Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00129-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00129-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00129-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00129-00
Demandante: Ana Milena Suárez Acosta
Demandada: Cámara de Representantes
Temas: Competencia de la Comisión Legal de Acreditación Documental de la
Cámara de Representantes para expedir convocatorias de elecciones
de secretarios de otras comisiones legales – facultad de la secretaria
ad hoc para suscribir la convocatoria.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Surtidos los trámites correspondientes y sin que se advierta la presencia de vicio procesal
que impida abordar el fondo del asunto, corresponde a la Sección Quinta del Consejo de
Estado dictar sentencia de única instancia en el medio de control de nulidad de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda y sus pretensiones
1. La señora Ana Milena Suárez Acosta, en nombre propio, presentó demanda en
ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, con
el propósito que se declare la nulidad de la «CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES AL
CARGO DE SECRETARIO DE LA COMISIÓN LEGAL DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL
CONGRESISTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA LO QUE RESTA DEL
PERIODO 2022-2026»1, expedida por el presidente de la Comisión Legal de Acreditación
Documental de esa corporación.
1.2 Hechos y omisiones que fundamentan el medio de control
2. El señor Orlando Aníbal Guerra De La Rosa renunció al cargo de secretario de la
Comisión Legal de Ética y del Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes,
período 2022-2026.
3. La renuncia fue aceptada a partir del 11 de mayo de 2025, por lo que la Comisión Legal
de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes publicó la convocatoria
para proveer el empleo para lo que resta del período 2022-2026.
1
Acto sin fecha, publicado el 30 de mayo de 2025, de conformidad con la información visible en el micrositio
https://www.camara.gov.co/convocatoria-abierta-para-proveer-cargo-de-secretario-comision-de-etica.
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Demandante: Ana Milena Suárez Acosta
Demandada: Cámara de Representantes
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1.3. Concepto de la violación
4. La señora Ana Milena Suárez Acosta consideró que el acto administrativo demandado
es ilegal por la falta de competencia de la Comisión Legal de Acreditación Documental
para expedir la convocatoria para elegir al secretario de la Comisión Legal de Ética y del
Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes.
5. Transcribió el artículo 602 de la Ley 5ª de 1992 y precisó que aquella no podía «asumir
funciones administrativas propias de la Mesa Directiva de las Comisiones» como lo era
realizar convocatorias.
6. Sostuvo que el procedimiento para adelantar la elección de un secretario de comisión
le correspondía al «pleno de las comisiones o plenarias» y que en este caso quien tenía
esa atribución era la Mesa Directiva de la Comisión Legal de Ética y del Estatuto del
Congresista de la Cámara de Representantes, conforme al artículo 503 de la Ley 5ª de
1992.
7. Agregó que:
La actuación de la Comisión Legal de Acreditación al publicar la convocatoria desconoce el
principio de legalidad, dado que no cuenta con competencia atribuida por norma vigente; y,
además, vulnera el debido proceso (art. 29 C.P.), pues se adelanta un procedimiento sin reglas
claras, sin norma habilitante, sin competencia funcional, y sin garantías de publicidad previa y
transparencia institucional.
8. En ese orden de ideas, concluyó que se produjo un «vacío de la legalidad», se alteró
el procedimiento de la convocatoria y se rompió la «cadena de custodia normativa» que
garantiza que los actos administrativos sean expedidos por la autoridad competente.
1.4. Trámite de admisión
9. El 8 de septiembre de 2025, se admitió la demanda y se ordenó notificar a la Cámara
de Representantes, al agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
10. Además, se dispuso a informar a la comunidad de la existencia del proceso a través
de la página web del Consejo de Estado y requerir a la Cámara de Representantes para
que, en el término para contestar la demanda, allegara copia de los antecedentes
administrativos del acto acusado.
1.5. Contestación de la demanda
11. Dentro de la oportunidad correspondiente, se presentó la siguiente intervención:
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«Artículo 60. Integración y funciones. Previa a la sesión inaugural de las Cámaras Legislativas, la autoridad electoral enviará a cada
una de ellas la lista de los Congresistas electos, quienes deberán identificarse ante el Presidente de la Junta Preparatoria. Con
posterioridad se hará ante el Presidente de la correspondiente Cámara.
En cada una de las Cámaras se dispondrá la integración de la Comisión de Acreditación Documental a razón de cinco (5) miembros
por cada corporación, y por el período constitucional.
Los documentos que acrediten las calidades exigidas de quienes aspiran a ocupar cargos de elección del Congreso o de las Cámaras
Legislativas, serán revisados por la Comisión dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. El informe respectivo será
evaluado por la plenaria de la corporación, antes de proceder a la elección del caso.
3
«Artículo 50. Secretarios de comisiones. Las Comisiones Constitucionales Permanentes tendrán un Secretario elegido por la
respectiva Comisión. Tendrá las mismas calidades del Secretario General. Cumplirán los deberes que corresponden al ejercicio de
su función y los que determinen las respectivas Mesas Directivas».
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12. La Cámara de Representantes, a través de apoderado, se pronunció sobre los
hechos narrados por la demandante y sostuvo que el concepto de la violación se
sustentaba en una interpretación equivocada de las normas que rigen la materia. Solo se
pronunció sobre el fondo del asunto y no propuso excepciones previas.
13. Aseguró que no podía confundirse la competencia para elegir a los secretarios de la
comisiones legales o constitucionales con la atribución de realizar la «mera publicación
del acto de apertura de la convocatoria».
14. Puso de presente que, la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del
Congreso de la República, el 11 de septiembre de 2025, emitió un concepto sobre las
competencias de las comisiones de acreditación documental y de las mesas directivas
de las comisiones permanentes y concluyó que:
Conclusiones silogísticas obligadas de los argumentos expuestos en las secciones primera y
segunda es que bajo el presupuesto fáctico de la vacancia de un Secretario, de la Corporación
o una Comisión Constitucional y Legal, es obligatorio proceder a realizar la convocatoria
pública, la cual debe adelantarse por la comisión reservada al estudio de los documentos
necesarios, para acreditar las calidades exigidas para quien aspire al cargo respectivo. La
comunicación de la ocurrencia del presupuesto fáctico, que activa la competencia de la
Comisión de Acreditación Documental, puede provenir de la Mesa Directiva de la respectiva
Corporación, la Mesa Directiva de la Comisión que tiene la vacancia o, en su defecto, el área
administrativa que anuncia la ocurrencia jurídica del presupuesto fáctico.4
15. Indicó que este concepto era suficiente para «demostrar» que no se presentó un vicio
de falta de competencia cuando la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara
de Representantes expidió la convocatoria cuestionada.
16. Reiteró que la elección del secretario le correspondía única y exclusivamente a la
mesa directiva de la comisión legal o constitucional en la que se debía proveer el cargo.
17. Por último, advirtió que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes expidió la
Resolución 0936 del 24 de septiembre de 2025 «POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN
SOLICITUDES DE APERTURA DE NUEVA CONVOCATORIA Y DE REVOCATORIA DE LAS
CONVOCATORIAS APERTURADAS POR LA COMISIÓN LEGAL DE ACREDITACIÓN
DOCUMENTAL PARA EL CARGO DE SECRETARIO (A) DE LA COMISIÓN LEGAL DE ÉTICA
Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA Y DE LA COMISIÓN CUARTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA LO QUE RESTA DEL
PERIODO 2022-2026» y se ordenó continuar con el trámite de la elección.
18. Así las cosas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.
1.6. Intervenciones posteriores de la demandante
19. El 9 de septiembre de 2025, la señora Ana Milena Suárez Acosta presentó un
documento con el fin de poner en conocimiento la «posible extralimitación de funciones
de la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes en relación con la
convocatoria», por lo siguiente:
20. Insistió en que la Comisión de Acreditación Documental no tenía competencia para
expedir el acto administrativo cuestionado y que la atribución para revisar las hojas de
4
Transcripción fiel, incluso con errores.
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vida era un aspecto eminentemente administrativo, por lo que se extralimitó en sus
funciones.
21. Indicó que elevó una petición y la «Jefa de Leyes» del Senado de la República señaló
que la Comisión de Acreditación Documental no tenía competencia para abrir procesos
de elección, sus funciones eran las descritas en el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992 y las
convocatorias las debía expedir la «Mesa Directiva de la Corporación».
22. Por otra parte, sostuvo que, conforme a las respuestas otorgadas a varias peticiones
que presentó, advertía que se designó a la señora Nesly Edilma Rey Cruz como
secretaria ad hoc con «extralimitación de funciones» del secretario general de la Cámara
de Representantes.
23. Igualmente, manifestó que la señora Nesly Edilma Rey Cruz no cumplía con los
requisitos para ser designada en su «cargo original», es decir, secretaria ejecutiva de la
Cámara de Representantes.
24. Además, señaló que no entendía de donde se derivaba que aquella funcionaria podía
suscribir convocatorias, por cuanto en la Resolución 1424 del 21 de junio de 20235 no se
especificaba esa función.
25. En ese sentido, sostuvo que las «convocatorias (sic) en mención se profirieron sin
tener la competencia para hacerlo y en el caso de las (sic) secretaria ad hoc de la
comisión de Acreditación, sin tener en las (sic) función de firmar actuaciones legales».
26. De otro lado, aseguró que en virtud del numeral 11 del artículo 416 de la Ley 5ª de
1992 la competencia para realizar las convocatorias era exclusiva de la Mesa Directiva
de la Cámara de Representantes, tal y como ocurrió con las de las elecciones de las
secretarias de las comisiones constitucionales y legales para el período 2022-2026.
27. Finalmente, sostuvo que se transgredió el derecho fundamental al debido proceso
por desconocerse el principio de imparcialidad por parte del representante Juan
Sebastián Gómez González. Sobre el particular, indicó:
En el caso concreto, el H.R Juan Sebastián Gómez Gonzáles en su calidad de Vicepresidente
de la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes firmó el 26 de agosto de 2025
la resolución 001 del año en mención por la cual se decidió suspender el proceso de la
convocatoria del Secretario de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, para
que sea la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes donde él es el primer
vicepresidente quien decida el proceder al respecto. Dicha situación, vulnera el ámbito objetivo
de la garantía al principio de imparcialidad, por lo que, él quien hace parte de la Mesa directiva
quien tomará las decisiones al respecto, ya tuvo contacto anterior con el asunto que se va a
decidir.
28. En ese sentido, señaló que «en esta nueva etapa» el referido representante se
debería declarar impedido.
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«POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA A UNA FUNCIONARIA DE PLANTA COMO SECRETARIA AD HOC DE LA COMISIÓN
LEGAL DE ACREDITACIÓN DOCUMENTAL CAMARA DE REPRESENTANTES», la cual fue expedida por el secretario general de
la Cámara de Representantes.
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«Artículo 41. Atribuciones. Como órgano de orientación y dirección de la Cámara respectiva, cada Mesa Directiva cumplirá las
siguientes funciones: (…)
11. Ejercer las demás funciones que en el orden y gestión interna de cada Cámara no estén adscritas a un órgano específico, y las
demás que establezca el reglamento».
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29. El 10 de noviembre de 2025, la señora Ana Milena Suárez Acosta presentó un
memorial en el que se opuso a los argumentos expuestos por el apoderado de la Cámara
de Representantes en su contestación de la demanda.
1.7. Auto que admite reforma de la demanda
30. Mediante auto del 25 de noviembre de 2025, se admitió la reforma de la demanda;
sin embargo, se rechazó frente a los cuestionamientos relacionados con la designación
de la secretaria ad hoc de la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de
Representantes.
1.8. Contestación de la reforma de la demanda
31. La Cámara de Representantes, a través de apoderado, sostuvo que la falta de
competencia alegada por la señora Ana María Suárez Acosta fue desvirtuada con la
contestación de la demanda e insistió en que la Ley 5ª de 1992 no regula de manera
expresa el procedimiento para la apertura de convocatorias para secretarios de
comisiones.
32. En ese sentido, afirmó que se debían aplicar de manera supletoria los artículos 49 y
50 de la referida ley que establecen las reglas para proveer el cargo de secretario general
en alguna de las cámaras del Congreso de la República.
33. Agregó, que el legislativo también tenía la autonomía para «autoorganizarse», razón
por la cual podía adoptar procedimientos para garantizar su correcto funcionamiento, de
conformidad con lo considerado por la Corte Constitucional en las sentencias C-830 de
2001, C-172 de 2010 y SU-150 de 2021.
34. Indicó que, además, el Consejo de Estado «en providencia del 13 de julio de 2023»
advirtió que el Congreso de la República conservaba plena autonomía para regular sus
asuntos internos «incluso ante la ausencia de regulación expresa en la Ley 5ª de 1992».
35. Señaló que el hecho de que la demandante hubiera incluido transcripciones de
«derechos de petición o comunicaciones internas» no alteraba la «estructura normativa
de competencias» y no desvirtuaba la presunción de legalidad del acto administrativo
cuestionado.
36. Precisó que no era posible atribuir efectos jurídicos a las comunicaciones entre las
comisiones de Ética y de Acreditación Documental, toda vez que no se trataba de actos
administrativos y simplemente eran «manifestaciones de opinión o trámite interno».
37. Aclaró que, si bien existieron «divergencias internas» frente al procedimiento de
convocatoria, lo cierto era que ello no tenía relevancia para el juicio de legalidad en el
medio de control de nulidad, comoquiera que la Comisión Legal de Acreditación
Documental tenía la competencia para expedir el acto cuestionado en virtud de las
normas supletorias que se debían aplicar y la autonomía del Congreso de la República.
38. Así las cosas, solicitó que se tuviera por contestado el escrito presentado por la
demandante y se negaran las pretensiones de la demanda.
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1.9. Auto que fija el litigio, decide sobre pruebas y dispone dictar sentencia
anticipada
39. Mediante providencia del 11 de febrero de 2026, se decidió sobre las pruebas, se
dispuso impartir el trámite de sentencia anticipada y se fijó el litigio en los siguientes
términos:
• Determinar si es nula la «CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES AL CARGO DE
SECRETARIO DE LA COMISIÓN LEGAL DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL
CONGRESISTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA LO QUE
RESTA DEL PERIODO 2022-2026».
40. Igualmente, se precisó que se debería establecer de manera concreta lo siguiente:
• ¿La Comisión Legal de Acreditación de la Cámara de Representantes es
competente para expedir la convocatoria para elegir al secretario de la Comisión
Legal de Ética y del Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes?
• ¿La secretaria ad hoc de la Comisión Legal de Acreditación de la Cámara de
Representantes tenía la facultad de suscribir la convocatoria para elegir al
secretario de la Comisión Legal de Ética y del Estatuto del Congresista de la
Cámara de Representantes?
41. Además, se aclaró que el cargo relacionado con la vulneración al debido proceso por
parte del representante Juan Sebastián Gómez Palacios era un asunto que quedaría
excluido del litigio y no sería objeto de pronunciamiento, comoquiera que el presunto
desconocimiento de la garantía de imparcialidad no estaba relacionado con la expedición
del acto cuestionado, sino con actuaciones administrativas posteriores e hipotéticas.
1.10. Alegatos de conclusión
42. La Cámara de Representantes, a través de apoderado, insistió en los argumentos
que expuso en sus intervenciones y solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda.
43. Además, informó que el 3 de diciembre de 2025 la Comisión Legal de Ética y Estatuto
del Congresista eligió al señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade como su secretario
para lo que resta del período 2022-2026.
44. La señora Ana Milena Suárez Acosta sostuvo que, si bien el acto cuestionado fue
suspendido por la misma autoridad que lo expidió, lo cierto es que la Mesa Directiva de
la Cámara de Representantes a través de la Resolución 0936 del 24 de septiembre de
2025 ordenó seguir adelante con el trámite y el 3 de diciembre se eligió al señor Ramón
Alberto Rodríguez Andrade.
45. Igualmente, reiteró los cargos de ilegalidad que formuló y pidió que se accediera a
las pretensiones de su demanda. Además, requirió lo siguiente:
4. Solicito que se pronuncie el Consejo de Estado sobre la elección ya realizada por parte de
la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes del señor Ramón Rodríguez como
secretario de la célula legislativa en mención. Ya que, se dio en el marco de una convocatoria
que es ilegal.
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1.11. Concepto del Ministerio Público
46. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado sostuvo que el
artículo 50 de la Ley 5ª de 1992 solo determinó la competencia para elegir a los
secretarios de las comisiones legales y no estableció cuál sería la autoridad que debía
expedir la convocatoria.
47. Además, que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo
de Estado7, se debía aplicar el artículo 136 de la Ley 5ª de 1992 para realizar cualquier
elección al interior del Congreso de la República, dado que es aquella normativa la que
determina las reglas electorales.
48. Aclaró que la referida disposición legal «no contempla de manera expresa que la
Comisión tenga la función de efectuar los trámites previos al proceso eleccionario» y que
«no asigna dicha facultad a ninguna otra instancia interna» razón por la cual no podía
«hablarse de desconocimiento de norma superior en tanto esta no es taxativa, ni de falta
de competencia de la Comisión Legal de Acreditación Documental».
49. En ese sentido, estimó que no se evidenciaba alguna irregularidad que viciara el acto
administrativo demandado y que los cargos formulados por la demandante no tenían la
«contundencia para determinar que se vulneró el ordenamiento jurídico».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
50. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer y tramitar en
única instancia el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido en el
numeral 18 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 proferido por la Sala Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434
de 2024.
2.2. Cuestión previa
51. La señora Ana Milena Suárez Acosta, en sus alegatos de conclusión, solicitó
expresamente que se emitiera un pronunciamiento frente a la «elección ya realizada por
parte de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes del señor Ramón
Rodríguez como secretario de la célula legislativa en mención».
52. Al respecto, la Sala advierte que no resolverá la solicitud de la demandante,
comoquiera que en el trámite de la referencia solo se cuestionó el acto de convocatoria
a través del medio de control de nulidad simple, que no admite pretensiones
restablecedoras de naturaleza subjetiva. Tal y como quedó expuesto en la fijación del
litigio.
7
La agente del Ministerio Público hizo la siguiente referencia «Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de enero de
2023. Rad. 11001-03-28-000-2022-00171-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio».
8
«Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos
por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en
el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los
tribunales administrativos».
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53. Ahora, si la demandante consideraba que la elección del señor Ramón Alberto
Rodríguez Andrade era ilegal debió cuestionarla en los términos del artículo 139 de la
Ley 1437 de 2011.
54. Se pone de presente que la Sección Quinta del Consejo de Estado en el auto del 13
de noviembre de 20259, al resolver una controversia de contornos procesales similares,
consideró:
35. En ese orden de ideas, se pone de presente que en el medio de control de nulidad que
ocupa la atención de la Sala solo se cuestionó la legalidad de la Resolución 0439 del 10
de febrero de 2022 y el estudio y la decisión se concretó a los cargos que formuló el
señor Richard Gómez Vargas respecto de ese acto administrativo.
36. En otras palabras, la sentencia del 23 de octubre de 2025 no dispuso nada frente a la
situación jurídica del actual contralor departamental de caldas, es decir, el señor Juan
Carlos Pérez Vargas, por lo que respecto de ella, no se derivó consecuencia alguna.
37. Igualmente, la Sala precisa que la declaratoria de nulidad de la Resolución 0439 del 10 de
febrero de 2022 no tendría la entidad de repercutir en la legalidad del Acta 064 del 24 de julio
de 2024, toda vez que, cuando se realizó la elección se presumía legal el referido acto
modificatorio de la convocatoria, por lo que no es viable afectar derechos adquiridos.
38. Lo anterior significa que la situación jurídica -elección del contralor- se consolidó
mientras la Resolución 0439 del 10 de febrero de 2022 estaba produciendo plenos
efectos jurídicos, por cuanto para el 24 de julio de 2024 -fecha de la elección- no se
había desvirtuado su presunción de legalidad.
39. La Sala advierte que ello garantiza en mayor medida los principios de seguridad
jurídica, buena fe, mérito y acceso a cargos públicos. (Negrita propia)
55. Así las cosas, la elección del señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, como
secretario de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de
Representantes, no es un aspecto frente al cual la Sala se pueda pronunciar.
2.3. Acto demandado
56. El acto administrativo cuestionado se trata de «CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES
AL CARGO DE SECRETARIO DE LA COMISIÓN LEGAL DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL
CONGRESISTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA LO QUE RESTA DEL
PERIODO 2022-2026», expedido por el presidente de la Comisión Legal de Acreditación
Documental de esa corporación.
2.4. Problema jurídico
57. La Sección Quinta del Consejo de Estado resolverá el cuestionamiento jurídico
plasmado en el numeral 1.9. de esta providencia
58. Es decir, de manera concreta deberá establecer lo siguiente:
• ¿La Comisión Legal de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes
es competente para expedir la convocatoria para elegir al secretario de la Comisión
Legal de Ética y del Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes?
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 13 de noviembre de 2025, M.P. Gloria María
Gómez Montoya, Rad. 17001-23-33-000-2022-00168-02.
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• ¿La secretaria ad hoc de la Comisión Legal de Acreditación Documental de la
Cámara de Representantes tenía la facultad de suscribir la convocatoria para elegir al
secretario de la Comisión Legal de Ética y del Estatuto del Congresista de la Cámara
de Representantes?
2.5. Caso concreto
59. La señora Ana Milena Suárez Acosta aseguró que la «CONVOCATORIA PARA
ASPIRANTES AL CARGO DE SECRETARIO DE LA COMISIÓN LEGAL DE ÉTICA Y
ESTATUTO DEL CONGRESISTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA LO QUE
RESTA DEL PERIODO 2022-2026»10 era ilegal, toda vez que fue expedida sin competencia
y fue suscrita por una secretaria ad hoc que no estaba facultada para ello.
60. La Cámara de Representantes sostuvo que la Comisión Legal de Acreditación
Documental tenía competencia para expedir la convocatoria y no se pronunció frente a la
facultad de la secretaria ad hoc para suscribir el acto administrativo cuestionado.
61. Se advierte que la demandante consideró que la convocatoria para elegir al secretario
de la Comisión Legal de Ética y del Estatuto del Congresista de la Cámara de
Representantes se encontraba viciada por dos motivos distintos, razón por la cual la Sala
abordará cada cargo de manera independiente.
2.5.1. Falta de competencia de la Comisión Legal de Acreditación de la Cámara de
Representantes para expedir la convocatoria
62. Frente a este reproche, la señora Ana Milena Suárez Acosta aseguró que de
conformidad con el artículo 50 de la Ley 5ª de 1992 la autoridad competente para expedir
la convocatoria era la Comisión Legal de Ética y del Estatuto del Congresista de la
Cámara de Representantes, por ser esta la autoridad que debía elegir a su secretario.
63. Posteriormente, indicó que la competencia para realizar las convocatorias era
exclusiva de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, en virtud del numeral
11 del artículo 41 de la Ley 5ª de 1992.
64. Al respecto, se pone de presente que en el acto administrativo cuestionado se indicó,
entre otras cosas, lo siguiente:
CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES AL CARGO DE SECRETARIO DE LA COMISIÓN
LEGAL DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES PARA LO QUE RESTA DEL PERIODO 2022-2026 (De conformidad
con el artículo 177 de la CP, artículo 50 de la ley 5 de 1992)
El presidente de la Comisión Legal de Acreditación Documental de la Cámara de
Representantes, doctor JORGE HERNÁN BASTIDAS ROSERO, se permite convocar a las
personas interesadas en aspirar al cargo de SECRETARIO DE COMISIÓN de la Comisión
Legal de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes, por lo que
resta del actual periodo 2022-2026, para que presenten sus hojas de vida con los respectivos
soportes ante la Comisión Legal de Acreditación Documental, con el fin de ser revisadas y
acreditadas tal como lo estipula el inciso 3 del artículo 60 de la ley 5 de 1992. (Negrita propia)
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Acto sin fecha, publicado el 30 de mayo de 2025, de conformidad con la información visible en el micrositio
https://www.camara.gov.co/convocatoria-abierta-para-proveer-cargo-de-secretario-comision-de-etica.
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Demandante: Ana Milena Suárez Acosta
Demandada: Cámara de Representantes
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00129-00
65. Por otra parte, el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992 establece la integración y las
funciones de la Comisión Legal de Acreditación Documental en los siguientes términos:
Artículo 60. Integración y funciones. Previa a la sesión inaugural de las Cámaras Legislativas,
la autoridad electoral enviará a cada una de ellas la lista de los Congresistas electos, quienes
deberán identificarse ante el Presidente de la Junta Preparatoria. Con posterioridad se hará
ante el Presidente de la correspondiente Cámara.
En cada una de las Cámaras se dispondrá la integración de la Comisión de Acreditación
Documental a razón de cinco (5) miembros por cada corporación, y por el período
constitucional. Los documentos que acrediten las calidades exigidas de quienes aspiran a
ocupar cargos de elección del Congreso o de las Cámaras Legislativas, serán revisados por
la Comisión dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. El informe
respectivo será evaluado por la plenaria de la corporación, antes de proceder a la elección del
caso. (Negrita propia)
66. De conformidad con lo expuesto, se advierte que la función de la Comisión Legal de
Acreditación Documental es la de revisar los documentos que presentan los aspirantes a
ocupar algún cargo en el Congreso de la República y no se observa que tenga la facultad
para expedir convocatorias para la elección de algún funcionario.
67. Ahora bien, el artículo 5011 de la Ley 5ª de 1992 no determina cuál autoridad es la
competente para expedir las convocatorias para elegir a los secretarios de las comisiones
y solo dispone que éstos serán elegidos por las respectivas comisiones.
68. En ese orden de ideas, no le asiste razón a la señora Ana Milena Suárez Acosta
cuando afirmó que el acto administrativo cuestionado desconoció el artículo 50 de la Ley
5ª de 1992 por haber sido expedido por la Comisión Legal de Acreditación Documental,
toda vez que esa disposición legal no establece alguna regla de competencia para la
expedición de convocatorias para la elección de secretarios de comisión.
69. De otro lado, el artículo 4112 de la Ley 5ª de 1992 establece las funciones de las
mesas directivas de cada Cámara del Congreso de la República y en el numeral 1113 se
consagró una cláusula residual de competencia para ejercer las atribuciones que no
estuvieran adscritas a un órgano específico.
70. En relación con la convocatoria para elegir a los secretarios de las comisiones
legales, se observa que en la Ley 5ª de 1992 no se reguló cuál autoridad tendría la
competencia para su expedición.
71. Por lo tanto, en el caso concreto y ante el referido vacío legal, la convocatoria para
elegir al secretario de la Comisión Legal de Ética y del Estatuto del Congresista le
correspondía expedirla exclusivamente a la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes en virtud del numeral 11 del artículo 41 de la Ley 5ª de 1992.
72. En ese orden de ideas, la Comisión Legal de Acreditación Documental no tenía la
competencia para expedir la «CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES AL CARGO DE
SECRETARIO DE LA COMISIÓN LEGAL DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA
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«Artículo 50. Secretarios de Comisiones. Las Comisiones Constitucionales Permanentes tendrán un Secretario elegido por la
respectiva Comisión. Tendrá las mismas calidades del Secretario General. Cumplirán los deberes que corresponden al ejercicio de
su función y los que determinen las respectivas Mesas Directivas.».
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«Artículo 41. Atribuciones. Como órgano de orientación y dirección de la Cámara respectiva, cada Mesa Directiva cumplirá las
siguientes funciones:».
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«11. Ejercer las demás funciones que en el orden y gestión interna de cada Cámara no estén adscritas a un órgano específico, y
las demás que establezca el reglamento.»
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Demandante: Ana Milena Suárez Acosta
Demandada: Cámara de Representantes
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DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA LO QUE RESTA DEL PERIODO 2022-
2026».
73. Finalmente, frente al argumento de defensa relacionado con la autonomía del
Congreso de la República, se advierte que ante la consagración de una cláusula residual
se debe acudir a esa disposición y no a interpretaciones normativas ni jurisprudenciales
relacionadas con la potestad para elegir funcionarios en esa Corporación.
74. Así las cosas, se advierte que este cargo de ilegalidad prosperó.
75. Finalmente, se advierte que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes a
través de la Resolución 0936 del 24 de septiembre de 2025 consideró, entre otras cosas,
lo siguiente:
Que, en consecuencia, atendiendo al vacío existente en la Ley 5ª, a la autonomía
administrativa de la Cámara de Representantes y a la práctica parlamentaria
consolidada, la Mesa Directiva procede a reglar el procedimiento aplicable, negando las
solicitudes de revocatoria y de apertura de nuevas convocatorias, y ordenando la
continuación de los procesos ya aperturados, en garantía de la presunción de legalidad de
los actos legislativos, de la seguridad jurídica y de la no retrotracción indebida del trámite.
(Negrita propia)
76. Por lo tanto, frente a la convocatoria que ocupa hoy a la Sala se resolvió:
Primero. Negar la solicitud de apertura de nueva convocatoria para la provisión del cargo de
Secretario (a) de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista, por cuanto el proceso
vigente conserva plena validez jurídica y ha surtido etapas sustanciales, incluido la
publicación de la lista definitiva de admitidos.
(…) Tercero. Que, en consecuencia, atendiendo a la garantía de una trámite célere y
transparente, la Mesa Directiva dispone la continuidad de los procesos ya aperturados,
evitando retrotraer lo actuado y preservando la seguridad jurídica de las convocatorias.
En ese sentido, se devuelve el expediente a la Comisión Legal de Acreditación Documental
para que, en ejercicio de sus competencias, levante la suspensión decretada y prosiga con
el procedimiento.
Cuarto. Ordenar a la Mesa Directiva de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista
que, una vez notificada del levantamiento de la suspensión, convoque a la mayor brevedad
posible a sus integrantes para realizar la elección del (la) Secretario (a) correspondiente.
77. De conformidad con lo expuesto, si bien podría entenderse que a través de la
Resolución 0936 del 24 de septiembre de 2025 la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes delegó la función de expedir la convocatoria para elegir a los secretarios
de comisión, lo cierto es que esa decisión es posterior al acto administrativo cuestionado
y, por ello, no se puede tener en cuenta para realizar el juicio de legalidad.
78. En este punto, se pone de presente que el juicio objetivo que hace el juez de la
nulidad se hace a partir de los presupuestos fácticos y jurídicos vigentes para el momento
en el que se expide el acto administrativo que se demanda y, en consecuencia, las
situaciones posteriores son indiferentes.
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2.5.2. Facultad de la secretaria ad hoc de la Comisión Legal de Acreditación de la
Cámara de Representantes para suscribir la convocatoria
79. En relación con esta irregularidad, la señora Ana Milena Suárez Acosta aseguró que
la secretaria ad hoc no tenía la facultad para suscribir la convocatoria, toda vez que en la
Resolución 1424 del 21 de junio de 2023 no se especificó esa función.
80. Se pone de presente que, en la Resolución 1424 del 21 de junio de 2023, la cual
tampoco fue enjuiciada, no se condicionó la designación a una actuación o función
específica. Simplemente, se dispuso que la señora Nesly Edilma Rey Cruz fungiría como
secretaria ad hoc en la referida comisión legal.
81. Ahora bien, de la lectura de la convocatoria, se tiene que fue suscrita por el presidente
de la Comisión y la secretaria ad hoc como se expone a continuación:
82. En ese orden de ideas, se tiene que quien suscribió la convocatoria fue el presidente
de la Comisión Legal de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes, tal
como se observa en el encabezado y en su parte final, por lo que, no se advierte el vicio
de incompetencia alegado, pues el acto administrativo, conforme se señaló en
precedencia podía ser expedido por el referido órgano legal que para este caso se
encuentra representada por su presidente, sin que frente a la competencia de éste se
hiciera algún reproche.
83. Con todo, el artículo 50 de la Ley 5 de 1992, señala que:
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ARTÍCULO 50. Secretarios de Comisiones. (…). Tendrá las mismas calidades del Secretario
General. Cumplirán los deberes que corresponden al ejercicio de su función y los que
determinen las respectivas Mesas Directivas.
84. En el texto de la Resolución 0936 del 24 de septiembre de 2025, ya citada, se extrae
lo siguiente:
Que la suscripción de la presente resolución por parte del Secretario General se efectúa en el
marco de las competencias establecidas en la Resolución de Mesa Directiva No. MD 1479 de
2012, según la cual el Secretario General sólo firma, enumera y lleva el registro único de
todos los actos administrativos emanados de la Corporación en fe de lo actuado, sin
que esta actuación le implique el ejercicio de autoridad alguna, según lo establecido en
la ley 5 de 1992 y en el artículo 315 de la ley 4 de 1913. (Negrita propia)
85. Por manera que, la función de la secretaria ad hoc, se limita a dar fe de lo actuado -
artículo 315 de la Ley 4 de 1913-, por lo que, la finalidad que aparezca en dicho acto, no
es la de ejercer autoridad como lo entiende la demandante, sino la de dejar constancia
de lo decidido, aspecto que en nada incide en la validez de la convocatoria, dado que,
aun entendiendo que carece de competencia para ello, fue suscrita por el presidente de
la respectiva comisión, sin que, se insiste, frente a ello exista reproche alguno.
2.6. Conclusiones
86. La Comisión Legal de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes no
tenía competencia para expedir la convocatoria para elegir el secretario de la Comisión
Legal de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes.
87. La suscripción de la convocatoria por la señora Nesly Edilma Rey Cruz como
secretaria ad hoc no tiene la entidad de afectar la validez del acto.
88. Por lo tanto, al prosperar el cargo de falta de competencia, se declarará la nulidad de
la «CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES AL CARGO DE SECRETARIO DE LA
COMISIÓN LEGAL DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES PARA LO QUE RESTA DEL PERIODO 2022-2026».
Por lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la «CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES
AL CARGO DE SECRETARIO DE LA COMISIÓN LEGAL DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL
CONGRESISTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA LO QUE RESTA DEL
PERIODO 2022-2026»14 expedida por el presidente de la Comisión Legal de Acreditación
Documental de esa corporación, de conformidad con los argumentos expuestos en el
numeral 2.5.1. de la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes, conforme lo dispone el artículo 289
de la Ley 1437 de 2011.
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Demandada: Cámara de Representantes
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TERCERO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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