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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2025-00050-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2025-00050-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX, contra la sentencia del 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-37-040- 2022-00155-02, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente y a favor de la UGPP, las cuales se liquidarán por Secretaría. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-27-000-2025-00050-00 (30216) Demandante: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la recurrente. Cuarto: En firme la providencia, archívense la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2025-00050-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

26 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-27-000-2025-00050-00 (30216)
Demandante: Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-27-000-2025-00050-00 (30216)
Demandante: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX
Demandado: UGPP

Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5ª del artículo 250 del
CPACA

Recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto, mediante apoderado
judicial, por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior Mariano Ospina Pérez -en adelante ICETEX-, contra la sentencia del 30 de
mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, que confirmó el fallo del 31 de julio de 2023 del Juzgado 40
Administrativo del Circuito de Bogotá que declaró probada de oficio la excepción de
caducidad y dio por terminado el proceso.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes administrativos
1
El 5 de octubre de 2012, el Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito de Tunja ,
declaró la nulidad de la Resolución PAP 040664 de 25 de febrero de 2001, expedida la
Caja Nacional de Previsión Social EICE, y le ordenó reliquidar la pensión de jubilación
reconocida a Plinio Alfonso Acero Bernal, con base en el 75% de lo devengado durante
el lapso comprendido entre el 1 de marzo de 2006 al 28 de febrero de 2007.

El 8 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la declaratoria de
nulidad y modificó el restablecimiento del derecho para incluir nuevos factores
reliquidar la pensión.

En cumplimiento de lo anterior, la UGPP expidió la Resolución RDP012631 del 11 de
abril de 2018, donde resolvió, entre otras cosas, reliquidar la pensión de jubilación del
señor Plinio Alfonso Acero Bernal, y ordenó enviar copia de la precitada resolución al
área competente para que se efectuaran los trámites pertinentes para el recobro de los
aportes patronales al ICETEX por valor de $26.132.776. Esta resolución fue
posteriormente modificada por las resoluciones RDP004645 y RDP13684 del 19 de
febrero y 12 de junio de 2020, respectivamente.

1
Radicado 2011-155.

1
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Radicado: 11001-03-27-000-2025-00050-00 (30216)
Demandante: Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX

El ICETEX interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la
Resolución RDP 13684 del 12 de junio de 2020, en los cuales solicitó que se revocara
el numeral noveno del citado acto, y se declarara que no existe obligación a su cargo
por concepto de aporte patronal del señor Acero Bernal, dado que operó la prescripción
de que trata el artículo 817 del Estatuto Tributario.

Los recursos mencionados fueron resueltos mediante las resoluciones RDP 022224 y
022944 del 30 de septiembre y 8 de octubre de 2020, respectivamente, que
confirmaron el artículo noveno de la Resolución RDP13684 del 12 de junio de 2020.

Por lo anterior, la entidad recurrente promovió demanda de nulidad contra la UGPP,
con el fin de que se declarara la nulidad de los anteriores actos administrativos.

2. Antecedentes judiciales

La demanda en cuestión fue radicada e inicialmente fue inadmitida como medio de
control de nulidad simple, para luego ser admitida por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que de la naturaleza de la
controversia se derivaba un derecho económico a ser reestablecido.

Mediante sentencia del 31 de julio de 2023, el Juzgado 40 Administrativo del Circuito
de Bogotá declaró probada de oficio la excepción de caducidad y dio por terminado el
proceso, al considerar que los aportes patronales exigidos al ICETEX por la UGPP,
derivados de la reliquidación pensional del señor Plinio Alfonso Acero Bernal,
constituyen contribuciones parafiscales y no prestaciones periódicas. En
consecuencia, aplicó el término de caducidad de cuatro meses establecido en el literal
d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, concluyendo que la demanda presentada
por el ICETEX el 20 de mayo de 2022 excedía dicho plazo, ya que la última resolución
fue notificada el 15 de octubre de 2020.

3. Sentencia recurrida en revisión

Previo recurso de apelación presentado por la entidad demandante, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A en sentencia del 30
de mayo de 2024, confirmó la decisión de primera instancia.

El Tribunal consideró que los aportes patronales, aunque derivados de una
reliquidación pensional, no constituyen prestaciones periódicas sino obligaciones de
naturaleza parafiscal, sujetas a caducidad. Rechazó el argumento del apelante que
pretendía equiparar los aportes patronales con prestaciones periódicas para evitar la
caducidad. En consecuencia, los actos por los cuales se exigían tales aportes
parafiscales solo podían ser demandados en el término de caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que al haberse presentado la
demanda fuera del término legal, ratificó la decisión de primera instancia, y no condenó
en costas.

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Demandante: Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Escrito del recurso extraordinario de revisión

El 3 de mayo de 2024, el ICETEX interpuso recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia del 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, porque consideró que se encuentra
incursa en la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, esto es, «existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

Para la recurrente, la demanda fue presentada por el ICETEX utilizando el medio de
control de nulidad simple contra actos administrativos de contenido particular,
amparándose en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C-426/02), que
permiten este tipo de medio de control cuando se busca exclusivamente la protección
del orden jurídico.

El ICETEX argumentó que los recobros realizados por la UGPP derivados de la
reliquidación pensional de un exfuncionario constituían prestaciones periódicas, lo que
habilitaba la presentación de la demanda en cualquier tiempo, según el literal c) del
artículo 164 del CPACA. Esta interpretación se sustentó en múltiples sentencias
judiciales que reconocen la naturaleza periódica de las cuotas partes pensionales y los
aportes parafiscales relacionados con ellas.

Sin embargo, la demanda fue inicialmente inadmitida como nulidad simple y, luego,
admitida bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En primera
instancia, el Juzgado 40 Administrativo de Bogotá declaró probada la caducidad de la
acción y dio por terminado el proceso. El ICETEX apeló esta decisión, argumentando
que se desconocía la jurisprudencia que considera los aportes parafiscales como
prestaciones periódicas, lo que impediría aplicar la caducidad. No obstante, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia del a quo el 30 de mayo de
2024, lo que, según el ICETEX, vulneró el principio de congruencia procesal.

A juicio del ICETEX, la providencia recurrida resolvió aspectos no solicitados ni
debatidos en el proceso, lo que constituye una anomalía procesal grave. Este tipo de
nulidad originada en la sentencia puede configurarse cuando el juez se pronuncia
sobre asuntos fuera de su competencia, condena por objeto distinto al pretendido, o
actúa sin el debido trámite procesal, entre otros supuestos. La sentencia de segunda
instancia incurrió en una incongruencia al declarar la caducidad de la acción sin
considerar adecuadamente la naturaleza jurídica de las cuotas partes pensionales
como prestaciones periódicas.

El ICETEX sostuvo que los actos administrativos demandados, relacionados con el
recobro de aportes patronales derivados de una reliquidación pensional, tienen la
naturaleza de prestaciones periódicas. Esta interpretación la apoya en múltiples
pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
que han definido las cuotas partes pensionales como obligaciones de tracto sucesivo,
no sujetas a caducidad según el literal c) del numeral 1° del artículo 164 del CPACA.
Al desconocer esta naturaleza, el tribunal habría vulnerado el derecho al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, lo que justifica la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.

3
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Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX

2. Trámite procesal

En auto del 17 de junio de 2025, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el ICETEX, se ordenaron las notificaciones de rigor2, y por Secretaría,
se requirió al Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá para que remitiera en
calidad de préstamo, el expediente digital dentro del cual se tramitó el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado con número 11001-03-37-040-
2022-00155-00/02.

Mediante auto del 30 de septiembre de 2025, se tuvieron como pruebas los
documentos aportados con la demanda y la contestación.

3. Contestación al recurso

La UGPP solicitó que se declarara infundado el recurso extraordinario de revisión
porque que no se ha vulnerado el principio de congruencia ni se ha incurrido en
ninguna causal de nulidad que amerite la revisión de la sentencia.

Precisó que, en el caso bajo estudio, la sentencia del 30 de mayo de 2024 se dictó
conforme a las normas legales vigentes y sin vulnerar derechos del demandante. En
este sentido, no se configuró la causal de nulidad invocada por el ICETEX, ya que la
decisión judicial se ajustó a los parámetros legales y jurisprudenciales establecidos.

El artículo 164 del CPACA establece un término de cuatro meses para interponer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contados desde la
notificación del acto administrativo. En este caso, el acto cuya nulidad se pretende fue
expedido el 8 de octubre de 2020, por lo que el plazo para demandar vencía el 8 de
febrero de 2021. Sin embargo, el ICETEX presentó la demanda el 20 de mayo de 2022,
es decir, más de un año después del vencimiento del término legal, lo que la hace
extemporánea.

Concluyó que, dado el incumplimiento del término legal para presentar la demanda, no
se configuró la causal quinta del artículo 250 del CPACA, que establece como causal
de revisión la existencia de nulidad en una sentencia que puso fin al proceso y contra
la cual no procede apelación. En este caso, sí hubo apelación, y la sentencia fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que refuerza la
legalidad de la decisión.

4. Concepto del Ministerio Público

El Procurador Quinto delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que indicó que el recurso extraordinario de revisión debe declararse infundado, porque
no se configuró la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA.

Al respecto, señaló que el recurso debe ser declarado infundado, ya que no se
configura la causal de nulidad invocada (numeral 5 del artículo 250 del CPACA), pues

2
Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, al Distrito de Bogotá - Secretaría
de Hacienda, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4
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no se demuestra que la nulidad se haya originado en la sentencia ni que esta carezca
de apelación.

Los argumentos del ICETEX se refieren a aspectos ya debatidos en el proceso judicial,
lo cual se corresponde a la procedencia del recurso interpuesto, ya que el recurso
extraordinario de revisión no puede utilizarse para reabrir discusiones procesales ni
para cuestionar la interpretación jurídica del juez. Además, los actos administrativos
impugnados tienen naturaleza parafiscal y no constituyen prestaciones periódicas, por
lo que están sujetos al término de caducidad de cuatro meses.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Oportunidad del recurso

El recurso extraordinario de revisión se presentó el 3 de mayo de 2024; es decir, en
vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia3.

Comoquiera que el término de ejecutoria de la sentencia que se cuestiona vencía el 7
de junio de 2024, y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 5 de junio del
mismo año, se concluye que el recurso se presentó dentro del término establecido en
la ley para ello.

2. Competencia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la entidad impugnante contra la sentencia de
30 de mayo de 2024, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 249 inciso 2 del CPACA.

3. Legitimación en la causa

Respecto del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX, se tiene que cuenta con un claro interés
jurídico que se debate en el sub examine, toda vez que fue la parte demandante del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual se profirió la sentencia
cuestionada.

Por su parte, la UGPP está legitimada, pues fue parte demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia que ahora se
cuestiona.

3
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que
dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

5
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La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la acción
extraordinaria de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5ª del artículo 250
del CPACA.

4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión

En los términos del artículo 249 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA4.

Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ha descrito como una verdadera acción contra decisiones injustas, a
fin de restablecer la justicia material5. En el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres6, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor
funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

De ahí que el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa para su procedencia, causales que, en todo caso, por
tratarse de situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.

4
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en
su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada”.
5
Sentencia C-418 de 1994.
6
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800. M.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.

6
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Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales no aluden a errores sustanciales que puedan derivarse
de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma
sustancial, pues no es un recurso que proceda por violación de la ley7.

5. Del alcance y requisitos de la causal quinta: -“5. Existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.

De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii) que
la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y no
antes.

Por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son aquellos eventos
descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso8 – antes el artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo 29 de la Constitución
9
Política .

Será entonces en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en la
precitada norma se configuren, en el momento procesal de la expedición de la
sentencia, que se habilita el recurso extraordinario de revisión10. Recuérdese que, de

7
Ibidem.
8
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad
tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o
pretermita íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si,
en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial
carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación
del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas,
o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o
de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita
en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado.
9
La Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la nulidad
originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes Código
de Procedimiento Civil-, que, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido en el
artículo 29 de la Constitución Política.
10
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo
ser advertida por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se convertiría
en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades
o errores procesales que debieron proponer dentro del término oportuno. Al respecto, ver sentencias del 3 de
diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del 3 de diciembre de
2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.

7
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conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán por
subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de que la misma haya sido saneada, sin perjuicio de las nulidades
insaneables que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de 2011,
en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00, identificó
algunos eventos es los que se predica la existencia de la nulidad originada en la
sentencia, en los siguientes términos:

«En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la
transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única
actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii)
o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de
magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando
11
la providencia carece completamente de motivación[…] .»

Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:

«Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación
del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
12
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)»

La Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida causal, en lo que
concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación del 8 de mayo de
2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el expediente con radicado
11001-03-15-000-1998-00153-0113, se refirió ampliamente al derecho a la tutela
judicial efectiva o recurso judicial efectivo. Consideró que el recurso de revisión y las
causales que dan lugar a su solicitud constituyen un mecanismo judicial
destinado a la protección de derechos fundamentales como el de acceso a la

11
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre
de 2009, dentro del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del juez
sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00.
13
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se
presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el
fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del Proceso]
y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta Corporación
en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739
de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es causal de nulidad constitucional por violación
de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva.

8
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justicia y el debido proceso. Es decir, es un instrumento o medio de control que el
legislador diseñó para la protección de esos derechos fundamentales, que buscan la
satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pero
conservando la excepcionalidad que lo caracteriza14.

Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón,
a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los
presupuestos procesales así lo permitan, pues de lo contrario iría en detrimento no
solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una real y efectiva
administración de justicia, dado que la falta de resolución de las controversias
judiciales, fundada en motivos caprichosos equivale a una falta de tutela judicial
efectiva, y en forma genérica, a una vulneración al debido proceso.

Por tal razón, la Sala concluyó que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional, cuando una
autoridad judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, por
considerarla una clara denegación de justicia.

Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».

Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas en que,
a juicio de la recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada15.

6. Planteamiento del problema jurídico

En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia proferida
el 30 de mayo de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado con número 11001-33-37-040-2022-00155-02, está incursa en la causal de
revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, por contener
una nulidad insaneable.

Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan en los presupuestos para alegar la causal invocada.

7. De la solución al problema jurídico planteado

La petición de la recurrente se funda en que la sentencia cuestionada se encuentra
incursa en la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, por ser una decisión incongruente,
toda vez que, a su juicio, se pronunció sobre aspectos no debatidos, ignorando que

14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
nro. 11001-03-15-000-2020-03585-00, C.P. Dr. Luis Alberto Álvarez Parra.
15
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01
[47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de Estado,
que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.

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los recobros por reliquidación pensional constituyen prestaciones periódicas, lo que
permitiría demandar sin límite temporal conforme al artículo 164 del CPACA.

Al respecto, la Sala observa que la parte recurrente se limitó a cuestionar situaciones
jurídicas que fueron objeto de pronunciamiento en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuya discusión pretende revivir con el fin de convertir el
recurso extraordinario de revisión en una nueva instancia. Asimismo, expuso
argumentos que en últimas conciernen a la interpretación que hace el juez de la
situación fáctica y la interpretación normativa, para efectos de determinar la caducidad
del medio de control.

Es así que, mediante la sentencia del 31 de julio de 202316, el Juzgado 40
Administrativo del Circuito de Bogotá declaró probada de oficio la excepción de
caducidad del medio de control, al considerar que «[…] los administrativos demandados
contienen una reliquidación pensional y la imposición de los aportes patronales, de modo que, la
controversia se circunscribió a este último tema, que corresponde a una obligación crediticia parafiscal,
y no a una prestación periódica, por lo que no puede demandarse en cualquier tiempo.»

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión al
considerar que las contribuciones parafiscales deben entenderse como prestaciones
periódicas, y pueden ser demandadas en cualquier tiempo, según lo estipulado en el
literal c), del numeral 1° del artículo 164 de la ley 1437 de 2011. La obligación crediticia
parafiscal se convierte en una prestación periódica una vez se paga al pensionado las
mesadas reliquidadas de conformidad con la orden impartida a través de sentencia
judicial.

La sentencia acusada confirmó la decisión del a quo, al concluir que las prestaciones
periódicas son pagos regulares que recibe un empleado o pensionado, como el salario
y las prestaciones sociales, derivados directamente de la relación laboral entre
empleador y trabajador. En contraste, las contribuciones parafiscales, como los
aportes patronales, aunque también son pagos periódicos, no tienen naturaleza laboral
ni inciden en el reconocimiento de derechos laborales, ya que se consideran tributos
que el empleador debe cumplir ante el Estado, en los siguientes términos:

«Las prestaciones periódicas son emolumentos que habitualmente percibe el empleado o
pensionado, como salario y prestaciones sociales, es decir, se dan dentro del ámbito
laboral de la relación empleado – empleador, es decir, se refieren al pago de manera
regular de dichos emolumentos, y la contribución parafiscal, en este caso, los aportes
patronales, constituyen pagos de aportes, que no influyen en el derecho del
reconocimiento laboral, por ende no tienen esa naturaleza, sino que son considerados
tributos.

En ese orden, cuando lo que se demanda está relacionado de forma exclusiva con la
obligación parafiscal, como en el presente caso, no se puede pretender la aplicación del
literal c) del numeral 1° del artículo 164 del CPACA, respecto de prestaciones periódicas
y su oportunidad para demandar en cualquier tiempo, pues el aporte patronal no reúne las
condiciones para ser considerado como tal, sino como una contribución de naturaleza
tributaria.»

Hecho el anterior recuento, se advierte que no resulta cierto que la providencia
recurrida en sede del recurso extraordinario de revisión no atienda al principio de

16
Índice 42 Samai, expediente 11001-33-37-040-2022-00155-00 del Juzgado 40 Administrativo del Circuito de
Bogotá.

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congruencia, pues resolvió los cargos de apelación. La conclusión a la que se llegó
tanto en primera como en segunda instancia fue que los aportes patronales no se
constituían como prestaciones periódicas sino como contribuciones, por lo que era
procedente aplicar el literal d) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA y hacer
el estudio de caducidad del medio de control.

La parte recurrente señaló que la demanda se presentó como medio de control de
nulidad simple con base en la sentencia C-426 de 2022 de la Corte Constitucional que
señaló que, en aras de garantizar el restablecimiento de la legalidad en abstracto,
procede la acción de nulidad contra actos de contenido particular, y que la decisión no
tuvo en cuenta que los aportes patronales son prestaciones periódicas las cuales no
les aplica el término de caducidad del medio control.

Tal apreciación resulta descontextualizada a juicio de la Sala, porque en la sentencia
C-426 de 2002 se hace un extenso y profundo análisis sobre el alcance de la acción
de simple nulidad frente a actos administrativos de contenido particular. En ella, la
Corte Constitucional afirmó que la acción de nulidad se puede ejercer contra cualquier
acto administrativo, general o particular, siempre que la pretensión se limite al control
de legalidad en abstracto, sin que sea necesario demostrar afectación directa de
derechos subjetivos ni solicitar reparación; es decir, que la procedencia del medio de
control no depende del tipo de acto impugnado, sino de la naturaleza de la pretensión
formulada por el demandante.

Sin embargo, de estudiarse la legalidad de los actos administrativos demandados
mediante el medio de control de simple nulidad, y en caso de que se declare su nulidad,
la consecuencia jurídica directa sería el restablecimiento automático del derecho de la
parte demandante. En este caso específico, dicho restablecimiento implicaría que la
demandante no estaría obligada a realizar el pago del aporte patronal reclamado, lo
que evidencia que la pretensión no se limitaba al control abstracto de legalidad, sino
que conllevaba efectos concretos sobre su situación jurídica individual. Por tanto, el
medio de control adecuado sería el de nulidad y restablecimiento del derecho, dado
que la decisión judicial tendría un impacto directo en la esfera patrimonial de la
demandante.

Asimismo, no debe perderse de vista que la decisión a través de la cual el Juzgado 40
Administrativo del Circuito de Bogotá admitió la demanda, adecuándola al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho no fue objeto de recurso.

A la par, la causal de nulidad originada en la sentencia por el desconocimiento del
principio de congruencia no puede sustentarse cuando no existe sentencia que haya
decidido sobre el fondo del asunto, resultado de haber fijado la litis entre las partes.
No tiene razón la actora al acudir al recurso extraordinario afirmando la ocurrencia de
una incongruencia de la sentencia anticipada, cuando la decisión adoptada por los
jueces naturales dentro del medio de control ordinario tiene origen en el ejercicio de la
facultad oficiosa de verificación de los presupuestos del medio de control incoado, en
este caso la caducidad de la acción; pues, demostrada la falencia para tramitar la
demanda, ello impidió que se adoptase una decisión de fondo ligada a los cargos de
nulidad invocados en la demanda, con lo cual no hay congruencia interna y externa
que pueda estudiarse.

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Se recuerda que el recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional
para controvertir la excepción declarada por el Tribunal en el proceso ordinario, sino
para analizar, con base en las taxativas causales de procedencia del recurso, si debe
romperse o no la cosa juzgada.

Por lo anterior, las afirmaciones en que la recurrente basó el recurso extraordinario de
revisión no pueden ser entendidas como verdaderos argumentos que se enmarquen
en los requisitos de la causal de revisión invocada, pues, como se vio, no cumple con
los presupuestos fácticos que la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado
para la procedencia de este.

En suma, los cargos no prosperan y, en consecuencia, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX contra
la sentencia del 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

8. Condena en costas

El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, establece
que, si un recurso extraordinario de revisión resulta infundado, se debe imponer
condena en costas y perjuicios al recurrente. En el caso analizado, el recurso fue
interpuesto durante la vigencia de esta norma, y se cumplen los requisitos legales para
aplicar dicha sanción, conforme a lo dispuesto en los artículos 361 y 365 del Código
General del Proceso, que regulan la imposición de costas cuando estas se hayan
causado y estén debidamente comprobadas.

Dado que la UGPP intervino en el proceso mediante escrito de oposición, y
considerando la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por su
apoderado, se impone condenar en costas por concepto de agencias en derecho. Esta
se fija en un salario mínimo legal mensual vigente, conforme a los criterios establecidos
por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo nro. PCSJA25-12355 del 28 de
noviembre de 2025, reconociendo así el esfuerzo procesal desplegado en defensa de
la legalidad del acto administrativo cuestionado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano
Ospina Pérez - ICETEX, contra la sentencia del 30 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-37-040-
2022-00155-02, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente y a favor de la UGPP, las cuales
se liquidarán por Secretaría.

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Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, la cual deberá
incluirse en la liquidación de costas a pagar por la recurrente.

Cuarto: En firme la providencia, archívense la actuación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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