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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00046-00

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00046-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales, que en contra de la presente decisión no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2021-00046-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

3 de febrero de 2022

Radicación: 11001-03-28-000-2021-00046-00
Demandante: Dhorton Pino Serna
Demandado: Representante del Sector Productivo ante el
Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00046-00
Demandante: Dhorton Pino Serna
Demandado: Acto de elección del señor Abrahan Ruiz como representante
del sector productivo ante el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.

Tema: Falta de competencia del secretario general de la institución
educativa para depurar el censo electoral

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a dictar fallo de única instancia en el
expediente de la referencia, en el cual se cuestiona la legalidad del acto de elección del
señor Abrahan Ruiz como representante del sector productivo, ante el Consejo Superior
de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda y pretensiones

1. Mediante escrito del 9 de agosto de 20211, el señor Dhorton Pino Serna, actuando en
nombre propio, interpuso demanda en ejercicio medio de control de nulidad electoral,
consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 20112, con las siguientes pretensiones:

“1. Declarar la nulidad del acto de elección o nombramiento del profesor ABRAHAN
RUIZ MURILLO, como representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior
Universitario, conforme con el cronograma de elecciones, contenido en el acuerdo
0009 del 11 de junio de 2021.

1 Actuación No.1. Sistema SAMAI.
2 ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de
elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan
las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de
llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. En elecciones por voto popular, las
decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o
irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que
declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan
las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección. En todo caso, las decisiones de naturaleza
electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para
proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.

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Radicación: 11001-03-28-000-2021-00046-00
Demandante: Dhorton Pino Serna
Demandado: Representante del Sector Productivo ante el
Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó

2. Conminar al Consejo Superior Universitario, Comité Electoral y demás autoridades
de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, a cumplir con sus
manuales y demás disposiciones legales, en aras de garantizar el Debido Proceso en
asuntos electorales”3

1.2. Hechos y omisiones fundamento del medio de control

2. La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, es una institución de
educación superior de carácter nacional, creada mediante la Ley 38 de 1968 4, regida
por la Ley 30 de 1992 y por su Estatuto General -Acuerdo 001 del 9 de agosto de 2007,
modificado por el Acuerdo 004 de 7 de noviembre del mismo año-.

3. Conforme con las normas antes descritas, el mencionado ente educativo cuenta con
un Consejo Superior Universitario que actúa como órgano normativo general de la
institución. Dicho estamento está conformado, entre otros, por un representante del
sector productivo del departamento.

4. A su vez, al interior de la referida universidad, se cuenta con un Comité Electoral,
cuya función principal es la inspección, control y vigilancia de los diversos procesos
democráticos que se adelanten, ello bajo la subordinación de lo señalado por la
dependencia mencionada en el párrafo precedente (art. 2º - Estatuto Electoral).

5. Mediante Acuerdo No. 009 del 11 de junio del 2021, el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó, convocó la selección del representante del sector
productivo ante dicho estamento. En el mencionado acto, se estableció el siguiente
cronograma:

CRONOGRAMA
1 CONVOCATORIA A ELECCIONES 15 de junio 2021
2 INSCRIPCIÓN 16, 17 y 18 de junio
2021
3 PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS INSCRITOS 18 de junio 2021
4 SORTEO DE NUMERACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS 21 de junio 2021
TARJETAS ELECTORALES
4 DESIGNACIÓN DE SITIOS, MESAS Y JURADOS DE 22 de junio 2021
VOTACIÓN
5 PUBLICACIÓN DE CENSO ELECTORAL 22 de junio 2021
6 REPORTE NOMBRES TESTIGOS ELECTORALES 23 de junio 2021
7 EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE CREDENCIALES A LOS 23 de junio 2021
TESTIGOS ELECTORALES
8 ELECCIONES Y ESCRUTINIO GENERAL 25 de junio 2021
9 RECLAMACIÓN E IMPUGNACIONES 28 de junio 2021
10 RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES 30 de junio 2021
11 DECLARACIÓN DE ELEGIDOS Y ENTREGA DE 2 de julio 2021
CREDENCIALES
12 POSESIÓN 9 de julio 2021

3 Folio 15. Escrito de demanda. Archivo “3_ED_01NULIDAD ELECTORAL.(docx)” del expediente digital

obrante en SAMAI.
4 Ley 38 de 1968 Art. 3 El Instituto Politécnico “Diego Luis Córdoba”, funcionará por cuenta de la Nación y

bajo la vigilancia y dirección del Ministerio de Educación Pública (…). Por medio de la Ley 7 de 1975, Art.
1° El Instituto Politécnico Diego Luis Córdoba creado por la Ley 38 de 1968, se denominará Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba

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Demandante: Dhorton Pino Serna
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6. Resaltó que, el referido acuerdo, en el parágrafo primero del artículo 4º, determinó
que debía entenderse por sector productivo: “…, el sector conformado por todas las
actividades económicas propias de los sectores primarios o agropecuario, el secundario o
industrial y manufacturas que producen bienes tangibles, además de las actividades de
investigación, desarrollo, innovación e información”.

7. Mencionó que, a efectos de conformar el correspondiente censo electoral con los
integrantes del estamento citado, por intermedio del secretario general del ente
universitario, se solicitó a la Cámara de Comercio de Chocó informar la relación de
estos, allegando la correspondiente base de datos del departamento, el 21 de junio del
2021, en la que reportó un consolidado de 1.397 habilitados para votar.

8. Señaló que, al momento de la publicación del censo, el Comité Electoral sólo incluyó
a 791 comerciantes, excluyendo un total de 606 sufragantes, razón por la cual se
solicitó a la Procuraduría Regional de Chocó su intervención con el fin de adoptar
medidas urgentes en atención a la cercanía de la fecha para la celebración de la
jornada democrática.

9. Con oficio No. PRCH-D-0793, el mencionado ente de control requirió al Comité
Electoral, para que en el término de la distancia: “(…) explicara las razones por las que la
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” determino (sic) publicar una base de
datos conformada por 791 miembros del sector productivo aptos para ejercer el derecho a elegir
un miembro de dicho sector para integrar el Consejo Superior de la Universidad, cuando la
cámara de comercio del chocó (sic) certifico (sic) una cifra de 1397, lo anterior teniendo en
cuenta que los comicios electorales se realizarán el 25 de junio de 2021”.

10. En virtud de lo anterior, el presidente de la mencionada instancia, respondió que
“[e]l comité electoral recibió del Secretario General de la Universidad el Censo Electoral
depurado dando cumplimiento cabal de las leyes, normas, estatutos y acuerdos de la
Universidad”.

11. Manifestó que lo dicho, implica que el secretario general de la institución educativa
actuó sin la competencia necesaria para proceder con la depuración del censo
electoral, en la medida en que dentro del referido comité tiene voz pero no voto, con lo
cual, a juicio del actor, queda más claro que no puede tomar decisiones por el cuerpo
colegiado.

12. Concluyó aduciendo: “… que la actuación del Secretario General de la Universidad, en
torno a la depuración del Censo Electoral, por el sector productivo, pone de manifiesto una
flagrante violación a las normas internas, primero por cuanto no era este el funcionario quien
(sic) contaba con la competencia para hacerlo y segundo por cuanto sus funciones se
encuentran regladas no solo en el Estatuto General sino también en el Estatuto Electoral, y en
ninguna norma se encuentra dicha atribución, de allí que su actuación pone de relieve una
transgresión al debido proceso el cual debe ser aplicado literalmente por parte de todas y cada
una de las autoridades administrativas de la Universidad.”

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1.3. Normas violadas y concepto de la violación

13. Elevó un único cargo el cual denominó “NULIDAD POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LOS
ARTÍCULOS 29, 40 y 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, POR EL
QUEBRANTAMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DENTRO DE
UN PROCEDIMIENTO ELECCIONARIO, SUMADO AL DESCONOCIMIENTO DE NORMAS
INTERNAS (ESTATUTO GENERAL Y ELECTORA) (sic) AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA (sic) DEL CHOCÓ, LO QUE CONFIGURA LA CAUSAL DE NULIDAD
CONTENIDA EN EL ARTICULO (sic) 137 DEL CPACA”.

14. Sostuvo que el debido proceso como principio fundante del estado social y
democrático de derecho, se aplica a todo tipo de actuaciones administrativas e implica
la preexistencia de la norma que sirve de marco fundante a las decisiones de las
autoridades públicas, quienes no pueden separarse de la forma en que un determinado
procedimiento fue reglado, so pena de desconocer dicha garantía de orden
fundamental.

15. Refirió entonces que en materia electoral, la Universidad Tecnológica del Chocó
cuenta con dos normas, el Estatuto General5 y el Estatuto Electoral6, las cuales regulan
todo el procedimiento para la elección de los diversos estamentos de representación de
la comunidad universitaria, pero a su vez, fijan las autoridades, competencias y
funciones para llevarlo a cabo.

16. Resaltó que, conforme con el Acuerdo No. 021 del 2011 -Estatuto Electoral-,
específicamente el artículo 11, literales a) y c), “[e]l Consejo Superior Universitario
constituye la máxima autoridad de la organización electoral de la Universidad” y el “comité
electoral sirve como órgano de asesoría y apoyo al Consejo Superior Universitario”.

17. Mencionó que el artículo 2º del citado estatuto, señala que el Comité Electoral se
encuentra a cargo de la inspección, vigilancia y control de los procesos democráticos
internos de la institución educativa, y que el mismo está conformado, entre otros, por
“[el]l secretario General de la Universidad Tecnológica del Chocó, o quien haga sus
veces, con voz, pero sin voto” (artículo 3º - negrilla fuera del texto original).

18. Resaltó que el referido funcionario, es el único integrante del mencionado comité
que no cuenta con la potestad para tomar decisiones, salvo las específicas funciones
de orden logístico que el Estatuto Electoral le otorga, como, por ejemplo, expedir las
tarjetas electorales, proveer el listado de votantes habilitados por cada mesa dispuesta
para la jornada de votación, entre otras. Ante ello, señaló que de conformidad con el
artículo 6º de dicho cuerpo normativo, corresponde al Comité Electoral avalar los
listados de los sufragantes habilitados para cada elección.

19. En atención a la respuesta dada al requerimiento efectuado por el procurador
Regional del Chocó, concluyó que en desconocimiento de sus atribuciones, el

5 Acuerdo 0001 de 9 de agosto del 2017, modificado por el Acuerdo 0004 del 7 de noviembre del mismo

año.
6 Acuerdo 021 del 11 de septiembre del 2011

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secretario general de la Universidad Tecnológica del Chocó depuró el censo electoral
enviado por la cámara de comercio de ese departamento, señalando que a su juicio,
quien estaba facultado para determinar los integrantes de dicha base de datos,
conforme con el concepto del sector productivo que se fijó en la convocatoria adoptada
por el Consejo Superior Universitario, era la misma entidad que efectuó el reporte, por
lo que manifestó que “el Secretario General al manipular una base de datos suministrada por
un organismo que tenía la competencia, violo (sic) los propios estatutos universitarios y por
ende alteró las reglas de juego en las cuales deben encausarse sus autoridades”.

20. Indicó que, conforme al artículo 6º numeral e) del Estatuto Electoral corresponde al
Comité Electoral avalar el listado de los sufragantes.

21. Al respecto, precisó lo siguiente: “Pero si revisamos la definición o significado de la
palabra AVALAR, encontramos que la real academia española lo define como una forma no
personal que marca un imperativo infinito que significa ‘Garantizar por medio de aval’, quiere
ello decir que con esta definición el Comité Electoral tampoco estaba autorizado para depurar la
base de datos suministrada por la Cámara de Comercio del Chocó, pues a decir del significado
AVALAR, a este organismo le correspondía dos opciones Avalar o no Avalar dicho listado y si
fuera el último caso debía remitirlo a la autoridad competente para que fuera esta que lo
depurara conforme al pedido de la universidad, por lo que no los (sic) cansamos de repetirlo,
que, al ser el Secretario General de la Universidad, quien depuro (sic) la base de datos para
establecer el Censo Electoral del Sector Productivo, automáticamente contamino (sic) el
proceso y por ende hizo un quiebre al debido proceso”.

1.4. Trámite de la demanda

1.4.1. Admisión de la demanda

22. Con providencia del 27 de septiembre de 2021, se admitió la demanda al encontrar
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales para dicho efecto, pues estaban
debidamente designadas las partes, las pretensiones fueron formuladas de manera
clara y precisa y se narran los hechos en que se fundamentan las pretensiones;
adicionalmente, se negó la medida cautelar de suspensión de los efectos de la elección
cuestionada.

23. Conforme con lo anterior, se ordenó la notificación personal al demandado, a los
presidentes del Consejo Superior Universitario y del Comité Electoral de la Universidad
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” y al secretario general de la misma
institución educativa. Así mismo, se dispuso la notificación al Ministerio Público, al
demandante e informar a la comunidad de la existencia del proceso y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.4.2. Contestación de la demanda

24. Durante el término legal establecido para ello, se presentaron las siguientes
intervenciones:

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1.4.2.1. Ministerio de Educación Nacional7

25. El apoderado del ente ministerial manifestó no oponerse a las pretensiones del
escrito inicial, al considerar su falta de legitimación en la causa para comparecer al
proceso. Como fundamento de lo anterior, señaló que:

“Luego entonces se configura la presente excepción, ya que el Consejo Superior de la
Universidad Popular del Cesar (sic), se compone de Diez (sic) (10) integrantes, de los
cuales ocho (9) (sic) son miembros con voz y voto y un último integrante con voz, pero
sin voto (el rector de la institución), dentro de ésta organización administrativa, el
Ministerio de Educación Nacional, cuenta con un (1) solo representante, persona que
puede votar dentro de (sic) máximo órgano directivo, sin embargo, varias de las
decisiones pueden ser adoptadas sin que el ministerio esté de acuerdo, teniendo en
cuenta que dentro del órgano deliberativo opera la lógica de las mayorías”.

26. Manifestó entonces, que de conformidad con lo señalado en los artículos 64 y 65
de la Ley 30 de 1992, así como las normas consignadas en el Estatuto General y el
reglamento del Consejo Superior Universitario, “el Ministerio de Educación Nacional no se
encuentra en posición de dar una respuesta a título de muto propio, dado que la entidad NO
esta llamada a responder como entidad o de manera personal, sino como parte integrante del
Consejo Superior Universitario, por lo que alguna decisión sobre el presente asunto, debe
darse de manera consultada y consensuada por parte del máximo órgano colegiado de
administración de la Universidad Tecnológica del Choco (sic)”.

27. Finalmente, adujo que en atención a la autonomía universitaria que se predica de la
Universidad Tecnológica del Chocó, esta cuenta con la potestad para la designación de
sus propias autoridades, por lo que, frente a las pretensiones del medio de control de la
referencia, insistió, la cartera ministerial debe circunscribirse a las decisiones
mayoritarias del Consejo Superior Universitario.

1.4.2.2. Universidad Tecnológica del Chocó8

28. El apoderado de la institución educativa se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

29. En primer lugar, refirió que si bien es cierto el secretario general efectuó la
depuración de la base de datos enviada por la Cámara de Comercio de Chocó, ello fue
así en la medida en que dicha entidad reportó a personas jurídicas que no hacen parte
de la definición de sector productivo consagrada en el acto de convocatoria, por
consiguiente, era necesario filtrar la información a efectos de ser presentada al Comité
Electoral con el fin de obtener el aval definitivo sobre el censo electoral necesario para
el certamen democrático.

30. Señaló que la actuación adelantada por el secretario general, en ningún momento

7 Actuación 27. Sistema SAMAI.
8 Actuación 28. Sistema SAMAI.

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desconoció el artículo 29 Constitucional, por el contrario, implicó permitir que
participaran en la elección cuestionada únicamente aquellos integrantes del sector
productivo, que se encontraban dentro del parámetro específicamente establecido en el
Acuerdo No. 0009 del 2021.

31. De otra parte, señaló que no era procedente la conclusión del actor referida a que
la Cámara de Comercio de Chocó era la competente para la determinación del censo
electoral, pues ello desconoce el carácter autónomo de la universidad. Al respecto,
indicó que no existe normativa interna que señale que esa entidad debía depurar,
presentar y/o avalar el listado de personas habilitadas para sufragar, así como tampoco
hay limitante a que ello sea realizado por la institución.

32. Precisó que en el caso concreto no se demostró la vulneración de los artículos 40 y
69 constitucional, para concluir que el concepto de violación presentado en la
demanda, carece del soporte probatorio y jurídico requerido para la prosperidad de la
pretensión anulatoria. Culminó su intervención proponiendo la excepción denominada
“FALTA DE FUNDAMENTO EN EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN”, al considerar falta de
asidero jurídico y fáctico respecto de las manifestaciones efectuadas en la demanda.

1.4.3. Auto del 18 de noviembre de 20219

33. Con providencia del 18 de noviembre de 2021, el Despacho conductor dispuso lo
siguiente:

(i) Abstenerse de hacer pronunciamiento respecto de la excepción propuesta en la
contestación de la demanda por la Universidad Tecnológica de Chocó, por ser de
naturaleza perentoria.

(ii) Declarar no probada la excepción mixta de falta de legitimación en la causa,
formulada por el Ministerio de Educación Nacional.

(iii) Se fijó el litigio10 y se incorporaron al expediente, con el valor que legalmente les
correspondía, las pruebas documentales aportadas con el escrito inicial, y en la
contestación allegada por la Universidad Tecnológica de Chocó, se negaron

9 Actuación 50. Expediente digital disponible en SAMAI.
10 En el numeral 2.3. la parte considerativa de la providencia, se precisó que:
“…corresponde en esta oportunidad fijar el litigo u objeto de controversia, el cual se circunscribirá a determinar si el
acto electoral demandado es nulo, tras tener en cuenta los cargos previstos en la demanda y que hacen parte del
presente litigio. Específicamente, se responderá por parte de la Sala de Decisión, al momento de dictar la
correspondiente sentencia, los siguientes interrogantes:
(i) ¿Cuál es el procedimiento establecido en el régimen electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego
Luis Córdoba”, a efectos de determinar del censo para la elección del representante del sector productivo ante
el Consejo Superior Universitario?
(ii) Precisado lo anterior, ¿se incurrió en una actuación sin competencia por parte del secretario general de la
referida institución universitaria, al presuntamente haber depurado la base de datos remitida por la Cámara de
Comercio del Chocó?
(iii) En ese sentido, ¿Se llevó a cabo de forma irregular la determinación del censo electoral del sector productivo
habilitado para votar en la elección cuestionada? ¿Fue convalidada esta actuación por el comité electoral? ¿De
haberse presentado tal irregularidad tiene incidencia respecto del acto de elección acusado?”.

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otras al no atender los criterios de conducencia y pertinencia 11. De otra parte, se
rechazaron las pruebas documentales referidas en el numeral 2.4.3 de la
providencia12. Así mismo, en ejercicio de la facultad oficiosa, se decretaron
pruebas13.

(iv) Finalmente, se ordenó que, una vez incorporadas al expediente todas las
documentales, se corriera traslado de éstas por el término de 3 días.

1.5. Alegatos de conclusión

34. Sin que se presentara objeción alguna por las partes respecto de las pruebas
documentales decretadas, se dispuso por la Secretaría de la Sección Quinta correr
traslado para alegar de conclusión, término durante el cual se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Parte demandante14

35. Hizo referencia a los hechos de la demanda, resaltando que en el Acuerdo No.
0021 de 2011 no hay disposición específica sobre la forma como debe concretarse el
censo electoral del sector productivo, por lo que considera que es necesario acudir al
acto de convocatoria, esto es, el No. 0009 del 11 de junio de 2021.

36. Manifestó que “…en el libelo genitor señalo (sic) que el secretario general de la UTCH,
había obtenido la base de datos para el censo electoral del sector productivo por parte de la
Cámara de Comercio del Chocó, el día 21 de junio del presente año, desconociendo que de las
pruebas que se allegaron al proceso se puede afirmar con toda certeza que el secretario
general en su calidad de tal, requirió mediante comunicado 117 con fecha del 19 de abril del
presente año, a la Cámara de Comercio del Chocó, para que le hallegase (sic) el censo

11 Al respecto, ver el numeral 2.4.3 del auto en comento. Sobre los conceptos de conducencia y
pertinencia, se debe señalarse que las pruebas deben ser adecuadas para demostrar el hecho objeto de
controversia –conducencia-, y además, deben guardar relación con los hechos relevantes –pertinencia-.
12 En el auto se indicó que “…en relación con las siguientes pruebas documentales de la Tabla No. 1-bajo

la numeración expuesta en la primera columna a la izquierda (…) las mismas serán rechazadas, (…) en
tanto no cumplen con los criterios de conducencia, pertinencia y/o utilidad…”.
13 Se decretaron de oficio las siguientes pruebas documentales:

“a) Requerir al secretario General de la Universidad Tecnológica del Chocó para que remita copia simple de la
totalidad de las comunicaciones dirigidas a la Cámara de Comercio del Chocó, con el fin de obtener dicho ente
registral, los integrantes del sector productivo en el departamento.
b) Requerir a la presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Chocó con el fin de que se remita copia simple
de las respuestas dadas a los requerimientos efectuados por el ente universitario, allegando, a su vez. la base de
datos inicialmente entregada al mismo.
c) Requerir al presidente del Comité Electoral para que profiera un informe en que se reseñen las actividades
desplegadas por dicha instancia para efectos de avalar el censo electoral que se determinó para la elección del
representante del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario, haciendo especial énfasis en si fueron
verificados los criterios para la inclusión o exclusión de votantes del mismo.
d) Requerir al presidente del Comité Electoral para que profiera un informe, en el que se reporten las razones por las
que fueron excluidos del censo electoral, cada uno de los 606 integrantes del sector productivo reportado por la
Cámara de Comercio del Chocó.
e) Copia íntegra y digital de todo el expediente conformado con motivo del proceso electoral, en cuestión, con
certificado del rector donde haga constar que se trata del 100% de todas las actuaciones surtidas.”.
14 Actuación 63. Expediente digital disponible en SAMAI.

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electoral de los habilitados a participar por este sector, además en la misma comunicación se
resalta que el secretario general pide al ente cameral le alleguen dicho listado a más tardar el
23 de abril de 2021. También se tiene certeza que dentro de dicha comunicación el secretario
general solo se concreto (sic) a pedir el censo electoral del sector productivo, esto según se
evidencia a través de la comunicación que se anexa”.

37. Afirmó que según el acuerdo de convocatoria “…a partir del 11 de junio de 2021, se dio
inicio a la actuación o procedimiento administrativo eleccionario para elegir al representante de
dicho sector ante el Consejo Superior Universitario, no obstante, como quedo (sic) probado en
la demanda el secretario general de la UTCH, en desconocimiento del procedimiento
administrativo eleccionario, (…) eleva ante el ente cameral la comunicación 117 del día 19 de
abril de 2021, en procura de obtener el censo electoral del sector productivo, cuando ni siquiera
el máximo órgano de dirección y gobierno de la UTCH, había autorizado, reglamentado y
convocado la elección para elegir a este representante, hecho que se torna supremamente
grave, sobre todo si se tiene en cuenta insistimos que la actuación administrativa o
procedimeinto (sic) administrativo para esta elección de este importante sector de la sociedad
chocoana, se inicio (sic) desde el 11 de junio del presente año”.

38. Adujo que la respuesta a esa primera misiva se concretó el 29 de abril de 2021, por
tanto, el secretario general “…tuvo en su poder el listado de sufragantes compilado como
censo electoral del sector productivo por espacio de 42 días, es decir, un día antes del 11 de
junio que fue la fecha en donde el consejo superior universitario expidió el acuerdo 0009 en
donde se autoriza, convoca y reglamenta dicha elección”, surgiendo los siguientes
interrogantes: (i) “¿Por qué (sic) el secretario general, elaboró una comunicación en su calidad
de funcionario de la UTCH, para la obtención de un censo electoral del sector productivo,
cuando ni siquiera el organismo al cual se obedece había autorizado, reglamentado y mucho
menos convocado la elección”; (ii) “¿Qué hizo el secretario general con el listado de
sufragantes en todo ese espacio de tiempo, es decir, los 42 días antes de la autorización,
reglamentación y convocatoria a elecciones del sector productivo?; (iii) “¿Conocía de antemano
el secretario general, cual sería la reglamentación que aplicaría el consejo superior a la hora de
convocar la elección?”; (iv) “¿Era conocedor el secretario general del acuerdo de convocatoria,
sobre todo en lo que respecta al PARAGRAFO (sic) PRIMERO del artículo 4 del acuerdo 0009
del 11 de junio?” y, (v) “¿Cuál fue el papel que asumió el comité electoral en todo este proceso,
aquí mismo nos preguntamos realmente el comité electoral asumió el rol que por norma le
corresponde?”.

39. Precisó que de un total de 1.397 electores que serían los comerciantes que
participarían en la escogencia de su representante ante el Consejo Superior de la
UTCH, el 22 de junio de 2021 se publicó por parte del presidente del comité electoral
que éste lo componían tan solo 791 electores o votantes, excluyendo un número
significativo de sufragantes.

40. Este proceder dio origen a una queja ante la Procuraduría Regional del Chocó,
órgano de control que requirió al comité electoral para que explicara las razones por las
cuales se descartaron a 606 votantes, frente a lo cual se respondió que “… recibió del
secretario general de la Universidad en Censo Electoral depurado dando cumplimiento cabal de
las leyes, normas, estatutos y acuerdos de la Universidad”.

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Demandante: Dhorton Pino Serna
Demandado: Representante del Sector Productivo ante el
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41. Destacó que el 24 de junio de 2021, el secretario general del ente universitario,
solicitó a la Cámara de Comercio de Chocó que respondiera el requerimiento, en el
sentido de depurar el censo electoral conforme lo establece el artículo 4º, parágrafo
primero del Acuerdo No. 0009 del 11 de junio de 2021, que define al sector productivo,
lo que demuestra que el funcionario en cuestión era conocedor y sabía de antemano
que el único órgano que podía sanear la base de datos era el ente cameral, teniendo en
cuenta lo afirmado el 25 de junio de 2021 en el que sostuvo que “…nos permitimos
confirmarle que la base de datos correspondiente al sector productivo, continua siendo la
mismas (sic) que hicimos llegar bajo el precitado radicado, dicha clasificación obedece a la
resolución Nro. 000114 del 21 de diciembre de 2020, por la cual la unidad administrativa
especial dirección de impuestos y aduanas nacionales-DIAN, adopta la clasificación de
actividades económicas CIIU, de las personas naturales y jurídicas registradas en nuestro ente
cameral”.

42. Explicó que el presidente del comité electoral al momento de contestar el
requerimiento hecho por la magistrada ponente, manifestó que “…la depuración del censo
electoral por parte de la Universidad, obedecio (sic) a que el ente cameral les informo (sic) el 25
junio de 2021, que la universidad en el marco de su autonomía universitaria podía filtrar la
información, lo que da a entender que el presidente del comité electoral se refiere al oficio DE-
261 del 25 de junio de 2021, con hora de entrega a la UTCH, a las 10:37 p.m., el cual después
de hacer lectura del mismo, encontramos que en su contenido es idéntico al de las 10:37 a.m.,
pues solo cambia la hora y la anexión de un segundo párrafo que señala lo siguiente: “No
obstante, lo anterior, vale la pena anotar que la información suministrada es aquella que reposa
en nuestra entidad, y que puede ser utilizada por la institución peticionaria con el ánimo de filtrar
su población censal, bajo el marco de la autonomía universitaria que goza y que pueden
respaldar los parámetros electorales establecidos.”

43. Señaló que el 24 de junio de 2021, el secretario general de la UTCH, remitió oficio
al órgano de registro en procura de obtener la depuración del censo electoral, en los
términos del parágrafo primero del artículo 4º del Acuerdo No. 0009 del 11 de junio de
2021, y en respuesta la Cámara de Comercio de Chocó en oficio DE-261 del 25 de
junio de 2021, entregado al ente educativo a las 10:37 a.m., informó que la base de
datos enviada corresponde al sector productivo, y luego aparece un nuevo documento,
con igual número de radicado DE-261, recibido por el estamento universitario el 25 de
junio de 2021, a la misma hora, pero en el que “…aparece en su segundo párrafo la nota a
la cual apela y hace mención el presidente del comité electoral para remitir respuesta al
despacho conductor, obviando de antemano la existencia del primer documento remitido por la
Cámara de Comercio del Chocó”.

44. Refirió que los documentos de respuesta a la UTCH por parte del ente de cameral,
contradicen el Acuerdo No. 60 de 2001 del Archivo General de la Nación 15, que prevé
en su artículo 5º que “…no se podrán reservar números de radicación, ni habrá números
repetidos, enmendados, corregidos o tachados, la numeración será asignada en estricto orden

15 Acuerdo No. 60 de 2001 del Archivo General de la Nación “Por el cual se establecen pautas para la

administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen
funciones púbicas”.

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de recepción de los documentos”, lo que implica que el oficio DE-261 del 25 de junio de
2021, entregado a las 10:37 p.m., es un documento repetido.

45. Manifestó que la Resolución No. 000114 del 21 de diciembre de 2020 que remite en
su parte considerativa a la Resolución No. 0549 del 8 de mayo de 2020 16, dispone en el
artículo 7º “Obligatoriedad de la “Clasificación Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas CIIU Rev. 4.C (2020). La CIIU Rev. 4. A.C. (2020) deberá utilizarse de manera
obligatoria por todas las entidades de carácter público y privado que produzcan información
estadística en materia de actividad económica, identificando la actividad económica principal
para la asignación correcta del código”, lo que significa que, la Cámara de Comercio del
Chocó no podía “…apartarse de dicho criterio y mucho menos el secretario general abrogarse
una facultad que no le había sido otorgada en ninguna norma y mucho menos atribuierse (sic)
una competencia que está prevista para otra autoridad”.

46. Por último, precisó que “…una vez se obtiene el listado por parte de la Cámara de
Comercio del Chocó, donde aparecen los nombres de quienes integran el sector productivo, le
corresponde al Comité Electoral por disposición interna en su articulo (sic) 6 literal e. del
estatuto electoral, AVALAR el listado respectivo, ello se traduce en que el secretario general no
posee la facultad y mucho menos la competencia para realizar la depuración del censo electoral
de esta población, hacerlo seria (sic) usurpar competencias que para el caso que nos ocupa se
encuentra asignada a otra autoridad, sobre este mismo aspecto, teniendo en cuenta todos los
argumentos que anteceden los cuales se encuentran debidamente probados, no cabe ninguna
duda que la (iii) determinación del censo electoral del sector productivo se llevo (sic) a cabo de
forma irregular, no solo por que (sic) quien lo depuro (sic) fue un funcionario sin competencia,
sino también por cuanto su obtención se llevo (sic) a cabo por fuera de la actuación
administrativa eleccionaria, es decir, antes de la fecha en que fue autorizada, reglamentada y
convocada la elección, lo que de paso denota que la actuación del comité electoral resulto (sic)
ser nula (…)”.

1.5.2. Ministerio de Educación17

47. El apoderado reiteró que su participación es minoritaria en el seno del órgano de
elección, en razón a que en el Consejo Superior Universitario de la Universidad
Tecnológica del Chocó cuenta con 1 representante, de los 10 integrantes, de los cuales
9 cuentan con voz y voto y un último miembro con voz, pero sin voto (el rector de la
institución).

48. Precisó que la elección de los directivos de la universidad se materializa en el
principio de autonomía universitaria, prevista en el artículo 69 de la Constitución
Política, en cuanto estos entes educativos pueden darse sus propias directivas y regirse
por sus estatutos, de acuerdo con la ley.

49. Por otra parte, adujo que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, señala que la
autonomía universitaria, reconoce a las instituciones educativas superiores el derecho a

16 “Por la cual se modifica la clasificación industrial internacional Uniforme de todas las actividades
económicas adoptada para Colombia-CIIU Rev 4.C y se dictan otras disposiciones”.
17 Actuación 62. Expediente digital disponible en SAMAI.

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darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas,
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, entre otras.

50. Con fundamento en lo anterior, solicitó se negaran las pretensiones y, en su lugar,
se mantenga incólume el acto de elección demandado.

1.5.3. Universidad Tecnológica del Chocó18

51. El apoderado sostuvo que en efecto el secretario general depuró la base de datos
enviada por la Cámara de Comercio de Chocó, en razón a que este ente cameral,
remitió una base de datos en la cual se encontraban incluidas personas jurídicas que
desempeñaban actividades diferentes a las establecidas en el parágrafo primero del
artículo 4 del Acuerdo No. 0009 del 11 de junio de 2021, que previó como sector
productivo aquel “…conformado por todas las actividades económicas propias de los sectores
primarios o agropecuario, el secundario o industrial y manufacturas que producen bienes
tangibles, además de las actividades de investigación, desarrollo, innovación e información”,
para presentarlo al comité electoral y que éste lo avalara.

52. Resaltó que ni en la Constitución, la ley y menos en los estatutos internos, reposa
alguna disposición normativa que establezca que la Cámara de Comercio, tiene la
facultad de depurar y presentar el censo de electores por el sector productivo ante las
instituciones de educación superior.

53. Afirmó que la actuación de la universidad a través del secretario general, no
violenta de ninguna forma el debido proceso, pues era inadmisible aceptar como censo
electoral toda la base de datos que remitió la Cámara de Comercio de Chocó, toda vez
que “…las 606 personas jurídicas que se excluyeron de la base de datos no cumplían con lo
establecido en el parágrafo uno (1) del artículo cuarto (4) del Acuerdo 0009 del 11 de junio de
2021”.

54. Destacó que el parágrafo primero del artículo 4º del Acuerdo No. 0009 del 11 de
junio de 2021, se fundamenta en la autonomía universitaria reconocida en el artículo 69
de la Constitución Política, reglamentado por la Ley 30 de 1992, disposiciones que le
permiten a las universidades públicas, adoptar y regirse por sus propios estatutos, con
sujeción a la Constitución y la ley.

55. Indicó que atendiendo el debido proceso y el principio de legalidad, le correspondía
a la institución educativa adelantar el trámite de depuración del censo electoral del
representante del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario, y así darle
aplicabilidad al parágrafo 1º del artículo 4º del Acuerdo No. 0009 del 11 de junio de
2021, en el entendido que no hay una norma constitucional, legal o estatutaria que
asigne esa facultad a la Cámara de Comercio, y menos que le restrinja de hacerlo a la
universidad.

18 Actuación 64. Expediente digital disponible en SAMAI.

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56. Destacó que en aras de garantizar la participación ciudadana de quienes
estatutariamente se encuentran habilitadas para votar en el presente proceso electoral,
y con el fin de acatar y seguir las ritualidades del debido proceso y del principio de
legalidad, se debía excluir del censo electoral aquellas personas jurídicas que no
cumplían con las reglas establecidas en el precitado parágrafo del artículo 4 del
Acuerdo No. 0009 del 11 de junio de 2021.

57. Señaló necesario establecer “…el ‘VOTO ÚTIL y el VOTO VALIDO’ en un proceso
electoral, y no, es más, que aquellos que se revisten de oportunidad, legalidad y eficacia en el
proceso, de lo cual, no gozaban las 606 personas jurídicas excluidas del (sic) base de datos
remitidas por la Cámara de Comercio del Chocó”.

58. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda, para en su lugar dejar en firme los actos administrativos que decretaron la
elección del señor Abrahan Ruiz, como representante del sector productivo ante el
Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.

1.6 Concepto del Ministerio Público

59. A través del oficio No. 2022-01-NE-005 del 12 de enero de 202219, la señora Agente
del Ministerio Público rindió su concepto, del cual se resalta lo siguiente:

60. Señaló que en ninguna de las normas que comprenden el concepto de la violación
mencionado por el demandante, se prohíbe la intervención en la elaboración o
depuración del censo por parte de la secretaría general, del comité electoral o la
asignación específica de esa facultad a otro órgano o entidad, que permita evidenciar la
irregularidad en la conformación de éste o que indique que el listado remitido por la
Cámara de Comercio de Chocó debía ser el oficial para efectuar la elección.

61. Precisó que al revisar las disposiciones estatutarias de la universidad20, se advierte
que todos los sectores, incluyendo el productivo, podrán votar siempre que se
encuentren en el listado oficial, que genera el jefe de talento humano, o la oficina de

19 Actuación 65. Expediente Digital SAMAI.
20 Acuerdo 0021 del 11 de septiembre de 2011 “Por el cual se expide el Estatuto Electoral de la
Universidad Tecnológica del Chocó” (…)
ARTÍCULO 20. CENSO ELECTORAL. Todos los actores de los estamentos y sectores universitarios
podrán votar siempre que se encuentren en el listado oficial del censo electoral que p ara el efecto
genera el jefe de Talento Humano y la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. En el evento
que alguna persona no aparezca en el listado oficial, podrá solicitar verificación ante el Consejo Electoral,
3 días hábiles antes de la elección. El secretario general de la Universidad proveerá los listados de
votantes aptos para cada mesa, conforme a la distribución que se realice de las mismas. (…)”.
ARTÍCULO 21. Según los lugares y mesas de votación, el Comité Electoral Universitario indicará los
sitios privados para marcar la tarjeta electoral.
ARTÍCULO 22. Con tres días de anticipación al día de las elecciones y en lugares visibles, en las sedes
de la Universidad, el Comité Electoral publicará las listas de sufragantes que serán usadas en la jornada
electoral para efectos de verificación de los votantes que se consideren en capacidad de votar y quienes,
en caso de no figurar, procederán según establezca el Consejo Electoral Universitario.
ARTÍCULO 23. El proceso electoral se realizará en zonas separadas por cada estamento y/o sector
universitario”.

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admisiones, registro y control académico, sin que se mencione o proscriba entre
aquellos órganos, a la secretaría general o al comité electoral para participar en el
trámite de formación de dicho censo, o se atribuya la remisión de la base de datos a la
Cámara de Comercio del Chocó, y de allí que, sea alguno de los citados el encargado
de realizar algún filtro que derive en dicha lista oficial.

62. Indicó que no puede perderse de vista que el secretario general hace parte del
comité electoral y ejerce todas las funciones que a éste le atañen, aun cuando no tenga
derecho al voto a la hora de tomar decisiones, por lo que considera que si bien no tenía
asignada expresamente por virtud del estatuto la competencia para intervenir en el filtro
o depuración del censo electoral respectivo, lo cierto, es que sus actuaciones podrían
en gracia de discusión hallar asidero en las funciones propias del cargo, previstas en el
artículos 59 del Acuerdo No. 001 de 2017.

63. Destacó que ninguna de las partes a lo largo del proceso, logró probar o desvirtuar
que el filtro o depuración del listado oficial se hizo de manera irregular al punto que
incidiera en el resultado de la elección, por lo que, en aplicación del principio de eficacia
del voto, y de la presunción de legalidad que cobijan al acto demandado se considera
que aquel ha de mantenerse en el ordenamiento jurídico como acertadamente lo
expuso la Sala en el proveído de la cautelar.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

64. El Consejo de Estado es competente para dictar sentencia de única instancia en el
proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del
artículo 149 de la Ley 1437 de 201121 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019
proferido por la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

65. Advierte la Sala que el demandante en su escrito de alegatos adujo un argumento
tendiente a demostrar que la base de datos contentiva de los integrantes del sector

21 Artículo 149. Competencia del consejo de estado en única instancia: El Consejo de Estado, en Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de
los siguientes asuntos: (…)
3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el
Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los
representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los
miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los
entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos
regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.
Se debe resaltar, que El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP fue creado mediante
el Decreto No. 3462 de diciembre 24 de 1980 expedido por el Ministerio de Educación Nacional. En
cumplimiento de la Ley 24 de 1988 se organiza como un establecimiento público del orden nacional
denominado: Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP” adscrito al Ministerio de
Educación Nacional como Establecimiento de Educación Superior de carácter Técnico Profesional.

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productivo fue solicitada a la cámara de comercio antes de que se iniciara la actuación
administrativa electoral, lo que su juicio, implica una irregularidad que tiene incidencia
frente al acto de elección.

66. Al respecto conviene precisar que, por tratarse de planteamientos nuevos, en
cuanto no se expusieron en la demanda y por ende no fueron parte de la fijación del
litigio, no se hará pronunciamiento alguno sobre ello, dado que se vulneraría el debido
proceso de la parte pasiva.

2.3. Problemas jurídicos

67. La Sala considera que en la presente sentencia se deben atender los siguientes
problemas jurídicos:

(i) ¿Se atendió el procedimiento previsto en el régimen electoral de la Universidad
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” respecto del censo para la elección
del representante del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario?

(ii) ¿Se incurrió en una actuación sin competencia por parte del secretario general
de la referida institución universitaria, al presuntamente haber depurado la base
de datos remitida por la Cámara de Comercio del Chocó?

(iii) ¿Se realizó de forma irregular la determinación del censo electoral del sector
productivo habilitado para votar en la elección cuestionada? ¿Esta actuación fue
convalidada por el comité electoral? ¿De haberse presentado alguna
irregularidad tiene incidencia respecto del acto de elección demandado?

68. Para responder los anteriores interrogantes, se tendrá en cuenta las pruebas
allegadas al proceso con el fin de determinar si hubo irregularidades en la depuración
del censo electoral, en caso afirmativo si éstas inciden en el acto de elección
cuestionado.

2.4. Caso concreto

2.4.1 Proceso para la elección del representante del sector productivo ante el
Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó.

69. El Acuerdo No. 0021 de 2011 -Estatuto Electoral de la Universidad Tecnológica del
Chocó- dispone que el Comité Electoral Universitario22 es el órgano encargado de la
inspección, control y vigilancia de los diversos procesos democráticos que adelante el
ente universitario, función que se ejerce con carácter permanente. Así mismo, está
integrado23 por un delegado del personal administrativo, un representante del sector
administrativo, uno de los docentes, uno de los estudiantes, uno de los egresados -
todos con voz y voto-, así como por el secretario general, con voz, pero sin voto. Dentro

22 Artículo 2º
23 Artículo 3º

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de las funciones del citado comité24 está la de avalar los listados de sufragantes
habilitados para cada elección.

70. Por su parte, el artículo 1125 ídem, prevé que el Consejo Superior Universitario
constituye la máxima autoridad de la organización electoral de la universidad; así
mismo en el artículo 2026 ejusdem, se establece que podrán votar quienes se
encuentren en el listado oficial, en el evento que alguna persona no aparezca podrá
solicitar verificación ante el Consejo Electoral, 3 días hábiles antes de la elección.

71. El artículo 30 ibídem, dispone que corresponde al comité electoral de la universidad
determinar el cronograma de la elección de los miembros del Consejo Superior que
representan a los estamentos y sectores, entendiendo por los primeros a los docentes y
estudiantes; y por sectores, a las directivas académicas, los egresados, los exrectores y
el sector productivo.

72. Para el caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene que el Consejo Superior de
la Universidad Tecnológica de Chocó expidió el Acuerdo No. 009 de 2021, el 11 de
junio de 2021, “Por medio del cual se Autoriza, Reglamenta y Convoca la elección del
Representante del sector productivo (…)”, del cual es posible destacar los siguientes
aspectos:

(i) La elección fue convocada para el 25 de junio de 2021, desde las 8:00 A.M a las
4:00 P.M. (art. 1º).

(ii) Se determinó un período de inscripción de candidatos, del 16 al 18 de junio de
2021, señalándose las calidades y requisitos. (art. 4º)

(iii) Se precisó que se entendía por sector productivo “…al sector conformado por todas
las actividades económicas propias de los sectores primarios o agropecuario, el
secundario o industrial y manufacturas que producen bienes tangibles, además de las
actividades especializadas de investigación, desarrollo, innovación e información”. (art.
4º, parágrafo primero).

(iv) Se indicó que, para las elecciones, podrán votar quienes se encuentren en el
listado oficial del censo electoral (art. 10) y que “…los sufragantes se identificarán
ante los jurados de votación exhibiendo cédula de ciudadanía, quienes, una vez
constaten que se encuentra en el registro electoral, le entregarán la tarjeta respectiva,
en la cual señalará inequívocamente su intención de voto dentro de la casilla
correspondiente al candidato de su preferencia (…)” (art. 11).

73. Se evidencia que, atendiendo las disposiciones del acuerdo de convocatoria, el 24
de junio de 2021, el secretario general de la universidad solicitó a la directora de la
Cámara de Comercio de Chocó que:

24 Artículo 6º, literal e, del Acuerdo 0021 de 2011
25 Artículo 11, literal a, del Acuerdo 0021 de 2011.
26 Artículo 20 del Acuerdo 0021 de 2011, señala que los actores de los estamentos y sectores
universitarios podrán votar siempre que se encuentren en el listado oficial del censo electoral.

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“…si bien con la respuesta del 18 de abril de 2021, nos remiten la base de datos del sector
productivo conforme a la Resolución No. 000114 de la DIAN, reiterada e (sic) 24 de junio
del año en curso; en la última comunicación que nosotros remitimos, delimitamos quienes
componen el sector productivo para efectos de estar habilitados y participar en las
elecciones que, en virtud de la autonomía universitaria, convoca nuestra institución
mediante el Acuerdo 0009 del 11 de junio de 2021, el cual consagra en el parágrafo
primero del artículo 4, lo siguiente:

‘entiéndase por sector productivo, al sector conformado por todas las actividades
económicas propias de los sectores primarios o agropecuarios, el secundario o industrial
y manufacturas que producen bienes tangibles, además de las actividades
especializadas de investigación, desarrollo, innovación e información’.

Conforme a lo anterior, solicitamos de su colaboración para que nuestra solicitud sea
respondida en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 4 del Acuerdo 0009 del
11 de junio de 2021, es decir, con la base de datos del Sector Productivo depurada y
clasificada, conforme a los sectores (primario, secundario y cuaternario) habilitados y
enunciados en el acuerdo de convocatoria mencionado precedentemente (…)”.

74. En respuesta a lo solicitado la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio,
mediante oficio DE-261 del 24 de junio de 2021, recibido por la universidad el 25 de
junio de 2021, informó al secretario general que:

“…Consecuente con nuestra respuesta del pasado 29 de abril de los concursantes bajo
radicado 292021292 y en atención a su solicitud recibida el día de hoy, nos permitimos
confirmarle que la base de datos correspondiente al sector productivo, continua siendo la
mismas (sic) que hicimos llegar bajo el precitado radicado, dicha clasificación obedece a la
Resolución número 000114 del 21 de diciembre de 2020, por la cual la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la
clasificación de Actividades Económicas CIIU, de las personas naturales y jurídicas
registradas en nuestro ente cameral.

Con lo anterior esperamos haber dado respuesta clara y oportuna a su solicitud (…)”.

75. El presidente ejecutivo suplente de la Cámara de Comercio de Chocó, con oficio
DE-261 del 24 de junio de 2021, recibido por el ente educativo el 25 de junio de 2021,
dio alcance a la respuesta de la universidad, para señalar que “…vale la pena anotar que
la información suministrada es aquella que reposa en nuestra entidad, y que puede ser utilizada
por la institución peticionaria con el ánimo de filtrar su población censal, bajo el marco de la
autonomía universitaria que goza y que pueden respaldar los parámetros electorales
establecidos”.

2.4.2. Presuntas irregularidades en el censo electoral

76. De la lectura de las irregularidades alegadas en la demanda, se tiene que se
cuestiona el procedimiento eleccionario del representante del sector productivo, en
cuanto el secretario general depuró el censo electoral enviado por la Cámara de
Comercio de Chocó, facultad que a juicio del demandante correspondía al ente
cameral, por tanto, estimó que “el Secretario General al manipular una base de datos
suministrada por un organismo que tenía la competencia, violo (sic) los propios estatutos

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universitarios y por ende altero (sic) las reglas de juego en las cuales deben encausarse sus
autoridades”.

77. Ante ello, resulta claro que se cumple con la carga argumentativa requerida para el
estudio del cargo, toda vez que se señala de forma específica que el secretario general
manipuló la base de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Chocó, siendo
que únicamente le competía al ente registral hacerlo, con lo cual a juicio del
demandante se vulneró el estatuto universitario y se alteraron las reglas de la
convocatoria.

78. Precisado lo anterior, y circunscrito el alcance del análisis en la fijación del litigio,
esta Sala Especializada Electoral, determinará la existencia o no del vicio aducido, de la
siguiente manera:

79. El oficio del 24 de junio de 2021, suscrito por el presidente del comité electoral de la
Universidad Tecnológica del Chocó y dirigido al Procurador Regional del mencionado
ente territorial, manifestó:

“…el secretario general de la institución, requirió a la Cámara de Comercio del Chocó, para
que se sirviera certificar los integrantes del sector productivo, ante lo cual la Cámara de
Comercio hizo entrega de la base de datos de los integrantes del sector productivo del
Chocó la cual consta de 1397 integrantes.

Se debe tener en cuenta que la Cámara de Comercio no discriminó ni depuró dicha base
de datos, pero al tenor de la Ley 30/92, el Estatuto General y el Acuerdo de Convocatoria
0009 del 11 de junio de 2021, corresponde a la Universidad Tecnológica del Chocó
establecer quienes (sic) son los integrantes del sector productivo que cumplen las
condiciones establecidas en dichas normas.

Así mismo, revisada la base de datos enviada por la Cámara de Comercio, se pudo
constatar que 606 integrantes de dicho listado no cumplen con los códigos, la funciones
(sic) y características para ser integrantes de dicho sector y tener la calidad de votantes
para dicha elección, por lo tanto, el Comité Electoral recibió del secretario general de la
Universidad el Censo Electoral depurado dando cumplimiento cabal de las leyes, normas,
estatutos y acuerdos de la universidad.

Es importante recalcar, que cumplen los requisitos para votar por el sector productivo,
todos aquellos que realicen actividades económicas propias de los sectores
primarios o agropecuarios, el secundario o industrial y manufacturas que producen
bienes tangibles, además de las actividades especializadas de investigación,
desarrollo, innovación e información.

Una vez recibido dicho censo electoral por parte del comité electoral se procedió en
consecuencia a su publicación para que toda persona que considerara vulnerado su
derecho a elegir pudiese hacer las reclamaciones ante el Comité Electoral para subsanar
su situación, a la fecha ningún posible sufragante nos ha hecho llegar reclamación alguna,
(…).

Se deja constancia por parte del Comité Electoral que el censo electoral oficialmente
publicado, no es excluyente en sí, el mismo está conformado es por los que cumplen con
los requisitos establecidos por las normas de nuestra institución (…)”.

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80. En oficio del 24 de noviembre de 2021, el presidente del comité electoral, en
respuesta al requerimiento elevado por la magistrada ponente, informó que “…se solicitó
a la Cámara de Comercio la depuración y clasificación de la base de dato (sic) del sector
productivo, conforme a los sectores (primario, secundario y cuaternario) habilitados y
enunciados en el Acuerdo de convocatoria mencionado anteriormente. Es (sic) respuesta a
dicha solicitud, a fecha del 25 de junio de 2021, la Cámara de Comercio ratificó la base de dato
(sic) que ya se había proporcionado conforme a la resolución precitada, sin embargo, dejó
constancia de que la información suministrada es la que reposaba en su entidad y que la misma
podría ser utilizada por la Universidad, con el ánimo de filtrar la población censal, bajo el marco
de la autonomía universitaria. Por esta razón, la Universidad realizó el filtro de la base de dato
(sic) proporcionada por la Cámara de Comercio, y una vez verificado el marco normativo, los
criterios para ser parte del censo electoral y en cumplimiento del parágrafo descrito, este
Comité avaló la exclusión de los integrantes del sector productivo que no cumplían con el
requisito y procedió con la publicación del censo electoral definitivo en los términos del artículo
20 del Acuerdo 0009”.

81. En este orden de ideas, advierte la Sala que si bien no se estableció un
procedimiento específico para la depuración del censo electoral, lo cierto es que es un
deber ineludible de las entidades que tienen a su cargo la función electoral de revisar
los llamados a sufragar y decidir la elección de los directivos conforme con las normas
internas, toda vez que son las que realmente deben cumplir tal cometido y así
garantizar que solo pueden votar quienes estén en el listado oficial, conforme con las
previsiones que para este caso estableció el artículo 20 del Acuerdo No. 0021 de 2011,
que dispuso que los actores de los estamentos y sectores universitarios podrán votar
siempre que se encuentren en el censo electoral, y en el parágrafo primero del artículo
4º del Acuerdo No. 0009 de 2021 que precisó que el sector productivo está
“…conformado por todas las actividades económicas propias de los sectores primarios o
agropecuario, el secundario o industrial y manufacturas que producen bienes tangibles, además
de las actividades especializadas de investigación, desarrollo, innovación e información”.

82. En esa medida, al recibir el listado oficial del sector productivo de la Cámara de
Comercio de Chocó, se evidenció que éste se hizo conforme con lo previsto en la
Resolución No. 000114 del 21 de diciembre de 2020 de la DIAN, por lo que se le solicitó
al ente cameral que lo ajustara según los lineamientos de la convocatoria y su
respuesta fue que la base de datos enviada es la que reposa en la entidad, “… y que
puede ser utilizada por la institución peticionaria con el ánimo de filtrar su población censal, bajo
el marco de la autonomía universitaria que goza y que pueden respaldar los parámetros
electorales establecidos”, razón por la que la universidad, en uso de la autonomía
universitaria y atendiendo sus estatutos y acuerdos, a través del secretario general
efectuó la filtración que culminó con la exclusión de 606 miembros que no se ajustaban
a dichos lineamientos, en cuanto no cumplían con el código, características y funciones
exigidas.

83. Así las cosas, está acreditado conforme con las pruebas que obran en el
expediente, que la actuación adelantada por el secretario general buscó cumplir el
parámetro previsto en el acto de convocatoria, esto es, permitir la participación
democrática únicamente de aquellos que realmente integren el sector productivo, para

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lograr la pureza del voto que se deposite a favor de quien sería el representante de
dicho estamento ante el Consejo Superior Universitario. Adicional a lo anterior, debe
considerarse que la depuración del censo electoral fue avalada por el comité electoral
en ejercicio de las competencias propias de dicho organismo interno de la Universidad
Tecnológica de Chocó, al proceder a su publicación el 22 de junio de 2021, sin que
ninguno de los representantes del sector productivo que fueron descartados
presentaran reclamaciones o solicitudes de inclusión tras dicha determinación.

2.4.3. Competencia del secretario general para depurar la base de datos

84. En este punto, quiere resaltar la Sala que, el Estatuto Electoral de la Universidad
Tecnológica de Chocó, reguló la determinación del censo electoral en los siguientes
términos:

“ARTÍCULO 20. CENSO ELECTORAL. Todos los actores de los estamentos y sectores
universitarios podrán votar siempre que se encuentren en el listado oficial del censo
electoral que para el efecto genere el Jefe de Talento Humano y la oficina de
Admisiones, Registro y Control Académico. En el evento que alguna persona no
aparezca en el listado oficial, podrá solicitar verificación ante el Consejo Electoral, 3 días
hábiles antes de la elección. El Secretario General de la Universidad proveerá los
listados de votantes aptos para cada mesa, conforme a la distribución que se
realice de las mismas.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Consejo Electoral ordenará la exposición pública del censo
electoral durante el plazo establecido en el calendario electoral, en la página web y en
las carteleras de la universidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El censo electoral hará constar para cada elector, la calidad
que ostenta y el número del documento nacional de identidad, los apellidos y el nombre,
y lugar en que le corresponde ejercer su derecho al voto; en ningún caso un elector
podrá fijar en el censo electoral más de una circunscripción.

PARÁGRAFO TERCERO. En el caso que un miembro de la comunidad universitaria,
tenga más de una calidad, el Consejo Electoral podría asignarlo al censo de una
sola circunscripción, teniendo en cuenta el estamento o sector que se seleccione
como alternativa en las inscripciones de electores, previas al proceso electoral
conforme a las reglas propuestas por dicho Consejo.

PARÁGRAFO CUARTO: No hacen parte del censo electoral los docentes hora cátedra”.

85. Como se observa, dicha reglamentación establece que la información que hace
parte del censo, será la aportada por el Jefe de Talento Humano y la Oficina de
Admisiones, Control y Registro de la institución educativa. A juicio de esta Sección, esta
normativa resulta aplicable para la elección del representante de algunos estamentos
con asiento en el Consejo Superior Universitario, como, por ejemplo, el correspondiente
a los estudiantes, al cuerpo docente o a las directivas.

86. Sin embargo, en atención a la condición específica de aquellos que pertenecen al
sector productivo, los cuales como se indicó en párrafos precedentes, deben atender
unas ciertas características de conformidad con el concepto y entendimiento que sobre
el particular determinó el acuerdo de convocatoria a la elección de dicho dignatario, es

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claro que el citado artículo 20 del Estatuto Electoral, contiene un vacío respecto de la
forma en que se obtiene la información para determinar los sufragantes habilitados para
dicho proceso democrático.

87. De otra parte, revisado el Acuerdo No. 00009 del 11 de junio del 2021, por medio
del cual se reglamentó el proceso electoral que culminó con la adopción del acto aquí
demandado, le falta una determinación específica que permita concluir la competencia y
la forma por medio de la cual se llevaría a cabo la realización, depuración, publicación y
adopción definitiva del censo correspondiente.

88. A pesar de lo anterior, a juicio de esta judicatura, dicha circunstancia no implica en
sí misma, que al haber sido procesada la información para este efecto por parte del
secretario general de la Universidad Tecnológica del Chocó, se presentara la
irregularidad que se alega en la demanda, afectando con ello la legalidad del acto
acusado.

89. Ello es así, por las siguientes consideraciones:

(i) En primer lugar, como se concluye del artículo 3º del Estatuto Electoral -Acuerdo
21 del 2011-, el Comité Electoral está conformado, entre otros, por el secretario
general del ente universitario, solamente que allí mismo se determina que cuenta
con voz, pero no con voto.

(ii) De manera específica, el Estatuto Electoral no recae en cabeza de algún
funcionario en concreto, la determinación del censo electoral para los
certámenes democráticos que se llevan a cabo al interior de la universidad. Sin
embargo, sí se radica en competencia del Comité Electoral, el avalar el listado de
sufragantes habilitados para cada elección -literal e) del artículo 6º-.

(iii) Conforme con lo anterior, se puede concluir entonces que lo realmente relevante
respecto del censo electoral, es el aval o aprobación final que otorga el Comité
Electoral respecto de su conformación, como organismo con la competencia
específica para ello.

(iv) Bajo esta circunstancia, el que la información fuera previamente filtrada por el
secretario general -funcionario con voz dentro de la instancia-, a efectos de
presentar al pleno del Comité Electoral un listado que atendiera los criterios del
acuerdo de convocatoria respecto de los integrantes del sector productivo, no
constituye irregularidad o anomalía semejante que afecte la legalidad del acto
electoral demandado.

(v) Entiende con ello esta Sección, que finalmente la aprobación respecto de la
integración del consolidado de los sufragantes con derecho a votar, fue
debidamente aprobada por la instancia competente.

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90. Por lo tanto, como se dijo en precedencia, se concluye entonces que (i) el Comité
Electoral tiene dentro de sus funciones avalar los listados de sufragantes habilitados
para cada elección; (ii) sin que se establezca en cabeza de qué miembro del comité se
radica la competencia para depurar el censo electoral, en el que solo pueden figurar los
habilitados para ello, (iii) por lo que el secretario general como integrante del citado
comité podía filtrar el listado remitido por la Cámara de Comercio y determinar quiénes
podían formar parte del censo electoral, encontrando como en el presente evento que
606 no cumplían con los códigos, funciones y características para conformar dicho
sector y tener la calidad de votantes, acatando las normas, estatutos y acuerdos de la
universidad.

91. Adicionalmente, está demostrado en el proceso que en varias oportunidades el
presidente del comité electoral ha manifestado que se validó, avaló y ratificó el
contenido del censo electoral entregado por el secretario general, como las actuaciones
desplegadas por éste frente al mismo, dando lugar a la publicación el 22 de junio de
2021, fecha contenida en el cronograma, con lo cual se resuelve el segundo
interrogante, esto es que no se incurrió en ninguna actuación sin competencia por parte
del secretario general de la universidad al depurar la base de datos remitida por el ente
cameral del Chocó.

92. Ahora en relación con el argumento del demandante de que la competencia
radicaba en cabeza de la Cámara de Comercio de Chocó, tal afirmación carece de
fundamento desde el punto de vista de la autonomía universitaria, prevista en el artículo
69 de la Carta Política de 1991, que prescribe que las universidades podrán darse sus
propios estatutos, concediendo un amplio margen de maniobra que lleva a reconocer
en esta cláusula una prerrogativa de autogobierno27, sin la intervención de entidades,
organismos o autoridades externas -salvo que legalmente sea requerido o
voluntariamente el ente universitario permita ello-, que se complementa con la facultad
de elegir a sus directivas, a la manera como lo expresa el artículo 29 de la Ley 30 28 de
1992, que desarrolla el precepto superior:

“La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las
instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de
acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas…” (Negrilla y subrayas
fuera de texto).

93. Pues bien, sobre la base de esta habilitación constitucional, la UTCH, expidió el
Acuerdo No. 0009 del 2021 por el cual se convocó la selección del representante del
sector productivo ante dicho estamento, precisando en el parágrafo primero del artículo
4º que este sector está “…conformado por todas las actividades económicas propias de los

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 13001-23-33-000-

2014-00343-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 7 de septiembre de 2015.
28 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.”

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sectores primarios o agropecuario, el secundario o industrial y manufacturas que producen
bienes tangibles, además de las actividades especializadas de investigación, desarrollo,
innovación e información”.

94. Al solicitársele a la Cámara de Comercio de Chocó la base de datos de este sector,
el ente cameral envió el listado general, por lo que se hizo necesario requerirla para que
realizara la depuración en los términos del acuerdo de convocatoria, a lo que contestó
que ese listado es el registrado en la entidad, pero que la universidad puede filtrar su
población censal bajo el marco de la autonomía universitaria para respaldar los
parámetros electorales allí establecidos.

95. En ese orden de ideas, no puede predicarse que un órgano externo tenga la
incidencia dentro del procedimiento electoral para poder determinar el censo electoral si
las normas que regulan la materia no lo ordenan expresamente, siendo así las cosas, le
corresponde a las instancias internas del ente universitario velar por la depuración
constante del censo, salvo que, se insiste, la universidad expresamente disponga lo
contrario o sea legal o constitucionalmente permitido o requerido.

96. Por el contrario, es importante señalar que ante la ausencia de regulación de la
forma en que debía depurarse el censo, el ente educativo estaba en el deber de
garantizar que los procesos electorales se ajustasen a la ley -que es su función-, por lo
que resultaba obvio y necesario la revisión del listado remitido por la Cámara de
Comercio de Chocó para evitar hacer inane su participación en el trámite de selección y
conducir a elecciones al margen de la ley con enorme desgaste y costos de la
contienda a desarrollar, máxime que la depuración realizada no fue recurrida en sede
administrativa.

97. Teniendo en cuenta que no está acreditada la irregularidad alegada por el
demandante, no es procedente hacer referencia al estudio de incidencia.

2.5. Conclusión

98. De conformidad con los argumentos expuestos, se advierte que a pesar de que no
hay un procedimiento en el régimen electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó
“Diego Luis Córdoba” respecto de la conformación y depuración del censo para la
elección del representante del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario,
sí se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos en los estatutos y acuerdos del
ente educativo, por tanto, las actuaciones adelantadas por el secretario general se
ajustaron a la normativa y fueron avaladas y ratificadas por el comité electoral, lo que
permite concluir que no hubo ninguna irregularidad en la expedición y publicación del
censo electoral, que no fue recurrido en sede administrativa, en esa medida se negarán
las pretensiones de la demanda.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales, que en contra de la presente decisión
no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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