Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00220-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00220-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00220-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
14 de mayo de 2026
Demandante: Ana Milena Suárez Acosta
Demandada: Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2025-00220-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00220-00
Demandante: Ana Milena Suárez Acosta
Demandada: Cámara de Representantes.
Temas: Competencia de la Comisión Legal de Acreditación Documental
de la Cámara de Representantes para expedir convocatorias de
elecciones de secretarios de otras comisiones legales -Principio
de publicidad- Reiteración jurisprudencial
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala resuelve la demanda presentada por la señora Ana Milena Suárez Acosta1,
en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante
CPACA-, contra la convocatoria para aspirantes al cargo de secretario (a) de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes,
para lo que resta del periodo 2022-2026, expedida por la Comisión Legal de
Acreditación Documental de la Cámara de Representantes.
Lo anterior, con base en los siguientes:
1. ANTECEDENTES
1. El secretario de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes para el periodo 2022- 2026 presentó renuncia a su cargo a partir
del 1º de diciembre de 2025, la cual fue aceptada por la Mesa Directiva de dicha
comisión, y se formalizó la novedad a través de la Resolución DACR 3279 de 19 de
noviembre de 2025, en donde se comunicó su aceptación.
2. Como consecuencia de la vacancia del cargo, la Comisión Legal de Acreditación
Documental de la Cámara de Representantes publicó una convocatoria abierta para
aspirantes al cargo de secretario (a) de la Comisión Segunda Constitucional
permanente con el fin de proveer dicha vacante por el término restante del periodo
2022–2026, la cual fue expedida el 3 de diciembre de 2025.
3. Adujo que la publicación de dicha convocatoria se realizó sin dejar clara cuál es
la norma habilitante que faculta a la Comisión de Acreditación para adelantar
procesos de selección y convocatoria, lo cual genera dudas fundadas sobre su
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En nombre propio.
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Demandante: Ana Milena Suárez Acosta
Demandada: Cámara de Representantes
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competencia funcional y procedimental en este tipo de actuaciones.
4. Refirió que el Senado de la República, el 6 de agosto de 2025, a través de una
respuesta a un derecho de petición, manifestó que la Comisión de Acreditación
Documental carece de competencia para darle apertura a las convocatorias y que
es la Mesa Directiva de la corporación la que debe tomar la decisión de adelantar el
proceso en mención, sin que en la Cámara de Representantes se pueda actuar de
manera diferente.
1.1. Pretensiones
5. La parte demandante indicó como pretensiones las siguientes:
«PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto administrativo denominado:
CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES AL CARGO DE SECRETARIO (A) DE LA
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES PARA LO QUE RESTA DEL PERIODO 2022-2026 (De
conformidad con el artículo 177 de la CP, artículo 50 de la ley 5 de 1992) proferido
por el presidente de la Comisión Legal de Acreditación de la Cámara de
Representantes.
SEGUNDO: Requerir a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes proceda
a adelantar el proceso correspondiente con estricto apego a las competencias
asignadas por la Ley 5ª de 1992 y demás normas aplicables».
1.2. Normas violadas y concepto de la violación
6. La demandante advirtió que el acto censurado vulneró los artículos 41, numeral
11, 50 y 60 de la Ley 5ª de 1992.
7. La parte demandante formuló el cargo denominado falta de competencia de la
Comisión Legal de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes para
expedir la convocatoria demandada, toda vez que, por un lado, el procedimiento
para adelantar la elección de un secretario de comisión le correspondía al «pleno
de las comisiones o plenarias» y que en este caso la que tenía esa atribución era la
Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes, según el artículo 502 de la Ley 5ª de 1992.
8. Por otro lado, indicó que de conformidad con el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992,
su función es la de verificar y acreditar los documentos de los congresistas elegidos
y de quienes sean candidatos, de manera que no puede asumir facultades
administrativas propias de la Mesa Directiva de las comisiones, como la relacionada
con adelantar una convocatoria.
9. Manifestó que el artículo en cita no contempló de forma expresa el órgano que
tiene la función de abrir la convocatoria, por lo que se debe acudir al artículo 41,
numeral 11 de la misma normativa, que asigna las atribuciones no adscritas a un
órgano específico a la Mesa Directiva de cada una de las cámaras del Congreso de
la República.
2
«Artículo 50. Secretarios de comisiones. Las Comisiones Constitucionales Permanentes tendrán un Secretario elegido por
la respectiva Comisión. Tendrá las mismas calidades del Secretario General. Cumplirán los deberes que corresponden al
ejercicio de su función y los que determinen las respectivas Mesas Directivas».
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10. Adicionalmente, señaló que «además, vulnera el debido proceso (art. 29 C.P.),
toda vez que se adelanta un procedimiento sin reglas claras, sin norma habilitante,
sin competencia funcional, y sin garantías de publicidad previa ya que el proceso
dura 33 horas abierto y transparencia institucional».
1.3. Contestación de la demanda
11. La Cámara de Representantes3, mediante apoderada, se pronunció sobre los
hechos narrados por la demandante y solicitó negar las pretensiones de la
demanda, con base en los siguientes argumentos.
1.3.1. Sobre la presunta falta de competencia
12. Adujo que, de la lectura del numeral 11 del artículo 41 de la Ley 5ª de 1992, se
podía evidenciar que no existe una atribución legal específica para las elecciones
de los secretarios de las comisiones; sin embargo, argumentó que esta normativa,
establece una competencia residual en cabeza de la Mesa Directiva de la Cámara
de Representantes, en la que se precisa que deberá ejercer las funciones que no
estén adscritas a un órgano específico.
13. Señaló que esta cláusula de competencia residual la establece el legislador con
la finalidad de que cualquier función o facultad que no haya sido específicamente
asignada a un determinado órgano o dependencia, sea asumida por la Mesa
Directiva de cada Cámara.
14. Refirió que la demandante pretende limitar las funciones de la Comisión Legal
de Acreditación Documental a las prescritas en el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992,
reduciéndolas a una mera verificación de documentos de congresistas electos, lo
cual, resulta restrictivo y desconoce la delegación funcional que opera en virtud del
correcto funcionamiento de la estructura operativa de la Entidad.
15. En esa medida, alegó que: i) la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes
retiene la competencia originaria y residual y; ii) la Comisión Legal de Acreditación
Documental asume, por delegación especializada, la realización de la Convocatoria
(para garantizar la publicidad inicial) y la revisión técnica de requisitos, agilizando el
trámite sin menoscabo del debido proceso, lo cual ocurrió en el caso concreto, en
la medida de que mediante la Nota Interna No. P.1.1-01018-2025 del 2 de diciembre
de 2025, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes dispuso delegar en la
Comisión Legal de Acreditación Documental la realización de la convocatoria para
proveer el cargo de secretario(a) de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente.
1.3.2. Sobre la publicidad en la convocatoria
16. Después de señalar el proceso de la elección, argumentó que se cumplió con el
trámite previsto en la ley por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes.
17. En esa medida, refirió que la Comisión Legal de Acreditación Documental, por
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Índice 27 Samai, archivo denominado 29_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ANEXOSRTADEMANDA(.pdf)
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la delegación realizada y en cumplimiento de los principios de publicidad,
transparencia, igualdad y libre concurrencia, expidió el acto administrativo
(convocatoria) mediante el cual informó la existencia de la vacante, el cargo a
proveer, los requisitos legales y reglamentarios, el plazo para presentar hojas de
vida y documentos, y la autoridad ante la cual se radicaba, la cual fue publicada en
el canal oficial de la Cámara de Representantes, que en este caso es en la página
web de la entidad, mismo lugar en donde aún se mantiene para ser consultada.
18. Argumentó que la Ley 5ª de 1992 no fija un término específico de días u horas
que deba durar la publicación de estas convocatorias internas, ello significa que el
parámetro aplicable no es uno numérico rígido, sino el estándar de plazo razonable
en función de la naturaleza del procedimiento, la urgencia institucional y la finalidad
de la convocatoria y, en esa medida, manifestó que el término de 33 horas de
publicación de la convocatoria resulta razonable frente a la naturaleza del cargo, la
dinámica propia del Congreso y la necesidad de garantizar continuidad en el
funcionamiento de la Comisión, sin que se haya demostrado afectación concreta al
derecho de participación de potenciales aspirantes.
19. Por último, propuso como excepción previa la denominada «Ineptitud sustantiva
de la demanda. Improcedencia de la medida por sustracción de materia y naturaleza
del acto», con fundamento en que la convocatoria acusada es netamente
instrumental o preparatoria pues no produce efectos jurídicos directos sobre los
derechos de los ciudadanos, sino que sirve de medio para llegar al acto definitivo,
que en este caso corresponde al de elección.
20. Agregó que cualquier pretensión encaminada a comprometer los efectos del
acto de convocatoria resulta improcedente, en tanto ya surtió plenamente sus
efectos y fue reemplazado por el acto de elección que es el único susceptible de
control judicial, de manera que se presenta una carencia actual de objeto por
sustracción de la materia.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
21. El despacho sustanciador, mediante auto de 19 de diciembre de 20254, admitió
la demanda y, por auto de 12 de febrero de 20265, negó la suspensión provisional
de los efectos del acto acusado por considerar que se presentó la carencia actual
de objeto, en la medida que «la elección del secretario general de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente, convocada a través del acto acusado, se llevó
a cabo el 16 de diciembre de 2025»; es decir, carece de efectos jurídicos.
22. A su vez, por auto de 25 de marzo de 20266, resolvió negar la excepción previa
denominada «Ineptitud sustantiva de la demanda. Improcedencia de la medida por
sustracción de materia y naturaleza del acto» por considerar que el acto acusado
es susceptible de control judicial, en la medida que «la convocatoria de que se trata
sí produjo efectos jurídicos al establecer las bases del proceso de selección y, por
ende, creó una situación jurídica general que era oponible a todos los que
intervinieran en el misma».
4
Índice 9 Samai, archivo denominado 9Autoqueadmite_2025220(.pdf).
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Índice 21 Samai, archivo denominado 26Autoqueresuel_AUTO_20250022000medidacau(.pdf).
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Índice 31 Samai, archivo denominado 33Autoquedispon_AUTO_20250022000Autocombo(.pdf).
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23. En el mismo auto se determinó que el caso sub examine se subsumía dentro de
los supuestos previstos en el literal b) del numeral 1.° del artículo 182A del CPACA
para proferir sentencia anticipada y fijó el litigio.
24. Por último, resolvió sobre las solicitudes probatorias realizadas por las partes
demandante y demandada.
1.5. Alegatos de conclusión
1.5.1. Parte demandante7
25. Reiteró que la naturaleza de la Comisión Legal de Acreditación Documental de
la Cámara de Representantes es de origen legal, por ende, sus funciones deben de
estar descritas en la ley y no puede existir una delegación de funciones o atribuirse
funciones que en este caso el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992 no determine.
26. Refirió que de la convocatoria no se desprende ninguna situación fáctica o
jurídica que sustente la necesidad de urgencia de implementar un plazo de 33 horas
en la difusión de la convocatoria para elegir a la persona a ocupar el cargo en
mención.
26. Adicional a lo anterior, sostuvo que la Convocatoria objeto de análisis, fue
firmada por la señora Nesly Edilma Rey Cruz, en su calidad de secretaria ad hoc de
la Comisión Legal de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes,
quien en virtud de la Resolución 1424 de 21 de junio de 2023, por la cual se realizó
el nombramiento ad hoc de la secretaria de la Comisión de Acreditación, no posee
funciones de firmar convocatorias para suplir las vacantes en la Cámara de
Representantes.
27. Por último, solicitó que se «pronuncie el Consejo de Estado sobre la elección ya
realizada por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de la
señora MAGDA LORENA TORRES BOCANEGRA como secretaria de la célula
legislativa en mención. Ya que, se dio en el marco de una convocatoria que es
ilegal».
1.5.2. La Cámara de Representantes8
28. Insistió en los argumentos que expuso en sus intervenciones y solicitó que se
negaran las pretensiones de la demanda.
1.6. Concepto del Ministerio Público9
29. La procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado pidió que nieguen
las pretensiones de la demanda. Para el efecto, sostuvo que:
30. El acto de convocatoria cumple con los requisitos establecidos en la Ley 5ª de
1992, y puntualmente, con lo referido en el artículo 41 que se aduce como
7
Índice 37 Samai, archivo denominado 37_MemorialWeb_Alegatos-ilove_merged15p(.pdf).
8
Índice 36 Samai, archivo denominado 35_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSNULIDADEXP(.pdf).
9
Índice 38 Samai, archivo denominado Memorial_ICP_40Concepto(.pdf).
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trasgredido, en tanto, es la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes,
actuando a través de la Comisión Legal de Acreditación, la que ha realizado la
convocatoria para proveer el cargo de secretario de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para lo que resta del
periodo 2022-2026.
31. Finalmente, en lo que refiere al cargo de falta de publicidad, bajo el argumento
que la convocatoria solo duró 33 horas abierta, se observa que dicho reproche no
fue fundamentado en trasgresión de normatividad alguna, siendo una consideración
particular. Por el contrario, sí se advierte que, cuando se presenta una falta absoluta
de un secretario de una Comisión Constitucional, se requiere adelantar la nueva
elección en un periodo muy corto, a fin de evitar demoras en el trámite legislativo.
La Ley 5ª de 1992, en su artículo 49, es enfática en señalar este escenario.
32. Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la
observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal de
nulidad que afecte la actuación, procede la Sala a resolver previas las siguientes
2. CONSIDERACIONES
33. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos:
i) la competencia; ii) el acto acusado; iii) la cuestión previa; iii) el problema jurídico;
y iv) análisis del caso concreto.
2.1. Competencia
34. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer y tramitar
en única instancia el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido en
el numeral 110 del artículo 149 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019 proferido por la Sala Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo
434 de 2024.
2.2. Acto acusado
35. El acto administrativo acusado es la convocatoria para aspirantes al cargo de
secretario (a) de la Comisión Segunda Constitucional permanente de la Cámara de
Representantes, para lo que resta del periodo 2022-2026, expedida por la Comisión
Legal de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes.
2.3. Cuestión previa
36. La señora Ana Milena Suárez Acosta, en sus alegatos de conclusión, refirió
expresamente que:
36.1. La secretaria ad hoc de la Comisión Legal de Acreditación de la Cámara de
Representantes no tenía la facultad para suscribir la convocatoria, toda vez que, en
10
«Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución
de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que
cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los
cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos».
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el acto de nombramiento, contenido en la Resolución 1424 de 21 de junio de 202311
no se especificó esa función.
36.2. Solicitó se emitiera un pronunciamiento sobre «la elección ya realizada por
parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de la señora
MAGDA LORENA TORRES BOCANEGRA como secretaria de la célula».
37. Al respecto, debe precisarse que, de conformidad con los artículos 162.412 y 173
del CPACA y en virtud del principio de congruencia, la Sección Quinta del Consejo
de Estado no abordará estos reproches, en razón a que no fueron planteados en la
oportunidad procesal correspondiente. En efecto, conforme se indicó anteriormente,
corresponden a argumentos nuevos propuestos en el escrito que contiene los
alegatos de conclusión de la parte demandante y, en esa medida, un
pronunciamiento sobre los mismos afectaría garantías constitucionales como el
derecho de defensa y contradicción de la parte demandada.
38. Además, frente a la segunda solicitud, esta Sección13 se pronunció en un asunto
similar en el que se determinó «la Sala advierte que no resolverá la solicitud de la
demandante, comoquiera que en el trámite de la referencia solo se cuestionó el acto
de convocatoria a través del medio de control de nulidad simple, que no admite
pretensiones restablecedoras de naturaleza subjetiva. Tal y como quedó expuesto
en la fijación del litigio». Asimismo, consideró que “si la demandante consideraba
que la elección […] era ilegal debió cuestionarla en los términos del artículo 139 de
la Ley 1437 de 2011».
2.4. Problema jurídico
39. Conforme a la fijación del litigio, a la Sala le corresponde determinar:
«15. En este caso, deberá analizarse si el acto contenido en la convocatoria para
aspirantes al cargo de secretario de la Comisión Segunda Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes para lo que resta del periodo 2022-2026, proferido
por la Mesa Directiva de la Comisión Legal de Acreditación Documental de dicha
corporación, debe declararse nulo por falta de competencia del órgano que lo expidió.
16. Para tal efecto, corresponderá estudiar si de conformidad con la Ley 5ª de 1992
que contiene el Reglamento Interno del Congreso de la República, la Comisión Legal
de Acreditación Documental tenía competencia para regular procesos de elección de
secretario de comisión, o, por el contrario, dicha facultad estaba atribuida a otro
órgano o dependencia.
17. Adicionalmente, deberá determinarse si se configuró una irregularidad en la
duración y difusión de la convocatoria que constituyera una violación clara al principio
de publicidad y al debido proceso consagrado por el artículo 29 de la Constitución
Política».
11
«POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA A UNA FUNCIONARIA DE PLANTA COMO SECRETARIA AD HOC DE LA
COMISIÓN LEGAL DE ACREDITACIÓN DOCUMENTAL CAMARA DE REPRESENTANTES», la cual fue expedida por el
secretario general de la Cámara de Representantes.
12
ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
(...) 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán
indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación (...).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 23 de abril de 2026, C.P. Gloria
María Gómez Montoya, número de radicación: 11001-03-28-000-2025-00129-00.
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2.5. Análisis del caso concreto
40. La señora Ana Milena Suárez Acosta aseguró que el acto demandado era ilegal,
toda vez que fue expedido sin competencia por la Comisión Legal de Acreditación
Documental de la Cámara de Representantes y por vulneración del principio de
publicidad.
41. Frente al primero de estos reproches, la señora Ana Milena Suárez Acosta
aseguró que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 5ª de 1992 la autoridad
competente para expedir la convocatoria era la Comisión Segunda de Asuntos
Constitucionales Permanente de la Cámara de Representantes, por ser esta la
autoridad que debía elegir a su secretario.
42. Pese a lo anterior, indicó que la competencia para realizar las convocatorias era
exclusiva de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, en virtud del
numeral 11 del artículo 41 de la Ley 5ª de 1992, por cuanto, el citado artículo 50 no
adscribe dicha función a un órgano específico. De ahí que tal atribución debió ser
ejercida por la Mesa Directiva de la referida célula legislativa.
43. Al respecto, se pone de presente que en el acto administrativo14 cuestionado se
indicó, entre otras cosas, lo siguiente:
44. Asimismo, se indicó
14
Índice 27 Samai, archivo denominado 29_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ANEXOSRTADEMANDA(.pdf).
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45. Por otra parte, el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992 establece la integración y las
funciones de la Comisión Legal de Acreditación Documental en los siguientes
términos:
«Artículo 60. Integración y funciones. Previa a la sesión inaugural de las Cámaras
Legislativas, la autoridad electoral enviará a cada una de ellas la lista de los
Congresistas electos, quienes deberán identificarse ante el Presidente de la Junta
Preparatoria. Con posterioridad se hará ante el Presidente de la correspondiente
Cámara.
En cada una de las Cámaras se dispondrá la integración de la Comisión de
Acreditación Documental a razón de cinco (5) miembros por cada corporación, y por
el período constitucional. Los documentos que acrediten las calidades exigidas de
quienes aspiran a ocupar cargos de elección del Congreso o de las Cámaras
Legislativas, serán revisados por la Comisión dentro de los cinco (5) días siguientes
a su presentación. El informe respectivo será evaluado por la plenaria de la
corporación, antes de proceder a la elección del caso».
46. De conformidad con lo expuesto, esta Sección15, al resolver un asunto similar16,
ha considerado que:
46.1. La función de la Comisión Legal de Acreditación Documental es la de revisar
los documentos que presentan los aspirantes a ocupar algún cargo en el Congreso
de la República y no se observa que tenga la facultad para expedir convocatorias
para la elección de algún funcionario.
46.2. El artículo 5017 de la Ley 5ª de 1992 no determina cuál autoridad es la
competente para expedir las convocatorias para elegir a los secretarios de las
comisiones y solo dispone que éstos serán elegidos por las respectivas comisiones.
46.2.1. En ese orden de ideas, no le asiste razón a la señora Ana Milena Suárez
Acosta cuando afirmó que el acto administrativo cuestionado desconoció el artículo
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 23 de abril de 2026, C.P. Gloria
María Gómez Montoya, número de radicación: 11001-03-28-000-2025-00129-00
16
Consideraciones que se prohíjan en la presente providencia.
17
«Artículo 50. Secretarios de Comisiones. Las Comisiones Constitucionales Permanentes tendrán un Secretario elegido por
la respectiva Comisión. Tendrá las mismas calidades del Secretario General. Cumplirán los deberes que corresponden al
ejercicio de su función y los que determinen las respectivas Mesas Directivas.».
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Demandante: Ana Milena Suárez Acosta
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50 de la Ley 5ª de 1992 por haber sido expedido por la Comisión Legal de
Acreditación Documental, toda vez que esa disposición legal no establece alguna
regla de competencia para la expedición de convocatorias para la elección de
secretarios de comisión.
46.3. El artículo 4118 de la Ley 5ª de 1992 establece las funciones de las mesas
directivas de cada Cámara del Congreso de la República y en el numeral 1119 se
consagró una cláusula residual de competencia para ejercer las atribuciones que no
estuvieran adscritas a un órgano específico.
46.4. En relación con la convocatoria para elegir a los secretarios de las comisiones
legales, se observa que en la Ley 5ª de 1992 no se reguló cuál autoridad tendría la
competencia para su expedición.
47. Por lo tanto, en el caso concreto y ante el referido vacío legal, la convocatoria
para elegir al secretario de la Comisión Segunda Constitucional Permanente le
correspondía expedirla exclusivamente a la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes en virtud del numeral 11 del artículo 41 de la Ley 5ª de 1992.
48. Ahora, adicional a estos argumentos resueltos por la Sala en la citada
sentencia20, la Cámara de Representantes sostuvo que la Comisión Legal de
Acreditación Documental tenía competencia para expedir la convocatoria, toda vez
que mediante la Nota Interna No. P.1.1-01018-2025 de 2 de diciembre de 202521,
la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes delegó en dicha Comisión la
realización de la convocatoria para proveer el cargo de secretario(a) de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente para lo que resta del periodo 2022-2026, en
los siguientes términos:
49. Al respecto, sobre la delegación de funciones, esta Sección22 ha considerado
que:
«A partir del análisis normativo, encuentra la Sala que, actualmente, la delegación
administrativa implica: i) el ejercicio, por parte del delegatario, de las atribuciones
propias del funcionario delegante; ii) que la autoridad delegante pueda reasumir en
cualquier momento la competencia o funciones delegadas; y, iii) la existencia de
18
«Artículo 41. Atribuciones. Como órgano de orientación y dirección de la Cámara respectiva, cada Mesa Directiva cumplirá
las siguientes funciones:».
19
«11. Ejercer las demás funciones que en el orden y gestión interna de cada Cámara no estén adscritas a un órgano
específico, y las demás que establezca el reglamento.»
20
Ver pie de página 15.
21
Índice 27 Samai, archivo denominado 29_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ANEXOSRTADEMANDA(.pdf).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2013, C.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, número de radicación 11001-03-28-000-2012-00043-00.
10
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Demandante: Ana Milena Suárez Acosta
Demandada: Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2025-00220-00
autorización legal previa al acto de delegación que deriva de la cláusula general
establecida en el artículo 2 de la Ley 489 de 1998, salvo que exista prohibición
expresa para delegar. Se concluye así que la Ley 489 de 1998 consagra como
cláusula general la autorización legal para que las autoridades administrativas
deleguen funciones o asuntos específicos, en todos los casos que no estén
expresamente prohibidos y cuando no figuren en el artículo 11 de esa misma Ley».
49.1. A su vez esta Corporación23 ha indicado:
«La delegación es una forma de organizar la estructura institucional para el ejercicio
de la función administrativa. Constituye una técnica de manejo administrativo en virtud
de la cual se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las
respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste, bajo su
responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley.
Los elementos constitutivos de la delegación los siguientes: (i) la transferencia de
funciones administrativas de un órgano a otro; (ii) que la transferencia de funciones
se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con
una previa autorización legal, en donde se determine la materia delegable o las
condiciones de la delegación; (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda
siempre y en cualquier momento reasumir la competencia. Su ámbito de aplicación
corresponde, única y exclusivamente, dentro de las diversas funciones del Estado, a
esta función pública. El artículo 209 de la C.P. prevé al respecto que “[l]a función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones».
50. En ese orden de ideas, se observa que la Nota Interna No. P.1.1-01018-2025
de 2 de diciembre de 2025, no constituye un acto de delegación, toda vez que, la
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes solicitó a la Comisión Legal de
Acreditación Documental, que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales procediera a dar apertura a la convocatoria pública a la inscripción de
candidatos.
51. Es decir, consideró la competencia en la Comisión Legal de Acreditación
Documental y no como una de sus funciones legales y, en esa medida, no podía
transferir una de la cual estimaba no era el competente.
52. Además de lo anterior, en los términos de la Ley 489 de 1998, no determinó: i)
la norma habilitante para realizar la delegación; ii) las condiciones propias de la
delegación, como lo eran el término, los requisitos, cronograma, límites y los
parámetros legales para realizar la convocatoria. Por último, no se tuvo en cuenta
que esta función no era delegable en los términos del numeral 1 del artículo 11 de
la Ley 489 de 1998 que señala «Funciones que no se pueden delegar. Sin
perjuicio de los que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán
transferirse mediante delegación: […] 1. La expedición de reglamentos de carácter
general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley».
53. En ese orden de ideas, la Comisión Legal de Acreditación Documental no tenía
la competencia para expedir el acto acusado, por lo que se declarará su nulidad.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de enero de 2016, C.P.
Guillermo Vargas Ayala, número de radicación 11001-03-24-000-2012-00348-00.
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2.5.1. Sobre el principio de publicidad
54. La parte demandante, dentro del mismo cargo señaló que «además, vulnera el
debido proceso (art. 29 C.P.), toda vez que se adelanta un procedimiento sin reglas
claras, sin norma habilitante, sin competencia funcional, y sin garantías de
publicidad previa ya que el proceso dura 33 horas abierto y transparencia
institucional».
55. Al respecto, es importante señalar que, en virtud el principio de publicidad hace
referencia a la divulgación de los actos expedidos por una autoridad, para que las
personas o intervinientes dentro del procedimiento conozcan de las decisiones, con
el fin de garantizar el debido proceso y los principios de la función pública. En esa
medida, el artículo 65 del CPACA determina la obligación de las entidades del orden
nacional de publicar en su página web o por cualquier medido de divulgación que la
entidad posea, los actos administrativos de carácter general.
56. Ahora, en el caso sub examine, no se discute la falta de publicación de la
convocatoria24, sino el término de 33 horas en las que estuvo publicada, sin que la
parte demandante indicara algún argumento que sustentara su afirmación para
realizar el control de legalidad respectivo.
57. No obstante lo anterior, es preciso indicar que revisada la Ley 5ª de 1992 no se
fijó un término específico de días u horas que deba durar la publicación de estas
convocatorias internas. Asimismo, el artículo 49 ibidem dispone que «Las faltas
absolutas del Secretario se suplen con una nueva elección, en el menor término
posible», sin que exista remisión normativa.
58. En este contexto, se reitera la parte demandante no presentó algún argumento
al respecto y, en esa medida, le asiste razón a la Cámara de Representantes al
señalar que «el término de 33 horas de publicación de la convocatoria resulta
razonable frente a la naturaleza del cargo, la dinámica propia del Congreso y la
necesidad de garantizar continuidad en el funcionamiento de la Comisión, sin que
se haya demostrado afectación concreta al derecho de participación de potenciales
aspirantes».
59. Por tanto, no prospera este argumento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la convocatoria para aspirantes al cargo
de secretario (a) de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes, para lo que resta del periodo 2022-2026, expedida por la
24
Índice 27 Samai, archivo denominado 29_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ANEXOSRTADEMANDA(.pdf), se
determina que el acto se publicó el 3 de diciembre de 2025 a las 8 am y finalizó el 4 de diciembre de 2025 a las 5 pm. También
se puede consultar la página www.camara.gov.co/acreditacion-documental-3/documentacion-comision-acreditacion-
documental/convocatoria-para aspirantes-al-cargo-de-se se determina que se publicó el 3 de diciembre de 2025.
12
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Demandada: Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2025-00220-00
Comisión Legal de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes.
TERCERO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso
alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salvamento de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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