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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00316-00

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00316-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: Niéguese las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Archívese el expediente una vez quede en firme el fallo. TERCERO: Reconózcase personería al abogado Benicio Echeverry Pinzón como apoderado judicial de la Cámara de Representantes, en los términos del poder otorgado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00316-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de mayo de 2023

Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera
Demandado: John Abiud Ramírez Barrientos
director administrativo de la Cámara de
Representantes, período 2022-2024
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00316-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, DC, dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00316-00
Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera
Demandado: John Abiud Ramírez Barrientos – director administrativo de
la Cámara de Representantes, período 2022-2024

Temas: Aplicación y alcance de la analogía prevista en la Ley 1904
de 2018. Requisito de la idoneidad en el manejo de las áreas
administrativas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a dictar sentencia en el proceso de nulidad electoral de la
referencia luego de haberse surtido los trámites correspondientes y sin que se
advierta alguna nulidad que impida abordar el fondo del asunto.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1. Carlos Roberto Mojica Cerquera, en nombre propio, presentó demanda 2 en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral con el objeto de que se declare la
nulidad del acto3 mediante el cual se eligió a John Abiud Ramírez Barrientos como
director administrativo de la Cámara de Representantes, período 2022-2024.

1.1. Fundamentos fácticos

2. El demandante afirmó lo siguiente:

a) El 21 de julio de 2022, la plenaria de la Cámara de Representantes eligió y
posesionó a John Abiud Ramírez Barrientos como director administrativo de
la referida corporación -período 2022-2024.

b) La convocatoria expedida para el efecto no observó las etapas previstas en
el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, toda vez que se omitieron las pruebas

1 Índice 2 Samai.
2 El 3 de octubre de 2022.
3 Contenido en el Acta de Plenaria nro. 01 del 21 de julio de 2022 y publicada en la gaceta nro. 1046

del 8 de septiembre de 2022.

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1

Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera
Demandado: John Abiud Ramírez Barrientos
director administrativo de la Cámara de
Representantes, período 2022-2024
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00316-00

de conocimiento, entrevistas, la fijación de criterios objetivos de selección
para evaluar el mérito y la elaboración de una lista de elegibles según los
resultados del proceso objeto de evaluación.

c) Por otra parte, expuso que el director administrativo de ese órgano legislativo
requiere de idoneidad en el manejo de áreas administrativas, conforme lo
exigido en el parágrafo 1º del artículo 382 de la Ley 5ª de 1992, requisito que
no cumplió el accionado, pues en su contra cursan investigaciones por parte
de organismos de control, de las cuales darían cuenta varias notas
periodísticas y una captura de pantalla del Sistema de Información Misional –
SIM– de la Procuraduría General de la Nación.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

3. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante alegó como
configuradas las causales de nulidad establecidas en el artículo 137 y el ordinal 5
del artículo 275 del CPACA, por cuanto consideró que el acto enjuiciado vulneró el
artículo 126 de la Constitución Política y el parágrafo transitorio del artículo 12 de la
Ley 1904 de 20184, pues en la elección acusada se omitió el procedimiento
contemplado en esa ley5, el cual era aplicable al no existir regulación especial para
dicho trámite.

4. Por otro lado, sostuvo que el demandado no acreditó uno de los requisitos
previstos en el parágrafo 1 del artículo 382 de la Ley 5ª de 19926, en lo atinente a la
«idoneidad en el manejo de las áreas administrativas». Pues, de acuerdo con
publicaciones realizadas en medios periodísticos, redes sociales e investigaciones
en curso por parte de la Procuraduría General de la Nación, el accionado cuenta
con numerosos cuestionamientos en el ejercicio de cargos públicos anteriores.

5. Además, afirmó que el cumplimiento de dicha exigencia no fue examinado
por la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes.

2. Trámite procesal

6. El 3 de noviembre de 20227 la demanda se admitió y se negó la medida de
suspensión provisional. Esta última decisión fue confirmada a través de la
providencia del 15 de diciembre de 20228.

4 «Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos
atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126
de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía […]».
5 «ARTÍCULO 6o. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. El proceso para la elección del

Contralor General de la República tendrá obligatoriamente las siguientes etapas: 1. La convocatoria.
2. La inscripción. 3. Lista de elegidos. 4. Pruebas. 5. Criterios de selección. 6. Entrevista. 7. La
conformación de la lista de seleccionados, y 8. Elección».
6 «[…] El Director Administrativo deberá acreditar título profesional y cinco (5) años de experiencia

administrativa de nivel directivo e idoneidad en el manejo de las áreas administrativas, financiera y
de sistemas y tendrá el mismo grado rango y categoría del Director Administrativo del Senado de la
República».
7 Índice 15 Samai.
8 Idem 32.

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7. En auto del 9 de febrero de 20239 se remitió el expediente a la Secretaría de
la Sección Quinta para una eventual acumulación de acuerdo con el informe
secretarial10. Sin embargo, ingresó al despacho el 27 de febrero siguiente para
continuar con el trámite11. Por último, en proveído del 7 de marzo de 202312, se
declaró no probada la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda
propuesta por la parte accionada.

3. Contestaciones

3.1. Cámara de Representantes13

8. Por conducto de apoderado judicial, solicitó negar las pretensiones de la
demanda, pues no se logró desvirtuar siquiera sumariamente la presunción de
legalidad de que goza el acto de elección enjuiciado. Afirmó que el procedimiento
que se llevó a cabo obedeció a lo indicado en los artículos 135, ordinal 1, de la
Constitución Política y 382, parágrafo 1, de la Ley 5 de 1992, normas que se
encuentran vigentes y resultaban aplicables al trámite eleccionario.

9. A su vez, adujo que, conforme al artículo 151 superior, el reglamento del
Congreso y la manera en que ese órgano desarrolla sus procesos de elección son
materias que deben regularse mediante una ley orgánica, tipología legislativa que
tiene un rango superior respecto de las otras normas del ordenamiento según la
Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional14.

10. Respecto de las afirmaciones relativas a la falta de idoneidad en materias
administrativas, consideró que el demandante no fundamentó su afirmación en
hechos concretos sino en apreciaciones subjetivas. Para ello, explicó que el
demandado es profesional en Economía y Administración de Empresas, además de
ser candidato a magíster en Gerencia para el Desarrollo y especialista en Dirección
de Organizaciones Prestadoras de Salud. Respecto a la experiencia profesional,
relató que por más de 16 años estuvo en cargos de responsabilidad y manejo del
nivel directivo y asesor en entidades públicas del orden departamental, municipal y
nacional. Añadió que es investigador en las áreas de administración, economía,
hacienda pública y elaboración de proyectos.

9 Índice 44 Samai.
10 Ibidem 43.
11 Dicha dependencia informó que en el expediente 11001-03-28-000-2022-00186-00 no se dispuso

remitir el expediente para una eventual acumulación. El nuevo informe secretarial se encuentra
visible en el índice 48 del expediente digital.
12 Índice 49 Samai.
13 Ibidem 29.
14 Hace alusión a las sentencias: «Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia C-

052 de 2015. Sala Plena. Referencia: Expediente D-11213. Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto
de dos mil doce (2016). Tomado de la Web el 26 de agosto de 2022» y «Corte Constitucional de la
República de Colombia, Sentencia C-439 de 2016. Sala Plena. Referencia: Expediente D-10125.
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015). Tomado de la Web el 26 de agosto de
2022».

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Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera
Demandado: John Abiud Ramírez Barrientos
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Representantes, período 2022-2024
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11. Finalmente, adujo que las investigaciones adelantadas por organismos de
control «[…] en ningún caso le hace[n] culpable, o acreedor de inhabilidad alguna,
pues se presume su inocencia y su actuar conforme al Derecho hasta que se
demuestre lo contrario».

3.2. John Abiud Ramírez Barrientos15

12. Mediante apoderada judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, por las siguientes razones:

a) No hay lugar a aplicar la analogía prevista en el parágrafo transitorio del
artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, pues no existe vacío normativo frente a
la elección acusada, toda vez que la Ley 5 de 1992 en sus artículos 136,
137, 138 y 382 precisa los requisitos y el procedimiento que se debe
adelantar para elegir al director administrativo de la Cámara de
Representantes.

b) De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 382 del reglamento del
Congreso, el accionado ejerce la representación legal de esa corporación
pública, por lo que la relación existente entre las funciones del demandado y
el objeto misional de la Cámara de Representantes implica que la regulación
del acceso al cargo debe estar –necesariamente– en una ley orgánica como
la Ley 5 de 1992, a la luz de lo dispuesto en el artículo 151 constitucional.

c) Respecto de la falta de idoneidad del demandado, adujo que no puede
confundirse este requisito con el de haber ejercido con buen crédito la
profesión u oficio16. En ese sentido, determinó que sí cumple con la
idoneidad –concepto indeterminado o abierto17– en el manejo de áreas
administrativas, entre otras, por cuanto tiene varios títulos académicos que lo
acreditan como profesional y candidato a magister y especialista. De igual
forma, cuenta con más de 16 años de experiencia profesional y es
investigador en varias áreas del conocimiento.

d) Sobre la prueba de la idoneidad estima que, «[…] la verificación del requisito
que extraña el actor en el ejercicio de los cargos públicos ocupados
previamente por el demandado, no se encuentra al arbitrio de la apreciación
de cada persona, de los medios de comunicación o de cualquier sector de

15 Índice 30 Samai.
16 A su juicio, los elementos noticiosos -aportados mediante enlaces en la demanda- pueden
referirse, si mucho, al requisito de ejercer con buen crédito la profesión y oficio, que para el caso en
concreto no resulta exigible. No obstante, las manifestaciones hechas en dichos reportes
periodísticos no tienen la potencialidad de probar el cargo en comento.
17 En virtud de esa característica dicho concepto de idoneidad «[…] merecen ser objetivizados e

individualizados lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado [Nota al pie 3:
Sentencia con radicado 2020-00078-00 (Acumulado) contra el Defensor del Pueblo, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.] excluye cualquier comentario, percepción o imputación personal y requiere por
el contrario una fundamentación real, objetiva y comprobable a través del estatuto que especifique
los deberes, derechos, conductas cuestionables y sanciones propias de quien ejerce el oficio […]».

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opinión, pues debe acudirse a elementos objetivos, neutrales e imparciales
que demuestren que ello es así».

e) Consideró que el hecho de que el documento expedido por la Comisión de
Acreditación Documental no tenga de manera explícita la descripción de
cómo se evaluó la exigencia del cargo aludida, no puede conducir a la
conclusión que no se verificó cuando es notorio su cumplimiento.

f) Si bien existen procesos disciplinarios en contra de John Abiud Ramírez
Barrientos, estos no pueden ser tenidos en cuenta ni siquiera como indicio
para desvirtuar el requisito de la idoneidad, pues no se aportaron decisiones
administrativas o disciplinarias que declaren algún tipo de responsabilidad.
Reiteró que no tiene antecedentes penales, fiscales y disciplinarios en su
contra.

4. Trámite de sentencia anticipada

13. En providencia del 30 de marzo de 202318 se ordenó el trámite de sentencia
anticipada, se decretaron las pruebas documentales aportadas por las partes, se
fijó el litigio y se corrió traslado para alegar y al Ministerio Público para conceptuar,
con fundamento en el artículo 182A del CPACA.

5. Alegatos de conclusión

14. El demandado19 y la Cámara de Representantes20 reiteraron los argumentos
de la contestación, en el sentido indicado en los antecedentes de esta providencia.
La parte accionante guardó silencio.

6. Concepto del Ministerio Público

15. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado21 solicitó negar
las pretensiones de la demanda pues i) el procedimiento adelantado para elegir al
director administrativo de la Cámara de Representantes estuvo ajustado a los
postulados del ordinal 4 del artículo 126 superior22 y ii) el accionado cumple con los
requisitos, en especial la experiencia en el manejo administrativo de nivel directivo,
que exige el reglamento del Congreso para el cargo en mención.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

16. Conforme con lo señalado en el ordinal 4 del artículo 149 del CPACA23 y el
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 de 2019, emitido por la Sala Plena de esta

18 Índice 54 Samai.
19 Idem 64.
20 Índice 63 Samai.
21 Ibidem 65.
22 Se refirió, puntualmente, a los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana.
23 «El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus

secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el

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corporación, esta Sección es la competente para resolver en única instancia la
demanda de nulidad electoral de la referencia.

2. Acto acusado

17. El acto cuya nulidad se pretende es el Acta nro. 01 del 21 de julio de 2022 de
la Cámara de Representantes y publicada en la gaceta nro. 1046 del 8 de
septiembre de ese mismo año, que contiene la elección de John Abiud Ramírez
Barrientos como director administrativo de dicha corporación legislativa, periodo
2022-2024.

3. Problemas jurídicos

18. La providencia del 30 de marzo de 202324 fijó el litigio en los siguientes
términos:

Se deberá resolver si el acto de elección de John Abiud Ramírez Barrientos como
director administrativo de la Cámara de Representantes, período 2022-2024, es nulo
por la configuración de las causales de nulidad previstas en los artículos 137 -
infracción de las normas en que debía fundarse- y 275.5 del CPACA -«[s]e elijan
candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos […]»-.

En ese orden se determinará si a) la elección del director administrativo de la Cámara
de Representantes le resulta aplicable la analogía establecida en el parágrafo
transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 para elegir a un servidor de una
corporación pública; y si b) el demandado cumplió con el requisito relativo a la
idoneidad en el manejo de áreas administrativas previsto en el artículo 382 de la Ley
5ª de 1992.

El problema jurídico establecido se examinará a partir del concepto de la violación
reseñado en la presente providencia, junto con las razones de hecho, de derecho y
pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, sin perjuicio de otros asuntos
procesales o sustanciales que resulten del debate principal.

19. Para solucionar la cuestión jurídica trazada, la Sala se referirá i) a su
jurisprudencia en relación con el ámbito de aplicación de la Ley 1904 de 2018; y ii)
al caso concreto, para lo cual se pronunciará sobre a) la aplicabilidad de dicho
cuerpo normativo a la elección del director administrativo de la Cámara de
Representantes y b) el cumplimiento del requisito de idoneidad en el manejo de
áreas administrativas previsto en el artículo 382 de la Ley 5ª de 1992.

3. La aplicación de la Ley 1904 de 2018 -reiteración jurisprudencial-

20. Aun cuando el objeto principal de regulación de la Ley 1904 de 2018 se
refiere a «las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de contralor general de
la República por el Congreso de la República», el parágrafo transitorio de su artículo
12, en su versión modificada por el artículo 153 de la Ley 2200 de 2022, incluyó la
obligación de aplicar las reglas correspondientes a dicho procedimiento a otras

reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 4. De la nulidad de
los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones
[…]»
24 Índice 54 Samai.

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elecciones atribuidas a corporaciones públicas, mientras el legislativo expida la
regulación de estas, al señalar que:

Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores
públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso
cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por
analogía. Para el caso de la elección de los secretarios de los concejos municipales
de entidades territoriales de categorías 4a, 5a y 6a y con el fin de preservar sus
finanzas territoriales, no se aplicará lo dispuesto en el presente parágrafo transitorio.

21. Por su parte, el artículo 126 superior dispone que «[s]alvo [en] los concursos
regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas
deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen
requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia,
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección»

22. De lo señalado en las normas citadas, se desprende la necesidad de aplicar
las disposiciones de la Ley 1904 de 2018 cuando se trate de: i) elecciones de
servidores públicos atribuidas a corporaciones públicas, ii) cuyo proceso de
designación no se encuentre regulado por una ley especial25.

23. Esta Sección se ha pronunciado sobre el particular, para indicar, entre otras
cosas que lo dispuesto en el texto legislativo en comento no resulta aplicable, por
ejemplo, al procedimiento que debe efectuar el Senado de la República para la
elección de su subsecretario general26, toda vez que para el efecto la Ley 5 de
1992 cuenta con disposiciones especiales que hacen inaplicable la remisión
normativa contemplada en el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de
2018, las cuales se encuentran contenidas en los artículos 49 y 136 del reglamento
del Congreso.

24. En similar sentido, la Sala descartó la aplicabilidad de la Ley 1904 de 2018 a
la elección del subsecretario general de la Cámara de Representantes27 y del
secretario General del Senado de la República28, en atención a que la Ley 5 de
1992 contiene disposiciones que rigen las exigencias y etapas que deben
observarse para la designación de dichos funcionarios por parte de las referidas
corporaciones públicas de elección popular.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de

enero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00171-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio;
sentencia del 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00173-00, MP. Rocío Araújo
Oñate; sentencia del 16 de marzo de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00172-00, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de

enero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00171-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Decisión
proferida con el voto del conjuez Rodrigo Noguera Calderón, en la cual salvaron voto los
magistrados Luis Alberto Álvarez Parra y Rocío Araújo Oñate.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de

febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00173-00, MP. Rocío Araújo Oñate. En dicha
providencia la magistrada ponente y el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra aclararon voto.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de

marzo de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00172-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Los
magistrados Rocío Araújo Oñate y Luis Alberto Álvarez Parra aclararon el voto.

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25. En las sentencias mencionadas se negaron las pretensiones de nulidad,
pues se encontró que no debía aplicarse analógicamente la Ley 1904 de 2018 a los
procesos eleccionarios mencionados, porque:

i) La Ley 5ª de 1992 regula los requisitos y procedimiento para la elección de
esos servidores públicos.

ii) De conformidad con el artículo 150.20 en concordancia con el 135 de la
Constitución Política el Congreso tiene plena autonomía para autorregularse
sus funciones administrativas y técnicas mediante leyes orgánicas.

iii) Cualquier modificación al procedimiento de elección de estos funcionarios
debe realizarse mediante una disposición orgánica, según lo establece el
artículo 151 superior.

4. Caso concreto

4.1. Violación de la Ley 1904 de 2018

26. Como puede advertirse, existe semejanza entre los supuestos fácticos y
normativos y el problema jurídico definido en el presente proceso respecto de
aquellos que fueron objeto de pronunciamiento en las providencias antes
analizadas, razón por la cual se aplicará al presente caso lo expuesto en dichas
sentencias29, de acuerdo con la valoración probatoria a la que haya lugar en este
expediente.

27. A juicio del accionante, el procedimiento de elección del director
administrativo de la Cámara de Representantes no se encuentra, a la fecha,
regulado en la ley. En ese sentido, al ser esa célula legislativa una corporación
pública y el demandado un servidor público elegido por ella, debía seguirse
analógicamente la normativa dispuesta en la Ley 1904 de 2018 para elegir al
contralor general.

28. De lo probado se tiene que la elección de John Abiud Ramírez Barrientos en
el cargo aludido la hizo la Cámara de Representantes, entidad que tiene la
connotación de corporación pública, tal como lo señala la jurisprudencia de la Corte
Constitucional30.

29 Por tratarse de supuestos fácticos y jurídicos similares pues: i) la demanda se dirige contra
servidores públicos –subsecretarios– elegidos por corporaciones públicas -Senado de la República y
la Cámara de Representantes-, ii) se alegó como concepto de la violación que las convocatorias
para elegir a dichos funcionarios no observaron lo previsto en la Ley 1904 de 2018, iii) la norma
señalada como violada fue el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, iv) se
indicó como causal de nulidad la genérica del 137 del CPACA, esto es, la de infracción de las
normas en que debería fundarse.
30 Corte Constitucional, sentencia C-518 del 11 de julio de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández.

«En relación con la expresión "corporación pública", la Corte, al estudiar la constitucionali[dad] de
una norma contenida en el artículo 91 de la Ley 136 de 1999 "por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios ", antes de la entrada
en vigencia del Acto legislativo 01 de 2003, consideró que cuando el artículo 261 de la Constitución
hace alusión a las corporaciones públicas, incluye a los concejos municipales. Precisó la Corte que,

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29. No obstante, el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018
determinó que sus disposiciones se aplicarían a la elección de funcionarios
diferentes del contralor general de la República «[m]ientras el Congreso de la
República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las
corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la
Constitución Política» (énfasis propio), por lo que él único escenario en que tales
normas serían exigibles en el caso estudiado sería aquel en que la designación del
director administrativo de la Cámara de Representantes careciera de disposiciones
legales que se refieran a los requisitos y etapas que deben cumplirse para el
efecto.

30. Al respecto, la Sala encuentra que el Reglamento Orgánico del Congreso
puntualiza en el parágrafo 1° del artículo 382 lo correspondiente a la elección,
periodo, trámite para su remoción, calidades y rango del director administrativo de
la Cámara de Representantes, en los siguientes términos:

El Director Administrativo de la Corporación, será elegido por la Plenaria de la
Cámara de Representantes para un período de dos (2) años previa inscripción de los
candidatos ante la comisión de acreditación documental que verificará el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo. Dicho período se empezará a
contar a partir del 20 de julio, fecha de instalación del cuatrienio legislativo. Podrá ser
removido previa evaluación del desempeño por la Plenaria de la Cámara de
Representantes en cualquier tiempo, evaluación que se hará a solicitud de la Mesa
Directiva o por proposición aprobada por la plenaria de la respectiva Cámara. A
efectos de una evaluación negativa del Director Administrativo se procederá a la
aprobación de su remoción, por medio de votación nominal.

Aprobada la remoción, cesará inmediatamente las funciones del Director
Administrativo, por consiguiente la Mesa Directiva deberá convocar nuevas
elecciones, para culminar el período institucional, dentro de los trenita [sic] (30) días
siguientes o en la semana posterior de iniciadas las sesiones ordinarias.

El Director Administrativo deberá acreditar título profesional y cinco (5) años de
experiencia administrativa de nivel directivo e idoneidad en el manejo de las áreas
administrativas, financiera y de sistemas y tendrá el mismo grado rango y categoría
del Director Administrativo del Senado de la República.

31. De igual forma, el procedimiento para la escogencia de dicho cargo tiene
fundamento en los artículos 136, 137 y 138 de la Ley 5ª de 1992. En estos,
respectivamente, se regula la postulación de candidatos, designación de comisión
escrutadora, votación, llamado a lista y depósito en urna, conteo de votos, entrega
de resultados, declaración del elegido y juramentos, definición de voto en blanco y
nulo, y la citación a la elección.

la expresión "corporaciones públicas" contenida en dicha norma se utiliza por el
constituyente sin distinción, para referirse a aquellos órganos colegiados, compuestos por
miembros elegidos por votación popular. Así lo ha entendido esta Corte, no solamente respecto
del artículo en mención, sino del 134, normas que fueron objeto de modificación por el Acto
legislativo No. 3 de 1995». (Negrillas del original)

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Demandante: Carlos Roberto Mojica Cerquera
Demandado: John Abiud Ramírez Barrientos
director administrativo de la Cámara de
Representantes, período 2022-2024
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00316-00

32. Del material probatorio que reposa en el expediente, se observa que se
expidió una convocatoria para aspirantes al cargo de director administrativo de la
Cámara de Representantes (período 2022-2024), con el siguiente cronograma:

Apertura de convocatoria Miércoles 22 de junio de 2022 a partir de las
2:00 p.m.
Recepción de hojas de vida Se recibirán las hojas de vida con sus
respectivos soportes desde el día 22 de
junio de 2022 a las 2:00 p.m. hasta el día 30
de junio de 2022 a las 5:00 p.m. en el correo
electrónico:
direccionadministrativa22@camara.gov.co
Cierre de inscripciones Jueves 30 de junio de 2022 a las 5:00 P.M.
Presentación de las hojas de Hoja de vida, perfil profesional, fotocopia de
vida la Cédula de ciudadanía, fotocopia de títulos
profesionales, diplomados, seminarios y
otros, certificaciones laborales donde conste
el nombre de la empresa, razón social,
nombre del cargo desempeñado, funciones
y periodo en el cual ejerció el cargo.

Las hojas de vida de los aspirantes deberán
estar debidamente foliadas y soportadas, e
incluir los antecedentes judiciales,
disciplinarios y fiscales; serán recibidas
únicamente en el correo habilitado para la
convocatoria dentro de los términos
establecidos y su publicación será en la
página web www.camara.gov.co link
Comisiones Legales-Acreditación
Documental-Procesos de Acreditación, en el
orden cronológico en que se vayan
radicando
Cierre de la convocatoria Jueves 30 de junio de 2022 a las 5:00 P.M.
Selección y publicación de los Jueves 07 de julio de 2022 a las 5:00 p.m. y
admitidos serán publicados en la página web
www.camara.gov.co link Comisiones
Legales-Acreditación Documental-Procesos
de Acreditación
Peticiones, sugerencias y Serán recibidas el día jueves 07 de julio de
reclamaciones a lista de 2022 a partir de las 6:00 p.m. hasta el
admitidos viernes 08 de julio de 2022 a las 5:00 p.m.
en el correo electrónico
direccionadministrativa22@camara.gov.co

NOTA: Entiéndase que el término máximo
para responder las reclamaciones será
hasta el 14 de julio de 2022 a las 11:50
p.m.
Audiencia pública de admitidos Se realizará de manera presencial el día 14
de julio de 2022, a las 2:00 p.m.

TIEMPO DE INTERVENCIÓN ASPIRANTE:

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Demandado: John Abiud Ramírez Barrientos
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10 minutos.
Audiencia pública de admitidos En aras de garantizar los derechos de los
por reclamaciones aspirantes admitidos con posterioridad a su
reclamación la cual fue favorable, podrán
contar con la oportunidad se ser escuchadas

Audiencia Publica el día 14 de julio de 2022
las 2:00 p.m., o en su defecto el próximo
lunes 18 de julio de 2022 a las 2:00 p.m.,
en las instalaciones del salón Boyacá de la
Cámara de Representantes en la ciudad de
Bogotá D.C., de manera presencial.
TIEMPO DE INTERVENCIÓN ASPIRANTE:
10 minutos.
Elección 20 de julio de 2022.
Nota: este cuadro fue tomado textualmente de los anexos de la demanda. Índice 2 Samai.

33. Por su parte, el día de la elección, se dio lectura del informe de la Comisión
de Acreditación Documental en la plenaria del 21 de julio de 2022, tal como consta
en la gaceta nro. 1046 del 8 de septiembre de 2022. Igualmente, se hicieron las
postulaciones, dentro de las cuales estaba el accionado al cargo de director
administrativo de la Cámara de Representantes.

34. Una vez designados los escrutadores, se abrió la votación para que los
representantes ejercieran su derecho. Culminada dicha etapa, se cerró la votación
que dejó como resultado 181 votos a favor de John Abiud Ramírez Barrientos como
director administrativo de ese cuerpo legislativo. Finalmente, el demandado tomó
posesión y frente al juramento contestó «Yo, John Abiud Ramírez, invocando la
protección de Dios, si juro ante esta Corporación, que representa al pueblo, sostener y
defender la Constitución y las Leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes
del cargo, como Director Administrativo de la Cámara de Representantes».

35. Se concluye que el procedimiento que debía adelantarse por la corporación
pública era el previsto por la Ley 5ª de 1992. En consecuencia, al no observarse
vacío normativo que suponga la aplicación analógica de otras disposiciones, no
resultaba exigible el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018.

4.2. Del requisito de la idoneidad en el manejo de áreas administrativas

36. Por otra parte, el demandante aduce que Jhon Abiud Ramírez Barrientos no
acreditó el cumplimiento del requisito de idoneidad en áreas administrativas
previsto en el parágrafo 1, inciso tercero, del artículo 382 de la Ley 5 de 199231.

37. Al respecto debe advertirse que la disposición en comento exige que quien
se designe para el cargo de director administrativo de la Cámara de
Representantes debe acreditar, además de un título profesional y, cuando menos,
cinco años de experiencia administrativa en cargos de nivel directivo, que cuenta
con «idoneidad en el manejo de las áreas administrativas, financiera y de sistemas»,

31 Adicionado por el artículo 1 de la Ley 1318 de 2009.

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expresión que no se encuentra definida en otra disposición que sirva como
parámetro para establecer el contenido abarcado por ella.

38. Así, el elemento citado constituye un concepto jurídico indeterminado, lo que,
por supuesto, no implica que pueda ignorarse para efectuar la elección en comento,
sino la necesidad de establecer cuál fue la intención del legislador al establecer tal
exigencia para permitir el acceso al empleo público en mención.

39. Para esta Sala, la noción de «idoneidad» debe entenderse conforme al uso
común que, en términos generales, se brinda a dicha expresión, por lo que resulta
pertinente acudir a lo indicado sobre el particular por la Real Academia de la
Lengua Española que la define como la «[c]ualidad de idóneo, adecuado o apropiado
para algo», lo que, en términos de cualificación para el ejercicio de un cargo como el
estudiado, se traduce en la condición que debe probar quien pretende ocuparlo
para garantizar su competencia y la pertinencia de su formación académica y su
experiencia, para el desempeño de las funciones asignadas a este.

40. De tal modo, lo pretendido por el legislador al añadir el requisito en mención
fue establecer que, aun cuando para acceder al cargo se admite cualquier título
profesional y la experiencia administrativa obtenida en cualquier campo, siempre
que se trate del ejercicio de cargos de nivel directivo, debe asegurarse que quien
ocupe el empleo de director administrativo de la Cámara de Representantes cuente
con conocimientos o haya adquirido durante su vida laboral competencias relativas
al manejo de las áreas administrativas, financieras y de sistemas, las cuales deben
reunirse de manera conjunta.

41. Así, no bastará con que se acredite la formación profesional y la experiencia
exigidas para el cargo, sino que deberá verificarse que el aspirante cuente con
elementos que permitan evidenciar que, durante los programas académicos
cursados o durante el desarrollo de su actividad laboral, ha adquirido
conocimientos y prácticas que le hacen idóneo para el desarrollo de las
actividades correspondientes al ejercicio de:

i) Las funciones de índole administrativa correspondientes al cargo;

ii) Las acciones correspondientes al manejo de las finanzas de la corporación
sometidas a su responsabilidad y,

iii) Las competencias relativas a la utilización de los sistemas de información y
comunicaciones utilizados por ésta para el cumplimiento de su misión
constitucional.

42. En el caso concreto se advierte que las afirmaciones expuestas por la parte
demandante se centran en indicar que el incumplimiento del requisito relativo a
contar con idoneidad en el manejo de áreas administrativas obedece a que «el
señor John Abiud Ramírez Barrientos […] tiene múltiples cuestionamientos por los
organismos de control, en razón de su gestión pública, de los cuales han dado cuenta los
medios periodísticos».

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43. Para esta Sala es claro que lo indicado por la parte accionante no se refiere
a que el demandante carezca de competencias suficientes para el desarrollo de las
actividades administrativas correspondientes a su cargo, sino a la existencia de
notas de prensa e investigaciones de índole disciplinaria que, en su criterio, dan
cuenta de que el demandado no habría ejercido adecuada y correctamente
funciones públicas que estuvieron a su cargo en el pasado.

44. Así, las afirmaciones presentadas en la demanda sobre dicho aspecto, en
primer lugar, no guardan relación con el cumplimiento del presupuesto en mención;
y, en segundo término, no se encuentran respaldadas por elementos de prueba que
permitan advertir la existencia de alguna circunstancia que impidiera al demandado
acceder al empleo referenciado.

45. En efecto, tal como se expuso en el auto que negó el decreto de la medida
cautelar de suspensión provisional, las notas de prensa aportadas al proceso por el
accionante «pueden ser apreciad[a]s como pruebas documentales que dan certeza sobre
la existencia de la información, pero no de la veracidad y verosimilitud de su contenido por
cuanto el documento alberga declaraciones y opiniones que necesariamente deben ser
ratificadas ante el juez con todos los requisitos y formalidades».

46. Igualmente, «la captura de pantalla del Sistema de Información Misional -SIM- de
la Procuraduría General de la Nación, […] solo da cuenta de una serie de radicados,
números de casos, dependencias, fechas de radicación, áreas misionales y detalle», sin
que de ellas se desprenda la existencia de una sanción que inhabilitara al
accionado para ocupar el cargo.

47. Por el contrario, de los elementos probatorios aportados al proceso se
advierte que, al momento de la presentación de los documentos correspondientes
por parte de los candidatos a ocupar la Dirección Administrativa de la Cámara de
Representantes, el demandado presentó varios soportes que daban cuenta de la
inexistencia de decisiones de naturaleza fiscal, disciplinaria o penal en su contra32.
Así se desprende del informe de la Comisión de Acreditación y de la Gaceta 1046
del 8 de septiembre de 2022, respectivamente:

Por lo anterior expuesto y una vez efectuado el análisis y el estudio de los
documentos y en mérito de las facultades que establece la Constitución Nacional la
Ley 1318 del 2009 y en especial la Ley 5ª de 1992, establece que los siguientes
aspirantes previa verificación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y
penales, cumplen con los requisitos establecidos ocupar el cargo de Director
Administrativo en la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2024 y
teniendo en cuanta la reclamaciones hechas por los aspirantes a este cargo y
habiendo realizado las debidas subsanaciones a la misma, se procede a acreditar las
siguientes personas:

[…]

John Abiud Ramírez Barrientos.

[…]

32 Índice 30 SAMAI. Archivo: Memorial y anexos(.zip) NroActua 30 – JOHN ABUID HDV jun. Págs.

73-76.

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48. Pese a lo anterior, la Sala verificará el requisito de idoneidad en discusión, a
partir de los parámetros esbozados en líneas anteriores en punto a esta exigencia
legal. Frente a esto, se advierte que los antecedentes administrativos allegados por
la Cámara de Representantes no dan cuenta de cuáles fueron los documentos y
certificaciones que se tomaron en consideración para tener por acreditado el
requisito de idoneidad en las áreas administrativas, financieras y de sistemas, que
debía cumplir el demandado para ocupar el cargo.

49. Dichos antecedentes se allegaron al proceso33 y se le corrió traslado a las
partes para que se pronunciaran frente a estos34, sin embargo, el demandante no
se manifestó, pese a que tenía la carga de pronunciarse35 con el fin de advertir al
despacho conductor que la entidad requerida no allegó los soportes que el
accionado presentó para participar en la convocatoria.

50. Así las cosas, con el fin de verificar sí el demandado cumplió con el requisito
de idoneidad cuestionado, la Sala tendrá en cuenta el informe rendido por la
Comisión de Acreditación y la Gaceta que contiene el acto de elección, allegados
dentro de los antecedentes administrativos, ´pruebas de las cuales se infiere que el
demandado sí allegó una documentación a la convocatoria, la cual, si bien no está
identificada y delimitada en dichos actos, sirvió de sustento a la Comisión y a la
plenaria de la Cámara de Representantes para dar por acreditado los requisitos
constitucionales y legales para ocupar el cargo de Director Administrativo de la
enunciada Corporación. En ese orden, la gaceta valorada evidenció lo siguiente:

Constancia Secretarial, el listado final de admitidos al cargo de Director
Administrativo de la Cámara de Representantes para el período 2022-2024, una vez
estudiadas las hojas de vida a cargo de Director Administrativo de la Cámara de
Representantes para el periodo 2022 2024 según el Acta número 024 del 5 de julio
de 2022 y de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 1°
de la Ley 1318 del 2009, por la cual se modifica la Ley 5ª de 1992, establece que el
Director Administrativo de la corporación será elegido por la Plenaria de la Cámara
de Representantes por un periodo de 2 años, previa inscripción de los candidatos
ante la Comisión de Acreditación Documental, que verificará el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el cargo.

Igualmente, el inciso tercero del artículo 60 de la Ley 5ª de 1992, establece quien
aspira al cargo de Director Administrativo deberá registrar título profesional y 5 años
de experiencia a nivel directivo e idóneo en el manejo de las áreas administrativas,
financieras y de sistemas.

Por lo anterior expuesto y una vez efectuado el análisis y el estudio de los
documentos y en mérito de las facultades que establece la Constitución Nacional la
Ley 1318 del 2009 y en especial la Ley 5ª de 1992, establece que los siguientes
aspirantes previa verificación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales,
cumplen con los requisitos establecidos ocupar el cargo de Director Administrativo
en la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2024 y teniendo en cuanta

33 Índice 60 SAMAI
34 Índice 61 SAMAI. El traslado corrió desde el 14 al 18 de abril de 2023.
35 Del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del CPACA -
artículo 211- se desprende que «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]».

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[sic] la reclamaciones hechas por los aspirantes a este cargo y habiendo realizado las
debidas subsanaciones a la misma, se procede a acreditar las siguientes personas:

Diana Marcela Morales Rojas.
Yury Yaneth Riascos Díaz.
Fabián Leonardo Mendoza Rangel.
Carlos Francisco Toledo Flórez.
Ávila Hernández Raúl Enrique.
Donoso Rincón Luis Alberto.
Esperanza del Carmen Marín Sierra.
John Abiud Ramírez Barrientos.
Mauricio Eduardo Burbano Rurales.
Eduardo José Tous de la Ossa.
Albeiro Malaver Echeverría.
Luis Jesús García Flórez.
Lizeth Daniela Murcia Rincón.
Sonia Arango Medina.
Stella María Márquez Verbel.
Sergio Isnardo Muñoz Villareal.
Miguel Ángel Sánchez Vásquez.
Yenny Andrea Quintero Herrera.
Alexander Rincón Hernández

51. En todo caso, en gracia de discusión, en el expediente obran certificaciones
y otros documentos aportados por la parte demandada que, a su juicio, dan cuenta
que sí cumple con el requisito exigido por el parágrafo 1 del artículo 382 de la Ley 5
de 1992, elementos probatorios que no fueron objeto de algún cuestionamiento por
la parte actora.

52. En dicho escenario, la Sala encuentra que las pruebas documentales36
aportadas evidencian que el señor John Abiud Ramírez tiene conocimientos
relativos a las áreas administrativas, financieras y de sistemas, entre los que se
destacan, específicamente, la experiencia adquirida como director administrativo de
la Cámara en el período inmediatamente anterior:

36 Índice SAMAI nro. 30. Archivo: Memorial y anexos(.zip) NroActua 30 – JOHN ABUID HDV jun.

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Diploma obtenido en el énfasis en administración de empresas otorgado por la Universidad Santo
Tomás

Diploma obtenido en gestión presupuestal conferido por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

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Representantes, período 2022-2024
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Certificación de funciones desempeñadas como director administrativo de la Cámara de
Representantes

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Representantes, período 2022-2024
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Diploma en innovación en el sector público otorgado por la Escuela Superior de Administración
Pública - ESAP

53. Con fundamento en los documentos antes presentados, se tiene que el
demandado ha participado en diferentes cursos y ha ejercido funciones que le han
permitido adquirir competencias y conocimientos que le hacen idóneo «en el manejo
de las áreas administrativas, financiera y de sistemas».

54. En similar sentido se expresó la Cámara de Representantes al referirse a los
motivos por los que, tras el correspondiente estudio de las hojas de vida de los
postulados, la Comisión de Acreditación Documental de esa corporación determinó
la integración de la lista final de candidatos para la elección de su director
administrativo, tal como se reseñó anteriormente.

55. En atención a lo señalado, la Sala encuentra que no se presentó
incumplimiento alguno respecto del requisito en mención; por el contrario, se
demostró que la Cámara de Representantes eligió al demandado porque acreditó
los requisitos del parágrafo 1 del artículo 382 de la Ley 5 de 1992, tal como lo
sustentó en la Gaceta 1046 del 8 de septiembre de 2022, previo informe de la
Comisión de Acreditación Documental de dicha Corporación. Por tal razón, se
negarán las pretensiones de la demanda.

5. Reconocimiento de personería

56. María Isabel Carrillo Hinojosa, actuando en calidad de jefe de la división
jurídica de la Cámara de Representantes, otorgó poder37 al abogado Benicio
Echeverry Pinzón, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 79277460 y tarjeta
profesional nro. 99772 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que

37 Índice 63 Samai.

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Representantes, período 2022-2024
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actúe en nombre y representación judicial de la Cámara de Representantes. En ese
sentido, hubo una revocatoria implícita del poder que se otorgó y reconoció como
tal, mediante auto del 3 de noviembre de 202238, al profesional Andrés Felipe Ruiz
Rivera39.

57. En consecuencia y ante el cumplimiento de las exigencias señaladas en la
ley, se reconocerá personería a Benicio Echeverry Pinzón en los términos del
mandato que obra en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: Niéguese las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Archívese el expediente una vez quede en firme el fallo.

TERCERO: Reconózcase personería al abogado Benicio Echeverry Pinzón como
apoderado judicial de la Cámara de Representantes, en los términos del poder
otorgado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Aclara voto

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclara voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

38 Índice 15 Samai.
39 Artículo 76 del Código General del Proceso.

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