Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2021-00047-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2021-00047-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2021-00047-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
16 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-27-000-2021-00047-00 (25615)
Demandante: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación: 11001-03-27-000-2021-00047-00 (25615)
Demandante: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SSPD
Tema: Contribución especial para empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios periodo 2019. Irretroactividad. Faltante
presupuestal. Gastos asociados al funcionamiento del servicio
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
En única instancia la Sala decide el medio de control de nulidad simple, con
acumulación de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido
por TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP (TGI SA ESP), contra los
actos administrativos por los cuales la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios -SSPD, fijó la tarifa de la contribución especial del año 2019 y liquidó el
tributo a cargo de esa compañía.
ANTECEDENTES
El artículo 85 de la Ley 142 de 1994, creó la contribución especial a favor de la
Superintendencia de Servicios Públicos - SSPD, para recuperar los costos de los
servicios de control y vigilancia que presta a las entidades sometidas a regulación. La
contribución se liquida y paga anualmente conforme con las reglas establecidas en la
anterior disposición, sin que pueda superar el 1 % de los gastos de funcionamiento de
la entidad contribuyente, en el año anterior a aquel en el que se hace el cobro, según
los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia.
Mediante Resolución SSPD 20191000022815 del 16 de julio de 2019, la citada
Superintendencia fijó la tarifa de la contribución especial para el año 2019, a cargo de
las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control1.
El 25 de julio de 2019, mediante Liquidación Oficial 20195340022816, la SSPD liquidó
la contribución especial a cargo de la demandante por el año 2019, en
$3.857.888.0002.
Contra la anterior liquidación se interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, resueltos en Resoluciones SSPD 20195300036785 del 18 de septiembre
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Demandante: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP
de 20193 y SSPD 20195000045895 del 24 de octubre de 20194, en el sentido de
confirmar.
DEMANDA
En ejercicio de los medios de control de nulidad, y nulidad y restablecimiento del
derecho, previstos en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demandante formuló las
siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución
SSPD 20191000022815 del 16 de julio de 2019 proferida por la Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el cual: i) se fijó la tarifa de la Contribución
Especial a la cual se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos
domiciliarios para el año 2019, ii) se estableció la base de liquidación, iii) el procedimiento
de recaudo y, iv) se dio inicio al trámite correspondiente para el cálculo y Liquidación de
la referida contribución.
SEGUNDA. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Liquidación
Oficial de la Contribución Especial Año 2019 SSPD 20195340022816 del 25 de julio de
2019, proferida por la Directora Financiera de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, mediante la cual fijó, liquidó e impuso la obligación de pago de la
Contribución Especial para el año 2019 a cargo de TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. E.S.P.
TERCERA. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución
SSPD 20195300036785 del 18 de septiembre de 2019, proferida por el Director
Financiero de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual
se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. en contra de la Liquidación Oficial SSPD 20195340022816
referida en la pretensión anterior, y cuya parte resolutiva confirmó la liquidación a cargo
de la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., acto administrativo
que también se ataca en la presente demanda.
CUARTA. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución SSPD
20195000045895 del 24 de octubre de 2019, proferida por la Secretaría General de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el cual se resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
S.A. E.S.P. en contra de la Liquidación Oficial SSPD 20195340022816 referida en la
pretensión segunda de esta demanda, y cuya parte resolutiva confirmó la liquidación a
cargo de la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL, así como la Resolución
SSPD 20195300036785 del 18 de septiembre de 2019, actos administrativos que también
son atacados mediante la presente demanda.
QUINTA. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reliquidar la
Contribución Especial del año 2019 a cargo de la TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., de conformidad con los hechos y consideraciones
contenidos en la presente demanda.
SEXTA. Como consecuencia de la pretensión anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios devolver o
restituir, a favor de la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., el
mayor valor pagado correspondiente a la Contribución Especial del año 2019, de
conformidad con lo que se pruebe en el presente proceso y al producto de la reliquidación
solicitada en la pretensión inmediatamente anterior.
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SÉPTIMA. Como consecuencia de la pretensión anterior, y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pagar
los intereses moratorios comerciales, a la tasa máxima legal permitida, y en favor de la
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., sobre las sumas que sea
condenada a pagar por la prosperidad de la pretensión inmediatamente anterior, desde
la fecha en que se pagó la Contribución Especial del año 2019 (1 de noviembre de 2019)
y hasta la fecha en que la demandada efectúe la respectiva devolución o restitución.
SUBSIDIARIA PRIMERA. En subsidio de la pretensión séptima anterior, y como
consecuencia de la pretensión sexta anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pagar los intereses
corrientes comerciales, a la tasa máxima legal permitida, y en favor de la
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., sobre las sumas que sea
condenada a pagar por la prosperidad de la pretensión sexta, desde la fecha en que se
pagó la Contribución Especial del año 2019 (1 de noviembre de 2019) y hasta la fecha en
que la demandada efectúe la respectiva devolución o restitución.
SUBSIDIARIA SEGUNDA. En subsidio de la pretensión subsidiaria primera anterior, y
como consecuencia de la pretensión sexta anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pagar la
respectiva indexación de la suma a restituir.
OCTAVA. Se declare que todas las condenas de restitución de dineros pagados a las que
se haga deudora la parte demandada por la prosperidad de la presente demanda,
deberán imponerse atendiendo el principio de reparación integral, la equidad y los
criterios técnicos actuariales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 Ley 446
de 1998.
NOVENA. Se ordene a la parte demandada a que se disponga a dar cumplimiento a la
sentencia que ponga fin al proceso, de conformidad con lo que preceptúan los artículos
189 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo.
DÉCIMA. Se condene a la parte demandada al pago de las costas y agencias en derecho
que se llegaren a causar en el presente proceso.
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:
• Artículos 6, 150-12, 209, 338, 365 y 370 de la Constitución Política
• Artículo 85 de la Ley 142 de 1994
• Artículo 18 de la Ley 1955 de 2019
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
La SSPD infringió normas superiores al fijar la base gravable de la contribución
especial sin tener en cuenta la modificación hecha por el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, al artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
La demandada violó el artículo 338 de la Constitución Política y el principio de certeza
por extralimitar sus atribuciones legales, en cuanto incluyó en la base gravable de la
contribución gastos operativos -uso de líneas, redes y ductos, gastos operativos de distribución
y/o comercialización de gas y gas combustible y otros gastos-, que corresponden a inversiones
de carácter societario sin incidencia en el transporte de gas, lo cual no se justifica en
la adopción de las normas internacionales de información y; no se probó la existencia
del faltante presupuestal.
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Los gastos por pérdidas en aplicación del método de participación patrimonial -
reportados como otros gastos- no son gastos de funcionamiento asociados al servicio
según la definición dada por el Consejo de Estado; no representan salidas efectivas
de dinero, no tienen por objeto ejecutar funciones propias del servicio público prestado
y no se pueden incluir en la base gravable de la contribución.
La liquidación de la contribución desconoce el principio de buena fe y seguridad
jurídica, por incrementar cinco veces el monto que en años anteriores había pagado
TGI por concepto de la contribución; todo, por la inclusión de conceptos que no hacen
parte de la base gravable del tributo.
OPOSICIÓN
La SSPD se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
La adopción de normas internacionales de información financiera impactó la
determinación de la base gravable de la contribución especial, al ampliar el concepto
de gastos; el Consejo de Estado señaló que procede la inclusión de gastos operativos
en la base de la contribución especial, cuando se pruebe un faltante presupuestal, lo
que no desconoce el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, ni la normativa invocada.
La apropiación presupuestal de la entidad por el año 2019 se amparó en el principio
de legalidad del gasto, y su ejercicio, por parte de la SSPD, no viola la Constitución
Política.
En una demanda de nulidad no procede el estudio del impacto económico del tributo
en empresas prestadoras de servicios públicos.
AUDIENCIA INICIAL
Mediante auto del 9 de mayo de 2022, el a quo ordenó dictar sentencia anticipada,
prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, incorporó las pruebas aportadas en
la demanda y su contestación, y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
El litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos administrativos acusados.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
La parte demandada reiteró lo expuesto en la contestación.
El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones de la demanda, para lo cual
afirmó que «la justificación para la aplicación del supuesto de "Faltante Presupuestal" contemplada
en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para fijar la tarifa en los términos y montos en
que fue decretada por la Superintendencia para el periodo fiscal de 2019 ».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide en única instancia la demanda de nulidad, con acumulación de pretensiones
de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada contra el acto general que fijó la
tarifa de la contribución especial para el año 2019, y los actos administrativos que
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determinaron la contribución especial a cargo de TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL SA ESP, proferidos por la SSPD.
Si bien la demandante solicitó la nulidad de la totalidad de la Resolución SSPD
20191000022815 del 16 de julio de 2019, acto general que fijó la contribución especial
de la vigencia 2019 para las entidades vigiladas, los cuestionamientos se contraen a
la base gravable regulada por el artículo 2 de dicha resolución.
Infracción a normas superiores por inaplicar el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019
Sobre la base gravable de la contribución especial fijada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, el artículo 18 de la Ley 1955 de 20195, modificó el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, al disponer que, «se determinará con base en los costos
y gastos totales devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos, tasas,
contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros independientes, del año inmediatamente
anterior al de la fecha de liquidación, este resultado se denomina costos y gastos totales depurados ».
El artículo 18 de la citada ley fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en
sentencias C-464 de 28 de octubre de 2020 y C-484 del 19 de noviembre de 2020,
cuyos efectos en el tiempo fueron abordados por la Sala en providencia del 26 de mayo
de 20226, al advertir que la sentencia C-464 de 2020 declaró la inconstitucionalidad
con efectos inmediatos y hacia el futuro de la expresión «y todos aquellos que inciden directa
o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios » del artículo 18 de la Ley
1955 de 2019, por desconocer el principio de legalidad tributaria, al existir
indeterminación de los sujetos pasivos de la contribución especial, y la
inconstitucionalidad de los demás incisos del artículo 18 ib., con efectos diferidos «a
partir del 1 de enero de 2023».
Respecto a la sentencia C-484 de 2020, la Sala destacó que la Corte moduló los
efectos de la declaratoria de inexequibilidad, en el sentido de establecer que los
tributos causados en el año 2020 correspondían a situaciones jurídicas consolidadas
y que los efectos de la sentencia se producirían a partir del año 2021. En esas
condiciones, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, surtió efectos jurídicos desde su
publicación7 hasta la declaratoria de inexequibilidad -a partir del año 2021-, lapso durante
el cual se expidió la Resolución SSPD 20191000022815 del 16 de julio de 2019.
Para determinar si la modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, debía
aplicarse a la base gravable de la resolución demandada, -como lo adujo la actora-, es
necesario analizar si en la contribución especial del 2019, procedía la aplicación del
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, o si con ello se violaba el principio de
irretroactividad tributaria.
Este principio está previsto en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, sobre
los cuales la Sección8 precisó que, «las disposiciones que regulen los tributos cuya base sea el
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, solo pueden aplicarse a partir del
período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva normativa; asimismo, el artículo
363 ibidem prohíbe expresamente la retroactividad de las leyes que regulen aspectos tributarios. Según
pronunciamientos de esta sección, las normas constitucionales expuestas impiden «cualquier
5
«Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la equidad».
6
Exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
7
Publicación en el diario oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019
8
Sentencias del 27 de junio de 2019 y del 29 de abril de 2020, exp. 22421 y 24572, respectivamente, CP. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
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disminución de la seguridad jurídica de los obligados tributarios mediante normas que proyectaran sus
efectos sobre hechos correspondientes a períodos ya concluidos o sobre hechos anteriores del período
en curso».
En ese orden, las disposiciones que establecen o modifican elementos esenciales de
los tributos -sujetos activo y pasivo, hechos generadores y bases gravables-, deben ser
preexistentes al nacimiento de la obligación, por lo que su aplicación no puede ser
retroactiva, en virtud de los principios de legalidad e irretroactividad 9, tema sobre el
cual la Corte Constitucional, en sentencia C-1006 de 2003, señaló que la prohibición
de cobrar tributos en el mismo periodo fiscal en que entra en vigencia la norma es
una medida de protección adoptada por el constituyente a favor de los administrados.
Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1955 de 201910, la base
gravable de la contribución especial a favor de la SSPD y a cargo de los vigilados, se
debía determinar «con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la
técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor de
terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación ».
En el caso concreto, la actora cuestiona que la resolución demandada no aplicó las
disposiciones sobre la base gravable establecidas en la nueva redacción del artículo
85 de la Ley 142 de 1994, infringiendo la norma en que debía fundarse.
Como se vio, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, estableció que para determinar la
base gravable de la contribución especial es necesario remitirse a los gastos del año
inmediatamente anterior que, para el caso en estudio, es el 2018. En ese orden, dicha
disposición no resulta aplicable a la vigencia 2019, dado que no procede liquidar la
contribución especial con base en hechos correspondientes al periodo anterior al que
se expidió la ley que regula los elementos esenciales del tributo11, so pena de
vulnerarse el principio de irretroactividad.
Por lo anterior, el cargo de nulidad propuesto por la actora no desvirtúa la presunción
de legalidad de la Resolución SSPD 20191000022815 del 16 de julio de 2019, pues,
se reitera, el artículo 18 de Ley 1955 de 2019, no era aplicable a la base gravable de
la contribución especial del año 2019.
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF - base gravable de la
contribución especial - faltante presupuestal
9
Sentencia del 15 de marzo de 2002, exp. 12439, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, reiterada en sentencia de 4 de febrero de
2010, exp. 17146, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
10
«Art. 85. CONTRIBUCIONES ESPECIALES A FAVOR DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG),
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA) Y DE LA SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD). <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo
texto es el siguiente:> Con el fin de financiar los gastos de funcionamiento e inversión de la CREG, la CRA y la SSPD, y en general
recuperar los costos del servicio, las personas prestadoras y entidades sujetas a la regulación, inspección, vigilancia y control de
las respectivas entidades, serán sujetos pasivos del pago de las contribuciones especiales anuales descritas en el presente
artículo, cuyas tarifas serán determinadas por las entidades respectivas y las cuales no podrán ser superiores al uno por ciento
(1%) de las respectivas bases gravables. Los elementos de las contribuciones a que hace referencia el presente artículo serán:
1. Base gravable: La base gravable de cada sujeto pasivo se determinará con base en los costos y gastos totales
devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor
de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación, este resultado se denomina costos
y gastos totales depurados. Este valor se multiplicará por la división de los ingresos por actividades ordinarias reguladas y el total
de ingresos por actividades ordinarias, conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior a la cual se haga su
cobro».
11
Cfr. sentencia de 31 de marzo de 2022, exp. 23729, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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La actora sostiene que la demandada se extralimitó en sus competencias y vulneró el
artículo 338 de la Constitución Política, al incluir en la base gravable de la contribución
gastos operativos y otros gastos no asociados a la prestación del servicio, sin que la
adopción de las normas internacionales de información justifique la modificación de la
base gravable del tributo, ni la comprobación de faltante presupuestal. En
contraposición, la SSPD sostiene que la adopción de NIIF amplió el concepto de gastos
que impactaron la base gravable de la contribución del año 2019 y que, en el caso, se
demostró la existencia de faltante presupuestal que permite la aplicación del parágrafo
2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Sobre el impacto de la adopción de NIIF la Sala señaló que12, «el cambio o la ampliación
del concepto de gasto en las normas de información financiera -NIIF- no se traduce en el desuso del
concepto de gasto de funcionamiento que establece la norma para efectos fiscales desaparezca para
el año en discusión, y por el contrario, al no ser un concepto considerado contablemente incluso en la
normas de información financiera, se debe acoger la definición de gastos de funcionamiento
desarrollada vía jurisprudencia13 para determinar la contribución». Se resalta.
Por ello, no le asiste razón a la SSPD, pues la sentencia, que ahora se reitera, analizó
la adopción de NIIF y su impacto en la determinación de la base gravable de la
contribución especial -para la vigencia del año 2018-, así como la inclusión de gastos
operativos en la base gravable aludida y concluyó que «la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios desconoció el principio de legalidad al ampliar la base gravable de la contribución
especial, prevista en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, e interpretó en forma errónea esa norma,
lo que hace imperioso su anulación parcial frente a los rubros que no corresponden a gastos de
funcionamiento». Se resalta.
Así las cosas, la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
no implica que la Superintendencia adicione a la base gravable de la contribución
especial de manera indiscriminada rubros no autorizados expresamente por el
legislador y que no corresponden a gastos de funcionamiento asociados al servicio.
Pese a lo anterior, se advierte que la Resolución SSPD 20191000022815 del 16 de
julio de 2019, no se fundó únicamente en el impacto de las NIIF en el concepto de
gasto, sino que también indicó que, para la vigencia discutida, existía un faltante
presupuestal que permitía la ampliación de la base gravable conforme al parágrafo 2
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
La Sección ha dicho14 que en casos de faltante presupuestal, procede acudir a los
gastos operativos en el monto necesario para cubrir dicho faltante. En efecto, en
relación con la resolución que fijó la contribución especial del año 2017, precisó que
«se juzgó como legal la inclusión de las cuentas: uso de líneas, redes y ductos, costo de distribución
y/o comercialización de GN o combustible por redes y gas combustible en la base de liquidación
de la contribución destinada a sufragar el presupuesto de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para el año 2017, en tanto se motivó debidamente la existencia de un faltante presupuestal,
escenario frente al cual podía acudirse a la regla excepcional del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley
142 de 1994, que permite incluir en la base gravable general «gastos de funcionamiento», los gastos
operativos, y de esta manera obtener los recursos requeridos para cubrir el déficit presupuestal»
Lo mismo ocurre con la resolución demandada, la cual señaló que, «una vez obtenida la
base gravable de la Contribución Especial y al aplicar la tarifa del 1% como máxima permitida por el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se recaudaría el valor de $94.278.976.000,00, monto inferior al
12
Sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, CP. Milton Chaves García.
13
Sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp. 16874, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia.
14
Sentencia del 10 de octubre de 2019, Exp. 22394 (Acum. 22575, 22998, 23389 y 23499, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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aprobado por la ley del presupuesto por concepto de ingresos corrientes ($115.602.771.030,00),
constituyéndose así un faltante presupuestal de $21.323.975.030,00, el cual es necesario cubrir
con los conceptos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, con las
previsiones allí establecidas y en la proporción indispensable para cubrirlo» y «que teniendo en
cuenta el faltante presupuestal y la tarifa máxima del 1% permitida por la ley se procedió a verificar los
conceptos contables reportados y certificados como gastos operativos por los prestadores de servicios
públicos, operación que arrojó un resultado de $27.894.743.918.000,00. Posteriormente, sobre el total
de los gastos operativos, se calculó la proporción necesaria que debe ser incluida en la base gravable
de la Contribución Especial de la vigencia 2019 para cubrir el faltante presupuestal, cuyo resultado fue
el 7.64%».
Para hacer efectiva esa ampliación de la base, el artículo 2 de la Resolución SSPD
20191000022815 del 16 de julio de 2019, incluyó los siguientes conceptos:
«Servicio Gas Natural
− Gastos de administración (menos las exclusiones señaladas 15)
− Uso de líneas, redes y ductos
− Gastos operativos de distribución y/o comercialización de gas
− Gas combustible»
Así, la SSPD realizó los cálculos pertinentes, con base en la asignación presupuestal
otorgada según la Ley 1940 de 201816 y el Decreto 2467 de 201817 y, al verificar que
con la tarifa del 1 % liquidada sobre la base gravable obtenida no se cubría en su
totalidad el monto aprobado en el presupuesto, determinó que para la vigencia 2019
existía un faltante presupuestal y también estableció la proporción indispensable para
cubrirlo, sin que tal determinación fuera desvirtuada por la demandante, que se limitó
a afirmar que el faltante no estaba justificado.
Por lo anterior, ante la existencia de un faltante presupuestal, era procedente la
inclusión de los referidos gastos operativos -Uso de líneas, redes y ductos, Gastos operativos
de distribución y/o comercialización de gas y Gas combustible -, conforme al parágrafo 2 del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y el criterio reiterado de la Sala. No prospera el
cargo.
Adicionalmente, la actora reprocha que en los gastos de administración se hayan
incluido -otros gastos- que corresponden a pérdidas reportadas en aplicación del método
de participación patrimonial18, los cuales no integran la base gravable por no estar
asociados a la prestación del servicio, al tratarse de erogaciones causadas en
desarrollo de inversiones realizadas por la sociedad. La SSPD no expuso ningún
argumento para oponerse a este cargo.
15
Las exclusiones señaladas en la Resolución SSPD 20191000022815 del 16 de julio de 2019 son: Impuestos tasas y
contribuciones (no incluye el impuesto de renta), Deterioro, Depreciación, Amortización, Provisiones, Ajuste por diferencia en
cambio, Impuesto a las ganancias corrientes, Impuestos a las ganancias diferido y licencias contribuciones y regalías, EXCEPTO
licencias de operación del servicio.
16
Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de
enero al 31 de diciembre de 2019.
17
Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se
clasifican y definen los gastos.
18
Según Circular Conjunta 009 de 1996 de la Superintendencia de Sociedades «Se conoce como “método de participación
patrimonial” el procedimiento contable por el cual una persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera registra su inversión
ordinaria en otra, que se constituirá en su subordinada o controlada (…)» y que «Los incrementos o decrementos en el patrimonio
de la subordinada originados en sus resultados, aumentan o reducen el último costo ajustado registrado de la inversión por la
matriz o controlante, con abono o cargo a ingresos o gastos, según sea el caso».
8
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Sobre el particular, es pertinente remitirse a las precisiones realizadas por la Sección19
al señalar que, «no basta con justificar un faltante presupuestal para adicionar a la base gravable
cuentas que no corresponden a gastos de funcionamiento, pues se reitera, dicha excepción a la regla
general, solo está prevista para los gastos operativos como son la son las compras en bloque y/o a
largo plazo, compras en bolsa y/o a corto plazo, uso de líneas, redes y ductos, costo de distribución
y/o comercialización GN, gas combustible, (…), cuando hubiere lugar a ello», y que «La excepción
prevista en la norma no faculta a la SSPD para que incluya cualquier costo o gasto en la base de
liquidación de la contribución especial».
En ese sentido, ha sido criterio de la Corporación20 que no todos los gastos de la
cuenta de la clase 5, integran la base gravable de la contribución especial, sino que se
restringe a aquellos asociados a la prestación del servicio, frente a los cual señaló:
«La noción de gastos de funcionamiento debe incluir las erogaciones causadas o
pagadas durante el período contable que estén relacionadas con la prestación de
los servicios públicos de cada ente prestador, lo que implica que no hagan parte de
tales gastos los recursos que el ente destine para otros efectos, tales como, servicios
de la deuda e inversión.
Lo anterior demuestra que no pueden tenerse en cuenta para la base gravable la
totalidad de los gastos mencionados en las cuentas de la Clase 5 – Gastos o del Grupo
75 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios,
porque, se insiste, el legislador solamente se refirió a los de funcionamiento, cuyo
alcance ha sido dilucidado por la jurisprudencia reseñada y sin que sea procedente
extenderlos a otros gastos que no tengan una relación necesaria e inescindible
con los servicios que prestan, pues los elementos que conforman la base
gravable están limitados.» Se resalta.
Puntualmente, sobre la inclusión del grupo 58 -otros gastos-, y en específico sobre las
cuentas 5805 -financieros-, 5810 -extraordinarios- y 5815 -ajustes de ejercicios anteriores-, se
precisó que no podían integrar la base gravable de la contribución por no estar
asociados a la prestación del servicio regulado21.
En ese entendido, la inclusión en la base gravable de erogaciones que no están
asociadas a la prestación del servicio vigilado, excede la facultad prevista por el
legislador, comoquiera que no se trata rubros que excepcionalmente puedan
adicionarse «inclusive bajo el supuesto del faltante presupuestal22».
Se advierte que, si bien en los actos particulares demandados se adujo que la inclusión
en la base gravable de «la cuenta del grupo 58», se justificaba en la nueva definición de
gastos adoptada con las normas de información financiera, dicho argumento no es de
recibo, en tanto «el cambio o la ampliación del concepto de gasto en las normas de información
financiera -NIIF- no se traduce en el desuso del concepto de gasto de funcionamiento 23».
Así pues, los gastos por pérdidas en aplicación del método de participación patrimonial
deben correr la misma suerte que los «Impuestos tasas y contribuciones (no incluye el impuesto
de renta), Deterioro, Depreciación, Amortización, Provisiones, Ajuste por diferencia en cambio, Impuesto
a las ganancias corrientes, Impuestos a las ganancias diferido y licencias contribuciones y regalías»,
excluidos expresamente de la base gravable determinada en el acto general, por
19
Sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, CP. Milton Chaves García.
20
Sentencia del 29 de septiembre de 2010, exp. 16874, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia, reiterada en sentencia de 11 de
mayo de 2017, exp. 20179, CP. Milton Chaves García.
21
Cfr. Sentencia del 12 de agosto de 2014, exp. 19853, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22
Sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, CP. Milton Chaves García.
23
Sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, CP. Milton Chaves García.
9
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tratarse de gastos de funcionamiento no asociados al servicio, a pesar de que en la
vigencia cuestionada se demostró faltante presupuestal.
Con base en lo anterior, se considera que la SSPD quebrantó el artículo 338 de la
Constitución Política al incluir el concepto discutido dentro de los gastos de
administración, excediendo la facultad prevista en el parágrafo 2 del artículo 85 de la
Ley 142 de 1994.
En consecuencia, se anulará parcialmente el artículo 2 de la Resolución SSPD
20191000022815 del 16 de julio de 2019, para excluir de la base gravable, y en
específico de los gastos de administración -además de las exclusiones enlistadas en la
resolución demandada-, el concepto de pérdidas por el método de participación
patrimonial.
Al efecto, se advierte que en el expediente consta que los actos administrativos de
carácter particular acusados determinaron el valor del tributo a cargo de la demandante
por el año 2019, adicionando a la base gravable de la contribución especial los gastos
por pérdidas en aplicación del método de participación patrimonial, los cuales deben
ser excluidos conforme a lo expuesto en el acápite anterior.
En ese contexto, en la actuación administrativa TGI cuestionó que no se excluyera de
la base gravable, y en específico en los gastos de administración, $307.114.346.000
correspondientes a gastos por pérdidas en aplicación del método de participación
patrimonial. Al efecto, aportó liquidación con los conceptos discriminados, así:
La SSPD no cuestionó el monto reclamado, pues se limitó a afirmar que «las cuentas
asociadas al grupo 5824» cuestionadas por la actora debían incluirse en la base gravable
de conformidad con la ampliación del concepto de gastos según las NIIF, lo cual no es
de recibo, en los términos expuestos con anterioridad.
Así las cosas, no procede incluir en la liquidación del tributo a cargo de la demandante
los gastos por pérdida en aplicación del método de participación patrimonial, por
$307.114.346.000. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad parcial de los actos
particulares acusados y reliquidará la contribución a cargo de la demandante por el
año 2019, así:
24
Página 11 Resolución No. SSPD-20195000045895 del 24 de octubre de 2019, «por la cual se resuelve un recurso de apelación»
10
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LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN
DESCRIPCIÓN CONSEJO DE
SSPD
ESTADO
(+) Gastos de administración (menos exclusiones) $384.433.774.000 $77.319.428.000
(+) Uso de líneas, redes y ductos $0 $0
(+) Gastos operativos de distribución y/o $0 $0
comercialización de gas combustible por redes
(+) Gas combustible $1.355.008.167,60 $1.355.008.167,60
TOTAL BASE $385.788.782.167,60 $78.674.436.167,60
(%) Tarifa 1% 1%
Contribución a cargo 2019 $3.857.888.000 $786.744.000
Valor pagado $3.857.888.000 $3.857.888.000
Diferencia a devolver $3.071.144.000
Por lo anterior, el valor de la contribución especial para el año 2019, a cargo de
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP, es de $786.744.000.
En consecuencia, se declarará la nulidad parcial de Liquidación Oficial
20195340022816 del 25 de julio de 2019 y de las Resoluciones SSPD
20195300036785 del 18 de septiembre de 2019 y SSPD 20195000045895 del 24 de
octubre de 2019, proferidas por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y, a título de restablecimiento del derecho se establece que la
contribución especial a cargo de la demandante por el año 2019, corresponde a la
suma de $786.744.000.
Ahora bien, en el expediente consta que la actora pagó $3.857.888.00025 liquidados
por la SSPD. Teniendo en cuenta que el valor a cargo calculado en esta providencia
es de $786.744.000, está probado un pago en exceso de $3.071.144.000. En ese
orden, la SSPD deberá devolver la suma pagada en exceso, ajustada con base en el
índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del
CPACA. Asimismo, respecto de la suma actualizada proceden intereses moratorios,
en los términos de los artículos 192 y 195 ib, conforme al precedente reiterado de la
Sección26.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso27, no procede la condena en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho), por cuanto en el expediente no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
25
Índice 2 Samai.
26
En el mismo sentido, ver entre otras, las sentencias de 29 de septiembre de 2015, exp. 20874, de 25 de abril de 2016, exp.
21246, CP. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, y de 5 de mayo de 2016, Exp. 21714, CP. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, reiteradas en sentencia del 17 de marzo de 2022, exp. 24628, CP. Milton Chaves García y sentencia del 9 de
febrero de 2023, exp. 27115, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
27
C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el
juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».
11
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FALLA
PRIMERO.- ANULAR parcialmente el artículo 2 de la Resolución SSPD
20191000022815 del 16 de julio de 2019, en cuanto incluyó dentro de los gastos de
administración de la base de liquidación de la contribución especial de la vigencia 2019,
el concepto de gastos por pérdidas en aplicación del método de participación
patrimonial.
SEGUNDO.- ANULAR parcialmente la Liquidación Oficial 20195340022816 del 25
de julio de 2019, y las Resoluciones SSPD 20195300036785 del 18 de septiembre de
2019 y SSPD 20195000045895 del 24 de octubre de 2019, expedidas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme a lo expuesto en esta
providencia.
TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la contribución
especial del año 2019, a cargo de la sociedad demandante corresponde a la suma de
$786.744.000, y ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -
SSPD DEVOLVER a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP la
suma pagada en exceso por $3.071.144.000, ajustada con base en el IPC, junto con
los intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, 192 y 195
del CPACA, en los términos establecidos en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO.- Sin condena en costas.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y
aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
12
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