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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00009-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2023-00009-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la demanda. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2023-00009-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-27-000-2023-00009-00 (27470)
Demandante: Empresa Surtidora de Gas del Caribe S.A. - SURTIGAS S.A.
E.S.P.
Demandado: Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD
Temas: Contribución especial para empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios – periodo 2021. Causación. Base
gravable.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia anticipada dentro del medio de control de
nulidad ejercido, con acumulación de pretensiones de nulidad y restablecimiento
del derecho, promovido por la demandante contra los actos administrativos por los
cuales la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD fijó la tarifa
para el año 2021 y liquidó el tributo a cargo de esa sociedad.

ANTECEDENTES

En la Resolución SSPD 202011000355215 del 29 de julio de 2021, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD fijó la tarifa de la
contribución especial y los rubros de la base gravable para la contribución especial
para el año 2021, a cargo de las entidades sometidas a inspección, vigilancia y
control1.

Mediante Liquidación Oficial 20210000005196 de 13 de agosto de 20212, la
mencionada Superintendencia liquidó la contribución especial a cargo de Surtigas
S.A. E.S.P. por el año 2021 en $2.244.633.000. Contra este acto se interpuso recurso
de reposición y en subsidio de apelación, resueltos en las resoluciones3 SSPD –
20215300572475 de 11 de octubre de 2021 y SSPD – 20225001002435 de 27 de
octubre de 2022, que confirmaron el acto impugnado.

DEMANDA

En ejercicio de los medios de control de nulidad simple, y de nulidad y
restablecimiento del derecho, la demandante formuló las siguientes pretensiones en
la reforma de la demanda4:

“PRIMERA.- Que se declare la simple nulidad de la Resolución No. SSPD -
202011000355215 del 29 de julio de 2021, mediante la cual se estableció la tarifa
para el año 2021 de la Contribución Especial, a la que se encuentran sujetos los
prestadores de servicio públicos domiciliarios y quienes desarrollen actividades
complementarias del servicio.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de:

i) La Liquidación Oficial No. 20210000005196 de 13 de agosto de 2021.

1
Índice 3 de SAMAI.
2
Índice 3 de SAMAI.
3
Índice 3 de SAMAI.
4
Que integra en un solo texto, la demanda inicial y la reforma.

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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00009-00 (27470)
Demandante: Empresa Surtidora de Gas del Caribe S.A. - Surtigas S.A. E.S.P.

ii) La Resolución No. SSPD – 20215300572475 de 11 de octubre de 2021,
mediante el (sic) cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la
Liquidación Oficial No, 20210000005196 de 13 de agosto de 2021.

iii) La Resolución No. SSPD – 20225001002435 de 27 de octubre de 2022,
mediante el cual se resolvió el recurso de apelación en contra de la
Liquidación Oficial No. 20210000005196 de 13 de agosto de 2021.

TERCERA.- Que, como consecuencia de la prosperidad de la PRETENSIÓN
SEGUNDA, y para restablecer el derecho lesionado de SURTIGAS, se ordene a la
Superintendencia devolver las sumas de dinero pagadas por el demandante por
concepto de contribución especial de la SSPD vigencia 2021 o imputar las referidas
sumas al pago de la contribución especial de la SSPD a cargo del demandante de
la siguiente vigencia a la de proferido el respectivo fallo.

CUARTA.- Que se condene a LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS al pago de todas las costas y agencia en derecho del
proceso, si se llega a oponer a esta demanda.”

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 29, 85, 338, 363, 365 y 367 de
la Constitución Política; 85 y 87 de la Ley 142 de 1994 y 3 y 65 de la Ley 1437 de
2011.
El concepto de la violación se sintetiza, así:

Violación principio de irretroactividad de la ley tributaria por aplicación del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994

Es ilegal la Resolución SSPD – 20211000355215 del 29 de julio de 2021 por
aplicación retroactiva del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Los hechos económicos
que se toman para establecer la base gravable de la contribución especial de la
vigencia 2021, son los acaecidos en el año 20205, fecha para el cual estaba vigente
el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, que fue declarado inexequible mediante
sentencia C-484 de 19 de noviembre de 2020.

El artículo 85 de la Ley 142 de 1994 entró en vigencia nuevamente el 20 de
noviembre de 2020; sin embargo, bajo su amparo se profirió el acto general del 29
de julio de 2021, tomando en cuenta la información financiera del año 2020, luego
de lo cual, la SSPD determinó un faltante presupuestal para el año 2021 y decidió,
en aplicación del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, incluir gastos
operativos a la base gravable.

La liquidación oficial del 13 de agosto de 2021 tuvo en cuenta los gastos de
funcionamiento y algunos gastos operativos de Surtigas del año 2020, lo que
implicó la aplicación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 entre el 1.° de enero al
19 de noviembre de 2020, periodo para el cual estaba vigente el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019.

Nulidad del acto general por vulnerar las normas en las que debería fundarse
-Artículo 85.1. de la Ley 142 de 1994

El acto general demandado determinó los costos del servicio de control y vigilancia
-que presta la SSPD- a recuperar vía contribución especial -$148.694.794.129-,
tomando en cuenta tanto (i) los gastos de funcionamiento -por valor de
$125.160.794.129-, como (ii) los gastos de inversión -por $23.534.000.000- apropiados
en el presupuesto de la entidad, en los costos del servicio a retribuir. La inclusión
de los gastos de inversión de la SSPD devino en la determinación de un mayor

5
En el artículo 2º de la Resolución, se establecieron los conceptos que integran la base gravable, aplicando la prevista en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, en su versión original, a la información financiera certificada a través del Sistema Único de
Información – SUI- a 31 de diciembre de 2020 de los sujetos pasivos.

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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00009-00 (27470)
Demandante: Empresa Surtidora de Gas del Caribe S.A. - Surtigas S.A. E.S.P.

valor del faltante presupuestal existente para el año 2021 –que ascendía a la suma de
$102.324.552.701-, con la consiguiente adición a la base gravable con el porcentaje
del total de gastos operativos de los sujetos pasivos necesario para cubrirlo, lo que
desconoce el artículo 85.1 de la Ley 142 de 1994.

Falsa motivación del acto general por basarse en normas que no han sido
publicadas

El acto que fijó la tarifa y determinó los conceptos que integran la base gravable de
la contribución especial para el año 2021, fue expedido con infracción de las normas
en que debería fundarse y de forma irregular, por haberse fundado en la Resolución
SSPD – 20211000013125 de 29 de marzo de 2021 que era ineficaz por no haber
sido publicada en el diario oficial o en la página web de la entidad. Esta resolución
ordenó un traslado en el presupuesto de funcionamiento del rubro «Fondo
Empresarial» al rubro «Adquisiciones de diferentes activos».

El traslado presupuestal anotado conllevó al incremento del valor de los gastos de
funcionamiento de la SSPD a retribuir mediante la contribución especial.

Violación de las normas en las que debería fundarse, por basarse en normas
que no han sido publicadas y violar el debido proceso

Por su parte, los actos de liquidación de la contribución a cargo de la demandante,
a su vez, fueron expedidos con violación de normas superiores y de manera
irregular, en tanto que: i) liquidaron una contribución a la sociedad demandante por
valor de $2.244.663.000 considerando el faltante presupuestal, la forma de cubrirlo
y la tarifa determinados en la Resolución SSPD – 202011000355215 de 19 de julio
de 2021, que incluye gastos de inversión entre los gastos llamados a ser
recuperados vía contribución; ii) desconocieron el principio de eficiencia económica
y suficiencia financiera que orienta el Régimen Tarifario de las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios, al imponer una contribución en un valor que impide
a la demandante remunerar adecuadamente las inversiones y gastos de operación
necesarios para la prestación del servicio, así como el patrimonio de sus
accionistas; y iii) están fundados en la Resolución SSPD – 20211000013125 de 29
de marzo de 2021 que es ineficaz, por falta de publicidad, con desconocimiento del
derecho al debido proceso de la demandante como destinataria de dicha
resolución.

OPOSICIÓN

La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda con el
planteamiento de excepciones de legalidad de los actos demandados frente a cada
uno de los cargos, por lo siguiente6:

Violación principio de irretroactividad de la Ley tributaria

El cargo alusivo a la violación del principio de irretroactividad de la ley es una línea
argumentativa totalmente diferente a la discutida en sede administrativa. En todo
caso, los actos acusados fueron expedidos conforme al artículo 85 de la Ley 142
de 1994, que recobró vigencia a partir del 1.° de enero de 2021 tras la declaratoria
de inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 que tuvo efectos
diferidos.

El acto general demandado contiene el análisis necesario para establecer la tarifa
acorde con el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y describió los conceptos que

6
Índices 44 y 58, Samai.

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integraron la base gravable de la contribución especial para el año 2021, teniendo
en cuenta la información financiera certificada y el faltante presupuestal que debía
ser recaudado de acuerdo con la fórmula establecida en el parágrafo 2 del artículo
85 de la Ley 142 de 1994.

Falsa motivación del acto general por basarse en normas que no han sido
publicadas

Respecto a este cargo, indica que la Resolución SSPD – 20211000013125 de 29
de marzo de 2021, señalada como ineficaz por la demandante y que se tuvo en
cuenta como fundamento del acto general demandado, es un acto de trámite
netamente interno -no llamado a producir efectos jurídicos para el demandante- que
dispuso un traslado presupuestal de la entidad y, como tal, no requería publicación.
Además, si el actor consideraba que existió omisión en su publicidad, debió incluirlo
como acto demandado. Este también es un argumento nuevo frente a lo discutido
en sede administrativa.

Nulidad del acto general por vulnerar las normas en las que debería fundarse

Al amparo del artículo 85 de la Ley 142 de 1995, cuyo verdadero espíritu y finalidad
es garantizar que la SSPD cumpla con las funciones constitucionalmente
asignadas, ante la existencia de faltantes presupuestales, se permite que los gastos
operativos puedan ser adicionados a los gastos de funcionamiento en la proporción
que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la SSPD. En esta
línea, refirió jurisprudencia del Consejo de Estado que ha avalado la inclusión
excepcional de gastos operativos de los usuarios sometidos a control y vigilancia
de la SSPD, en la base gravable de la contribución especial ante la existencia de
un faltante presupuestal. En virtud de los principios de igualdad, seguridad jurídica,
confianza legítima y buena fe, los jueces están obligados a respetar los precedentes
judiciales cuando existan similitudes fácticas y jurídicas, como ocurre en este caso,
frente a lo ocurrido para los actos generales que fijaron la tarifa de la contribución
especial de las vigencias 2016 y 2017.

Mientras no exista cuestionamiento sobre la distribución del gasto para cada una
de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, como es
la SSPS, permanece incólume la presunción de constitucionalidad de la Ley de
Presupuesto Anual de la Nación. Lo mismo ocurre con la presunción de legalidad
del acto general del que se derivó la liquidación oficial de la demandante.

En el presente caso, en el acto general demandado se incluyeron los gastos totales
de administración, los correspondientes a uso de líneas, redes y ductos, así como
los gastos operativos de distribución y/o comercialización de gas, pues el parágrafo
2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, como se ha dicho, habilita la ampliación
de la base gravable con los gastos de naturaleza similar para las empresas de otros
sectores, ante la existencia de faltantes presupuestales.

Expedición de los actos particulares con violación de las normas en las que
debería fundarse y del debido proceso

No existe vulneración al debido proceso, ya que los actos de determinación fueron
expedidos con sujeción a la normativa vigente. Si el actor consideraba que existió
omisión de publicidad de un acto administrativo, debió incluirlo como acto
demandado, frente a lo cual se advierte que no está debatiendo su legalidad y se
trata de un acto de trámite interno.

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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00009-00 (27470)
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TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de 17 de enero de 20257 se ordenó dictar sentencia anticipada,
prescindir de las audiencias inicial y de pruebas, tener como pruebas las aportadas
con la demanda, su reforma y contestación, y se fijó el litigio en establecer la
legalidad de los actos demandados. Luego, con auto de 24 de julio de 2025 8, se
corrió traslado a las partes y al Ministerio para alegar de conclusión y emitir concepto
respectivamente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante9 reiteró los argumentos planteados en la demanda y su
reforma, y precisó que en la contestación de la reforma de la demanda se reconoció
que dentro de los costos a recuperar vía contribución especial para la vigencia 2021
se incluyeron gastos de inversión, sin que se desarrollara ningún argumento de
defensa. Adicionalmente, aseguró que la entidad demandada se centró en
planteamientos que resultan ajenos a la argumentación que soporta el cargo de
violación del principio de irretroactividad de la ley tributaria, ya que no va dirigido a
debatir los rubros del presupuesto de la SSPD.

La parte demandada10 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y su
reforma.

El Ministerio Público no presentó concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide en única instancia la demanda de nulidad, con acumulación de
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesta contra la
Resolución SSPD 202011000355215 del 29 de julio de 2021, que fijó la tarifa de la
contribución especial para el año 2021, y los actos administrativos proferidos por la
SSPD que liquidaron la contribución especial a cargo de Surtigas S.A. E.S.P. para
la vigencia 2021.

En los términos de la demanda, su reforma y la contestación de aquéllas,
corresponde establecer específicamente: (i) si se vulneró el principio de
irretroactividad de la ley en la determinación de la base gravable de la contribución
especial de 2021; (ii) si es improcedente la inclusión de gastos de inversión en los
costos de los servicios de control y vigilancia que presta la SSPD, a recuperar vía
contribución especial; (iii) si la falta de publicación de la Resolución SSPD –
20211000013125 de 29 de marzo de 2021 conlleva a la nulidad de los actos
acusados; y (iv) si los actos acusados vulneraron los principios de eficiencia y
suficiencia financiera que rigen el régimen tarifario de los servicios públicos
domiciliarios.

Efectos en el tiempo de las Sentencias C-464 y C-484 de 2020. Reiteración de
jurisprudencia11

La demandante aduce que se aplicó retroactivamente el artículo 85 de la Ley 142
de 1994 para establecer la base gravable de la contribución especial del año 2021
y, posteriormente, para liquidarla oficialmente a cargo de Surtigas S.A. E.S.P. Al
respecto, la entidad demandada replicó que se trata de «una línea argumentativa
7
Índice 65 de SAMAI.
8
Índice 72 de SAMAI.
9
Índice 79 de SAMAI.
10
Índice 78 de SAMAI.
11
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, MP. Milton Chaves García. Reiterada
en las sentencias del 02 y 09 de mayo de 2024, exps. 28345 y 28271, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00009-00 (27470)
Demandante: Empresa Surtidora de Gas del Caribe S.A. - Surtigas S.A. E.S.P.

totalmente diferente a la ya discutida en sede administrativa» 12 y que, en todo caso, los actos
administrativos acusados debían expedirse con fundamento en el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994, en razón de la sentencia C-484 de 2020 que declaró la
inexequiblidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 a partir del periodo 2021, lo
que implicó que el cobro de la contribución de esa vigencia debía realizarse en
aplicación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Sobre la posibilidad de plantear argumentos nuevos en sede judicial, la Sección ha
sostenido que13 «el agotamiento de la sede administrativa no impone la carga de reproducir en
sede judicial los mismos argumentos formulados en la etapa administrativa, pues el control de
legalidad que ejerce esta jurisdicción tiene un alcance autónomo y se dirige al examen de la validez
del acto, con independencia de los motivos que hubieran sido discutidos en sede administrativa»14,
ya que «debe basarse en los cargos de nulidad de la demanda, cuyas causales están previamente
delimitadas en la ley»15.

Así pues, al contribuyente le es dable alegar nuevos o mejores argumentos
destinados a reforzar el debate y sustentar las causales de nulidad que ha invocado,
sin que ello implique la introducción de hechos nuevos ni la alteración del objeto del
litigio. Además, es de tener en cuenta que la entidad demandada tiene la
oportunidad de rebatir los nuevos argumentos con la contestación de la demanda
y los alegatos de conclusión16, como ocurrió en este caso.

Por lo antes indicado, la Sala procederá a estudiar de fondo el cargo planteado por
la parte actora, ya que el argumento consistente en la aplicación retroactiva del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 en la expedición de los actos acusados, está
encaminado a robustecer la pretensión de nulidad y es coincidente con la petición
planteada en sede administrativa en que se invocó la ilegalidad de los actos de
liquidación de la contribución discutida.

El artículo 85 de la Ley 142 de 1994 creó la contribución especial a favor de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, para recuperar los
costos de los servicios de control y vigilancia que presta a las empresas sometidas
a regulación. La contribución se liquida y paga anualmente conforme con las reglas
allí establecidas, sin que pueda superar el 1 % de la respectiva base gravable de la
sociedad contribuyente, en el año anterior a aquel en el que se hace el cobro, según
los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia.

Esta disposición fue modificada por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, el cual
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-464 de
28 de octubre de 2020, en los siguiente términos: (i) únicamente con respecto a la
expresión «y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios
públicos domiciliarios», contenida en el numeral 4.° del artículo 18 de la Ley 1955 de
201917, con efectos inmediatos y hacia el futuro, por desconocer el principio de
legalidad tributaria al establecer una indeterminación de los sujetos pasivos de la
contribución especial; mientras que (ii) las demás previsiones de dicho artículo
fueron declaradas inexequibles con efectos diferidos «a partir del 1 de enero de 2023»
por respeto a la confianza que se había generado en la administración hasta ese
momento, atendiendo a que esa sentencia modificó el estándar jurisprudencial
existente sobre el alcance del principio de unidad de materia frente a la inclusión de
asuntos tributarios en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. La Corte sostuvo en

12
Ítem 56 de Samai.
13
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 18 de noviembre de 2021, expediente 23070, MP. Myriam Stella
Gutiérrez.
14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 16 de octubre de 2025, exp. 28683, Aclaración de voto consejero Luis
Antonio Rodríguez Montaño.
15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de mayo de 2019, exp. 22026, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 14 de mayo de 2014, exp. 19988, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
«Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.»

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Demandante: Empresa Surtidora de Gas del Caribe S.A. - Surtigas S.A. E.S.P.

esa oportunidad18:

«150. Con base a las consideraciones expuestas, pasa la Sala a determinar si para el
caso de los artículos 18 -parcial- y 314 de la Ley 1955 de 2019 puede adoptarse la
modalidad de decisión de inexequibilidad diferida, con la particular justificación en este
caso de un cambio de jurisprudencia.
(“…”)
152. De esta manera, encuentra la Corte que con la modificación en la regulación de la
contribución de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, y el establecimiento de
la contribución adicional prevista en el artículo 314, los entes de regulación e IVC ya
contaban con estas rentas en sus ingresos tributarios corrientes, sin que fuera del todo
previsible la exigencia de una carga de justificación suficiente en materia impositiva por
el hecho de tratarse de la Ley del Plan de Desarrollo. En virtud de ello, la Sala considera
pertinente garantizar la seguridad jurídica generada por el precedente vigente a la
fecha, permitiendo que en virtud del principio de temporalidad que rige los planes de
desarrollo por regla general, se mantengan vigentes las disposiciones analizadas
durante el actual período de Gobierno.

153. Por lo hasta aquí expuesto, y ante un cambio jurisprudencial en el estándar exigido
para introducir y tramitar normas de carácter tributario y que afecten el ejercicio de las
demás atribuciones ordinarias del Congreso en un PND -mismo estándar que deberá
tomarse en cuenta para la inclusión de normas semejantes a las aquí analizadas en
futuros planes de desarrollo-, la Corte encuentra justificado diferir los efectos de la
inexequibilidad al 1º de enero de 2023, en virtud de que se trata de un vicio de unidad
de materia y la vocación de temporalidad que por regla general, Gobierna el PND 2018
2022.”

Luego, en el marco de un nuevo control de constitucionalidad realizado en sentencia
C-484 de 2020, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019 con efectos inmediatos hacia el futuro, por desconocimiento de
los principios de legalidad, certeza del tributo y reserva de ley, modulando sus
efectos en el tiempo en el sentido de establecer que los tributos causados en el año
2020 correspondían a situaciones jurídicas consolidadas y que los efectos
inmediatos y a futuro de la sentencia se producirían a partir del período 2021. En
efecto, la Corte explicó19:

«107. En virtud de lo expuesto (ver supra, numerales 77 a 100), la Sala procederá a
declarar la inexequibilidad del artículo 18 demandado. Al encontrar que la norma en su
totalidad vulnera la Constitución, por las razones ya señaladas, la Corte se encuentra
habilitada para retirar la norma del ordenamiento jurídico de forma inmediata sin
necesidad de modular sus efectos, al no encontrarse en el marco de los supuestos que
conllevan a la necesidad de diferirlos en el tiempo.

108. La regla general son los efectos desde ahora y hacia el futuro o ex nunc de la
declaratoria de inexequibilidad. Esta postura se sustenta en la necesidad de proteger
principios como la seguridad jurídica o la buena fe, puesto que, hasta ese momento, la
norma gozaba de presunción de constitucionalidad y, por ello, sería legítimo asumir que
los ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la validez de aquella. De
esta manera, el tributo al que alude la disposición demandada se recauda de forma
anual, y la presente sentencia se pronuncia antes de la causación de la misma para el
año 2021. Por lo cual, es claro para este tribunal que los tributos causados en la
anualidad 2020 corresponden a situaciones jurídicas consolidadas. Asimismo, la Corte
destaca que los efectos hacia futuro de esta decisión de inexequibilidad, cubren las
situaciones jurídicas consolidadas en el año 2020, incluidos aquellos tributos que se
sirvan de los elementos establecidos por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 para el
año 2020.

109. Igualmente, cabe precisar que respecto de los efectos inmediatos y a futuro de
esta decisión, a saber, a partir del período o anualidad 2021, los sujetos activos del
tributo no se encuentran en un escenario incierto, ya que, ante la declaratoria de
inexequibilidad de la modificación de la norma, se impone la consecuencia lógica de la
plena vigencia del contenido normativo original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

18
Corte Constitucional, sentencia C-464 del 28 de octubre de 2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
19
Corte Constitucional, sentencia C-484 de 19 de noviembre de 2020.

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Demandante: Empresa Surtidora de Gas del Caribe S.A. - Surtigas S.A. E.S.P.

110. Finalmente, es de anotar que la sentencia C-464 de 2020 declaró la inexequibilidad
del mencionado artículo con efectos diferidos, por violación al principio de unidad de
materia. Sin embargo, en el primer resolutivo también constató la inexequibilidad con
efectos inmediatos. Como se mencionó, la Corte tiene competencia para pronunciarse
sobre normas que declaradas inexequibles por un vicio de procedimiento de naturaleza
sustantiva, siguen produciendo efectos jurídicos (ver supra, numerales 53 y 55).
Adicionalmente, señala la Sala Plena que la razón de la declaratoria de los efectos
diferidos del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 (excluyendo el aparte declarado
inexequible con efectos inmediatos en el inciso 4º de dicha norma), obedeció al cambio
de estándar jurisprudencial para la valoración del principio de unidad de materia
respecto a la inclusión de asuntos de naturaleza tributaria en la Ley del Plan Nacional
de Desarrollo. Así, en dicha oportunidad, por respeto a la confianza que se habría
generado en la administración actual al momento de estructurar el mencionado Plan,
se declararon los efectos diferidos de la disposición, elemento que no se presenta en
este caso, dada la consolidada jurisprudencia relacionada con la aplicación del artículo
338 de la Constitución Política.» (Subrayas fuera del texto)

De tales consideraciones deviene que los efectos de la sentencia C-484 de 2020
respecto de la inexequibilidad de la totalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
se produjeron a partir del año 202120, de manera que en este periodo de causación
de la contribución especial, tendría vigencia el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 en
su versión original, la cual prevé que «la tarifa máxima de cada contribución no podrá
ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al
servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquél en el
que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puesto a disposición de la
Superintendencia y de las Comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con
base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente.» (subrayas fuera de texto).

En relación con el principio de irretroactividad en materia tributaria, consagrado en
los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, la Sección ha precisado que21
«las disposiciones que regulen los tributos cuya base sea el resultado de hechos ocurridos
durante un período determinado, solo pueden aplicarse a partir del período que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva normativa; asimismo, el artículo 363 ibidem
prohíbe expresamente la retroactividad de las leyes que regulen aspectos tributarios.
Según pronunciamientos de esta sección, las normas constitucionales expuestas impiden
cualquier disminución de la seguridad jurídica de los obligados tributarios mediante normas
que proyectaran sus efectos sobre hechos correspondientes a periodos ya concluidos o
sobre hechos anteriores del periodo en curso».

En ese sentido, la Sala ha sostenido que las disposiciones que establecen o
modifican elementos esenciales de los tributos -sujetos activo y pasivo, hechos
generadores y bases gravables- deben ser preexistentes al nacimiento de la
obligación, por lo que su aplicación no puede ser retroactiva, en virtud de los
principios de legalidad e irretroactividad22.

Al respecto, en un caso similar la Sala señaló:

“En el presente asunto, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, la
contribución especial a favor de la CREG y a cargo de los prestadores de la cadena de
combustibles líquidos es un tributo de periodo. Lo anterior, por cuanto la base gravable
de la contribución está determinada con fundamento en los costos y gastos del año
anterior a la fecha de liquidación del tributo. Es decir, la base gravable de la contribución
es el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, que es anual, por
lo que en los términos del artículo 338 de la Constitución Política, el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019, que entró a regir el 25 de mayo de 2019, debía aplicarse a partir del
período siguiente (año 2020).

20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
y del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, MP. Milton Chaves García.
21
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias de 27 de junio de 2019 y 29 de abril de 2020, expedientes 22421 y 24572,
respectivamente. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
22
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 15 de marzo de 2022, exp. 12439, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié,
y de 4 de febrero de 2010, exp. 17146, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

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Ahora bien, la resolución demandada estableció que para determinar la base gravable
aplicable a la vigencia 2020, es necesario remitirse a los costos y gastos del año 2019,
lo que implica liquidar la contribución con base en hechos correspondientes al mismo
periodo en el que se expidió la ley que reguló los elementos esenciales del tributo.

Sobre el particular, en un caso similar en el que se analizó la aplicación de una
contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Sala
señaló lo siguiente [Sentencia del 31 de marzo de 2022, exp. 23729, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto]:

“Las normas tributarias que regulan elementos esenciales de los tributos de
periodo, como la contribución a favor de la demandada, principian a regir a partir
del periodo siguiente a aquel en el cual se profieren, de manera que el artículo
371 de la Ley1819 de 2016 no podía aplicarse a hechos anteriores a ese año
ni a los que se desarrollaron durante el mismo, so pena de vulnerar las
normas constitucionales dirigidas a que los hechos formalizados
jurídicamente y en
curso al momento de expedirse una ley, no se vean afectados por los
cambios, en aras de la seguridad jurídica. Si así se hubiere interpretado el
artículo mencionado, el literal c) del artículo 4 de la Resolución demandada habría
comenzado a aplicarse en el año 2018 con base en los ingresos brutos del 2017,
en tanto periodo siguiente al de la promulgación de la Ley 1819 de 2016.” (Se
destaca).

En el presente asunto, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 dispuso de manera
general, sin referirse específicamente a algún periodo, que la base gravable de las
contribuciones está constituida por los costos y gastos depurados del año
inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación la contribución especial. Por
su parte, la resolución acusada tomó como base de la contribución en favor de la
CREG, hechos ocurridos durante el mismo periodo 2019, desconociendo el artículo
338 de la Constitución Política que obliga a aplicar la norma a partir
del periodo que comience después que empezó a regir la citada Ley 1955.

Por lo tanto, el acto administrativo demandado, mediante el que se señala la tarifa de la
contribución especial que deben pagar las personas prestadoras de la cadena de
combustibles líquidos sometidas a la regulación de la CREG en el año 2020, conlleva
la aplicación retroactiva del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. En consecuencia, la
norma demandada debe ser anulada”.

En el caso precitado, la Sala concluyó que la resolución demandada violó el principio
de irretroactividad, porque pretendía que la contribución correspondiente al año
2020 se liquidara con base en los hechos económicos correspondientes al año
2019, esto es, el mismo año de promulgación de la ley que le daba fundamento y,
por tanto, tomando como base un periodo que no había transcurrido en su totalidad
cuando se expidió el acto demandado.

En el presente caso, las resoluciones demandadas se refieren a la contribución
especial de la vigencia 2021, que se liquidó con los hechos económicos acaecidos
en el año 2020, con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Por consiguiente, aunque la Sección ha sostenido que las disposiciones que
establecen o modifican elementos esenciales de los tributos deben ser
preexistentes al nacimiento de la obligación, por lo que su aplicación no puede ser
retroactiva23, la Administración podía establecer la base gravable de la contribución
especial de la vigencia 2021 y liquidar el tributo a cargo de la sociedad demandante,
con base en la información financiera del año 2020, pues, por disposición de la
misma Corte Constitucional para la vigencia 2021 quedó en rigor el contenido
normativo original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a consecuencia de la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.

23
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 15 de marzo de 2022, exp. 12439, MP. Juan Ángel Palacio Hincapié y
de 4 de febrero de 2010, exp. 17146, MP. Martha Teresa Briceño de Valencia.

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En el examen de constitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, la Corte
Constitucional determinó que esta disposición desconoció los principios de
legalidad y certeza del tributo, al permitir el financiamiento de todos los gastos de
funcionamiento e inversión de los entes de regulación e inspección vigilancia y
control, en inobservancia del artículo 338 superior que permite únicamente la
fijación de la tarifa para la recuperación de los costos en que se incurra para la
prestación del servicio público; de manera que no estableció con precisión los
elementos esenciales del gravamen, ni definió el sistema y método para que el
sujeto activo pudiera definir la tarifa. Adicionalmente, constató una violación al
principio de reserva de ley, porque el artículo en comento viabilizaba una
reglamentación por parte del Gobierno Nacional para determinar elementos
esenciales del tributo.

Sin embargo, como ocurrió con los efectos de la sentencia C-147 de 2021 que
declaró la inconstitucional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 referente a la
contribución adicional creada a favor de la SSPD, cuyos efectos analizó esta
Sección en sentencia de 18 de abril de 202424, la Corte considero que los efectos
inmediatos y a futuro de la sentencia C-484 de 2020 que se profirió antes de la
causación de la contribución para el año 2021, se producirían a partir del período o
anualidad 2021, de manera que los sujetos activos del tributo no se encontrarían
en un escenario incierto, ya que tendría la plena vigencia del contenido normativo
original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para este periodo.

Por lo anterior, se concluye que la SSPD estaba habilitada para determinar la base
gravable de la contribución especial de la vigencia 2021 con los hechos económicos
correspondientes al año 2020, pues, para este año se entendía vigente el artículo
85 de la Ley 142 de 1994, en virtud de la dispuesto por la Corte Constitucional en
la sentencia C-484 de 2020 que dio efectos a la declaratoria de inexequibilidad del
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 a partir de 2021, con doble propósito: dejar a
salvo de los vicios de inconstitucionalidad la contribución correspondiente a la
vigencia 2020 que tenía sustento jurídico en dicho artículo 18 y avalar el cobro de
la contribución adicional del año 2021 con fundamento en el artículo 85 de la Ley
142 de 1994. En consecuencia, el cargo no prospera.

Costos de los servicios de control y vigilancia que presta la SSPD, a recuperar
vía contribución especial

La actora adujo que la Resolución 20211000355215 de 29 de julio de 2021 -acto
general- fue expedida con infracción del artículo 85.1 de la Ley 142 de 1994, al incluir
gastos de inversión entre los costos del servicio a recuperar vía contribución
especial, lo que incrementa injustificadamente el faltante presupuestal25, aunque
dicha disposición legal sólo permite incluir los gastos de funcionamiento de la
entidad.

Lo anterior, genera a su vez la nulidad de los actos particulares que liquidaron el
tributo en $2.244.663.000, pues, al excluirse los gastos de inversión del costo a
recuperar, el valor de la contribución, en su criterio, debe disminuir a
$1.796.984.554,3326, siendo procedente la devolución del valor pagado en exceso.

Por su parte, la entidad demandada aduce que el acto general está ajustado al
marco constitucional y legal, con descripción de los conceptos que integraron la
base gravable de la contribución para el año 2021, justificando la determinación del
faltante presupuestal conforme al parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994,

24
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 18 de abril de 2024, exp. 26656, MP. Milton Chaves García.
25
Fijado en el 31.16% porcentaje cuando, a su juicio debió ser tal 23.99%
26
Alegatos de Conclusión

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de manera que, aseguró, correspondía ampliar la base con los gastos operativos en
el monto indispensable para cubrirlo.

Sea lo primero aclarar que las partes no discuten si ante la existencia de un faltante
presupuestal, la demandada estaba facultada para ampliar la base gravable con
gastos operativos de los entes sometidos a control y vigilancia; así como tampoco
la adecuada motivación del acto general demandado frente a la determinación del
faltante y la ampliación de la base gravable. El debate se centra en la inclusión de
gastos de inversión entre los costos a recuperar vía contribución especial, costos
que deben determinarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 85.1 de la Ley 142
de 1994, y su incidencia sobre el valor del faltante presupuestal, del que constituye
parámetro de determinación, según lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 85 de
la misma ley.

Es pertinente mencionar que el artículo 338 constitucional establece que las
contribuciones que se cobren a los contribuyentes tienen como finalidad recuperar
los costos de los servicios que les presten o la participación en los beneficios que
les proporcionen; específicamente la contribución especial que se discute, tiene
como finalidad retribuir los costos del servicio de control y vigilancia que presta la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Para ello el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 establece, entre otras reglas, que los
costos de los servicios que presta la SSPD que pueden ser retribuidos a través de
la contribución especial, deben ser determinados teniendo «en cuenta todos los gastos
de funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el periodo
anual respectivo»27.

El concepto y regulación de los gastos de funcionamiento de la SSPD no
corresponde al contexto del sistema tributario, sino del sistema presupuestal
concebido «como herramienta de política gubernativa mediante la cual se asignan recursos y se
determinan gastos para cubrir los objetivos trazados en los planes de desarrollo económico y social
en un período determinado»28, cuyo marco está establecido en el Estatuto Orgánico de
Presupuesto29 con base en el cual se expide la ley anual sobre el presupuesto
general de la Nación que está compuesto por -artículo 11-: i) el presupuesto de rentas
que contiene la estimación de los ingresos corrientes de la Nación, las
contribuciones parafiscales administradas por órganos que hagan parte del
presupuesto, los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los
establecimientos públicos del orden nacional; ii) el presupuesto de gastos, que
comprende los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los
gastos de inversión -artículo 36-, y iii) las disposiciones generales orientadas a
asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación.

Para el período gravable objeto de análisis se aprobó el presupuesto de rentas y
recursos de capital mediante la Ley 2063 de 2020, que fue liquidado con el Decreto
1805 de 2020 que detalló las apropiaciones, clasificó y definió los gastos.

En el presupuesto de rentas y recursos de capital fijado en el artículo 1.° de la Ley
2063 de 2020 para la vigencia 2021, se reconocieron rentas a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, únicamente por concepto de ingresos corrientes
por valor de $725.726.626.879. Luego, en el artículo 2.° de la misma ley que
estableció el presupuesto de gastos, se realizaron apropiaciones por valor total de
$858.726.626.879 -tal como se señaló en el acto general acusado- compuestas por
aportes de la nación e ingresos corrientes, apropiando estos últimos para atender

27
Numeral 1° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
28
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia 23 de noviembre de 2017, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
29
Decreto 111 de 1996, «Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que
conforman el estatuto orgánico del presupuesto».

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gastos de funcionamiento por valor total de $835.192.626.879 y gastos de inversión
por valor de $23.534.000.000.

Luego, en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 1805 de 2020, la SSPD expidió
la Resolución SSPD – 20211000000045 del 4 de enero de 2021, mediante la cual
efectuó la desagregación y asignaciones internas del presupuesto para la vigencia
de 2021, señalando el detalle de los rubros de los gastos de funcionamiento y de
inversión asignados a las distintas dependencias.

Aunado a ello, a través de Resolución SSPD – 20211000013125 de 29 de marzo
de 2021, se efectuó un traslado en el presupuesto de funcionamiento de la Sección
032400, según se indicó en el acto general acusado, pero cuya constatación directa
no ha podido ser realizada debido a que copia de este acto no fue allegado al
expediente y, pese a ser un acto general, no fue publicado tal como se aduce en la
demanda y se ratifica en la contestación de la demanda.

A partir de las referidas disposiciones normativas (Ley 2159 de 2021, Decreto 1793 de
2021 y Resolución SSPD – 20211000013125 de 2021), es que el acto general acusado
que fijó la tarifa de la contribución especial para el año 2021, señaló las
apropiaciones presupuestales de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para la vigencia 2021 fueron establecidas por valor de
$858.726.626.879. Más adelante precisó que, de ese valor, se recaudaría por
contribución especial la suma de $148.694.794.129.

Nótese que, si bien la demandante no reprocha la inclusión de gastos de inversión
en el presupuesto de la SSPD aprobado para la vigencia de 2021 mediante la Ley
2063 de 2020, liquidado con el Decreto 1805 de 31 de diciembre de 2020 y
desagregado por Resolución SSPD – 20211000000045 del 4 de enero de 2021;
cierto es que el cuestionamiento frente al acto general demandado implicaría
examinar la legalidad del decreto y resolución aludidos, y sus antecedentes a fin de
determinar si en el presupuesto apropiado se determinó que los gastos de inversión
serían atendidos específicamente con los valores que se recaudarían vía
contribución especial.

Conforme a lo sostenido de manera reiterada por la Sala, se concluye que los
reproches de la demandante escapan al examen de legalidad de los actos que
determinaron la tarifa de la contribución especial de 2021 y de aquéllos que la
liquidaron a cargo de la demandante, dado que allí es que se determina que
ingresos del presupuesto de rentas serán utilizados para atender los gastos
apropiados.

En ese sentido, se reitera el criterio expuesto por la Sección en sentencia de 3 de
julio de 202530, frente a un asunto con similitud fáctica y jurídica -correspondiente a la
contribución especial de la vigencia 2022-, en el cual la demandante argumentó asuntos
referentes a la liquidación del presupuesto general de SSPD, que demostrarían que
el monto a recaudar vía contribución especial incluyó, en su entender, además de
los gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda; en que se
señaló que este tema escapaba al juicio de legalidad de los actos acusados «dado,
que, como se ha señalado en reiteradas oportunidades, el análisis de aspectos relacionados con el
presupuesto de las superintendencias, constituye un análisis ajeno al proceso de la referencia, pues
el objeto en litigio se limita a determinar la legalidad de actos administrativos de carácter general que
establecieron la base gravable de la contribución especial a cargo de las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios.»31

30
Exp. 27782, MP. Wilson Ramos Girón.
31
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 10 de octubre de 2019, exp. 22394, MP. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez; del 10 de mayo de 2018, exp. 22972, MP. Milton Cháves García; del 10 de febrero de 2022, exp. 25721, CP. Stella
Jeannette Carvajal Basto. Reiteradas en sentencia de 21 de marzo de 2024, exp. 28083, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Así las cosas, se desestima los cargos planteados respecto del acto general y los
actos de liquidación de la contribución a cargo de la sociedad actora, que se
analizaron de manera conjunta.

Falta de publicación del acto que dispuso un traslado presupuestal

La demandante sostiene que el acto general demando está viciado de nulidad por
falsa motivación, pues se fundamentó en la Resolución SSPD – 20211000013125
de 29 de marzo de 2021, que ordenó un traslado en el presupuesto de
funcionamiento de la SSPD del rubro «Fondo Empresarial» al rubro «Adquisiciones de
diferentes activos»32, pese a que dicha resolución era ineficaz por falta de publicidad.
A su juicio, ese traslado devino en el incremento de los gastos de funcionamiento a
solventar vía contribución especial -al pasar de $122.045.443.805 a $125.160.794.129-
. En esa línea, asegura que la validez de los actos particulares también se encuentra
comprometida, al basarse en el mismo acto que se tilda de ineficaz.

Al respecto, la demandante replica que el acto de traslado presupuestal no hace
parte del debate de este proceso por no haber sido demandado, aunado a que se
trata de un acto interno que no requiere de publicación por no estar llamado a
producir efectos frente a terceros y, en particular, no afecta directamente a la
sociedad actora.

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, un traslado
presupuestal es una operación que modifica el presupuesto, disminuyendo el monto
de una apropiación para aumentar la cantidad de otra partida. Puede realizarse
dentro de un mismo agregado de gasto -funcionamiento o inversión- sin alterar el
presupuesto general de la entidad, como ocurre en este caso.

Este tipo de traslados internos varían la destinación del gasto dentro de la misma
entidad -sección presupuestal-, afectando el anexo del decreto de liquidación del
presupuesto de la vigencia correspondiente33. Constituyen una herramienta de
ejecución presupuestal que permite al ordenador del gasto adecuar el presupuesto
ante necesidades no previstas en la etapa de programación.

Como se mencionó en acápite anterior, frente a los cuestionamientos sobre el
presupuesto de la entidad y su ejecución, esta Sección tiene un criterio pacífico
según el cual, constituye un análisis ajeno al presente al objeto del litigio en el
presente caso que se circunscribe a determinar la legalidad del acto administrativo
de carácter general que estableció la base gravable de la contribución especial y los
actos de liquidación de este tributo a cargo de la sociedad demandante. Asimismo,
ha indicado que «en lo relacionado con la ejecución del presupuesto asignado a la SSPD
corresponde a la autonomía presupuestal y la capacidad de ordenación del gasto que también está
condicionada por el cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto y las demás disposiciones
legales, de modo que tampoco es un asunto que haga parte del objeto del proceso […]»34.

Aunado a lo anterior, se tiene que el traslado presupuestal cuestionado es
irrelevante porque el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 establece que los costos del
servicio a recuperar vía contribución especial están constituidos por la totalidad de
gastos de funcionamiento incluidos en el presupuesto anual de la entidad, luego un
traslado interno, resulta inocuo frente a la determinación de los elementos de este
tributo.

Por lo anteriormente expuesto, el cargo no prospera.

32
Según se indica en la demanda.
33
Artículo 34 del Decreto 568 de 1996, reglamentario del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Corte Constitucional, sentencia
C-772-1998, M.P. Fabio Morón Diaz.
34
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 23 de abril de 2020, exp. 24299, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
Criterio reiterado en sentencia de 21 de marzo de 2024, exp. 28083, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Violación de los artículos 365 de la Constitución Política y 87 de la Ley 142 de
1994

La demandante aduce que las tarifas que remuneran las actividades ejecutadas por
el demandante no consideran el impacto del aumento de la carga impositiva de la
contribución especial entre 2019 y 2021 -del 380%-, lo que conlleva al
desconocimiento de los criterios de eficiencia económica y suficiencia financiera
previsto en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994. En efecto, las metodologías
tarifarias establecidas para la actividad de distribución de gas natural por redes y la
actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería a usuarios
regulados, mediante Resoluciones CREG 202 de 2013 y 011 de 2003,
respectivamente, impiden que los incrementos en el valor de la contribución especial
sean reconocidos y remunerados a través de la tarifa. En la contestación de la
demanda y su reforma, no se hace pronunciamiento expreso sobre este argumento.

Para la vigencia 2021 y en relación con las actividades desarrolladas por la sociedad
demandante, se tiene que los criterios generales para remunerar la actividad de
distribución de gas combustible por redes de tubería se encontraban establecidos
en la Resolución 202 de 18 de diciembre de 2013, mientras que los respectivos
criterios frente a la actividad de distribución y comercialización de gas combustible,
así como las fórmulas generales para la prestación del servicio público domiciliario
de distribución de gas combustible por redes de tubería, fueron regulados en la
Resolución 011 de 6 de marzo de 2003; ambas expedidas por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas.

Estas normas fueron proferidas de acuerdo con el Régimen de Servicios Públicos
Domiciliarios establecido en la Ley 142 de 1994, que constituyen el marco general
de referencia sobre las tarifas que remuneran la prestación de dichos servicios. En
efecto, el numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión
de Regulación de Energía y Gas la facultad de establecer las fórmulas para la
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Por su parte, el artículo 87 de dicha ley estableció que el régimen tarifario en los
servicios públicos domiciliario está orientado por los criterios de eficiencia
económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera,
simplicidad y transparencia; los cuales constituyen parte del fundamento de las
Resoluciones 202 de 2013 y 011 de 2003.

El desconocimiento de alguno de estos principios constituye un análisis ajeno al
proceso de la referencia, pues el objeto del debate se limita a determinar la legalidad
del acto administrativo de carácter general que establecieron la tarifa y base
gravable de la contribución especial a cargo de las empresas de servicios públicos
domiciliarios para la vigencia 2021, así como de aquéllos que liquidaron este tributo
a cargo de la sociedad demandante. En consecuencia, el cargo no prospera.

Condena en costas

No se condenará en costas de conformidad con el artículo 188 del PACA35, en
atención a que se ventila un interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

35
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

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14

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00009-00 (27470)
Demandante: Empresa Surtidora de Gas del Caribe S.A. - Surtigas S.A. E.S.P.

FALLA

1. Negar las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

Notifíquese y cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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