Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00356-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2021-00356-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00356-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00356-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
4 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cuatro (04) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución especial para empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Año 2020. Artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019. Restablecimiento del derecho procedente.
Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
PRIMERO: DECLÁRASE LA NULIDAD de la Liquidación Oficial SSPD No. 20205340051056 del 25
de agosto de 2020, y de las Resoluciones No. SSPD - 20205300049505 del 05 de noviembre
de 2020 y, SSPD -20215000004125 del 18 de febrero de 2021, por medio de las cuales de [sic]
resolvieron negativamente los recursos de reposición y apelación propuestos en contra de la
decisión inicial, respectivamente, por las razones anotadas en las consideraciones de esta
providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que CODENSA S.A. E.S.P., no
está obligada a realizar el pago de la contribución especial del año 2020, determinada en los
actos declarados nulos, en consecuencia, ORDÉNASE a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS devolver a la demandante la suma de $8.076.525.000 m/cte.,
ajustada con el IPC, conforme al artículo 187 del CPACA, junto con los intereses de los artículos
192 y 195 ibidem.
T ERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, conforme lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
[…].
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ( SSPD) expidió la liquidación
oficial 20205340051056 del 25 de agosto de 2020, por medio de la cual determinó
la contribución especial regulada en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, a cargo
de Codensa S.A. E.S.P. (hoy, Enel Colombia S.A. E.S.P.), por el año 2020.
La sociedad interpuso los recursos de reposición y de apelación contra la anterior
decisión, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones 20205300049505
del 5 de noviembre de 2020 y 20215000004125 del 18 de febrero de 2021,
respectivamente, confirmando la liquidación.
1
SAMAI del tribunal, índice 38, páginas 29 a 30.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la sociedad demandante formuló
las siguientes pretensiones en la reforma a la demanda2:
6.1. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial SSPD 20205340051056 del
25 de agosto de 2020, considerando las nulidades incurridas en su expedición.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad total de la Resolución SSPD 20205300049505 del 05 de
noviembre de 2020, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado
contra la Liquidación Oficial citada en la pretensión primera, con base en las nulidades aquí
expuestas.
T ERCERA: Que se declare la nulidad total de la Resolución SSPD – 20215000004125 del 18 de
febrero de 2021, a través de la cual se resolvió el correspondiente recurso de apelación,
proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, considerando las
nulidades insalvables incurridas en su expedición.
CUARTA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos demandados, se
devuelva a mi representada el valor de $8.076.525.000 pagado por concepto de la
Contribución Especial junto con los intereses correspondientes.
QUINTA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las anteriores
pretensiones, a título de restablecimiento del derecho se declare responsable a la
demandada de los perjuicios patrimoniales generados a mi representada en virtud de los actos
administrativos anulados a los que se hace referencia en las anteriores pretensiones. Entre
ellos, los gastos sufragados durante el curso del proceso y las agencias en derecho (Anexo
7.14.)
SEXTA: Condenar a La Nación a pagar a mi representada la indemnización integral de los
perjuicios patrimoniales generados como consecuencia de las anteriores pretensiones, en la
cuantía que sea probada en el presente proceso.
SÉPTIMA: Condenar a La Nación a pagar las costas del presente proceso. Igualmente,
solicitamos no se condene a la demandante a agencias en derecho ni costas procesales.
6.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En caso de no acceder a una o varias de las pretensiones principales objeto de la presente
demanda, se solicitan como pretensiones subsidiarias las siguientes:
PRIMERA: Declarar la nulidad parcial de los actos demandados en cuanto se prueba que, como
se señaló en el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el valor real a determinar
por concepto de contribución especial asciende, aplicando los preceptos constitucionales,
legales y las reglas jurisprudenciales, a la suma de $7.780.425.340. Es decir, que la base
gravable se determine en $3.559.206.468.799 y el monto total a pagar se establezca en
$7.780.425.340.
SEGUNDA: En consecuencia, que se ordene la devolución de la suma de $296.099.660, más
los intereses correspondientes, en razón de los mayores valorados pagados tomando lo
ordenado en los actos demandados.
T ERCERA: No condenar a mi representada al pago de intereses moratorios en caso de que
sean denegadas las pretensiones principales y subsidiarias.
CUARTA: No condenar en costas a mi representada en caso de que sean denegadas las
pretensiones principales y subsidiarias.
2
Samai del tribunal, índice 8, PDF de la reforma a la demanda, páginas 69 a 70.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 2, 29, 83, 95 (numeral
9), 209 (inciso 1), 243, 338, 363, 365, 367 y 370 de la Constitución Política; y 3 y
137 de la Ley 1437 de 2011. El concepto de violación se resume así:
Aseguró que la demandada incurrió en falta de competencia, pues el artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019, que regulaba la contribución especial, fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional 3 por desconocer los principios de certeza y
de legalidad tributaria, al delegar en el ejecutivo el desarrollo de elementos del
tributo4. Así, en los actos demandados, la SSPD pretendió definir y ejecutar
elementos de la contribución especial que no están previstos en la ley, lo cual
supone una extralimitación en sus competencias.
Puso de presente que uno de los motivos de la declaratoria de inexequibilidad fue
la indeterminación irresoluble de la norma sobre los parámetros para la definición
de los costos o beneficios que serían cubiertos con el tributo, y fue precisamente lo
que intentó suplir la demandada con la resolución 20201000033335 del 20 de
agosto de 2020, que reglamentó la base de la contribución para el año 2020.
Sostuvo que hubo una falsa motivación5, porque los actos acusados se fundaron en
una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional, con efectos
inmediatos desde el 19 de noviembre de 2020. Si bien la Corte moduló los efectos
de su decisión, para que no afectara situaciones jurídicas consolidadas, esto no
ocurrió en su caso, pues se encontraba en curso la discusión objeto del debate.
Adujo que hubo un decaimiento de los actos acusados por la declaratoria de
inexequibilidad de la resolución 20201000033335 de 2020, conforme al artículo 91
de la Ley 1437 de 2011 6.
Sostuvo que fue violado su derecho de defensa por la indebida conformación de la
base gravable, dado que la jurisprudencia solo ha admitido la inclusión de rubros
que estén asociados al servicio 7. Sin embargo, la demandada se negó a excluir
conceptos que no eran gastos de funcionamiento por el hecho de estar vigentes las
normas internacionales de información financiera ( NIIF). También explicó que la
finalidad de las contribuciones radica en la recuperación de los costos incurridos
con la prestación de los servicios 8, por lo que era improcedente incluir los rubros de
donaciones, GMF, intereses corrientes, comisiones, entre otros, que no estaban
asociados con el servicio de vigilancia y control de la demandada.
Alegó la vulneración del régimen constitucional de los servicios públicos. Para esto,
indicó que fueron violados los principios de equidad, eficiencia y progresividad en
materia tributaria al haberse tomado como base el total de los costos y gastos
depurados, lo que dio lugar a un incremento desproporcionado del tributo, que
desatiende la capacidad contributiva de la demandante. Resaltó que la financiación
del servicio público y las tarifas son objeto de regulación mediante una ley especial,
por lo que el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 desconoció los derechos de los
usuarios, a quienes se les traslada la carga económica de la contribución especial.
3
Citó la sentencia C-484 de 2020 de la Corte Constitucional.
4
Citó las sentencias C-690 de 2003 y C-891 de 2012 de la Corte Constitucional. Y las sentencia exp.19244 de 2015 del
Consejo de Estado (no indicó la fecha, ni el consejero ponente); y exp.21083, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello (no
indicó la fecha).
5
Citó las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, exp.22326; exp.22658; y exp.24164, así como la
sentencia 13 de marzo de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado (no indicó más datos de las providencias).
6
Citó el auto 00302 de 2019 del Consejo de Estado y el concepto Nro. 2195 de la Sala de Consulta y Servicio Civil.
7
Citó las sentencias del 23 de septiembre de 2010, exp.16874, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; y del 10 de abril
de 2014, exp.19054, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Citó la sentencia C – 155 de 2016 de la Corte Constitucional
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
Aseguró que hubo una violación de los principios de irretroactividad, confianza
legítima y buena fe, dado que la contribución es un tributo de período, por lo que las
modificaciones introducidas por la Ley 1955 de 2019 solo podían aplicarse a partir
del periodo gravable siguiente, y no para la liquidación de la contribución de 2020,
que se basa en información financiera de 2019 9. Refirió que, en sede administrativa,
puso de presente pronunciamientos de la SSPD que respaldaban su posición; sin
embargo, la demandada omitió pronunciarse de fondo sobre cada rubro en
discusión, en desconocimiento de sus propios actos 10.
Destacó que hubo una indebida valoración probatoria, pues se hizo la liquidación de
la contribución a partir de la información contenida en los formatos aportados a la
Administración, sin tener en cuenta los reparos planteados ni las pruebas allegadas,
tales como el certificado de revisor fiscal 11.
Sostuvo que se le solicitó a la demandada inaplicar por inconstitucional el artículo
18 de la Ley 1955 de 2019, pero esta se negó. Señaló que incluso, si no se hubiere
emitido fallo de inconstitucionalidad, procedía esta solicitud, pues se persigue el
cobro excesivo de un tributo que no contempla la depuración de costos y gastos.
Finalmente, en las pretensiones, solicitó imponer condena en costas a la
demandada.
Oposición de la demanda
La SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda al considerar que los actos se
expidieron en debida forma 12.
Indicó que la controversia gira respecto a determinar si la SSPD estaba obligada a
aplicar el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, mientras estuvo vigente la norma,
pues los cargos de la demanda se dirigen a demostrar la inconstitucionalidad de
esta, sin que se controvierta su reglamentación (Decreto 1150 de 2020, y las
resoluciones 20201000028355 del 10 de julio de 2020 y 20201000033335 del 20 de
agosto del mismo año).
Cuestionó la interpretación propuesta en la demanda en el sentido de que el artículo
18 indicado dejó de hacer parte del ordenamiento jurídico a partir del 19 de
noviembre de 2020, pues esta fecha corresponde es al boletín de prensa, el cual no
suple los mecanismos de notificación previstos en la ley 13. Aclaró que la sentencia
C-464 del 28 de octubre de 2020 se notificó con el edicto 003 del 12 de enero de
2021, y la sentencia C-484 del 19 de noviembre de 2020 con el edicto 007 del 19
de enero de 2021.
Resaltó que la Corte Constitucional moduló los efectos de estas decisiones con el
objeto de salvaguardar el recaudo de la contribución especial por el año 2020, por
lo que estaba facultada para liquidar y cobrar la contribución, como lo hizo mediante
los actos demandados; y añadió que a esa misma conclusión llegó el Consejo de
9
Solicitó tener como precedentes las siguientes providencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta: i) del 09 de julio de
2020, exp.23756, C.P. Milton Chaves García; ii) del 08 de noviembre de 2017, exp.20831, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez; iii) del 07 de diciembre de 2016, exp.22421, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; iv) del 07 de diciembre
de 2016, exp.21643, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; y v) del 06 de marzo de 2014, exp.19649, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia.
10
Citó las sentencias T – 1094 de 2005 de la Corte Constitucional; las sentencias con radicación 25000 -23-27-000-2000-
0907-01, y 08001-23-33-31-000-2004-01175-01, C.P. Ligia López Díaz.
11
Citó la sentencia del 22 de marzo de 2011, exp.17286.
12
Samai del tribunal, índices 11 y 25.
13
Sobre los efectos de los comunicados de prensa citó el Auto Nro. 283 de 2009 de la Corte Constitucional.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
Estado en la sentencia del 26 de mayo de 2022 14, en la que se encontraron
ajustadas a derecho las resoluciones 20201000028355 y 20201000033335 de
2020, que son los actos administrativos de carácter general que sirvieron de
fundamento para la liquidación de la contribución especial por el año 2020.
Planteó las excepciones de mérito que denominó «legalidad de los actos administrativos
demandados» y «existencia de situaciones jurídicas consolidadas» , las cuales se
fundamentaron en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda 15.
Finalmente, solicitó condenar en costas y agencias en derecho a la demandante.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró
la nulidad de los actos demandados, dispuso el restablecimiento del derecho que
consideró procedente y se abstuvo de imponer condena en costas.
Explicó que las sentencias C-464 de 2020 y C-484 del mismo año declararon la
inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, que reguló la contribución
especial y que esas decisiones no tuvieron efectos inmediatos, pues la Corte
Constitucional salvaguardó la aplicación de la norma. Por lo anterior, aseguró que
los cargos de nulidad dirigidos a demostrar la inexequibilidad de dicho artículo, no
tienen vocación de prosperidad, pues la SSPD sí estaba facultada para liquidar y
cobrar la contribución por el año 2020, conforme la jurisprudencia pacífica sobre la
materia16. Aclaró que no se presentó una situación jurídica consolidada, pues los
actos demandados aún son materia de discusión 17.
Precisó que la contribución especial debatida es un tributo de periodo, en tanto el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 establece que su base gravable está determinada
considerando los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometidos a
regulación correspondientes al año anterior a aquel en el que se realiza el cobro, y
que, en el caso concreto, la contribución se causó el 1 de enero de 2020.
Aseguró que no prosperan los cargos de falta de motivación, indebida valoración
probatoria y violación al derecho de defensa, pues la motivación de los actos
cumplió con el criterio de razón suficiente al incorporar los argumentos que dieron
lugar a la decisión 18.
Encontró violados los principios de confianza legítima, buena fe e irretroactividad,
con fundamento en los artículos 338 y 363 de la Constitución, pues determinó que
la base gravable se liquidó sobre costos y gastos del año 2019, a pesar de que la
Ley 1955 entró en vigencia el 25 de mayo de ese mismo año. Puso de presente que
14
M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15
La demandante se pronunció frente a estas excepciones propuestas en la oposición a la demanda inicial, reiterando sus
argumentos de la demanda alusivos a la falta de competencia de la SSPD, la no configuración de una situación jurídica
consolidada y la declaratoria de inexequibilidad de la norma que sirvió de fundamento jurídico para expedir los actos
demandados (Cfr. Samai del Tribunal, índice 13).
16
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello; y las sentencias del 15 de marzo de 2024, exp. 25535; del 02 de mayo de 2024, exp. 28345; del 09
de mayo de 2024, exp. 28271; y del 16 de mayo de 2024, exp. 28288 (respecto de estas últimas no identificó a los
magistrados ponentes).
17
Ibidem.
18
Citó los artículos 712 y 719 del estatuto tributario y las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 22 de abril
de 2021, exp. 23824, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; del 05 de noviembre de 2020, exp. 22261, M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; del 05 de marzo de 2020, exp. 21321, M.P. Milton Chaves García; y del 30 de mayo de 2019, exp. 23063,
M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
el Consejo de Estado19 declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución
20201000033335 del 20 de agosto de 2020 de la SSPD, que fijó la base gravable de
la contribución especial, precisamente por ser contrario a la Constitución al usar
información del mismo año de expedición de la ley.
De manera que, al haberse generado la anulación de un acto administrativo de
carácter general, era necesario reconocer los efectos sobre las situaciones jurídicas
no consolidadas, como en este caso. En consecuencia, accedió a la nulidad de los
actos objeto de controversia.
En cuanto al restablecimiento del derecho, concluyó que, al no existir un acto
administrativo de carácter general que determine la base gravable de la contribución
para el año 2020, lo procedente es declarar que la demandante no debe pagar suma
alguna20, en lugar de disponer la reliquidación del tributo con base en el artículo 85
de la Ley 142 de 1994. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho,
ordenó la devolución total del monto pagado por la demandante, debidamente
actualizado y con la liquidación de los intereses de mora21. Además, señaló que no
hay lugar a acceder al reconocimiento de perjuicios, en tanto no se acreditó su
existencia, ni se cumplió con la carga argumentativa al respecto.
Respecto de las costas, puso de presente que fueron aportadas las facturas
expedidas por el abogado de la demandante por concepto de honorarios, pero no
la constancia de su pago, de modo que no fue debidamente demostrada su
causación 22.
Recurso de apelación
La SSPD solicitó revocar la sentencia de primera instancia 23, porque, aunque el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 fue declarado inexequible, la Corte Constitucional
difirió los efectos de sus decisiones hasta enero del 2023, y salvaguardó la
aplicación de la norma sobre las situaciones jurídicas consolidadas 24, como lo
señaló la sentencia del 26 de mayo de 2022 25.
Sostuvo que la entidad era competente para liquidar y cobrar la contribución por el
año 202026, su única fuente de financiación 27. Aseguró que, si la Corte
Constitucional había permitido la aplicación de la contribución especial por el año
2020, no era posible para las demás autoridades desconocer esa orden.
Adujo que no violó el principio de irretroactividad, pues la contribución no es un
tributo de periodo, aunque es anual 28, en la medida que el hecho generador
corresponde a la prestación de servicios de inspección, control y vigilancia por el
19
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 26 de junio de 2024, exp. 27733, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
20
Citó las sentencias del Consejo de Estado del 11 de octubre de 2024, exp. 25495, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello ;
y del 03 de julio de 2025, exp. 29640, M.P. Wilson Ramos Girón.
21
Citó los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; y el auto del 05 de julio de 2024, proferido dentro del radicado
11001-33-37-044-2022-00001-01.
22
Citó el numeral 8) del artículo 365 del Código General del Proceso; y el artículo 1 88 de la Ley 1437 de 2011; y las
sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 06 de julio de 2016, exp. 25000-23-37-000-2012-00174-01, M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 30 de agosto de 2016, exp. 20508, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
23
Samai del tribunal, índice 41.
24
Citó las sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021 de la Corte Constitucional.
25
Exp. 25441, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
26
Citó los artículos 8 (numeral 59 y 79 (numeral 5) del Decreto 1369 de 2020.
27
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 20 de septiembre de 2024, exp. 28775, M.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
28
Citó el salvamento de voto de la Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, en el proceso con radicado 11001-03-27-000-
2021-00047-00 (25615).
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
año 2020. Igualmente, manifestó que la base gravable toma costos y gastos
depurados del año anterior como referente, sin incidir en hechos o situaciones
previas a la ley.
Aseguró que la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020 no
invalidó la obligación de pagar el tributo a cargo de la demandante, pues los actos
administrativos particulares no decayeron por la inexequibilidad de la ley, dado que
para la vigencia 2020 la norma era plenamente aplicable, y no se puede desconocer
que el objetivo de la contribución radica en recuperar los costos en que incurre la
SSPD. Señaló que la obligación de pagar la contribución ya se había perfeccionado,
por lo que era exigible, en virtud del respeto a los derechos adquiridos y las
situaciones jurídicas consolidadas. De allí que los actos demandados no violaron el
principio de irretroactividad.
Como argumento subsidiario, sostuvo que, en el evento de confirmar la nulidad de
los actos, se debe ordenar a la demandante que pague la contribución especial por
el año 2020, en los términos originales del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, pues
ella reconoce en sus pretensiones la existencia de la obligación de pago a su cargo,
lo cual es acorde a la jurisprudencia sobre la materia 29.
Finalmente, solicitó que se imponga condena en costas procesales a la
demandante, al momento de revocar la decisión de primera instancia.
Oposición a la apelación
La demandante guardó silencio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público pidió confirmar la decisión de primera instancia 30.
Explicó que los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 fueron declarados
inexequibles por parte de la Corte Constitucional, pero se salvaguardaron los
efectos de las situaciones jurídicas consolidadas antes de la adopción de esa
decisión. Empero, en el caso bajo examen, consideró que no hay una situación
jurídica consolidada, en tanto que está en discusión la legalidad de los actos de
determinación.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Le corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de la liquidación oficial
20205340051056 del 25 de agosto de 2020, por medio de la cual la SSPD estableció
la contribución especial regulada en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, a cargo
de Enel Colombia S.A. E.S.P., por el año 2020, así como de las resoluciones
20205300049505 del 5 de noviembre de 2020 y 20215000004125 del 18 de febrero
de 2021, mediante las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación.
29
Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 09 de abril de 2025, exp. 28633, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello; del 05 de diciembre de 2024, exp. 29152, M.P. Wilson Ramos Girón (E); del 06 de febrero de 2024,
exp. 29388, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 05 de diciembre de 2024, exp. 28780, M.P. Milton Chaves García;
del 31 de octubre de 2024, exp. 28791, M.P. Wilson Ramos Girón; del 31 de octubre de 2024, exp. 28718, M.P. Milton
Chaves García; del 31 de octubre de 2024, exp. 28860, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca rad. 11001-33-37-044-2021-00111-01, M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño (sobre
esta última no señaló la fecha).
30
Samai, índice 11.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
Para estos efectos, la Sección analizará si la sentencia del 26 de junio de 2024 31,
que dispuso la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020, da
lugar a ordenar la nulidad de los actos de determinación acusados, tal como lo
señaló el tribunal en la sentencia de primera instancia. De ser así, conforme la
apelación, también se estudiará si el restablecimiento del derecho procedente
consiste en ordenar la reliquidación de la contribución especial, en los términos de
la versión original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Análisis del caso concreto
1. Sobre los efectos de la sentencia de nulidad del acto administrativo de
carácter general en el presente caso
La entidad apelante sostuvo que la causación de la contribución especial por el año
2020 corresponde a una situación jurídica consolidada, de modo que procede su
determinación y cobro, aún con la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la
resolución 20201000033335 de 2020. Indicó que no se trata de tributos de periodo,
por lo que no era posible violar el principio de irretroactividad, y que era
improcedente la inaplicación de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 por
la excepción de inconstitucionalidad.
Para decidir, la Sección pone de presente que profirió la sentencia del 26 de junio
de 202432, mediante la cual declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución
20201000033335 de 2020, que sirvió de fundamento para los actos objeto del litigio.
La sentencia referida explicó que la SSPD fijó la base gravable de la contribución
especial y adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, de tal modo que utilizó la información del año gravable anterior (2019). Así
las cosas, siguiendo el precedente de casos análogos33, concluyó que la
demandada «liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en información (hechos) del
mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019)» , por lo que «se vulneró el principio de
irretroactividad tributaria».
En este orden, declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335
de 2020, acto proferido por la SSPD, «por ser contrario al inciso final del artículo 338 y al
artículo 363 de la Carta, este último que proscribe la aplicación retroactiva de las leyes tributarias».
Ahora, como lo ha explicado esta sección 34, las sentencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto.
Es por esto que, en un litigio similar, la Sección afirmó que «en los casos en que se anula
el acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución
Especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no
consolidadas»35. Y, de igual modo, concluyó que, como «la sentencia del 12 de noviembre
de 2020 [que anuló el artículo 2 de la resolución que la SSPD que fijó la base gravable para 2018]
31
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
32
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
33
La providencia citó los fallos del 16 de marzo de 2023, exp.25531, y del 18 de abril de 2024, exp.26656, C.P. Milton
Chaves García; y del 31 de marzo de 2022, exp.23729 del 2 de mayo de 2024, exp.28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
34
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, Exp.21803, C.P. Milton Chaves García; y del
25 de febrero de 2021, exp.23397, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
35
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp.25197, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
tiene efectos inmediatos en este caso, como se indicó en la providencia que se reitera, no es
procedente la liquidación del tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos»36.
Así pues, conforme la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los
actos acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la
contribución a cargo de la demandante por el 2020 con fundamento en una
resolución que, a su vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se
señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria a la
Constitución y la ley (…) como fundamento de un acto administrativo es su nulidad» 37.
De otro lado, la Sección advierte que la jurisprudencia invocada en la apelación no
constituye precedente para este caso. Esto es así porque, como lo explicó el fallo
del 26 de junio de 2024, la sentencia del 26 de mayo de 2022 38 «no abordó el estudio
del principio de irretroactividad, frente a la base gravable del tributo, por no haber sido un cargo de
nulidad propuesto por la demandante» . Lo propio ocurrió con relación a las sentencias C-
464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021, pues la Corte Constitucional
no analizó en ellas la violación del principio de irretroactividad tributaria.
Por lo anterior, no prospera este cargo de la apelación, de modo que la Sección
confirmará la decisión de declarar la nulidad de los actos acusados.
2. Sobre el restablecimiento del derecho procedente.
De forma subsidiaria, la apelante afirmó que, en caso de confirmarse la nulidad de
los actos de determinación, se debía adecuar el restablecimiento del derecho, para
ordenar la reliquidación de la contribución especial, conforme la versión original del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, dado que la demandante tenía la obligación de
pagar el tributo y el deber de contribuir con el funcionamiento del Estado.
Para resolver, se advierte que el artículo 281 del Código General del Proceso
establece que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos «y las
pretensiones aducidas en la demanda». En consecuencia, dispone que «No podrá condenarse
al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta» y que «Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le
reconocerá solamente lo último».
Con base en lo anterior, la Sección ha precisado que, en aplicación del principio de
congruencia, el ámbito de operación del juez está limitado por la controversia
planteada por las partes en el curso del litigio, en la demanda y en su contestación,
de tal modo que no es dable pronunciarse sobre temas o asuntos no discutidos por
ella, so pena de incurrir en una sentencia extra o ultrapetita 39.
Para el caso objeto de examen, se encuentra que, en las pretensiones principales
de la demanda, se solicitó anular de manera íntegra los actos de determinación y,
en consecuencia, ordenar la devolución de lo pagado por concepto de la
contribución especial por el año 2020, es decir, $8.076.525.000.
La SSPD, por su parte, pidió negar las pretensiones, porque el artículo 18 de la Ley
1955 de 2019 era aplicable, en virtud de la modulación de la declaración de
inexequibilidad por la Corte Constitucional. Sin embargo, no se advierte que, en el
36
Ibidem.
37
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
38
Exp.25441, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
39
Sentencia del 14 de julio de 2022, exp. 26024, reiterada en el fallo del 14 de noviembre de 2024, exp. 29038, ambos de
ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
escrito de contestación de la demanda o de la reforma, haya propuesto la
reliquidación de la contribución ni la aplicación de la versión original del artículo 85
de la Ley 142 de 1994.
Teniendo en cuenta lo anterior, la decisión del tribunal se ajustó a lo pedido por las
partes, y de acuerdo con el análisis llevado a cabo, accedió a las pretensiones
principales de la demanda, sin que se planteara alguna oposición sobre el
restablecimiento solicitado. Si bien la pretensión subsidiaria pidió la reliquidación del
tributo, este aspecto no fue objeto de estudio por el a quo, y no podía serlo, dado
que había prosperado la pretensión principal.
Conforme lo expuesto, en aplicación del principio de congruencia, es improcedente
modificar el restablecimiento del derecho otorgado con base en un argumento
nuevo, propuesto únicamente en el recurso de apelación, frente al cual no se dio
oportuno debate en la primera instancia.
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades ordinarias de fiscalización y determinación
que le asisten a la SSPD para determinar y cobrar la contribución especial a su cargo.
En cuanto a las sentencias invocadas en la apelación, se observa que las proferidas
el 5 de diciembre de 2024 40 y el 9 de abril de 2025 41, no constituyen un precedente
aplicable porque no analizaron el restablecimiento del derecho solicitado como
pretensión subsidiaria, al no haber sido un aspecto apelado. Por ende, esas
sentencias se limitaron a confirmar las órdenes de reliquidación impartidas por los
tribunales de origen, pero sin analizar de fondo la procedencia de esas decisiones,
de modo que no tienen identidad fáctica ni jurídica con el asunto de la referencia.
Por otro lado, las sentencias del 5 de diciembre de 2024 42 y del 31 de octubre de
202443, tampoco son precedentes vinculantes, pues ordenaron la reliquidación de
la contribución de acuerdo con la versión original del artículo 85 de la Ley 142 de
1994, porque la demandante así lo solicitó como pretensión principal, por lo que
tampoco existe identidad fáctica con el caso de la referencia, en el que la pretensión
principal consiste en la devolución de todo lo pagado.
Por su parte, el fallo el 6 de febrero de 2025 44, determinó que era improcedente la
reliquidación del tributo, en virtud del principio de congruencia, y, en consecuencia,
concluyó que «le asiste la razón a la actora cuando indica que no había lugar a la reliquidación
del tributo y en consecuencia, la SSPD está en el deber de devolver el anticipo pagado por la
demandante, el cual correspondió a $50.174.000, hecho sobre el cual las partes no difieren, y que
se encuentra reconocido en los actos demandados». Así, contrario a lo dicho por la apelante,
en este caso no se ordenó la reliquidación del tributo, sino la devolución de todo lo
pagado por concepto del tributo.
Finalmente, las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en los procesos 11001-33-37-044-2021-00111-01, 11001-33-37-
041-2021-00116-01 y 11001-33-37-044-2022-00001-01, no constituyen precedente
judicial vinculante para el Consejo de Estado, como máximo tribunal de lo
contencioso administrativo.
40
Exp. 29152, M.P. Wilson Ramos Girón (E).
41
Exp. 28633, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
42
Exp. 28780, M.P. Milton Chaves García.
43
Exp. 28791, M.P. Wilson Ramos Girón; exp. 28718, M.P. Milton Chaves García; y exp. 28860, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
44
Exp. 29388, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00356-01 (30757)
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (Antes CODENSA S.A. E.S.P.)
Por lo anterior, este cargo de la apelación tampoco prosperó, por lo que también
será confirmado el restablecimiento del derecho dispuesto por el a quo.
Costas
No habrá pronunciamiento frente a la primera instancia, dado que no se apeló la
decisión del tribunal de no imponerla. En cuanto a la condena en costas en esta
instancia (agencias en derecho y gastos del proceso), según el criterio mayoritario
de la Sección contenido en la sentencia del 23 de septiembre de 2025 45,
considerando que se confirmará la sentencia dictada por el a quo, es procedente
condenar en costas en segunda instancia a la apelante, por concepto de agencias
en derecho. Al efecto, se tasan esas agencias en un (1) SMMLV. Por tanto, se
ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a las
reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En cuanto a las expensas y gastos del proceso, atendiendo a ese mismo criterio, no
procede la condena, pues en el expediente no se verifica su causación en sede de
apelación, según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, del 28 de agosto de 2025.
2. Condenar en costas en segunda instancia a la demandada. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
45
Exp.28292, M. P. Wilson Ramos Girón.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.