Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00108-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00108-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2023-00108-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
4 de junio de 2026
Radicado: 25000-23-37-000-2023-00108-01 (29554)
Demandante: Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2023-00108-01 (29554)
Demandante: Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD
Temas: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD
Contribución adicional para empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios – periodo 2021. Causación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 9 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.”
ANTECEDENTES
Actuación Administrativa
Mediante la Liquidación Adicional 20210000039936 del 5° de noviembre de 20213, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios determinó la contribución
adicional por la vigencia 2021 a cargo de la demandante, por valor de $935.393.000.
Contra dicho acto administrativo la parte actora interpuso el recurso de reposición y en
subsidio de apelación4, resueltos por la Resolución SSPD 20225300822105 del 12 de
septiembre de 2022 y la Resolución No SSPD 20235000146315 del 21 de febrero de
20235, respectivamente, en las cuales se confirmó Liquidación Adicional
20210000039936 del 5° de noviembre de 20216.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Pretensiones de la demanda y normas violadas
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones7:
“3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Liquidación Adicional No. 20210000039936 del 5 de noviembre de 2021, por medio de la cual la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con fundamento en el artículo 314 de la Ley
1
Ingresó al despacho el 23 de abril de 2025.
2
Samai Tribunal, índice 26, folios 1 a 39.
3
Samai Tribunal, índice 2 folios 1 a 168.
4
Samai Tribunal, índice 2 folios 1 a 168.
5
Samai Tribunal, índice 2 folios 1 a 168.
6
Samai Tribunal, índice 2 folios 1 a 168.
7
Samai Tribunal, índice 2, folios 1 a 168.
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Demandante: Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP
1955 de 2019 liquida y ordena a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. pagar
la suma de COP $935.393.000 por concepto de Contribución Adicional (Gas Natural),
correspondiente a la vigencia 2021.
• Resolución No. SSPD – 20225300822105 del 12 de septiembre de 2022 mediante la cual se resolvió
el recurso de reposición interpuesto por TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.
E.S.P., el 13 de diciembre de 2021, confirmando el contenido de la Liquidación Adicional No.
20210000039936 del 5 de noviembre de 2021.
• Resolución No. SSPD – 20235000146315 del 21 de febrero de 2023 mediante la cual se resuelve el
recurso de apelación interpuesto por TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.,
confirmando el contenido de la Liquidación Adicional No. 20210000039936 del 5 de noviembre de
2021.
3.2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare que
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., no está obligada a pagar la contribución
adicional correspondiente al año 2021 de que trata el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, determinada
con ocasión de la Liquidación Adicional SSPD No. 20210000039936 del 5 de noviembre de 2021,
confirmada mediante la Resolución No. SSPD – 20225300800105 del 12 de septiembre de 2022 y la
Resolución No. SSPD – 20235000146315 del 21 de febrero de 2023.”
Invocó como vulnerados los artículos 4, 6, 29, 95 – 9, 150, 243, 338 y 363 de la
Constitución Política, artículo 683 del Estatuto Tributario y los artículos 3, 43, 91 y 37
del CPACA.
Concepto de violación y oposición
En la demanda se formuló motivo de inconformidad con base en los cargos que se
exponen adelante, y en la contestación la parte demandada ejerció el derecho de
contradicción así:
Primer cargo: Nulidad de los actos administrativos demandados, por infracción de las
normas en que debían fundarse, en particular de los artículos 95-9, 150, 338 y 363 de
la Constitución Política y del artículo 683 del Estatuto Tributario, por desconocimiento
de los principios de legalidad, certeza, equidad, justicia tributaria y no confiscatoriedad,
ante la falta de definición de los elementos estructurales de la contribución adicional.
1. La demandante sostiene que los actos administrativos demandados vulneran los
principios de legalidad, certeza, equidad, justicia tributaria y no confiscatoriedad, lo que
vicia de nulidad las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
En primer lugar, señala que se desconoce el principio de legalidad previsto en el
artículo 338 de la Constitución Política, en la medida en que la contribución adicional
carece de una determinación clara de sus elementos esenciales, debido a que la
normativa aplicable no define suficientemente el hecho generador, la base gravable ni
los criterios para la determinación de la tarifa. Tal indeterminación vulnera, a su vez, el
principio de certeza tributaria, al impedir que el contribuyente conozca anticipadamente
el alcance de sus obligaciones tributarias.
Así mismo, sostiene que las contribuciones deben destinarse a la recuperación de los
costos asociados a las funciones de la entidad, por lo que, la contribución adicional
desnaturaliza la finalidad propia de las contribuciones, pues su recaudo se orienta a
financiar el Fondo Empresarial de la SSPD, destinado al apoyo de empresas de
servicios públicos domiciliarios sometidas a toma de posesión.
De igual forma, argumenta que la carga impuesta resulta desproporcionada frente a la
capacidad económica del contribuyente y no guarda relación razonable con los costos
de las funciones de inspección, vigilancia y control que se pretende financiar. Añade,
que existe una duplicidad impositiva, debido a que la contribución adicional reproduce
los mismos elementos estructurales de la contribución especial respecto del mismo
sujeto pasivo y sobre la misma base gravable, aunque con una destinación específica.
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Finalmente, alega la vulneración del principio de no confiscatoriedad, al considerar que
el monto exigido excede los límites de la potestad tributaria, y afecta significativamente
el patrimonio del contribuyente, sin una justificación de su finalidad y proporcionalidad.
Añade que no existe una situación jurídica consolidada, dado que la Liquidación
Adicional continúa en discusión.
2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios defendió la legalidad
de los actos demandados, al sostener que fueron expedidos en cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales, así como del debido proceso y del principio
de legalidad, por lo que no se configura la vulneración de los principios alegados por
la demandante.
En ese sentido, afirmó que la contribución adicional fue liquidada con fundamento en
normas vigentes y amparadas por la presunción de legalidad, especialmente el artículo
314 de la Ley 1955 de 2019 y su desarrollo reglamentario, aplicables para el año 2021.
Precisó que la controversia no radica en una supuesta indeterminación de los
elementos del tributo, sino en establecer si la administración se encontraba facultada
para aplicar el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 durante su vigencia. Sobre el
particular, sostuvo que las Sentencias C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021
proferidas por la Corte Constitucional, no implicaron la inaplicación inmediata de la
norma, debido a que los efectos de inexequibilidad fueron diferidos, y se preservaron
las situaciones jurídicas consolidadas correspondientes al periodo gravable 2021.
En consecuencia, concluye que la contribución adicional fue causada y liquidada con
fundamento en una norma vigente para el periodo correspondiente, lo que implica, que
no se vulneraron los principios de legalidad, certeza, equidad y justicia tributaria
alegados por el demandante.
Segundo cargo: Violación del artículo 4 de la Constitución Política. Excepción de
inconstitucionalidad.
1. La demandante sostiene que los actos administrativos demandados vulneraron
disposiciones constitucionales, por lo que resultaba procedente la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Constitución Política,
la cual no fue aplicada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Reconoce que, mediante la sentencia C – 464 de 2020, la Corte Constitucional declaró
la inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, y difirió los efectos de la
decisión hasta el 1 de enero de 2023, permitiendo la aplicación temporal de la
contribución adicional entre el 2 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. No
obstante, sostiene que ello no eximía a la SSPD del deber de inaplicar la norma, debido
a que la disposición desconocía los principios constitucionales previamente expuestos,
evidenciado una incompatibilidad con la Constitución.
En ese sentido, afirma que la contribución adicional liquidada para el año 2021 se
fundamentó en una disposición declarada inexequible y expulsada del ordenamiento
jurídico, por lo cual, solicita se declare probada la excepción de inconstitucionalidad,
al considerar que su aplicación implica una vulneración directa de la Constitución
Política.
2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aunque no se
pronunció expresamente sobre la excepción de inconstitucionalidad, sostuvo a lo largo
de la contestación de la demanda que actuó conforme al ordenamiento jurídico vigente,
debido a que el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 continuaba produciendo efectos
para la vigencia 2021, pese a su declaratoria de inexequibilidad, debido a que la Corte
Constitucional difirió los efectos de dicha decisión hasta el 1 de enero de 2023.
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Señaló que las sentencia C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021 garantizaron
la aplicación del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 y reconocieron la existencia de
situación jurídicas consolidadas, dentro de las cuales se encuentran las contribuciones
causadas en los años 2020 y 2021, las cuales podían ser exigidas válidamente por la
administración.
En consecuencia, de su argumentación se concluye que no existía incompatibilidad
entre la norma aplicada y la Constitución, debido a que la propia Corte Constitucional
permitió que el tributo continuara produciendo efectos durante el periodo 2021.
Tercer cargo: Nulidad de los actos administrativos de la falsa motivación. Violación
de los artículos 4, 6, 29 y 243 de la Constitución Política y 3, 42, 91 y 137 del CPACA.
Expedición de los actos administrativos con desconocimiento del mandato
constitucional.
1. La demandante afirma que los actos administrativos demandados se encuentran
viciados de falsa motivación, debido a que fueron expedidos con fundamento en
supuestos fácticos y jurídicos que no corresponden a la realidad normativa vigente,
desconociendo el mandato constitucional y legal que rige la actuación administrativa.
Sostiene que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fundamentó la
liquidación de la contribución adicional en una disposición que carecía de validez
constitucional y jurídica, lo que desvirtúa la motivación del acto y evidencia la ausencia
de un soporte real y válido. Por lo que, dicha actuación vulnera los artículos 4 y 243 de
la Constitución Política, al desconocer la supremacía constitucional y los efectos
obligatorios de la declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional,
insistiendo en aplicar una norma expulsada del ordenamiento jurídico.
Así mismo, considera vulnerados los artículos 6 y 29 de la Constitución Política, debido
a que la SSPD actuó por fuera del marco de sus competencias y sin observar las
garantías del debido proceso, al imponer una obligación tributaria sin sustento
constitucional y legal.
Finalmente, insiste que también se infringieron los artículos 3, 42 y 91 del CPACA,
debido a que los actos demandados carecen de una motivación jurídica válida y
desconocen los principios de legalidad, razonabilidad y sujeción al ordenamiento
jurídico, por lo cual, solicita su declaratoria de nulidad.
2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sostuvo que los actos
administrativos demandados no se encuentran viciados de falsa motivación, debido a
que fueron expedidos con fundamento en hechos ciertos y en normas jurídicas
vigentes y aplicables al caso en concreto.
Por lo anterior, afirmó que la Liquidación Adicional se fundamentó en el artículo 314
de la Ley 1955 de 2019 y en las disposiciones reglamentarias que definieron los
elementos de la contribución adicional para el 2021, normas que se encontraban
vigentes y amparadas por la presunción de legalidad al momento de la expedición de
los actos demandados. Precisó que la Corte Constitucional, mediante las sentencias
C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021, difirió los efectos de la inexequibilidad
y permitió que la norma continuara produciendo efectos jurídicos durante los años
2020 y 2021.
Así mismo, sostuvo que los actos administrativos contienen una motivación suficiente,
en tanto que exponen los fundamentos fácticos y normativos que sustentaron la
liquidación de la contribución adicional, sin desconocer la Constitución Política ni el
CPACA.
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Cuarto cargo: Nulidad por falta de motivación de la Liquidación Adicional por violación
de los artículos 6 y 29 de la Constitución Nacional, y 3 y 42 del CPACA. Violación del
derecho al debido proceso.
1. La demandante, señala que la Liquidación adicional se encuentra viciada de nulidad
por falta de motivación y por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso, en
desconocimiento de los artículos 6 y 29 de la Constitución Política y de los artículos 3
y 42 del CPACA.
En relación con la falta de motivación, afirma que el acto administrativo no expone de
manera clara, suficiente e individualizada los fundamentos fácticos y jurídicos que
fundamentan la obligación tributaria impuesta, particularmente la determinación de la
base gravable y el monto a pagar. En ese orden de ideas, señala que dicha deficiencia
incide directamente en la violación del debido proceso, al privar al contribuyente de la
posibilidad de conocer los elementos que estructuran la obligación tributaria, afectando
el ejercicio del derecho de defensa y contradicción frente al acto administrativo.
2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se pronunció
expresamente frente a este cargo de nulidad en la contestación de la demanda.
Quinto cargo: Pérdida de competencia temporal. Falta de competencia temporal.
1. La demandante afirma que las resoluciones que resolvieron los recursos de
reposición y apelación se encuentran viciadas de nulidad por falta de competencia
temporal, debido a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las
profirió una vez vencido el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley 1437 de
2011.
Señala que la competencia administrativa no solo se delimita por los factores material
y funcional sino también por el temporal, por lo que, vencido el término legal para
resolver los recursos de reposición y en subsidio de apelación, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios perdió competencia para actuar. En ese sentido,
afirma que los actos que resolvieron dichos recursos fueron expedidos por fuera del
plazo legalmente previsto, se encuentran viciados de nulidad al desconocer los límites
temporales para el ejercicio de la potestad administrativa y sin competencia por parte
de la autoridad competente.
2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se pronunció
expresamente frente a este cargo de nulidad en la contestación de la demanda.
SENTENCIA APELADA Y OBJECIONES FORMULADAS EN EL RECURSO DE
APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda8 con fundamento en las
consideraciones que se exponen más adelante. A su vez, la parte demandante apeló9
la decisión del a quo expresando sendos reproches que también se enlistan a
continuación.
1. El Tribunal concluyó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
se encontraba facultada para liquidar y cobrar la contribución adicional prevista en el
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 correspondiente al año 2021.
Para llegar a dicha conclusión, analizó el marco normativo de la contribución especial
consagrada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y precisó que se trata de un tributo
de naturaleza parafiscal orientado a la recuperación de los costos de inspección,
vigilancia y control, cuyos elementos estructurales fueron definidos por el legislador
8
Samai Tribunal, índice 26, folios 1 a 39.
9
Samai Tribunal, índice 30, folios 1 a 15.
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conforme al artículo 338 de la Constitución Política. En ese contexto, señaló que la
contribución adicional establecida en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, reproduce
dichos elementos, en particular la base gravable prevista en el citado artículo 85.
En cuanto a la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la ley 1955
de 2019, proferidas en las sentencias C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021,
el Tribunal concluyó que la Corte Constitucional difirió los efectos de la inexequibilidad,
de manera que las disposiciones continuaron produciendo efectos jurídicos durante
los años 2020 y 2021. En consecuencia, consideró que la contribución adicional del
año 2021 se causó válidamente, debido a que se trata de un tributo de periodo cuya
causación se produce el 1 de enero de cada año y cuya base se determina con
fundamento en los costos y gastos del año inmediatamente anterior, periodo en el cual
la norma se encontraba vigente.
Así mismo, precisó que la inexistencia de una situación jurídica consolidada no
conllevaba a la ilegalidad de los actos demandados, toda vez que la contribución fue
causada bajo una norma vigente al momento de los hechos. De esta manera,
determinó que la SSPD actuó conforme al ordenamiento jurídico al establecer la base
gravable, incluyendo los gastos autorizados en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley
142 de 1994, ante la acreditación de un faltante presupuestal.
De igual forma, consideró improcedente la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, al no advertir una incompatibilidad manifiesta entre la norma
aplicada y la Constitución. Adicionalmente, descartó la configuración de los vicios de
falsa motivación y de violación del debido proceso, al establecer que los actos
administrativos se encontraban debidamente motivados y permitían al contribuyente
conocer los elementos esenciales del tributo.
Finalmente, en relación con el cargo por falta de competencia temporal, indicó que, si
bien los recursos fueron resueltos por fuera del término dispuesto en el artículo 86 del
CPACA, dicho plazo no tiene carácter preclusivo, razón por la cual, su incumplimiento
no genera la nulidad de los actos administrativos.
Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal concluyó que los actos administrativos no
se encontraban viciados de nulidad y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda.
2. La demandante frente a la decisión adoptada en primera instancia, solicitó su
revocatoria, y, en su lugar, que se acceda a las pretensiones de la demanda, al
considerar que el Tribunal incurrió en errores de valoración jurídica al desconocer el
ordenamiento constitucional, legal y la jurisprudencia aplicable.
En particular, sostuvo que la sentencia apelada mantuvo indebidamente la legalidad
de los actos administrativos fundamentados en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019
pese a su expulsión del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional. En ese
sentido, reiteró que no era jurídicamente admisible exigir el pago de un tributo
sustentado en una disposición inexequible, y que, por ende, el Tribunal debió aplicar
la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Constitución Política.
Por otra parte, cuestionó la decisión en lo relativo a la inexistencia de una situación
jurídica consolidada, al considerar que resulta contradictorio reconocer dicha
circunstancia y, aun así, mantener la legalidad de los actos demandados, pese a que
su legalidad se encuentra en discusión en sede judicial. Afirmó, que el a quo confundió
los conceptos de causación, exigibilidad y situación jurídica consolidada.
Así mismo, reiteró la vulneración de los principios de legalidad, certeza, justicia y
equidad tributaria, en la media en que la contribución adicional, a su juicio, no responde
a la finalidad constitucional de recuperación de costos del servicio, sino al
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financiamiento del Fondo Empresarial de la SSPD, lo que, en su criterio, desnaturaliza
el tributo e implica una carga desproporcionada para el contribuyente.
Adicionalmente, insistió en que los actos administrativos se encuentran viciados de
falta de motivación, al no contener una explicación clara, suficiente e individualizada
de los elementos que permitieron determinar el monto de la contribución, afectando
con ello el ejercicio del derecho de defensa.
Finalmente, alegó la vulneración del debido proceso por falta de competencia
temporal, al considerar que la SSPD resolvió los recursos por fuera del término previsto
en el artículo 86 del CPACA, lo cual generó la pérdida de competencia para decidir.
Además, invocó sentencias en las que se anularon actos administrativos similares,
para sostener que la decisión de primera instancia se apartó de la línea jurisprudencial
vigente.
PRONUNCIAMIENTOS FINALES DE LAS PARTES
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el magistrado Luis
Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente
proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 2 del
artículo 141 del Código General del Proceso10. Mediante el auto del 3 de abril de 202511
se declaró fundado el impedimento y se le separó del conocimiento del presente
proceso.
PROBLEMAS JURÍDICOS
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante,
conforme lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del CGP, le corresponde a la Sala
resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Resulta procedente, en el caso concreto, la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad respecto del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, en
atención a que dicha disposición fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-147 de 2021, de manera que su aplicación para
efectos de liquidar la contribución adicional implicaría la reproducción material
de una norma retirada del ordenamiento jurídico, así como el eventual
desconocimiento de la finalidad de recuperación de los costos del servicio de
inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, en presunta contravención de los artículos 150, 338 y
363 de la Constitución Política?
(ii) ¿Se equivocó el Tribunal al declarar la legalidad de los actos administrativos
demandados, pese a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 314 del la
Ley 1955 de 2019, y la inexistencia de una situación jurídica consolidada,
teniendo en cuenta los efectos temporales fijados por la Corte Constitucional?
(iii) ¿Vulneran los actos administrativos demandados los principios de legalidad,
certeza y justicia tributaria, en la medida en que la base gravable y la destinación
de la contribución adicional no corresponderían a la recuperación de costos del
servicio, sino al financiamiento del Fondo Empresarial de la SSPD?
10
Samai CE, índice 05.
11
Samai CE, índice 12.
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(iv) ¿Se configuró la causal de nulidad de falta de motivación, al no contener los
actos administrativos una aplicación, clara, suficiente e individualizada de la
base gravable y de los elementos que determinaron el monto de la contribución
adicional?
(v) ¿Vulneró la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el derecho al
debido proceso al resolver los recursos de reposición y apelación por fuera del
término previsto en el artículo 86 del CPACA, y de ser así, si dicha circunstancia
conlleva la nulidad de los actos administrativos por pérdida de competencia
temporal?
Análisis del caso concreto
1. Efectos de la inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.
La parte demandante solicita inaplicar, por vía de excepción de inconstitucionalidad, el
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, al considerar que dicha disposición reproduce
materialmente una norma declarada inexequible, y permite un recaudo que excede la
finalidad de la recuperación de los costos del servicio de inspección, vigilancia y control
prestado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en contravía de
lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política. Así mismo, sostiene que no
se configuró una situación jurídica consolidada, debido a que la Liquidación Adicional
fue controvertida en sede administrativa y judicial, y que no resulta jurídicamente
admisible equiparar la causación del tributo con su exigibilidad.
Adicionalmente, afirma que la contribución adicional no tiene como finalidad exclusiva
cubrir los costos del servicio prestados por el Estado, sino financiar el Fondo
Empresarial de la SSPD, lo cual, en su criterio, vulnera los principios de legalidad,
certeza, no confiscatoriedad y justicia tributaria.
En atención a lo anterior, la Sala abordará de manera conjunta los cargos de apelación
relacionados con la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad, la alegada
inexistencia de una situación jurídica consolidada y la presunta vulneración de
principios constitucionales, dado que se encuentran estrechamente vinculados.
Al respecto, el artículo 4 de la Constitución Política consagra el principio de supremacía
constitucional, en virtud del cual esta es norma de normas y, en caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra disposición jurídica, deben
aplicarse de manera preferente las disposiciones constitucionales. De esta previsión
se deriva la excepción de inconstitucionalidad, como mecanismo que faculta a los
operadores jurídicos para inaplicar, en el caso concreto, normas de inferior jerarquía
que resulten manifiestamente contrarias a la Constitución, sin afectar su vigencia en el
ordenamiento jurídico.
La jurisprudencia constitucional y de esta Corporación ha precisado que la procedencia
de dicha excepción exige que la contradicción entre la norma legal y la Constitución
sea manifiesta, palmaria, flagrante y ostensible, de tal suerte que el antagonismo
resulte evidente para el intérprete, sin necesidad de acudir a elaboraciones jurídicas
complejas12. Ahora bien, aunque en este caso la violación pueda lucir manifiesta,
palmaria, flagrante y ostensible, el asunto es que no es jurídicamente posible, por vía
de excepción, desconocer el efecto expresamente modulado por la Corte
Constitucional del fallo de inexequibilidad. En efecto, como adelante se analiza en
detalle, es claro que la Corte Constitucional definió expresamente que los artículos que
se retiraban no afectaban la contribución causada a 1 de enero de 2021. Siendo así
de claro y expreso el designio de la alta corporación, no es dable que el juez natural,
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 3 de julio de 2013, exp. 19030, C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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que conoce la causa particular, inaplique por inconstitucional el fundamento normativo
de la contribución que se causó al amparo del fallo modulado referido.
Ahora bien, en el asunto objeto de análisis, se advierte que el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019 creó la contribución adicional a partir del 1.º de enero de 2020 y hasta
el 31 de diciembre de 2022, la cual se cobraba a favor del Fondo Empresarial de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Dicha disposición fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C– 464 de 2020, por violación
de unidad de materia legislativa.
Posteriormente mediante Sentencia C – 147 de 2021, la Corte Constitucional, al
considerar que la contribución adicional desconocía, entre otros aspectos, la finalidad
prevista en el artículo 338 de la Constitución Política, en tanto los recursos recaudados
se destinaban al Fondo Empresarial y no guardaban relación directa con el servicio
prestado por la SSPD, decidió declarar inexequible el artículo 314 mencionado de
forma inmediata, pero dejando a salvo las contribuciones causadas antes de la
sentencia de inexequibilidad, permitiendo su exigibilidad pese a la expulsión de
la norma del ordenamiento jurídico. En palabras de la Corte:
“76. La regla general son los efectos hacia el futuro o ex nunc de la declaratoria de
inexequibilidad. Esta postura se sustenta en la necesidad de proteger principios como la
seguridad jurídica o la buena fe, puesto que, hasta ese momento, la norma gozaba de
presunción de constitucionalidad y, por ello, sería legítimo asumir que los ciudadanos
orientaron su comportamiento confiado en la validez de aquella. De esta manera, las
contribuciones que ya se hayan causado conforme a la ley, con anterioridad a la fecha de
esta sentencia, podrán ser cobradas, independientemente del procedimiento establecido
en la ley para su liquidación y pago”.
Así mismo, la Corte señaló en la consideración 61 de la sentencia C-147 de 2021 que
el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 fijó la causación del tributo el “1 de enero de cada
año gravable, durante la temporalidad definida en la norma”.
Con fundamento en lo anterior, esta Sección reitera lo expresado en la sentencia del
18 de abril de 202413, en la cual se negó la nulidad de la Resolución 20211000566545
de 8 de agosto de 2021, mediante la cual la SSPD reguló la liquidación de la
contribución adicional del año 2021. En esa oportunidad, la Sala concluyó que “aunque
la resolución demandada fue expedida con posterioridad a la sentencia C-147 de 2021, la administración
podía adelantar el cobro de la contribución adicional del año 2021, cuya base de liquidación se
determina con base en hechos, costos y gastos correspondientes al año 2020, año para el cual era
aplicable el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 por disposición de la misma Corte Constitucional, y por
lo tanto, era plenamente competente para expedir los actos necesarios para ello”.
En esa misma línea, la Sala reiterará el criterio adoptado en las sentencias del 9 de
mayo de 2024 (Exp. 26228 y 26256 acumulados)14, del 24 de agosto de 2023 (Exp.
25961)15, del 23 de octubre de 2025 (Exp. 29703)16 y del 5 de marzo de 2026 (Exp.
27470)17.
Así las cosas, conforme la jurisprudencia constitucional y de esta Corporación, es
procedente que la SSPD adelante el cobro de la contribución adicional por el año 2021,
como ocurrió en este caso, pese a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma
que la consagraba, en atención a los efectos expresamente determinados por la Corte
Constitucional.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 18 de abril de 2024, Exp. 11001-03-
24-000-2022-00097-00 (26656), C.P. Milton Chaves García.
14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de mayo de 2024, Exp. 11001-03-27-000-2021-00093-00 (26228),
acumulado con Exp. 11001-03-27-000-2021-00097-00 (26256), C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 24 de agosto de 2023, Exp. 11001-
03-27-000-2021-00081-00 (25961), C.P. Milton Chaves García.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de octubre de 2025, Exp. 25000-
23-37-000-2023-00089-01 (29703), C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 5 de marzo de 2026, Exp. 11001-
03-27-000-2023-00009-00 (27470), C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
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Al respecto, la Sala precisa que la causación del tributo y su exigibilidad corresponden
a momentos jurídicos distintos. Mientras la causación, tratándose de tributos de
periodo, ocurre el 1 de enero de la respectiva vigencia, la exigibilidad de la obligación,
en este caso, deriva de los efectos temporales fijados por la Corte Constitucional en la
declaratoria de inexequibilidad, que preservaron expresamente la posibilidad de
recaudar las contribuciones ya causadas.
En consecuencia, el hecho de que la demandante hubiera controvertido la Liquidación
Adicional en sede administrativa y judicial no desvirtúa la causación del tributo ni
impide su exigibilidad. Por consiguiente, si bien no se configura una situación jurídica
consolida en la medida en que la obligación se encuentra en discusión, ello no conlleva
a la nulidad de los actos administrativos demandados. La razón expresa, para este
caso en particular, obedece a que, al momento de la causación (1 de enero), la norma
en cuestión se encontraba revestida de la presunción de constitucionalidad, la cual
fue expresamente amparada por la Corte Constitucional al modular su fallo18.
En relación con el argumento según el cual la contribución adicional no estaría
destinada a la recuperación de los costos del servicio, sino al financiamiento del Fondo
Empresarial de la SSPD, la Sala advierte que no procede realizar análisis, en cuanto
dicha consideración fue precisamente uno de los fundamentos que llevaron a la Corte
Constitucional, en la sentencia C – 147 de 2021, a declarar la inexequibilidad del
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, al estimar que la destinación del tributo no se
ajustaba a lo previsto en el artículo 338 de la Constitución Política. No obstante, no
importa la validez del argumento, se torna irrelevante para resolver el asunto, bajo las
consideraciones ya expresadas relativas a los expresos efectos del fallo de la Corte
Constitucional sobre la materia, ya referidos.
De otra parte, la Sala advierte que el precedente invocado por la demandante no
resulta aplicable al caso concreto, en la medida en que se refiere a la contribución
especial prevista en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 para una vigencia distinta,
mientras que en el sub examine se analiza la contribución adicional regulada en el
artículo 314 ibídem para el año 2021.
En consecuencia, los motivos de apelación analizados no están llamados a prosperar.
2. Falta de motivación.
La apelante sostuvo que el a quo no valoró adecuadamente los actos administrativos
demandados, debido a que estos no exponen de manera detallada la conformación de
la base gravable ni los factores que permiten determinar con certeza las razones del
cobro. A su juicio, la administración se limitó a incluir referencias generales, sin detallar
suficientemente los conceptos o criterios utilizados para determinar el monto de la
contribución adicional.
Al respecto, esta Sección19 ha señalado que la causa o motivo es el elemento del acto
administrativo que se estructura a partir del conocimiento, consideración y valoración
que la Administración realiza de los hechos y fundamentos de derecho que inducen a
su expedición. De esta forma, «se presenta la falta de motivación cuando la Administración
prescinde de la motivación que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que
inspiraron la producción de estos, impidiendo al particular ejercer su derecho de defensa y
contradicción».
18 Se advierte que se deja a salvo el análisis de los efectos de los fallos de inconstitucionalidad sobre tributos
causados en vigencia de una norma revestida de la presunción de legalidad, no consolidados, en lo que tiene que
ver con la fiscalización, determinación y cobro que se surte cuando la norma ya ha sido expulsada del
ordenamiento. Esto, por cuanto tal análisis depende exclusivamente de la parte resolutiva del fallo de la Corte
Constitucional y la ratio decidendi.
19 Sentencia del 11 de marzo de 2021, exp.23976, reiterada en las sentencias del 12 de mayo de 2022, exp.26008, y del 8 de
febrero de 2024, exp. 28027, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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Precisado lo anterior, la Sección observa que la liquidación adicional demandada20 sí
expuso las disposiciones normativas que sirvieron de fundamento para el cálculo del
tributo, en la medida de que:
• Identificó expresamente las normas aplicables, entre ellas, el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994, al artículo 8 (numeral 5) del Decreto 1369 de 2020 y a la
Resolución 20211000355215 de 29 de julio de 2021, mediante la cual se fijaron
la tarifa, la base gravable y el procedimiento de liquidación y recaudo del tributo.
• Explicó que las apropiaciones presupuestales para la vigencia 2021 se
establecieron mediante la Ley 2063 de 2020, el Decreto 1805 de 2020 y la
Resolución 20211000013125 de 29 de marzo de 2021.
• Indicó y acreditó que se presentó un faltante presupuestal y que, por tal razón,
era necesario ampliar la base gravable del tributo en los términos del parágrafo
2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
• En consecuencia, la base gravable de la contribución adicional es la
determinada por el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, vigente para el año 2021,
que se encuentra conformada por los gastos de funcionamiento asociados al
servicio sometido a regulación del sujeto pasivo, en este caso, el servicio de
gas.
• Teniendo en cuenta que se acreditó la existencia de un faltante presupuestal,
se integró la base gravable con el 31,16% de los gastos operativos,
correspondiente al gasto de gas de combustible.
Con fundamento en los anteriores elementos, la SSPD realizó el cálculo de la
Liquidación Adicional a cargo de la demandante. Todo lo anterior quedó debidamente
acreditado en el acto de liquidación del tributo, y en los actos posteriores la entidad
procedió a pronunciarse sobre los reparos formulados por la sociedad demandante.
En ese sentido, se advierte que la motivación del acto administrativo no fue
simplemente formal o aparente, sino por el contrario material y sustancial, en la medida
en que expuso de manera concreta los elementos que dieron lugar a la determinación
de la obligación tributaria. Ello permitió a la demandante comprender el alcance del
acto administrativo y ejercer efectivamente su derecho de contradicción, incluyendo la
posibilidad de cuestionar la conformación de la base gravable y el cálculo del tributo,
como en efecto ocurrió en sede administrativa y en el presente proceso.
En consecuencia, la Sala concluye que la SSPD expuso de manera suficiente y clara
los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaron la liquidación de la contribución
adicional, razón por la cual no se configuró la causal de falta de motivación alegada
por la apelante. Por lo tanto, el cargo de apelación no prospera.
3. Vulneración al debido proceso al resolverse los recursos de reposición y
apelación por fuera del término previsto en el artículo 86 del CPACA.
Finalmente, la parte demandante sostiene que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios carecía de competencia temporal para proferir las resoluciones
mediante las cuales decidió los recursos de reposición y apelación, en razón a que
dichas decisiones fueron adoptadas por fuera del término de dos (2) meses previstos
en el artículo 86 del CPACA.
20 Samai Tribunal, índice 2 folios 1 a 168.
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Esta Corporación, en sentencia del 29 de octubre de 2009 (Exp. 16482) 21, ha
establecido que los plazos pueden clasificarse en dos categorías: (i) los preclusivos,
cuyo vencimiento implica la pérdida de oportunidad para ejercer una competencia,
facultad o derecho; y (ii) los perentorios, cuya finalidad es agilizar la adopción de
decisiones o el ejercicio de facultades. En estos últimos, aunque el término haya
expirado, la decisión correspondiente conserva validez y eficacia, salvo que el
legislador haya dispuesto expresamente la preclusión del término, en el sentido de que
la administración pierda competencia para decidir y en su lugar, surja un acto ficto o
presunto favorable al administrado.
Al respecto, la Sala precisa que el artículo 86 del CPACA dispone que, transcurridos
2 meses desde la interposición de los recursos sin que se haya notificado decisión
expresa, se configura el silencio administrativo negativo. No obstante, la ocurrencia de
este no exime a la administración de su deber, ni le impide resolver los recursos
interpuestos, siempre que no se haya notificado el auto admisorio de la demanda
cuando el administrado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en los siguientes términos:
“Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el
artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a
partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se
haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es
negativa.
El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la
autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se
hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya
acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” (negrilla de
la Sala)
En ese sentido, el silencio administrativo negativo opera como una garantía para el
administrado frente a la inactividad de la administración e implica la consolidación de
una decisión administrativa. Sin embargo, por disposición expresa del legislador, la
administración sigue conservando su competencia para resolver los recursos
interpuestos, siempre que no se haya proferido auto admisorio de la demanda, si el
interesado acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Al respecto, se destacan, los pronunciamientos del Consejo de Estado en las
sentencias del 14 de octubre de 1999 (Exp. 13076)22, 17 de junio de 2004, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado (Exp. 13272)23.De igual manera, se resalta la sentencia
del 16 de febrero de 2023 (Exp 26856)24, reiteró que la ocurrencia del silencio
administrativo negativo no exime a la autoridad de resolver el recurso, mientras no se
haya notificado el auto admisorio de la demanda:
“Ahora, el artículo 86 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo indica que el silencio administrativo negativo en recursos operará luego
de transcurridos 2 meses. Empero, precisa que la ocurrencia de esta figura no
exime a la autoridad de resolver el recurso, siempre que no se le haya notificado
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 29 de octubre de 2009, Exp. 25000-
23-27-000-2004-92213-01 (16482), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de octubre de 1999, Exp. 13076,
C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 17 de junio de 2004, Exp. 25000-
23-27-000-1999-00212-01 (13272), C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 16 de febrero de 2023, Exp. 76001-
23-33-000-2015-01622-01 (26856), C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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auto admisorio de la demanda interpuesta por el interesado ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. (…).” (Negrilla de la Sala)
En el caso concreto, se observa que la demandante interpuso recurso de reposición y,
en subsidio de apelación el 13 de diciembre de 2021 en contra la Liquidación Adicional
F.E. No. 20210000039936 de 5 de noviembre de 2021. No obstante, las resoluciones
que decidieron dichos recursos fueron expedidas el 12 de septiembre de 2022 y el 21
de febrero de 2023, respectivamente, es decir, por fuera del término previsto en el
artículo 86 del CPACA.
Por lo tanto, teniendo en cuenta los precedentes citados anteriormente, el término
establecido en el artículo 86 del CPACA tiene carácter perentorio, de modo que su
vencimiento no implica la pérdida de competencia de la Administración ni la invalidez
de los actos proferidos extemporáneamente. En ese sentido, la consecuencia jurídica
prevista por el legislador se circunscribe a la configuración del silencio administrativo
negativo, sin que ello impida a la Administración adoptar una decisión expresa antes
de la notificación del auto admisorio de la demanda.
En consecuencia, el hecho de que los actos que resolvieron los recursos hayan sido
expedidos por fuera del término legal no implica la configuración de un vicio por falta
de competencia temporal ni la vulneración del derecho al debido proceso. Por lo tanto,
le asiste la razón al Tribunal y no está llamado a prosperar el cargo de apelación
propuesto por la parte actora.
Conclusión
En ese orden de ideas, la Sala concluye que no procede la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 para el año 2021,
debido a que, pese a su declaratoria de inexequibilidad, la Corte Constitucional
preservó expresamente los efectos de las contribuciones ya causadas. En esa medida,
la inexistencia de una situación jurídica consolidada no desvirtúa la legalidad del cobro,
ni permite tener por acreditada la vulneración de los principios constitucionales
invocados por la apelante.
Así mismo, la Sala advierte que los actos administrativos demandados se encontraban
debidamente motivados, por cuanto exponen de manera clara, suficiente y coherente
los fundamentos fácticos, normativos y técnicos que sustentaron la liquidación de la
contribución adicional, razón por la cual no se configura la causal de falsa motivación
alegada.
Finalmente, la Sala advierte que, la expedición de las resoluciones que decidieron los
recursos por fuera del término previsto en el artículo 86 del CPACA no generó la
pérdida de competencia temporal de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios ni implica la vulneración al derecho debido proceso, dado que dicho
término no tiene carácter preclusivo. En consecuencia, tampoco prospera este cargo
de nulidad.
Costas
De conformidad con las reglas previstas en los numerales 1° a 8° del artículo 365 del
CGP, el artículo 188 del CPACA y el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre
de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura, se condenará a la parte demandante
en agencias en derecho en esta instancia con un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, en cuanto se confirmará en su totalidad la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.
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Al respecto, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encargará
de adelantar el incidente de liquidación de las costas procesales en su modalidad de
agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia a título de agencias en
derecho con 1 salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con lo dispuesto
la parte motiva de esta providencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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