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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2023-00255-03

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2023-00255-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 18 de septiembre de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad de la 41 «5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz Demandado: Jesús David Moscote Támara, concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027 Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03 elección del señor Jesús David Moscote Támara como concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 47001-23-33-000-2023-00255-03

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

6 de febrero de 2025

Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz
Demandado: Jesús David Moscote Támara,
concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 47001-23-33-000-2023-00255-03
Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz
Demandado: Jesús David Moscote Támara, concejal de Concordia
(Magdalena), periodo 2024-2027

Tema: Inhabilidad por la celebración de contratos prevista en el
numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 19941.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 18 de septiembre
de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad de su elección.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El ciudadano Manuel Antonio Álvarez de la Hoz, mediante apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, presentó demanda, el 14 de
noviembre del 2023, en la que solicitó la nulidad parcial del formulario E-26 CON del 2
de noviembre de la misma anualidad, por medio del cual se declaró la elección del
señor Jesús David Moscote Támara como concejal de Concordia (Magdalena), para el
periodo constitucional 2024-2027.

2. Como consecuencia de lo anterior, pretende que se expida la credencial en favor del
demandante, por ser el siguiente en la lista del partido Fuerza Ciudadana.

1.2. Hechos

3. La parte actora planteó los siguientes supuestos fácticos:

4. Dentro del año anterior a las elecciones, el señor Jesús David Moscote Támara tenía
vigente el contrato 20220801-004 del 1° de agosto de 2022, celebrado con la Alcaldía
de Concordia, cuyo objeto era la prestación de servicios de apoyo a la gestión a la
Secretaría de Bienestar Social en el área de cultura y deporte del municipio.

5. Además, suscribió los contratos 2023-108 del 1° de febrero de 2023 y 2023-130 del
1° de marzo del mismo año con la E.S.E. Hospital Local de Concordia, los cuales tenían
como objeto la prestación de servicios técnicos de apoyo en el área del Servicio de

1
Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
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1

Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz
Demandado: Jesús David Moscote Támara,
concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03

Información y Atención al Usuario (SIAU) y recepción de citas en el centro de salud a
cargo.

1.3. Concepto de la violación

6. La parte actora consideró que la elección cuestionada es nula por la causal prevista
en el numeral 5° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por haber incurrido el
demandado en la inhabilidad del numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

7. Al respecto, indicó que se encontraban acreditados los elementos constitutivos de la
causal de inelegibilidad así: «a) los contratos fueron ejecutados en el municipio al cual
aspiró al cargo de elección popular, b) el señor Jesús David Moscote Támara suscribió
dentro del periodo de inhabilidad consagrado en la norma en mención y c) lo hizo en
interés propio».

8. En escrito aparte solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

9. Por auto del 16 de noviembre del 2023, el despacho conductor de primera instancia
inadmitió la demanda2; la cual fue subsanada el 20 del mismo mes y año; luego, el 22
siguiente se corrió traslado de la petición cautelar. Mediante providencia del 22 de
enero de 2024, se admitió el medio de control y se decretó la suspensión provisional del
acto demandado, decisión última frente a la cual la parte accionada presentó recurso de
apelación3.

10. Mediante apoderada judicial, el demandado contestó y expuso que la suscripción
del contrato 20220801-004 del 1° de agosto de 2022 no fue dentro del periodo
inhabilitante (29 de octubre de 2022 – 29 de octubre de 2023), por lo tanto, a su juicio,
no se concreta el elemento temporal de la inhabilidad endilgada.

11. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

12. Posteriormente, el tribunal decidió imprimir al proceso el trámite de la sentencia
anticipada y prescindir de la celebración de la audiencia inicial por auto del 11 de junio
de 2024; además, tuvo como pruebas las documentales aportadas por las partes y fijó
el litigio en los siguientes términos:

Determinar si la elección del señor Jesús David Moscote Támara como concejal del
Municipio de Concordia (Magdalena), se encuentra inmersa en la causal de nulidad prevista
en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por configurarse la causal de
inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, con ocasión a la
celebración de unos contratos de prestación de servicios con la E.S.E. Hospital Local de
Concordia.

2
Por no haberse remitido simultáneamente copia del escrito inicial y sus anexos a la parte accionada, en aplicación del numeral 8°
del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.
3
Esta sala confirmó el decreto de la medida cautelar el 6 de junio de 2024 al concluir que «al confrontar el acto por medio del cual
se declaró la elección del señor Jesús David Moscote Támara como concejal del municipio de Concordia, para el periodo
constitucional 2024-2027, con la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo
40.3 de la Ley 617 de 2000 y las pruebas allegadas como soporte de la solicitud, de manera preliminar, y sin que ello constituya
prejuzgamiento, se puede prima facie derivar la configuración de los elementos que estructuran la causal de inelegibilidad por
celebración de contratos que la parte demandante alegó».
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Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz
Demandado: Jesús David Moscote Támara,
concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03

13. En la misma decisión el ponente de primera instancia dio por no presentados los
memoriales allegados por el demandado los días 10, 11 y 19 de abril de 2024, con los
cuales pretendía incorporar como pruebas unas presuntas denuncias instauradas ante
la Fiscalía General de la Nación, toda vez que los mencionados documentos fueron
aportados por fuera de las oportunidades probatorias previstas en el artículo 212 de la
Ley 1437 de 20114.

14. Luego, en decisión del 20 de agosto de 2024 corrió traslado a las partes para
presentar sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía,
conceptuara.

15. El apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil alegó de conclusión e
insistió en la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

16. La parte demandada, mediante apoderado, en su escrito de cierre, planteó que no
concurrían los elementos para que se materialice la inhabilidad solicitada. Al respecto,
reiteró el argumento de la contestación de la demanda según el cual, el contrato
20220801-004 del 1° de agosto de 2022 fue suscrito por fuera del periodo previsto en la
ley.

17. Agregó los siguientes argumentos: i) que se presentó una inepta demanda, en
razón a que el actor pudo elevar la respectiva queja ante el Consejo Nacional Electoral
y no lo hizo; además, debió demandar el acta de posesión del 2 de enero de 2024 que
le da la condición de concejal al demandado; ii) el señor Moscote Támara no ostentaba
autoridad administrativa en la E.S.E. Hospital de Concordia; iii) la función de recepción
de citas no es solamente para la población de Concordia sino a todo el departamento;
iv) los contratos con la Empresa Social del Estado fueron denunciados ante la Fiscalía
General de la Nación por cuanto los mismos no fueron suscritos por su representado y;
v) el demandante no puede ser elegido concejal, porque su suegro ostentaba la
condición de gerente de la referida E.S.E.

18. A su vez, la parte actora reiteró las pretensiones de su demanda e indicó que se
configuran los elementos de la inhabilidad endilgada, para lo cual solicita que se tengan
en cuenta los contratos 2023-108 del 1° de febrero del 2023 y 2023-130 del 1° de
marzo del mismo año, frente a los cuales no se presentó oposición en la contestación
de la demanda.

19. El Ministerio Público estimó que debía declararse la nulidad de la elección del
demandado, en síntesis, por considerar que la celebración de los contratos de
prestación de servicios referidos previamente, se encuentran dentro del límite temporal
que genera inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

1.5. Sentencia de primera instancia

20. Mediante providencia del 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Magdalena declaró la nulidad del acto de elección demandado.

4
Frente a esta decisión, la parte demandada interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación. Negada la reposición
mediante providencia del 3 de julio de 2024, se concedió la alzada. Por auto del 15 de agosto de 2024, la ponente de esta decisión
la rechazó por carecer de carga argumentativa.
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Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz
Demandado: Jesús David Moscote Támara,
concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03

21. En síntesis, expuso que, de conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se
logró demostrar que el señor Moscote Támara suscribió dos contratos, el 1° de febrero
y 1° de marzo de 2023, con la E.S.E. Hospital Local de Concordia, entidad pública
descentralizada del orden departamental, dentro del año anterior a las elecciones
territoriales. Además, que los ejecutó en el municipio donde resultó elegido como
concejal y se pactó en su favor el reconocimiento de unos honorarios por la prestación
de sus servicios.

22. Por lo tanto, concluyó que se configuran los elementos de la causal de inhabilidad
prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

23. Resaltó que los negocios jurídicos mencionados fueron aportados por la parte
actora con la demanda, sin que el extremo accionado, dentro de la oportunidad
procesal pertinente para ello, los desconociera o los tachara de falsos, por tanto, los
presumió auténticos y los valoró como pruebas aportadas oportunamente al proceso.

24. Precisó que la causal de inhabilidad examinada se genera por la celebración de
contrato con entidad pública, resultando irrelevante la labor que se desempeñe como
contratista para la entidad o si ejerció o no autoridad administrativa, supuestos que no
están previstos en la norma.

25. Así mismo, resolvió los cuestionamientos expuestos por el demandado en los
alegatos de conclusión en cuanto a que no se presentó reclamación previa ante el
Consejo Nacional Electoral y que no se demandó el acta de posesión del señor Moscote
Támara, a pesar de estimar que la oportunidad para alegar estas irregularidades era la
contestación de la demanda, como excepciones previas.

26. Al respecto, explicó que no es procedente exigir agotar previamente la reclamación
administrativa para solicitar la nulidad de los actos de elección, y que el acto plausible
de ser demandado es el que declaró la elección y no el que acata dicho mandato.

27. Finalmente, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y no configurada frente al
Consejo Nacional Electoral.

1.6. Recurso de apelación

28. El demandado, mediante escrito del 4 de octubre de 2024, apeló la anterior
providencia y expuso, en síntesis, los motivos de inconformidad que la sala agrupa de
la siguiente manera:

1.6.1. Frente a la inhabilidad deprecada

29. Indicó que el cargo de contratista por prestación de servicios de la E.S.E. Hospital
de Concordia no conlleva el ejercicio de autoridad administrativa, requisito necesario
para la configuración de la inhabilidad; además, que esta presunta potestad no se
ejerció en el municipio de Concordia, sino en todo el departamento, teniendo en cuenta
que la E.S.E. es del orden departamental5.

5
Cita providencia del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2005, sin identificar el radicado.
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Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz
Demandado: Jesús David Moscote Támara,
concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03

30. Agregó que para efectos del factor territorial de la causal de inelegibilidad del
artículo 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, se debe aplicar el parágrafo del
artículo 6° de la Ley 1871 de 2017, según el cual, «El “departamento” se refiere a
“entidades públicas y sus institutos y entidades descentralizadas” y no al aspecto
territorio (Municipio de concordia)» (sic).

31. Refirió que el demandante hizo énfasis en la ejecución del contrato, pero no en los
siguientes aspectos: i) los valores de los contratos de prestación de servicios; ii) no
solicitó pruebas para demostrar la autenticidad de los negocios jurídicos aportados y; iii)
no aportó las actas de terminación y liquidación de estos.

32. Frente al contrato con la Alcaldía de Concordia del 22 de agosto de 2022, señaló
que el mismo fue suscrito por fuera del periodo inhabilitante y no se debe tener en
cuenta su ejecución para la configuración de la causal de inelegibilidad. En relación con
los negocios jurídicos celebrados con el Hospital Local de Concordia, aseguró que los
mismos no fueron firmados por el demandado y por esto se presentó la denuncia
respectiva.

33. Además, de conformidad con respuesta de la E.S.E. Hospital de Concordia a una
tutela tramitada por el Tribunal Superior Sala Penal, no existen contratos ni relación
laboral entre el demandado y la institución hospitalaria.

34. Luego hizo alusión al artículo 34 de la Ley 1475 de 2011, relacionado con la
recaudación de ingresos y realizar gastos de campaña por parte de las organizaciones
políticas, para indicar que corresponde a una materia distinta a la analizada en este
asunto, por lo que es improcedente la asociación que hace el demandante entre este
tema y los honorarios que recibió el demandado en el marco de la celebración y
ejecución de un contrato estatal.

35. Finalmente expuso que se está condenando a un concejal elegido por voto popular
por un hecho que no sucedió (la suscripción de los presuntos contratos).

1.6.2. Efectos de la sentencia

36. Reprochó que dentro de las pretensiones y la argumentación de la demanda no se
hizo mención al numeral 3° del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011; sin embargo, el
tribunal canceló su credencial, lo cual lo deja en una desventaja jurídica.

37. Por ello, consideró que con lo anterior se realizó una interpretación extensiva de la
causal de inhabilidad electoral prevista en el numeral 5° del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011.

1.6.3. Otros aspectos

38. Señaló que el actor cometió un error al no demandar el acta 01 del 2 de enero de
2024, donde consta su posesión en propiedad como concejal el día de la instalación de
esa corporación.

39. Además, estimó que el accionante tenía que formular la respectiva queja ante el
Consejo Nacional Electoral para que este declarara la revocatoria de la inscripción, lo
cual no hizo.
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40. El 8 de octubre de 2024, Tribunal Administrativo del Magdalena concedió el recurso
interpuesto.

1.7. Actuaciones en segunda instancia

41. El 21 de noviembre de 20246 se declaró infundada la recusación formulada por el
demandado contra la ponente de esta providencia. Por auto del 13 de diciembre
siguiente7 se rechazaron por improcedentes los recursos presentados frente a la
anterior decisión.

42. Mediante auto del 14 de enero de 20258, se admitió el recurso de apelación, se
abstuvo de pronunciarse sobre los documentos aportados en el escrito de impugnación
por no hacerse la respectiva solicitud probatoria9 y corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegaciones finales. Se allegaron los siguientes escritos:

43. El demandado alegó de conclusión el 16 de enero de 202510 e insistió en que el
acta de posesión como concejal es un acto administrativo que goza de legalidad y no
fue acusado por el demandante; además, que lo tomó por sorpresa la cancelación de
su credencial en los términos del numeral 3° del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, lo
cual no hacía parte de las pretensiones de la demanda.

44. Agregó apartes en los que aduce que el tribunal realizó una valoración caprichosa y
arbitraria de las pruebas presentadas y desconoció el principio de congruencia;
además, reiteró los planteamientos de su impugnación.

45. Señaló que hubo una indebida notificación de la admisión de la demanda y
suspensión provisional, en razón a que la misma fue realizada el 27 de enero de 2024
por el tribunal; sin embargo, el Concejo de Concordia expidió la resolución que declaró
la vacancia temporal de su curul el 30 siguiente, esto es, sin estar ejecutoriada la
decisión judicial, por lo que el cuerpo colegiado desconoce su derecho a la igualdad al
haber ejecutado la medida cautelar sin estar en firme.

46. Luego, el 17 de enero de 202511, envió copia de la solicitud que elevó al tribunal de
dejar sin efectos la medida cautelar decretada, en razón a que considera que no existe
justificación para su permanencia.

47. El 23 de enero siguiente12 presentó solicitud de «control de legalidad acta 01 del 02
de enero del 2024», con sustento en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011; por último,
el 24 del mismo mes y año13, remitió copia de la demanda de nulidad simple que radicó
en contra de la Resolución 007 del 30 de enero de 2024, por medio de la cual el
Concejo de Concordia declara la vacancia temporal en una curul y dispone medidas
conducentes para hacer efectiva la suspensión provisional de la elección de un
concejal.

6
Índice 12 de Samai.
7
Índice 26 de Samai.
8
Índice 32 de Samai.
9
Las actas de posesión como concejal y audiencia de solicitud de restablecimiento del derecho.
10
Índice 36 de Samai.
11
Índice 39 de Samai.
12
Índice 47 de Samai.
13
Índice 49 de Samai.
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concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03

48. Por su parte, el apoderado del demandante, en su escrito de cierre14, reiteró que
se encontraban acreditados los elementos para la configuración de la inhabilidad
prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, por haber suscrito el
demandado los contratos de prestación de servicios 2023-108 del 1° de febrero y 2023-
130 del 1° de marzo, ambos del 2023, con una entidad pública, los cuales fueron
ejecutados en el municipio de Concordia y en interés propio.

49. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado15, solicitó la
confirmación de la sentencia de primera instancia, al considerar que se encontraban
acreditados todos los elementos configurativos de la causal de inhabilidad contenida en
el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, sin que el ejercicio de autoridad
administrativa sea un requisito estructurador de la misma, ni proceda aplicar el artículo
6° de la Ley 1871 de 2017 regulado para los diputados departamentales.

50. El demandado allegó un escrito16 por fuera del término del traslado dispuesto para
alegar de conclusión17, en el cual refutó las manifestaciones del demandante en su
memorial de cierre y el concepto del Ministerio Público; sin embargo, el mismo no será
tenido en cuenta por la sala, pues el trámite de la segunda instancia previsto en el
artículo 293 de la Ley 1437 de 2011, no trae una oportunidad para oponerse a los
argumentos expuestos por los demás sujetos procesales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

51. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 15018 y
152.7.a)19 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 12 de marzo de 2019, modificado por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024, de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Excepciones propuestas en la apelación

52. El señor Jesús David Moscote Támara, en su recurso, cuestiona aspectos que
debieron proponerse en la contestación de la demanda, a saber: i) que no se demandó
el acta de posesión como concejal del 2 de enero de 2024; y ii) que se debió presentar
solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para que este declarara la revocatoria de la
inscripción, lo cual no se hizo.

53. Al respecto, la sala estima que la impugnación no es el momento para plantearlos,
pues debieron ser propuestos como excepciones previas, las cuales «[b]uscan la
depuración del proceso, dado que dichas figuras jurídicas controvierten la procedencia

14
Índice 43 de Samai.
15
Índice 51 de Samai.
16
Índice 52 de Samai.
17
El memorial se allegó el 3 de febrero de 2025 y el traslado para alegar de conclusión venció el 24 de enero del mismo año.
18
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
19
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia […] 7. De los siguientes asuntos relativos
a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección […] de los miembros de corporaciones públicas de los municipios […]»
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Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz
Demandado: Jesús David Moscote Támara,
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Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03

del medio de control en su etapa inicial, con fundamento en las irregularidades o vicios
que pueda presentar la demanda»20.

54. Por lo tanto, no sería esta la etapa procesal para emitir un pronunciamiento al
respecto; sin embargo, como el tribunal de primera instancia lo hizo en el fallo apelado,
por haber sido argumentos de la parte demandada en los alegatos de conclusión de
primera instancia, habilitó al demandado para exponer reparos frente a ello; en ese
orden, la sala hará el análisis respectivo.

55. Frente al primer aspecto, de conformidad con el artículo 139 de la Ley 1437 de
2011, en el medio de control de nulidad electoral los actos pasibles del mismo son «los
actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de
nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden.
Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en
las corporaciones públicas»; es decir, los declarativos de la elección.

56. En este caso, fue el formulario E-26 CON del 2 de noviembre de 2023, acto
administrativo demandado, expedido por la comisión escrutadora, el que declaró la
elección del señor Jesús David Moscote Támara como concejal de Concordia, sin que
sea procedente aducir que debió demandarse también el acta de posesión.

57. En relación con el segundo aspecto, esto es, que previamente debió radicarse la
solicitud de revocatoria de la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral; debe
decirse que no es un requisito de procedibilidad para demandar una elección a través
del medio de control de nulidad electoral.

58. Por lo anterior, no prosperan estos reparos.

2.2.2. De la supuesta indebida notificación del auto admisorio

59. En los alegatos de conclusión de segunda instancia, el demandado expone que
hubo una indebida notificación de la admisión de la demanda y la suspensión
provisional, en razón a que fue realizada el 27 de enero de 2024 por el tribunal; sin
embargo, el Concejo de Concordia expidió la resolución que declaró la vacancia
temporal de su curul el 30 siguiente, esto es, sin que estuviera ejecutoriada la decisión
judicial, por lo que el cuerpo colegiado desconoce su derecho a la igualdad al haber
ejecutado la medida cautelar sin estar en firme.

60. De los argumentos planteados, se advierte que lo que cuestiona la parte actora es
una actuación administrativa realizada por el Concejo de Concordia al declarar la
vacante temporal de su curul en cumplimiento de la medida cautelar decretada por el
tribunal, pero no contiene ningún cuestionamiento frente a la manera en que se realizó
la notificación de dicha providencia por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena,
la cual, en todo caso, fue de manera personal el 1° de febrero de 202421.

61. Por lo anterior, la sala no se detendrá en analizar las actuaciones del Concejo de
Concordia para dar cumplimiento a la medida cautelar decretada por el tribunal en

20
Consejo de Estado, Sección Quinta, Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate, auto del 18 de noviembre de 2021, Radicación
Número: 11001-03-28-000-2021-00046-00.
21
Índice 44 de Samai, interfaz del tribunal.
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8

Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz
Demandado: Jesús David Moscote Támara,
concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03

providencia del 22 de enero de 2024, pues no se trata de un asunto que se enmarque
en los reparos concretos presentados contra la sentencia de primera instancia.

2.2.3. De la solicitud de control de legalidad del acta 1 del 2 de enero de 2024

62. El 23 de enero de 202522, el demandado presentó solicitud de «control de legalidad
acta 01 del 02 de enero del 2024».

63. En el escrito plantea como pretensiones que se declare que el acta 01 del 2 de
enero de 2024, que contiene la instalación y posesión del Concejo de Concordia
(Magdalena) es legal y válida. Además, que se confirme la validez de su
«nombramiento» y posesión como concejal en «propiedad».

64. Sustenta la misma en que el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, «establece la
posibilidad de interponer acciones de control de legalidad respecto a actos
administrativos de efectos generales como el aquí mencionado».

65. Al respecto, la sala advierte que, si el señor Jesús David Moscote Támara pretende
acudir al medio de control previsto en la norma que refiere, debe hacerlo a través de los
canales dispuestos para tal fin, puesto que la competencia de la sección, en este caso,
se limita a resolver los reparos expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 18 de septiembre de 2024, de
conformidad con los artículos 150 y 293 de la Ley 1437 de 2011.

66. Con todo, se recuerda que la posesión «no constituye un acto administrativo sino
una solemnidad para que los servidores públicos ejerzan el cargo para el que han sido
nombrados, designados o elegidos23», por lo que no es susceptible de control judicial.

2.2.4. De la copia de solicitudes de dejar sin efectos la medida y demanda de
nulidad

67. El 17 de enero de 202524, el demandado envió copia de la solicitud que elevó al
Tribunal Administrativo del Magdalena de dejar sin efectos la medida cautelar
decretada; así mismo, el 24 del mismo mes y año25, remitió la demanda de nulidad que
radicó en contra de la Resolución 007 del 30 de enero de 2024.

68. Frente a lo anterior, la sala se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno, pues se
trata de asuntos dirigidos a otras autoridades y escapan de la competencia de esta
instancia.

2.3. Problema jurídico

69. Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 18 de septiembre de 2024,
mediante la cual se declaró la nulidad de la elección del señor Jesús David Moscote
Támara como concejal de Concordia (Magdalena), periodo constitucional 2024-2027,
para lo cual se deberá determinar si:
22
Índice 47 de Samai.
23
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 5 de septiembre de 2018, MP: Germán Bula Escobar,
Radicado 11001-03-06-000-2018-00169-00(2399)
24
Índice 39 de Samai.
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Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz
Demandado: Jesús David Moscote Támara,
concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03

i) se configuran los elementos de la inhabilidad por la celebración de contratos
prevista en el numeral 3° del artículo 4326 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000;
ii) debía demostrarse el ejercicio de autoridad administrativa para la
materialización de esta causal de inelegibilidad y;
iii) procedía ordenar la cancelación de su credencial en aplicación del numeral 3°
del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011.

70. Para resolver los cuestionamientos planteados, la sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada y; (iii) el caso
concreto.

2.4. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular27

71. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder
a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y transparencia, según lo
disponen los artículos 2° y 40 de la Carta Política. El derecho a la participación política,
específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este
alto tribunal:

«Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro
de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos
fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política
de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la
persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo»28

72. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las
personas a la función pública29. Dentro de estas limitaciones encontramos el régimen
de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad «garantizar que a los
cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes
negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de
privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda
electoral»30.

73. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que
el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los

26
«Artículo 43. Inhabilidades. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No
podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel
municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito […]»
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra,
Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
28
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-00087-
03(IJ).
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intereses generales de la comunidad sobre los personales del aspirante»31. Así mismo,
en la realización del principio democrático32 esta Sala ha reconocido que estos
regímenes tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las condiciones normales en
las que se deben desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones
personales de los aspirantes»33. También, ha indicado la jurisprudencia:

«(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública,
para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el
buen servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.

Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y
moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o
cargos34.»

74. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis, situaciones
o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato 35, que unas
veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de
la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que debe guiar la contienda política, como
las que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la celebración de contratos por
parte del candidato antes de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio
democrático.

2.5. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada

75. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para los
concejales la siguiente causal:

«ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la
Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:

(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito...» (Se destaca)

76. Acorde a lo anterior, de este tipo normativo se desprenden tres situaciones
diferenciadas, las cuales, a su vez, consagran hipótesis que constituyen inhabilidades
autónomas o independientes, así: i) aquella relativa a la intervención en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, ii) la relacionada con la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, y iii) la referida a haberse

31
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
32
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
34
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
35
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le
impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que
definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926).
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desempeñado como representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social de salud en el régimen subsidiado.

77. Comoquiera que el problema planteado tiene que ver con una de las situaciones
descritas en la norma invocada, esto es, haber celebrado contratos en el año anterior
a las elecciones, a ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, en
interés propio o de terceros, procede la sala, seguidamente, a estudiar los elementos de
la referida inhabilidad, previo a decidir el caso concreto.

78. Es abundante la jurisprudencia de la Corporación sobre la inhabilidad por
celebración de contratos encaminada a preservar la igualdad entre los candidatos que
participan en una contienda electoral, en relación con el supuesto de existir un vínculo
contractual, jurídicamente relevante con el Estado, potencialmente ventajoso, y que sin
duda genera un desequilibrio para acceder a los cargos de elección popular. La Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo ha manifestado lo siguiente al respecto:

«Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se
rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda
electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de
sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y
prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato
aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros
proponentes36».

79. En punto a la celebración de contratos, la Sección Quinta ha discurrido sobre su
finalidad en los siguientes términos:

«[l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional –de
hecho, todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del proceso
electoral y del cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una confusión entre
intereses públicos y privados”, ya que, “quien ha intervenido en nombre propio o de terceros
en la celebración de un contrato con la administración, en principio defiende los intereses
particulares frente a los intereses del Estado”; y del otro, “obstaculiza el aprovechamiento
de recursos públicos para desfigurar los procesos electorales37».

80. Así mismo, como factores configurativos de la causal, la Sala ha identificado los
siguientes: (i) un elemento temporal, previsto en la norma, según el cual, el contrato
ha debido celebrarse un año antes del certamen electoral; (ii) un elemento espacial o
geográfico que lo constituye el lugar donde se ejecutó o ha debido cumplirse el
contrato, esto es, el mismo municipio o distrito en que el candidato aspira a ser
concejal; (iii) un elemento material u objetivo, consistente en la conducta de
suscripción o celebración del contrato y; (iv) un elemento subjetivo, relacionado con el
interés propio o de terceros que persigue la celebración del contrato estatal38.

81. En lo que atañe puntualmente al elemento material, existe coincidencia al interior
de la sección en cuanto a que los actos de ejecución y liquidación de los contratos no
configuran la causal de celebración de contratos, dado que estas actividades se ubican

36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417.
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926.
38
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013; sentencia de
3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
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por fuera de los supuestos que contemplan las respectivas normas, es decir, con
posterioridad a su celebración39.

82. Sumado a lo anterior, en punto al elemento subjetivo, se ha reconocido la
posibilidad de que la celebración de contratos ocurra de forma directa o indirecta, en
este último caso, para que queden comprendidos terceros que no lo suscriben, pero
frente a quienes logra probarse la intervención en la contratación en virtud de una
simulación, por interpuesta persona, por delegación, designación o representación40.

83. Finalmente, para que se configure esta causal de inhabilidad, es necesaria la
concurrencia de todos y cada uno de sus elementos definitorios.

2.6. Caso concreto

84. En el recurso de apelación, el demandado plantea reparos frente a la configuración
de los elementos de la inhabilidad endilgada y otros relacionados con los efectos de la
sentencia que declara la nulidad, por lo que procede la sala a resolverlos de manera
separada.

2.6.1. De los elementos de la inhabilidad por la celebración de contratos

85. El primer presupuesto necesario para que la causal de inelegibilidad prevista en el
numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 se concrete, es el de la suscripción o
celebración de contratos (elemento objetivo), el cual se encontró probado por el tribunal
de primera instancia con los contratos de prestación de servicios profesionales 2023-
108 del 1° de febrero de 2023 y 2023-130 del 1° de marzo de 2023, suscritos entre el
señor Jesús David Moscote Támara y la Empresa Social del Estado Hospital Local de
Concordia, aportados por el demandante.

86. Por lo anterior, a pesar de que en el escrito inicial se hizo alusión al contrato
20220801-004 del 1° de agosto de 2022, celebrado con la Alcaldía de Concordia, no fue
este negocio jurídico el que dio lugar a que se declarara la nulidad de la elección, pues
claramente se encuentra por fuera del periodo inhabilitante previsto por la norma, esto
es, un año antes del certamen electoral (desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de
octubre de 2023).

87. Ahora bien, en la alzada se expone que los acuerdos de voluntades con la entidad
hospitalaria no fueron suscritos por el demandado, razón por la cual se presentó la
respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación; además, que de conformidad
con respuesta de la E.S.E. a una acción de tutela, no existen contratos ni relación
laboral entre el demandado y la institución hospitalaria.

88. Al respecto, la sala advierte que la demanda fue contestada de manera oportuna y
a través de apoderada judicial, escrito en el cual señaló como cierto el hecho cuarto que
hacía alusión a estos contratos; también expuso en el acápite de pruebas que se
tuvieran en cuenta y valoraran las aportadas con la presentación del medio de control,

39
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre
de 2020, Rad. 2020-03518. Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926; sentencia de 31 de julio de
2009, Rad. 2007-00966-02.
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417. Sala
Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 2018-02417. Sala 13 Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre de 2020, Rad. 2020-03518.
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sin proponer tacha de falsedad o desconocimiento en los términos de los artículos 269 y
272 del Código General del Proceso, respectivamente.

89. Además, de conformidad con el artículo 244 del estatuto procesal, estos
documentos se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falsos o
desconocidos; por lo tanto, tal y como lo hizo el tribunal de instancia, la sala los valorará
a efectos de resolver la impugnación.

90. Así las cosas, los contratos 2023-108 del 1° de febrero de 2023 y 2023-130 del 1°
de marzo de 2023 fueron suscritos en el periodo inhabilitante (elemento temporal).

91. Frente al lugar de su ejecución (elemento territorial), resulta improcedente acudir al
parágrafo del artículo 6° de la Ley 1871 de 2017 invocado por el apelante, toda vez que
se trata de una disposición que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a
través de la sentencia C-396 de 2021 y, mientras estuvo vigente, era aplicable para las
inhabilidades de los diputados y no de los concejales.

92. Por lo tanto, al revisar el contenido de ambos negocios jurídicos, se advierte que se
estableció en su cláusula vigésima tercera como domicilio contractual el municipio de
Concordia.

93. Así mismo, el objeto de los contratos refiere que consistía en: «prestar servicios
técnicos como apoyo en el área de SIAU (Servicio de Información y Atención al
Usuario) y recepción de citas en el centro de salud a cargo de la E.S.E. Hospital
Local de Concordia». [Resaltado de la sala]

94. A su vez, de la cláusula de las obligaciones, se extrae que le correspondía al
demandado desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

(i) prestar los servicios personales contratados con eficiencia, eficacia, calidad y
oportunidad siguiendo los protocolos e indicaciones dadas por el personal de la
E.S.E. Hospital Local de Concordia,
(ii) recepcionar, tramitar y realizar seguimiento a las quejas de los usuarios tanto
internos como externos,
(iii) orientar a los usuarios de cualquier servicio ofrecido por la E.S.E.,
(iv) brindar información a los usuarios,
(v) divulgar los derechos y deberes de los usuarios,
(vi) realizar encuestas sobre la satisfacción de los usuarios con el servicio,
(vii) aplicar los protocolos establecidos para prevenir la ocurrencia de infecciones
intrahospitalarias en los pacientes y su entorno de acuerdo con las buenas
prácticas sanitarias,
(viii) responder por los elementos y bienes que se pongan a su disposición, si
llegase a ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado,
(ix) rendir informe final de actividades desarrolladas durante el periodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la E.S.E., que sean
necesarias para la prestación del servicio de salud,
(x) portar y usar sus elementos de protección individual para realizar el servicio
contratado, y

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(xi) responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas,
dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su
disposición para la prestación de servicios realizados.

95. De las obligaciones contractuales se extrae claramente que su labor debía
desempeñarse en la institución referida con domicilio en el municipio de Concordia,
ubicada en la calle 5a # 5-20 de ese ente territorial como se advierte en los contratos,
toda vez que le correspondía prestar sus servicios en el área de atención al usuario:

96. Así mismo, en el acta de finalización del acuerdo de voluntades del 30 de mayo de
2023 se indicó que las instalaciones de la E.S.E. se encuentran ese territorio:

97. En ese orden, para la sala está probado que los contratos se ejecutaron en el
municipio donde resultó elegido concejal el señor Jesús David Moscote Támara
(elemento territorial), sin importar que la E.S.E. fuera o no del orden departamental.

98. En relación con el interés propio, resulta desacertado cuando el recurrente aduce
que el demandante invocó el artículo 34 de la Ley 1475 de 2011 relacionado con la
recaudación de ingresos y realizar gastos de campaña por parte de las organizaciones
políticas para el efecto, pues ello no se advierte en el escrito inicial, en todo caso, el
elemento subjetivo también está probado por haberse pactado una contraprestación por
los servicios prestados en favor del contratista.

99. Finalmente, es pertinente señalar que la causal de inhabilidad endilgada y
acreditada es la descrita en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, la cual
no exige el ejercicio de autoridad administrativa para su configuración, pues este último
supuesto de inelegibilidad está regulado expresamente en el numeral 2° de la misma
disposición; por lo tanto, no es acertado argumentar que no se configura la nulidad
deprecada al no demostrarse esta facultad en cabeza del accionado, porque resulta
suficiente celebrar el contrato con entidad pública, en interés propio o de terceros, y que
deba ejecutarse en el mismo municipio donde se aspire ser elegido.

100. La misma suerte corren los argumentos tendientes a señalar que el actor no
acreditó los valores de los contratos de prestaciones de servicios, o su autenticidad y
que no aportó las actas de terminación y liquidación, pues son aspectos que se
escapan de los requisitos previstos por el legislador para la configuración de esta
inhabilidad.

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101. Por lo tanto, se encuentran configurados todos los elementos de la inhabilidad
endilgada y no prosperan los argumentos del apelante frente a este aspecto.

2.6.2. Consecuencias de la sentencia de anulación, artículo 288 de la Ley 1437 de
2011

102. El señor Jesús David Moscote Támara cuestiona que dentro de las pretensiones y
la argumentación de la demanda no se hizo mención al numeral 3° del artículo 288 de
la Ley 1437 de 2011; sin embargo, el tribunal canceló su credencial, lo cual lo deja en
una desventaja jurídica.

103. Por ello, consideró que con lo anterior se realizó una interpretación extensiva de la
causal de inhabilidad electoral prevista en el numeral 5° del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011.

104. Al respecto, resulta preciso traer el tenor literal del artículo 288 de la Ley 1437 de
2011, a saber:

Artículo 288. Consecuencias de la sentencia de anulación. Las sentencias que disponen
la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias:

[…] 3. En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de este Código, la
nulidad del acto de elección por voto popular implica la cancelación de la respectiva
credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia […]

105. Como puede verse, el legislador estableció expresamente en el numeral 3° de la
anterior disposición que cuando se declara la nulidad de un acto de elección por voto
popular en razón a la configuración de la causal 5°41 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011, como ocurre en este caso, la consecuencia de la sentencia, una vez ejecutoriada,
no es otra que la cancelación de la respectiva credencial, tal y como lo ordenó el
tribunal.

106. Por lo tanto, esa consecuencia opera por ministerio de la ley cuando se declara la
nulidad por la causal invocada y no requiere, como lo sugiere el demandado, formular
pretensión en este sentido dentro de la demanda, pues no tendría sentido que se
declarara la nulidad de una elección y el afectado continuara detentando el cargo.

107. En ese orden, tampoco prospera este argumento de apelación.

108. En consecuencia, se impone confirmar la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se declaró la nulidad de la elección demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena el 18 de septiembre de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad de la
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«5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de
elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.»
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Demandante: Manuel Antonio Álvarez de la Hoz
Demandado: Jesús David Moscote Támara,
concejal de Concordia (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00255-03

elección del señor Jesús David Moscote Támara como concejal de Concordia
(Magdalena), periodo 2024-2027.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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