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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00171-00

Fecha
19 de enero de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00171-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00171-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

19 de enero de 2023

Demandantes: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Demandado: subsecretario general del Senado de la República
Rad: 11001-03-28-000-2022-00171-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00171-00
Demandantes: JUAN PABLO ALVIS ANDRADE Y OTROS
Demandado: SAÚL CRUZ BONILLA, SUBSECRETARIO GENERAL DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA

Temas: Alcance del inciso 4 del artículo 126 de la Constitución Política y
aplicación del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la demanda presentada por los señores Juan Pablo Alvis
Andrade, Juan David Díaz Orozco y Juan Mateo Lozano Guarnizo, en nombre
propio, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el
artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, contra la elección del señor Saúl Cruz Bonilla, como subsecretario
general del Senado de la República para el periodo 2022-2026, contenida en el
Acta 01 del 20 de julio de 2022 de la sesión plenaria de dicha corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

La parte actora solicitó puntualmente lo siguiente:

“1. Que se declare la nulidad del acto administrativo por el cual el Senado de la
República eligió como su Subsecretario General a Saúl Cruz Bonilla el 20 de julio de
2022.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Senado de la República la
repetición de todo el procedimiento para elegir a su Subsecretario General de
conformidad con la Ley 1904 de 2018”.

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Demandantes: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Demandado: subsecretario general del Senado de la República
Rad: 11001-03-28-000-2022-00171-00

Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

Señalaron que el 16 de junio de 2022, el presidente del Senado de la República,
Juan Diego Gómez Jiménez, expidió convocatoria pública para recibir
postulaciones de aspirantes a secretario y subsecretario general del Senado, entre
otros. Que entre el viernes 17 de junio y el martes 21 de junio de 2022, estuvieron
abiertas las inscripciones para inscribirse en los cargos mencionados.

Destacaron que el 22 de junio de 2022, la Comisión de Acreditación Documental
del Senado de la República inició, en el marco de su competencia, la revisión de
las calidades de los candidatos de cara a determinar quiénes cumplían con los
requisitos para ejercer los cargos a los que se postularon.

Anotaron que el 27 de junio de 2022, la comisión en comento publicó la lista de
aspirantes acreditados para las dignidades referidas. Que el 20 de julio de 2022 se
llevó a cabo la sesión para la elección del subsecretario general del Senado. En
dicha sesión fue elegido y posesionado el señor Saúl Cruz Bonilla como nuevo
subsecretario general del Senado.

Manifestaron que a lo largo del proceso de elección no se llevaron a cabo pruebas
de conocimiento, tampoco se fijaron criterios de mérito para conformar la lista de
elegibles, ni se entrevistaron a los aspirantes al cargo.

Precisaron que el 28 de julio de 2022 presentaron derecho de petición ante la
Secretaría General del Senado solicitando copia simple de la resolución por medio
de la cual fue nombrado Saúl Cruz Bonilla como subsecretario general del Senado
y del acta de la sesión en la que fue elegido.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Argumentaron que el acto mediante el cual el Senado de la República eligió su
subsecretario general a Saúl Cruz Bonilla, el 20 de julio de 2022, viola el
parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 que dispone:

“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regula las demás
elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo
establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley
se aplicará por analogía. Para el caso de la elección de los secretarios de los concejos
municipales de entidades territoriales de categorías 4a, 5a y 6a y con el fin de preservar
sus finanzas territoriales, no se aplicará lo dispuesto en el presente parágrafo transitorio”.

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Comentaron que según el inciso 4 del artículo 126 de la Constitución Política,
“salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a
corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la
ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de
mérito para su selección”.

Explicaron que, en cumplimiento de este inciso de la Constitución, el Congreso de
la República expidió la Ley 1904 de 2018 que, aunque establece las reglas de la
convocatoria pública previa a la elección del contralor general de la República,
mediante el parágrafo transitorio del artículo 12 dispuso que en las demás
elecciones de servidores públicos atribuidas a corporaciones públicas, que no
hayan sido reguladas por la ley, aplican por analogía los requisitos y
procedimientos de la convocatoria pública para elegir dicho servidor público.

Mencionaron que la Ley 1904 de 2018 es aplicable a la elección del subsecretario
general del Senado, puesto que este es un servidor público (art. 384, Ley 5/1992)
elegido por una corporación pública, como lo es el Congreso, cuyo procedimiento
de elección no está a la fecha regulado por la ley. Afirmaron que, pese a que el
artículo 49 de la Ley 5 de 1992 menciona que corresponde a cada cámara elegir
al subsecretario general, no se regula el procedimiento para tal fin, ni en esa ni en
ninguna otra norma de rango legal.

Establecieron que la elección demandada reúne los requisitos que prevé el
parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 para que el
procedimiento consagrado en dicha ley le sea aplicable. El trámite se regula en el
artículo 6 de la normativa en comento, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 6o. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. El proceso para la elección
del Contralor General de la República tendrá obligatoriamente las siguientes etapas:

1. La convocatoria.
2. La inscripción.
3. Lista de elegidos.
4. Pruebas.
5. Criterios de selección.
6. Entrevista.
7. La conformación de la lista de seleccionados, y
8. Elección”.

Anotaron que en el procedimiento para elegir a su subsecretario general, el
Senado en efecto realizó una convocatoria pública, pero esta no observó varios
de los requisitos que establece la Ley 1904 de 2018. En primer lugar, no se
publicó con la anterioridad de 2 meses al 20 de julio de 2022, lapso en el que

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inició la primera legislatura, como lo exige el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018.
Tan solo fue publicada, según consta en la prueba 1 aportada con la demanda, el
16 de junio de 2022, es decir, 34 días calendario antes del 20 de julio de 2022. En
segundo lugar, porque no se designó una institución de educación superior y con
acreditación de alta calidad para que adelantara ciertas etapas de la convocatoria,
tal y como lo exige la Ley 1904 de 2018. Y, en tercer lugar, porque la obligación
de incluir la información de los literales a), b), e) y g) del citado artículo 6 1 de la
referida ley se incumple al no aparecer en la invitación pública.

Mencionaron que la etapa de la inscripción también se aparta de los mandatos de
la Ley 1904 de 2018. Señalaron que en esta fase la ley establece que “ La
publicación de la convocatoria deberá efectuarse con no menos de diez (10) días
calendario antes del inicio de la fecha de inscripciones (…)” (art. 6, num. 2, inc. 2, Ley
1904/2018). Lo que ocurrió fue que la convocatoria se publicó el jueves 16 de
junio de 2022 y mediante esta se fijó que la apertura de las inscripciones
empezaría el viernes 17 de junio de 2022, es decir, solo 1 día después de haber
sido divulgada.

Destacaron que, por otro lado, la etapa de las pruebas y los criterios de selección
ni siquiera se llevó a cabo. Ello por cuanto la convocatoria no incluyó entre sus
fases los exámenes de conocimiento a los candidatos, ni tampoco estableció
como criterios de selección los resultados de aquellos, la formación profesional o
la experiencia de los aspirantes. Esto último se evidencia en el Informe de la
Comisión de Acreditación Documental del Senado de la República (prueba 4 de la
demanda), en el que se cita la normatividad vigente relativa a los requisitos para
desempeñar los cargos para los que se dispuso la convocatoria pública. Para
secretario y subsecretario general del Senado se señalan los artículos 46 y 49 de
la Ley 5 de 1992, que ordenan que quienes los ocupen deben reunir las mismas
calidades para ser miembro de la respectiva corporación.

1 ARTÍCULO 6. Etapas del Proceso de Selección:

El proceso para la elección del Contralor General de la República tendrá obligatoriamente las
siguientes etapas:

1. Convocatoria. (…)

En la misma se designará la entidad encargada de adelantar la convocatoria pública y deberá
contener como mínimo la siguiente información:

a) los factores que habrán de evaluarse,

b) los criterios de ponderación que aseguren el acceso en igualdad de oportunidades a los
aspirantes,

(…) e) fecha, hora y lugar de las pruebas de conocimiento,

(…) g) fecha, hora y lugar de la entrevista,

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Resaltaron que, en el caso del subsecretario general del Senado, debe reunir los
requisitos para ser senador, estos son, según el artículo 172 de la Constitución
Política, ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30
años. Ese es el único criterio que empleó la Comisión de Acreditación Documental
para determinar cuáles de los aspirantes cumplían los requisitos para ejercer el
cargo, transgrediendo así el mandato meritocrático que busca imprimir la Ley
1904 de 2018 en los procesos de elección de servidores públicos por parte de
corporaciones públicas.

Expusieron que el procedimiento de elección que se menciona puede ser regulado
a través de una ley ordinaria, dado que corresponde a un asunto administrativo
externo a la reglamentación de la actividad legislativa que desempeñan el Senado
y la Cámara de Representantes. Así, el rango de ley ordinaria de la Ley 1904 de
2018 es el idóneo para regular el procedimiento de elección de los secretarios y
subsecretarios del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

2. Actuación procesal

Mediante auto del 8 de septiembre de 2022, se admitió la demanda, se negó la
suspensión provisional de los efectos del acto acusado y se ordenó la notificación
personal de dicha providencia a los demandados y demás interesados, en los
términos del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

2.1 Contestaciones

2.1.1 Saúl Cruz Bonilla, subsecretario del Senado de la República

Mediante apoderada, el demandado intervino en los siguientes términos:

Precisó que, de conformidad con lo previsto por el artículo 49 de la Ley 5ª de
1992, Estatuto Orgánico del Congreso de la República, el subsecretario es el
funcionario que sigue en jerarquía al secretario general de cada cámara (en este
evento, del Senado de la República), y quien tiene la vocación de reemplazarlo en
el receso de la Corporación y en caso de vacancias temporales. Sobre su
elección, se dispone que será elegido por la respectiva cámara y que “deberá
reunir las mismas calidades exigidas para ser Secretario General”. Por ello y en virtud
de tales mandatos, toda referencia que se haga a requisitos, exigencias,
procedimientos de elección, inhabilidades, incompatibilidades, etc., al secretario
general del Senado de la República, resulta imperativamente aplicable a este
servidor público.

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Aseguró que la Ley 1904 de 2018 no debe extenderse por analogía a la elección
del secretario general del Senado de la República y, por ende, tampoco al
subsecretario de esa cámara alta.

Puntualizó que el objeto de la ley de convocatorias públicas anunciada en el
artículo 126 de la Constitución es la fijación de dos aspectos particulares: (i)
requisitos y (ii) procedimientos. Estos elementos deben estar imbuidos de un
componente teleológico orientado a la satisfacción de los principios que allí se
señalan: publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y
criterios de mérito.

Señaló que podría decirse que para las designaciones, en general, hasta la
expedición de la Ley 1904 de 2018 hubo un vacío legal absoluto sobre la materia.
Sin embargo, tal preceptiva no cumplió a plenitud el encargo constitucional, pues
concentró sus esfuerzos en la convocatoria pública que precede a la elección del
contralor general de la República. No obstante, en el parágrafo transitorio del
artículo 12 de dicha normativa se hizo extensivo por “analogía” a las distintas
“elecciones” atribuidas a corporaciones públicas.

Expuso que la remisión efectuada en el parágrafo transitorio del artículo 12 de la
Ley 1904 de 2018 tiene la pretensión de ser una analogía legis, porque contiene
un grupo específico de parámetros, cuya aplicación procura en otras elecciones
de servidores públicos efectuadas por corporaciones públicas. Ahora, de
estimarse que se trata de una analogía iuris, su efecto sería superfluo, pues para
extraer los principios aplicables a la convocatoria bastaría remitirse a lo señalado
en el inciso 4º del artículo 126 de la Constitución Política.

Destacó que en el caso de la referencia, no se dan las condiciones que permitan
la extrapolación exigida por los demandantes. Ello, por cuanto no hay vacío
normativo frente al procedimiento de elección del secretario del Senado y, por
tanto, tampoco del subsecretario de esa Corporación. Además, no hay similitud
con la del contralor general de la República.

Anotó que la Ley 5ª de 1992 contiene previsiones explícitas en relación con la
elección del secretario general, a quien –se insiste– reemplaza el subsecretario y
le resultan aplicables las mismas exigencias y procedimiento eleccionario,
previstas en los artículos 46 y 136.

Alegó que los citados artículos señalan el período, la fecha de inicio, las
calidades, requisitos y prohibiciones del cargo, así como la forma en que debe
surtirse la elección. En suma, hay una precisión de los “requisitos” y
“procedimientos” en una ley especial, que además es de superior jerarquía, que
impide la analogía reclamada por los demandantes. Además, la Ley 1904 de 2018

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no derogó –y no podía hacerlo por ser ley ordinaria– ni expresa ni tácitamente la
Ley 5ª de 1992.

Sostuvo que no cabe duda de que la Ley 5ª de 1992 cumple con la indicación de
las circunstancias o condiciones necesarias para la elección, así como con las
etapas que deben surtirse desde la postulación hasta la escogencia de la
aspiración triunfante, las cuales, afirmó, se potenciaron en el caso del trámite de
elección del subsecretario del Senado, por medio de la convocatoria pública,
norma imperativa del procedimiento electoral en cuestión.

Mencionó que el cumplimiento de los principios del cuarto inciso del artículo 126
de la Constitución es un asunto que debe evaluarse tomando en consideración las
particularidades de cada caso. Sin embargo, aunque no es eso lo que cuestionan
los demandantes, sino el que no se haya elegido al subsecretario del Senado de
la misma forma en que se elige al contralor general de la República, es menester
precisar que la actuación que precedió a la designación del aquí demandado logró
reflejar todos y cada uno de los principios constitucionales.

Explicó que la diferencia de lo que ocurre con el contralor, para el caso del
secretario –y por contera para el subsecretario– del Senado, es que no se facultó
al legislador para condicionar el acceso al cargo público. Indicó que cuando la
Constitución Política define los requisitos de un cargo, le está vedado al legislador
imponer otros, so pena de desconocer la Carta Política. Es una regla elemental de
jerarquización, que deviene del principio de supremacía constitucional. Sin
embargo, hay casos en los que, a pesar de mediar tal ejercicio de delimitación, la
Carta Política otorga la facultad al legislador para complementar tales exigencias.
Es precisamente eso lo que ocurre con el contralor general de la República.

Precisó que no sucede lo mismo con el cargo de secretario del Senado y por lo
mismo, tampoco para el de subsecretario de esa corporación. Ello hace que sea
relativamente limitada la evaluación del artículo 135.2 de la referida ley 5, que
solo dice que corresponde a la respectiva corporación: “2. Elegir a su Secretario
General, para períodos de dos años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir
las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara”. Por lo
tanto, anotó, la norma es cerrada, de modo que los requisitos son, en este caso:
los mismos que se piden al secretario general, a quien se le exigen los de un
senador. No hay en la disposición transcrita una expresión del tipo “y las demás
que exija la ley”, como quedó sentado para el contralor general.

Agregó que lo anterior quiere decir que no se pueden agregar niveles de dificultad
para el acceso al cargo, porque para este no se habilitó cláusula de rigor
subsidiario, que permitiera endurecer las exigencias traídas por la propia
Constitución.

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Argumentó que existe una marcada diferencia en la delimitación de los requisitos
para el cargo de contralor general de la República, en contraste con las de
secretario general de alguna de las cámaras del Congreso, aplicables por
remisión al subsecretario. Así, el primero responde a un marco constitucional
abierto y susceptible de ser completado, con exigencias que ameriten nuevas
formas de validación y verificación, como las que trae la Ley 1904 de 2018.
Mientras tanto, el segundo corresponde a un enunciado completo y cerrado, que
resulta incompatible con la idea de agravar las condiciones de acceso. Por ende,
el trámite electoral y su convocatoria deben ser coherentes con la corroboración
de lo exigido al colombiano que pretende ser congresista, en este caso, senador
de la República.

Comentó que, si bien es cierto que hay una cláusula general de competencia que
se desarrolla a través de la ley, también lo es que la hermenéutica constitucional
impone respetar ciertos límites que permiten salvaguardar su arquitectura. De
modo que, cuando la Constitución cierra el perfil de un cargo, no le es dable al
legislador enmendarlo, ni disponer todas las dificultades adjetivas que derivan del
eventual cambio de estándar.

Manifestó que, aun cuando puede resultar plausible que la elección del contralor
esté precedida por una serie de rigurosas etapas, que comprenden pruebas de
conocimientos y entrevistas, no ocurre lo mismo en el caso del subsecretario del
Senado, a quien le son aplicables las disposiciones relacionadas con el secretario
general. Ello, por cuanto a aquel lo único que le exige el Constituyente es cumplir
con los mismos requisitos que se predican de un congresista (para ser senador:
colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años al
momento de la elección, artículo 172 C.P.). De tal forma que la complejidad que
entienden los demandantes y que en su parecer debería imprimirse al proceso,
repercute en un mayor grado de exigencia para el acceso al cargo, que desborda
la norma constitucional.

En síntesis, afirmó que no es posible la pretendida analogía porque la elección del
subsecretario del Senado se encuentra desarrollada en la Ley 5ª de 1992 de
forma especial y excluyente –al ser la misma que la que corresponde a la de
secretario general–, mediante los requisitos y procedimientos pertinentes, y
porque no existe semejanza jurídica alguna con la elección del contralor. Además,
debe considerarse que los plazos de elección, el rigor subsidiario frente a la
definición del perfil y los criterios a evaluar son diferentes entre uno y otro, según
se explicó, máxime cuando la convocatoria puntualmente examinada fue
respetuosa de los principios señalados en el cuarto inciso del artículo 126 de la
Constitución Política.

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Destacó que en el análisis de esta “actividad legislativa”, el cargo de secretario
general –a quien reemplaza constantemente en sus ausencias temporales y en
época de receso del Congreso, el subsecretario– no es un mero cargo de
adscripción técnica o administrativa. Su labor, que para algunos puede ser
considerada como de apoyo, es imprescindible en el proceso de producción
normativa. Por ende, amerita que lo relacionado con este cargo, en especial la
forma de vinculación, respete la mencionada reserva de ley orgánica, que en lo
que concierne al caso concreto, se encuentra desarrollada por la Ley 5ª de 1992.

Apuntó que la actividad del aquí demandado está estrechamente vinculada al
objeto misional de la corporación pública a la que sirve y, por ende, cualquier
alteración en la forma en la que se prevén sus condiciones de acceso al cargo
deben ser determinadas, en primera medida por vía de reforma constitucional o a
través del mecanismo legislativo dispuesto en el artículo 151 Superior. Así las
cosas, bajo la reserva de ley orgánica se descarta que la elección acusada
debiera atender la literalidad de las reglas dispuestas para la elección del
contralor general de la República.

Indicó que, en todo caso, al momento de evaluar, la Comisión de Acreditación
Documental tomó en consideración el cumplimiento de las exigencias
constitucionales y legales para el cargo, sin establecer ningún tipo de
discriminación, pues se trató de un proceso abierto a la ciudadanía, en el que
cualquiera que se considerase cumplidor de las exigencias del empleo podía
postular su hoja de vida.

Concluyó que el mérito de cada aspirante es un asunto que corresponde a la
sindéresis de cada uno de los congresistas llamados a depositar su voto en favor
de una determinada candidatura, pues se parte de la rectitud y buen juicio, así
como de la legitimidad derivada de la elección popular de aquellos al momento de
evaluar las hojas de vida. Por tanto, el hecho de que no exista una prueba escrita
no significa que no se tenga en cuenta el mérito de cada aspirante, pues es un
atributo implícito en el voto del parlamentario, respecto del cual se presume la
razón del servicio en cada uno de sus actos. Lo cual debe sopesarse con el hecho
de que la evaluación no puede desconocer que la Constitución solo exige: la
nacionalidad, el cumplimiento de la ciudadanía y la edad respectiva.

2.1.2 Senado de la República

La entidad se limitó a remitir los antecedentes que dieron lugar al acto de elección
demandado, así como la gaceta en la que se encuentra publicado.

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3. Fijación del litigio

A través de proveído del 4 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador
advirtió que en este caso era posible dictar sentencia anticipada, de conformidad
con lo establecido en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anterior, en la providencia mencionada, procedió a decretar e incorporar las
pruebas documentales aportadas y a fijar el litigio en los siguientes términos:

“Con base en los argumentos esbozados en la demanda y su contestación, se
advierte que en este caso se debe establecer si hay lugar a declarar o no la
nulidad de la elección del subsecretario general del Senado de la República,
contenida en el Acta 001 del 20 de julio de 2022.

Para el efecto se debe determinar si la elección demandada incurrió en la
causal de infracción de norma superior en que debía fundarse el acto. Para
ello, deberá constatarse si el procedimiento efectuado para la elección
demandada desconoció el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904
de 2018 al no seguir, como este ordena, el procedimiento reglado para elegir a
un servidor público por parte de una corporación pública.

Ello con fundamento en que, para la parte actora, la Ley 1904 de 2018 es
aplicable a la elección del subsecretario general del Senado puesto que este
es un servidor público (art. 384, Ley 5/1992) elegido por una corporación
pública, como lo es el Congreso (aun cuando la elección en este caso la hizo
solo el Senado), cuyo procedimiento de elección, según los accionantes
afirman, no está a la fecha regulado por la ley. En tales condiciones, deberá
determinarse si en el procedimiento para elegir al subsecretario general, el
Senado realizó una convocatoria pública sin el lleno de los requisitos que
establece la Ley 1904 de 2018”.

Por último, se corrió traslado a las partes para presentar escrito de alegatos de
conclusión por el término común de diez (10) días, dentro del cual la señora
agente del Ministerio Público podría presentar el concepto respectivo.

4. Alegatos de conclusión

4.1. Parte demandante

Efectuaron un recuento de las actuaciones surtidas a lo largo del proceso para
resaltar la fijación del litigio y los argumentos que, conforme a la demanda y el
escrito mediante el cual se “descorrió el traslado de las excepciones de mérito”,
demuestran el desconocimiento del parágrafo del artículo 12 de la Ley 1904 de
2018.

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Mencionaron que el Ministerio Público afirmó en la oportunidad procesal para
pronunciarse sobre la medida cautelar, que la remisión normativa del parágrafo no
cobijaría la elección del subsecretario general del Senado por resultar a cargo del
Senado de la República y no del Congreso en pleno como corporación pública.
Por lo tanto, el agente del Ministerio Público considera y afirma que la elección del
demandado se ajustó a los parámetros legales y no debió cumplir el procedimiento
regulado por la Ley 1904 de 2018. No obstante, argumentaron que la valoración
hermenéutica en comento resulta equivocada, al menos, por tres razones: i) la
definición de corporaciones públicas que hace la Corte Constitucional (C-518 de
2007) cubre y describe la naturaleza del Senado de la República y de la Cámara
de Representantes; ii) la Constitución Política de Colombia de 1991 (arts. 143 y
263 A) reconoce en varias ocasiones a cada una de las cámaras del Congreso de
la República como corporaciones públicas autónomas; y iii) la Ley 5 de 1992
(reglamento del Congreso, arts. 30, 38 y 48) hace lo propio.

4.2. Parte demandada

4.2.1 Saúl Cruz Bonilla – subsecretario del Senado de la República

Reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda e insistió que
la elección del subsecretario del Senado de la República se encuentra regulada en
la Ley 5 de 1992, razón por la cual no es posible aplicar analógicamente la Ley
1904 de 2018, que prevé el procedimiento para la elección del contralor general de
la República.

Insistió en que la Ley 1904 de 2018 no derogó expresa ni tácitamente el contenido
de la Ley 5ª de 1992, como tampoco podía hacerlo, al ser ésta de tipo orgánico y
aquella ordinaria. Igualmente, no lo hizo la Ley 2200 de 2022, que sí tenía la
calidad de la Ley 5 de 1992.

Señaló que, contrario a lo que argumentan los actores, el cargo de subsecretario
general no es netamente técnico y administrativo, sino que constituye una labor
imprescindible dentro del trámite de producción normativa que cumple el
legislador. De manera que su designación es de reserva de ley orgánica y, por lo
mismo, se encuentra desarrollado en la Ley 5ª de 1992 (la que se insiste, se aplicó
estrictamente y en debida forma).

5. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante esta Corporación rindió concepto en los
siguientes términos:

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Demandado: subsecretario general del Senado de la República
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Expuso que la convocatoria pública que fue elevada a norma constitucional en la
reforma política de 2015, mediante el Acto Legislativo 02, es un medio o sistema
para proveer aquellos cargos que no son de carrera y que corresponde por
disposición constitucional o legal, surtir a las corporaciones públicas. Lo cual es
congruente con lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018 en el parágrafo transitorio del
artículo 12, en el sentido de que, “Mientras el Congreso de la República regula las
demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas
conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la
presente ley se aplicará por analogía”.

Mencionó que las pautas de la Ley 1904 de 2018 se aplican en todas las
elecciones que deban realizar las corporaciones públicas de los diferentes
servidores, sin distinción alguna, salvo que tengan regulación especial. Se deben
destacar las etapas del proceso de selección dispuestas en el artículo 6; esto es,
que se deben utilizar como imperativas las siguientes fases: la convocatoria, la
inscripción, la lista de elegidos, las pruebas, criterios de selección, entrevista, la
conformación de la lista de seleccionados y la elección.

Sustentó que, en relación con la situación bajo análisis y la interpretación que
remarca el positivismo normativista, en su oportunidad, durante el traslado de la
medida cautelar, advirtió que este asunto presenta dos alternativas posibles. Por
un lado, al no existir regulación expresa sobre la forma, las etapas y los criterios
de selección del subsecretario general del Senado de la República, se debe
proceder con lo dispuesto en lo señalado en los artículos 12 –parágrafo
transitorio– y 6 de la Ley 1904 de 2018, en consonancia con el 126 constitucional.
En principio, se advertiría que la convocatoria del 16 de junio de 2022, publicada
para elegir al demandado el 20 de julio de 2022, desconoció las etapas de
pruebas –conocimiento–, entrevista, criterios de selección y conformación de lista,
las cuales devenían en imperativas, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo
transitorio del artículo 12 y el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018. Lo cual
conllevaría a la existencia de un flagrante desconocimiento de la norma superior
en el acto de elección de Saúl Cruz Bonilla como subsecretario general del
Senado de la República.

Por otro lado, afirmó que la segunda posibilidad parte de complejizar el concepto
de “corporación pública” relacionado en el parágrafo transitorio mencionado. Se
advierte que la remisión por analogía impone como criterio imperativo “ El proceso
para la elección del Contralor General de la República” de la Ley 1904 de 2018, lo que
implica que se trata de la referencia directa a una elección por parte del Congreso
de la República en pleno, esto es, de toda la corporación pública, no de una de
las dos cámaras: Senado o Cámara de Representantes. Por tanto, una valoración
de hermenéutica primaria permite considerar que la remisión del parágrafo
transitorio, en relación con “elecciones de servidores públicos atribuidas a las

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corporaciones públicas”, tratándose del legislador, abarca solo aquellas que realice
el Congreso en pleno, según lo dispuesto en los artículos 205, 257-A 15 y 264 de
la Constitución Política y el artículo 20 de la Ley 5 de 1992.

Anotó que, no obstante y teniendo en cuenta la providencia mediante la cual esta
Sala de Decisión resolvió la solicitud de suspensión provisional de los efectos del
acto de elección demandado, es posible zanjar la discusión válidamente, al
encontrarse que la elección del subsecretario del Senado de la República está
regulada en la Ley 5 de 1992 y que la convocatoria que dio lugar a su selección se
enmarcaría en los postulados del inciso cuarto del artículo 126 constitucional. Esto
es, que la designación estuvo precedida de una convocatoria pública en la que se
fijaron los requisitos y procedimientos que garantizaron los principios de
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios
de mérito, según lo regulado en la ley.

Apuntó que la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU- 115 de
2019, luego de hacer ponderación de principios, dejó claro que al existir dos
lecturas posibles de una norma o varias, “en atención a los principios pro homine, pro
libertatis y de favorabilidad, se debe escoger la opción interpretativa menos restrictiva
posible y que haga efectivos los postulados superiores en la mayor medida posible”.
Criterio que resulta aplicable al presente asunto, por cuanto existen al menos dos
interpretaciones posibles sobre la aplicación de lo consignado en el parágrafo
transitorio del artículo 12 y el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, así como de lo
contemplado en el artículo 136 la Ley 5 de 1992, en relación con el inciso 4 del
artículo 126 constitucional, lo que impone bajo los principios “pro homine, pro
libertatis y de favorabilidad”, acoger aquella que resulte menos restrictiva para el
acceso al cargo público, como garantía de la participación democrática en la
función pública.

Anotó que, sin perjuicio de lo anterior, sería conveniente que la Sala resolviera
algunas inquietudes en torno al problema jurídico suscitado en esta oportunidad: i)
¿El procedimiento consignado en el artículo 136 la Ley 5 de 1992 evoca criterios
de mérito en los términos del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018 que se reclama
como aplicación?, ii) ¿Se puede concebir que el artículo 136 de la Ley 5 de 1992
es consonante con la parte introductoria del inciso 4 del artículo 126 constitucional,
cuando señala “Salvo los concursos regulados por la ley…”?, iii) ¿la mera sujeción
a un proceso de votación se enmarca en un proceso de mérito? y iv) ¿en el caso
de requerirse una ley para regular el concurso o convocatoria, en tratándose de
las designaciones que haga el Congreso de la República en los términos del
artículo 126 constitucional, esta debe ser orgánica?

En suma, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

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En consecuencia, surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó
con la observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y, por lo tanto,
sin que obre causal de nulidad que afecte la actuación, procede la Sección Quinta
del Consejo de Estado a resolver, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en única instancia de la presente demanda
de nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación3.

2. El acto acusado

El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es el Acta 01 del
Senado de la República del 20 de julio de 2022, publicada en la Gaceta del
Congreso del 8 de agosto de 2022, identificada con la serie 894, que contiene la
elección del señor Saúl Cruz Bonilla como subsecretario general de dicha cámara
alta.

3. Problema Jurídico

2
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. “El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales,
con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes
asuntos:

(…) 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus
comisiones (…).
3 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1° del

Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003)

Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus
secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

Sección Quinta:

(…)

3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.

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La controversia en este proceso está circunscrita a determinar, de acuerdo con la
fijación del litigio, si el acto de elección se encuentra viciado de nulidad por haber
violado las normas en que debía fundarse.

En consecuencia, se determinará si la elección demandada desconoció el
parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 al no seguir, como
este ordena, el procedimiento reglado para elegir a un servidor público por parte
de una corporación pública.

Ello, con fundamento en que, para la parte actora, la Ley 1904 de 2018 es
aplicable a la elección del subsecretario general del Senado, puesto que este es
un servidor público (art. 384, Ley 5/1992) elegido por una corporación pública,
como lo es el Senado de la República, cuyo procedimiento de elección, según los
accionantes afirman, no está a la fecha regulado por la ley. En tales condiciones,
deberá determinarse si en el procedimiento para elegir al subsecretario general, el
Senado realizó una convocatoria pública sin el lleno de los requisitos que
establece la Ley 1904 de 2018.

4. La infracción de normas superiores

Esta causal ha sido considerada por la jurisprudencia del Consejo de Estado como
un vicio de nulidad de los actos administrativos, en el que se hace una
contrastación formal y objetiva de la actuación expedida, en relación con normas
jerárquicamente superiores. En efecto, esta Sección se ha pronunciado
puntualmente en los siguientes términos:

“…para la configuración de esta causal de nulidad se debe demostrar, en
primer lugar, que las disposiciones que se estiman infringidas por el acto
acusado, integran el bloque normativo que le sirve de marco jurídico, es decir,
que regulan la materia en la que se inscribe su objeto y declaración de
voluntad; y en segundo lugar, que en efecto al confrontar el acto con tales
normas surje (sic) su violación por contradicción o desconocimiento. En este
sentido, la Sección ha sintetizado los principales escenarios en que se
produce la infracción de norma superior, así:

(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la
autoridad que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o
conociéndolo, no lo aplica en el asunto que la ocupa;

(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las
reglas jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se
conforman a la situación fáctica del caso a tratar, como consecuencia de una
equivocación en la valoración y escogencia de la disposición normativa;

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(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento
desatinado del precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver”4.

5. De la convocatoria y las elecciones a cargo de corporaciones públicas

De conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, por regla general, los
empleos que deban proveerse en las entidades y órganos del Estado deberán
someterse al sistema de carrera administrativa, tanto para el ingreso como para el
ascenso. Para ello, la ley prevé y regula el concurso de méritos, con el fin de
garantizar el acceso a los cargos públicos que deban ser provistos de esta
manera.

Sin embargo, respecto de aquellos empleos que no deben ser provistos mediante
el sistema de carrera, el constituyente, mediante la reforma política del año 2015,
reflejada en el Acto legislativo 02 de esa anualidad, previó que la convocatoria
pública sería en todo caso indispensable para los cargos en que por disposición
legal o constitucional le corresponde elegir a las corporaciones públicas.

Así, la convocatoria a la que hace referencia el artículo 126 de la Constitución
Política, tiene por finalidad garantizar que en la provisión de dichos cargos, todos
aquellos que aspiren y cuenten con las aptitudes para desempeñarlos puedan
presentarse y someterse a las reglas previamente establecidas para el efecto por
el legislador. Estas convocatorias buscan satisfacer, entre otros, los principios de
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y el criterio
del mérito.

En efecto, la convocatoria que se previó en la referida norma constitucional y, de
manera específica, el parágrafo transitorio del artículo 12 y el artículo 6 de la Ley
1904 de 2018, busca que el procedimiento de selección de diferentes cargos, que
no se encuentran sometidos al sistema de carrera, no sea cuestión de unos pocos,
razón por la que exige su publicidad y que se asegure la equidad de género, entre
otros principios fundantes. Ello, en tanto que, pese a la discrecionalidad de la
corporación que tiene la facultad eleccionaria, se busca que, en todos los empleos
del Estado colombiano, exista al menos la oportunidad clara y abierta que
garantice la postulación de todos aquellos que tienen las calidades y aptitudes
para ser designados y acceder a los cargos públicos.

En consideración a lo anterior, con la Ley 1904 de 2018 se buscó garantizar que el
procedimiento de elección a cargo del Congreso de la República, específicamente
del contralor general, se adelantara mediante unas fases objetivas, por lo que se
establecieron las reglas de la convocatoria pública que antecede a la designación

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 9 de
septiembre de 2021. Rad: 23001-23-33-000-2020-00004-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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del referido funcionario por el Congreso en pleno. Se trata de un estatuto adjetivo
que desarrolla los mandatos normativos del inciso 4° del artículo 126
constitucional que prescribe que, salvo los concursos regulados por la ley , “la
elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida
de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y
procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación
ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”.

La Ley 1904 de 2018, estableció un procedimiento público caracterizado por el
desarrollo de 8 etapas: (i) convocatoria; (ii) inscripción; (iii) lista de elegibles; (iv)
pruebas; (v) criterios de selección; (vi) entrevista; (vii) lista definitiva de aspirantes
y; (viii) elección. Sin embargo, y aunque la regulación se dirige en principio a la
designación del contralor general de la República, el parágrafo transitorio del
artículo 12 consagró que sus preceptos se aplicarían por analogía a otras
elecciones asignadas a las corporaciones públicas, mientras el Congreso expedía
la normatividad especial para ellas.

De modo que, la Ley 1904 de 2018 debe aplicarse analógicamente a las
elecciones que le corresponde adelantar a las corporaciones públicas, entiéndase
por aquellas, para efectos del caso bajo análisis, la Cámara de Representantes, el
Senado de la República o el Congreso en pleno, dependiendo el caso, siempre
que el procedimiento para la selección correspondiente, no se encuentre regulado.

6. Caso concreto

Como viene de explicarse, la parte actora en este asunto solicitó la nulidad del
acto de elección del señor Saúl Cruz Bonilla como subsecretario general del
Senado de la República, con fundamento en que se desconoció el parágrafo
transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 al no seguir, como este ordena,
el procedimiento reglado para elegir a un servidor público por parte de una
corporación pública.

Según se tiene, el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018
dispone lo siguiente:

“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regula
las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones
públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la
Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía. Para el caso
de la elección de los secretarios de los concejos municipales de entidades
territoriales de categorías 4a, 5a y 6a y con el fin de preservar sus finanzas
territoriales, no se aplicará lo dispuesto en el presente parágrafo transitorio”.

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Ahora bien, de acuerdo con el inciso 4 del artículo 126 de la Constitución Política,
“salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a
corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la
ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de
mérito para su selección”.

Como se precisó en el acápite anterior, en cumplimiento de este inciso de la
Constitución, el Congreso de la República expidió la Ley 1904 de 2018 que,
aunque establece las reglas de la convocatoria previa a la elección del contralor
general de la República, mediante el parágrafo transitorio del artículo 12 se
dispuso que en las demás elecciones de servidores atribuidas a corporaciones
públicas, que no hayan sido reguladas por la ley, aplican por analogía los
requisitos y procedimientos de la convocatoria para elegir a dicho funcionario.

Para la parte actora, la Ley 1904 de 2018 es aplicable a la elección del
subsecretario general del Senado puesto que este es un servidor público (art.
384, Ley 5/1992) elegido por una corporación pública, como lo es el Senado de la
República, cuyo procedimiento de elección, según los accionantes afirman, no
está a la fecha regulado por la ley.

En efecto, los demandantes argumentan que, pese a que el artículo 49 de la Ley
5 de 1992 menciona que corresponde a cada cámara elegir al subsecretario
general, no se regula el procedimiento para tal fin, ni en esa ni en ninguna otra
norma de rango legal.

En tales condiciones, alegan que en el marco del procedimiento para elegir al
subsecretario general, el Senado realizó una convocatoria pública, pero esta no
siguió varios de los requisitos que establece la Ley 1904 de 2018. En primer lugar,
la convocatoria no se publicó con la anterioridad de 2 meses al 20 de julio de
2022 que inició la primera legislatura, como lo exige el artículo 6 de la referida ley.
Tan solo fue publicada, según consta en la prueba 1 aportada con la demanda, el
16 de junio de 2022, es decir, 34 días calendario antes del 20 de julio de 2022. En
segundo lugar, porque no se designó una institución de educación superior,
pública o privada, y con acreditación de alta calidad para que adelantara ciertas
etapas de la convocatoria pública, tal y como lo exige la normativa en comento. Y,
en tercer lugar, porque la obligación de incluir la información de los literales a), b),
e) y g) del citado artículo 65 de la referida ley se incumple al no aparecer en la
convocatoria.

5
ARTÍCULO 6. Etapas del Proceso de Selección:

El proceso para la elección del Contralor General de la República tendrá obligatoriamente las
siguientes etapas:

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Mencionaron que la etapa de la inscripción también se aparta de los mandatos de
la Ley 1904 de 2018. Destacaron que, por otro lado, la fase de las pruebas y los
criterios de selección ni siquiera se llevó a cabo. Ello, por cuanto la convocatoria
no incluyó las pruebas de conocimiento a los aspirantes ni tampoco estableció
como criterios de selección los resultados de las pruebas de conocimiento, la
formación profesional o la experiencia de los aspirantes.

Sobre el particular, el demandado señaló que no es cierto, como lo afirman los
demandantes, que la elección del subsecretario general del Senado de la
República no esté regulada en la ley, razón por la que no pueden aplicarse por
analogía los requisitos y procedimientos de la convocatoria pública para elegir
contralor de la república. Para el demandado, la elección acusada se encuentra
reglada en la Ley 5 de 1992, procedimiento que debe entenderse en los mismos
términos, tanto para el secretario, como para el subsecretario general del Senado.

Además, sostiene que en el análisis de la “actividad legislativa”, el cargo de
secretario general –a quien reemplaza constantemente en sus ausencias
temporales y en época de receso del Congreso, el subsecretario–, no es un mero
cargo de adscripción técnica o administrativa. Su labor, que para algunos puede
ser considerada como de apoyo, es imprescindible en el proceso de producción
normativa. Por ende, amerita que lo relacionado con este cargo, en especial la
forma de vinculación, respete la mencionada reserva de ley orgánica, que en lo
que concierne al caso concreto, se encuentra desarrollada por la Ley 5ª de 1992.

Al respecto, la Sala debe reiterar el análisis que se llevó a cabo cuando se
resolvió la medida cautelar, con algunas precisiones, como pasa a explicarse. La
aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 para los actores es clara, en tanto
que el procedimiento para la elección del subsecretario general del Senado no se
encuentra regulado. Pues bien, el artículo 49 de la Ley 5ª de 1992, Estatuto
Orgánico del Congreso de la República, establece que el subsecretario es el
funcionario que sigue en jerarquía al secretario general de cada Cámara (en este

1. Convocatoria. (…)

En la misma se designará la entidad encargada de adelantar la convocatoria pública y deberá
contener como mínimo la siguiente información:

a) los factores que habrán de evaluarse,

b) los criterios de ponderación que aseguren el acceso en igualdad de oportunidades a los
aspirantes,

(…) e) fecha, hora y lugar de las pruebas de conocimiento,

(…) g) fecha, hora y lugar de la entrevista.

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evento del Senado de la República), y quien tiene la vocación de reemplazarlo en
el receso de la Corporación y en caso de vacancias temporales.

Sobre su elección se dispone que será elegido por la respectiva cámara y que
“deberá reunir las mismas calidades exigidas para ser Secretario General”. Por su parte
el artículo 136 de la Ley 5 de 1992, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 136. Procedimiento en caso de elección. En las elecciones
que se efectúen en las Corporaciones legislativas, se adelantará el
siguiente procedimiento:

1. Postulados los candidatos, el Presidente designará una Comisión
escrutadora.

2. Abierta la votación cada uno de los Congresistas, en votación secreta,
escribirá en una papeleta el nombre de uno de los candidatos al cargo por
proveer, o la dejará en blanco.

3. El Secretario llamará a lista, y cada Senador o Representante depositar
en una urna su voto.

4. Recogidas todas las papeletas, si no está establecido un sistema
electrónico o similar que permita cumplir la función, serán contadas por uno
de los escrutadores a fin de verificar correspondencia con el número de
votantes. En caso contrario se repetirá la votación.

5. El Secretario leerá en voz alta y agrupará, según el nombre, uno a uno los
votos, colocando las papeletas a la vista de los escrutadores, y anotará,
separadamente, los nombres y votación de los postulados que la obtuvieron.

6. Agrupadas por candidatos las papeletas, la comisión escrutadora
procederá a contarlos y entregará el resultado indicando el número de votos
obtenido por cada uno de los candidatos, los votos en blanco, los votos
nulos, y el total de votos.

7. Entregado el resultado, la Presidencia preguntará a la respectiva
Corporación si declara constitucional y legalmente elegido, para el cargo o
dignidad de que se trate y en el período correspondiente, al candidato que
ha obtenido la mayoría de votos.

8. Declarado electo el candidato será invitado por el Presidente para tomarle
el juramento de rigor, si se hallare en las cercanías del recinto legislativo, o
se dispondrá su posesión para una sesión posterior. El juramento se hará en
los siguientes términos:

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"Invocando la protección de Dios, ¿juráis ante esta Corporación que
representa al pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes
que el cargo de ... os imponen, de acuerdo con la Constitución y las leyes ?".

Y se responderá: "Sí, juro".

El Presidente concluirá:

"Si así fuere que Dios, esta Corporación y el pueblo os lo premien, y si no
que El y ellos os lo demanden".

De lo anterior es posible advertir que, para los casos en que el Congreso, en cada
una de sus cámaras, tenga que llevar a cabo una elección para proveer un cargo
en la respectiva corporación, deberá seguir el procedimiento descrito en la
referida norma. La designación del subsecretario general que se demanda tuvo
lugar conforme al procedimiento anterior, según la certificación suscrita por la
secretaria ad-hoc del Senado, allegada por el demandado. Adicionalmente, se
certificó que, en la convocatoria pública para la elección del cargo bajo análisis, se
inscribieron 15 personas: 11 hombres y 4 mujeres. El demandado resultó electo
con 99 votos. Luego, comoquiera que en la cuestionada elección no hay un vacío
de procedimiento, no habría lugar a la aplicación analógica de la Ley 1904 de
2018.

En ese orden, se encuentra que, tanto los requisitos, como el procedimiento para
la elección del subsecretario general del Senado, están contemplados en la Ley 5
de 1992, por lo que no es dable ni exigible la aplicación de analogía que sostienen
los demandantes en este asunto.

En gracia de discusión, aun cuando se aceptara, como lo sostiene la parte actora,
que el procedimiento descrito no prevé las etapas del proceso de selección del
subsecretario y se concluyera que no está expresamente regulado en la Ley 5 de
1992, lo cierto es que el Congreso, como rama del poder público autónoma e
independiente, tiene la capacidad de administrar sus propios asuntos, lo cual
evidentemente debe hacerse mediante una ley. Así lo previó la Corte
Constitucional en la Sentencia C-830 de 2001:

“La Constitución del 91 le confiere al Congreso, como rama del poder autónoma e
independiente, la capacidad soberana de administrar sus propios asuntos, al atribuirle en
el artículo 150-20 facultad para ‘Crear los servicios administrativos y técnicos de las
Cámaras’, lo cual, obviamente, debe hacerse por medio de ley, como expresamente allí
se ordena. Disposición que guarda concordancia con el artículo 135 del mismo
ordenamiento, que señala las facultades de cada Cámara, entre ellas, elegir sus mesas
directivas, elegir su secretario general, proveer los empleos creados por la ley para el
cumplimiento de sus funciones, organizar su policía interior, entre otras.

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Ello significa que el Congreso, por disposición constitucional expresa, tiene autonomía y
plena capacidad para auto-organizarse, lo que se traduce, especialmente, en: a)
autonomía reglamentaria, es decir, capacidad para dictar normas para su propio
funcionamiento, sin la intromisión ni la interferencia de ningún otro órgano y sin
que el gobierno tenga iniciativa en estas materias, y b) autonomía financiera y
administrativa, por cuanto las Cámaras tienen la facultad de fijar su propio
reglamento y administrar sus propios servicios así como el personal que los presta
El Congreso ‘es una rama del poder autónomo, cuya potestad de legislación lo legitima
como representante fundamental del ejercicio de la soberanía nacional y lo instituye como
órgano separado ontológicamente de la administración y, por lo tanto, no sólo con las
fundamentales funciones políticas de hacer la ley y de controlar al que la debe
ejecutar, sino además con la potestad democrática de administrar sus propios
servicios, requeridos para hacer posible el cumplimiento de la función fundamental del
Estado, sin condicionarle esa tarea a tener que depender de la antesala presupuestal de
funcionarios administrativos o del corretaje de ruego al otorgamiento del apoyo financiero
a su función soberana. Cercenar al Congreso sus obvias funciones de administrar sus
propios asuntos, de ejecutar su propio presupuesto y de disponer contractualmente de su
erario, es convertirlo en un apéndice no sólo administrativo sino político del poder
ejecutivo del Estado, ahí sí, en clamorosa contradicción con el principio incólume de la
separación orgánica de los poderes, consagrados en los artículos 2 y 55 de la Carta’.”.

De acuerdo con lo anterior, el máximo órgano constitucional concluyó que el
Congreso, en desarrollo de la facultad establecida en el numeral 20 del artículo
150 de la Constitución de 1991, en armonía con el 135, “ tiene competencia para
establecer todos aquellos aspectos necesarios, desde el punto de vista administrativo y
técnico, destinados a su propio manejo y administración interna, que le permitan cumplir
con eficiencia y eficacia las funciones que le corresponde ejercer, siempre y cuando tales
disposiciones no vulneren el ordenamiento supremo”6.

Ahora bien, la parte demandada afirma que la regulación de la elección debe
tener lugar mediante una ley orgánica y no ordinaria, como lo es la Ley 1904 de
2018, puesto que dicha potestad obedece a la facultad de autorregulación del
Congreso, que debe estar prevista en su reglamento.

Sin embargo, para los actores la labor del subsecretario general del Senado es
meramente administrativa y técnica, por lo que no es posible asimilarla a las
funciones legislativas del Congreso, que sí deben estar reguladas mediante ley
orgánica.

Sobre el punto, advierte la Sala que el Reglamento del Congreso debe ser
expedido por medio de ley orgánica, por expreso mandato del artículo 151 de la
Constitución Política. Al respecto, en la sentencia C-423 de 1995, la Corte
Constitucional precisó:
"Las leyes orgánicas se constituyen en reglamentos que establecen límites
procedimentales, para el ejercicio de la actividad legislativa, en el caso de las
leyes ordinarias en general y en el de ciertas y determinadas leyes en especial;

6
Corte Constitucional, Sentencia C-830 de 2001.

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son normas de autoreferencia para quienes tienen la facultad de expedirlas y
posteriormente desarrollar la materia de la cual tratan, a través de leyes
ordinarias. Son normas intermedias entre las disposiciones del ordenamiento
superior y las normas que desarrollan la materia que ellas regulan.”

Por su parte, los asuntos que debe contener el reglamento del Congreso varían
de cara a la actividad propia de dicha corporación, por lo tanto, el máximo órgano
constitucional los agrupó por temas de una manera enunciativa, mas no taxativa,
al señalar que:

“La ley que establezca el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de
Representantes, en su carácter de normativa orgánica, necesariamente debe
tomar en consideración el conjunto de funciones que cumple el Congreso
y cuyo ejercicio periódico debe sujetarse a unas reglas y procedimientos
uniformes que son precisamente los que se contienen en aquéllas. La
actividad de la rama legislativa del poder público comprende, en los términos de
la Constitución, una función constituyente, legislativa en sentido estricto, de
control político, judicial, electoral, administrativa, de control público y de
protocolo. De ahí que la regulación de los aspectos mencionados - por lo demás
mínimos e indispensables - de la función electoral del Congreso, en modo
alguno, exceda el ámbito de esta específica ley orgánica. La asunción de las
facultades electorales del Congreso y de sus cámaras y su futuro ejercicio,
se realizarán de conformidad con las reglas adoptadas en su reglamento.
Justamente éste es el propósito de una ley orgánica.”7

En ese orden de ideas, de acuerdo con la Corte Constitucional, si el reglamento
del Congreso debe ser adoptado mediante ley orgánica, cuya estabilidad y rigidez
es mayor que aquella de la cual goza la ley ordinaria, habría que afirmar que las
disposiciones que allí se consagren deben tener también esa característica “Así
por ejemplo la integración del Congreso, sus funciones, sesiones, comisiones,
deliberación, facultades y prohibiciones de sus miembros, privilegios, inmunidades,
inviolabilidad, elecciones de funcionarios, la fijación del proceso legislativo ordinario,
del constituyente, moción de censura, citaciones, audiencias, procedimiento para el
ejercicio del control político, las funciones judiciales, procedimientos especiales, etc., son
normas que deben gozar de cierta estabilidad para una mayor seguridad
jurídica.”8

De modo que, la Sala coincide con la intervención del demandado al precisar que
la elección de funcionarios del Congreso, como lo es el subsecretario del Senado,
está estrechamente vinculada al objeto misional de la corporación pública a la que
sirve y, por ende, cualquier alteración en la forma en la que se determinan sus
condiciones de acceso al cargo deben ser fijadas mediante una ley orgánica,
como lo es la Ley 5 de 1992. En tales condiciones, cualquier modificación al
procedimiento de selección que prevé dicho reglamento debe surtirse a través de

7
Corte Constitucional, Sentencia C-025 de 1993.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-830 de 2001.

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una legislación de esa naturaleza y no ordinaria, como lo sugieren los
accionantes.

Distinto sería que se pretendiera modificar el régimen de personal de los
empleados del Congreso, caso en el cual, de conformidad con la sentencia C-830
de 2001, sí es posible regular dicho régimen, a través de una ley ordinaria. Sin
embargo, se insiste, la elección de los funcionarios del Congreso, al constituir una
función destinada a su propio manejo y administración interna, sí tiene una
reserva de ley orgánica como lo ha previsto la Corte Constitucional en los
pronunciamientos citados líneas atrás.

Por lo tanto, no resulta admisible interpretar que el parágrafo 12 del artículo
transitorio de la Ley 1904 de 2018 tiene la vocación de complementar un aspecto
que necesariamente tiene que estar regulado en el Reglamento del Congreso,
esto es, la Ley 5ª de 1992 –como en efecto lo está– respecto de la elección de los
subsecretarios de las respectivas cámaras, procedimiento que solo podría ser
modificado por otra ley de la misma naturaleza.

Ahora, en este asunto el Ministerio Público planteó ciertos interrogantes que se
dirigen a cuestionar el procedimiento previsto en la Ley 5 de 1992, en lo
concerniente al principio de mérito y la manera en que se encuentra regulada la
elección de los secretarios y subsecretarios de la Cámara de Representantes y el
Senado de la República. No obstante, ese es un asunto que no le corresponde
definir a la Sala Electoral, pues escapa de su competencia determinar si la
disposición que prevé el procedimiento para dicha elección se ajusta o no al
ordenamiento jurídico, específicamente a los parámetros que establece el artículo
126 constitucional. Para ello, además, se han previsto otros medios de control
distintos al de nulidad electoral que ahora se estudia.

Tal y como quedó previsto en la fijación del litigio, le correspondía a esta judicatura
determinar si la elección del demandado infringió las normas en que debía
fundarse. Como se vio, no hubo tal infracción, pues se respetó el procedimiento
aplicable en este caso, el cual se encuentra previsto por la Ley 5 de 1992. En
efecto, hubo una convocatoria pública (16 de junio de 2022), se concedió un lapso
para las inscripciones de los aspirantes, se publicó la lista de inscritos (21 de junio
de 2022), se entregaron a la Comisión de Acreditación Documental del Senado los
soportes respectivos para verificación, se publicó la lista de admitidos (24 de junio
de 2022), se concedió un espacio para las reclamaciones respectivas, hubo un
informe final de la Comisión de Acreditación y, finalmente, el 20 de julio de 2022
se eligió al señor Saúl Cruz Bonilla, con fundamento en lo previsto en el artículo
136 de la Ley 5 de 1992.

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En consecuencia, la Sala no encuentra acreditado el cargo propuesto por los
demandantes, razón por la cual denegarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Salva el voto

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salva el voto

RODRIGO NOGUERA CALDERÓN
Conjuez

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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