Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00089-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00089-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2023-00089-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)
Demandante TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución adicional para empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Año 2021. Artículo 314 de la
Ley 1955 de 2019.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
PRIMERO: NIEGÁNSE las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
[…].
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la liquidación
adicional 20220000087536 del 3 de agosto de 2022, por medio de la cual determinó
la contribución adicional regulada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 a cargo
de la sociedad Termobarranquilla S.A. E.S.P., por el año 2021.
La sociedad interpuso los recursos de reposición y de apelación contra las
anteriores decisiones. La SSPD resolvió el recurso de reposición mediante la
resolución 20225301026295 del 1 de noviembre de 2022, confirmando la liquidación
adicional; y omitió resolver el recurso de apelación.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
1
Samai del tribunal, índice 28, página 25.
2
Samai del tribunal, índice 2, pdf de la demanda y anexos, páginas 4 a 5.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)
Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.
3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Liquidación Oficial No. 2022534130112144E del 3 de agosto de 2022 y Código Único
de Liquidación No. 20220000087536 por medio de la cual la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios con fundamento en el artículo 314 de la Ley 1955 de
2019 liquidó y ordenó a TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. pagar la suma de
COP$3.758.603.000 por concepto de Contribución Adicional correspondiente a la
vigencia 2021.
• Resolución No. SSPD-20225301026295 del 1 de noviembre de 2022 mediante la cual
se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TERMOBARRANQUILLA S.A., E.S.P.,
confirmando el contenido de la Liquidación Oficial No. 2022534130112144E del 3 de
agosto de 2022 y Código Único de Liquidación No. 20220000087536.
• Acto ficto derivado del silencio administrativo negativo originado por la ausencia [de]
decisión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, del
recurso de apelación presentado el 24 de agosto de 2022, conforme el artículo 86 de la
Ley 1437 de 2011.
3.2. Que, como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que TERMOBARRANQUILLA S.A., E.S.P., no está obligada a pagar la contribución
adicional correspondiente al año 2021 de que trata el artículo 314 de la Ley 1955 de
2019, determinada con ocasión a la Liquidación Oficial SSPD No. 2022534130112144E
del 3 de agosto de 2022 y confirmada mediante la Resolución No. SSPD-
20225301026295 del 1 de noviembre de 2022.
La demandante invocó como normas violadas los artículos 4, 6, 29, 95 (numeral 9),
150, 243, 338 y 363 de la Constitución Política; 3, 43, 91 y 137 de la Ley 1437 de
2011; y 683 del Estatuto Tributario.
El concepto de la violación se resume así:
Inicialmente, expuso que procede la demanda en contra del acto ficto o presunto que
negó el recurso de apelación, porque transcurrieron más de dos meses desde su
interposición, sin que la SSPD le notificara su decisión, conforme el artículo 86 de la
Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia3. Además, indicó que la demanda contra los
actos producto del silencio administrativo puede ejercerse en cualquier momento,
de acuerdo con el artículo 164 ibidem4.
Alegó la infracción de los principios de legalidad y de certeza tributaria5. Para esto,
explicó que el artículo 338 de la Constitución Política establece que las
contribuciones especiales únicamente tienen la finalidad de cubrir los costos en los
que incurren las entidades al prestar sus servicios. Por ello, la contribución adicional
desconoció los principios referidos, pues a través de ella se pretendió financiar el
Fondo Empresarial de la SSPD y, por esa vía, a las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios tomadas en posesión. Afirmó que, por este motivo,
la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad6 del artículo 314 de la Ley 1955 de
2019, pues no guardaba relación con la porción de gastos públicos de la que se
benefician sus usuarios7.
En cuanto al principio de certeza tributaria, destacó que fue tomada la misma base
gravable que se previó para la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de
1994, lo que dio lugar a una indeterminación insuperable de los elementos del
3
Citó las sentencias del Consejo de Estado del 30 de abril de 2014, exp. 19553; del 21 de junio de 2018, rad. 68001-23-
33-000-2016-01012-01; y del 21 de febrero de 2019, rad. 25000-23-41-000-2017-00285-01
4
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 13 de octubre de 2016, rad. 25000-23-37-000-2015-01350-
01.
5
Citó la sentencia C-891 de 2012 de la Corte Constitucional.
6
Citó las sentencias C-464 de 2020; C-484 de 2020; y C-147 de 2021.
7
Citó las sentencias C-152 de 1997; C-228 de 2009; C-307 de 2009; C-420 de 2010 de la Corte Constitucional.
2
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)
Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.
tributo8. Añadió que la existencia de dos tributos que recaen sobre el mismo hecho
gravable, atenta contra los principios de equidad y justicia en materia tributaria.
Adujo que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 18 y 314
de la Ley 1955 de 2019 con efectos inmediatos y hacia el futuro. Además, señaló
que la liquidación oficial no está en firme porque fueron ejercidos los recursos en su
contra y se presentó la demanda de la referencia. En consecuencia, aseguró que
no está consolidada su situación jurídica9, por lo que procede reconocer los efectos
de las sentencias de inexequibilidad referidas.
Señaló que fueron violados los principios de no confiscatoriedad y de justicia, ya
que el tributo impuesto no consulta la capacidad contributiva del demandante,
desconoce el principio de justicia, no se determinó una base gravable clara e impone
una carga injusta, que consiste en financiar el Fondo Empresarial sin obtener un
beneficio por la contribuyente.
Propuso inaplicar el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, en virtud de la excepción
de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución). Destacó que la sentencia C-
464 de 2020 declaró la inexequibilidad dicha disposición, pero a partir del 1 de enero
de 2023. Empero, la sentencia C-147 de 2021 expulsó esa norma del ordenamiento
jurídico con efectos inmediatos, por violar del artículo 338 de la Constitución, de
modo que es claro que procede la inaplicación vía excepción por la vigencia 2021.
Aseguró que hubo una falsa motivación, pues el fundamento para su expedición se
encuentra en disposiciones excluidas del ordenamiento jurídico. Destacó que el
artículo 243 de la Constitución proscribe reproducir el contenido material de los
actos jurídicos declarados inexequibles.
Consideró que los actos fueron expedidos con falta de motivación y violación del
debido proceso, pues no expusieron los motivos por los que la entidad requería más
ingresos ni explicó en detalle su presupuesto de gastos. En su lugar, la SSPD se
limitó a relacionar por medio de cuadros los ingresos por actividades ordinarias, los
gastos totales, las exclusiones, la base gravable y el valor total a pagar, pero no se
fundamentó cada uno de los elementos que llevaron a liquidar la obligación.
Además, aseguró que la SSPD perdió la competencia temporal porque resolvió la
reposición luego de finalizado el plazo legal de 2 meses para hacerlo, dado que su
decisión fue notificada el 2 de noviembre de 2022 y el recurso fue interpuesto el 24
de agosto del mismo año. Además, destacó que la entidad perderá la competencia
para decidir el recurso de apelación con la admisión de la demanda.
Oposición de la demanda
La SSPD controvirtió las pretensiones, señalando que la controversia gira en torno a
determinar si esa entidad estaba obligada a aplicar los artículos 18 y 314 de la Ley
1955 de 2019, mientras estuvieron vigentes las normas, pues los cargos de la
demanda se dirigen a demostrar la inconstitucionalidad de la misma.
Aseguró que la interpretación sobre la causación de las contribuciones de los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 fue objeto de discusión, la cual fue
8
Citó las sentencias C-1063 de 2003; C-449 de 2015; y C-622 de 2015 de la Corte Constitucional.
9
Citó las sentencias del Consejo de Estado, del 05 de julio de 2018, exp. 21862; del 29 de junio de 2017, exp. 21273; del
18 de febrero de 2016, exp. 20796; del 23 de julio de 1009, exp. 16404; del 04 de noviembre de 2021; y del 30 de
septiembre de 2021 (no identificó los consejeros ponentes).
3
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Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.
zanjada por la Corte Constitucional, en las sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C-
147 de 2021. De modo que, precisó que el primer fallo referido declaró la
inexequibilidad de los artículos 18 y 314, pero difirió sus efectos hasta el 1 de enero
de 2023; luego, la sentencia C-484 solo declaró la inconstitucionalidad del artículo
18, pero salvaguardó las situaciones jurídicas consolidada; y, finalmente, la
sentencia C-147 de 2021 expulsó al artículo 314 del ordenamiento jurídico, pero
aclaró que procedía el cobro de las contribuciones adicionales ya causadas para el
1 de enero de ese año, esto es, antes de la notificación de ese fallo. Por lo anterior,
consideró que en este caso es posible adelantar el cobro del tributo, lo cual calificó
de situación jurídica consolidada.
Planteó las excepciones de mérito que denominó «legalidad de los actos administrativos
demandados» y «existencia de situaciones jurídicas consolidadas» 10, y solicitó condenar en
costas procesales a la demandante.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas, por lo siguiente:
Explicó que no operó la caducidad, pues no fue discutida la configuración del silencio
administrativo negativo por la omisión en resolver el recurso de apelación, lo que
permite presentar la demanda en cualquier momento (literal d del numeral 1 del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011).
Luego, analizó los elementos del tributo y los efectos de las decisiones de la Corte
Constitucional. Explicó el alcance y estructura de la contribución especial prevista
en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, las modificaciones del artículo 18 de la Ley
1955 de 2019 y la creación de la contribución adicional por medio del artículo 314
ibidem. Sobre este último tributo, precisó que tenía como destino financiar el Fondo
Empresarial de la SSPD y, por expresa remisión normativa, la base gravable era la
misma que la prevista en el artículo 85 citado.
Señaló que la demandante tenía la calidad de sujeto pasivo de la contribución
especial, dada su actividad económica de generación y comercialización de energía
eléctrica. Luego, a partir de la resolución 20211000566545 del 8 de octubre de 2021
y de los actos acusados, el tribunal explicó que la base gravable se amplió por un
faltante presupuestal y destacó la información usada por la SSPD para liquidar la
obligación.
Aseguró que la sentencia C-464 de 2020 encontró que el artículo 314 de la Ley 1955
de 2019 debía ser expulsada del ordenamiento, en tanto había resultado violatoria
del principio de unidad de materia; sin embargo, dado un cambio jurisprudencial
sobre el criterio aplicable a los planes nacionales de desarrollo, era necesario
modular los efectos de la decisión a partir del 1 de enero de 2023. Posteriormente,
la sentencia C-484 de 2020 se estuvo a lo resuelto en la anterior decisión. A
continuación, la sentencia C-147 de 2021 determinó que el artículo 314 referido violó
los límites a las contribuciones especiales del artículo 338 constitucional, por lo que
declaró su inexequibilidad con efectos hacia el futuro, pero salvaguardó las
contribuciones causadas en fecha previa a la notificación de la decisión.
10
La demandante se pronunció frente a estas excepciones reiterando sus argumentos de la demanda alusivos a la falta de
competencia de la sspd, la no configuración de una situación jurídica consolidada y la declaratoria de inexequibilidad de
la norma que sirvió de fundamento jurídico para expedir los actos demandados. Samai del Tribunal, índice 21.
4
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Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.
A partir de la jurisprudencia, manifestó que la sentencia del 24 de agosto de 202311
determinó que los efectos de la sentencia C-147 se surtieron con posterioridad a la
causación del tributo por el 2021 (el 1 de enero); y que la sentencia del 18 de abril
de 202412 ratificó la legalidad de la resolución 20211000566545 de 2021, que sirvió
de fundamento para liquidar la contribución en el año objeto de discusión. Por ello,
aseguró que no es posible aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo
314 ibidem, y destacó que es un tributo de periodo, respecto del cual se presentó
una situación jurídica consolidada con relación a la causación del tributo, aunque no
frente a los actos demandados13.
En suma, aseguró que los cargos de violación a los principios de legalidad, certeza,
justicia, no confiscatoriedad y justicia, se dirigen a cuestionar la constitucionalidad
del artículo 314 ibidem, pero no la legalidad de los actos, de modo que son reparos
que escapan al ámbito del medio de control de simple nulidad, previsto en el artículo
137 de la Ley 1437 de 2011.
Sobre la falta de motivación, indicó que, siguiendo la jurisprudencia14, esta causal
de nulidad no se configura cuando los actos describen, aún de manera sumaria, los
argumentos que dieron lugar a la decisión y atienden los requisitos de los artículos
712 y 719 del Estatuto Tributario. Con base en lo anterior, revisó el contenido de los
actos demandados y encontró que estos cumplieron con la carga de exponer las
razones que dieron lugar a la liquidación de la contribución, así como los motivos
por los cuales no se accedió a la interpretación de la demandante sobre la
inaplicación de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019. Sostuvo que los
elementos de la base gravable y la tarifa se explicaron de manera suficiente.
Finalmente, indicó que el cargo de doble imposición ya fue resuelto por la sentencia
C-147 de 2021, la cual tiene efectos de cosa juzgada.
No encontró probado el cargo de falta de competencia temporal, pues al
configurarse el silencio administrativo negativo, la demandante quedó habilitada
para demandar en cualquier tiempo; y la administración no perdió la facultad de
expedir los actos acusados, pues el término para resolver la apelación no es de
naturaleza preclusiva, sino perentoria.
Finalmente, no impuso condena en costas al no encontrarlas probadas15.
Recurso de apelación
La demandante sustentó su impugnación en que procede la excepción de
inconstitucionalidad, pues no es posible aplicar los artículos 18 y 314 de la Ley 1955
de 2019 para liquidar el tributo por el 2021, en tanto se trata de disposiciones que
fueron expulsadas del ordenamiento jurídico y el artículo 243 de la Constitución
Política prohíbe reproducir el contenido material de una norma declarada
inexequible.
Destacó que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que
11
Exp. 25961.
12
Exp. 26656.
13
Citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14
Citó las sentencias del 22 de abril de 2021, exp. 23824, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, que reitera las sentencias del
5 de noviembre de 2020, exp. 22261, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 5 de marzo de 2020, exp. 21321, M.P. Milton
Chaves García y del 30 de mayo de 2019, exp. 23063, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
15
Citó las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 06 de julio de 2016, rad. 25000-23-37-000-2012-
00174-01, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 30 de agosto de 2016, exp. 20508, M.P. Martha Teresa Briceño
de Valencia.
5
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)
Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.
fundamentaron la liquidación adicional es suficiente para declarar su nulidad, para
impedir su reproducción. Empero, de considerarse lo contrario, aún es procedente
la inaplicación por inconstitucional, porque, si bien la sentencia C-464 de 2020
declaró la inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 a partir del 1 de enero de
2023, la sentencia C-147 de 2021 lo hizo con efectos inmediatos, por lo que no tiene
sentido jurídico seguir adelante con el cobro del tributo.
Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el tribunal, en el caso debatido no se
configuró una situación jurídica consolidada, pues la liquidación adicional fue objeto
de discusión, sin que se haya producido una decisión definitiva16.
Manifestó que el a quo confundió la causación, la exigibilidad y la situación jurídica
consolidada. Sobre el primer concepto, afirmó que está relacionado con el hecho
generador y se presenta con el nacimiento de la obligación17. Así, del contenido del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 1955 de 2019, se extrae
que la causación de la contribución es anual, y su exigibilidad ocurre cuando las
liquidaciones estén en firme.
Entonces, aunque la contribución se causó el primero de enero de 2021, no adquirió
firmeza, pues el acto inicial fue discutido, por lo que no se ha consolidado una
situación jurídica al respecto18.
Sostuvo que fueron violados los principios de legalidad y certeza tributaria, pues el
propósito de la contribución adicional aportar al Fondo Empresarial de la SSPD, para
financiar a las empresas de servicios públicos domiciliarios tomadas en posesión,
no para cubrir los costos en que incurre la demandada en la prestación de sus
servicios, conforme lo ordena el artículo 338 de la Constitución Política. En el mismo
sentido aseguró que se desconocieron los principios de justicia, equidad, eficiencia,
progresividad y no confiscatoriedad.
Reiteró los cargos de falta de motivación19, pues la liquidación adicional no expone
de manera detallada la conformación de la base gravable, las cuentas contables o
algún otro factor que determine con certeza las razones del cobro. Por el contrario,
se limita a exponer un cuadro que alude a la base del tributo y la tarifa aplicada,
para indicar el monto total a pagar.
Solicitó aplicar, en calidad de precedente, el fallo del 2 de mayo de 202420 de esta
sección y las sentencias del 19 de septiembre de 202421, y del 18 de abril de 202422
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en las cuales se resolvieron
situaciones similares.
16
Citó, como precedente, a la sentencia del 2 de mayo de 2024, exp. 28345
17
Citó la sentencia del Consejo de Estado del 20 de septiembre de 2018, exp. 23401.
18
Al respecto hizo la siguiente cita jurisprudencial: «Consejo de Estado. Sentencia del 19 de marzo de 1999 (C.P. Daniel
Manrique Guzmán). Sentencias 41001-23-31-000-2005-0146501(22109) del veintinueve (29) de junio de dos mil
diecisiete (2017), 08001-23-31-000-2010-00223-01 (20432) del veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014),
68001-23-33-000-2016-01027-01(24996) del veinte (20) de agosto de dos mil veinte (2020), 5400123-33-000-2012-
00082-01(21189) del veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018), 68001-23-31-000-2010-00689-01(21616) del
tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016), 11001-03-15-000-2013-02852-00(AC) del (31) de julio de dos mil catorce
(2014), 76001-23-31-000-2002-00452-01(16404) del 23 de julio de 2009, 25000-23-27-000-2002-00616-01 (15443) del
siete (7) de febrero de dos mil ocho (2008), 05001-23-31-000-2001-03477-01(16284) del 8 de noviembre de 2007, 76001-
23-31-000-2001-0571101(15415) del veinticinco (25) de octubre de dos mil seis (2006), 76001-23-31-000-2001-04379-
01(15270) del veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005), 0800 1233 1000 2001 02351 01 / 14979 del veintisiete
(27) de octubre de dos mil cinco (2005), 11001-03-27-000-2001-0243-01(12248) del 5 de mayo de 2003, 25000-23-27-
000-2000-01156-01(13336) del 13 de marzo de 2003».
19
Citó la sentencia del 26 de junio de 1997, exp. 13753.
20
Exp. 28345.
21
Rad. 11001-33-37-041-2022-00112-01.
22
Rad. 25000-23-37-000-2021-00448-00.
6
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)
Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.
Oposición a la apelación
La demandada no se pronunció.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
La demandante, en el concepto de la violación, entre otros argumentos, alegó i) la
violación de los principios de legalidad y de certeza, porque la base gravable de la
contribución adicional es la misma de la contribución especial, lo que da lugar a una
indeterminación de los elementos del tributo y una doble imposición; ii) la falta de
motivación, pues la demandada no expuso la necesidad de mayores ingresos ni
explicó su presupuesto de gastos, para justificar el cobro del tributo; y iii) la falta de
competencia temporal, dado que no fue resuelto el recurso de apelación y el recurso
de reposición fue decidido luego de que finalizara el plazo legal para hacerlo.
Estos cargos de nulidad fueron negados por el tribunal en la sentencia impugnada,
pese a lo cual, la demandante no formuló ningún reparo en su recurso de apelación.
En consecuencia, la Sección se abstendrá de estudiar estos argumentos, en
aplicación del principio de congruencia, regulado en los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de la
liquidación adicional 20220000087536 del 3 de agosto de 2022, proferida por la
SSPD, para determinar la contribución adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de
2019, a cargo de Termobarranquilla S.A. E.S.P., por el año 2021; de la resolución
20225301026295 del 1 de noviembre de 2022, que resolvió el recurso de reposición;
y del acto ficto o presunto, originado en el silencio administrativo negativo por no
haber resuelto el recurso de apelación dentro del plazo fijado en la ley.
Análisis del caso concreto
1. Efectos de la inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019
La Sección resolverá conjuntamente los cargos de la apelación relacionados con la
procedencia de la excepción de inconstitucionalidad, la inexistencia de una situación
jurídica consolidada y la violación de los principios constitucionales, por estar
íntimamente relacionadas entre sí.
En estos cargos, la demandante sostuvo que el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019
debe ser inaplicado, debido a que fue declarado inconstitucional por la sentencia C-
147 de 2021, pues de lo contrario se permitiría la reproducción material de una
norma inexequible (artículo 243 de la Constitución). Además, señaló que no existe
una situación jurídica consolidada, porque la sociedad discutió la liquidación
adicional en sede administrativa y judicial, y porque no se debe confundir la
causación del tributo con su exigibilidad. Finalmente, insistió en que la contribución
adicional desconoce el artículo 338 de la Constitución, pues su finalidad no se limita
a cubrir los costos del servicio prestado por el Estado, sino que el recaudo está
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Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.
destinado al Fondo Empresarial, que a su vez financia las empresas de servicios
públicos domiciliarios tomadas en posesión, violando los principios de legalidad,
certeza, no confiscatoriedad y justicia tributaria.
Para decidir lo anterior, la Sección reitera en lo pertinente lo expresado en la
sentencia del 18 de abril de 202423, que negó la simple nulidad de la resolución
20211000566545 del 8 de agosto de 2021, en la que la SSPD reguló la liquidación
de la contribución adicional para ese mismo año.
En dicha providencia, la sala puso de presente que el artículo 314 de la Ley 1955
de 2019 creó la contribución adicional a partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31
de diciembre de 2022. Luego, la sentencia C-464 de 2020 declaró su
inconstitucionalidad con efectos diferidos hasta el 1 de enero de 2023. Esta decisión
se fundamentó en un cambio jurisprudencial, dado que la Corte Constitucional
determinó que, a partir de esa sentencia, la modificación del régimen de servicios
públicos domiciliarios, y especialmente tratándose de una norma tributaria, exige
una motivación clara y suficiente en el documento de bases del Plan Nacional de
Desarrollo, que permita entender el carácter imperativo o indispensable en su
adopción.
De otro lado, el artículo 314 de la Ley 1955 fue declarado inexequible, esta vez con
efectos inmediatos y hacia el futuro, por la sentencia C-147 del 20 de mayo de 2021.
En esta ocasión, la decisión se fundamentó en que la contribución adicional
desconocía la prohibición a la doble tributación, porque tenía la misma base
gravable y el mismo hecho generador que la contribución especial del artículo 85 de
la Ley 142 de 1994, e infringía la finalidad prevista por el artículo 338 de la
Constitución, dado que lo recaudado estaba destinado al Fondo Empresarial, lo que
no tenía relación con el servicio público prestado por la SSPD.
No obstante, la sentencia reiterada explicó que «la Corte consideró que los vicios de
constitucionalidad advertidos no justificaban retrotraer los efectos de su decisión, de tal manera que
se vieran afectadas las contribuciones ya causadas hasta el momento de la adopción de la sentencia,
incluyendo la contribución adicional correspondiente al año 2021, que es objeto de reglamentación
en la resolución demandada».
En efecto, esta regla fue expresamente fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-147 de 2021, pues en su consideración 76 expuso lo siguiente:
76. La regla general son los efectos hacia el futuro o ex nunc de la declaratoria de
inexequibilidad. Esta postura se sustenta en la necesidad de proteger principios como la
seguridad jurídica o la buena fe, puesto que, hasta ese momento, la norma gozaba de
presunción de constitucionalidad y, por ello, sería legítimo asumir que los ciudadanos
orientaron su comportamiento confiados en la validez de aquella. De esta manera, las
contribuciones que ya se hayan causado conforme a la ley, con anterioridad a la fecha de esta
sentencia, podrán ser cobradas, independientemente del procedimiento establecido en la ley
para su liquidación y pago [subraya la Sección].
Por lo anterior, la sentencia del 18 de abril de 2024 de esta sección concluyó que,
«aunque la resolución demandada fue expedida con posterioridad a la sentencia C-147 de 2021, la
administración podía adelantar el cobro de la contribución adicional del año 2021, cuya base de
liquidación se determina con base en hechos[,] costos y gastos correspondientes al año 2020, año
para el cual era aplicable el artículo 341 [error, es 314] de la Ley 1955 de 2019 por disposición de la
misma Corte Constitucional, y por lo tanto, era plenamente competente para expedir los actos
necesarios para ello».
23
Exp. 26656, M.P. Milton Chaves García.
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Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que la sentencia C-147 de 2021
expresamente señaló, en la consideración 61, que el artículo 314 de la Ley 1955 de
2019 fijó la causación del tributo el «1 de enero de cada año gravable, durante la temporalidad
definida en la norma».
Así las cosas, conforme la jurisprudencia constitucional y de esta corporación, es
procedente que la SSPD adelante el cobro de la contribución adicional por el año
2021, como ocurrió en este caso, pese a la declaratoria de inconstitucionalidad de
las normas en que se fundamentaba, dados los efectos expresamente determinados
por la Corte Constitucional.
Además, el hecho de que la demandante haya discutido la liquidación adicional en
sede administrativa y judicial no impide el cobro del tributo, aunque no haya una
situación jurídica consolidada, pues la Corte Constitucional salvaguardó
expresamente la posibilidad de recaudarlo en virtud de los principios de seguridad
jurídica, buena fe y presunción de constitucionalidad, según lo expuso la
consideración 76 de la sentencia C-147 de 2020, antes transcrita.
Con base en lo expuesto, es improcedente inaplicar el artículo 314 de la Ley 1955
de 2019 por el año 2021, no se desconoció la noción de situación jurídica
consolidada y no fueron infringidos los derechos constitucionales invocados por la
apelante.
Finalmente, la sala precisa que la sentencia del 2 de mayo de 2024, invocada por
la apelante, no constituye un precedente porque no tiene identidad fáctica ni jurídica.
En efecto, en esa ocasión, la sala inaplicó por inconstitucional el artículo 2 de la
resolución 20201000033335 de 2020 de la SSPD, que fijó la base gravable de la
contribución especial del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, y anuló los actos de
determinación con relación al año 2020. De esta forma, se evidencia que versó
sobre un tributo y un periodo diferente, pues en este proceso se analiza la
posibilidad de recaudar la contribución adicional del artículo 314 ibidem, por el 2021.
2. Falta motivación
La apelante alegó que el a quo no valoró adecuadamente los actos acusados, pues
estos no exponen de manera detallada la conformación de la base gravable, las
cuentas contables o algún otro factor que determine con certeza las razones del
cobro. Por el contrario, se limita a exponer un cuadro que alude a la base del tributo
y la tarifa aplicada, para indicar el monto total a pagar.
Sobre el particular, esta sección24 señaló que la causa o motivo es el elemento del
acto administrativo que se estructura en razón del conocimiento, consideración y
valoración que la Administración realiza de los hechos y fundamentos de derecho
que inducen a su expedición. De esta forma, «Se presenta la falta de motivación cuando la
Administración prescinde de la motivación que suministre al destinatario las razones de hecho y de
derecho que inspiraron la producción de estos, impidiendo al particular ejercer su derecho de defensa
y contradicción».
Precisado lo anterior, la Sección observa que la liquidación adicional acusada25
expuso las disposiciones que sirvieron de fundamento para el cálculo del tributo. En
concreto, referenció el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, el artículo 8 (numeral 5)
24
Sentencia del 11 de marzo de 2021, exp.23976, reiterada en las sentencias del 12 de mayo de 2022, exp.26008, y del 8
de febrero de 2024, exp. 28027, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
25
Samai del tribunal, índice 2, PDF de la demanda y anexos, página 71.
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del Decreto 1369 de 2020 y la resolución 20211000355215 del 29 de julio de 2021,
que fijó la tarifa, base gravable y procedimiento de liquidación y recaudo del tributo.
Luego, explicó que las apropiaciones presupuestales para la vigencia 2021 se
establecieron mediante la Ley 2063 del 2020, el Decreto de liquidación del
presupuesto 1805 de 2020 y la resolución 20211000013125 del 29 de marzo de
2021. Además, indicó que al aplicar la tarifa del 1% sobre la información financiera
certificada al sistema único de información (sui), que se toma como base gravable,
se presentó un faltante presupuestal; por lo tanto, indicó que era necesario ampliar
la base del tributo, en los términos del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de
1994.
Así, para el servicio de energía, que es la actividad ejercida por la demandante,
precisó que se tendría en cuenta los siguientes conceptos: compras en bloque y/o
a largo plazo, compras en bolsa y/o a corto plazo, uso de líneas, redes y ductos,
gas combustible, carbón mineral, ACPM y Fuel y Oil.
Solo después de esto, la SSPD realizó el cálculo de la liquidación adicional a cargo
de la demandante, para lo cual reiteró que tomó los valores de los estados
financieros certificados en el sui por 2020, para lo cual únicamente adicionó los
conceptos de gas combustible y compras en bolsa y/o corto plazo.26 Por su parte,
la resolución que decidió el recurso de reposición no expuso de nuevo estos datos,
pues se limitó a decidir los cargos propuestos por la recurrente, relacionados la
inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 201927.
De lo anterior, la sala concluye que la SSPD explicó de manera completa y clara los
motivos en que sustentó su liquidación del tributo, por lo que no incurrió en falta de
motivación del acto administrativo.
Por último, la sala advierte que las sentencias del 19 de septiembre de 202428 y del
18 de abril del mismo año29, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
invocadas por la apelante, no constituyen un precedente vinculante para el Consejo
de Estado, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Costas
No habrá pronunciamiento frente a la primera instancia, dado que no se apeló la
decisión del tribunal de no imponerla. En cuanto a esta instancia, y según el criterio
mayoritario de la Sección contenido en la sentencia del 23 de septiembre de 202530,
como se confirmó la sentencia dictada por el a quo, es procedente condenar a la
apelante, por concepto de agencias en derecho, que para el efecto se tasan en un
(1) SMMLV. Por tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de
liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código
General del Proceso.
En cuanto a las expensas y gastos del proceso, atendiendo a ese mismo criterio, no
procede la condena, pues en el expediente no se verifica su causación en sede de
apelación, según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
26
Ibidem, página 72.
27
Ibidem, páginas 92 y siguientes.
28
Exp. 11001-33-37-041-2022-00112-01.
29
Exp. 25000-23-37-000-2021-00448-00.
30
Exp. 28292, M.P. Wilson Ramos Girón
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Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, del 26 de septiembre de 2024.
2. Condenar en costas en segunda instancia a la demandante. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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