia”.

116. Así, con ocasión de la determinación a adoptar en los términos anunciados,
se dispondrá adicionalmente el levantamiento de la suspensión mencionada.

Costas en el presente trámite de anulación

117. Teniendo en cuenta que se debe declarar infundado el recurso extraordinario
de anulación, hay lugar a aplicar el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, según el
cual, si ninguna de las causales prospera, se condenará en costas al recurrente,
salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público.
118. En ese sentido, se condenará por este concepto a la recurrente. Para ello,
en punto de las agencias en derecho, conforme al Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de
agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se reconoce que estas se
tasan según la complejidad y la duración de la actuación que se adelantó. En lo que
tiene que ver con los recursos extraordinarios, las mencionadas agencias deben
fijarse entre 1 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispone
el artículo 5.9 del referido Acuerdo.

119. Así, en este asunto, se entienden causadas por la actuación que tuvo que
desplegar la sociedad Concesión Santa Marta Paraguachón S.A., como opositora,
en tanto allegó escrito reactivo frente a los tópicos que suscitaron el recurso y ante
el concepto del Ministerio Público, y debió atender a la vigilancia del respectivo
trámite. A raíz de lo anterior, se reconocerá el equivalente a cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia, a favor de
dicha sociedad.

120. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI en contra del laudo
arbitral del 12 de mayo de 2025, proferido por un tribunal de arbitraje que sesionó
en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para
resolver las controversias surgidas entre la Concesión Santa Marta Paraguachón
S.A. y aquella entidad pública, en torno al contrato de concesión 445 de 1994.

SEGUNDO: LEVANTAR la suspensión de los efectos del laudo identificado en el
anterior ordinal.

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Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)
Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI
Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

TERCERO: CONDENAR en costas a la recurrente Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI, las cuales se liquidarán a través de la Secretaría de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Para el efecto, como agencias en derecho, se fija
la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la firmeza de
la presente providencia en favor de la sociedad Concesión Santa Marta
Paraguachón S.A.

CUARTO: Ejecutoriada esta sentencia y aprobada la liquidación de las costas,
DEVOLVER, por conducto de la Secretaría, el expediente al Centro Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece
a la derecha.
VF

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