Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2024-00008-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2024-00008-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2024-00008-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-27-000-2024-00008-00 (28451)
Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Tema: Nulidad del Decreto 3085 de 2007. Declaración anual de Ingreso
base de Cotización de los trabajadores independientes -
Modificaciones al IBC
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20191, la Sala
decide la demanda de nulidad2 interpuesta por Carlos Mario Salgado contra algunos
apartes de los artículos 1° y 2° del Decreto Reglamentario 3085 de 2007 “Por medio del
cual se reglamenta parcialmente el artículo 44 de la Ley 1122 de 2007”, expedido por el
Gobierno Nacional, en cuanto estableció la declaración anual de ingreso base de
cotización para los trabajadores independientes.
ACTO DEMANDADO
Decreto 3085 de 2007
(Agosto 15)
Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 44 de la Ley 1122 de 2007
(…)
Artículo 1°. Declaración Anual de Ingreso Base de Cotización. Todos los trabajadores
independientes deberán presentar una declaración anual a más tardar en el mes de febrero
de cada año, en la cual informen a las entidades administradoras del Sistema de la
Protección Social a las que se encuentren afiliados, en la misma fecha prevista para el
pago de sus aportes, el Ingreso Base de Cotización, IBC, que se tendrá en cuenta para
liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingresos Base de
Cotización anual en la fecha prevista, se presumirá que el Ingreso Base de Cotización es
igual a aquel definido para el período anual anterior y sobre el mismo se realizará la
autoliquidación y pago del mes de enero de cada año.
La declaración de IBC anual podrá realizarse de manera manual en los formularios
previstos para el efecto o de manera electrónica, mediante la utilización de la novedad
"Variación permanente de salario" en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
1
Por el cual se expide el reglamento Interno del Consejo de Estado. Acápite Sección Cuarta.
2
Previa inadmisión de la demanda y subsanación a esta, el demandante precisó que el medio de control impetrado era el de nulid ad por
inconstitucionalidad del artículo 135 del CPACA; sin embargo, como el decreto demandado no es un reglamento autónomo que desarrolle en forma
directa la Constitución, el despacho sustanciador dio a la demanda el trámite del medio de control de simple nulidad, conforme a la facultad que le
confiere el artículo 171 del CPACA, y en tal sentido la admitió, sin objeción de la parte.
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Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES
En todo caso el Ingreso Base de Cotización no podría ser inferior a un salario mínimo legal
mensual, ni al porcentaje previsto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y a su definición
se continuará aplicando, cuando corresponda, el Sistema de Presunción de Ingresos.
Artículo 2°. Modificaciones en el Ingreso Base de Cotización. El trabajador
independiente deberá modificar la declaración Anual de IBC siempre que se produzcan
cambios en sus ingresos, para ello deberá modificar su declaración del Ingreso Base de
Cotización, mensualmente, en los formularios diseñados para el efecto, o de manera
electrónica utilizando una de las siguientes novedades: "Variación permanente de salario",
cuando el trabajador independiente conozca con certeza el valor del ingreso mensual que
percibirá durante un período de tiempo, o "Variación temporal de salario", cuando se
desconozca el monto real del citado ingreso.
La variación temporal antes mencionada, sólo será efectiva por un período máximo de tres
(3) meses, período dentro del cual no se podrá realizar otra novedad de variación temporal.
Las variaciones del IBC anual causarán efectos exclusivamente hacia el futuro y cuando
se realicen en formularios físicos, sólo serán efectivas una vez sean reportadas a todos los
subsistemas de la Protección Social, respecto de los que se hubieran realizado aportes en
el período anterior.
Las variaciones en el Ingreso Base de Cotización que excedan de cuarenta por ciento
(40%) respecto del promedio de los doce (12) meses inmediatamente anteriores, no serán
tomados en consideración, en la parte que exceda de dicho porcentaje, para efectos de la
liquidación de prestaciones económicas.
Parágrafo. Las variaciones del IBC, cuando se refieran a periodos ya pagados deberán
realizarse mediante los procedimientos establecidos en las normas vigentes para las
correcciones de autoliquidación. Dichas correcciones sólo producirán efectos siempre que
se soliciten a todas las administradoras de cada subsistema respecto de los cuales se
hubieren realizado los aportes correspondientes a los períodos que se pretende corregir.
(Subrayas objeto discusión)
DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, el
señor Carlos Mario Salgado Morales formuló las siguientes pretensiones:
Primera: Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del aparte “Todos” del artículo
1 del Decreto 3085 de 2007, al incluir e imponer a los demás comerciantes, rentistas de
capital y trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios, la tarea
imposible de predecir de forma anual y anticipada (declaración prospectiva) el ingreso base
de cotización (IBC) que tendría desde el mes de febrero de su declaración al mes de enero
del año siguiente de acuerdo con el aparte restante del mismo artículo. Lo anterior al violar
el artículo 29, 48, 95, 150-12, 169 y 363 de la Carta Política.
Segunda: Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del aparte “(…) variación
temporal de salario”, cuando se desconozca el monto real del citado ingreso. / La
variación temporal antes mencionada, sólo será efectiva por un período máximo de
tres (3) meses, período dentro del cual no se podrá realizar otra novedad de variación
temporal.” del artículo 2 del Decreto 3085 de 2007, al incluir e imposibilitar, a los demás
trabajadores independientes, comerciantes y rentistas de capital sin contrato de prestación
de servicios, dentro de un mismo periodo de tres (3) meses siguientes al reporte de la
variación temporal, realizar cualquier novedad relativa a la variación del ingreso,
desconociendo la estacionalidad del ingreso del trabajador independiente. Lo anterior al
violar el artículo 29, 48, 95, 150-12, 169, y 363 de la Carta Política.
Tercera: Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del aparte “Las variaciones
en el Ingreso Base de Cotización que excedan de cuarenta por ciento (40%) respecto
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Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES
del promedio de los doce (12) meses inmediatamente anteriores, no serán tomadas
en consideración, en la parte que exceda de dicho porcentaje, para efectos de la
liquidación de prestaciones económicas.” del artículo 2 del Decreto 3085 de 2007, al
desconocer, bajo el principio de igualdad, la estacionalidad imprevisible del ingreso y su
proporción contributiva de los demás trabajadores independientes, comerciantes y
rentistas de capital sin contrato de prestación de servicios a efetos (SIC) de reconocer la
liquidación de prestaciones económicas acorde con su contribución. Lo anterior al violar el
artículo 13, 29, 48, 95, 150-12, 169 y 363 de la Carta Política.
Cuarta: Solicito se declare la nulidad parcial por inconstitucionalidad del aparte “Todos los
trabajadores independientes deberán presentar una declaración anual a más tardar
en el mes de febrero de cada año, en la cual informen a las entidades administradoras
del Sistema de la Protección Social a las que se encuentren afiliados, en la misma
fecha prevista para el pago de sus aportes, el Ingreso Base de Cotización, IBC, que
se tendrá en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año
y hasta enero del año siguiente.” Del artículo 1 del Decreto 3085 del 15 de agosto de
2007, al fijar de forma directa sin facultad para ello “los sujetos activos y pasivos, los hechos
y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”; al imponer a los demás trabajadores
independientes, comerciantes y rentistas de capital sin contrato de prestación de servicios
una base gravable diferente de la prevista por el legislador en el artículo 18 de la Ley 1122
de 2007 para este tipo de ingresos.
Quinta: Solicito que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de cualquier otra
violación a las normas de la Constitución Política que no esté prevista en esta demanda y
que sea advertida por el Consejo de Estado, en virtud de la competencia otorgada por el
artículo 135 del CPACA.
Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 13, 29, 48, 95, 150-12, 169, 189-
11, 338 y 363 de la Constitución Política, y 18 de la Ley 1122 de 2007. El concepto
de violación se centró en cuestionar el trato otorgado a los trabajadores
independientes sin contrato de prestación de servicios, al exigirles la declaración anual
del ingreso base de cotización – IBC- en las mismas condiciones que a quienes sí
contaban con contrato, para lo cual expuso, en síntesis:
Infracción de la norma en que debió fundarse / El artículo 1 del Decreto 3085 de
2007 violó el artículo 189 (numeral 11) de la Constitución y el artículo 18 de la
Ley 1122 de 2007 / Violación del principio nadie está obligado a lo imposible
Explicó que el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 ordenó reglamentar un sistema de
presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes sin contrato de
prestación de servicios, teniendo en cuenta para ello variables objetivas como la
actividad económica, región de operación, estabilidad y estacionalidad del ingreso.
El decreto acusado, en cambio, impuso una obligación general a todos los trabajadores
independientes, con o sin contrato de prestación de servicios, consistente en declarar
anualmente su IBC desde el mes de febrero de cada año hasta enero del siguiente.
Esta disposición desconoció el mandato legal, pues estableció una declaración de
carácter prospectivo que obligaba a los contribuyentes a predecir sus ingresos futuros,
exigencia imposible de cumplir para los trabajadores independientes sin contrato de
prestación de servicios, cuyos ingresos resultan variables o estacionales en cada
vigencia. Por ende, el Gobierno excedió sus facultades reglamentarias y omitió regular
el sistema de presunción de ingresos ordenado por la ley, al relegarlo a una regla
meramente residual y sustituirlo por un mecanismo de autodeclaración anticipada con
datos irreales.
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Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES
El artículo 1, 2 y 3 del Decreto 3085 de 2007 violó el artículo 338 superior
constitucional / Base gravable variable para el contribuyente trabajador
independiente sin contrato de prestación de servicios
El demandante sostuvo que el Decreto 3085 de 2007 vulneró el principio de legalidad
tributaria y excedió la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al extender el concepto de
“trabajadores independientes” a dos categorías distintas que, en su criterio, debían
recibir un tratamiento diferenciado: los contratistas con ingresos ciertos y los
independientes sin contrato, cuyos ingresos son variables o inciertos. A su juicio, esa
generalización desconoció la distinción establecida en el artículo 18 de la Ley 1122 de
2007 entre “independientes contratistas de prestación de servicios” y “demás contratos
y tipos de ingresos”, imponiendo un régimen uniforme a situaciones económicas
desiguales.
Afirmó que el decreto, al exigir una declaración anual anticipada de ingresos y limitar
la posibilidad de modificar el ingreso base de cotización mediante la novedad de
“variación temporal de salario” a un máximo de tres meses, obligaba a los trabajadores
independientes sin contrato a mantener un mismo ingreso durante ese lapso, sin
atender la estacionalidad o fluctuación propia de su actividad. Consideró que esa
restricción desconoció el principio de igualdad material y resultó en una carga
imposible de cumplir, pues ningún trabajador independiente sin contrato podría prever
con certeza el monto de sus ingresos futuros.
Adicionalmente, cuestionó la obligación de presentar la declaración de ingresos ante
notario bajo la gravedad del juramento, por estimarla irrazonable, al exigir a los
independientes sin contrato manifestar anticipadamente el valor de sus ingresos
mensuales, contraviniendo el artículo 338 de la CP.
Incumplimiento de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria
El demandante precisó que el Decreto 3085 de 2007 desconoció los principios de
equidad y proporcionalidad tributaria, al imponer una carga símil a todos los
trabajadores independientes, desconociendo que entre éstos se encuentran
trabajadores con realidades económicas desiguales, pues los independientes con
contrato de prestación de servicios perciben ingresos fijos y previsibles, mientras que
los independientes sin contrato dependen de rentas variables e inciertas, sujetas a las
fluctuaciones del mercado por no contar con un contrato de prestación de servicios, a
quienes, en consecuencia, debe aplicárseles la presunción de costos del artículo 18
de la Ley 1122 de 2007.
Al exigir una declaración anual anticipada y restringir las modificaciones del IBC
durante un periodo mínimo de tres meses, el decreto equiparó injustamente
situaciones desiguales, ignorando la capacidad económica real de quienes no tenían
contrato. Esa homogeneización anuló la diferenciación prevista en el citado artículo 18
de la Ley 1122 de 2007, cuyo propósito fue establecer un sistema más equitativo y
flexible para los trabajadores con ingresos fluctuantes.
El actor sostuvo que la medida impuso una carga desproporcionada a quienes no
pueden determinar anticipadamente su ingreso mensual y, en consecuencia, vulneró
la equidad vertical y horizontal del sistema tributario. Agregó que el decreto distorsionó
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el principio de justicia fiscal, al tratar de manera igual a quienes se encontraban en
circunstancias económicas distintas y desconocer la finalidad redistributiva del artículo
363 de la Constitución Política.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a las pretensiones de la demanda,
con fundamento en que el Decreto 3085 de 2007 quedó tácitamente derogado por la
Ley 2277 del 13 de 2022 y el Decreto 1601 de 5 de agosto de 2022, los cuales
regularon el sistema de presunción de ingresos y el ingreso base de cotización de los
trabajadores independientes por cuenta propia, así como de aquéllos con contratos
diferentes al de prestación de servicios personales.
La entidad demandada citó un concepto técnico de la Subdirección de Pensiones y
Otras Prestaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual se indicó que
el sistema de presunción de ingresos se sustentaba en un esquema de presunción de
costos aplicable a los trabajadores independientes, cuyo ingreso neto mensual
resultaba de restar dichos costos a los ingresos brutos. Con base en ese valor se
determinaba la obligación de cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral cuando
el ingreso neto fuera igual o superior a un salario mínimo legal mensual vigente.
Según dicho concepto, y conforme al artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, que define
las presunciones legales de capacidad de pago y de ingresos, el sistema de presunción
de ingresos debía fundarse únicamente en la información de la actividad económica
del trabajador, sin atender variables como la región de operación, la estabilidad o la
estacionalidad del ingreso. En esa línea, posteriormente el Decreto 1601 de 2022
permitió establecer el IBC presunto, el cual servía de referente para la autoliquidación,
fiscalización y determinación de la capacidad de pago de los trabajadores
independientes en los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales.
Sostuvo que no se vulneró el derecho a la igualdad, porque el Decreto 3085 de 2007
no impuso cargas desproporcionadas, sino que buscó favorecer el acceso al Sistema
General de Seguridad Social Integral de los trabajadores con ingresos variables y
garantiza el acceso a prestaciones económicas dentro del régimen contributivo.
Afirmó que tampoco se desconoció el debido proceso, pues la norma flexibilizó los
plazos para reportar novedades y ajustó el sistema de presunción del IBC, con el fin
de simplificar los trámites administrativos y otorgar seguridad jurídica a los aportantes.
Indicó que el decreto respetó el artículo 48 de la Constitución Política, al ser garantista
con los trabajadores independientes, tanto los que laboraban por cuenta propia como
los que tenían contratos distintos al de prestación de servicios, quienes no contaban
con ingresos fijos mensuales y requerían mecanismos flexibles para definir sus bases
de cotización.
Agregó que, conforme al artículo 95 de la Constitución, el Gobierno Nacional debía
establecer parámetros que presumieran la capacidad de pago y el nivel de ingresos
de los trabajadores independientes, en aplicación del principio de solidaridad social y
del deber compartido del Estado y los ciudadanos de contribuir al sostenimiento del
sistema de salud.
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Invocó el artículo 150 numeral 12 de la Constitución, para destacar que el decreto se
enmarcó en el deber del Estado de garantizar la solidaridad y protección de la salud
mediante la regulación de las cargas contributivas de los afiliados.
Finalmente, reiteró que el Decreto 3085 de 2007 quedó tácitamente derogado, puesto
que el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes fue objeto de
nueva regulación legislativa a partir del año 2015. Indicó que el artículo 89 de la Ley
2277 de 2022, al reformar el sistema contributivo, estableció que solo los
independientes con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario
mínimo debían cotizar mes vencido, sobre una base mínima equivalente al 40 % de
sus ingresos mensuales o del valor mensualizado del contrato, según el tipo de
independiente.
TRÁMITE PROCESAL
Mediante Auto del 24 de septiembre de 20243, el despacho sustanciador ordenó surtir
el trámite de sentencia anticipada, de acuerdo con el literal a) del artículo 182A del
CPACA, por tratarse de un asunto de puro derecho.
Al tiempo, fijó el litigio en el estudio de legalidad de los artículos 1 y 2 del Decreto 3085
de 2007, expedido por el Ministerio de Protección Social, a partir de las normas que se
citan como violadas, el concepto de violación y los argumentos de oposición expuestos
en la contestación de la demanda.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En los alegatos de conclusión, la parte demandante 4 reiteró los argumentos
expuestos en la demanda, insistiendo en que el Decreto 3085 de 2007, vigente entre
la expedición de la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1753 de 2015, desnaturalizó la finalidad
del artículo 18 de la Ley 1122, al sustituir el sistema de presunción de ingresos basado
en variables objetivas por una declaración anual anticipada aplicable por igual a todos
los trabajadores independientes.
Sostuvo que el decreto eliminó la distinción entre los trabajadores independientes con
contrato de prestación de servicios y aquellos sin el pluricitado contrato o por cuenta
propia, imponiendo a todos una misma carga formal. En su criterio, esta regulación
desconoció la intención legislativa, al exigir la predeterminación de ingresos en un
mercado variable e impredecible, propio de los independientes sin contrato, rentistas
de capital y comerciantes.
Finalmente, señaló que:
“Ahora bien, los artículos 1, 2 y 3 son contrarios a lo dispuesto en el artículo 338 de la
Constitución Política (…)
Del mismo modo, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 3085 de 2007, imponen la obligación de
declarar los ingresos de los trabajadores, por lo tanto, no solamente se está reglamentando
la manera en la cual se debe obtener el IBC, sino que, a su vez, se está imponiendo la
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Samai, índice 23
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Samai, índice 32
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obligación de presentar una declaración que el Congreso no ha avalado, y que tampoco ha
tenido iniciativa de crear.”
La parte demandada5 reiteró los argumentos del escrito de contestación.
El Ministerio Público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de algunos apartes de los artículos 1° y 2° del Decreto
Reglamentario 3085 de 20076, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció la
declaración anual del ingreso base de cotización para todos los trabajadores
independientes, incluidos aquellos sin contrato de prestación de servicios, en
desarrollo del artículo 44 de la Ley 1122 de 20077.
En consecuencia, corresponde determinar si las disposiciones acusadas se ajustaron
a los límites de la potestad reglamentaria y respetaron los principios de igualdad,
equidad y legalidad tributaria, o si, por el contrario, excedieron el marco legal al
imponer a todos los trabajadores independientes un régimen uniforme de declaración
y cotización al Sistema de Seguridad Social Integral, desconociendo las diferencias en
la naturaleza de sus ingresos y la finalidad del sistema de presunción de ingresos
diseñado por el legislador.
Cuestión previa
Previo a abordar el estudio de fondo sobre la legalidad de los artículos 1° y 2° del
Decreto Reglamentario 3085 de 2007, la Sala debe pronunciarse sobre dos aspectos
procesales relevantes.
En primer lugar, se advierte que la parte demandante introdujo argumentos
encaminados a sustentar la nulidad del artículo tercero del citado decreto, disposición
que nunca fue objeto de las pretensiones de nulidad de la demanda inicial ni de su
eventual reforma.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 162 y 173 del CPACA, la oportunidad
procesal para formular pretensiones o modificarlas se circunscribe a la presentación
de la demanda o de su reforma dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento
del término de traslado de la demanda, razón por la cual las pretensiones, solicitudes
o razonamientos 8 incorporados con posterioridad resultan extemporáneos, y su
consideración supondría desconocer el derecho de defensa y contradicción de la
entidad demandada, que no tuvo oportunidad de pronunciarse frente a ellos.
Admitir el estudio del nuevo artículo implicaría alterar el marco del litigio y vulnerar el
principio de congruencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso,
conforme al cual la sentencia debe guardar consonancia con las pretensiones
aducidas en la demanda. La jurisprudencia9 ha reiterado que el juez contencioso no
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Samai, índice 31
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Por el cual se reglamentó parcialmente el artículo 44 de la Ley 1122 de 2007
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Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
8
Tal es el caso de las declaraciones rendidas ante Notario Público bajo la gravedad del juramento, sobre el valor de los ingresos mensuales,
establecida en el artículo 3 del Decreto 3085 de 2007.
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Consejo de Estado Sección Primera, sentencia del 8 de mayo de 2025 Exp. 2017-00092-00. CP Oswaldo Giraldo López.
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Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES
puede conceder más de lo pedido ni decidir sobre lo no pedido, pues ello desborda los
límites de su competencia y afecta el debido proceso.
Por lo anterior, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre la nulidad del
artículo tercero del Decreto Reglamentario 3085 de 2007 y sobre los argumentos
planteados en los alegatos en torno a dicho precepto, limitando el análisis a los
artículos primero y segundo que fueron objeto de la subsanación de la demanda.
En segundo lugar, la Sala precisa que la derogatoria del artículo 18 de la Ley 1122 de
2007, efectuada por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, no impide realizar el control
de legalidad del Decreto Reglamentario 3085 de 2007. Si bien el citado decreto fue
expedido formalmente en desarrollo del artículo 44 de la Ley 1122 de 2007, los
argumentos de la parte demandante se estructuran a partir de las previsiones
contenidas en el artículo 18, al estimar que las disposiciones reglamentarias
desconocieron el alcance legal de las reglas sobre el IBC y la determinación del ingreso
de los trabajadores independientes.
En ese contexto, la pérdida de vigencia de dicha disposición no suprime la
competencia de esta jurisdicción para verificar si, al momento de la expedición del
reglamento, la autoridad administrativa actuó dentro del marco legal vigente. La
jurisprudencia10 de la Corporación ha sostenido, de manera reiterada, que la pérdida
de vigencia de una disposición legal no restablece por sí misma el orden jurídico que
pudo haberse vulnerado durante su aplicación, ni sanea los eventuales vicios de
legalidad en los actos dictados con fundamento en ella. Su alcance se limita a cesar la
vigencia del precepto, sin afectar la presunción de legalidad de los actos expedidos
durante su vigencia, la cual se mantiene hasta que una decisión judicial la desvirtúe.
La misma conclusión se predica frente a la derogatoria tácita derivada de las
modificaciones introducidas por las Leyes 1438 de 2011 (art. 33), 2277 de 2022 (art.
89) y el Decreto 1601 de 2022, que modificaron el diseño normativo del sistema de
presunción de ingresos y del IBC a los trabajadores independientes.
Por consiguiente, la Sala realizará el examen de legalidad del Decreto 3085 de 2007
con base en el contexto normativo existente al momento de su expedición,
particularmente en lo dispuesto en los artículos 18 y 44 de la Ley 1122 de 2007 , ya que la
derogatoria posterior de tales preceptos solo produce efectos hacia el futuro y no incide
en la presunción de legalidad del acto administrativo.
Análisis del caso concreto
La Ley 1122 de 200711 introdujo ajustes al Sistema General de Seguridad Social en
Salud con el propósito de mejorar la prestación de los servicios a los usuarios,
mediante reformas orientadas a su dirección, financiación, universalización, equilibrio
entre los actores, fortalecimiento de la salud pública y organización de las redes de
atención. En el capítulo de asegurabilidad estableció:
10
Bajo el mismo criterio, Sentencias de la Sala Plena del Consejo de Estado, del 14 de enero de 1991 (S-157), M. P. Carlos Gustavo Arrieta
Alandete, y del 19 de noviembre de 1996 (Al-08 (3542), C. P. Juan Alberto Polo Figueroa Sala Plena; y de la Sección Cuarta de la misma corporación,
del 27 de mayo de 2010 (16621), C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 30 de mayo de 2011 (17269), 22 de marzo de 2013 (17379), C. P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, 4 de septiembre de 2014 (19039), 9 de abril de 2015 (19451), C. P. Martha Teresa Briceño de Valen cia, 27 de junio
de 2018 (21235), C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 5 de julio de 2018 (21952), C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y 26 de febrero de 2020
(23382), C. P. Julio Roberto Piza, entre otras.
11
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones .
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Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES
Artículo 18. Aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de
servicios. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema
General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base
de la cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá
autorizar a la entidad contratante el descuento y pago de la cotización sin que ello genere
relación laboral.
Para los demás contratos y tipos de ingresos el Gobierno Nacional reglamentará un
sistema de presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades
económicas, la región de operación, la estabilidad y estacionalidad del ingreso.
(…).
El artículo 44 de la citada ley, reza:
Artículo 44. De la información en el Sistema General de Seguridad Social. En el
transcurso de los siguientes seis meses contados a partir de la vigencia de la presente ley,
el Ministerio de la Protección Social definirá el plan de implementación del Sistema
Integrado de Información de la Protección Social, Sispro 12 , este Plan será enviado al
Congreso Nacional. Dicho sistema deberá cumplir las siguientes funciones:
a) Registrar la información de acuerdo con las normas emanadas del Ministerio de la
Protección Social. Capturar y sistematizar la información del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica, Sivigila, y ponerla a disposición del Instituto Nacional de Salud, del
Ministerio de la Protección Social, la Comisión de Regulación en Salud, el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud y de las Entidades Territoriales;
b) Recoger y sistematizar la información que determine el Ministerio de la Protección Social
para monitorear los resultados en salud de las Entidades Territoriales, las aseguradoras y
los prestadores con el fin de alimentar el Sistema de Rectoría y Administración por
resultados previsto en el artículo 2213 de la presente ley.
Parágrafo 1°. En todo caso las Entidades Promotoras de Salud, EPS, garantizarán la
administración en línea de las bases de datos de los afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, asegurando su depuración, y el correcto y oportuno registro de
las novedades. Estas se administrarán de acuerdo a los lineamientos técnicos del
Ministerio de la Protección Social y estarán al servicio de los diversos actores que deben
tomar decisiones especialmente el Ministerio de la Protección Social, el Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud, el Fosyga, la Superintendencia Nacional de Salud, los
Municipios, Distritos y Departamentos, las Administradoras del Régimen Subsidiado y los
prestadores de servicios.
Parágrafo 2°. La rendición de información y la elaboración del Registro Individual de
Prestación de Servicios, RIPS, serán obligatorias para todas las entidades y
organizaciones del sector que tengan parte en su elaboración y consolidación.
De la lectura de los artículos 18 y 44 de la Ley 1122 de 2007 se advierte que el
legislador persiguió finalidades distintas; la primera disposición tuvo un propósito
sustantivo y contributivo, al fijar las reglas del aseguramiento y la base de cotización
de los trabajadores independientes, ordenando al Gobierno reglamentar un sistema de
presunción de ingresos que permitiera determinar la capacidad económica de quienes
no cuentan con contrato de prestación de servicios, atendiendo factores objetivos
12
El Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) es la herramienta que centraliza, procesa y consolida la información del
sector salud y protección social para apoyar la formulación de políticas, la gestión y el control del sistema. Integra las instituciones, normas y procesos
tecnológicos que regulan el registro, flujo y uso de datos, mediante una bodega central que alimenta indicadores y reportes a partir de fuentes como
el RUAF, RIPS, PILA, SIHO, SGD y SISMED.
13
Artículo 22. Del subsidio a la cotización. Aquellas personas que teniendo derecho al régimen subsidiado pero que, hayan cotizado al régimen
contributivo dos (2) años dentro de los últimos cuatro (4) años, tendrán prioridad en cualquier programa de subsidio a la cot ización que como
desarrollo de la presente ley, se implemente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Parágrafo. El Subsidio a la cotización, una vez sea definido por la Comisión de Regulación en Salud, se mantendrá por lo menos durante un año a
los beneficiarios del mismo.
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como la actividad, la región y la estacionalidad del ingreso. De otra parte, el artículo 44
obedeció a una finalidad instrumental y administrativa, orientada a crear el Sistema
Integrado de Información de la Protección Social –SISPRO–, con el fin de garantizar
el registro, depuración y actualización oportuna de novedades en las bases de datos
de los afiliados, así como la trazabilidad de la información necesaria para el control y
reconocimiento de las prestaciones económicas.
Ahora bien, el Decreto 3085 de 2007 reglamentó parcialmente el artículo 44 de la Ley
1122 de 2007, en consideración a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y en desarrollo de los artículos 15 14 y 1915 de la Ley 100 de 1993,
así como de los Decretos 1465 del 200516, 1931 de 200617 y 1670 de 200718.
En virtud de ello, el acto acusado estableció, en términos generales, la obligación de
presentar una declaración anual anticipada del IBC, fijó las condiciones para modificar
los ingresos declarados, con distinción entre variaciones permanentes y temporales, y
limitó los efectos de dichas variaciones exclusivamente hacia el futuro. Además,
dispuso un procedimiento especial para los trabajadores independientes con ingresos
equivalentes a un salario mínimo, exigió el soporte notarial de los ingresos y su registro
ante las EPS, y facultó al Ministerio de la Protección Social y a las administradoras del
sistema para verificar la correspondencia entre el IBC declarado y el ingreso real,
imponer sanciones e intereses en caso de inconsistencias y excluir las diferencias
injustificadas del cálculo de las prestaciones económicas.
En este contexto normativo, le corresponde a la Sala abordar el examen de legalidad
del Decreto 3085 de 2007 en dos aspectos: (i) en primer lugar, se analizará el
contenido del artículo 1°, que impuso a todos los trabajadores independientes la
obligación de presentar una declaración anual del ingreso base de cotización, para
determinar, según los argumentos de la demanda, si dicha exigencia respetó los
límites de la potestad reglamentaria y los principios del derecho; y, (ii) en segundo
término, se examinará el artículo 2°, relativo a las modificaciones del IBC declarado, a
fin de verificar si la restricción para variar el ingreso resulta compatible con los
principios de legalidad, equidad y proporcionalidad contributiva.
14
Artículo 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones (modificado por la Ley 797 de 2003):
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas
naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación
de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus
características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales.(…)
Parágrafo 1º. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos
por el afiliado. De tal manera que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de solidaridad previstos en esta ley;
b) Podrán efectuarse pagos anticipados de aportes;
c) El Gobierno Nacional establecerá un sistema de descuento directo de aportes para permitir el pago directo de los mismos;
d) Las administradoras no podrán negar la afiliación de los trabajadores independientes ni exigir requisitos distintos a los expresamente previstos
por las normas que las rigen;
e) Los aportes podrán ser realizados por terceros a favor del afiliado sin que tal hecho implique por sí solo la existencia d e una relación laboral;
f) Para verificar los aportes, podrán efectuarse cruces con la información de las autoridades tributarias y, así mismo, solic itarse otras informaciones
reservadas, pero en todo caso dicha información no podrá utilizarse para otros fines.
15
Artículo 19. Base de Cotización de los trabajadores independientes. Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de
trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la en tidad a la cual se afilien,
guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos. (…)
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.
16
Reglamentó diversas normas sobre el Sistema de Seguridad Social Integral, estableciendo la obligatoriedad del uso de la Plani lla Integrada de
Liquidación de Aportes (PILA) como mecanismo electrónico para el pago unificado de aportes a pensiones, salud, riesgos laborales, SENA, ICBF y
Cajas de Compensación. Por lo que definió los actores del sistema —administradoras, operadores de información e instituciones financieras—, sus
funciones y responsabilidades en el flujo, validación y seguridad de la información, y dispuso las características técnicas del sistema electrónico, su
interconexión obligatoria, la confidencialidad de los datos y las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de operación y transparencia.
17
Por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y se modifica parcialmente
el Decreto 1465 de 2005.
18
Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al Sistema de la Protección Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes
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1. La obligación de presentar la declaración anual de ingresos
El artículo 1° del Decreto 3085 de 2007 estableció que todos los trabajadores
independientes debían presentar, a más tardar en febrero de cada año, una
declaración anual del ingreso base de cotización ante las entidades administradoras
del Sistema de la Protección Social, indicando el ingreso que serviría para liquidar sus
aportes desde ese mes y hasta enero del año siguiente. En caso de omisión, la norma
dispuso que se presumiría el mismo IBC del periodo anterior.
La declaración podía efectuarse en formularios físicos o por medios electrónicos, y, en
todo caso, el ingreso base no podía ser inferior a un salario mínimo legal mensual
vigente ni al porcentaje previsto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, aplicándose,
cuando fuera pertinente, el sistema de presunción de ingresos. Puntualmente, los
apartes sobre los que se pretende la nulidad son los siguientes:
“Artículo 1°. Declaración Anual de Ingreso Base de Cotización. Todos los trabajadores
independientes deberán presentar una declaración anual a más tardar en el mes de febrero
de cada año, en la cual informen a las entidades administradoras del Sistema de la
Protección Social a las que se encuentren afiliados, en la misma fecha prevista para el
pago de sus aportes, el Ingreso Base de Cotización, IBC, que se tendrá en cuenta para
liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año siguiente.
(…)
El demandante sostiene que el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria
y vulneró el principio de legalidad tributaria al imponer, mediante el Decreto 3085 de
2007, la obligación de presentar una declaración anual anticipada del IBC a todos los
trabajadores independientes, con o sin contrato de prestación de servicios. Afirma que
dicho mecanismo no fue previsto por el legislador y sustituyó el sistema de presunción
de ingresos ordenado por la ley, basado en variables objetivas como la actividad
económica, la región y la estacionalidad del ingreso. A su juicio, esta exigencia
desconoce la naturaleza fluctuante e incierta de los ingresos de quienes laboran por
cuenta propia o sin contrato de prestación de servicios, imponiéndoles una carga
materialmente imposible de cumplir y asimilándolos a los contratistas con ingresos
fijos, en contravía de los principios de equidad, proporcionalidad e igualdad.
Contrario sensu, el Ministerio de la Protección Social sostuvo que el ordenamiento
jurídico vigente ya permitía determinar el ingreso neto mensual efectivamente
percibido por los trabajadores independientes que laboraban por cuenta propia o
mediante contratos distintos a la prestación de servicios personales, sin necesidad de
acudir a un sistema autónomo de presunción de ingresos. En consecuencia, el Decreto
3085 de 2007 no creó una presunción nueva, sino que operativizó el deber legal de
reportar los ingresos reales de los trabajadores independientes dentro del marco del
SIPRO.
1.1. En relación con el planteamiento de la parte demandante, según el cual el artículo
1° del Decreto 3085 de 2007 fijó directamente y sin facultad para ello, “los sujetos
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos”, la
Sala considera que tal afirmación carece de sustento jurídico, por lo siguiente:
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A través de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, con
el fin de garantizar los derechos irrenunciables de las personas y protegerlas frente a
las contingencias que afecten su calidad de vida. Dicha ley estableció la afiliación
obligatoria para todos los trabajadores, dependientes o independientes, al Sistema
General de Pensiones y de Salud, así como la obligación correlativa de efectuar
aportes conforme a los ingresos percibidos.
Valga precisar que el trabajador independiente es la persona natural que desarrolla
una actividad económica por su cuenta y riesgo, con autonomía y sin subordinación
jurídica. Esta categoría comprende tanto a quienes celebran contratos de prestación
de servicios, como a quienes ejercen actividades por cuenta propia o perciben rentas
de capital u otros ingresos distintos a dicho contrato 19. Incluso, la Sala ha afirmado que
“todas las personas que sin estar vinculadas por contrato de trabajo ni de prestación de servicios,
perciban ingresos propios derivados de una actividad económica o de la explotación de un capital, están
obligadas a afiliarse y realizar aportes al sistema, en aplicación de los principios de solidaridad,
universalidad y capacidad contributiva.”20
El artículo 15 de la citada ley, modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003,
incluyó dentro de los afiliados obligatorios a los trabajadores independientes con
capacidad de pago. Para estos, el parágrafo primero determinó que el ingreso base de
cotización no podía ser inferior al salario mínimo y debía guardar correspondencia con
los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, reconociendo la posibilidad de
deducir las expensas necesarias para el ejercicio de la actividad productiva.
El Decreto 510 de 2003 precisó que los trabajadores independientes debían declarar
ante la administradora del sistema el monto de los ingresos efectivamente percibidos,
manifestación que debía realizarse bajo la gravedad del juramento, y reiteró que la
base de cotización mínima sería de un salario mínimo y la máxima de veinticinco
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Posteriormente, el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 introdujo una distinción entre los
contratistas de prestación de servicios, cuya base de cotización equivale al 40% del
valor mensualizado del contrato, y los demás trabajadores independientes, para
quienes, como ya se ha dicho, el legislador ordenó al Gobierno Nacional reglamentar
un sistema de presunción de ingresos atendiendo variables como la actividad
económica, la región, la estabilidad y la estacionalidad del ingreso.
Tratándose de la base de cotización en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, la jurisprudencia ha precisado que su desarrollo normativo se remonta a las
disposiciones reglamentarias que implementaron el sistema de presunción de
ingresos. En un comienzo, la Superintendencia Nacional de Salud adoptó el diseño
conceptual de dicho sistema mediante la Resolución 9 de 1996 21, utilizado por las
Entidades Promotoras de Salud – EPS- para determinar la base de cotización de los
trabajadores independientes. Posteriormente, el artículo 66 del Decreto 806 de 1998 22
dispuso que dicha base sería la determinada sobre los ingresos que calcule la EPS
conforme al sistema de presunción definido por la mencionada Superintendencia. Más
19
Corte Constitucional, Sentencia C-578 de 2009, MP. Juan Carlos Henao Pérez
20
Sentencia del 25 de junio de 2025, exp. 29480, C. P. Wilson Ramos Girón
21
Por medio de la cual se establece el Sistema de Presunción de Ingresos para los trabajadores independientes
22
Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de
Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional
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adelante, el artículo 25 del Decreto 1406 de 1999 23 indicó que, cuando los ingresos
reales del trabajador independiente superen los resultantes de la aplicación de las
presunciones mínimas, los aportes deben efectuarse con base en los ingresos
efectivamente percibidos, caso en el cual, los trabajadores independientes que
desearan afiliarse al Sistema debían presentar una declaración anual para informar
anticipadamente a la EPS el IBC que serviría para liquidar sus aportes desde febrero
de cada año y hasta enero del siguiente24.
Conviene precisar que la base de cotización debe corresponder a los ingresos reales
del trabajador independiente, de manera que, aun cuando las cotizaciones se hubieran
efectuado sobre ingresos presuntos o se omitiera la obligación de aportar, estas
podían verificarse y ajustarse con base en la información declarada ante la DIAN,
conforme a lo previsto en el parágrafo 1°, literal f) del artículo 15 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, disposición que autoriza los cruces
de información entre las autoridades tributarias y las entidades del Sistema de
Seguridad Social25.
De lo expuesto se colige que tanto la obligación de afiliarse y contribuir al Sistema
General de Seguridad Social Integral como la determinación de la base de cotización
de los trabajadores independientes, ya sea que celebren contratos de prestación de
servicios o actúen por cuenta propia, fueron definidas por el legislador con anterioridad
a la expedición del Decreto 3085 de 2007. Tales parámetros derivan de la Ley 100 de
1993 y sus modificatorias, que impusieron la afiliación obligatoria de todos los
trabajadores independientes y dispusieron que las cotizaciones se calcularan sobre
los ingresos efectivamente percibidos.
El precepto demandado no introdujo un nuevo criterio para definir la base gravable ni
modificó los límites previamente establecidos por el legislador; por el contrario, se
remitió expresamente al artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, que fijó la base máxima
de cotización para los contratistas y facultó al Gobierno Nacional para reglamentar el
sistema de presunción de ingresos aplicable a los demás tipos de rentas.
En ese marco, el artículo 1° del Decreto 3085 de 2007 se circunscribió a establecer la
forma, oportunidad y medio por los cuales los trabajadores independientes debían
23
Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de
diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral,
se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho sistema y se dictan otras disposiciones
(…)
Artículo 25. Ingreso Base de Cotización para trabajadores independientes afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS. Las
entidades promotoras de salud-EPS deberán, al memento de la afiliación, aplicar con suma diligencia a los trabajadores independientes los
cuestionarios que, con el fin de determinar las bases presuntas mínimas de los aportes que dichos trabajadores deben efectuar al SGSSS, han
establecido los órganos de control o aquellos que sean establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los que resulten de la aplicación de las presunciones sobre
bases mínimas, los aportes de dicho trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores independientes
que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en la cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de
Cotización que se tendrá en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización dentro de los plazos previstos en el presente decreto,
se presumirá que el Ingreso Base de Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentado en un porcentaje
igual al reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso Base de Cotización no será inferior a la base mínima legal que
corresponda.
24
Sentencia del 5 de junio de 2025, exp. 29087, C. P. Wilson Ramos Girón
25
Sentencias del 14 de septiembre de 2023, exp. 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, 11 de octubre de 2024, exp. 26868, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto, y 20 de febrero de 2025, exp. 28878, C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño en las cuales se detalló que, por disposición
legal, el cálculo del IBC para liquidar los aportes a salud quedó a cargo del Gobierno Nacional mediante reglamentación de un sistema de presunción
de ingresos, que a su vez el ejecutivo le asignó a la Superintendencia Nacional de Salud, órgano que adoptó y estableció el diseño conceptual del
sistema de presunción de ingresos sujeto a la afiliación voluntaria del trabajador independiente, y el diligenciamiento de los cuestionarios que
permitan establecer la base presunta mínima. Dijo también que cuando los ingresos reales del trabajador independiente superaban los resultantes
de la aplicación de bases mínimas, los aportes debían hacerse sobre los reales, y ante diferencias entre los valores declarados ante la DIAN y los
aportes al sistema, estos debían ajustarse
Adicionalmente en el caso analizado por la Sala a través de la Sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 28012, C. P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello, evocatoria de varios de los fallos citados con antelación, el independiente contaba con la declaración de renta como indicador de ingreso
de obligatoria atención por virtud del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, que desplazaba la presunción del mismo.
13
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reportar su IBC ante las entidades administradoras del sistema, sin alterar los
elementos esenciales del aporte. Este deber formal de información no implicó la
creación de sujetos pasivos ni de bases gravables nuevas, pues la determinación del
IBC continuó regida por la ley. La denominada declaración anual, en realidad,
constituye un instrumento técnico de verificación y registro dentro del Sistema
Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), en desarrollo de lo
previsto en el artículo 44 de la Ley 1122 de 2007.
En consecuencia, la disposición acusada no excede la potestad reglamentaria
conferida al Ejecutivo por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, ni
desconoce el principio de legalidad tributaria del artículo 338 ibidem, porque no crea
tributos, tarifas ni bases gravables nuevas, sino que desarrolla un instrumento de
gestión de información compatible con la finalidad de control y sostenibilidad del
sistema.
1.2. En relación con el planteamiento de la parte demandante, según el cual el Decreto
3085 de 2007 desconoció el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 al sustituir el sistema
de presunción de ingresos por una declaración anual anticipada, la Sala advierte que
dicho argumento parte de una premisa incorrecta.
En efecto, se reitera que el decreto demandado no reglamentó el artículo 18 de la Ley
1122 de 2007, que ordenó al Gobierno Nacional diseñar un sistema de presunción de
ingresos con base en variables objetivas (actividad económica, región de operación,
estabilidad y estacionalidad del ingreso ), sino el artículo 44 de la misma ley, mediante el
cual se dispuso la creación del Sistema Integrado de Información de la Protección
Social (SISPRO).
Por tanto, la declaración anual prevista en el artículo 1° del Decreto no constituye un
mecanismo de presunción de ingresos ni tiene por objeto estimar la base gravable de
los aportes. Como ya se mencionó, se trata de un instrumento de reporte y verificación
de datos, concebido para consolidar la información de los afiliados y garantizar la
interoperabilidad entre las entidades del sistema, en desarrollo de la política pública
de administración y control integral de la información en materia de seguridad social.
De esta manera, la disposición acusada no sustituyó ni desconoció el sistema de
presunción previsto por el legislador, sino que lo complementó en el plano operativo,
al exigir la remisión periódica de datos que facilitan su control y actualización dentro
del SISPRO. Su finalidad es administrativa e informativa, no normativa ni sustantiva, y
se enmarca plenamente dentro de la potestad reglamentaria atribuida al Ejecutivo para
asegurar la correcta implementación del sistema integral.
1.3. En cuanto al argumento según el cual la declaración anual de ingresos resulta
inexigible para los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios,
por la naturaleza fluctuante e incierta de sus ingresos, la Sala considera que tal
planteamiento no puede prosperar.
El artículo 1° del Decreto 3085 de 2007 no impone una carga inmodificable ni exige la
predeterminación de ingresos futuros. En realidad, establece un deber formal de
información, mediante el cual los trabajadores independientes deben declarar, en
febrero de cada año, el IBC que servirá como referencia para sus aportes. Dicho valor
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no es definitivo, pues puede ajustarse conforme a los ingresos efectivamente
percibidos durante el periodo, lo que permite reflejar la realidad económica del afiliado
y asegurar la correspondencia entre sus aportes y su capacidad contributiva según se
analizara en el marco del segundo artículo del acto acusado.
El deber de presentar la declaración anual se enmarca en la potestad de verificación
y control que ejerce el Estado sobre los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral, en desarrollo del principio de solidaridad y de la obligación general de
contribuir conforme con la capacidad económica prevista en el artículo 95.9 de la
Constitución Política.
Así, la disposición acusada no genera una obligación materialmente imposible, sino un
deber formal razonable y proporcionado, encaminado a garantizar la transparencia y
el control de los aportes dentro del sistema. El trabajador independiente, incluso sin
contrato de prestación de servicios, dispone de medios objetivos ( por ejemplo, registros
contables, información de su actividad económica o declaraciones tributarias ) para
determinar su ingreso, de modo que la eventual variabilidad de este no lo exonera del
cumplimiento del deber de información.
Por ello, la condición de trabajador independiente sin contrato no constituye un
supuesto que imposibilite la presentación de la declaración anual ni releva del
cumplimiento del deber de cotizar conforme con la capacidad económica real. La
jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en señalar que “la sola referencia al
principio de que nadie está obligado a lo imposible no es razón suficiente para sustraerse de
la obligación de afiliarse y pagar los aportes al sistema de seguridad social ” 26.
En esa medida, la obligación reglamentaria de presentar una declaración anual de
ingresos no desconoce la naturaleza variable de los ingresos de los trabajadores
independientes, sino que busca su registro y posterior ajuste conforme a la información
real que se obtenga en el curso del año. Se trata de una medida razonable de control
que permite al Estado identificar las variaciones en los ingresos y fortalecer la
sostenibilidad del Sistema Integrado de Información de la Protección Social.
1.4. Finalmente, para la Sala tampoco prospera el argumento según el cual el artículo
1° del Decreto 3085 de 2007 vulnera los principios de igualdad y equidad, al imponer
un mismo régimen de declaración a los trabajadores independientes con y sin contrato
de prestación de servicios.
La norma no desconoce las diferencias económicas entre tales grupos, pues la
determinación del IBC continúa sujeta a los parámetros legales fijados por el legislador.
Mientras el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 establece un techo máximo del 40% del
valor mensualizado del contrato para los contratistas, los demás independientes
declaran y cotizan con base en los ingresos efectivamente percibidos o determinados
por el sistema de presunción (que no es objeto de este decreto). En esa medida, el
acto acusado no uniformó la base económica de los aportes, sino que adoptó un deber
común de información, indispensable para el control y la transparencia del sistema.
El establecimiento de una misma obligación formal de declarar no implica trato
desigual, pues todos los trabajadores independientes, con independencia de la fuente
26
Sentencia del 11 de octubre de 2024, exp. 26868, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
15
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o estabilidad de su ingreso, participan de un mismo régimen contributivo y se someten
a idénticos deberes de reporte y verificación. La diferencia material radica en la
determinación del ingreso, que sigue regulada por la ley.
Por consiguiente, no se configura vulneración alguna del principio de igualdad ni del
de equidad tributaria o contributiva, toda vez que la medida acusada persigue fines
legítimos de control, transparencia y sostenibilidad del Sistema General de Seguridad
Social Integral, dentro de los límites de la potestad reglamentaria conferida al
Ejecutivo.
En suma, los argumentos propuestos por el demandante no desvirtúan la legalidad del
artículo 1° del Decreto 3085 de 2007.
2. La regulación sobre las modificaciones del ingreso base de cotización
El artículo 2° del Decreto 3085 de 2007 dispuso que el trabajador independiente debía
modificar la declaración anual del IBC cada vez que se produjeran cambios en sus
ingresos. Para ese fin, podía hacerlo mensualmente mediante los formularios
diseñados o por medios electrónicos, a través de las novedades de “variación
permanente de salario”, cuando conociera con certeza el ingreso mensual que
percibiría durante un periodo determinado, o de “variación temporal de salario”, cuando
existiera incertidumbre sobre su monto real.
A su vez, la norma acusada precisó que la variación temporal sólo tendría efectos por
un período máximo de tres (3) meses, dentro del cual no podría registrarse otra
variación de la misma naturaleza. Además, estableció que los ajustes al IBC solo
producirían efectos hacia el futuro, que las diferencias superiores al 40% respecto del
promedio del año anterior no serían tenidas en cuenta para la liquidación de
prestaciones económicas, y que las correcciones de períodos ya pagados se
tramitarían conforme a las normas vigentes sobre autoliquidaciones.
Puntualmente, los apartes sobre los que se pretende la nulidad son los siguientes:
“Artículo 2°. Modificaciones en el Ingreso Base de Cotización. El trabajador
independiente deberá modificar la declaración Anual de IBC siempre que se produzcan
cambios en sus ingresos, para ello deberá modificar su declaración del Ingreso Base de
Cotización, mensualmente, en los formularios diseñados para el efecto, o de manera
electrónica utilizando una de las siguientes novedades: "Variación permanente de salario",
cuando el trabajador independiente conozca con certeza el valor del ingreso mensual que
percibirá durante un período de tiempo, o "Variación temporal de salario", cuando se
desconozca el monto real del citado ingreso.
La variación temporal antes mencionada, sólo será efectiva por un período máximo de tres
(3) meses, período dentro del cual no se podrá realizar otra novedad de variación temporal.
(…)
Las variaciones en el Ingreso Base de Cotización que excedan de cuarenta por ciento
(40%) respecto del promedio de los doce (12) meses inmediatamente anteriores, no serán
tomados en consideración, en la parte que exceda de dicho porcentaje, para efectos de la
liquidación de prestaciones económicas. (…)
La demanda sostiene que el artículo 2° desconoce el principio de igualdad y excede la
potestad reglamentaria al imponer un mismo régimen de modificación del IBC para
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todos los trabajadores independientes, sin distinguir entre los contratistas con ingresos
fijos y quienes perciben rentas variables. Afirma que la limitación de la “variación
temporal de salario” a tres (3) meses obliga a estos últimos a anticipar o mantener
ingresos inciertos, en contravía del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.
El Ministerio de la Protección Social, por su parte, insiste en que la disposición no crea
cargas nuevas ni asimila las bases de cotización, sino que establece un deber formal
de información con posibilidad de actualización trimestral, orientado al control y
seguimiento del SISPRO, sin desconocer la naturaleza fluctuante de los ingresos.
Previo al análisis de fondo del segundo cargo, la Sala advierte que, si bien dentro de
las pretensiones el demandante solicita la nulidad del aparte del artículo 2° del Decreto
3085 de 2007 que dispone: “Las variaciones en el Ingreso Base de Cotización que excedan de
cuarenta por ciento (40%) respecto del promedio de los doce (12) meses inmediatamente anteriores,
no serán tomadas en consideración, en la parte que exceda de dicho porcentaje, para efectos de la
liquidación de prestaciones económicas”, lo cierto es que no formula un cargo concreto en
torno a dicho límite del 40% ni desarrolla argumento alguno que permita cuestionar su
legalidad.
En todo caso, la Sala precisa que las prestaciones económicas difieren de las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. Mientras las cotizaciones
constituyen aportes periódicos destinados a financiar los distintos subsistemas de
salud, pensiones y riesgos laborales, las prestaciones económicas corresponden a los
pagos que se reconocen al trabajador, afiliado o a sus beneficiarios cuando se
materializan contingencias protegidas, tales como incapacidades por enfermedad o
accidente, licencias de maternidad y paternidad, cesantías, subsidios de salud o
auxilios funerarios. Así, el límite del 40% previsto en el artículo 2° del Decreto 3085 de
2007 se refiere exclusivamente al cálculo de dichas prestaciones y no a la base
gravable de los aportes, la cual continúa regulada directamente por la ley según lo
analizado en el cargo anterior.
De igual forma, como se explicó al analizar el artículo 1°, el Decreto no introdujo
diferencias en las bases de cotización entre trabajadores independientes con o sin
contrato de prestación de servicios. Esa distinción proviene directamente del artículo
18 de la Ley 1122 de 2007, que fijó el parámetro del 40% del valor mensualizado del
contrato para los contratistas y remitió al sistema de presunción de ingresos para los
demás independientes.
Ahora bien, en el caso ya advirtió que el deber de presentar la declaración anual de
ingresos recae sobre todos los trabajadores independientes, con o sin contrato de
prestación de servicios, sin que la fluctuación de sus ingresos constituya una razón
para eludir su cumplimiento. No obstante, en este punto, corresponde estudiar si la
limitación de la “variación temporal de salario” a tres (3) meses desconoce la realidad
económica de los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios,
cuyos ingresos son variables e inciertos. A juicio del demandante, la norma los somete
al mismo régimen que a los contratistas con ingresos fijos, imponiendo una carga
imposible y un trato igual a situaciones desiguales.
En efecto, la expresión “período dentro del cual no se podrá realizar otra novedad de
variación temporal” contenida en el inciso segundo del artículo 2 del Decreto 3085 de
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2007, para la Sala vulnera el ordenamiento jurídico superior, en tanto excede la
potestad reglamentaria del Gobierno Nacional y desconoce los principios
constitucionales de equidad, proporcionalidad y primacía de la realidad económica en
materia contributiva.
Como se ha mencionado, el Decreto 3085 de 2007 fue expedido en desarrollo del
artículo 44 de la Ley 1122 de 2007, disposición que ordenó la implementación del
Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), con el fin de
sistematizar, registrar y actualizar los datos relativos a los afiliados, aportes y
prestaciones del Sistema General de Seguridad Social. En ese marco, el Ejecutivo
podía establecer mecanismos técnicos de reporte y control de información, pero no
estaba habilitado para imponer restricciones materiales que afectaran la determinación
del IBC o la correspondencia entre este y la realidad económica del afiliado.
La regla según la cual la variación temporal de salario solo puede realizarse una vez
cada tres (3) meses introduce una restricción irrazonable para los trabajadores
independientes sin contrato de prestación de servicios, cuyos ingresos pueden ser
variables, estacionales e inciertos mes a mes. A diferencia de los contratistas con
honorarios pactados, aquellos que actúan por cuenta propia, en principio, no cuentan
con una base fija de ingresos que pueda proyectarse trimestralmente, por lo que
exigirles mantener un IBC durante dicho lapso desconoce su realidad económica y
afecta la correspondencia entre ingreso real y aporte, prevista en los artículos 15 y 19
de la Ley 100 de 1993.
La medida, además, resulta contraria al principio de igualdad material, prevista en el
artículo 13 de la Carta Política, pues aplica de forma indistinta a trabajadores con
condiciones económicas disímiles, imponiendo una carga desproporcionada a quienes
tienen ingresos inciertos. También contraviene el principio de capacidad contributiva -
art. 95.9 C.P.-, al impedir ajustar el ingreso efectivamente percibido en correspondencia
con la realidad económica, con consecuencias que incluso inciden en la liquidación de
prestaciones económicas como subsidios e incapacidades, cuya determinación
depende de la información registrada en el SISPRO.
En esa medida, la restricción trimestral no constituye una medida de orden técnico o
informativo —propia del artículo 44 de la Ley 1122 de 2007 —, sino una limitación
sustantiva que impide reportar la realidad económica del contribuyente. El Gobierno,
al fijar dicho plazo, desbordó la potestad reglamentaria, transformando un deber de
reporte en una restricción sobre el derecho a ajustar el ingreso base de cotización
conforme con los ingresos realmente percibidos.
Por lo anterior, la Sala concluye que la expresión “período dentro del cual no se podrá
realizar otra novedad de variación temporal” contenida en el inciso segundo del artículo
2° del Decreto 3085 de 2007 excede la potestad reglamentaria conferida al Ejecutivo,
vulnera los principios de equidad y proporcionalidad y desconoce la naturaleza
fluctuante del ingreso de los trabajadores independientes sin contrato de prestación de
servicios. En consecuencia, se declarará su nulidad.
Por lo anterior expuesto, esta Sección anulará el apartado antes señalado y negará la
anulación de las demás disposiciones acusadas, porque los cargos de la nulidad no
desvirtuaron la presunción de legalidad que las amparan, al haberse establecido que
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no quebrantaron el ordenamiento superior ni configuraron un exceso en la potestad
reglamentaria.
No se condenará en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del
CPACA y la primera regla de decisión de la sentencia del 23 de septiembre de 2025
(Exp. 28292 CP Wilson Ramos Girón), atendiendo a que se ventila un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. ANULAR la expresión “período dentro del cual no se podrá realizar otra
novedad de variación temporal” contenido en el inciso segundo del artículo 2 del
Decreto 3085 de 2007, expedido por el Gobierno Nacional, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
2. NEGAR la nulidad de las demás disposiciones demandadas.
3. Sin condena en costas.
Notifíquese y comuníquese,
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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