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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2020-00059-00

Fecha
17 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2020-00059-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas de la referencia contra los actos de elección de los ciudadanos Fabio Ospitia Garzón, Hugo Quintero Bernate, Gerson Chaverra Castro, Francisco José Ternera Barrios, Omar Ángel Mejía Amador, Iván Mauricio Lenis Gómez y Luis Benedicto Herrera Díaz, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2020-00059-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

17 de agosto de 2022

Demandantes: Carlos Andrés Echeverry Restrepo y otros
Rad: 11001-03-28-000-2020-00059-00 (ACUM.)
Demandados: magistrados de la Corte Suprema de Justicia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2020-00059-00 (ACUM1.)
Demandantes: CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO Y OTROS2
Demandados: MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA3

Tema: Quorum decisorio para la elección de magistrados de la Corte Suprema de
Justicia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Surtidos los trámites correspondientes y sin que se advierta la presencia de vicio
procesal que impida abordar el fondo de estos asuntos, corresponde a la Sección
Quinta del Consejo de Estado dictar sentencia de única instancia dentro de los
procesos de nulidad electoral de la referencia4.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demandas

1. Los señores Carlos Andrés Echeverry Restrepo, Isabella Sanmiguel
Salamanca, Eliana Andrea González Domínguez, Cristina Alejandra Andrade
Melo, Iván Velásquez Gómez, Raúl Alfonso Gutiérrez, Diana Salinas Plaza, Jesús
Rodrigo Fernández Fernández, León Valencia Agudelo, Camilo Enciso Vanegas,
Víctor Javier Velásquez Gil, Fernando Vargas Valencia y Carlos Rodríguez Mejía
presentaron, en nombre propio, demandas en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral5 contra los actos de elección de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, que se enlistan a continuación:

Magistrado Acto de elección acusado
Fabio Ospitia Garzón Acuerdo No. 1400 del 28 de febrero de 2020
Hugo Quintero Bernate Acuerdo No. 1401 del 28 de febrero de 2020
Gerson Chaverra Castro Acuerdo No. 1402 del 28 de febrero de 2020
Francisco José Ternera Barrios Acuerdo No. 1403 del 28 de febrero de 2020
Omar Ángel Mejía Amador Acuerdo No. 1404 del 28 de febrero de 2020
Iván Mauricio Lenis Gómez Acuerdo No. 1405 del 28 de febrero de 2020
Luis Benedicto Herrera Díaz Acuerdo No. 1406 del 28 de febrero de 2020

1
Radicaciones Nos. 11001-03-28-000-2020-00061-00, 11001-03-28-000-2020-00062-00, 11001-03-28-000-2020-00063-00,
11001-03-28-000-2020-00064-00, 11001-03-28-000-2020-00065-00, 11001-03-28-000-2020-00066-00 y 11001-03-28-000-
2020-00067-00.
2
Señores Isabella Sanmiguel Salamanca, Eliana Andrea González Domínguez, Cristina Alejandra Andrade Melo, Iván
Velásquez Gómez, Raúl Alfonso Gutiérrez, Diana Salinas Plaza, Jesús Rodrigo Fernández Fernández, León Valencia
Agudelo, Camilo Enciso Vanegas, Víctor Javier Velásquez Gil, Fernando Vargas Valencia y Carlos Rodríguez Mejía.
3
Señores Hugo Quintero Bernate, Gerson Chaverra Castro, Francisco José Ternera Barrios, Omar ángel Mejía Amador,
Iván Mauricio Lenis Gómez, Luis Benedicto Herrera Díaz y Fabio Ospitia Garzón.
4
Inicialmente, la ponencia de este proceso acumulado correspondió al honorable magistrado, doctor Luis Alberto Álvarez
Parra. El 4 de agosto de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado improbó el proyecto de fallo sometido a su estudio
por parte de este togado, lo que llevó al cambio de magistrado ponente.
5
Consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.
1

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Demandantes: Carlos Andrés Echeverry Restrepo y otros
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Demandados: magistrados de la Corte Suprema de Justicia

1.2. Hechos

2. Por tratarse de procesos acumulados que comparten los mismos supuestos
fácticos, la Sala los narrará de forma conjunta y sintética, así:

3. Los artículos 146 del Decreto No. 16607 de 1978, contentivo del Reglamento
Interno de la Corte Suprema de Justicia, y el artículo 58 del Acuerdo No. 006 del
12 de diciembre de 2002, prescriben que para la elección de los magistrados que
conforman la Corporación se requerirá del voto favorable de las 2/3 partes de sus
integrantes, es decir, de 16 de los 23 miembros que la componen.

4. El 26 de febrero de 2020 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
estaba constituida por 16 magistrados, quienes reunidos en esa fecha no llegaron
a un acuerdo para designar las 7 vacantes9 que, en ese momento, existían al
interior del alto Tribunal.

5. El 27 siguiente, el periodo constitucional del magistrado Ariel Salazar
Ramírez llegó a su término, por lo que la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia quedó integrada por 15 miembros.

6. En sesión extraordinaria convocada para el 28 de febrero de 2020, los 15
magistrados que hacían parte de la Sala Plena, con fundamento en una indebida
interpretación del artículo 5 del Acuerdo No. 006 del 12 de diciembre de 2002,
reformaron el quorum decisorio para la elección de las 7 plazas vacantes,
mediante la adopción de una regla de “mayoría absoluta”.

7. De esta manera, el quorum decisorio para la designación de los
magistrados pasó de las 2/3 partes de los integrantes de la Corporación –16
magistrados– a la mitad más 1 de sus miembros, esto es, al voto favorable de 12
togados.

8. Ese mismo 28 de febrero de 2020, a juicio de los demandantes, con
amparo en dicha modificación del reglamento, la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia eligió como magistrados de ese alto Tribunal a los señores Hugo
Quintero Bernate y Luis Benedicto Herrera Díaz, con 14 votos cada uno, y a los
señores Iván Mauricio Lenis, Omar Ángel Mejía Amador, Fabio Ospitia Garzón,
Francisco José Ternera Barrios y Gerson Chaverra Castro, con 15 votos.

9. Consecuentemente, los accionados fueron designados magistrados con
menos votos de los exigidos por la ley y el reglamento de la Corporación.

6
“En las elecciones de funcionarios que hagan la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los tribunales
Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Superior de Aduanas, se procederá individualmente. No se considera elegido el
candidato sino cuando haya obtenido a su favor los dos tercios de los votos de los miembros que integren la corporación
respectiva reunida en pleno.”
7
“Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 15 y 20 de 1972, los Decretos 250 y 762 de 1970, 546 de 1971 y 717
de 1978, y otras disposiciones sobre administración del personal de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de las
Direcciones de Instrucción Criminal.”
8
“El quorum para deliberar será la mayoría de los miembros de la Corporación. Las decisiones se tomarán por igual
mayoría, salvo en los siguientes casos en los cuales se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus
integrantes: elección de Presidente y Vicepresidente de la Corte, de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia…”.
9
Generadas por la finalización de los periodos constitucionales de los magistrados Jorge Mauricio Burgos, Luis Gabriel
Miranda Buelvas, Fernando Alberto Castro Caballero, José Luis Barceló Camacho, Margarita Cabello Blanco, Luis
Guillermo Salazar Otero y Rigoberto Echeverri Bueno.
2

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1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. Del estudio integral de las 8 demandas formuladas contra los accionados,
se extractan las siguientes censuras, propuestas con fundamento en la ilegalidad
por infracción de norma superior10:

1.3.1. Infracción de los artículos 14 del Decreto No. 1660 de 1978 y 5 del
Acuerdo No. 006 del 2002, Reglamento Interno de la Corte Suprema de
Justicia

11. Los demandantes precisaron que de conformidad con los artículos 14 del
Decreto No. 1660 de 1978 y 5 del Reglamento Interno de la Corte Suprema de
Justicia, la designación de los magistrados de ese alto tribunal se efectúa
mediante el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes, es decir, con la
obtención de 16 de los 2311 sufragios posibles en el marco de esos certámenes.

12. Manifestaron que, en el caso particular, la “mayoría calificada” descrita fue
reducida a una “mayoría absoluta”, que surgió como consecuencia de la
interpretación dada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia al artículo 5
de su Reglamento Interno.

13. Los accionantes sostuvieron que esta actuación supuso la indebida
alteración del quorum decisorio para elegir magistrados, razón por la que los
demandados pudieron ser designados con 14 y 15 votos, respectivamente; cifra
que estaba por debajo de los 16 exigidos por las normas que regulaban ese
procedimiento.

14. Resaltaron que a la luz de los criterios hermenéuticos12 plasmados en la
Ley 57 de 1887, los mandatos establecidos en los artículos 14 del Decreto No.
1660 de 1978 y 5 del Acuerdo No. 006 de 2002 no permitían ser interpretados,
habida cuenta de su claridad en punto del quorum requerido para elegir a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

15. En consonancia, alegaron que dicha interpretación constituye,
materialmente, una reforma del reglamento, igual a la acaecida en el caso de la
sentencia de 6 de marzo de 201213, en la que la Sala Plena del Consejo de Estado
declaró la nulidad de la designación de la señora Viviane Aleyda Morales, como
fiscal general de la Nación.

16. Igualmente, señalaron que el artículo 14 del Decreto No. 1660 de 1978
gozaba de plena vigencia en el ordenamiento jurídico establecido por la Carta
Política de 1991, en la forma dispuesta en el artículo 20414 de la Ley 270 de 1996,
cuya constitucionalidad fue declarada por la Corte Constitucional en sentencia C-
037 de 1996.

10
Artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
11
Para establecer el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, los accionantes acudieron a los artículos 235
de la Constitución Política y 15 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, así como a la sentencia
del 6 de marzo de 2012, Rad. 11001-03-28-000-2011-00003-00 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
12
Artículos 27, 28, 30 y 32 de la Ley 57 de 1887.
13
Rad. 11001-03-28-000-2011-00003-00.
14
“Hasta tanto se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales
administrativas de los funcionarios y empleados judiciales, continuarán vigentes, en lo pertinente el Decreto-ley 052 de 1987
y Decreto 1660 de 1978, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a la Constitución Política y a la presente ley.”
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17. En ese orden, los actores subrayaron que la modificación operada al
Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, por vía de la interpretación
del artículo 5 de ese cuerpo15, fue ilegal, pues cualquier cambio en este sentido
debía traducirse en una revisión al artículo 204 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia16, por ser la norma que sustenta el vigor del artículo 14
del Decreto No. 1660 de 1978 en el asunto de autos.

1.3.2. Infracción de los artículos 3, 5 y 52 del Acuerdo No. 006 de 2002,
Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia

18. Los accionantes alegaron que los actos de elección acusados transgreden
los artículos 317, 5 y 5218 del Reglamento de la Corte Suprema de Justicia, en los
que se establecen las condiciones normativas para reformar sus preceptos.

19. Para ello, adujeron que, lejos de presentarse como una verdadera
interpretación del artículo 5 del Acuerdo No. 006 de 2002, la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia efectuó, en el desarrollo de la reunión eleccionaria del
28 de febrero de 2020, una reforma de esta disposición, cuya aprobación pendía
de la observancia de los siguientes condicionamientos:

● Su discusión en 2 sesiones ordinarias, de conformidad con el artículo 3 del
Acuerdo No. 006 de 2002;

● El voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes de la Corporación, a la
luz del artículo 5 del Reglamento;

20. Indicaron que, en contraposición con estas normas, la reforma del quorum
decisorio para elegir magistrados no fue debatida en 2 sesiones ordinarias, ni
mucho menos con la aprobación de las 2/3 partes de los miembros de la Corte
Suprema de Justicia, pese a ser presupuestos de validez de esta alteración.

21. Por el contrario, los demandantes señalaron que la disminución del quorum
fue adoptada en una sesión extraordinaria que, incluso, había desconocido los
mandatos del artículo 3 del Reglamento, comoquiera que no fue convocada por
escrito y su objeto19, no fue informado previamente.

22. De otro lado, afirmaron que la precariedad del quorum en la Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia fue una situación creada por algunos de sus
miembros para, a través de los cambios normativos comentados, imponer sus
voluntades en la elección de sus candidatos para las 7 plazas vacantes en su
interior.

23. Así, señalaron que esta desintegración no podía ser vista como una
circunstancia de fuerza mayor, porque no se trató de un suceso imprevisible e
imposible de resistir, toda vez que el órgano electoral conocía anticipadamente la

15
Se hace referencia al Reglamento Interno.
16
Ley 270 de 1994.
17
“Deberá reunirse ordinariamente cada quince (15) días, y extraordinariamente cuando la convoque el Presidente o al
menos siete (7) de sus integrantes. La convocatoria a sesiones extraordinarias se hará por escrito, indicando el día, la hora
y el objeto de la reunión.”
18
“Las reformas al presente reglamento podrán proponerse por cualquiera de los Presidentes de la Sala o por lo menos por
dos Magistrados y deberán sustentarse por escrito. Serán discutidas y aprobadas en dos reuniones ordinarias”.
19
Cambios en la normativa interna.
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fecha en que dicha coyuntura tendría lugar y a pesar de ello, omitió desplegar
actuaciones pertinentes para evitarlo.

24. Como soluciones para superar ese impase y observar la regla de las 2/3
partes en la designación de los demandados, los accionantes mencionaron que la
Corte pudo optar por el nombramiento de magistrados en encargo o de conjueces,
no obstante, su determinación fue la de reducir el quorum plasmado en el
Reglamento.

25. Así las cosas, manifestaron que la disgregación experimentada en la Corte
Suprema de Justicia no podía ser tomada como una excusa para desconocer las
reglas de elección en el procedimiento de escogencia de los demandados, porque
en nuestro ordenamiento “no se puede alegar la propia culpa como defensa.”

1.3.3. Infracción de los artículos 13, 29 y 83 de la Constitución Política de
1991

26. Los accionantes aseveraron que el acto declarativo de la elección de los
acusados desconoció el derecho a la igualdad, al debido proceso y el principio de
confianza legítima, ya que, de forma abrupta, la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia modificó las reglas de juego de la elección, mediante la alteración del
quorum decisorio establecido originalmente en su Reglamento, que exigía, se
itera, el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes de la Corporación.

27. Explicaron que la reforma realizada por la Sala Plena de dicha Corporación
del Acuerdo No. 006 del 12 de diciembre de 2002 impuso una “mayoría absoluta”
y suprimió la “mayoría calificada” plasmada en el artículo 5 ejusdem, que condujo a
una variación intempestiva en los parámetros de los trámites en los que resultaron
electos los accionados, en abierta trasgresión de las expectativas legítimas de los
demás aspirantes.

28. Añadieron que, el cambio de las reglas de juego había tenido lugar a pesar
de que el presupuesto referido al voto de las 2/3 partes de los integrantes de la
Corte Suprema de Justicia había sido aplicado en la mayoría de las sesiones de la
Sala Plena en las que se buscó suplir las 7 vacantes existentes en ese
corporativo.

29. Para soportar sus dichos, hicieron referencia al fallo del 6 de marzo de
20
2012 , de la Sala Plena del Consejo de Estado, y a algunos salvamentos de votos
suscritos por los magistrados Jorge Luis Quiroz Alemán, Gerardo Botero y
Fernando Castillo Cadena, en el contexto del proceso de nulidad electoral21
seguido en la Corte Suprema de Justicia contra el consejero de Estado, Roberto
Serrato Valdés, en los que se habría fijado el alcance de las normas tenidas por
inobservadas en esta oportunidad.

20
Rad. 11001-03-28-000-2011-00003-00
21
SPL 6698 de 2017.
5

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1.3.4. Infracción de los artículos 3922 y 4123 del Reglamento Interno

30. Los demandantes afirmaron que la lectura armónica de los artículos 39 y 41
del Acuerdo No. 006 del 12 de diciembre de 2002, permitía distinguir 3 fases del
procedimiento de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
cuando las listas de candidatos fueron conformadas por el Consejo Superior de la
Judicatura, a saber:

● Fase 1: Estudio de las hojas de vida de los aspirantes y primera votación,
teniendo como objeto la totalidad de los nombres de los aspirantes de la lista
elaborada por el Consejo Superior de la Judicatura;

● Fase 2: Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada en el
artículo 5 del Reglamento Interno de la Corporación, la segunda votación se
hará con los 2 aspirantes que alcanzaron la mayor cantidad de votos en la
primera ronda;

● Fase 3: Si al cabo de la segunda etapa no hay un aspirante elegido, la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia someterá a votación individual a los 2
aspirantes mayormente votados.

31. Sin embargo, los accionantes resaltaron que no existía norma que regulara
la situación en que, agotados los estadios descritos no se lograba elegir. En ese
orden, argumentaron que el vacío podía ser suplido atendiendo el carácter plural
de las listas constituidas por el Consejo Superior de la Judicatura, confeccionadas
con el propósito de que la Corte Suprema de Justicia tuviera múltiples opciones
para elegir.

32. Conforme con lo anterior, propusieron que finalizada la etapa de votaciones
individuales –fase 3– sin que hubiere un candidato favorecido, la Corte Suprema
de Justicia debía agotar la lista, proponiendo el nombre de los demás aspirantes
con exclusión de quienes ya habían alcanzado ese estadio, y sostuvieron lo
siguiente:

“(…) habiendo sido sometido a votación individual un candidato, se estima que, por
lo menos hasta no agotar la votación individual con respecto a los demás postulados
en la lista de elegibles, no podría volver a ser sometido a votación”.

33. Sobre la base de esa premisa, los demandantes adujeron que los
accionados habían sido sometidos a diversas votaciones individuales, sin que la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia hubiere agotado las diferentes listas,
con el uso total de los candidatos registrados en ellas, vulnerando de esta manera
los artículos 39 y 41 del Reglamento Interno.

1.4. Trámite procesal24

34. El expediente No. 00059 correspondió por reparto al magistrado Carlos
Enrique Moreno Rubio. Esta demanda fue admitida mediante auto de 20 de agosto

22
“Los nombres de los candidatos serán puestos a consideración para que se delibere sobre los distintos aspectos
relacionados con sus hojas de vida; terminada la deliberación, se someterán a votación…”.
23
“Si en una primera votación ninguno de los candidatos obtuviere el número de votos requerido para su elección, se
efectuará seguidamente una segunda, circunscrita a los dos que hayan obtenido la mayor votación. Si en esta tampoco
resultare ninguno electo, se someterá a cada uno de ellos separadamente a una tercera votación en sesión posterior, si
fuere solicitada por alguno y aprobada por la mayoría de los asistentes”.
24
La narración de este capítulo corresponde en buena parte a la ponencia que fue discutida en Sala del 4 de agosto de
2022, M.P Luis Alberto Álvarez Parra, que no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación.
6

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de 202025, y, en esta misma providencia se negó la solicitud de suspensión
provisional. Así mismo, por auto de 9 de septiembre de 2020, se negó el recurso
de reposición formulado contra esta decisión. Mediante providencia del 5 de
octubre de 2020, el magistrado ponente remitió el proceso a la Secretaría de la
Sección Quinta para el estudio de la posible acumulación.

35. El expediente No. 00061, le fue asignado por reparto al magistrado Luis
Alberto Álvarez Parra, quien profirió auto admisorio el 19 de agosto de 2020.
Mediante providencia de 6 de octubre siguiente, ordenó remitir el proceso a la
Secretaría para el estudio de la posible acumulación.

36. El expediente 00062 le correspondió a quien funge como ponente, trámite
en el que, corregida la demanda, se admitió el 26 de agosto de 2020.
Posteriormente, por auto de 15 de octubre de 2020, se envió para estudio de la
posible acumulación.

37. El expediente No. 00063 fue repartido al magistrado Carlos Enrique Moreno
Rubio. Una vez subsanada la demanda, por auto de 25 de agosto de 2020 se
admitió y mediante providencia de 8 de octubre siguiente, se remitió el proceso
para estudio de posible acumulación.

38. El proceso No. 00064 se asignó a la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, quien previa subsanación de la demanda, por auto de 25 de agosto de
2020 la admitió y se rechazó el recurso de reposición contra esta decisión. Por
auto de 6 de noviembre de 2020, lo envió a la Secretaría de la Sección para
estudio de eventual acumulación.

39. El expediente No. 00065 le correspondió por reparto a la Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez, quien la inadmitió. Subsanada la demanda, por auto de 9 de
septiembre de 2020 se admitió. Contra esta decisión se presentó el recurso de
reposición, el cual fue rechazado el 6 de noviembre de 2020, por improcedente.
En ese proveído se ordenó remitir el expediente para el estudio de una posible
acumulación.

40. El proceso No. 00066 se repartió al magistrado Carlos Enrique Moreno
Rubio, quien, previa orden de subsanación, lo admitió el 25 de agosto de 2020 y,
por auto de 7 de octubre siguiente, lo envió a la Secretaría para análisis de
acumulación.

41. Finalmente, el proceso No. 00067 fue repartido a la magistrada Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. El 26 de agosto de 2020 se admitió la demanda,
luego de haber sido subsanado el libelo. Mediante providencia de 29 de
septiembre siguiente, se rechazó el recurso de reposición contra la decisión
anterior y el 6 de noviembre de 2020, remitió el expediente a la Secretaría para
que el magistrado correspondiente decidiera la posible acumulación de procesos.

1.4.1. Acumulación de procesos

42. Mediante auto del 20 de enero de 2021 se decretó la acumulación de
procesos y se ordenó tener como expediente principal al radicado 2020-00059-00
25
Con salvamento de la magistrada Rocío Araújo Oñate por dos puntos: legitimidad para comparecer al proceso de una de
las demandantes por ser menor de edad y la acumulación de pretensiones.
7

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y convocar a la diligencia de sorteo de ponente, correspondiéndole al Magistrado
Luis Alberto Álvarez Parra, conocer de estos asuntos.

1.4.2. Contestaciones26 de la demanda e intervenciones

43. Observados los textos de las oposiciones, todas coinciden en sus
argumentaciones y planteamientos. Por esta razón, serán abordados de manera
conjunta en los numerales siguientes de este acápite.

44. Los demandados. A través de sus apoderados judiciales, los accionados
contestaron las demandas, con base en los siguientes argumentos:

45. Indicaron que ninguno de los tres fundamentos centrales de las demandas
son aplicables al caso examinado, porque el artículo 54 de la Ley 270 de 1996
dispone que todas las decisiones de las corporaciones judiciales se adoptan con la
asistencia y el voto de la “mayoría de los miembros” y fue este precepto el que
sustentó la solución del caso concreto, a partir de haberse materializado el
supuesto fáctico referido a la disminución del número de magistrados que integran
la Corte Suprema de Justicia para alcanzar una mayoría de las 2/3 partes.

46. Señalaron que la sentencia dictada por el Consejo de Estado el 6 de marzo
de 2012, en el caso de la ex fiscal Viviane Morales Hoyos, corresponde a una
situación fáctica y jurídica distinta a la aquí estudiada, y, por ende, no es aplicable
al caso. Agregaron que, más allá de lo anterior, dicha providencia no se trata de
una de unificación y se aprobó con nueve salvamentos de voto y seis
aclaraciones.

47. Dijeron que el Acuerdo 006 de 2002 no fue “reformado” sino “interpretado”
conforme con la competencia expresamente atribuida a la Corte Suprema,
respecto de la cual no se exige mayoría calificada. Explicaron que dicha
interpretación requería de la mitad más uno de sus miembros -quórum deliberatorio
y decisorio- para ser aprobada, mientras que la reforma del reglamento exigía la
mayoría calificada correspondiente a las dos terceras partes de los miembros.

48. Estimaron que como el artículo 5º del Reglamento Interno riñe con la regla
del artículo 54 de la Ley 270 de 1996, que dispone que las decisiones solo
requieren del voto de la mayoría de los miembros del corporativo, podía
inaplicarse la norma del reglamento acudiendo a la excepción de
inconstitucionalidad, dado que la ley estatutaria hace parte del bloque de
constitucionalidad.

49. Sostuvieron que, el artículo 5º señalado debe armonizarse con el artículo
54 de la Ley 270 de 1996 para entender que al referirse a las dos terceras partes
de sus miembros, dicha alusión corresponde a los magistrados en ejercicio, sin
perjuicio de que no puede ser inferior al límite mínimo que fija dicha ley estatutaria,
cual es, la mayoría de sus integrantes.

50. Explicaron que, en ese orden de ideas, la fórmula que acogió la Corte
Suprema de Justicia consistente en la interpretación del reglamento para adoptar
la mayoría prevista en el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, estuvo sustentada en
26
Las excepciones previas y mixtas se mencionarán en el auto de 20 de mayo de 2021 que las decidió (véase numeral
1.4.3. posterior).
8

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la imposibilidad física de contar con las dos terceras partes de sus integrantes (16
magistrados). Consecuentemente, se acudió a lo dispuesto en la Ley 270 de 1996
y la Constitución 1991, que sí planteaban una solución a esa realidad, siendo esta
la razón que los accionados resultaron elegidos, algunos con 14 y otros con 15
votos.

51. Precisaron que es improcedente enjuiciar los actos acusados con
fundamento en el artículo 14 del Decreto 1660 de 1978, por cuanto, en ejercicio de
la autonomía que le otorga la Constitución a las Altas Cortes27, estas tienen la
potestad de dictar su propio reglamento, al punto de que esta atribución no está
subordinada a una ley previa, ni depende de ésta, como lo indicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-242 de 2020.

52. Además, señalaron que el referido decreto no es una disposición legal sino
un acto administrativo general expedido con base en la Constitución de 1886,
mientras que la función electoral de las Altas Cortes quedó consignada en las
normas constitucionales de 1991 y desarrollada por la Ley Estatutaria 270 de
1996.

53. Hicieron referencia a la sentencia C-037 de 1996, para resaltar que la Corte
Constitucional acogió un criterio amplio en relación con la potestad reglamentaria
de estas altas corporaciones judiciales, cuando se trata de adoptar sus
reglamentos. Por lo tanto, concluyeron que los actos demandados observaron los
artículos 3, 5 y 52 de la norma interna de la Corte Suprema.

54. Finalmente, reiteraron que en la sesión extraordinaria celebrada el 28 de
febrero de 2020, se sometió a votación nominal, acogida por unanimidad, la
iniciativa orientada a interpretar el Reglamento General y no proceder a su
modificación. Así mismo, la fórmula de las dos terceras partes de los magistrados
activos fue aprobada por 13 votos a favor y 2 en contra y con ese quorum se
procedió a proveer las vacantes.

55. Propusieron como excepción la “ineptitud sustantiva de la demanda, por
falta de legitimidad en la causa por pasiva”, al no vincularse a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

56. Intervención de la Corte Suprema de Justicia. Esta corporación coincidió
en la mayoría de los planteamientos de los magistrados demandados.

57. Explicó que se enfrentó a un hecho atípico, cual fue la reducción de 23 a 15
del número de magistrados que conforman la Sala Plena, situación que los obligó
a sesionar de forma extraordinaria el 28 de febrero de 2020. Indicó que, en esa
sesión, previa votación nominal y unánime, se acogió la propuesta orientada a
interpretar el artículo 5 del Reglamento General de la Corporación, al tiempo que,
en votación posterior, también nominal, se decidió que las elecciones se
efectuaran con el voto favorable de las 2/3 partes de los magistrados activos,
equivalente a 12 votos.

58. Manifestó que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no modificó el
Reglamento General, en la medida que la verdadera intención de los magistrados

27
Artículos 235.9, 237.6 y 239.12 de la Constitución Política.
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fue la de interpretar sus reglas electorales con observancia de la Constitución y la
ley y con el propósito de superar situaciones extraordinarias y atípicas y posibilitar
la realización de las elecciones para las plazas vacantes.

59. Respecto del artículo 54 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, advirtió que los nombramientos demandados se ajustaron a derecho, por
superar, inclusive, la mayoría simple a la que allí se alude.

60. Propuso como excepciones previas las siguientes: i) incapacidad de uno de
los demandantes, por ser menor de edad e identificarse con tarjeta de identidad; y
ii) no haberse ordenado la citación de la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial.

61. Los coadyuvantes de la demanda. Intervinieron para que se declare la
nulidad de las elecciones controvertidas. Para el efecto, precisaron que, el
concepto de “integrantes” previsto en el artículo 5 del reglamento interno, deviene
del artículo 15 de la Ley 270 de 1996, que dispone que la Corte Suprema de
Justicia está “integrada por 23 magistrados”.

62. Agregaron que, en virtud del artículo 235 Superior y 14.4 de la Ley 270 de
1996, si bien la Alta Corte tiene competencia para modificar su norma interna, y,
por ende, variar el concepto de “integrantes” por el de “miembros activos o presentes
o asistentes” a la sesión, ello solo procede por vía de reforma del reglamento, es
decir con la anuencia de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

63. Comentaron que el 30 de enero de 2020, la Corte Suprema anunció la
elección del actual fiscal general de la Nación, con el mínimo legal y reglamentario
de 16 votos. No obstante, frente a la designación de los magistrados cuestionada,
se obró de forma distinta, pues eligieron a los dignatarios con una votación menor,
sin tener en cuenta que ya se había iniciado el proceso de votaciones frente a
cada uno de los aspirantes.

64. Conforme con ello, advirtieron que en el transcurso del proceso eleccionario
la Sala Plena cambió las reglas de juego y produjo una interpretación de mayoría
calificada para la elección de sus vacantes, distinta a la reglamentaria, olvidando
su propia y previa interpretación de dichas reglas en un sentido diferente y en
contravía de la teoría de la intangibilidad del reglamento y la seguridad jurídica.

65. En esa medida, arguyeron que la modificación del alcance del concepto
“integrantes” debió hacerse conforme con las reglas positivas y no por razones
coyunturales que, aun cuando posibilitaron la elección de los accionados, fueron
en detrimento del ordenamiento jurídico.

66. De otra parte, hicieron alusión a la decisión de 6 de marzo de 2012 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que anuló la designación de la fiscal Morales
Hoyos, con el propósito de significar que no era viable desconocer las reglas para
reformar el reglamento, por cuanto la aspirante ternada salió elegida con 14 votos
a favor, de un mínimo de 16 que debió lograr, posibilidad que se sustentó, igual
que la de los magistrados, en una interpretación de la norma interna mediante la
cual se calculó la mayoría eleccionaria no sobre los 23 magistrados que integran
la Corporación, sino sobre 18, que era el número de magistrados que para ese
momento fungían en el alto tribunal.
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67. Además, adujeron que la Corte Suprema de Justicia contaba con otras
opciones para conformar el quorum eleccionario de las dos terceras (2/3) partes,
esto es, nombrar magistrados en encargo o la modificación de la norma interna
por medio de decreto legislativo dictado por el ejecutivo a través de la declaratoria
de conmoción interior.

68. Concluyeron su intervención, planteando los cargos de desviación de
28
poder y cuestionaron, por comparación con otros aspirantes, las condiciones
profesionales y de formación académica de los elegidos, los cuales fueron
descartados en la audiencia, por no haber sido formulados por los demandantes.

1.4.3. La audiencia inicial y otros trámites

69. Por auto de 20 de mayo de 202129, se declararon no probadas las
excepciones previas y mixtas propuestas por los demandados, esto es, i) la
ineptitud sustantiva de la demanda; ii) la falta de legitimación en la causa por
pasiva y la caducidad del medio de control. Con respecto de la decisión adoptada
se presentó recurso de reposición, el cual fue denegado. Por esta razón se
confirmó la decisión.

70. A su turno, mediante auto del 28 de febrero de 2022 30 se convocó a la
audiencia inicial para el 11 de marzo de 2022, oportunidad en la que se fijó el
litigio así:

“El Despacho encuentra que considerando los supuestos fácticos, las pretensiones,
las censuras de violación reseñados previamente y las oposiciones que contienen el
desacuerdo de la parte demandada y de la entidad vinculada, el litigio se contrae a
establecer si los actos de elección (…) incurrieron en vicio de nulidad por infracción
de las normas en que debería fundarse, (…), en tanto, según los actores, se
desconocieron los artículos 14 del Decreto 1660 de 1978, 54 y 204 de la Ley 270 de
1996 y el artículo 5 del Reglamento Interno del (sic) Corte Suprema de Justicia
(Acuerdo 006 de 2002).

Así mismo, a título subsidiario, si, además, se desconoció las normas propias del
reglamento previstas en los los (sic) artículos 3, 5 y 52 del Acuerdo 006 de 2002
(primer cargo subsidiario), en tanto:

a) La sesión en la que se modificó el reglamento, realizada el 28 de febrero, fue
extraordinaria, lo cual va en contravía de las normas, que señalan que la reforma
debe ser discutida y aprobada en sesiones ordinarias.

b) En la convocatoria y en el orden del día de la sesión extraordinaria del 28 de
febrero no se incluyó, como tema a tratar, la modificación o reforma del reglamento
interno.

c) Cualquier reforma al reglamento debió ser discutida en dos reuniones y no en una
sola, como aconteció.

d) La reforma al reglamento requería del voto favorable de las 2/3 partes de los
integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

28
Este argumento recaía sobre el supuesto acuerdo electoral entre diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, sin
tener en cuenta el mérito de los candidatos dentro de las listas de elegibles.
29
Ver documento 75AUTOQUERESUELVE(.pdf) NroAct ua 75 disponible en el expediente digital.
30
Ver documento 94_AUTOQUEFIJAFECHAAUDIENCIAIN ICIAL_FIJAFECHA(.docx) NroActu a 99 disponible en el
expediente digital.
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También, subsidiariamente, si se violaron los principios de legalidad, seguridad
jurídica, confianza legítima, debido proceso e igualdad.

Segundo cargo subsidiario. Violación de los principios de legalidad, seguridad
jurídica, confianza legítima, debido proceso e igualdad, previstos en los artículos 13,
29 y 83 de la Carta. (…)

Tercer cargo subsidiario. Violación a los artículos 39 y 41, del Reglamento Interno
de la CSJ pues, la posibilidad de votar por cada uno de los accionados se había
agotado.

Indicaron que luego de la tercera etapa del proceso de elección, en la que solo
quedaban dos candidatos, los de mayor votación –por cuanto los demás aspirantes
habían sido suprimidos en etapas anteriores- sin que ninguno lograra el quórum
cualificado, se advirtió un vacío sobre la forma de proceder, por lo que correspondía
a la Sala Plena de la Corte volver sobre todos los candidatos y retomar el método de
la votación individual frente a los aspirantes de la lista. (…)”.

71. En cuanto a los términos en los que se planteó el litigio, la parte
demandada indicó que uno de los problemas centrales a resolver consiste en
determinar si se modificó o no el reglamento interno de la Corte Suprema de
Justicia, por lo que no compartía que se partiera de aceptar que dicho cambio se
presentó.

72. En virtud de dicha intervención, de conformidad con el acta respectiva, “el
Magistrado Ponente hizo claridad en que con la fijación del litigio no se busca ni se
pretende afirmar nada porque, precisamente, solo se determinan los puntos que se
indagarán. Dijo volver sobre el acta respectiva al fijarlo, para verificar que se plasmó que
se determinaría “si se incurrió en vicio de nulidad”, razón por la cual lo que se
contextualiza en dicha fijación es que se determinará si se modificó o no el reglamento en
forma previa o con ocasión de la elección y si con la elección se violaron las normas del
reglamento y las demás regulaciones reseñadas”.

73. Con la anterior precisión, todos los sujetos procesales manifestaron su
acuerdo en los términos en que se fijó el litigio.

74. En punto al decreto de pruebas, se negó por inconducente el testimonio
del doctor Gerardo Botero Zuluaga, por cuanto se estimó que las intervenciones
de los distintos magistrados estaban contenidas en el acta de sesión respectiva,
aunado a que ya se encontraba en el proceso, el documento de autoría del
Magistrado Botero Zuluaga, titulado “mi voto negativo en contra de la interpretación del
reglamento de la Corporación”. Esta decisión denegatoria de la prueba testimonial
fue recurrida en súplica y confirmada por la Sala en auto de 24 de marzo de 2022.

75. Cumplida esta etapa del proceso, se profirió el auto de 18 de abril de 2022,
que ordenó correr traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al
ministerio público para rendir su concepto.

1.4.4. Alegatos de conclusión

76. Durante el término para descorrer el traslado presentaron sus alegaciones
finales la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado, conforme al poder
otorgado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como los
demandados y los coadyuvantes de la parte actora.

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77. En términos generales, los demandados y los coadyuvantes, trajeron los
mismos argumentos de las respectivas contestaciones de la demanda y del escrito
de intervención, razón por la cual no es necesario volver sobre ellos.

78. A su turno, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indicó lo
siguiente:

79. En representación de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la
Constitución Política de 1991 reconoce a esta corporación judicial la competencia
para autogobernarse, elegir sus magistrados y proferir su propio reglamento, y en
esa medida, sin importar el número de miembros activos con que cuenta dicha alta
Corte o cualquier otra condición, ella mantiene la competencia para elegir a sus
integrantes.

80. Señaló que si bien en 1985, por decreto legislativo se viabilizó la elección
de los magistrados de la corte por cuanto varios de ellos fallecieron, en la
actualidad esta medida es inviable e inconstitucional, pues desde 1991 se le
atribuye, únicamente, al alto tribunal, la competencia para elegir a sus miembros.
Dijo que la Corte Suprema interpretó y aplico el artículo 5º de su reglamento,
amparada en los mandatos constitucionales y legales y que esa era la única
opción válida para garantizar el funcionamiento de la Corporación.

81. De otro lado, expresó que los demandantes omitieron la carga
argumentativa respecto de la violación del artículo 13 de la Constitución Política,
por cuanto no se demostró la existencia de un trato discriminatorio injustificado,
como tampoco se señaló quién resultó afectado con éste.

82. Así mismo, reiteró que, el artículo 14 del Decreto 1660 de 1978 no es
aplicable a la elección de los Magistrados, debido a que, a partir de la vigencia de
la Constitución de 1991, a la Corte le corresponde, de manera exclusiva y
excluyente, darse su propio reglamento y elegir a sus magistrados.

83. Manifestó que tampoco se transgredió el artículo 52 del reglamento, porque
la Sala Plena, en la sesión de 28 de febrero de 2020, dejó expresa constancia de
que no optaba por “modificar” la norma interna, sino por “interpretarla”, y fue en esa
medida que se pudo votar y elegir a los 7 magistrados faltantes, por lo que, en
consecuencia, actuó conforme con la competencia que le atribuyó la Constitución.

1.5. Concepto del Ministerio Público

84. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación, estimó que el
artículo 5º del Reglamento Interno de la Corte Suprema hace referencia al número
de integrantes para elegir, por lo que el pleno no estaba en condición de generar
el quorum decisorio sobre 23, sino sobre 15 miembros.

85. Precisó que la regla fijada en la sentencia de 6 de marzo de 2012 proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, referida a que “las elecciones de las
autoridades a que se refiere el artículo 5º, los votos requeridos para considerar
satisfactoria una elección eran 16, esto es las dos terceras (2/3) partes de los miembros
de la Corporación” no era aplicable, porque las dos terceras partes no se podía
derivar de 23 integrantes, en tanto en la Corporación solo había 15 Magistrados en
ejercicio. Por dicha razón, los 16 votos exigidos sobre la base de 23 integrantes,
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no podía cumplirse, y en ese orden, la Corte Suprema de Justicia no tenía opción
distinta para designar a sus propios integrantes, que interpretar el artículo 5º y
establecer una mayoría referida al número de integrantes en ejercicio.

86. En consecuencia, consideró que la regla fijada por la Corte a partir de lo
dispuesto en el artículo 5º del reglamento, no contradice la filosofía ni la esencia
de las normas que se alegaron como infringidas.

87. Estimó que, frente a la insuficiencia institucional por la falta de 8 integrantes
de la Corporación, la interpretación dada al reglamento era imperativa para dar
viabilidad a la elección, y con ello se evidenció la fortaleza y autonomía del
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

88. Consecuentemente, sostuvo que este cargo no está llamado a prosperar, y
que, por extensión de los argumentos anteriormente expuesto, tampoco están
llamados a prosperar los cargos subsidiarios señalados por los demandantes.

1.6. Otras actuaciones

89. Mediante providencia del 4 de agosto de 2022, en consideración a que la
ponencia elaborada por el señor magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, discutida
en sala de la misma fecha, no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación, el
expediente de la referencia correspondió a quien funge como ponente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

90. Esta Sala es competente para conocer en única instancia la presente
demanda acumulada, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 31
numeral 4º del CPACA32, en armonía con lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
No. 80 del 12 de marzo de 2019, por cuanto está dirigida a obtener la nulidad de
los actos de elección de los magistrados cuestionados, proferidos por la Corte
Suprema de Justicia.

91. Corresponde a la Sala determinar si, los actos de elección como
magistrados de la Corte Suprema de Justicia33, de los señores Fabio Ospitia
Garzón, Hugo Quintero Bernate, Gerson Chaverra Castro, Francisco José Ternera
Barrios, Omar Ángel Mejía Amador, Iván Mauricio Lenis Gómez y Luis Benedicto
Herrera Díaz, se encuentran, o no, viciados de nulidad por infringir las normas en
que debieron fundarse.

31
“[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución
de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […]
4. De la nulidad del acto de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus Comisiones, la Corte
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva o Consejo Directivo de
los entes autónomos del orden nacional y las Comisiones de Regulación. […]”.
32
No se incluye la modificación introducida por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, por cuanto la regulación atinente a las
competencias regirá un (1) año después de la publicación de la referida Ley, conforme lo dispone el régimen de transición
que consagra el artículo 86 ejusdem.
33
Los actos demandados son: magistrado Fabio Ospitia Garzón elegido mediante el acta N° 1400 de 2020, magistrado
Hugo Quintero Bernate elegido mediante acta N° 1401 de 2020, magistrado Gerson Chaverra Castro elegido mediante acta
N° 1402 de 2020, magistrado Francisco José Ternera Barrios elegido mediante acta N° 1403 de 2020, magistrado Omar
Ángel Mejía Amador elegido mediante el acta N° 1404 de 2020, magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez elegido mediante
acta N° 1405 de 2020 y magistrado Luis Benedicto Herrera Díaz elegido mediante acta N° 1406 de 2020.
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92. Para este efecto, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes34:

2.2.1 Frente a la determinación del quorum al interior de las sesiones
electorales de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia:

 Si se desconoció el artículo 14 del Decreto 1660 de 1978, en virtud de lo
consagrado en el artículo 204 de la Ley 270 de 1996.

 Si se infringieron los artículos 5 del Acuerdo 006 de 2022 -Reglamento de la
Corte Suprema de Justicia- y 54 de la Ley 270 de 1996.

 En caso de ser afirmativo alguno de estos cuestionamientos antes
definidos, se deberá determinar:

i) Si ello obedeció a un caso de fuerza mayor y/o implicó una modificación
irregular del reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia35.

ii) Si le era exigible a la Corte Suprema de Justicia, a fin de no desconocer
las normas que regulan la materia, designar conjueces, realizar
nombramientos en encargo y/o modificar su reglamento interno.

2.2.2 Sobre el desconocimiento de los principios de legalidad, seguridad
jurídica, confianza legítima, debido proceso e igualdad, previstos en los
artículos 23, 29 y 83 de la Constitución:

 Si en el curso de trámite electoral existió un cambio de reglas
procedimentales que implicara el desconocimiento del debido proceso, la
legalidad, el derecho a la igualdad y la confianza legítima de los candidatos
a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

2.2.3 En cuanto a las reglas procedimentales del trámite de las votaciones:

 Si se desconocieron los artículos 39 y 41 del Reglamento Interno de la
Corte Suprema de Justicia, porque la posibilidad de votar por cada uno de
los accionados se había agotado, para lo cual se deberá determinar:

i) Si, luego de la tercera etapa del proceso de elección, en la que solo
quedaban dos candidatos con las mayores votaciones, sin que ninguno
lograra el quórum cualificado, correspondía a la Sala Plena de la Corte
volver sobre todos los candidatos y retomar el método de la votación
individual frente a los aspirantes de la lista.

34
Tomados del acta de la audiencia inicial.
35
En este asunto, conforme la fijación del litigio propuesta en la audiencia inicial, se deberá determinar si: “se desconoció
las normas propias del reglamento previstas en los los (sic) artículos 3, 5 y 52 del Acuerdo 006 de 2002 (primer cargo
subsidiario), en tanto:
a) La sesión en la que se modificó el reglamento, realizada el 28 de febrero, fue extraordinaria, lo cual va en contravía de
las normas, que señalan que la reforma debe ser discutida y aprobada en sesiones ordinarias.
b) En la convocatoria y en el orden del día de la sesión extraordinaria del 28 de febrero no se incluyó, como tema a tratar, la
modificación o reforma del reglamento interno.
c) Cualquier reforma al reglamento debió ser discutida en dos reuniones y no en una sola, como aconteció.
d) La reforma al reglamento requería del voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
También, subsidiariamente, si se violaron los principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima, debido proceso
e igualdad”.
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2.3. Caso concreto

2.3.1 Violación del artículo 14 del Decreto 1660 de 1978, en concordancia con
el artículo 204 de la Ley 270 de 1996

93. En primer lugar, la parte actora indicó que, con los actos enjuiciados, la
Corte Suprema de Justicia desconoció el artículo 14 del Decreto 1660 de 1978,
norma que prescribe la elección de los magistrados con los votos favorables de las
dos terceras partes de los integrantes de la Corporación.

94. Señaló que el referido decreto se encuentra vigente, pues tal como lo indica
el artículo 204 de La Ley 270 de 1996, declarado exequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, mientras no se expida la ley de
carrera judicial, las disposiciones de aquél permanecen en vigor, siempre que no
sean contrarias a la Constitución y a la ley.

95. Asimismo, advirtió que la sentencia del 6 de marzo de 201236, proferida por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en relación
con la elección de la exfiscal Viviane Morales, concluyó que se desconocieron,
entre otras normas, el artículo 14 del Decreto 1660 de 1978, en tanto la elección
no fue producto de la votación de las dos terceras partes de los integrantes de la
alta corte.

96. En segundo lugar, la defensa de los magistrados arguyó que la Ley 270 de
1996 derogó el artículo 14 del Decreto 1660 de 1978 y que, por el contrario, que
ésta definió que todas las decisiones de la Corte se adoptan con la asistencia y el
voto de la “mayoría de los miembros” de la Corporación, según se lee en el
artículo 54 ejusdem.

97. Manifestó que siendo esta una ley estatutaria, su aplicación es prevalente
frente a cualquier otra norma de inferior jerarquía, y explicó que, el referido decreto
no tiene rango legal, sino que es un acto administrativo general expedido con base
en la Constitución de 1886, mientras que la función electoral y la autonomía
reconocida a las altas cortes, quedaron consignadas en las normas
constitucionales de 1991 y desarrolladas por la mencionada Ley Estatutaria 270
de 1996.

98. Ahora bien, para resolver esta censura es imperativo transcribir el artículo
14 del Decreto 1660 de 1978, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 14. En las elecciones de funcionarios que hagan la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, los tribunales Superiores de Distrito Judicial y el
Tribunal Superior de Aduanas, se procederá individualmente. No se considera
elegido el candidato sino cuando haya obtenido a su favor los dos tercios de los
votos de los miembros que integren la corporación respectiva reunida en pleno.
Las votaciones serán secretas. Prohíbese en forma absoluta cualquier distribución
de los empleos entre los Magistrados. La violación de esta prohibición es causal
de mala conducta.” (Subrayado fuera de texto)

36
Rad. 11001-03-28-000-2011-00003-00.
16

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Demandantes: Carlos Andrés Echeverry Restrepo y otros
Rad: 11001-03-28-000-2020-00059-00 (ACUM.)
Demandados: magistrados de la Corte Suprema de Justicia

99. A su turno, el artículo 204 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la
Administración de Justicia, extendió la vigencia de este decreto en los siguientes
términos:

“Artículo 204. Hasta tanto se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial y
establezca el régimen para las situaciones laborales administrativas de los
funcionarios y empleados judiciales, continuarán vigentes, en lo pertinente el
Decreto-ley 052 de 1987 y Decreto 1660 de 1978, siempre que sus disposiciones
no sean contrarias a la Constitución Política y a la presente ley.” (Subrayas fuera
de texto).

100. La Corte Constitucional declaró exequible el anterior precepto al no advertir
su contrariedad con la Constitución Política; sin embargo, vale la pena aclarar que
la sentencia C-037 de 1996 no concluyó que el Decreto 1660 de 1978, incluido su
artículo 14, esté vigente, como lo indica la parte demandante.

101. En efecto, lo único que consideró la Corte al respecto, es que en cada caso
debe analizarse si la normatividad posterior sobre la carrera judicial derogó lo
regulado por el Decreto 1660 citado, análisis que no le correspondía efectuar en
esa oportunidad. Expresamente el alto tribunal señaló:

“De otra parte, estima la Corte que la alusión que el artículo hace a los Decretos 052
de 1987 y 1660 de 1978 -los cuales deberán aplicarse únicamente en lo pertinente-,
no significa per se que esas normas se encuentren derogadas a la luz del artículo
transitorio 21 de la Carta Política. Para llegar a la anterior conclusión, sería
necesario analizar la normatividad existente sobre carrera judicial y advertir si
las nuevas disposiciones han derogado las citadas normas. Esa labor, como
es natural, no responde a las atribuciones propias de la Corte Constitucional y
deberá ser realizada por las autoridades competentes, dentro del estudio de
cada caso en concreto. Con todo, conviene advertirlo, el hecho de que la norma
bajo examen haga alusión a decretos de carácter reglamentario -como el 1660 de
1978-, no significa por ese sólo motivo que se cambie o se modifique la naturaleza
jurídica del mismo.” (Negrilla fuera de texto).

102. Adicionalmente, no puede perderse de vista que el artículo 204 de la Ley
270 de 1996, condicionó la vigencia de normas como el Decreto 1660 de 1978, a
su compatibilidad con la Carta de Derechos y la ley, lo que a su vez implica tener
en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que con fuerza de cosa
juzgada en los términos del artículo 243 de la Constitución, establecen si un
precepto debe, o no, permanecer en el ordenamiento jurídico.

103. Se destaca esta circunstancia, porque en la sentencia C-037 de 1996, al
revisar el proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia, se analizaron
los artículos 37.737 y 5438, que indicaban, respectivamente, i) que para que el
Consejo de Estado adoptara una decisión en materia de pérdida de investidura,
requería de los votos de las 2/3 partes de los integrantes, y, ii) que esa mayoría

37
“ARTÍCULO 37.
DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales: (…)
7. Conocer de los casos de la pérdida de investidura de los Congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley. Las
sentencias que ordenen la pérdida de la investidura deberán ser aprobadas por las dos terceras partes de los miembros
de la Sala Plena y por las causales establecidas taxativamente en el artículo 183 de la Constitución;”.
38
ARTÍCULO 54.
Todas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar,
requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o
sección, salvo lo previsto en el artículo 37-7 de la presente Ley o cuando se trate de elecciones, en cuyo caso se
efectuará por las dos terceras partes de los integrantes de la Corporación. (...)” (Destacado fuera de texto).
17

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también se impuso, en materia electoral, a las corporaciones judiciales en pleno o
a cualquiera de sus salas o secciones.

104. La imposición por parte del legislador de un quorum de las 2/3 partes de los
integrantes a través de las señaladas normas fue declarada inexequible. La Corte
Constitucional la encontró contraria al principio de autogobierno de las
corporaciones judiciales, en virtud del cual solo ellas son las llamadas a
determinar, en su reglamento, el procedimiento y mayorías para la adopción de
sus decisiones. En palabras del tribunal constitucional:

“(…) el Estatuto Superior consagra, como principio general que debe inspirar la
labor reguladora del legislador, el que las decisiones de las corporaciones públicas
sean adoptadas por mayoría simple, salvo que se trate de casos especiales como
los que consagra en forma taxativa la Constitución. Pero, como si lo anterior no
fuese suficiente, para la Corte la decisión de establecer un quórum especial
vulnera la autonomía de que goza el Consejo de Estado para determinar la
forma, el procedimiento y los requisitos necesarios para tomar en el seno de
sus salas las decisiones de su competencia. Resulta forzoso, en consecuencia,
declarar la inexequibilidad de la expresión “las dos terceras partes de”, contenida en
el numeral que se revisa”. (…)

Esta disposición (art. 54) contempla los requisitos necesarios para que los miembros
de las corporaciones o de sus secciones o salas participen en forma directa y
responsable en la toma de las decisiones de su competencia, todo ello de
conformidad con el funcionamiento que para cada corporación judicial defina el
respectivo reglamento. Asimismo, prevé, siguiendo el principio general
consagrado en la Carta Política, que las deliberaciones y votaciones se regirán
por el mecanismo de votación mayoritaria, en los términos que también defina
el reglamento interno de cada corporación judicial. Por ello, y considerando que
resultan igualmente aplicables al precepto bajo examen las razones expuestas al
analizar el artículo 37-7 del proyecto de ley, deberá ser declarada inexequible la
siguiente frase: “salvo lo previsto en el artículo 37-7 de la presente Ley o cuando se
trate de elecciones, en cuyo caso se efectuará por las dos terceras partes de los
integrantes de la Corporación”. (Negrilla fuera de texto)

105. Como puede apreciarse, con fuerza material de cosa juzgada constitucional
se estimó que las corporaciones judiciales a través de su reglamento pueden
establecer mayorías especiales para adoptar sus decisiones, incluidas las de
naturaleza electoral, pues tal asunto hace parte de su autogobierno.

106. En ese orden de ideas, resulta forzoso concluir que el artículo 14 del
Decreto 1660 de 1978; es decir, una norma proferida por el presidente de la
República en ejercicio de la facultad reglamentaria39, que impuso una mayoría de
las 2/3 partes de los integrantes a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado y los tribunales para elegir a sus miembros no concuerda con lo expresado
y citado arriba sobre este aspecto, en la sentencia C-037 de 1996.

107. Además, debe considerarse que según el artículo 204 de la Ley 270 de
1996 la aplicación de las normas del Decreto 1660 de 1978, se refiere a los
aspectos relativos al régimen de carrera de la rama judicial y a las situaciones
administrativas laborales de los empleados y funcionarios judiciales, asuntos en el

39
Este decreto fue dictado en ejercicio de las atribuciones que le confería al presidente de la República el ordinal 3º del
artículo 120 de la Constitución Política de 1886, que establecía:
“Artículo 120.- Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa: (…)
3. Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos v resoluciones
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes;”.

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que no cabe lo relativo a la mayoría calificada para la elección de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia.

108. En consecuencia, teniendo en cuenta que el artículo 204 de la Ley 270 de
1996 señaló que continuarán vigentes las disposiciones del Decreto 1660 de 1978
a que se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial y la designación de
los magistrados de la alta Corte no es un asunto que se refiera a ello 40, se infiere,
además, que dicha norma en lo que tiene que ver con la adopción de decisiones
por mayoría calificada, no resulta aplicable.

109. Por lo tanto, si el artículo 14 del Decreto 1660 de 1978, en cuanto a la
imposición de la referida mayoría no es concordante con sentencia C-037 de 1996
y, por otro lado, no resulta aplicable a la luz del artículo 204 de la Ley 270 de
1996, no puede considerarse transgredido por las designaciones cuestionadas en
aquella oportunidad.

110. Ahora bien, no se desconoce que el Consejo de Estado en sentencia del 6
de marzo de 2012, tuvo como norma aplicable el anterior artículo en el análisis de
legalidad de la elección la ciudadana Viviane Morales como fiscal general de la
Nación, lo cierto es que en dicha oportunidad no se consideró lo expuesto en la
sentencia C-037 de 1996 a propósito de la imposición de mayorías especiales por
parte del legislador a las corporaciones judiciales para la adopción de sus
decisiones.

111. Al respecto, vale la pena destacar que, en aquella ocasión el principal
parámetro de validez fue artículo 5º del reglamento interno de la Corte Suprema
de Justicia, norma que es producto del ejercicio de su autonomía y que constituye
una expresión de autogobierno, en la que también se prevé la exigencia de las 2/3
partes de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia para elegir a los
magistrados de la esa Corporación.

112. Por las razones expuestas la Sala no advierte el desconocimiento de los
artículos 14 del Decreto 1660 de 1978 y 204 de la Ley 270 de 1996, aducido por la
parte actora.

2.3.2. De la presunta infracción de los artículos 5 del Acuerdo 006 de 2022 -
Reglamento de la Corte Suprema de Justicia-

113. El artículo 5 en comento señala:

“Artículo 5. El quorum para deliberar será la mayoría de los miembros de la
Corporación. Las decisiones se tomarán por igual mayoría, salvo en los siguientes
casos en los cuales se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3)
de sus integrantes: elección de Presidente y Vicepresidente de la Corte, de
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, del Fiscal General de la Nación, de los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los integrantes de
las ternas para Magistrados de la Corte Constitucional, Procurador General de la
Nación, Contralor General de la República y Auditor de la Contraloría; las reformas
al presente reglamento y los proyectos de ley de iniciativa de la Corte”. (Se
destaca).

40
De conformidad con el artículo 234 de la Constitución, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se
somete a las reglas allí establecidas.
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114. A juicio de la parte actora, esta norma, que se reitera, es producto de la
autonomía y autogobierno de la Corte Suprema de Justicia, se desconoció en la
medida en que la Corporación, está compuesta por 23 magistrados41 y sus 2/3
partes equivalen a 16 togados.

115. En su consideración, este es el número mínimo de votos que debe
alcanzarse para considerar que existe decisión electoral, de manera que, en el
caso de autos no se cumplió, porque las elecciones enjuiciadas se materializaron
con 15 o 14 sufragios42, es decir, con un número inferior al fijado
reglamentariamente.

116. Ahora bien, la parte demandada alega que el artículo 5° del reglamento
interno no puede considerarse la norma aplicable, toda vez que, para el momento
de realizar las elecciones enjuiciadas, la sala plena de la Corte Suprema de
Justicia solo estaba compuesta por 15 integrantes. Por esta razón era imposible
alcanzar el mencionado quorum decisorio.

117. Algunos de los demandados agregan que, frente a la anterior situación, una
interpretación plausible es entender que cuando el artículo 5° del reglamento se
refiere a las 2/3 partes de los “miembros” hace alusión a los magistrados en
ejercicio, lo que implica que la mayoría calificada equivale a 10 votos. Lo anterior,
en armonía con los artículos 12343 y 12544 superiores, que distinguen la figura del
servidor público de la categoría de empleo o cargo público.

118. Para la Sala esta interpretación no es de recibo, toda vez que es la misma
Corte Suprema de Justicia quien, a lo largo de sus actuaciones como órgano
electoral, en aplicación de su reglamento, la que ha referido que para calcular las
2/3 partes del quorum decisorio debe entenderse por integrantes, los 23
magistrados que por disposición de la ley componen la corporación judicial,
independiente de cuántos de ellos se encuentren en ejercicio.

119. Este criterio interpretativo fue el que tuvo en cuenta el Consejo de Estado
en el referido fallo 6 de marzo de 2012, al analizar la legalidad de la elección la
entonces fiscal general de la Nación, para concluir:

“En concordancia con los artículos 15 y 17 de la Ley 270 de 1996 se infiere
claramente que: (i) la H. Corte Suprema de Justicia está integrada por 23
Magistrados, (ii) el quórum para deliberar está compuesto por la mayoría de sus
miembros; (iii) el quórum decisorio para la elección, entre otros, del Fiscal General
de la Nación es de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes; y, (iv) que la

41
Artículo 15 de la Ley 270 de 1996.
42
Según el acta N° 6 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 28 de febrero de 2020, los nuevos integrantes de
la Corporación fueron elegidos en virtud de la siguiente votación: Francisco José Ternera Barrios (15), Hugo Quintero
Bernate (14), Fabio Ospitia Garzón (15), Gerson Chaverra Castro (15), Omar Ángel Mejía Amador (15), Iván Mauricio Lenis
Gómez (15) y Luis Benedicto Herrera Díaz (14).
43
Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley
determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su
ejercicio.
44
Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular,
los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo
sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El
ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones
que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en
el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la
ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su
ascenso o remoción. Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta
absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.
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Corte podía válidamente modificar su Reglamento, facultad derivada de la
atribución constitucional de “darse su propio Reglamento”, pero con sujeción a una
regla de mayoría calificada similar a la requerida para la elección del Fiscal
General de la Nación (inferencia tomada concretamente del artículo 5º del Acuerdo
N° 006 del 12 de diciembre de 2002) y de acuerdo al procedimiento establecido en
el Reglamento.

De la lectura armónica de las disposiciones en cita, con los artículos 234 de la
Constitución Política y 15 de la Ley 270 de 1996, se concluye que cuando la
norma se refiere a “integrantes” se incluyen los 23 Magistrados que componen la
Corporación. Y de ello no hay duda si se tiene en cuenta el alcance que a la
misma le venía dando la Corte Suprema de Justicia (…).”45 (Negrillas fuera de
texto).

120. Con esta precisión, se entrará a analizar el cargo referente a la violación del
artículo 5° del Acuerdo 006 de 2002 de la Corte Suprema de Justicia.

121. Para ello, se verificará su aplicación al caso en concreto y, de ser la
respuesta afirmativa, si fue desconocida en el trámite electoral.

122. Del análisis de esta norma se derivan los siguientes elementos:

i) La potestad electoral de la Corte Suprema de Justicia recae en la Sala
Plena. Esto se desprende de la exigencia que en la norma se hace, de contar
con la participación de quienes la integran.

ii) La anterior facultad tiene como propósito, entre otros, la elección de los
magistrados que componen la misma corporación, en propiedad o encargo,
lo que es concordante con el artículo 10 del reglamento46.

iii) Para deliberar se exige como quorum la mayoría de los miembros de la
corporación; es decir, 12 magistrados de los 23 que la conforman.

iv) Luego del proceso deliberativo, para elegir se fijó un quorum calificado de
las 2/3 partes de sus integrantes, es decir, 16 magistrados de los 23 que la
conforman.

123. De los mencionados elementos normativos se colige que la intención
reglamentaria está dirigida a que las decisiones electorales sean producto de un
consenso significativo al interior de la Corporación, de donde se derive una
adecuada legitimación para el elegido, de allí la exigencia de un quorum calificado
para materializarlas.

124. Para determinar esa mayoría, la norma tiene como base la totalidad de
miembros de la corporación, compuesta por 23 magistrados, por lo que es sobre
ella que se calcula las 2/3 partes, arrojando como resultado que como mínimo 16
de sus integrantes deben optar por una alternativa para tenerla como válida.

45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de marzo de 2012, M.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila, Rad. 11001-03-28-000-2011-00003-00(IJ).
46
“Artículo 10. Funciones. Tendrá las siguientes funciones principales: 1. Elegir, en el mes de enero, Presidente y
Vicepresidente de la Corporación para el período reglamentario. 2. Elegir Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
previo estudio, por la Sala de Casación Especializada a la que corresponda la vacante por proveer, de las hojas de vida de
los integrantes de la lista enviada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (artículo 231 Constitución
y 53 Ley 270 de 1996).
Parágrafo. Nombrar Magistrados de la Corte y de los Tribunales Superiores en provisionalidad o en encargo, en los casos
autorizados por la ley, siempre que fuere necesario a juicio de la respectiva Sala de Casación”.
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125. Dicho de otro modo, el presupuesto de aplicación del artículo 5 del
reglamento, es que la Sala Plena de Corte Suprema de Justicia mantenga su
composición con al menos 16 magistrados, pues sólo con ese número resulta
exigible el cumplimiento del señalado quorum calificado.

126. Este razonamiento fue el que permitió, precisamente que, en el citado fallo
del 6 de marzo de 2012, el Consejo de Estado estimara que era contrario al
reglamento de la Corte Suprema de Justicia, que la Sala Plena, en su momento
compuesta con 18 magistrados, eligiera a la entonces fiscal general de la Nación
con 14 votos, en tanto le era exigible, en los términos expuestos, un número
mínimo de 16 votos.

127. Estas razones permiten concluir que, en el caso concreto, como la Corte
Suprema de Justicia no contaba con el número mínimo de miembros para
alcanzar las 2/3 partes de integrantes que exige la norma, esto es, 16, esa
disposición no podía regular el quorum decisorio para determinar la validez de las
decisiones cuestionadas, pues su aplicación resultaba un imposible fáctico.

128. Una conclusión en contrario implicaría admitir que se apliquen preceptos
normativos a supuestos fácticos que no encajan o no se subsumen en ellos, o, lo
que es igual visto en este caso concreto, que a fuerza de imponer la aplicación de
una norma a cuya consecuencia jurídica no es posible llegar material ni
formalmente, se le exija a la Corte Suprema de Justicia adoptar decisiones con al
menos 16 votos, cuando sólo estaba compuesta en el momento de elegir a los
demás integrantes por 15 togados.

129. Lo anterior revela que el artículo 5° del Acuerdo 006 de 2002 no resultaba
aplicable en el caso de las elecciones que ahora se atacan, porque para ese
momento la composición de la Sala Plena de la Corte se redujo a 15 miembros, es
decir, materialmente no era posible lograr la votación de las 2/3 partes, cual es,
16.

130. No obstante ello, la Sala pone de relieve que dicha circunstancia no
relevaba a los magistrados que componían en ese momento la Corte Suprema de
Justicia del cumplimiento de su deber constitucional y legal, referido al ejercicio de
la función electoral que les corresponde, y, por ende, de proveer las vacantes
existentes al interior de la corporación.

131. Para ilustrar la imposibilidad de aplicación del anterior precepto y la
ausencia en el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia de norma que
previera la solución a la situación excepcional que se presentó, se traen a colación
los siguientes apartes del acta de la sesión del 12 de septiembre de 2019, en la
que el magistrado Gerardo Botero propuso un parágrafo para adicionar el artículo
5º del reglamento:

“En la eventualidad en que el número de integrantes de la corporación, se reduzca a
menos de 16 de sus miembros, por no haber sido posible proveer las vacantes
existentes, el voto favorable de las dos terceras partes (2/3), de sus miembros, para
la elección de los cargos señalados en el presente artículo, se tomará teniendo
como referente, los magistrados que en dicho momento conformen la Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia”.

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132. Como se observa, la regla de mayorías estaba estructurada bajo la égida
de que al menos 16 magistrados estuvieran en ejercicio de sus funciones, de
manera que, para predicar la exigibilidad del quorum calificado del artículo 5 de
reglamento, era necesario el cumplimiento de dicho presupuesto, mismo que, se
itera, dejó de existir cuando la composición de la Corte se redujo a 15. Por este
motivo la norma en comentó se tornó inaplicable.

133. En consecuencia, como el artículo 5° del Acuerdo 006 de 2002 no ofrecía
solución posible para este proceso electoral no era la norma aplicable, misma
razón por la que no se advierte su violación en los términos aludidos por la parte
demandante.

2.3.3. Del presunto desconocimiento del artículo 54 de la Ley 270 de 1996

134. Corresponde ahora analizar dicho precepto normativo, que a la letra reza:

“Artículo 54. Quorum deliberatorio y decisorio. Todas las decisiones que las
Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban
tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la
mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección. (…).”

135. La Ley Estatuaria de la Administración Justicia estableció, como regla
general para la adopción de decisiones al interior de todas las corporaciones
judiciales, el respeto por las mayorías, con un parámetro mínimo de consenso de
la mayoría de los votos de los miembros de la respectiva corporación, sala o
sección.

136. Ahora bien, como se indicó líneas atrás, a partir de la sentencia C-037 de
1996, en virtud del principio de autogobierno, a las corporaciones judiciales se les
atribuye la competencia de darse su propio reglamento, y, por consiguiente, están
autorizadas para establecer los procedimientos y las reglas de mayorías que los
regirán para la adopción de sus decisiones, como en este caso, las relativas a las
elecciones que tienen a su cargo.

137. Sin embargo, cuando en los reglamentos internos se presentan vacíos, es
decir, ausencia de regulación que permita dar solución a situaciones de hecho y
de derecho concretas, que son del resorte de competencia de las corporaciones
judiciales, resulta factible acudir a las reglas generales previstas en otras normas,
por ejemplo, a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

138. Se destaca esta circunstancia, porque en el caso de autos, ante el vacío o
la ausencia de una norma en el reglamento interno de la Corte Suprema de
Justicia, que indicara cómo proceder cuando material y formalmente no es posible
alcanzar un quorum de las 2/3 partes de los integrantes de la corporación 47, la
Sala Plena se preguntó y discernió qué disposiciones resultarían aplicables.

139. Ante dicho cuestionamiento, entre otros consideró el artículo 54 de la Ley
270 de 1996, como se aprecia en las siguientes reflexiones, realizadas por los
magistrados Patricia Salazar Cuellar y Luis Armando Tolosa Villabona en la sesión
del 28 de febrero de 2020, en la que tuvieron lugar las elecciones:

47
Teniendo en cuenta que según el artículo 15 de la Ley 270 de 1996, la Corte Suprema de Justicia “está integrada por
veintitrés (23) magistrados (…)”.
23

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Demandados: magistrados de la Corte Suprema de Justicia

“A continuación, indicó que era necesario someter a consideración de la Plenaria las
tres propuestas sobre el quorum para elegir Magistrados titulares, así:

1.- Que se nombren con 10 votos favorables.
2.- Que se nombren con 12 votos favorables.
3.- Que se nombren con 15 votos favorables por unanimidad, como lo expuso el
doctor ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO.

La doctora PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR reiteró que no existía la posibilidad
material para elegir, por ello, citó el artículo 8° de la Ley 153 de 1887:

“Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las
leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina
constitucional y las reglas generales de derecho.”

Seguidamente, explicó que la única opción era acudir a la mayoría simple, puesto
que la mitad más 1 de los votos favorables, era igual a 12, la cual, regía para
otros asuntos. (…)

El doctor AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO preguntó cuál sería el número
de votos exigidos para realizar los nombramientos. El doctor OCTAVIO AUGUSTO
TEJEIRO DUQUE le respondió que debía ser mínimo 10 votos. El doctor JAIME
HUMBERTO MORENO ACERO señaló que se trataba de una interpretación de los
Magistrados activos de la Corte Suprema de Justicia que las dos terceras partes
(2/3) eran 10 votos, y que la mayoría simple y la calificada eran posibles a la
interpretación del Reglamento General de la Corporación, es decir, 10 o 12 votos
para tomar decisión. (…)

La doctora PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR manifestó que no era una
modificación, ya que la norma lo contemplaba así, por eso había citado el artículo
54 de la Ley 270 de 1996, el cual exigía que todas las decisiones que las
Corporaciones judiciales en pleno, requerían para su “deliberación y decisión”, de la
asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación.

El doctor EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER replicó que la citada norma, estaba
construida sobre la base de que la Corte Suprema de Justicia estaba conformada
por 23 Magistrados, pero en la actualidad no tenían ese número, y que, según la
interpretación dada, 10 votos serían las dos terceras (2/3) que exigía el Reglamento
General de la Corporación.

El doctor LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA adujo que era mejor hablar de
interpretación, pues el quorum requerido para la elección de Magistrados era de 16
votos favorables y el otro quorum era de mayoría simple con 12 votos favorables. En
ese orden de ideas, dijo que, de conformidad con la situación vigente, las dos
terceras (2/3) partes de la mayoría de los miembros actuales sería 10 votos,
sin embargo, debería ser más exigente de la mayoría calificada, por eso,
propuso que fueran 12 votos favorables para elegir Magistrados titulares”
(destacado fuera de texto).

140. Como se observa, la sala plena de la Corporación advirtió y reconoció el
vacío existente en su reglamento interno, razón por la cual, los 15 magistrados
que para ese momento la componían, en ejercicio de la facultad autogobierno,
entendida como “la capacidad para gestionarse y conducirse así misma sin la
dependencia e interferencia de otros poderes y órganos del Estado”48, en aras de
buscar una solución a la situación excepcional en la que se encontraban,
realizaron un ejercicio interpretativo y de integración de los preceptos que podrían
llenar la laguna normativa.

48
Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Demandados: magistrados de la Corte Suprema de Justicia

141. Entre esas disposiciones se encuentran i) el artículo 54 de la Ley 270 de
1996, relativo a las decisiones de las corporaciones judiciales en pleno o
cualquiera de sus salas o secciones, y, ii) su propio reglamento, en cuanto a la
pretensión de lograr significativos niveles de acuerdo cuando le corresponde
ejercer funciones en materia electoral.

142. Producto de lo anterior, en la sesión del 28 de febrero de 2020 se discutió
sobre la posibilidad de definir en la situación excepcional en la que se
encontraban, si el quorum decisorio podía conformarse con 10, 12 o 15 votos.
Optaron por la segunda alternativa -12-.

143. Para esa decisión discutieron que, las 2/3 partes de los 15 magistrados en
ejercicio de funciones era 10, opción que juzgaron no acorde con la exigencia que
se desprende del reglamento interno, según la cual, las decisiones electorales
deben ser producto de un consenso significativo, no necesariamente unánime.

144. En ese sentido, decidieron incrementar a 12 el número de votos necesarios
y que coincide con la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia,
de la que trata el artículo 54 de la Ley 270 de 1996.

145. Así las cosas, en ejercicio de la facultad de autogobierno otorgada por la
Constitución y la ley a la Corte Suprema de Justicia y existiendo el vacío antes
anotado en su reglamento interno, resulta admisible que, para cumplir con su
deber electoral y superar la situación excepcional presentada, acudiera a la regla
de mayorías establecida en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
Todo lo cual se ajusta a los principios de independencia, autonomía y
autogobierno, en el cumplimiento de su función electoral, a propósito de llenar las
vacantes que para ese momento existían.

146. Por lo tanto, emana claro que en lo que hace al quorum decisorio, bajo la
situación de hecho en la que la Corte Suprema de Justicia se encontraba, pues
contaba con menos de 16 magistrados en ejercicio, la regla electoral aplicable,
mientras exista el vacío normativo en el reglamento interno, es la contenida en el
artículo 54 de la Ley 270 de 1996, que como se expuso, es norma estatutaria y se
ajusta a los principios de mayorías y de autogobierno que rigen el actuar y
funcionamiento del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria.

147. Bajo este entendido, en aplicación del artículo 54 de la Ley 270 de 1996 al
caso de autos, debe verificarse si las decisiones electorales que ahora se atacan,
fueron producto de la mayoría de los 23 integrantes de la Corte Suprema de
Justicia, que corresponde a 12 votos. Entonces, la Sala corroborará, frente a cada
uno de los elegidos, la votación obtenida y si se corresponde con lo reseñado.

148. Para ese efecto se revisó el acta del 28 de febrero de 2020, que contiene la
elección de los magistrados demandados, de la que se extrae su elección con el
siguiente número de votos:

No. NÚMERO
MAGISTRADO ELECTO
DE VOTOS
1 Francisco José Ternera Barrios 15
2 Hugo Quintero Bernate 14
3 Fabio Ospitia Garzón 15
4 Gerson Chaverra Castro 15

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5 Omar Ángel Mejía Amador 15
6 Iván Mauricio Lenis Gómez 15
7 Luis Benedicto Herrera Díaz 14

149. Como puede apreciarse, las decisiones adoptadas respetaron la mayoría
mínima requerida para dotar de validez los actos cuya nulidad se solicita, es decir,
fueron proferidos en cumplimiento del artículo 54 de la Ley 270 de 1996, por lo
que no hay lugar a predicar su desconocimiento.

2.3.4. Análisis subsidiario de los cargos relativos a la presunta reforma del
reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia y la exigibilidad de otras
alternativas para aplicar éste

150. En primer lugar, se relieva que, en el momento de establecerse el problema
jurídico en este asunto, se determinó que sólo en caso de prosperar alguno de los
cargos de infracción de las normas invocadas, se analizarían las siguientes
cuestiones:

i) Si el desconocimiento de las normas superiores obedeció a fuerza
mayor y/o implicó una modificación irregular del reglamento interno
de la Corte Suprema de Justicia.
ii) Si le era exigible a la Corte Suprema de Justicia, a fin de no
desconocer las normas que regulan la materia, designar conjueces,
realizar nombramientos en encargo y/o modificar su reglamento
interno.

151. Al respecto, si bien la Sala se encuentra relevada de realizar el anterior
estudio por haberse descartado la violación de las normas aludidas, estima
pertinente pronunciarse sobre el cuestionamiento de la parte actora atinente a que
fue la misma Corte Suprema de Justicia, por negligencia, la que se propició esa
imposibilidad de cumplir con el quorum calificado de que trata el artículo 5 de su
reglamento interno.

152. En punto de lo anterior, vale la pena recordar que las demandas se
edificaron sobre la base de configurarse la causal de infracción de la norma
superior, más no a partir de la configuración de una desviación de poder.

153. Por este motivo, en principio, no es pertinente realizar una valoración de la
conducta, diligente o negligente, de los integrantes de la alta corte, en relación con
la posible adopción de medidas idóneas que los llevaran a evitar una situación en
la que no pudieran alcanzar el quorum de las 2/3 partes de sus integrantes,
exigida por el reglamento interno; tanto es así, que dicho asunto no fue planteado
como una de las cuestiones a resolver en la fijación del litigio.

154. Con todo, de la revisión que se efectúa de dicha circunstancia a partir del
análisis de las pruebas aportadas al expediente, en especial las actas de las
distintas sesiones del pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala evidencia que
sus integrantes, en no pocas oportunidades, intentaron suplir las vacantes.

155. En dicho propósito, acudieron a distintos mecanismos para culminar los
procesos electorales, tales como: i) convocatoria y realización de sesiones
extraordinarias y/o permanentes, que en la mayoría de los casos contaron con
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quorum deliberatorio y decisorio; ii) estructuración de propuestas de votación en
las que buscaron aglutinar las tendencias o posiciones mayoritarias, como, por
citar algunos ejemplos, votaciones en bloque, creación de comisiones de alto
nivel, proposición de alternativas de reforma del reglamento interno, entre otros.

156. Aunado a ello, cabe resaltar que la competencia electoral de la Corte
Suprema de Justicia no se redujo la designación de los integrantes de su Sala
Plena, pues se extendió a la elección y nombramiento de otros servidores
públicos, como son, entre otros, los magistrados de la Salas de Instrucción y
Juzgamiento creadas por el Acto Legislativo 01 de 2018, el Fiscal General de la
Nación, los magistrados de tribunales, la terna para la elección del Auditor General
de la República, y que de las actas aportadas al presente trámite, hicieron parte de
los asuntos a tratar en las correspondientes reuniones.

157. En estos asuntos, la Corte encontró la mayoría calificada y pudo decidir,
con lo que se denota que ejercitó sus funciones electorales, sin que pueda
alegarse válidamente la existencia de negligencia. Otra situación fue la ya
analizada con respecto de la falta de acuerdo para elegir los magistrados faltantes
de la corporación.

158. Lo anterior se corrobora al analizar los documentos aportados, de los se
extrae de manera general, lo siguiente:

ANÁLISIS PROBATORIO – ACTAS DE SESIÓN SALA PLENA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
CONCLUSIÓN SOPORTE PROBATORIO
De la lectura integral de las actas se
evidencia que la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia sometió a votación, de
forma continua las vacantes generadas
como consecuencia de la finalización del
periodo constitucional de sus integrantes,
salvo en dos oportunidades,
correspondientes a las sesiones del 21 de
marzo del 2019 (Acta No. 08) y 28 de agosto
del 2019 (Acta No. 28), donde se determinó
la ausencia de quorum para proceder a
elegir.

Esta ausencia de quorum no obedeció a una Ver desde el Acta No. 03 del 7 de febrero del
circunstancia deliberada, pues de 2019, hasta el Acta No. 06 del 28 de febrero del
conformidad con las constancias de las 2020.
actas, se presentaron ausencias justificadas
(incapacidades). Es decir, todos los documentos que contienen el
desarrollo de las sesiones de la Sala Plena de la
En ese orden, las sesiones ordinarias y Corte Suprema de Justicia.
extraordinarias desarrolladas desde el 7 de
febrero de 2019 y hasta el día de la elección
de los demandados, dan cuenta de que la
provisión de las vacantes dejadas por los
togados Jorge Mauricio Burgos, Luis Gabriel
Miranda, Fernando Alberto Castro, José Luis
Barceló, Margarita Cabello Blanco, Luis
Guillermo Salazar Otero y Rigoberto
Echeverri Bueno, fue un denominador común
en las reuniones plenarias de la Corte
Suprema de Justicia.

Es decir, la temática siempre hizo parte de la
agenda de ese alto Tribunal, excluyendo de
esta manera la existencia de negligencia en
el desarrollo de las designaciones hoy
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demandadas.
La revisión del contenido de las actas bajo Frente al mecanismo del literal a), tenemos las
estudio, permite evidenciar que los togados siguientes actas:
integrantes del órgano elector adoptaron
mecanismos con los que buscaban la  Acta No. 22 del 19 de julio de 2018.
consecución de consensos en torno a los  Acta No. 23 del 2 de agosto del 2018.
aspirantes.  Acta No. 3 del 6 de febrero del 2020.
 Acta No. 4 del 20 de febrero del 2020.
Dentro de estos se pueden señalar los
siguientes: Frente al mecanismo del literal b), se tiene lo
contenido en las siguientes actas:
a) Proposición de votación nominal y
pública, excepcionando el carácter  Acta No. 30 del 24 de septiembre del
secreto del voto en elecciones 2019.
realizadas por la Corte Suprema de  Acta No. 32 del 10 de octubre del 2019.
Justicia.  Acta No. 33 del 24 de octubre del 2019.
b) Voto conjunto por parte de las Salas
 Acta No. 2 del 30 de enero del 2020.
de Casación para proponer a los
integrantes de la Sala Plena un
Frente al mecanismo del literal c), se tiene el
único candidato, previamente
Acta No. 5 del 21 de febrero del 2019.
respaldado por ellas.
c) Conformación de comisiones de alto
Frente al mecanismo del literal d), se tiene:
nivel para la obtención de acuerdos
previos a la realización de las
 Acta No. 29 del 12 de septiembre del
votaciones dentro de la Sala Plena.
2019.
d) Sesiones permanentes.
e) Reformas al reglamento,  Acta No. 02 del 30 de enero del 2020.
específicamente, para consagrar el
quorum decisorio en caso de Frente al mecanismo del e), revisar actas:
reducción de los integrantes de la
Sala Plena, a menos de 16 togados.  Acta No. 29 del 12 y 16 de septiembre
del 2019.
 Acta No. 3 del 6 de febrero del 2020.
 Acta No. 33 del 24 de octubre del 2019.
 Acta No. 4 del 20 de febrero del 2020
 Acta No. 3 del 28 de febrero de 2020.
En desarrollo del proceso electoral, la Sala Dicha conclusión, se soporta en todas las actas
Plena de la Corte Suprema de Justicia aportadas. Se resaltan las siguientes:
siempre aplicó la mayoría calificada
dispuesta en el artículo 5º del Reglamento  Acta No. 21 del 5 de julio del 2018.
Interno49, salvo, cuando por las  Acta No. 24 del 8 de agosto del 2018.
circunstancias excepcionales, se vio en la  Acta No. 30 del 17 de septiembre del
imposibilidad fáctica de dar cumplimiento a 2018.
dicha normativa, lo que ocurrió respecto de  Acta No. 30 del 24 de septiembre del
las designaciones cuestionadas en esta 2019.
oportunidad.  Acta No. 2 del 30 de enero del 2020.
En varias oportunidades los magistrados de  Acta N° 23 del 1 de agosto de 2019
la Corte Suprema de Justicia manifestaron  Acta N° 2 del 30 de enero de 2020
su preocupación por la debida integración de  Acta N° 33 del 24 de octubre de 2019
la corporación, en atención a las funciones
que desarrolla y al hecho notorio de la
terminación del periodo de algunos de sus
integrantes.

159. Asimismo, aunque salta a la vista que algunas de las listas se conformaron
en el año 2018 y las elecciones se llevaron a cabo en el 2020, del solo transcurso
del tiempo no puede concluirse la falta de diligencia y mucho menos la infracción
de las normas que se aducen desconocidas.

160. De suyo, si el simple discurrir del tiempo constituyera criterio válido para
establecer la diligencia de la alta corte y por esta vía la infracción de normas
superiores, quedaría sin piso la presunta “negligencia” alegada respecto de las

49
Para las elecciones de otros funcionarios, el fiscal general de la Nación, el fiscal general de la Nación ad-hoc para el caso
Odebrecht, terna para Auditor General de la República, vacantes de magistrados de tribunales de la jurisdicción ordinaria,
nombramientos de empleados de la propia corporación.
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listas que se conformaron el 3 de septiembre50 y el 27 de noviembre51 de 2019,
frente a las cuales transcurrieron, respectivamente, periodos de 5 y 3 meses para
las elecciones, incluido el de vacancia judicial.

161. Lo anterior, por cuanto dicho lapso no se advierte irrazonable o
desproporcionado para que, al interior de la Corte Suprema de Justicia se
valoraran las calidades profesionales y personales de los elegibles, se les
escuchara, se lo evaluara y se llegara a un acuerdo mayoritario de los que serían
elegidos.

162. Además, la falta de acuerdo de los magistrados para obtener una mayoría
calificada tampoco puede atribuirse a la negligencia sugerida por la parte actora,
pues lo cierto es que en los órdenes del día se propuso votar por los candidatos
de las distintas listas, sin que la corporación hubiera obtenido el resultado. Sobre
ese aspecto conviene resaltar que en estos procesos electorales se mantiene el
voto secreto, libre y este puede ser por los distintos aspirantes o incluso en blanco,
sin que ordenamiento jurídico obligue a los togados a inaplicar estos principios.
Por ello, no se puede hablar ni se acreditó negligencia de los magistrados que
experimentaron las referidas circunstancias.

163. De otro lado, la parte actora señaló que para superar o evitar la
desintegración del quorum decisorio al interior del órgano elector, era posible
acudir a los mecanismos de designación de magistrados en encargo o de
conjueces, así como a la modificación del reglamento.

164. Frente a dichas opciones quedó corroborado, con las actas antes
mencionadas, que la modificación del reglamento fue un tema objeto de
deliberación en el seno de la plenaria, cuyas proposiciones fueron votadas
negativamente52.

165. En cuanto a las mencionadas designaciones de magistrados en encargo,
éstas también requerían del quorum calificado artículos 553 y 10.254 del reglamento
interno, por lo que, esta alternativa presentaba las mismas dificultades de las
elecciones cuya nulidad se solicita.

166. En punto del nombramiento de conjueces, la previsión de esta figura,
conforme lo establece el artículo 61 de la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia
constitucional, en especial la sentencia C-037 de 199, su intervención se
circunscribe a los asuntos de naturaleza judicial55, y no a los asuntos relativos al

50
En las que participaron los doctores Ternera Barrios y Chaverra Castro.
51
En la que participó el doctor Lenis Gómez.
52
Revisar actas: 29 del 12 y 16 de septiembre del 2019, 3 del 6 de febrero del 2020, 33 del 24 de octubre del 2019, 4 del 20
de febrero del 2020 y 3 del 28 de febrero de 2020.
53
Artículo 5º. Modificado. Acuerdo 005 de 2002, Artículo 2°. Quórum. El quórum para deliberar será la mayoría de los
miembros de la Corporación. Las decisiones se tomarán por igual mayoría, salvo en los siguientes casos en los cuales se
requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes: elección de Presidente y Vicepresidente de
la Corte, de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
del Fiscal General de la Nación, de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los integrantes de
las ternas para Magistrados de la Corte Constitucional, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República
y Auditor de la Contraloría; las reformas al presente reglamento y los proyectos de ley de iniciativa de la Corte.
54
Artículo 10. Funciones. Tendrá las siguientes funciones principales: 1. Elegir, en el mes de enero, Presidente y
Vicepresidente de la Corporación para el período reglamentario. 2. Elegir Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
previo estudio, por la Sala de Casación Especializada a la que corresponda la vacante por proveer, de las hojas de vida de
los integrantes de la lista enviada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (artículo 231 Constitución
y 53 Ley 270 de 1996). Parágrafo. Nombrar Magistrados de la Corte y de los Tribunales Superiores en provisionalidad o en
encargo, en los casos autorizados por la ley, siempre que fuere necesario a juicio de la respectiva Sala de Casación.
55
En la sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la figura de los conjueces prevista en el
artículo 61 de la Ley 270 de 1996. Se indicó que la función asignada a los conjueces es la de administrar justicia en forma
excepcional, transitoria y en casos concretos, razón por la cual, desde el momento en que el conjuez acepta, se posesiona
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autogobierno de la corporación, como son, por ejemplo, la elección de sus
integrantes, el nombramiento de determinados empleados o la reforma de las
normas internas de ésta.

167. Conforme con todo lo anterior, la Sala advierte que los argumentos
expuestos por la parte actora no son suficientes para atribuir negligencia en el
actuar de la Corte Suprema de Justicia, que le hubiere llevado a desconocer las
normas invocadas, particularmente su reglamento interno, ni las probanzas
obrantes así lo acreditan.

2.3.5 Desconocimiento de los principios de legalidad, seguridad jurídica,
confianza legítima, debido proceso e igualdad, previstos en los artículos 23,
29 y 83 de la Constitución.

168. La parte actora consideró desconocidos tales principios como consecuencia
de la variación de las reglas electorales en materia del quorum decisorio, pues, a
su juicio, ella se presentó cuando ya estaba en trámite la elección de los 7
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

169. En este punto, reiteró la importancia que tiene la existencia de reglas claras
y preexistentes que rigen el proceso de selección, las cuales, una vez expedidas y
publicadas, son de obligatorio acatamiento no solo para las entidades que las
profieren sino para los participantes en general, y de ello, derivó el respeto de los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima, los derechos al debido
proceso y la igualdad en el trato de quienes aspiren a ser favorecidos 56.

170. Sobre el particular, como se señaló en el capítulo 2.3.3 de esta providencia,
las reglas electorales relativas al quórum decisorio, se encontraban previamente
establecidas en dos normas. La primera, el artículo 5 del Acuerdo 006 de 2002,
aplicable mientras la sala plena de la Corte Suprema de Justicia contara con un
mínimo 16 magistrados en ejercicio. La segunda, el artículo 54 de la Ley 270 de
1996, cuya aplicación es supletiva ante el silencio del reglamento, frente a las
situaciones en las que no resulta formal ni materialmente posible su aplicación, y
por ende tampoco exigible cumplir con la mayoría de las 2/3 partes de los 23
integrantes del alto tribunal.

171. En ese orden de ideas, no hay lugar a predicar que existió una variación
intempestiva de las reglas del proceso electoral en detrimento de los principios
invocados, porque la decisión se sustentó en el artículo 54 de una norma de
carácter estatutario vigente desde el año 1996.

y presta el juramento de ley, adquiere para todos los efectos legales y en relación con el negocio en que actúe, la condición
de servidor público especial, sui generis, con unas funciones determinadas en la ley y los reglamentos, como lo prevé el
artículo 122 de la Constitución. Sobre los conjueces, la sentencia C-037 de 1996, que realizó el control automático de
constitucionalidad de la Ley 270 de 1996, fue clara al señalar que la figura de los conjueces, prevista en el artículo 61 de
esta ley, es materia que corresponde regular al legislador en su amplia potestad de configuración normativa y respetando la
Constitución, pues se trata de una disposición referida al funcionamiento de las Corporación judiciales. En esa oportunidad
la Corte se pronunció sobre la naturaleza de servidores públicos especiales o sui generis que adquieren los conjueces de
las Corporaciones judiciales, y que, a partir del momento en que son designados conjueces, en cada caso concreto,
cumplen la misma función judicial que los magistrados, solo que, de manera transitoria y excepcional, razón por la cual
tienen los mismos deberes y obligaciones durante dicho lapso. En similar sentido ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta
y Servicio Civil, concepto del de noviembre de 2016, M.P. Álvaro Namén Vargas, Rad. 11001-03-06-000-2016-00113-
00(2303).
56
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
15001-23-33-000-2020-00100-01.
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172. De suyo, la variación de los supuestos fácticos que en esta oportunidad
recayó en el número de votos necesario para realizar las elecciones, no fue
producto de la modificación de las normas que rigen el procedimiento, sino que,
por el contrario, constituyó una correcta aplicación e interpretación de éstas por
parte de la Corte Suprema de Justicia, referida a ese preciso caso concreto, en el
que la corporación solamente contaba con 15 magistrados en ejercicio, de los 23
que la conforman.

173. Asimismo, tampoco puede considerarse que los demandados que fueron
elegidos con 15 o 14 votos recibieron de manera injustificada un trato privilegiado
en comparación con los magistrados que con anterioridad fueron designados con
16 sufragios o más.

174. Lo anterior, porque para las elecciones de los primeros como se ha
señalado a lo largo de esta providencia, debido a la composición de la corporación
con 15 togados, no resulta aplicable la exigencia de la mayoría de que trata el
artículo 5 del reglamento interno, que sí fue exigible para los segundos cuando en
la Corte Suprema de Justicia estaba ejerciendo un número mayor.

175. Dicho de otro modo, la composición excepcional de la Corte Suprema de
Justicia para el momento en que fueron elegidos los demandados, justificó que su
elección se materializara con menos de 16 votos, en especial, cuando tal decisión
se adoptó al amparo de la norma pertinente, el artículo 54 de la Ley 270 de 1996,
supuestos fácticos y normativos distintos a los que rigieron la designación de los
magistrados que con anterioridad fueron elegidos con 16 sufragios o más, en un
contexto en el que resultaba aplicable el artículo 5 del reglamento interno.

176. Por consiguiente, no resulta pertinente solicitar como lo hace la parte
demandante, que situaciones disímiles, regidas por normas diferentes, reciban el
mismo tratamiento. Por ende, tampoco se evidencia que con ocasión de los actos
acusados se haya desconocido la igualdad.

177. En consecuencia, al haberse establecido previamente éstas circunstancias
que rigieron el quorum decisorio para la designación de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, no se advierte la violación de los principios invocados
y se negará la prosperidad del presente cargo.

2.3.6. Reglas procedimentales - trámite de las votaciones

178. La parte actora alegó que se desconocieron los artículos 39 y 41 del
reglamento interno de la Corte Suprema, porque en la tercera etapa del proceso
de elección, en la que solo quedaban dos candidatos con las mayores votaciones,
sin que ninguno lograra el quórum cualificado, correspondía a la Sala Plena volver
sobre todos los aspirantes y retomar el método de la votación individual frente a
los demás integrantes de la lista.

179. El procedimiento que rige la materia se encuentra en los artículos antes
señalados, que a continuación se exponen:

 En primer lugar, se encuentra la etapa de análisis de candidatos, en la que
sus hojas de vida son valoradas y sometidas a deliberación (art. 39).

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Carlos Andrés Echeverry Restrepo y otros
Rad: 11001-03-28-000-2020-00059-00 (ACUM.)
Demandados: magistrados de la Corte Suprema de Justicia

 Luego de ello, se efectúa la votación por cada uno de los aspirantes, para lo
cual se conforma la comisión escrutadora respectiva (art. 39).

 Se establece que el voto es de carácter obligatorio, aunque también se
contempla la opción de hacerlo el blanco (art. 40).

 Si en una primera votación ninguno de los candidatos obtuviere el número
de votos requerido para su elección, se efectuará seguidamente una
segunda, circunscrita a los dos que hayan obtenido la mayor votación (art.
41).

 Si en esta tampoco resultare ninguno electo, se someterá a cada uno de
ellos separadamente a una tercera votación en sesión posterior, si fuere
solicitada por alguno y aprobada por la mayoría de los asistentes (art. 41).

180. De las normas que rigen el procedimiento de elección, no se evidencia una
regla especial que establezca cómo se debe proceder cuando solamente queden
dos candidatos con las mayores votaciones y ninguno logre la votación del quórum
cualificado, aunque en una tercera ronda se sometan a votación separadamente.

181. Lo anterior quiere decir que, luego de agotado el procedimiento descrito, el
reglamento guardó silencio. Esto implica que, la plenaria de la Corporación, en
ejercicio del principio de autogobierno, puede buscar distintas alternativas para
lograr el consenso requerido para adoptar una decisión válida, sin que ello
conlleve, necesariamente, el agotamiento de la propuesta a la que hace alusión la
parte actora, cual es, volver a retomar el método de la votación individual frente a
los demás integrantes de la lista.

182. Hecha esta precisión y en atención a que la norma no dispone la salida
procedimental señalada por la parte actora, del análisis de las actas atinentes al
proceso electoral, lo que se verifica es que la sala plena de la Corte, frente a las
distintas listas de candidatos, siguió el procedimiento descrito, y que, pese a su
agotamiento, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría necesaria.

183. Así mismo, se evidencia que lo anterior condujo a que la Corte,
posteriormente, en ejercicio de su autonomía y sin desconocer su reglamento
interno, explorara distintas alternativas en pro de alcanzar el consenso necesario
para elegir las vacantes de los magistrados.

184. Entonces, bajo este panorama fáctico y probatorio, no es posible derivar
vicio alguno en el procedimiento de elección que afecte la legalidad de las
designaciones acusadas.

2.3.7. Conclusión

185. Al no acreditarse la configuración de los motivos de inconformidad
alegados, se impone negar las pretensiones de las demandas.

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Demandantes: Carlos Andrés Echeverry Restrepo y otros
Rad: 11001-03-28-000-2020-00059-00 (ACUM.)
Demandados: magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas de la referencia contra los
actos de elección de los ciudadanos Fabio Ospitia Garzón, Hugo Quintero
Bernate, Gerson Chaverra Castro, Francisco José Ternera Barrios, Omar Ángel
Mejía Amador, Iván Mauricio Lenis Gómez y Luis Benedicto Herrera Díaz, como
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Salva voto)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080”

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